REGULACIÓN SOBRE DIETA PARLAMENTARIA Y OTRAS REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 62 de la Constitución política para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (9.304-07, 11.124-07, 11.840-07, 12.319-07 y 13.013-07, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional:

En segundo trámite: sesión 79ª, en 3 de diciembre de 2019 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 6ª, en 25 de marzo de 2020.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Este proyecto de reforma constitucional tiene los siguientes objetivos:

-Modificar el sistema de determinación de la dieta parlamentaria y las remuneraciones de determinadas autoridades del sector público, las que serán fijadas por una Comisión Especial que crea esta iniciativa.

-Privar al Presidente de la República de la iniciativa exclusiva para presentar proyectos relativos a las remuneraciones de las autoridades que indica y establecer la rebaja inmediata del 50 por ciento de la actual dieta de los parlamentarios y las remuneraciones de determinados funcionarios públicos.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señores Allamand, De Urresti, Harboe, Huenchumilla y Pérez Varela.

La Comisión deja constancia que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Carta Fundamental, los numerales 1 y 4 (este último en cuanto al inciso primero de la disposición transitoria que se propone) del artículo único del proyecto requieren, para su aprobación, el voto favorable de los dos tercios de los Senadores en ejercicio, esto es, 29 pronunciamientos a favor, toda vez que sus disposiciones inciden en los Capítulos I, VIII, XI y XII de la Constitución Política de la República.

Los números 2, 3 y 4 (este último en cuanto a los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto de la norma transitoria que se propone) del artículo único precisan, para su aprobación, del voto a favor de los tres quintos de los Senadores en ejercicio, esto es, de 26 votos favorables.

El texto que se propone aprobar en general se consigna en las páginas 112 y siguientes del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señora Presidenta.

Hay que dejar constancia de la incorporación a la sesión del Senador señor Quintana.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.

En discusión general el proyecto de reforma constitucional.

Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe para que entregue el informe de la Comisión de Constitución.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, intervengo en mi condición de Presidente accidental de la Comisión de Constitución, toda vez que el Senador De Urresti se encuentra con un problema personal y no podía participar de esta sesión.

Le corresponde a la Sala del Senado iniciar el estudio en general del proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria y otras asignaciones.

Esta iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y tiene su origen en diversas mociones que se presentaron en la Cámara de Diputados.

Sus objetivos son modificar el sistema de determinación de la dieta parlamentaria y las remuneraciones de diversas autoridades y funcionarios del sector público, las que serán fijadas por una Comisión especial que crea este proyecto. Asimismo, privar al Presidente de la República de la iniciativa exclusiva para presentar proyectos relativos a remuneraciones de las autoridades que indica y establecer la rebaja inmediata del 50 por ciento de la actual dieta de parlamentarios y de las remuneraciones de un número muy relevante de funcionarios públicos.

Esta iniciativa se estructura en un artículo único, que se divide en cuatro números.

El primero de ellos modifica el artículo 8° de la Constitución para establecer las siguientes reglas:

1) Se estatuye que son públicas las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado y de los órganos comprendidos en los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV y de las empresas y universidades del Estado.

2) Esas remuneraciones serán fijadas cada cuatro años por una comisión integrada por dos miembros designados por el Consejo de Alta Dirección Pública, dos miembros designados por el Banco Central y un miembros designado por el Presidente de la República. La modificación agrega que podrán integrar esta Comisión aquellas personas que hayan ejercido anteriormente como consejero del Banco Central, Contralor General de la República, Ministro de Hacienda, Director o Subdirector de Presupuestos, Director Nacional del Servicio Civil o consejero del Consejo de Alta Dirección Pública.

3) Entrega la secretaría técnica de esta comisión al Banco Central.

4) Asimismo, establece que las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas antes señaladas se reajustarán anualmente conforme a las variaciones del IPC.

5) Finalmente, precisa que ninguna autoridad pública podrá recibir una remuneración o dieta superior a la que perciba el Presidente de la República.

El segundo número deroga el artículo 62 de la Ley Fundamental, precepto que prescribe que los Diputados y Senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos les correspondan.

El tercer número modifica el numeral 4° del inciso cuarto del artículo 65 para privar al Presidente de la República de la iniciativa exclusiva para presentar proyectos de ley que fijen rentas de determinados funcionarios públicos.

El cuarto número agrega una disposición transitoria, nueva, a la actual Constitución Política.

En dicha disposición se establece que esta reforma constitucional comenzará a regir una vez que entre en vigencia la modificación a la ley orgánica constitucional a que hace referencia el artículo 8°, la que deberá ser presentada mediante un proyecto de ley con urgencia calificada de "suma" por el Presidente de la República en el plazo de treinta días contados desde la publicación de esta reforma y tramitada en idéntico plazo. Precisa que ningún funcionario de planta, a contrata ni de dotación a honorarios que se desempeñe dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 8° podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.

A la vez, dispone que en el período que media entre la publicación de esta reforma constitucional y la fijación de remuneraciones que establezca la comisión que se crea por esta reforma, las autoridades de la Administración del Estado y quienes ejercen cargos de elección popular en los órganos comprendidos en los capítulos IV, V y XIV, con excepción de los consejeros regionales, alcaldes y concejales, solo tendrán derecho a percibir el 50 por ciento de su remuneración o dieta vigente.

Finalmente, establece cómo se implementará esta disposición transitoria y el destino que se otorgará a los recursos públicos que resulten de la rebaja de remuneraciones.

Señor Presidente, durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recibió las opiniones del Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del Presidente del Banco Central, del Ministro Secretario General de la Presidencia, del Director Nacional del Consejo de Alta Dirección Pública y de Servicio Civil, del Presidente del Sistema de Empresas Públicas, del Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, de la Presidenta del Frente de Trabajadores del Ministerio de Hacienda, del Vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas, de los Presidentes de la Asociación de Fiscalizadores y de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, del Vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, y especialmente también de los abogados y académicos de Derecho Administrativo señores Carlos Carmona y Luis Cordero y de Derecho Constitucional señores Arturo Fermandois y Sebastián Soto.

Del conjunto de audiencias y sesiones celebradas se pudo constatar que, si bien esta iniciativa puede ser aprobada en general, presenta serios problemas constitucionales y administrativos que es necesario subsanar durante el estudio en particular de este proyecto.

Entre los inconvenientes más graves que se detectaron, destacan sumariamente los siguientes.

En primer término, el proyecto tiene serios defectos en cuanto a su técnica legislativa, ya que incorpora disposiciones que rigidizan materias relativas a la función pública y que son propias de la legislación fiscal.

Por otra parte, hace intervenir al Banco Central como secretaría de una comisión técnica que no tiene prácticamente ningún parámetro objetivo para llevar adelante su cometido y altera las tareas esenciales que la Constitución entrega a este organismo. Dicho sea de paso, cabe señalar que en su intervención el Presidente del Banco Central descartó de plano que su institución ejerza como secretaría técnica, no obstante manifestar la disposición para que algún integrante del Banco Central pudiese conformar una nueva instancia que determine estas remuneraciones.

A la vez, consagra a nivel constitucional órganos cuya regulación natural corresponde al legislador común, como la normativa referida al Servicio Civil.

De igual forma, priva al Jefe de Estado en materias presupuestarias y financieras, que son propias de la iniciativa exclusiva.

Por otro lado, establece una serie de ambigüedades en la terminología que utiliza, lo que crea serios problemas respecto de los órganos que se verían afectados por esta normativa y que suponen una confusión entre representantes o funcionarios de carácter político (Diputados, Senadores, Ministros y Subsecretarios) y funcionarios de exclusiva confianza con aquellos que desarrollan carreras funcionarias en los tres Poderes del Estado. De hecho, en su intervención el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, don Felipe Ward, se permitió señalar que, de aprobarse este proyecto tal y como viene de la Cámara de Diputados, podría afectar a un universo de 112 mil funcionarios públicos, incluidos los de la salud. Se comprenderá que, evidentemente, eso no es lo que se busca con este tipo de proyectos.

Este último punto fue especialmente destacado también por el Presidente de la Corte Suprema, por el Director Nacional del Consejo de Alta Dirección Pública y del Servicio Civil y también por el Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y representantes de diversas asociaciones de empleados públicos, quienes hicieron presente las negativas consecuencias que el actual texto de la reforma tendría en la función pública y en las remuneraciones de miles de funcionarios de carrera del Estado.

Se sumaron a estas observaciones también los profesores de Derecho Constitucional y Administrativo que escuchó la Comisión, quienes recordaron la historia constitucional de las normas que han regulado las rentas de los parlamentarios y los diversos problemas que presenta el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados.

Adicionalmente, cabe destacar la intervención del Presidente del Sistema de Empresas Públicas, quien señaló que a propósito de esta iniciativa legislativa podrían verse afectadas las remuneraciones de decenas de funcionarios de las diferentes empresas públicas que hoy día tienen la modalidad de contratación por el Código del Trabajo, generando una afectación de derechos laborales difícil de resolver.

