FORTALECIMIENTO DE RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE USUARIO Y EMISOR EN CASO DE USO FRAUDULENTO DE MEDIOS DE PAGO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor QUINTANA (Presidente).- Pasamos a considerar el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la ley N° 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago.

--Los antecedentes sobre el proyecto (11.078-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del Senador señor Ossandón y de los entonces Senadores señora Lily Pérez y señor Tuma):

En primer trámite: sesión 79ª, en 10 de enero de 2017 (se da cuenta).

En tercer trámite: sesión 9ª, en 10 de abril de 2019.

Informes de Comisión:

Economía: sesión 40ª, en 22 de agosto de 2017.

Economía (segundo): sesión 77ª, en 3 de enero de 2018.

Economía: sesión 27ª, en 18 de junio de 2019.

Mixta: sesión 96ª, en 15 de enero de 2020.

Discusión:

Sesiones 48ª, en 20 de septiembre de 2017 (se aprueba en general); 79ª, en 10 de enero de 2018 (se aprueba en particular); 30ª, en 3 de julio de 2019 (se rechazan las enmiendas de la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta).

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte del Senado, en tercer trámite constitucional, de las siguientes enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite: los incisos tercero y cuarto del nuevo texto propuesto para el artículo 2° contenido en el numeral 3); el nuevo texto propuesto para el artículo 4° contenido en el numeral 3); el nuevo texto propuesto para el artículo 5° contenido en el numeral 5), y la letra f) del nuevo texto propuesto para el artículo 7° contenido en el numeral 8), todos del artículo 1 de la iniciativa.

La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, y con las votaciones que se consignan en su informe, propone lo siguiente:

Sustituir el numeral 2) del artículo 1 por el que indica.

Que el numeral 3) pase a formar parte del numeral 2) del artículo 1, con las siguientes modificaciones:

-Considerar como inciso tercero del artículo 2 el que señala.

-Eliminar el inciso cuarto del artículo 2.

-Considerar como artículo 4 el aprobado por la Cámara de Diputados, con la redacción que señala.

Que el numeral 4) pase a formar parte del numeral 2) del artículo 1, sin modificaciones.

Que el numeral 5) pase a formar parte del numeral 2) del artículo 1, con la siguiente modificación:

-Considerar como artículo 5, el aprobado por la Cámara de Diputados, con el texto que indica.

Que los numerales 6) y 7) pasen a formar parte del numeral 2) del artículo 1, sin modificaciones.

Que el numeral 8) pase a formar parte del numeral 2) del artículo 1, con las siguientes modificaciones:

-Aprobar la letra f) del nuevo texto propuesto para el artículo 7 por la Cámara de Diputados, con la redacción que señala.

-Incorporar una letra h), nueva, en el texto propuesto para el artículo 7.

Que los numerales 9) y 10) pasen a formar parte del numeral 2) del artículo 1, sin modificaciones.

Introducir bajo el epígrafe "Disposiciones finales", los artículos 10 y 11, nuevos, que señala.

Cabe tener presente que el artículo 5 contenido en el numeral 2) del artículo 1 del proyecto de ley reviste el carácter de norma orgánica constitucional, y requiere, por tanto, 25 votos favorables para su aprobación.

La proposición de la Comisión Mixta se consigna a partir de la página 69 de su informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- En discusión el informe de Comisión Mixta.

Tiene la palabra el Senador Durana, Presidente de la Comisión de Economía.

El señor DURANA.- Señor Presidente, me corresponde informar como Presidente de la Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, la cual tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, iniciado en moción del Senador señor Ossandón, y de los ex Senadores señora Pérez San Martín y señor Tuma.

El principal objetivo de la iniciativa es introducir diversas modificaciones a la ley N° 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de créditos por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, con la finalidad, entre otras, de ampliar este régimen de limitación de responsabilidad a los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas y de imponer mayores exigencias a los emisores.

La Comisión Mixta propone aprobar lo siguiente:

En relación con el artículo segundo del proyecto, según el cual los titulares o usuarios de medios de pago, así como los titulares de otras cuentas o sistemas similares que permiten efectuar transacciones electrónicas, en adelante referidos en forma conjunta como "los usuarios", estos podrán limitar su responsabilidad, en los términos establecidos por esta iniciativa de ley, en caso de hurto, robo, extravío o fraude, dando aviso oportuno al emisor.

La Comisión Mixta acordó, asimismo, que el emisor deberá enviar al usuario, de la manera más expedita posible, y a través del medio que el usuario hubiera acordado o registrado con el respectivo emisor, una comunicación que incluya el número o código de recepción o identificación del seguimiento y la fecha y hora del aviso. En todo caso, la falta de dicha comunicación no afectará la validez del aviso efectuado por el usuario.

Con relación al artículo 4°, relativo a las operaciones anteriores al aviso que haga el usuario al emisor para limitar su responsabilidad, en los términos establecidos por esta ley en proyecto, en caso de hurto, robo, extravío o fraude, la Comisión Mixta acogió la norma aprobada por la Cámara de Diputados con el siguiente texto:

"En el caso de operaciones anteriores al aviso el usuario deberá reclamar al emisor de aquellas operaciones respecto de las cuales desconoce haber otorgado su autorización o consentimiento, en el plazo de treinta días hábiles siguientes al aviso.

