Piden al Presidente de la República que impulse en el Congreso reformas laborales ¿contundentes¿

Un llamado al Presidente de la República a que impulse en el Congreso una serie de reformas laborales que den protección a millones de trabajadores del país hizo la Mesa del Senado integrada por los senadores Jorge Pizarro (Presidente) y José Antonio Gómez (Vicepresidente).

Los legisladores, junto a la integrante de la Comisión de Trabajo, senadora Ximena Rincón, también instaron al Primer Mandatario y a las distintas fuerzas políticas a consensuar un nuevo trato en materia laboral.

"Esperamos que el Presidente, con las reformas laborales en el Congreso, tenga la misma iniciativa y capacidad de convocatoria que tuvo en el caso de la mina San José", dijo el senador Pizarro.

Asimismo señaló que el Presupuesto 2011 de la Dirección del Trabajo no trae más fiscalizadores y que en Sernageomin se crea un programa de Seguridad Minera que implica un reforzamiento de los fiscalizadores sólo en un 10%.

"Esto es aún insuficiente si se quiere stándares de seguridad laboral como los países OCDE; por tanto, esperamos que en la discusión presupuestaria el Gobierno apoye nuestra proposición de aumentar los profesionales fiscalizadores en la Dirección del Trabajo y en Sernageomin en a lo menos un 15% para 2011", añadió.

El titular de la Cámara Alta manifestó que "gobierno y oposición, trabajadores y empresarios debemos avanzar en cambiar la normativa laboral y manifestamos nuestra disposición de dialogar y consensuar Un Nuevo Trato Laboral en el Parlamento para tener una normativa laboral que le dé dignidad y seguridad a los 7 millones de trabajadores".

Por su parte, la senadora Rincón manifestó que "lo más importante es que traduzcamos en cambios legislativos y en nuevas prácticas laborales toda la emoción que nos unió viendo el rescate de los 33 mineros y hagamos realidad su petición: que nunca más nadie viva lo que ahí ocurrió. Hay que hacer cambios laborales, hay que fiscalizar y multar a los empresarios inescrupulosos y esa voluntad política de cambiar la legislación laboral como Concertación la ratificamos hoy".

RESPONSABILIDADES

A juicio de los parlamentarios el gran desafío de potenciar los derechos laborales "la tiene el sector privado con empresarios que deben dar garantías a sus empleados, el Estado que posee la facultad fiscalizadora, y el poder legislativo que tiene la responsabilidad política de elaborar leyes que permitan proteger a los trabajadores".

Agregaron que no cabe duda que el gobierno lo hizo bien en el tema de los mineros de Atacama, pero que es fundamental que "de una vez por todas, definamos un nivel de seguridad laboral para todos los trabajadores de Chile, situación que debe ser abordada con responsabilidad y por todos los sectores políticos".

Finalmente, el presidente del Senado y los senadores José Antonio Gómez y Ximena Rincón solicitaron a todos los sectores políticos debatir  sobre las reformas laborales sin exclusiones y en el ámbito de la seguridad laboral.

Entre ellas, cumplir con la legislación vigente y los compromisos voluntariamente suscritos en materias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, incorporados en su sistema de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001).

Asimismo, plantean integrar efectivamente a la gestión diaria y habitual de las empresas, en un marco de acción preventiva y de mejoramiento continuo la mantención de sistemas de gestión auditables de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, exigiendo un desempeño eficaz en el cumplimiento de programas de acción y mecanismos de preparación y respuesta ante potenciales accidentes o situaciones de emergencia. Todos estos aspectos deberán ser fiscalizados por la Dirección del Trabajo. 

Similares exigencias y conductas se imponen a las empresas contratistas, y en el caso de la pequeña minería ENAMI no sólo debe ser un poder comprador sino que debe exigir el cumplimiento de estándares de seguridad en las faenas mineras que apunten a disminuir las tasas de accidentabilidad y promover la seguridad laboral.

A su vez, a nivel de institucionalidad pública, el sistema de seguridad laboral requiere un rediseño institucional que apunte a potenciar la actualización normativa y la  fiscalización y que permita tener una Política Nacional de Seguridad en el Trabajo , que integre a los variados estamentos públicos involucrados en la regulación y fiscalización de los lugares de trabajo -Dirección del Trabajo, Servicios de Salud, SERNAGEOMIN etc.- y que especifique el carácter complementario de sus funciones y acciones. Hay que crear Protocolos y Criterios sobre coordinación de las entidades públicas encargadas de la seguridad y salud en el trabajo, particularmente en lo que unidad de criterios y políticas se refiere.

Asimismo se debe promover una elevación de las exiguas multas que hoy tiene el Reglamento de Seguridad Minera para las empresas que incumplen el reglamento y cuyo monto máximo es de 50 UTM (app $1.860.000). Esas bajas multas no generan incentivos para cumplir las normas de seguridad en las operaciones.

El monto máximo de la multa debe ser 2.000 UTM para la empresa que no cumple. Asimismo debe garantizarse el derecho de los trabajadores de sus salarios y cotizaciones previsionales en caso  de que una empresa debe suspender sus faenas por situaciones de riesgo con cargo al aporte empleador en el Fondo de Seguro de Cesantía. Con esto asegurado, se evitaría el dilema extremo, pero real, entre arriesgar la salud y la vida o quedarse sin empleo.