A partir de estos antecedentes, la Comisión propone la aprobación en general de esta iniciativa, para efectos de que se inicie la discusión en particular, y bajo la condición de que durante su estudio en particular se acote su ámbito de aplicación a los cargos de elección popular o altos cargos de nombramiento político.

Asimismo, es indispensable, ¡indispensable!, que el Gobierno presente una indicación para establecer quiénes serán las autoridades que quedarán regidas por esto; cuáles serán los montos respecto de los cuales se tendrán que establecer las disminuciones, sean transitorias o permanentes, y cuál será la instancia técnica encargada de establecer esta determinación de remuneraciones, materias todas de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Señora Presidenta, bajo estas condiciones, la Comisión, que accidentalmente hoy día presido y cuyo titular es el Senador Alfonso de Urresti, propone la aprobación en general de este proyecto de reforma constitucional y la apertura de un plazo de indicaciones para recibir aquellas que correspondan al Ejecutivo y a las señoras y a los señores parlamentarios, y dar corrección al proyecto en estudio.

He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Solicito el acuerdo de la Sala para que ingresen el Subsecretario de la Segprés, señor Juan José Ossa, y el Subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Ofrezco la palabra.

Si le parece a la Sala, se abrirá la votación en los términos planteados por el Senador Harboe.

Acordado.

En votación general el proyecto.

--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Latorre.

El señor LATORRE.- Señora Presidenta, el primer proyecto sobre rebaja de dieta parlamentaria fue presentado originalmente hace seis años por Giorgio Jackson, Gabriel Boric, y apoyado por Vlado Mirosevic. En ese momento no existía el Frente Amplio como tal, pero eran tres Diputados jóvenes que levantaron una de las primeras iniciativas sobre esta materia en la Cámara de Diputados, con un criterio muy de sentido común, muy simple, de ética política, diría yo. Ellos compararon la dieta de los legisladores de Chile con la percibida en otros Parlamentos en el resto del mundo y también consideraron nuestra estructura remuneracional, con muy bajos salarios para trabajadores y trabajadoras. Y a partir de ello establecieron que la dieta parlamentaria nacional significaba más de cuarenta veces el salario mínimo.

Entonces, como un criterio de equidad política, de ética política, de austeridad y asimismo como una señal para intentar recuperar confianzas con la ciudadanía, en el contexto de un Parlamento desprestigiado por múltiples problemas de corrupción y otros que se conversaban, como el financiamiento de campañas políticas, la emisión de boletas, etcétera, resultaba importante disminuir la dieta de los parlamentarios a la mitad.

En tal sentido, el proyecto original de mis compañeros Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Vlado Mirosevic apuntaba a desindexar la dieta parlamentaria de las remuneraciones de los Ministros o de autoridades de otras esferas del Estado, del Poder Judicial, etcétera. Es decir, se trataba de una medida acotada a los parlamentarios, como una señal política.

Después se presentaron otros proyectos relacionados con esta materia.

Y la iniciativa que nos ocupa llega al Senado luego de ser aprobada por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados en el contexto del estallido social. Recordemos que el primer proyecto fue presentado hace seis años y por el estallido social la Cámara Baja lo tramita y recibe un amplio apoyo, un amplio respaldo. Pero el texto actual es un refundido con muchos otros cambios, en el que hoy día se incluye a otras esferas del Estado, también a jefes de servicio, a funcionarios públicos. En ese sentido, yo no estoy conforme con el proyecto que llega al Senado.

Obviamente, voy a votar a favor de la idea de legislar. Pero mi recomendación es que vuelva a la Comisión de Constitución y durante su trámite en particular se busque acotar el contenido del proyecto.

Creo que hoy día, en el contexto de la pandemia por el coronavirus más el estallido social, se hace urgente que el Parlamento le dé una señal política a la ciudadanía y que nos bajemos la dieta parlamentaria -hay que ver en cuánto y con qué mecanismo-, sin tocar la carrera funcionaria del Estado, sin meternos con la carrera funcionaria del Poder Judicial.

Pero hay que considerar al Presidente de la República, a los ministros, a los subsecretarios, a los parlamentarios y también -en mi opinión- a los alcaldes y a los intendentes. Es decir, cargos de elección popular, altas esferas del Estado, altos cargos políticos debiéramos dar una señal a la ciudadanía en este contexto de crisis, en que todos vamos a tener que apretarnos el cinturón.

En un escenario en que las empresas -y luego vamos a discutir el proyecto sobre seguro de desempleo- van a dejar de pagar salarios, en que los trabajadores verán disminuidos sus sueldos o perderán su empleo, se vuelve urgente dar una señal de ética política, de austeridad compartida, bajándonos la dieta parlamentaria.

Pero esto no puede involucrar un mecanismo complejo que perjudique a trabajadores de planta del Estado, a funcionarios que se desempeñan en el Estado, a las carreras funcionarias, etcétera.

Pienso que esta es una cuestión de señal.

En tal sentido, espero que el proyecto no esté tramitándose por mucho tiempo; dilatándose por mucho tiempo; creando comisiones complejas; invitando al Banco Central, que ya dijo que no quería participar en el mecanismo. Es el Ejecutivo el que debe involucrarse y dar una señal de respaldo a esta iniciativa, para llegar en un corto plazo a una propuesta sensata, pero que signifique una señal política de austeridad compartida en este contexto de crisis, bajándonos la dieta parlamentaria.

Voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

No nos ha llegado la distribución de minutos establecida en su Comité.

La señora RINCÓN.- Señora Presidenta, seré muy breve.

El acuerdo de nuestra bancada es el que hemos manifestado en las reuniones de Comités: que el proyecto se discuta en la Sala, que se vote en general y que pueda ser visto luego en las Comisiones de Hacienda y de Constitución.

Requerimos tener una mirada completa acerca de lo que pasa con las remuneraciones en el sector público, de todos y de cada uno de los altos directivos.

Creemos que hoy, más que nunca, necesitamos avanzar en esta línea, transparentar estas discusiones y que la ciudadanía tenga la certeza de que no solo modernizamos el Estado, sino que aseguramos que las remuneraciones de sus altos directivos, en todos los Poderes del Estado, se condicen con las responsabilidades y las tareas que deben cumplir.

Por eso estuvimos de acuerdo, cuando lo abordamos en reunión de Comités, con que despachado el informe de la Comisión de Constitución se pudiera poner en tabla el proyecto para su discusión en general.

Por lo tanto, producto de la necesidad y de la importancia de este debate, concurrimos con nuestro voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Coloma, hasta por cinco minutos.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, quiero formular dos reflexiones respecto de este proyecto, que se encuentra en discusión general, para que por lo menos quede en la retina de quienes deben tomar la decisión en la Comisión. Y probablemente nosotros tendremos que actuar después en consecuencia.

Primero, quiero hacer referencia brevemente a la historia de esta norma, que me parece muy importante.

En las Constituciones de 1833 y de 1925 no había norma respecto a la remuneración de los parlamentarios. ¿Y esta cómo se determinaba? Por la vía de la ley. Incluso, había sistemas previsionales asociados a esta misma dictación de ley.

Esta fue una de las cuestiones que más influyeron en la crisis de representatividad que hubo, que se discutió mucho en el año 1969, durante el Gobierno de Frei Montalva, y que generó algunos cambios que finalmente no terminaron de manera adecuada.

¿Cuál era básicamente el reclamo? Que el hecho de que las dietas se establecieran por ley representaba la posibilidad de un doble abuso.

Por un lado, el abuso respecto de la cantidad excesiva que se podía determinar cuando esto no estaba amparado constitucionalmente. Y eso fue parte de una tremenda discusión en Chile. Y hubo abuso y hubo desprestigio y hubo complejidad.

Y segundo, que se podían generar barreras de entrada, o sea, leyes en donde la remuneración fuera tan baja que para poder optar a llegar al Parlamento había que ser o muy rico o no tener otra alternativa.

Y estos argumentos formaron parte de la discusión que existió en Chile y están en las actas respectivas.

Entonces, a mí me parece que haber incluido de la forma en que se hizo esta norma en la Constitución es sabio. Significaba no establecer la medida por ley, o sea, no dejar al arbitrio simplemente del legislador el monto propuesto y lo que pueda significar y no generar una barrera de entrada, colocando la dieta parlamentaria a tono con los sueldos de la Administración Pública y que aquí se asocia a la remuneración de un Ministro de Estado.

Entonces, a mí me parecía que era una solución razonable y lógica. Y nunca fue discutida, hasta ahora, y eso que hubo hartas modificaciones constitucionales.

¿Qué se pretende ahora? Producto quizá de la contingencia, de cierta vergüenza que algunos pueden sentir de ser parlamentarios, o de alguna lógica de darle un curso distinto al asunto, se pretende sacar la norma de la forma en que se halla planteada y generar, en la práctica, una disminución de 50 por ciento -porque eso plantea la disposición transitoria- de la remuneración en función de lo que hoy día existe.

