Quieren impulsar una moratoria de 10 años para el ingreso, reproducción y producción de cultivos transgénicos

La Comisión de Salud será la encargada de analizar el proyecto, en primer trámite, sobre moratoria al ingreso y producción de organismos genéticamente modificados y etiquetado obligatorio para alimentos de origen transgénico.

La iniciativa que tuvo su origen en una moción de los senadores Ximena Rincón, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Fulvio Rossi, Antonio Horvath y Jaime Quintana, establece una moratoria de diez años para la introducción, reproducción y producción de organismos vivos modificados (OVM) con fines de cultivo o crianza, para fines agropecuarios, incluidos los acuáticos a ser liberados en el ambiente con el fin de introducirlos al mercado interno.

El texto legal dispone que "se entiende por organismo genéticamente modificado o transgénico para efectos legales, cualquier alimento o materia prima alimentaria o destinada al consumo humano o animal, que sea o contenga organismos en cualquier proporción, a los que se les haya introducido material genético de manera en que no se produce en la naturaleza por selección, multiplicación o combinación natural".

Asimismo, obliga a etiquetar  con el rótulo "alimento de origen transgénico" aquellos productos importados que contengan ingredientes de esa naturaleza. En tanto, los alimentos transgénicos que se expandan a granel sin envase deben incorporar una indicación claramente visible para el público consumidor que señale "alimento de origen transgénico".

Por otro lado se excluyen de la aplicación de esta Ley:

1. Los organismos vivos modificados (OVM) destinados al uso en espacio confinado para fines de investigación.

2.- Los organismos vivos modificados (OVM) cultivados en semilleros con fines de exportación.

3. Los organismos vivos modificados (OVM) usados como productos farmacéuticos y veterinarios que se rigen por los tratados internacionales de los cuales el país es parte y normas especiales.

4. Los organismos vivos modificados (OVM) y/o sus productos derivados importados, para fines de alimentación directa humana y animal o para su procesamiento autorizados de acuerdo a las normas legales vigentes.

En la fundamentación legal, se señala que "Chile está a tiempo para adoptar esta medida ya que actualmente los cultivos transgénicos autorizados como semilleros de exportación sólo ocupan poco más de 30.000 hectáreas en 2.800 predios, de un total de más de 18 millones de hectáreas de la superficie cultivable del país, en el cual hay 301.376 predios".

Agrega que "sin embargo, los impactos negativos ya se comprueban en el país con la contaminación de la miel por polen transgénico, que han afectado a más de diez mil apicultores, y del maíz nativo de la zona de O'Higgins, que ponen en peligro a los productores de maíz de  esa región y del Maule, cuya producción total es muy superior a los cultivos de maíz transgénico".

Agregan que entre los peligros para la salud de los seres humanos, se citan estudios con animales de laboratorio que dan cuenta de efectos tóxicos, así como casos de alergias y resistencia a antibióticos.

Los autores de la iniciativa aluden a que "en la mayoría de los países de Europa estos cultivos han sido prohibidos, y que China ha frenado el arroz transgénico. Destaca que en Argentina se ha comprobado que los cultivos de soya transgénica  resistente al herbicida Roundup Ready (principio activo glifosato)  han aumentado el uso de glifosato, un herbicida que causa malformaciones congénitas  y otras enfermedades crónicas".

La presentación de la iniciativa contó con el respaldo de la Red de Acción en Plaguicidas  (RAP-Chile), y del coordinador de organizaciones de la campaña "Yo No Quiero Transgénicos en Chile", desplegadas de norte a sur del país, en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, BioBio, Araucanía, Los Ríos y Chiloé.