REGULACIÓN SOBRE DIETA PARLAMENTARIA Y OTRAS REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, si hay algo que se expresó en octubre, cuando los chilenos salieron a las calles, fue, en primer lugar, su malestar ante las situaciones de abuso. Y, dentro de esas denuncias contra los abusos generalizados que afectan su vida cotidiana, se manifestó un malestar generalizado respecto de los privilegios en la política. Y debemos hacernos cargo de ese malestar.
La actividad política es de servicio público; no puede ser concebida como una actividad de privilegios. Más aún, es la política la que permite enfrentar, a través del debate democrático, los privilegios que existen en todas las sociedades. Y, por cierto, la labor del Parlamento es fundamental en esta materia.
Por eso me parece importante avanzar en la reducción de la dieta parlamentaria, precisamente como una señal clara y nítida al respecto.
Este debate debe ser abordado con altura de miras. La dieta también fue motivo de discusión cuando la actividad parlamentaria no tenía ningún tipo de ingresos o remuneración. Ella se estableció como una forma de garantizar algo muy simple: que tanto un latifundista como un obrero pudieran formar parte del Congreso Nacional si eran elegidos por la ciudadanía.
En ese contexto, es indispensable disponer de un mecanismo que garantice la autonomía de los parlamentarios al momento de legislar y cumplir con sus demás obligaciones constitucionales como representantes del pueblo.
Por tanto, junto con el debate de la reducción en examen, se debe establecer un órgano externo que defina cuál es el monto de la dieta, conforme a la realidad de nuestro país y a los recursos de que disponemos.
Es preciso despejar la creencia de que la reducción de la dieta permitirá que el Estado cuente con recursos para resolver los problemas sociales. Eso no es efectivo. En términos de los grandes números, las necesidades son mucho más sustantivas. Pero esta señal debe darse. Es una señal de austeridad ante un momento complejo que vivimos y ante un reclamo ciudadano que exige de parte de sus autoridades -de todas, sin excepción- ser un ejemplo.
Y debemos hacernos cargo de un tema más de fondo: la falta de valoración de la labor legislativa.
He sido testigo aquí, en el Senado, del esfuerzo de muchos Senadores, que son muy estudiosos, muy trabajadores y que, sin duda, desarrollan un gran trabajo. No obstante, la lógica de la farandulización, la lógica comunicacional de corto plazo evidentemente ha generado un cuestionamiento respecto de lo que aquí hacemos. Obviamente, es lo más noticioso. Cuando crecen los árboles no es noticia, cuando se quema el bosque es noticia.
Por tanto, cada vez que se produce un episodio en que se da a entender que esta es una actividad frívola, eso le hace un enorme daño a la labor parlamentaria.
Y eso está asociado a una incomprensión ciudadana, probablemente vinculada a la falta de clases de educación cívica, respecto de lo que hace el Parlamento, de la importancia de su actividad; de la necesidad que tiene toda democracia de contar con un Congreso en que se debatan las leyes, en que los representantes del pueblo definan cuál es el contenido de esas leyes y, a través de ellas, obviamente, generar condiciones para un mejor nivel de vida para todos nuestros compatriotas.
Por consiguiente, debemos hacernos cargo de todos estos temas.
Este proyecto, a mi entender, es muy amplio. Aplica la reducción de remuneraciones a un universo de servidores públicos respecto de los cuales no existe ningún cuestionamiento. Creo que el proyecto debe acotarse e ir acompañado de las bases técnicas para la definición de una dieta razonable, que no sea expresión de privilegio, pero que garantice la autonomía de la función parlamentaria. Y ese balance tiene que ser establecido adecuadamente.
Espero que en esta materia el Gobierno también tenga un rol muy activo, para que no ocurra lo mismo que con los permisos de circulación, en cuya discusión, por una parte, el Senador Ossandón -por su intermedio, señora Presidenta- advirtió de los problemas que tenía ese proyecto de ley, pero al mismo tiempo los Diputados autores de la moción presionaban para que se aprobara, porque el Gobierno no daba a conocer cuál era su punto de vista. Y hoy el Ejecutivo presenta un veto para, finalmente, establecer una legislación acorde en esta materia.
Pues bien, espero que este tema no se resuelva de esa manera, con el Ejecutivo manifestándose después de la aprobación en el Congreso. La idea es que el Gobierno tenga un rol activo, porque esta legislación y estas modificaciones constitucionales tendrán un impacto respecto de muchos servidores públicos. Y, por tanto, aquí se requiere una mirada amplia.
Se trata de contar con los mejores profesionales y técnicos en el servicio público, pero también, de que esta sea, obviamente, una actividad de servicio público y no un privilegio.
En suma, creo que es necesario debatir la reducción de la dieta, pero también un mecanismo que garantice que los criterios con los cuales se adopten estas decisiones sean los mejores para el buen funcionamiento del Estado y, por cierto, del Congreso Nacional.
Por eso, voto a favor.