"El reclamo podrá incluir operaciones realizadas en los 120 días corridos anteriores a la fecha del aviso efectuado por el usuario".

"En relación con las operaciones no autorizadas incluidas en el reclamo, se considerará especialmente la circunstancia de que el emisor haya enviado una alerta de fraude al usuario, identificando las operaciones sospechosas, y que exista constancia de su recepción por parte del usuario, conforme al contrato de prestación de servicios financieros correspondiente".

"Tan pronto el usuario tome conocimiento de la existencia de operaciones no autorizadas, deberá dar aviso. En los casos en que el usuario desconozca haber autorizado una operación, corresponderá al emisor probar que dicha operación fue autorizada por el usuario y que se encuentra registrada a su nombre.".

Esta es una norma fundamental, el corazón de esta iniciativa, porque cambia la carga de la prueba, toda vez que hace que ella esté en el emisor (banco) y no en la persona (usuario).

Además: "El solo registro de las operaciones no bastará, necesariamente, para demostrar que esta fue autorizada por el usuario, ni que el usuario actuó con culpa o descuido que le sean imputables, sin perjuicio de la acción contra el autor del delito".

En relación con el artículo 5°, sobre la obligación del emisor de proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas en virtud del artículo 4, la Comisión Mixta acordó la norma aprobada por la Cámara de Diputados, del siguiente modo:

"El emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas dentro de cinco días hábiles contados desde la fecha del reclamo, cuando el monto total reclamado sea igual o inferior a 35 UF.

"Si el monto reclamado fuere superior, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos por un valor de 35 UF en cinco días hábiles. Respecto del monto restante, el emisor tendrá siete días adicionales para cancelarlos, restituirlos al usuario o ejercer las acciones respectivas.

"Si en cinco días hábiles, el emisor recopila antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave por parte del usuario (autofraude), podrá ejercer ante el juez de policía local todas las acciones que emanan de esta ley, siendo competente aquel que corresponda a la comuna del domicilio del usuario.".

La Comisión estimó conveniente radicar estas materias en los juzgados de policía local para que sea el mismo tribunal que hoy atiende las acciones propias de los derechos de los consumidores el que se encargue de resolver estas controversias, entre otras consideraciones. También acordó que el procedimiento para ejercer estas acciones sea el establecido en el párrafo 1 del título IV de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.

En cumplimiento de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política y en el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la norma fue puesta en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema a través del oficio E/1405-2020, de 8 de enero de este año.

Por otra parte, "Si el juez declara por sentencia firme o ejecutoriada que no existen antecedentes suficientes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave del usuario, el emisor quedará obligado a restituir al usuario el saldo retenido, debidamente reajustado aplicando para ello la tasa de interés máxima convencional calculada desde la fecha del aviso y al pago de las costas personales o judiciales.".

En relación con las diferencias entre ambas Cámaras con respecto al artículo 7 propuesto por la Cámara de Diputados, que consagra los tipos penales que constituyen delitos de uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones electrónicas, la Comisión acordó agregar las siguientes dos conductas:

"f) Usar maliciosamente una tarjeta de pago o clave y demás credenciales de seguridad o autenticación, bloqueadas, en cualquiera de las formas señaladas en las letras precedentes.

"h) Obtener maliciosamente, para sí o para un tercero, el pago total o parcial indebido, sea simulando la existencia de operaciones no autorizadas, provocándolo intencionalmente, o presentándolo ante el emisor como ocurrido por causas o en circunstancias distintas a las verdaderas.".

Es del caso hacer presente que los ilícitos que consagra esta ley serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa correspondiente al triple del monto defraudado.

Finalmente, la Comisión Mixta, recogiendo propuestas de sus integrantes, acordó proponer la aprobación de las siguientes disposiciones finales del proyecto.

La primera dispone que los emisores deberán bloquear todos aquellos medios de pago que se encuentren inactivos por más de 12 meses consecutivos (artículo 10).

Esta norma surgió de una propuesta formulada por el Senador Harboe. Desde su presentación contó con un amplio respaldo de parte de todos los integrantes de la Comisión Mixta.

La segunda disposición establece que las entidades emisoras deberán informar semestralmente en sus respectivos sitios electrónicos acerca del número de usuarios afectados por casos cubiertos por el presente cuerpo legal, señalando los montos involucrados y los plazos en que hayan dado respuesta o cumplimiento a sus obligaciones. También deberán enviar la información de manera desagregada a la Comisión para el Mercado Financiero.

Esta disposición surgió de una propuesta de la Diputada señora Pérez y de la Senadora señora Rincón. La incorporación de esta norma obedece a la conveniencia para el sistema, y también para los consumidores, de que los emisores transparenten su comportamiento y respuesta a los reclamos que reciban de sus clientes por casos propios de esta ley.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

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El señor QUINTANA (Presidente).- Han llegado a la Mesa los nombres que estaban pendientes para la integración de la Comisión Mixta.

