Responsabilidad Social Parlamentaria: ¿el impacto de la acción pública en el modelamiento de la conducta de los Estados¿

Como una forma de "promover principios que fomenten un esquema de valores en la labor pública y parlamentaria", el consultor internacional, Italo Pizzolante, expondrá sobre la Responsabilidad Social Parlamentaria, durante el Seminario Internacional sobre Transparencia y Probidad en el Congreso Nacional y los partidos políticos.

En el encuentro que se realizará entre el 12 y 13 de enero en la sede del ex Congreso en Santiago, el experto en Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y Doctorado en Comunicación Organizacional, en la Universidad Jaume I, Castellón, dará a conocer el proyecto desarrollado en conjunto con la Organización de Estados Americanos (OEA) denominado "Una visión de la Responsabilidad Social Empresarial desde el Congreso".

A pocos días de su arribo al país, Italo Pizzolante, adelantó algunos de estos conceptos que tienen como misión "promover integralmente conciencia colectiva y compartir conocimiento sobre el alcance y el contenido de la Responsabilidad Social con legisladores de América Latina, entendiendo que ésta se inicia dónde termina el cumplimiento de la Ley, y es por ello que debe mantenerse su condición de acción voluntaria en las empresas públicas y privadas".

¿Qué significa el concepto Responsabilidad Social Parlamentaria?

Hay que entender que la responsabilidad supone la movilización de las personas, grupos y/o instituciones a adoptar conductas éticas, caracterizadas por el compromiso activo y libre para alcanzar el bien común de la sociedad; y la Responsabilidad Social supone un estado de conciencia y compromiso que los miembros de una sociedad tienen -ya sea como individuos o como miembros de un grupo- sobre el impacto, negativo o positivo, de sus tomas de decisiones sobre la misma.

Hoy, todos conocemos concepto de Responsabilidad Social Empresarial que se formalizó en los años 90, en donde el sector empresarial formó parte de una estrategia de empleo que permitiera la generación de mayor cohesión social con miras a contrarrestar el desempleo y la exclusión social.  Por ello, podrán estar preguntándose ¿por qué involucrar al Congreso en estos temas tan conocidos en el ámbito corporativo? Bueno, el concepto ha ido evolucionando a la par de la conciencia social tanto del sector empresarial como la de los propios Estados, en su necesidad de avanzar hacia un desarrollo económico más sustentable para sus naciones y sociedades.

Siendo el Parlamento la instancia del ciudadano para que sus elegidos tomen decisiones a favor del bienestar de la sociedad, se convierte en un punto de encuentro para el diálogo social. En su génesis reside el objetivo fundamental de tener un comportamiento socialmente responsable y consciente del impacto que generan sus acciones y decisiones, y por ello, modela a los demás sectores que hacen vida alrededor de su actuación para alinear visiones, partiendo de la base de que ninguno opera en un vacío y que sus actividades están determinadas por el entorno que la sociedad crea y recrea continuamente.

La Organización de Estados Americanos (OEA) consciente de la importancia de la Responsabilidad Social en el alcance del Desarrollo Sostenible de las naciones, ha desarrollado el proyecto  "Una visión de la Responsabilidad Social Empresarial desde el Congreso", una iniciativa en alianza con nuestra firma, PIZZOLANTE Comunicación Estratégica,  que tiene como misión promover integralmente conciencia colectiva y compartir conocimiento sobre el alcance y el contenido de la Responsabilidad Social con legisladores de América Latina.

¿Cuál ha sido su experiencia en esta materia en Congresos de América Latina?

Hemos desarrollado junto a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) y la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) - ambas de la Organización de Estados Americanos (OEA) - y el Gobierno de Canadá, la iniciativa "Una visión de la Responsabilidad Social Empresarial desde el Congreso".  Proyecto que comenzó a ejecutarse en el 2010 con su fase piloto en Colombia, Uruguay y Costa Rica, y en el que se continuará recorriendo la región para convertir al mayor órgano legislador de nuestros países en un espacio para el encuentro de las ideas y la promoción de políticas públicas que hagan sostenible propuestas que respondan a las exigencias y demandas de sus ciudadanos.

El proyecto busca contribuir con la generación de sinergias entre el Congreso y demás actores sociales ya comprometidos con el valor de la responsabilidad social para el bienestar colectivo, la democracia y la paz social. El camino que ofrece y el esfuerzo que propone sus promotores, es que el "triángulo virtuoso" entre actores comience por el diálogo social; en un verdadero intercambio de conocimiento que profundiza en la construcción de un futuro estable y una visión a largo plazo.   Triángulo que la OEA propone que tenga en su centro a los Congresos, con un rol mucho más activo en la Responsabilidad Social Empresarial.

Con más de 50 diputados, senadores y asesores sensibilizados en Costa Rica, Colombia y Uruguay, se generaron espacios de diálogo y reflexión entre legisladores acerca del rol del Congreso en materia de RSE, y se sentaron las bases para futuros diálogos público - privados que generen sinergias entre el diseño e implementación de legislaciones y su impacto en empresas, sociedad y Estados  y estamos satisfechos con la siembra de conciencia que se realizó en parlamentarios, ya que:

• 87,3% de los encuestados en los tres países consideraron que el Parlamento o ente legislativo de su país juega un papel fundamental en la promoción de conductas socialmente responsables
• 90,6% coincidió que la promoción de conductas socialmente responsables debe ser un factor fundamental al momento de evaluar un proyecto de Ley
• 90% consideraron que la Responsabilidad Social no es un concepto restringido al sector privado
• 76% manifestó que la inversión en materia de promoción de la RS debería extenderse a todas las ramas del sector público

Estos sentimientos refuerzan y ratifican que la Responsabilidad Social Empresarial también debe abarcar el sector público, y espacios como los Congresos son los propicios para hacer converger a sectores en una agenda multisectorial; que sin duda, le dará a estos temas la prioridad que ameritan, a favor de las políticas públicas del Estado y de la competitividad de las empresas, convirtiendo la responsabilidad social en el punto de partida para mejorar las estrategias integrales de desarrollo sostenible de nuestras naciones.

¿A su juicio, por qué los parlamentarios deben impulsar iniciativas destinadas a  profundizar la transparencia y la probidad?

Los parlamentarios deben impulsar iniciativas destinadas a profundizar en los 5 principios de Responsabilidad Social Empresarial identificados por el proyecto, y que resultan de fácil inserción en la  gestión cotidiana de la labor parlamentaria, esperando que se internalicen como el marco de valores para la toma de decisiones parlamentarias: Transparencia, Rendición de Cuentas, Normas Internacionales, Sostenibilidad y Respeto a los Grupos de Interés.

Todos se consideran principios fundamentales para el posicionamiento favorable del poder parlamentario de cada país en aras de ser reconocido como un sistema de instituciones socialmente responsables a favor del desarrollo humano sostenible.

Posicionamiento necesario, frente a la deslegitimación de la representación del poder público (que amerita ser atendida) exacerbándose en un mundo agobiado de preocupaciones, y generándose la necesidad de modelar la conducta de los Estados y sociedades en aras de un mejor futuro.

¿Cómo se fortalece la transparencia al interior de los Parlamentos?

La transparencia informativa también se ha convertido en un requisito indispensable para el eficiente funcionamiento del orden social, económico y político en general, y por ello se hace necesario un conjunto de medidas y requisitos diversos, con el objeto de garantizar que la adecuada información llegue a la ciudadanía por igual. Esta dimensión se retroalimenta con el principio de rendición de cuentas, en el que se promueve una evaluación permanente, que influye de manera determinante en la valoración de la institución, como consecuencia de la percepción que exista, entre sus grupos de interés, sobre sus procesos de gestión.

Solo a manera de ejemplo, se podrían crear políticas de difusión de información, lo que supone potenciar y posicionar a los canales y medios de comunicación y/o divulgación de los parlamentos, una vez definidos objetivos comunicacionales, audiencias clave, responsables, y los aspectos relativos a la gerencia de proyectos tales como, plan de acción y cronograma, presupuesto  e indicadores de éxito.

Igualmente, se podrían crear mecanismos de divulgación, sensibilización y socialización de las leyes per se, para garantizar que los públicos de interés de cada texto normativo conozcan su contenido, el impacto a corto, mediano y largo plazo y entienden cómo se plantea la adaptación de su conducta o gestión para el cumplimiento de la nueva norma.

Cualquier iniciativa que supone mostrar abiertamente las hipótesis, procesos y fuentes utilizados en la verificación de información para la toma de decisiones, así como los resultados de una gestión, son pasos importantes a favor de la transparencia parlamentaria.