Entonces, aquí hay aspectos conceptuales que yo echo de menos que se discutan. Por ejemplo, la Administración Pública debe tener una remuneración acorde con lo que pueda significar un sueldo equivalente en el mundo privado o por naturaleza ha de estar disminuido.

Es una primera reflexión que echo en falta, porque eso es lo que al final importa: tiene que ser una barrera de entrada o no. Desde mi perspectiva, la fórmula que se había definido y que hoy día se quiere cambiar resolvía bien esta materia.

Obviamente, un país puede determinar que las autoridades públicas posean una remuneración menor. Ello lo encuentro legítimo. Pero no sé por qué generamos la idea de que hay una actividad, que es la parlamentaria, que conlleva cierta lógica vergonzante y, por lo tanto, debe ser retribuida de manera distinta por el Estado. No sé por qué la lógica de la representación en una región, de ser colegislador aquí trata expresamente de hacer sentir que es una actividad que ha de tener una valoración social diferente.

Si alguien me dijera que vamos a efectuar un cambio de todas las remuneraciones o un reacomodo de la Escala Única de Sueldos de la Administración Pública respecto de las remuneraciones más altas, yo lo podría entender, porque, al bajar las del Ministro, simultáneamente disminuyen las del parlamentario, lo que a mi juicio tendría sentido. Pero no me parece conveniente -lo considero más bien efectista- que haya un sentido de fondo en la forma como se ha determinado ello a través de esta normativa.

Así que, señora Presidenta, como todas las cosas, esto puede ser discutible. Sin embargo, acá al menos quiero colocar el elemento histórico y el aspecto conceptual. Cualquier decisión de este tipo no puede nacer al fulgor de un debate, de un pantallazo, o de un tuit. ¡No! Tiene que ser pensando en las generaciones futuras: qué tipo de parlamentarios queremos en Chile.

Hago estas reflexiones, que estimo fundamentales en esta discusión.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Pedro Araya, hasta por tres minutos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Senador, ¿puede hablar?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Está sin audio.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Senador Araya?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Está conectado, señor Senador?

Tiene la palabra.

El señor ARAYA.- Señora Presidenta, voy a concurrir con mi voto a favor de esta iniciativa, pues claramente considero que debemos discutir sobre cuál debe ser el régimen de remuneraciones de los parlamentarios.

Pero también hay que hacerse cargo de lo que ha sido la historia en esta materia, y en eso comparto lo dicho por el Senador Coloma. Tenemos que pensar que, cuando se estableció el régimen de remuneraciones de los parlamentarios, lo que se buscaba era que esto no fuera una barrera de ingreso. Recordemos que originalmente los parlamentarios no eran remunerados en nuestro país. ¿Y eso a qué llevó? A que solamente pudieran... (falla de audio en transmisión telemática)..., lo que ciertamente se transformó en una barrera de entrada, especialmente para el mundo de los trabajadores.

Con el tiempo se fueron buscando distintas fórmulas para establecer un régimen que permitiera que cualquier persona pudiera dedicarse a la labor parlamentaria, para que fuera candidato a Senador o a Diputado y recibir, en caso de resultar electo, una remuneración sin tener que preocuparse por ello.

Dicho eso, y atendido el contexto que está viviendo nuestro país hoy día, creo que este asunto debe ser discutido. Pero en esto también comparto el hecho de que no solo debemos abordar las remuneraciones de los parlamentarios, sino también las de otras altas autoridades que poseen mucho menores responsabilidades de las que tienen un parlamentario y un ministro de Estado y perciben sueldos bastante más altos.

Por todas esas razones, señora Presidenta, voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros, hasta por cinco minutos.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, este proyecto se discute en medio de un clima de desconfianza generalizado sobre las instituciones que afecta particularmente al Parlamento. A la voz de la calle se suma, incluso, el propio Jefe de Estado con sus lamentables palabras de hace un par de días.

Si lo que se busca es sintonizar con la gente, me temo que esta iniciativa no cumplirá tales expectativas. Nada será suficiente: ni un diez, ni un cincuenta por ciento; ni gestos altruistas; ni operaciones comunicacionales. Ninguna medida por sí sola resolverá el grave problema de desconfianza que aflige a todo el sistema político.

Los socialistas estamos de acuerdo con rebajar la dieta parlamentaria y también la de otros cargos políticos; pero ello no puede significar que la política pase a ser una actividad restringida solo a aquellas personas que cuenten con un patrimonio propio importante. Los socialistas estamos de acuerdo con revisar asimismo las remuneraciones de los altos cargos directivos del sector público; sin embargo, ello debe hacerse reconociendo las diferencias propias de cada entidad, sin afectar su capacidad para atraer los recursos humanos calificados que se requieren.

Pero para legislar bien, de manera integral y completa es fundamental que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y presente las indicaciones del caso o el proyecto de ley correspondiente.

Votaremos a favor de la idea de legislar respecto de este proyecto de reforma constitucional; no obstante, queremos dejar muy en claro que no es posible despachar una iniciativa que sea técnicamente adecuada y que dé respuesta a lo que se espera si no hay una voluntad explícita del Gobierno que se exprese en las indicaciones pertinentes.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- ¿Se escucha?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se escucha bien, señora Senadora.

Tiene la palabra.

La señora ARAVENA.- Señora Presidenta, solo quiero decir que el proyecto que despachó la Cámara de Diputados, al análisis del Presidente de la Comisión, es bastante deficiente, y yo diría -voy a ser bien franca- que populista, porque, evidentemente, hay en él muchos sesgos de inconstitucionalidad.

Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que han hablado mis colegas. Me parece que este asunto hay que tomarlo en serio. En tal sentido, debemos hacer un análisis completo de todos los cargos de alta dirección pública y también de ejecutivos de empresas públicas; de ministros, subsecretarios; de alcaldías, en fin.

Entonces, se trata de un asunto grande, complejo que requiere trabajar codo a codo con el Ejecutivo, porque aquí estamos tomándonos atribuciones que siempre han estado radicadas en él.

A mi juicio, en tiempos de crisis es fácil ser populista y decirle a la ciudadanía que con la rebaja de las remuneraciones en el Senado y en la Cámara de Diputados se solucionan todos los problemas, lo que considero impresentable.

Creo que debemos hacernos cargo de realizar una revisión completa en la materia, y la vamos a hacer.

Voy a votar apruebo este proyecto; sin embargo, pienso que hay que sincerarse en el sentido de que si efectivamente queremos un Senado representativo de la ciudadanía de Chile, no podemos pretender que solo las personas que tengan la capacidad para autosustentarse sean parte de aquel.

Así que voto a favor; sin embargo, es molesto ver un proyecto que ha sido difundido por Twitter y por Facebook y que en verdad adolece de grandes fallas técnicas.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador David Sandoval, hasta por tres minutos.

El señor SANDOVAL.- Señora Presidenta, sin duda, en términos generales vamos a votar a favor de esta iniciativa, toda vez que creemos que hay que hacerse parte de algunos requerimientos en el sentido de efectuar ciertas correcciones, las cuales, como lo planteó el Senador del Frente Amplio, no necesariamente se traducirán en que vamos a mejorar algunas cuestiones, o que esta materia solo la abordaremos respecto de determinado sector y exclusivamente de la política, cuando en nuestro país hay una diversidad de rangos de instituciones, de cargos y de remuneraciones que incluso superan la estimación que hizo el propio Presidente de la República sobre cuánto costaba un parlamentario en el Congreso.

Se equivoca el Primer Mandatario: no son 23 millones de pesos. La dieta de un Senador -y se halla establecida en la página pública por lo demás- asciende a 9 millones 300 mil pesos, menos los descuentos legales; en promedio, 6 millones de pesos y fracción.

Pero el problema no es la plata; no es esa la cuestión de fondo en particular, aspecto que sí creemos que debiéramos corregir y mejorar.

Ya estamos bastante acostumbrados a impulsar iniciativas de ley que, en definitiva, no van hacia el fondo del problema.

Hemos procurado transparentar ampliamente la gestión del Senado. Mientras más lo hacemos, pareciera ser inversamente proporcional al prestigio que tenemos.

Cómo no recordar, por ejemplo, la situación -y creemos que debemos sumar a la tramitación de este proyecto todas las instancias que tengan que ver con la estructura de remuneraciones del Estado- de funcionarios del propio Congreso Nacional cuyos sueldos superan ampliamente al de un Senador.

Para qué hablar de determinadas empresas del sector público, cuyos ejecutivos sobrepasan con creces esas remuneraciones. ¡Más de 28, de 30 millones de pesos mensuales para un ejecutivo de una empresa del Estado!

Evidentemente, existe la necesidad de hacer correcciones sobre el particular.

De la misma manera, creo que, junto con esta iniciativa, debemos poner sobre la mesa dos proyectos cuyo desarrollo se halla pendiente: el primero tiene que ver con limitar la reelección de Senadores y Diputados; y el segundo, con la rebaja de la cantidad de parlamentarios.