Le voy a ofrecer la palabra al señor Secretario para que proceda a dar lectura a los nombres de los Senadores que enviaron las bancadas, a fin de que se constituyan cuando lo estimen conveniente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Presidente, para efectos de la integración de la Comisión Mixta que deberá resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras con motivo del estudio del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental, particularmente para permitir la conformación de pactos electorales independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración de dicho órgano, los Comités han propuesto los siguientes nombres:

Por parte del Partido Socialista, la Senadora señora Isabel Allende; por el Partido Por la Democracia, la Senadora señora Adriana Muñoz; por la Democracia Cristiana, la Senadora señora Yasna Provoste; por el Partido Unión Demócrata Independiente, la Senadora señora Ena von Baer, y por el Partido Renovación Nacional, el Senador señor Rodrigo Galilea.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.

Esa sería, entonces, la nómina de los representantes del Senado en la referida Comisión Mixta.

¡No alcanzó a ser paritaria...!

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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, este es uno de los proyectos, probablemente, de mayor impacto cotidiano en las transacciones que se realizan en el ámbito del consumo en Chile.

Pensemos solamente en que hoy día existen cerca de 22,3 millones de tarjetas de débito y 17,8 millones de tarjetas de crédito que están dando vueltas y se hallan operativas en el mercado.

Solo con tarjetas de débito, se han realizado en los últimos cinco años más de 157 millones de transacciones. Esa es la magnitud del movimiento operacional que tiene hoy día el uso de tales tarjetas.

Por lo tanto, la regulación de esta industria y de esta forma de intercambio es fundamental: uno, para el desarrollo de la economía digital, que es esencial; dos, para la seguridad de las transacciones, que es clave, y, tres, para la seguridad tanto del emisor como de los consumidores.

Evidentemente, lo que se planteó en su oportunidad fue un proyecto de ley que buscara establecer una especie de cobertura legal para las personas que hayan sido defraudadas a través del uso de la tarjeta de crédito o de débito previamente hurtada o robada.

Al respecto, se propuso una regulación que dispone un conjunto de mecanismos de protección para las personas a quienes se les pierdan, les hurten o les roben sus tarjetas de crédito o de débito.

Sin embargo, no parecía lógico establecer que la carga de la prueba para acreditar que no se había hecho un uso malicioso de las mismas recayera en el consumidor.

Entonces, lo primero que hace esta iniciativa es cambiar la carga de la prueba. En efecto, a partir de esta futura ley, el que debe probar el mal uso de dicho instrumento bancario es el emisor.

¿Y por qué se invierte la carga de la prueba? Porque resulta de toda lógica, como dice nuestra legislación, que quien alega una obligación tenga el deber de probarla. En este caso, quien alega un mal uso o uso malicioso de una tarjeta de crédito o de débito es el ente emisor, razón por la cual corresponde a él aportar las pruebas.

En segundo lugar, el proyecto contempla normas en materia de procedimientos.

Frente a una situación de abuso o de uso malicioso de una tarjeta por pérdida o hurto, se establecen, habiéndose dado cuenta del hecho al ente emisor con anterioridad, sin que este haya tomado los debidos resguardos, ciertos grados de responsabilidad.

¿Quién responde en ese caso?

Hasta ahora, con la legislación vigente, el cliente tenía que probar que no había sido negligente ni hecho uso malicioso de las tarjetas. Obviamente, ante grandes corporaciones, ante la industria, era muy difícil probar aquello. Por eso se invirtió la carga de la prueba y ahora ello corresponde al emisor del instrumento bancario.

Adicionalmente, el proyecto consagra que, si un tenedor de tarjeta ha sido víctima de una defraudación menor a 35 unidades de fomento y ha dado el aviso correspondiente, la entidad emisora tiene la obligación de restituir esos fondos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha del reclamo. En segundo lugar, si ese monto supera las 35 unidades de fomento, se establece la misma obligación con un plazo mayor, siete días más, es decir, hasta doce días hábiles desde la fecha del reclamo.

Eso tiene por objeto evitar un conjunto de perjuicios que se le pueden provocar al usuario. Por ejemplo, si se tratara de un empleador que usa una tarjeta de débito para pagar los sueldos de su pequeña empresa y la banca le devolviera esos fondos en treinta, sesenta o noventa días, ¿cómo paga las remuneraciones? Va a tener que endeudarse. ¿Quién paga esos créditos? ¿Quién paga esos intereses?

Entonces, se ha establecido una regulación a ese respecto.

Evidentemente, si el emisor bancario, frente a la denuncia de un cliente del hurto o robo de su tarjeta o del uso malicioso de esta sin su consentimiento, tiene dudas y cree que el cliente actuó con dolo o con culpa grave, deberá probarlo. ¡Deberá probarlo!

¿Pero cómo se hace eso procedimentalmente? Dentro del plazo de los cinco o doce días, respectivamente, el emisor tendrá que interponer una denuncia ante el juzgado de policía local correspondiente al domicilio del cliente y ahí decir: "Mire, usted actuó con dolo o culpa grave". ¡Y tendrá que probar ese dolo o culpa grave!

Y será, entonces, el juzgado de policía local el encargado de determinar esa responsabilidad, no una entidad administrativa como ocurre hoy día. La Superintendencia de Bancos, como todos sabemos, no siempre cumplió el rol que se esperaba, dado que sus funcionarios planteaban que su función en el mercado financiero era otro.

En consecuencia, el juzgado de policía local del domicilio del cliente deberá resolver si hubo dolo o culpa grave y, por tanto, quién debe responder por esa defraudación, lo cual es un avance muy importante.

Si la sentencia a firme y ejecutoriada del juzgado de policía local establece que no existe responsabilidad de dolo o culpa grave del cliente, inmediatamente el ente emisor debe proceder a pagar el saldo que ha sido retenido o insoluto de pago, reajustado como corresponde con intereses, costas personales y procesales.La iniciativa establece ese mecanismo.

Asimismo, el proyecto prohíbe la oferta de seguros a los clientes por montos que ya están asegurados por ley.

Muchas veces se contratan seguros antifraude, pero ¿qué se está contratando? Cuando una persona firma un contrato de depósito con un banco -voy a poner ese ejemplo-, la obligación del depositante es pagar la cuota que el depositario le exige, y la correlativa obligación del depositario es cuidar adecuadamente esos fondos. Si el depositario, por falta de inversión en ciberseguridad, incurre en una negligencia inexcusable y se produce una defraudación de esos dineros, ¿por qué ha de endosarle al cliente, al depositante, ese riesgo ofreciéndole un contrato de seguro u obligándolo a tomarlo? O sea, el cliente estaría contratando un seguro por un riesgo que no es asumido por aquel que tiene la obligación de hacerlo. Ahí existe un incentivo perverso.

Por eso esta iniciativa de ley invierte la carga de la prueba. Le estamos diciendo al ente emisor: "Mire, queremos que usted sea responsable, haga las inversiones en ciberseguridad y garantice la seguridad en las transacciones. El cliente tendrá que responder cuando ha actuado con dolo o culpa grave. Pero, si no lo ha hecho, usted tendrá que responder".

En ese sentido se establece un incentivo positivo para propiciar mejores inversiones en materia de ciberseguridad.

Señor Presidente, reitero lo que dije al principio: cuando en nuestro país hay 22,3 millones de tarjetas de débito y 17,8 millones de tarjetas de crédito, la regulación es fundamental.

Necesitamos motivar el desarrollo de la economía digital y, a su vez, salvaguardar los derechos de los consumidores. Esta iniciativa establece normas para dar protección a los derechos de los consumidores.

Algunos propusimos -se lo pedimos al Gobierno, y habría sido bueno que alguno de sus representantes hubiera estado sentado acá- la creación de un registro, porque también tenemos que evitar que alguien pretenda hacer un negocio con esto. Puede ocurrir el día de mañana que una persona diga recurrentemente que le han defraudado su tarjeta. Si hubiera un registro en esta materia, habría un incentivo positivo para no ser un infractor. El Gobierno no quiso acceder a ello, lamentablemente. Creo que eso le habría dado más certeza a la industria, al sistema, para evitar la acción de los abusadores que siempre pueden existir en este ámbito.

Señor Presidente, pienso que este proyecto es una buena solución, en comparación al texto inicial, que estaba bien inspirado pero que no necesariamente lograba el objetivo final.

Espero que tengamos una regulación adecuada, que proteja los derechos de los consumidores, que fomente la economía digital y que nunca más establezca que la carga de la prueba corresponde al cliente, ya que enfrentar a una gran corporación es extremadamente difícil.

A partir de esta nueva legislación, será justamente el cliente quien tendrá por delante el derecho a que la contraparte -en este caso, los emisores- prueben las obligaciones que alegan.

Señor Presidente, este es un buen proyecto, de aplicación práctica, que va en directo beneficio de los consumidores y usuarios de tarjetas de crédito y de débito.

He dicho.

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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Adriana Muñoz. Entiendo que por un punto de reglamento.

La señora MUÑOZ.- Sí, señor Presidente.

Solicito el acuerdo de la Sala para la constitución de la Comisión Mixta sobre el proyecto de paridad, a las 17:45.

El señor QUINTANA (Presidente).- Dado que es una facultad de la Mesa citar para que se constituya dicha Comisión Mixta, vamos a proceder de inmediato, en los términos que ha señalado la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Entiendo que el Senador Rabindranath Quinteros también tiene un punto de reglamento.

Tiene la palabra.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, solicito citar a la Comisión Mixta de Salud para el lunes, a las tres y media de la tarde, referido al tema de fármacos.

El señor QUINTANA (Presidente).- La nómina de los integrantes de dicho órgano ya está en conocimiento de la Secretaría.

El señor QUINTEROS.- Así es.

El señor QUINTANA (Presidente).- Por lo tanto, vamos a citar también de inmediato a ella, para el lunes.

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El señor QUINTANA (Presidente).- El Senador señor Ossandón ha pedido abrir la votación. Entiendo que el informe está claro ya.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En votación la proposición de la Comisión Mixta.

--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, el mundo ha cambiado y lo vemos diariamente. El dinero ha desaparecido del bolsillo de muchas personas y la gran mayoría ha optado por medios de pago digitales, no necesariamente a través de las tarjetas de crédito, sino también de las tarjetas de débito y las transacciones en línea.

Este nuevo mundo digital requiere ser protegido. Y no me refiero solo a proteger lo físico, al "plástico", como se le llama en el mercado a las tarjetas bancarias, sino también las operaciones que se hacen con ellas en los diferentes puntos donde se efectúan las compras o transacciones, incluido los cajeros, donde las tarjetas también están habilitadas.

Y ello ocurre no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Los convenios internacionales en esta materia hoy permiten que tales operaciones se efectúen en cualquier lugar.

No es de extrañarse, entonces, que quienes poseen algunos de estos sistemas de pago hayan tenido la experiencia -espero que no muchos- de que sus cuentas hayan sido adulteradas o alteradas por transacciones que no fueron originadas con su consentimiento.

En tal caso, ¿quién es el responsable? Al respecto, son múltiples los actores.

Por eso, el mundo digital requiere un cambio cultural.

El primero de ellos es la protección de los datos personales, información que se maneja porque las claves de acceso algunas veces son tan fáciles de adivinar que cualquiera podría perfectamente ocupar un plástico o hacer un ingreso virtual si conoce algunos datos básicos de los clientes.

Lo segundo es establecer medidas relacionadas con quienes efectúan el tratamiento de la información y los datos. Obviamente, ello implica un cambio cultural, porque hoy en el mundo digital la solución no es solo instalar fierros, firewall y todos los dispositivos o antivirus necesarios, sino también ocuparse de las personas.

Durante los últimos años se ha podido apreciar cómo desde el interior de las organizaciones se filtra información, se vende. Es más, existe un mercado alternativo para comprar datos, en la web oscura o en la web profunda. Eso tiene un valor.

El robo de identidad es un negocio y parte del cibercrimen. Por eso debemos entender que, para operar sistemas de esta naturaleza, se deben efectuar diversos entrenamientos, tanto a la comunidad, a la ciudadanía, como a las organizaciones, con el fin de prevenir estos delitos.

En tal sentido, tenemos la ley Nº 21.113, que consagra el mes de octubre como el Mes Nacional de la Ciberseguridad. Pero lo más importante es que necesitamos una estructura, una institucionalidad. Y eso es lo que estamos construyendo. ¿Cómo lo haremos? Protegiendo lo más relevante, un derecho ya garantizado en la Constitución sobre la base de una reforma constitucional: la protección de los datos personales.

Espero que avance muy pronto la iniciativa de ley que dará forma a la Agencia de Protección de Datos, para que así todo aquel que sienta que sus derechos han sido vulnerados pueda exponerlo y aplicar las sanciones y multas correspondientes.

El segundo proyecto de ley, que espero ver pronto en tabla -está ahí, muy cercano-, es el relativo a los delitos informáticos, fundamental para perseguir el crimen transnacional, incluido lo que se produce fuera de nuestras fronteras. Y para eso, la opción del Convenio de Budapest es fundamental.

Ahora, es esencial entender que esta materia llegó para quedarse. No es de extrañarse, entonces, que el Foro Económico Mundial todos los años nos recuerde que, después de los riesgos de la naturaleza, que en Chile conocemos muy bien, enfrentamos los peligros tecnológicos: ciberataques, robos de identidad digital o fraudes informáticos.

Por lo tanto, ha llegado el momento de que ese riesgo sea parte del sistema operacional. Este no es un tema menor, porque debe ser provisionado. En tal materia, convenios y acuerdos, como Basilea III, son fundamentales.

Debemos actualizar nuestra legislación, estar al día. Pero nos quedan temas pendientes.

Los invito a reflexionar, porque el ejemplo de las tarjetas será común en todas las transacciones a futuro. Tenemos que avanzar en identidad digital. Todavía no se puede determinar quién es realmente la persona que realiza la transacción bancaria. La clave única no es la solución; es apenas el inicio de un proceso muy largo.

Debemos tener sistemas transaccionales con seguridad, lo cual está dado por el tipo de transacción. Hoy se les llama "blockchain". Probablemente, a futuro sea otro sistema: redes neuronales inteligentes capaces de sobrevivir a ataques a los cuales actualmente los sistemas con blockchain se ven enfrentados.

Es preciso entender que en el Parlamento debemos estar activos para adelantarnos a los hechos. Y algo que probablemente el mundo financiero realizará es cambiar los plásticos. La modalidad de las tarjetas de crédito no permite dar seguridad. Ello constituye un gran desafío.

Por lo pronto, no hay que traspasar a los usuarios el riesgo. Ya sabemos que el riesgo es inherente a la naturaleza del negocio, lo que forma parte de la gestión operacional, cuyo costo tiene que asumir la entidad financiera que provee estos mecanismos de pago. Y esto es extensivo a todos los otros mecanismos digitales de pago.

Pero si no somos capaces de entender que estamos viviendo una transformación tremenda en Chile y en el mundo entero, nos quedaremos atrás y estaremos reaccionando de forma tardía.

Por eso, señor Presidente, nuevamente quiero recordarle a la Mesa la solicitud para crear una comisión, aunque sea especial, sobre transformación digital segura, que permita avanzar en estos temas para hacer posible que todo lo que queremos funcione mejor.

La tecnología digital segura, que se puede apreciar no solo en los sistemas bancarios, evita la corrupción porque es muy difícil alterarla, es muy difícil cambiar los valores. Ahí está la esencia de la agenda antiabusos. La gente se siente abusada porque los han saltado, porque otros han hecho cosas sin su consentimiento. El riesgo que está inserto se puede eliminar con la tecnología.

La analogía con el mundo bancario, que se protege con mecanismos digitales, que son capaces de medir y cuantificar el riesgo, también debe aplicarse en los sistemas del Estado, de tal manera que nadie se salte una lista de espera o nadie reciba un beneficio que no le corresponda.

Esas son las verdaderas agendas antiabusos modernas, que nos ponen a todos al mismo nivel, porque si hay algo que el ciberespacio permite, es dejarnos a todos a la misma estatura. No hay grandes ni chicos. Todos están expuestos a los mismos riesgos.

A mi juicio, este proyecto de ley es importante, valioso, oportuno, y tiene los elementos esenciales para dar cuenta de una realidad: que las personas usan el mundo digital.

Hablo de sistemas completamente digitales, transaccionales; no de la prehistoria informática que todavía tenemos aquí, en este Parlamento, con documentos en Word, planillas Excel y textos en PDF. Todo eso se puede alterar y no se puede controlar.

Los sistemas bancarios son los primeros transaccionales seguros. En ese sentido, los bancos y las entidades financieras deben contar con la capacidad para resguardar sus operaciones y no traspasar ese riesgo a quienes son los portadores de un instrumento de pago.

Espero que logremos avanzar en esta materia y en todo lo que he mencionado, porque nos toca a nosotros, a esta generación de Senadoras y Senadores, hacernos cargo de la transformación digital segura del Estado y de la sociedad civil.

Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, estoy muy contento porque nos hallamos votando este proyecto en su última etapa de tramitación, ya que para mí él es emblemático de nuestra agenda antiabusos.

Con esta iniciativa, como decimos en buen chileno, le estamos colocando el cascabel al gato y se termina con un largo período de abusos, pues no se respondía ante este tipo de fraudes si uno no tenía seguro.

Según se ha dicho anteriormente, aquello es lo más importante y constituye la esencia de este proyecto, que -y quiero contarles- nació porque a un miembro de mi equipo le clonaron la tarjeta en el cajero automático del edificio del Senado. Ahí partimos investigando este asunto, y nos dimos cuenta, por ejemplo, de que a una persona que le robaban 200 mil pesos de la CuentaRUT, que usaba para su sustento, si no era capaz de comprobarle al banco que no había cometido un autofraude, no tenía ninguna posibilidad de que le reintegraran ese dinero.

Aquí por años los bancos se escudaron en vacíos legales y en grandes equipos de abogados contra los que no era factible competir: se trataba de una tremenda lucha entre David y Goliat.

Entonces, este proyecto trae justicia en la materia, porque, en palabras simples, uno pone la plata en un banco para que se la cuiden y no al revés. Esto va a obligar a que todas las organizaciones que dan este tipo de servicio inviertan en seguridad. Y si alguien quiere comprar un seguro, lo podrá hacer. Pero no va a existir la obligación directa, en que también hay un negocio absolutamente vertical, pues el propio banco, con comisiones realmente grandes, cobra por dicho seguro. Es la llamada "letra chica", por cuanto siempre que una persona contrata un producto viene adicionado un seguro.

Además, lo que se plantea mediante esta iniciativa tiene la gracia de que, tratándose de montos menores, de hasta un millón de pesos, automáticamente el banco debe devolver la plata en un par de días, antes de tomar las acciones legales en caso de duda.

Así que, señor Presidente, este es un día muy feliz para nosotros como equipo.

Esperemos que el informe de la Comisión Mixta sea aprobado con amplia mayoría en el Senado, y sé que lo propio va a pasar en la Cámara de Diputados, para que esto sea ley lo antes posible y sea factible defender a mucha gente que es víctima de este tipo de fraudes y que queda en una tremenda indefensión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en verdad, la Comisión de Economía primero y luego la Comisión Mixta abordaron durante su trabajo la importancia de este tema y la forma como este proyecto de ley -y vaya mi reconocimiento al Senador Ossandón y a su equipo, quienes estuvieron permanentemente participando de este debate- recoge aquellas situaciones de abuso en que se encuentran muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país frente a la posición de poder, de fuerza, de preeminencia en este caso del emisor del medio de pago.

Discutimos este asunto largamente, y al final terminamos en un texto que, tal como lo señaló el Senador Harboe, no acogió una propuesta que hicimos en la Comisión en orden a crear un registro de personas que cometan abusos y que reiteren conductas que impidan mantener un sistema en orden.

Esto no fue posible. Esa materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo (forma parte de la discusión sobre cuáles son los ámbitos en que tenemos iniciativa). Y llegamos a consensos que tienden a aquello, no en la forma perfecta que queríamos, pero que sí ayudan. Por ejemplo, lo relativo al informe semestral que se plantea en el artículo 11, nuevo, que con la Diputada Joanna Pérez solicitamos incorporar mediante indicación, cuestión que fue ampliamente respaldada por los Senadores y Diputados de la Comisión Mixta.

Asimismo, un aspecto tremendamente relevante de este proyecto de ley que se discutió y resolvió en dicha instancia se relaciona con la obligación de los emisores de bloquear las tarjetas de crédito que no se usen durante doce meses. ¿Por qué? Porque, obviamente, las tarjetas de crédito, los plásticos que están circulando sin ser utilizados, que los contratantes no tienen vigentes en su memoria pueden ser usados, perdiéndose el control sobre ellos.

Finalmente, otro elemento que igualmente fue parte del debate de la Comisión Mixta y que a mi juicio enriquece este proyecto es la imposibilidad de que el emisor ofrezca seguros para proteger la cuenta corriente, la tarjeta de crédito, en fin. ¿Y por qué? Porque cuando este plantea un servicio como ese lo mínimo que debe dar son garantías de seguridad. El cuentacorrentista, el usuario de la tarjeta de crédito hace un acto de fe con la institución financiera respectiva, que debiera otorgarle mínimas garantías de seguridad.

Señor Presidente, el Senador Pugh hablaba de la importancia de ir avanzando en estas materias.

En tal sentido, recuerdo que cuando con el ahora Senador Elizalde nos hallábamos en el Gobierno -él era Ministro vocero y yo Ministra Secretaria General de la Presidencia- discutíamos la necesidad de modernizar el Estado, y desde la Segprés impulsamos...

Señor Presidente, les pediría silencio a mis colegas, sobre todo si los estoy nombrando.

¡Están al lado, pero no hay caso...!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ruego a Sus Señorías guardar silencio.

La señora RINCÓN.- Decía, señor Presidente, que cuando con el ahora Senador Elizalde estábamos en el Gobierno -¡le estaba haciendo un homenaje a Su Señoría...!- impulsamos la modernización del Estado, y desde la Segprés me tocó implementar la Clave Única, que hoy día es un tremendo instrumento para las ciudadanas y los ciudadanos. Sin embargo, pese a lo potente que es, son pocos los que la conocen: en la medida en que necesitan usarla, van sabiendo de ella.

En esa línea, me sumo a lo que decía el Senador Pugh: creo que tenemos que utilizar este tipo de instrumentos con mayor fuerza para permitir que la vida de hombres y mujeres en los ámbitos de la salud, de la seguridad social, de los bienes y servicios sea más rápida y expedita.

Hoy día respondemos mediante este proyecto de ley -y felicito nuevamente al Senador Ossandón- para cautelar a los ciudadanos y a las ciudadanas en algo tan importante como el uso de instrumentos de pago sin que exista abuso para con ellos, y para que sus emisores den las seguridades respectivas y asuman la responsabilidad cuando aquellos no funcionan, son robados o mal utilizados.

Felicito una vez más a todos los miembros de la Comisión, pues creo que se trata de un paso importante dentro de los que debemos dar hacia delante.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Álvaro Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, este me parece un proyecto fundamental, porque se hace cargo, en primer lugar, de la tendencia en Chile y a nivel mundial en cuanto a que las transacciones no se realicen mediante dinero físico. La inclinación será a la eliminación del dinero físico y a que todas las transacciones se efectúen a través de medios electrónicos vinculados con las nuevas tecnologías de información.

Eso ha ocurrido en nuestro país con la extensión de la bancarización y el uso de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito y de las transacciones electrónicas. Hasta antes de este proyecto se tendía a no proteger adecuadamente a los clientes, y, por tanto, sobre ellos recaía el peso de la prueba cuando eran víctimas de fraudes.

Al respecto, hemos visto casos dramáticos. Por ejemplo, personas con ingresos relativamente bajos, de sectores medios, que viven con complicación mes a mes y que podían perder sus depósitos en el banco, o a las que -y esto es más trágico aún- se les utilizaba la línea de crédito asociada a una cuenta corriente o a una tarjeta de crédito, lo que implicaba contraer una deuda para un dinero que no habían utilizado. Y los bancos resolvían esto de manera muy fácil: si las personas contrataban seguros, estaban protegidas; si no lo hacían, quedaban desamparadas. Y la gran mayoría de los clientes muchas veces se hallaban desprotegidos.

Por lo tanto, quiero valorar aquí esta iniciativa, particularmente a los parlamentarios que la patrocinaron: a los entonces Senadores señora Pérez y señor Tuma y al Senador Ossandón, quien además fue muy activo en esta materia, pues nos contactó a todos quienes fuimos parte de la Comisión Mixta, precisamente para que pudiéramos trabajar en una fórmula de acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado que permitiera resolver estas diferencias, que en los hechos se tradujo en un estándar regulatorio que protege de mejor manera a los clientes, a los usuarios y que, por consiguiente, evita toda forma de abuso.

No voy a entrar en el detalle de lo aprobado, porque el informe del Senador Durana, Presidente de la Comisión Mixta, y las palabras que pronunció el Senador Harboe permiten sucintamente entender lo que se ha resuelto en dicha instancia. Sin embargo, quiero ir a la esencia de lo que representa este proyecto, que a mi juicio va en el sentido de lo que nos demandan los chilenos: un marco de protección adecuado, en que sobre todo rija el principio de buena fe, porque en Chile la mayoría de las personas son honestas; unos pocos no lo son, y por estos se termina sancionando injustamente a gran parte de los ciudadanos.

Aquello tiene que cambiar.

Yo soy un convencido de que se deben aplicar las sanciones más drásticas a quienes cometen fraude. ¡Qué duda cabe! Delitos vinculados con el uso de estas tecnologías han de ser castigados de manera enérgica, porque se termina perjudicando fundamentalmente a las personas. Pero hay que proteger adecuadamente a los usuarios; a los clientes del banco, del sistema financiero, de las instituciones financieras.

Efectivamente, creo que este proyecto va en la senda correcta. Y por eso reitero mi felicitación a los parlamentarios que lo patrocinaron, en particular al Senador Ossandón, quien -repito- nos fue a ver; incluso se reunió con varios de nosotros en nuestras oficinas justamente para que trabajáramos en una propuesta que fuera aprobada. Y me parece que el resultado de la Comisión Mixta fue satisfactorio.

Ahora bien, habrá que evaluar en el tiempo la aplicación de esta normativa y tendremos que efectuar todas las correcciones que sean necesarias, pero en la lógica de lo que implica este proyecto, que consiste en proteger a las personas para que no sean víctimas de abusos. Ciertamente, el Senado y el Congreso Nacional deberán tener la disposición para que todas las enmiendas que se estimen pertinentes se aprueben con celeridad ante el uso, cada vez más extendido, de estos mecanismos de pago electrónico.

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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- No, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, puede usar de la palabra el Senador señor Durana.

El señor DURANA.- Ya intervine, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Navarro.

El señor DURANA.- ¡También habló...!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¡Están con pocas ganas de intervenir Sus Señorías luego de las vacaciones...!

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, hablamos del abuso que se registra en cuanto al uso de las tarjetas o del dinero plástico, pero, en realidad, tal como lo ha establecido, no el estallido social, sino la rebelión social, lo que hay es un abuso del sector financiero, un abuso de los bancos.

El Banco Central nos informa que el 74,3 por ciento de los chilenos están endeudados, cifra que constituye un récord histórico; es decir, el dinero plástico forma parte del quehacer diario. Hoy día la gente no usa dinero, sino tarjeta para endeudarse a fin de poder comer.

Por lo tanto, lo que está en juego aquí es un mecanismo de seguridad respecto de quienes abusan de manera fraudulenta, delincuencial. Pero yo le pregunto al Presidente de la Comisión cuál es la protección que tenemos contra el abuso de los bancos, del sector financiero, de los supermercados, de las financieras. Porque los que usan la tarjeta firman un contrato con un banco; luego hay un delincuente y estadísticas lamentables.

Señor Presidente, el Senador Ossandón nos ha dicho que se clonó una tarjeta en el Congreso Nacional. Eso fue lo que le escuché: que aquí, en el cajero automático de este edificio -no voy a echar la talla que se me viene a la cabeza-, se clonó una tarjeta. Es decir, ni siquiera el Parlamento es capaz de protegerse de los delincuentes que no son de cuello y corbata, y que podrían serlo.

Creo que el panorama es negro en materia de créditos, con más de 9,5 millones de tarjetas activas y con deudas al cierre del 2018. Los préstamos son parte del diario vivir de los chilenos. Y, entonces, uno debe decir: "Estamos haciendo un análisis y legislando sobre la realidad". La realidad es que hay problemas de abuso con la tarjeta; pero la causalidad de ese abuso es que tenemos alto endeudamiento, bajos sueldos, pensiones miserables; tenemos una situación grave que obliga a la ciudadanía y a los trabajadores a recurrir a este método.

El Sernac ha presentado 27 demandas colectivas contra los principales actores del retail financiero: de los 57 mil reclamos de clientes el 2018, los servicios de crédito del comercio minorista concentran el 50 por ciento. Empresas top en esto: Hites, Tricot, la Polar, abcdin, Corona.

¿Y el resultado? Seguros sin consentimiento que nunca están a la vista del cliente; tráfico de datos personales desde las AFP hacia el retail; cobro abusivo por mantención de tarjetas y giros en efectivo.

Si alguien pudiera decir algo, señalaría: "¡No giren en efectivo! ¡No giren ni una luca!". No sé si algún Senador lo ha visto, pero en la fila de un cajero automático hay trabajadores que sacan dos lucas, tres lucas, cuatro lucas, y les cobran trescientos pesos por cada transacción que efectúan: ¡10 por ciento!

Por consiguiente, tenemos la situación de quienes utilizan el método de fraude en la máquina, como le ocurrió a un funcionario del equipo del Senador Ossandón en el Congreso Nacional; pero también constatamos un mecanismo de fraude, de robo en el propio sistema financiero.

Creo que en algo contribuimos para operar respecto de los abusos cuando a una persona le sacan dinero de manera indebida, le clonan la tarjeta. Sin embargo, la pregunta es qué pasa cuando el abuso viene del sistema financiero: cuando se establece letra chica, cuando tenemos el abuso de incumplimiento de contrato.

¿Alguien irá a juicio contra un banco por la pérdida de 40 mil pesos, de 60 mil, de 100 mil, de 200 mil? Vayan y consúltenle a un abogado cuánto les va a costar llevar adelante una demanda contra un banco por 200 lucas. ¡Nadie lo va a hacer! Las personas prefieren mamársela, callársela, tragársela.

Entonces, la pregunta es si efectivamente vamos a estar en condiciones de brindar protección contra el principal abusador de los usuarios de tarjetas de créditos: los bancos, el sistema financiero.

Señor Presidente, ni los bancos están libres. Yo recuerdo al Banco de Chile, de un conocido empresario nacional, dueño de una inmensa fortuna: Andrónico Luksic. Nunca han revelado el monto de defraudamiento de que fueron objeto por lo que el Senador Pugh nos señala a diario: la vulnerabilidad de los sistemas de internet o de los mecanismos electrónicos del sistema bancario. Nunca fue divulgada la cifra real. ