RESTABLECIMIENTO DE VOTO OBLIGATORIO EN ELECCIONES POPULARES
El señor ELIZALDE.- Gracias, Presidenta.
Más y mejor democracia para Chile: ese es uno de los desafíos fundamentales que tenemos en la hora presente.
Por eso se ha iniciado un proceso constituyente, precisamente para contar con una institucionalidad que dé respuesta a las demandas ciudadanas, que esté a la altura de los cambios que se exigen para construir un país con más justicia social.
Y, por cierto, la profundización democrática ha sido un eje central de la política chilena, particularmente durante el siglo pasado.
El sistema electoral chileno estableció, en primer lugar, un registro electoral en el cual se inscribían los ciudadanos y las ciudadanas con derecho a voto. De esa forma se fue poblando, con el paso del tiempo y con reformas que contribuyeron o estaban orientadas a que más ciudadanas y más ciudadanos pudieran ejercer el derecho a voto.
El derecho a voto de las mujeres fue un claro ejemplo al respecto, así como también la reducción de la edad para votar y la incorporación de los analfabetos, que originalmente estaban excluidos de la posibilidad de marcar sus preferencias en las urnas.
Vino la larga noche de la dictadura y la voz del pueblo se materializó claramente por la opción "No", en el histórico plebiscito del año 88, en que la gran mayoría de los potenciales electores se inscribieron en los registros electorales y en donde hubo niveles de participación muy alta.
Pero en el proceso de transición, paulatinamente las nuevas generaciones dejaron de inscribirse en los registros electorales, y se produjo un fenómeno muy complejo para nuestra democracia, una especie de abstención estructural en que muchas y muchos simplemente nunca votaron.
En ese contexto, fue necesaria una reforma importante, que estableció la inscripción automática, pero acompañada del voto voluntario.
Creo que fue un error.
En su momento fui uno de los que se opusieron al establecimiento de la voluntariedad del voto. Por el contrario, me parece que el deber de votar nos permite tener una mejor democracia para nuestro país. Y lo cierto es que hemos logrado niveles de participación muy bajos si uno mira el registro global de electores, que hoy día se establece de manera automática.
Nuestro padrón está inflado, no cabe duda, porque el proceso de runificación se inició recién a principio de los 80. Por tanto, para atrás el certificado de defunción no necesariamente coincide con los datos del certificado de nacimiento y, por tanto, no se da de baja a muchas personas que han fallecido o a chilenas y chilenos que migran al extranjero, que fallecen ahí y que tampoco son eliminados del registro.
El Registro Civil no tiene un registro de vivos, sino un registro de nacimientos y de muertes, y solo a contar de principios de la década del 80 este se encuentra asociado al Rol Único Nacional. Antes los números variaban y, por tanto, se llegó al absurdo de que un ex Presidente de la República, que falleció en La Moneda el 11 de septiembre de 1973, formaba parte de los registros electorales en la elección municipal del 2012, porque en su certificado de defunción no coincidían exactamente los nombres con su certificado de nacimiento.
Pero al margen de la necesidad de despejar los errores que contiene el padrón y las múltiples iniciativas legales que han establecido normas excepcionales para las chilenas y los chilenos de mayor edad, lo cierto es que los niveles de participación siguen siendo muy bajos.
Entonces, para darle mayor legitimidad a nuestro sistema político, para que los mandatarios elegidos democráticamente sean dignos representantes de lo que quieren los ciudadanos, me parece fundamental el restablecimiento de la obligatoriedad del voto.
Lo decía el Senador Huenchumilla: son muchas las obligaciones que debemos cumplir a diario los ciudadanos, por cierto, pagar impuestos. La pregunta es: ¿La obligación de votar, en el caso de las elecciones presidenciales y parlamentarias, una vez cada cuatro años, es una carga significativa para los ciudadanos? Yo creo que no.
Y como en Chile hay dos eventos electorales ordinarios cada cuatro años -por cierto, hemos vivido tiempos excepcionales en estos últimos meses y años-, que son las elecciones municipales y regionales, y las elecciones nacionales, ¿concurrir dos veces cada cuatro años a las urnas es una carga significativa para un ciudadano o una ciudadana? Yo creo que simplemente no.
Por el contrario, las obligaciones que tiene el Estado con los ciudadanos son muchas y, por tanto, se exige un esfuerzo mínimo: concurrir a votar.
Por eso soy un convencido de que es necesario restablecer la obligatoriedad del voto, ahora con la inscripción automática.
Si alguien considera que esa es una carga significativa al lado de la importancia de tener una democracia con un amplio nivel de participación, en que las autoridades sean elegidas de acuerdo a la voz del pueblo, dentro de la diversidad que existe en toda sociedad democrática, por cierto, me parece que este proyecto contribuye en esa senda, y por eso soy partidario de la aprobación de esta reforma constitucional.
Más allá de los cálculos políticos menores de carácter electoral que pueda tener un sector u otro, si más ciudadanas y ciudadanos votan, eso permite que la diversidad de la sociedad chilena se exprese en las decisiones democráticas, no solo en la elección de Presidente o Presidenta de la República, sino también en la conformación del Congreso Nacional. Y si las distintas miradas, las distintas visiones que forman parte del Congreso Nacional están expresadas, entonces ningún ciudadano puede desentenderse de las decisiones que se adoptan democráticamente.
Se le dota de una mayor legitimidad a todo el sistema.
Insisto, lo más importante, la voz del pueblo se escucha y la voz del pueblo se respeta.
En caso contrario, con los niveles de participación que tenemos en la actualidad, algunos pueden cuestionar la legitimidad de las decisiones que se han adoptado y, por cierto, la legitimidad de las autoridades elegidas democráticamente.
Yo no la cuestiono -lo quiero decir con toda claridad-, porque todos quienes formamos parte del Congreso Nacional, todos quienes fueron elegidos en la Convención Constitucional, lo hicieron conforme a un procedimiento democrático en que a nadie se le impidió el derecho a voto.
Pero el punto es otro: que con mayor nivel de participación esas autoridades tienen mayor legitimidad.
Y, probablemente, esos cambios que el sistema político podría haber incorporado con anticipación, producto del -valga la redundancia- cambio de los tiempos o de la irrupción de nuevas generaciones en el sistema político, se habrían expresado anticipadamente también y no de manera abrupta, como ha acontecido con los últimos eventos electorales. Muchas y muchos jóvenes que nunca votaron hoy día lo están haciendo.
Lo preocupante es que aquellos que tradicionalmente votaron están participando menos, y se produce una distorsión en sentido u otro. Hay una generación que queda fuera, hay un grupo de chilenos y chilenas, de ciudadanos y ciudadanas, que quedan fuera. No olvidemos que en nuestro país tienen derecho a voto los extranjeros con más de 5 años de residencia.
Por eso creo que este proyecto contribuye a avanzar en lo que todos deseamos: una mayor participación en los eventos electorales, una mayor participación de la ciudadanía, una mayor participación democrática.
Eso contribuye a que el sistema funcione de mejor forma.
Y lo más importante es que el sistema político dé respuesta a las demandas ciudadanas oportunamente. Eso le da mayor legitimidad y permite avizorar un mejor futuro para todas y todos.
Por lo anterior, señora Presidenta, voto entusiastamente a favor de esta iniciativa.