Con respecto a la gran disputa que se planteó en la Administración pasada en el sentido de que el aumento del número de Senadores y Diputados no tenía ningún costo, quedó de manifiesto en la práctica que fue una absoluta falacia, pues iba en la dirección opuesta.

Aún más, se dijo que el término del binominal iba a generar una verdadera representatividad de los distintos sectores de la comunidad en el Congreso. ¿Y qué pasó? Miren la representatividad del Parlamento en este minuto; miren la percepción que tiene la sociedad chilena del Congreso en su conjunto: ¡somos los peor evaluados!

¡Qué curioso, cuando supuestamente esas reformas iban a apuntar a todo lo contrario!

Estamos totalmente de acuerdo con hacer una revisión y votaremos a favor esta iniciativa en general; pero esperamos también que, paralelamente, se tramiten los dos proyectos a que me referí: el que limita la reelección de los parlamentarios y el que rebaja su número, que es contrario al aumento en el que se incurrió en el último tiempo.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste, hasta por cuatro minutos.

La señora PROVOSTE.- Señora Presidenta, he solicitado la palabra para explicar cuál fue el objetivo que tuvo un grupo de parlamentarios el 10 de abril de 2014 para presentar esta iniciativa.

El sentido del proyecto no tiene que ver con el contexto que se está viviendo tras el estallido social de octubre del año pasado.

Nos motivó a los entonces Diputados Sergio Aguiló, Claudio Arriagada, Roberto Poblete y Yasna Provoste (ahora Senadora) y a los Diputados Gabriel Boric, Loreto Carvajal, Cristina Girardi, Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y Alejandra Sepúlveda, quienes somos los autores de esta iniciativa y no como se dijo hace un momento, que solo eran tres parlamentarios...

Algo pasa con el audio, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se escucha bien, señora Senadora.

Quizás debería bajar un poco el volumen.

La señora PROVOSTE.- Decía, señora Presidenta, que nuestro objetivo era abordar la grave desigualdad existente en nuestro país en materia salarial.

Esa fue la motivación.

Por lo tanto, para afrontar esa desigualdad es necesario que seamos capaces de establecer una institucionalidad que mire no solo las remuneraciones más altas de la Administración Pública, sino también las más bajas, de manera de generar una sociedad distinta, una sociedad que se haga cargo de estas desigualdades y que repare en un modelo social distinto.

Por eso voy a votar a favor de esta iniciativa. La venimos planteando desde el año 2014 dentro de una mirada más integral, en donde exista una institucionalidad que aborde la situación global, y no que ello se haga por la vía de donaciones o de simples actos de caridad que hemos visto en el último tiempo, en que algunos Ministros han ofrecido donar un porcentaje de sus remuneraciones.

Creemos necesario revisar las remuneraciones de un conjunto de altas autoridades del Estado; pero, junto con ello, debemos mirar también los sueldos más bajos y ser capaces de construir una escala remuneracional donde la brecha entre los que ganan más y los que ganan menos no sea tan grande como la que hoy día tenemos.

Voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos Weber, hasta por tres minutos

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, hay elementos objetivos y subjetivos que explican la necesidad de abordar esta materia.

Los objetivos radican en diversos estudios, nacionales e internacionales -Comisión Engel; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel internacional; estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)-, que nos indican que la dieta parlamentaria chilena tiene un nivel superior al promedio de otros parlamentos en el resto del mundo.

Y lo segundo es un elemento que dice relación con una sana convivencia democrática y ciudadana.

La percepción de nuestra labor y de la política en general está muy a la baja. Pero si a eso le asociamos una dieta que a juicio de los ciudadanos se entiende como más allá de lo razonable, a mi juicio constatamos que se requiere discutir esta materia.

Entonces, no está en cuestión la legitimidad de la dieta, sino su cuantía.

Acá se hacían referencias históricas.

Hubo un minuto en Chile en que los parlamentarios no recibían dieta alguna, porque no la precisaban, ya que eran personas que tenían recursos propios para subsistir. De hecho, el Congreso funcionaba en torno a la actividad de esos parlamentarios: la agrícola. La legislatura ordinaria y la extraordinaria decían relación con la época de cosecha y de siembra en nuestro país, porque los parlamentarios, cuando no estaban dedicados al campo, venían a legislar. Y viceversa.

Ese era otro mundo.

Y la introducción de la dieta vino a dar espacio, para que no constituyera una barrera de entrada al Parlamento el hecho de que no existiera una remuneración.

Otra cosa es lo que tenemos hoy día.

Entonces, dado el cuestionamiento existente y entendiendo que puede haber miradas distintas en cuanto a la precisión de los estudios, lo que está proponiendo este proyecto es una revisión.

Creo que lo más elemental en esta revisión es pedirle a un ente ajeno al Congreso, en el cual nosotros no tengamos influencia, que determine cuáles deben ser las remuneraciones que deben percibir los parlamentarios en Chile.

Y para eso espero que en la discusión particular contemos con un mecanismo adecuado.

¿Qué es lo que sí me parece importante? Que debemos abordar también el tema de las remuneraciones en nuestro país en general, no solamente las vinculadas con la labor parlamentaria.

Pienso que uno podría cuestionar un sinnúmero de estamentos y sectores en Chile cuyas remuneraciones tienen un diferencial tremendamente alto y respecto de las cuales uno se pregunta si son necesarias.

Me refiero a remuneraciones de sectores que por ley deben funcionar o existir en nuestro país y a las cuales muchos chilenos tienen que contribuir con sus recursos propios -digo isapres, AFP- para mantenerlas. Y las preguntas son: ¿Hay límite para esos sueldos ahí? ¿Están bien invertidos los recursos? ¿Cómo es el proceso de reclutamiento en esos sectores? O como me hacía ver un abogado bien audaz, que me decía: "¡Ojo! En todas las concesiones en Chile, incluidas las del espectro radioeléctrico, uno también podría establecer algunas cuestiones en cuanto a la no discriminación, al monto de remuneraciones, a las condiciones de trabajo".

A mi juicio, esta iniciativa va a abrir un debate importante.

Espero que aprobemos la idea de legislar. Hay muchas modificaciones que hacerle al proyecto que viene de la Cámara de Diputados, que claramente tiene deficiencias.

Estimo que con ello vamos a dar una señal importante.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand, hasta por cuatro minutos.

El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, en verdad, toda democracia debe asentarse en una administración pública que reúna a lo menos tres características: que sea profesional, que sea eficiente y que sea bien remunerada.

Creo que esos tres principios son fundamentales de cautelar.

Efectivamente, cuando uno lo piensa, hay que tener en perspectiva para la discusión que estamos teniendo, como un telón de fondo, que es importante que en la Administración Pública haya personas para las cuales el costo de oportunidad que enfrentan al tomar la decisión de incorporarse al sector público no sea extraordinariamente alto.

¿Qué estoy diciendo? Que las personas en sus vidas de pronto enfrentan disyuntivas: o me aboco al mundo de lo público o me aboco al ámbito de lo privado.

Si las diferencias entre uno y otro son sustancialmente distintas, entonces puede ocurrir que quienes se vuelquen a la Administración Pública no sean todos los que podríamos haber tenido si el costo de oportunidad no hubiera sido tan alto.

Dicho lo anterior, es del caso relevar que acá también hay un concepto democrático.

No parece aceptable -y así lo explicaba un Senador que me antecedió en el uso de la palabra- que finalmente puedan acceder a la Administración del Estado, a los servicios y cargos públicos, solamente las personas que tengan patrimonios abultados. Lo razonable es que todos puedan acceder.

Dicho lo anterior, voy a votar a favor de este proyecto. Y sin entrar a hacer una larga exposición de los argumentos que señalamos en la Comisión, quiero explicar cuáles son, por lo menos desde mi punto de vista, las tres orientaciones generales que debemos cautelar.

En primer lugar, creo que es necesario acotar este proyecto, señora Presidenta, a los parlamentarios y a los Ministros de Estado. No hacerlo, implica generar en toda la Administración Pública un conjunto de efectos en cadena que no han sido, por lo menos hasta ahora, adecuadamente calibrados.

En segundo lugar, es evidente que las remuneraciones no pueden ser fijadas por los mismos a quienes se les aplican. En consecuencia, todo indica que debemos avanzar hacia un organismo distinto, autónomo, independiente que pueda realizar esta tarea.

Aquí no hay que ponerse creativos. El Consejo de Alta Dirección Pública, cuyos miembros se designan con participación de este Senado, tiene todas las condiciones y competencias para definir el monto de esas remuneraciones.

Por último, señora Presidenta, a mi juicio, y a diferencia de lo que ocurre con el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, no es necesario establecer todo un conjunto de normas transitorias para fijar estas remuneraciones. Si se determina que este Consejo sea el organismo que deberá proceder a fijarlas, perfectamente se puede establecer que este opere en un plazo reducido y que desde ya tengamos una definición clara respecto de una primera etapa de las remuneraciones del sector público, circunscrita simplemente a lo que he señalado: parlamentarios y Ministros de Estado.

He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Elizalde, hasta por cinco minutos.

El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, si hay algo que se expresó en octubre, cuando los chilenos salieron a las calles, fue, en primer lugar, su malestar ante las situaciones de abuso. Y, dentro de esas denuncias contra los abusos generalizados que afectan su vida cotidiana, se manifestó un malestar generalizado respecto de los privilegios en la política. Y debemos hacernos cargo de ese malestar.

La actividad política es de servicio público; no puede ser concebida como una actividad de privilegios. Más aún, es la política la que permite enfrentar, a través del debate democrático, los privilegios que existen en todas las sociedades. Y, por cierto, la labor del Parlamento es fundamental en esta materia.

Por eso me parece importante avanzar en la reducción de la dieta parlamentaria, precisamente como una señal clara y nítida al respecto.

Este debate debe ser abordado con altura de miras. La dieta también fue motivo de discusión cuando la actividad parlamentaria no tenía ningún tipo de ingresos o remuneración. Ella se estableció como una forma de garantizar algo muy simple: que tanto un latifundista como un obrero pudieran formar parte del Congreso Nacional si eran elegidos por la ciudadanía.

En ese contexto, es indispensable disponer de un mecanismo que garantice la autonomía de los parlamentarios al momento de legislar y cumplir con sus demás obligaciones constitucionales como representantes del pueblo.

Por tanto, junto con el debate de la reducción en examen, se debe establecer un órgano externo que defina cuál es el monto de la dieta, conforme a la realidad de nuestro país y a los recursos de que disponemos.

Es preciso despejar la creencia de que la reducción de la dieta permitirá que el Estado cuente con recursos para resolver los problemas sociales. Eso no es efectivo. En términos de los grandes números, las necesidades son mucho más sustantivas. Pero esta señal debe darse. Es una señal de austeridad ante un momento complejo que vivimos y ante un reclamo ciudadano que exige de parte de sus autoridades -de todas, sin excepción- ser un ejemplo.

Y debemos hacernos cargo de un tema más de fondo: la falta de valoración de la labor legislativa.

He sido testigo aquí, en el Senado, del esfuerzo de muchos Senadores, que son muy estudiosos, muy trabajadores y que, sin duda, desarrollan un gran trabajo. No obstante, la lógica de la farandulización, la lógica comunicacional de corto plazo evidentemente ha generado un cuestionamiento respecto de lo que aquí hacemos. Obviamente, es lo más noticioso. Cuando crecen los árboles no es noticia, cuando se quema el bosque es noticia.

Por tanto, cada vez que se produce un episodio en que se da a entender que esta es una actividad frívola, eso le hace un enorme daño a la labor parlamentaria.

Y eso está asociado a una incomprensión ciudadana, probablemente vinculada a la falta de clases de educación cívica, respecto de lo que hace el Parlamento, de la importancia de su actividad; de la necesidad que tiene toda democracia de contar con un Congreso en que se debatan las leyes, en que los representantes del pueblo definan cuál es el contenido de esas leyes y, a través de ellas, obviamente, generar condiciones para un mejor nivel de vida para todos nuestros compatriotas.

Por consiguiente, debemos hacernos cargo de todos estos temas.

Este proyecto, a mi entender, es muy amplio. Aplica la reducción de remuneraciones a un universo de servidores públicos respecto de los cuales no existe ningún cuestionamiento. Creo que el proyecto debe acotarse e ir acompañado de las bases técnicas para la definición de una dieta razonable, que no sea expresión de privilegio, pero que garantice la autonomía de la función parlamentaria. Y ese balance tiene que ser establecido adecuadamente.

Espero que en esta materia el Gobierno también tenga un rol muy activo, para que no ocurra lo mismo que con los permisos de circulación, en cuya discusión, por una parte, el Senador Ossandón -por su intermedio, señora Presidenta- advirtió de los problemas que tenía ese proyecto de ley, pero al mismo tiempo los Diputados autores de la moción presionaban para que se aprobara, porque el Gobierno no daba a conocer cuál era su punto de vista. Y hoy el Ejecutivo presenta un veto para, finalmente, establecer una legislación acorde en esta materia.

Pues bien, espero que este tema no se resuelva de esa manera, con el Ejecutivo manifestándose después de la aprobación en el Congreso. La idea es que el Gobierno tenga un rol activo, porque esta legislación y estas modificaciones constitucionales tendrán un impacto respecto de muchos servidores públicos. Y, por tanto, aquí se requiere una mirada amplia.

Se trata de contar con los mejores profesionales y técnicos en el servicio público, pero también, de que esta sea, obviamente, una actividad de servicio público y no un privilegio.

En suma, creo que es necesario debatir la reducción de la dieta, pero también un mecanismo que garantice que los criterios con los cuales se adopten estas decisiones sean los mejores para el buen funcionamiento del Estado y, por cierto, del Congreso Nacional.

Por eso, voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez, hasta por cinco minutos.

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, quiero partir por una afirmación: el proyecto que nos llegó de la Cámara de Diputados es un muy mal proyecto; genera demasiadas dificultades y problemas, incertidumbre y temor en muchos funcionarios públicos.

De hecho, tuvimos en la Comisión la presencia de la ANEF, de la organización de funcionarios de Hacienda, de los funcionarios de Impuestos Internos, de las organizaciones de fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, y también la expresión de lo que es el sistema de Alta Dirección Pública.

Es decir, este es un proyecto que verdaderamente genera un grado tal de dificultades, de problemas que no podemos sino avanzar en esta materia desechando una serie de normas en la discusión en particular.

Si nosotros seguimos con esta iniciativa, lo que hacemos es generar una tensión y un estrés a la Administración Pública en momentos en que esta y la mayoría de las autoridades del Estado están trabajando fuerte, intensamente para enfrentar la pandemia. Creo que eso sería un error mayúsculo.

En segundo lugar, a mi juicio, el proyecto también tiene supuestos y presupuestos que no son ciertos, y debemos enfrentarlos y decirlos. Por ejemplo, que los parlamentarios chilenos, Senadores y Diputados, ganan mucho más que en el resto del mundo. Eso no es así. La OCDE expresa esa información, pero en forma absolutamente equivocada y errónea, como fue demostrado por las autoridades del sistema de evaluación pública en Chile, quienes entregaron un dato correcto de todos los parlamentarios del país, el cual da cuenta de que estamos cerca de la media.

En tercer lugar, no hay duda de que este proyecto lo estamos tramitando y debatiendo en un contexto absolutamente distinto al que se planteó originalmente. Por lo tanto, requiere una mirada diferente, ya que nos encontramos en una situación en que el país se va a empobrecer, en que el país va a tener muchas dificultades de carácter económico, en que el país va a sufrir una merma en su capacidad de desarrollo y progreso. Ello hace que quienes tenemos responsabilidades políticas debamos actuar en consonancia con esa realidad.

Por tanto, vamos a votar favorablemente la idea de legislar, para que demos una señal importante hacia el país en esta materia, pero sin provocar, sin generar las dificultades que conlleva el proyecto de la Cámara de Diputados, dificultades que provoca no solo por la amplitud de instituciones a las cuales obligaría, sino también por los guarismos representados, que significarían una barrera de entrada para muchas personas modestas, para trabajadores, para profesionales jóvenes que quisieran dedicarse al servicio público.

Es por ello que esta iniciativa tan mal diseñada, que presenta tantos problemas y tan graves riesgos a la Administración Pública, exige que el Senado y el Gobierno trabajemos conjuntamente durante los próximos días a fin de entregar una propuesta razonable, coherente, que no provoque ninguna dificultad, y que verdaderamente le dé una señal al país de la austeridad que el mundo público debe exhibir frente al grave drama que representan la pandemia que estamos enfrentando y los perjuicios que se están generando a tantos chilenos. Y eso significa actuar con seriedad, sin populismo, sin demagogia, ofreciendo respuestas técnicas y coherentes.

En ese sentido, creo que lo expresado por el Ministro Felipe Ward al interior de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia apunta claramente a que habrá indicaciones del Ejecutivo, indicaciones que ojalá pudiéramos discutir, analizar en conjunto, porque no hay duda de que los Ministros de Estado y los Senadores y Diputados tendremos que dar una señal nítida en este sentido, y esa señal debe estar no solamente muy concordada, sino ser sustentable en el tiempo, para que más adelante, cuando la situación ya no sea tan grave, no tengamos que...

Señora Presidenta, ¿me da un minuto más, por favor?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Su bancada ya no tiene tiempo, señor Senador.

Tiene la palabra el Senador Quintana, hasta por tres minutos.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, lo primero que quisiera decir es que hay momentos en que algunos se molestan porque se señala que el Senado muchas veces tiene que corregir aquellas propuestas de ley que vienen con deficiencias desde la Cámara de Diputados. Bueno, este es uno de esos casos.

Si este proyecto, como lo decía el Senador Harboe, se aprobara tal cual, 112 mil funcionarios públicos verían disminuidas sus remuneraciones, incluidos aquellos que están hoy día arriesgando sus vidas en la emergencia sanitaria del COVID.

Por lo tanto, creo que debemos ser tremendamente responsables en el texto que finalmente vamos a despachar.

Yo espero que el Ejecutivo esté poniendo atención, tomando nota de esta discusión para las indicaciones que va a presentar.

En segundo lugar, creo que hay elementos que atentan contra un buen desarrollo de este debate. Lo que afirmó el Presidente Piñera unos días atrás no ayuda, porque desconoce que un parlamentario paga 40 por ciento por concepto de impuesto a la renta. Me parece que somos las únicas autoridades que nos encontramos en este caso. Pero eso no lo dice.

Tampoco dice que un seremi, cualquier secretario regional ministerial de su Gobierno, le cuesta al Estado más que un Senador. Eso es fácil de demostrar, porque no solo hay que considerar la remuneración, sino también todo el apoyo y asesorías que se reciben.

Creo que tampoco ayuda el populismo que ha acompañado a esta discusión. Los Diputados y personas de Gobierno que oímos decir: "Voy a donar el 40 por ciento de mi sueldo", en realidad confunden la caridad con la justicia, y eso es bien distinto.

El apoyo que alguien quiera dar en esta emergencia -y seguramente muchos lo estamos haciendo- no es para anunciarlo públicamente. Eso se hace y no se dice, pues decirlo es, además, de mal gusto.

Hoy día enfrentamos un escenario completamente distinto, porque si bien este tema estaba pendiente -es parte de los llamados "temas simbólicos" que levantó el estallido social-, con el Senador Lagos y otros colegas presentamos en el medio del estallido social una de las pocas reformas constitucionales que llegaron al Senado. Si se hubiese aprobado sin la presión mediática del proyecto de la Cámara, habría dado lugar a una discusión mucho más limpia.

El tema es que a la vuelta de la esquina tenemos una recesión y una crisis económica. Por lo tanto, seguir manteniendo este nivel de remuneraciones, no solo del Parlamento, sino también de altas autoridades del Estado, creo que es ofensivo e inadecuado, además de injusto.

En consecuencia, debemos estudiar buenas experiencias. Creo que la mexicana no fue tan buena, porque terminó afectando y ahuyentando a destacados profesionales de la salud. En ese caso, yo miraría lo que está pasando en Uruguay, donde el Presidente, incluso en medio de la crisis provocada por la pandemia, estableció una disminución diferenciada para distintos tipos de autoridades.

Entonces, creo que este es un debate que debemos hacer en serio. Por eso, en la Mesa anterior, junto al Senador De Urresti, pedimos informes completos a la Biblioteca del Congreso Nacional sobre cuarenta países -se hallan a disposición de todos los Senadores-, donde efectivamente se muestra lo que aquí se señala: que estamos por sobre el promedio de la OCDE, aunque hay también realidades distintas por la exclusividad en la función parlamentaria; porque en otros países los parlamentarios no tienen la misma representación territorial, incluso en la Constitución, aunque muchos no la reconozcan y piensen que nuestro trabajo se agota en el plano legislativo, en fin.

Por todo lo anterior, creo que hoy día no podemos seguir manteniendo el actual esquema de remuneraciones, pero -insisto- no solo en el Parlamento. No podemos resolver esto solo con el Parlamento y dañarlo más. La rebaja debe hacerse cargo de las altas remuneraciones del Estado. No puede ser...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Quintana.

El señor QUINTANA.- No puede ser que alguien haga caso omiso de lo que ocurre, por ejemplo, en la gran minería, porque "rentas de mercado", como se han llamado siempre, ya no van a existir después de esta crisis...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Quintana. Ha concluido su tiempo.

A menos que la bancada le otorgue más... Cuentan con tres minutos.

El señor QUINTANA.- Bueno, voto a favor, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- La bancada de Renovación Nacional dispone de seis minutos.

Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.

El señor GALILEA.- Señora Presidenta, naturalmente, tocar el tema de la remuneración de los parlamentarios es incómodo, porque estamos directamente involucrados. Pero eso no obsta a que reflexionemos un minutito sobre qué es una remuneración justa para un parlamentario, sea en Chile o en otro país. Y la verdad es que la respuesta es bien compleja.

Hoy día no hay ninguna duda de que la ciudadanía chilena tiene una visión muy crítica respecto de nuestra labor, y ello se ha reflejado en el cuestionamiento a las remuneraciones que reciben Senadores y Diputados.

No existe igual crítica a la remuneración del Presidente de la República; a las remuneraciones de los Ministros de Estado; a las remuneraciones de los intendentes, ni de los jueces ni de nadie. Todo esto se ha radicado en un cuestionamiento profundo hacia la labor del Parlamento. Y, por lo tanto, más que una crítica a las remuneraciones, yo lo entiendo como una gran crítica a cómo ve la ciudadanía lo que hacemos o dejamos de hacer.

Es el primer punto que quiero plantear en esta reflexión, porque claramente si hubiera una crítica a las remuneraciones del sector público estarían todas en tela de juicio, pero las únicas que lo están son las del Parlamento. Entonces, lo entiendo como un juicio negativo sobre nuestra labor.

En segundo lugar, ¿qué es lo justo para el sector público? El sector público no puede estar sujeto a las reglas de mercado en cuanto a la remuneración. Porque en el sector privado es mucho más fácil: si uno no paga lo suficiente, simplemente no encuentra a nadie. En el sector público hay una mezcla distinta, un sistema laboral distinto que, en definitiva, hace que debamos ser capaces de complementar este costo alternativo de las personas con los requerimientos de un Estado que funcione bien.

En ese sentido, si bien las remuneraciones del sector público no pueden ser necesariamente de mercado, no deben tener un costo alternativo demasiado alto con él, para que haya gente que efectivamente se interese en estar acá. Y, por lo mismo, hay que hacer un estudio relevante.

Si uno mira hoy día al sector público, advierte que es el tercer sector mejor pagado de Chile. Eso es algo que quizás se dice poco.

La mediana del sector público está en 650 mil pesos líquidos; el promedio está en 850 mil pesos líquidos. En consecuencia, lo que gana un Senador o un Diputado es más o menos diez veces esa mediana del sector público.

Si tomamos el promedio del sector privado asalariado, nos daremos cuenta de que, en verdad, anda parecido al sector público: llega a 670 mil pesos, aproximadamente.

La gran diferencia se produce respecto del sector independiente, que es muy informal, y respecto de las asesoras del hogar, que también tienen remuneraciones bajísimas en comparación con el promedio nacional.

Entonces, acá vamos a tener que encontrar una manera sensata de ajustar la expectativa ciudadana, pero sin salirnos de lo que es la realidad del sector público de nuestro país. Desajustar completamente esto y pensar que un Senador o un Diputado terminará ganando lo mismo que un seremi o un jefe de servicio no parece muy razonable.

Por lo tanto, aquí hay que hacer un estudio global, general, que mire todo el sector público, que mire el costo alternativo, para que no sea privilegio de ricos y un obstáculo entrar a la Administración Pública.

En fin, no es una tarea fácil.

Creo que el Servicio Civil debiera tener un rol preponderante. Pienso que el proyecto de ley está muy equivocado al involucrar al Banco Central en esta materia, pero, al igual que como ya lo han dicho otros parlamentarios, me parece que este es el momento de abordar, de legislar sobre el punto, pero sin populismo, sin creer que aquí hay recetas fáciles, sin creer que vamos a resolver todo el tema del prestigio o desprestigio del Parlamento a través de las remuneraciones de los mismos congresistas.

Voy a votar a favor la idea de legislar.

Y termino señalando que el minuto que le queda a la bancada de Renovación Nacional se lo otorgamos a la Unión Demócrata Independiente, específicamente al Senador Iván Moreira.

He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Moreira, tiene la palabra hasta por un minuto.

El señor MOREIRA.- Gracias, señora Presidenta.

Solamente quiero decir, en sesenta segundos, lo siguiente, porque ya todos han hablado y expresado sus opiniones.

Hoy día este Senado ha dado una respuesta definitiva. Le hemos dado una respuesta definitiva a la ciudadanía en cuanto a una rebaja razonable de la dieta de los parlamentarios. Y yo llamo a no dilatar la iniciativa, a no quedarnos solamente en la votación general, sino a tener una respuesta concreta y definitiva y que no sea una excusa el hecho de que la estamos aprobando en general.

Termino enviando un recadito, a través del Ministro Ward, que ya hice por la prensa: ya es tiempo de que el Gobierno mande las indicaciones a este proyecto.

Voto que sí.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, por la bancada Independientes, hasta por cinco minutos, el Senador Alejandro Guillier.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, quiero destacar, por cierto, que la bancada Independientes apoya esta señal, por varias razones.

Primero, porque es una señal de austeridad en un momento en que el país está sufriendo los impactos de una crisis económica que también es una crisis sanitaria y también una crisis política. Por lo tanto, hay que dar señales a la ciudadanía en el sentido de que todos vamos a hacer un esfuerzo para salir adelante.

En segundo lugar, porque efectivamente hay estudios que demuestran que las dietas parlamentarias en Chile son más altas que el promedio de la región. Sería bueno hacer un ajuste en esta materia para estar más en línea.

Tercero, creo que es una condición para aquello, sin embargo, que no sea el Congreso Nacional, bajo ninguna circunstancia, el que fije el monto de las dietas, porque hoy podría acordar bajarlas, pero, si se atribuye esta facultad, nada garantiza que a futuro no votará para subirlas, lo cual, por cierto, no resulta aceptable.

Acá tiene que haber un órgano técnico que tenga la capacidad de hacer un estudio comparado objetivo y que pueda ponderar la importancia y la contribución que los congresos hacen a la estabilidad y a los procesos políticos respectivos. Por tanto, el sueldo debe fijarlo una agencia externa al Congreso Nacional.

Quiero recordar que, desde que volvimos a la democracia, el Congreso no se fija las dietas ni los salarios. Eso se hace por ley y afecta a varios cargos que están, más o menos, en la misma jerarquía. Por esa razón, los Ministros de Estado y los Subsecretarios, por ejemplo, tienen remuneraciones similares. Por lo mismo, me parece que el estudio tiene que hacerlo una agencia externa.

Nosotros vamos a apoyar esta rebaja, porque pensamos que la dieta está más alta que lo que corresponde, pero lo mismo pasa con otros cargos de la administración política, muchos de los cuales son cargos electos y otros designados.

También considero oportuno revisar ciertas asesorías y cargos que se crean para, a veces, favorecer a los actores políticos que apoyan la labor de los gobiernos, como es el caso de asesores que terminan ganando cifras que no solo no se conocen, sino que, bajo el pretexto de que son sueldos reservados, desbordan muchas veces lo que gana el propio Presidente de la República. Y el sueldo del Presidente es el que debe marcar el salario más alto en cualquier país democrático.

Así que vamos a apoyar este principio de rebaja, así como que se estudie una dieta objetiva, comparable a la de otros países, pero sin que sea el Congreso el que lo haga, porque no me parece que sea lo que corresponde.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador De Urresti, hasta por un minuto y medio, que es el tiempo sobrante de la bancada del Partido Socialista.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, creo que este es un tiempo de solidaridad, un tiempo para, precisamente, hacer una contribución clara y efectiva.

Este proyecto lo vamos a discutir en extenso y en particular en la Comisión. Pero, como digo, este es el tiempo para dar señales, de tener una mirada integral, pues existe una asimetría entre los altos cargos y las remuneraciones más bajas.

Es tiempo de solidaridad, no solo por lo que está viviendo el país, sino especialmente considerando lo que viene. Y ahí es donde tenemos que poner el acento; discutir el proyecto seriamente, involucrando a organismos técnicos que fijen el marco en el cual nos movamos.

Reitero: en estos tiempos de solidaridad, todos tenemos que hacer una contribución, particularmente desde el Senado.

Voto a favor, a la espera de las indicaciones, especialmente del Ejecutivo, para tener ese marco, para tener un sistema a través del cual se revisen las altas remuneraciones, las nuestras en primer lugar, como corresponde.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Felipe Kast, hasta por cinco minutos.

El señor KAST.- Señora Presidenta, más allá de valorar que el Senado esté aprobando hoy día este proyecto, que claramente es una demanda ciudadana en el sentido de actualizar las rentas del Congreso y las altas rentas del Estado, y más importante que realizar este ajuste, toda vez que Chile hoy día tiene dietas parlamentarias superiores a las del resto de los países, ojalá todos entendamos que, para que esto realmente funcione, necesitamos ir más lejos en la modernización del Estado.

Por lo tanto, no solamente se trata de bajar y de ajustar la dieta parlamentaria a los valores que corresponden en el concierto internacional, en especial de los países de la OCDE, sino también de atrevernos, ojalá, a fortalecer el Estado en su capacidad de gestionar de buena manera los distintos servicios públicos.

Acá el desafío es que lo deseable sería que ciertas instituciones del Estado tuvieran la misma autonomía y el mismo profesionalismo que tiene, por ejemplo, el Banco Central. No es aceptable que en áreas sociales estemos llenos de operadores políticos y que haya utilización política a través de los distintos partidos. Eso ocurre en todos los gobiernos.

Por eso, creo que una rebaja de la dieta parlamentaria debe considerar, en una mirada larga, la necesidad de modernizar el Estado para que incluso en algunos servicios públicos pueda haber rentas altas, pero recibidas por personas que no han llegado ahí por favores políticos.

Distinta es la vocación de los parlamentarios, que obviamente deben recibir sueldos más bajos, acordes con la realidad y que tengan empatía. Pero no es posible caer en la trampa de no entender la importancia de que, además de esto, resulta indispensable modernizar el Estado.

Y aprovecho esta conversación que estamos teniendo para que también revisemos el tema de los viáticos. Sabemos que hoy día existen viáticos parlamentarios -para los Senadores que viajan al extranjero- completamente inadecuados. Con el nivel de renta que recibimos resultan completamente inadecuados. Junto con varios Senadores ingresamos un proyecto de ley, en diciembre del año antepasado, que está durmiendo en la Comisión de Hacienda.

Para algunos a lo mejor no tienen mucho sentido, pero a la ciudadanía le generan una indignación tremenda, porque no tiene sentido que algunos Senadores o Diputados reciban extrarrentas, de hasta siete millones de pesos al año, porque estuvieron viajando. Creo que eso no corresponde y no ayuda a nadie.

Por eso, valoro el hecho de que el Senado se ponga a trabajar hoy día en serio en esto. Ojalá que hagamos una ley seria y no populista, no simplemente un saludo a la galería, y nos pongamos al día en todas estas materias. Pero insisto: ello debe ir de la mano con una agenda de modernización del Estado seria, sin tener el complejo de pagar altos sueldos en reparticiones técnicas para que efectivamente la función pública no tenga nada que envidiarle a la función privada. Eso no es incompatible con dietas más bajas para los parlamentarios. A lo que tenemos que aspirar es a que ojalá trabajar en el mundo privado no sea un privilegio mayor que trabajar en el mundo público para los que ingresan por vías técnicas.

Tenemos que aspirar a que la educación pública sea igual o mejor que la educación privada. Tenemos que aspirar a que la salud pública sea igual o mejor que la salud privada. Y para eso hay que reformar nuestras instituciones públicas, a fin de que efectivamente exhiban meritocracia, calidad, procesos de evaluación continua.

Es inaceptable que en los últimos quince años los directores del Sename hayan durado un año y medio en sus puestos. Es una inmoralidad que el Sename haya sido utilizado como botín de campaña por los partidos políticos durante los anteriores gobiernos. Y eso lo decían los mismos funcionarios.

Entonces, ojo: si realmente queremos prestigiar al Estado y hacer que lo público no sea sinónimo de algo precario, de algo mediocre, tenemos que ir mucho más lejos y modernizar el Estado en su conjunto.

Voto a favor, esperando que en futuras legislaciones podamos revisar el tema de los viáticos y también el de la reelección de las autoridades, que igualmente se encuentra pendiente.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Navarro, hasta por los dos minutos que le restan a la bancada independiente.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, voto a favor de este proyecto de ley, que creo que plantea una discusión necesaria, y rechazo de manera categórica la imprudente y ofensiva crítica del Presidente Piñera a este Congreso, en medio de la crisis pandémica que vive el país.

Presidente, tiene que tratarnos bien para que le colaboremos. No puede utilizar la televisión, que está a toda su disposición mediante cadenas nacionales y a través de todos los canales, el tiempo que usted quiera, para criticar al Parlamento en medio de un discurso de colaboración y apoyo.

Usted es incongruente. Usted es confuso. Usted se distrae de su tarea principal.

Si quiere discutir la dieta, envíe las indicaciones que le ha pedido el Parlamento, pero no nos critique públicamente, porque en nada contribuye su crítica pública usando además una posición dominante, la misma posición dominante que ha usado en múltiples negocios especulativos durante toda su vida.

Yo le replico, Presidente: dele usted patrocinio al proyecto de ley que prohíbe que una autoridad de elección popular tenga dineros en paraísos fiscales como usted los tiene, ¡como usted los tiene!

Si de eso se trata, señora Presidenta, le aviso que no voy a dar mi asentimiento para que ingrese ningún asesor, ningún Subsecretario, nadie, con excepción de los Ministros.

Este Congreso merece respeto, este Senado merece respeto. Y el Presidente Piñera les ha faltado el respeto, una y otra vez.

Además, quiero señalar que, en medio del proceso constituyente, los incumbentes, nosotros, decidimos fijarnos cuánto ganamos y cuánto vamos a durar. ¡Pero si va a haber un proceso constituyente! Yo quiero un Congreso unicameral. ¡No quiero más Senado! Quiero que haya un Congreso unicameral. Y resulta que un año antes, o menos, el Congreso debate cuánto gana y cuánto dura.

Considero absolutamente inoportuno ese debate.

El Presidente podría mandar un proyecto de ley...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminó su tiempo, Senador Navarro.

Ofrezco la palabra al Senador Felipe Harboe, hasta por tres minutos.

El señor HARBOE.- Gracias, señora Presidenta.

Me alegro de que finalmente estemos discutiendo este proyecto. Creo que es importante. Me parece que llegamos atrasados a la discusión, pero no por eso hay que dejarla de lado.

No estoy de acuerdo con quienes dicen que, como se va a cambiar la Constitución, mejor no discutamos esto ahora. Yo creo que hay que discutirlo igual, en este momento, porque, si no, suena más bien a excusa.

Sí considero importante mirar esta situación con cierta perspectiva más global. En nuestro país necesitamos una profunda reforma del Estado, que involucre una política de recursos humanos y remuneraciones coherente.

Evidentemente -yo estoy de acuerdo con este proyecto y así lo voté en la Comisión de Constitución-, vamos a disminuir el monto de las dietas parlamentarias y queremos disminuir también las remuneraciones de las autoridades políticas, pero hay que ser muy cuidadosos porque, a partir de aquello, por disposiciones legales vigentes, como advirtieron ciertos profesores, podemos afectar a funcionarios de carrera.

Por eso, considero importante hacer una distinción. Porque una cosa son aquellos funcionarios o funcionarias de exclusiva confianza del Presidente de la República, de Ministros de Estado o de Subsecretarios, y otra cosa distinta son los funcionarios de carrera.

Si aplicáramos este proyecto tal como está hoy día, sería una irresponsabilidad, pues -fíjense ustedes- podría afectar a más de 100 mil funcionarios, incluidos funcionarios o funcionarias de la salud, fiscales, funcionarios de la Defensoría Pública. O sea, aquí se requiere hacer las cosas bien. Y por eso valoro que el Senado apruebe en general el proyecto, porque esto le va a dar al Gobierno -al que invitamos durante seis sesiones y finalmente solo llegó a la última, pero llegó- la posibilidad de presentar indicaciones, dado que el texto involucra cambios importantes en materia de financiamiento.

Y tenemos que ser capaces de distinguir, por ejemplo, qué va a ocurrir con el Poder Judicial.

Oiga, ¡por favor!, si usted le cambia la remuneración al Máximo Tribunal, va a generar toda una afectación hacia abajo, en cadena. Y eso puede afectar la carrera funcionaria.

¿Qué va a pasar con el Ministerio Público?

En consecuencia, hay que ser muy cuidadosos.

Probablemente a riesgo de ser impopular, mi mensaje al Ejecutivo es más bien que presente prontamente una indicación para que objetivemos la situación y tengamos una instancia técnica que tome esta decisión y diga: "Mire, la remuneración y la dieta adecuada es esta".

Aquí, señora Presidenta, se ha dicho que nadie puede ganar más que el Presidente de la República y me parece bien; pero, cuidado, porque cuando uno empieza a revisar los contratos a honorarios de instituciones como la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y otras, se encuentra con altas remuneraciones, que también debieran quedar reguladas por este articulado, pues, de lo contrario, estaríamos generando una diferencia completamente inadecuada y, además, discriminatoria.

En consecuencia, me alegro de que se apruebe este proyecto, pero -insisto-, creo que es necesario llevar a cabo una reforma estructural que involucre las diferentes...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Harboe.

Tiene la palabra el Ministro señor Felipe Ward.

El señor WARD (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Muchas gracias, señora Presidenta y estimados Senadores.

El señor MOREIRA.- Señor Ministro...

El señor WARD (Ministro Secretario General de la Presidencia).- ¿Perdón?

El señor MOREIRA.- ¿Le va a dar mi recado al Presidente?

El señor WARD (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Sí, encantado.

Y encantado también de participar en este debate. Creo que es muy oportuno que pongamos en discusión esta iniciativa en la Sala.

Agradezco a los distintos parlamentarios y a los miembros de la Comisión de Constitución. Nosotros, señora Presidenta, estuvimos, como Gobierno, hace un mes, un mes y medio, en la Comisión dando a conocer la opinión del Gobierno en esta materia. Y, en tal sentido, nos parece importante entregarla también aquí, en el Hemiciclo, para poder participar activamente de un debate que surge en virtud de una moción parlamentaria que llega a vuestras manos después de una discusión en la Cámara de Diputados; un proyecto que podremos debatir, pero que es el texto base sobre el cual trabajan las Comisiones técnicas y que finalmente llega a la Sala.

Este proyecto ha sido calificado con urgencia en al menos siete oportunidades por parte del Ejecutivo. Obviamente, a raíz de lo ocurrido desde octubre del año pasado, las prioridades han cambiado y nos hemos hecho cargo, como Congreso.

Quiero agradecer, nuevamente, la disposición permanente que ha tenido el Senado -tanto la anterior Mesa como la actual-, lo mismo que la Cámara de Diputados, porque nos han permitido convenir semanalmente tablas que han integrado mociones parlamentarias y mensajes del Ejecutivo, lo cual es algo que hay que reconocer.

Sin embargo, concuerdo con el Senador Harboe en el sentido de que este es un buen momento para realizar esta discusión. Creo que si bien uno debe comprender que la ciudadanía está atenta a otros debates que también se están produciendo en el Senado y en la Cámara, este es un tema que lleva un buen tiempo en el Congreso y merece una respuesta desde el punto de vista parlamentario.

Nosotros, señora Presidenta, cuando fuimos invitados a la Comisión de Constitución hace algunas semanas, planteamos lo siguiente.

Primero, estamos de acuerdo con la reducción de la dieta, que es el principio básico contenido en la moción parlamentaria, el cual, entiendo, es compartido unánimemente por las señoras y los señores Senadores. Y, en segundo lugar, coincidimos en que en esta materia se debe actuar en base a criterios técnicos. Hay una serie de opiniones que se han vertido en el debate parlamentario, tanto en la Cámara como en el Senado, a través de las cuales se han planteado diferentes fórmulas.

Nosotros, como Ejecutivo, estamos convencidos de que aquí deben imperar criterios técnicos, y que sea un órgano distinto, por supuesto que no dependa del Parlamento, ya existente o no, el que tome esta determinación, para que rija durante un período determinado de tiempo, en virtud -reitero- de criterios técnicos.

Esta es la opinión que tiene el Gobierno en esta materia.

Nosotros señalamos también, a propósito de la invitación que recibimos de la Comisión, que nos parece que el momento procesal adecuado para emitir formalmente una opinión es cuando se abra el plazo para indicaciones, que entiendo ocurrirá con posterioridad a esta votación en general.

Estamos total y plenamente disponibles, Presidenta, y vamos a concurrir a la citación para entregar la indicación que está preparando hace un buen tiempo el Ejecutivo para pronunciarse respecto de esta materia, que, como le señalaba anteriormente y usted lo sabe muy bien, surge a raíz de una iniciativa a la que el Gobierno le ha dado urgencia, pero que finalmente se origina en una moción parlamentaria.

El Gobierno desea expresarse; emitir una opinión en la línea de lo señalado.

Estamos de acuerdo con la reducción, pero queremos que esto ocurra en virtud de criterios técnicos, por un órgano distinto e independiente del Honorable Congreso Nacional.

Y, además, entregaremos esta información en particular, tal como se señaló en la Comisión de Constitución, cuando se abra el plazo para formular indicaciones, si somos citados o invitados.

Muchas gracias.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Vamos a proceder a consultar por la votación a los Senadores que se encuentran participando en la sesión de forma telemática, a fin de que emitan su voto nominativamente conforme al orden alfabético.

La Senadora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.- A favor.

Espero que haya una Comisión técnica que realmente se dedique a revisar esto rigurosa e integralmente, porque existen muchas desigualdades injustificadas.

Y espero realmente...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Es sin fundamento de voto, Senadora.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora Aravena, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- No está aún conectada.

Pasemos al siguiente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador Pedro Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahora sí, la Senadora Carmen Gloria Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador Juan Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.- Presentaremos indicaciones al proyecto.

Me parece muy interesante.

Y vamos a votar a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.- A favor.

Y espero que se consideren los tres poderes del Estado, y fundamentalmente las empresas estatales.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador Francisco Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador José Miguel Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora Ximena Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador Carlos Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.- Apruebo la idea de legislar.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (42 votos a favor), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido.

Votaronpor la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador Francisco Chahuán.

Respecto al plazo de indicaciones, se ha propuesto el día 20 de abril.

¿Habría acuerdo con esa fecha?

El señor BIANCHI.- Sí.

El señor PIZARRO.- Demos más plazo.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ministro Ward, es una propuesta que ha llegado a la Mesa, entiendo, desde la Comisión y del Gobierno.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor WARD (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Conversé con el Senador Harboe, Presidenta, y en principio el plazo que se estaba proponiendo era el 20 de abril, pero obviamente dependería de la resolución de la Honorable Sala.

A nosotros nos parece bien esa fecha.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para fijar el 20 de abril como plazo para presentar indicaciones al proyecto?

Acordado.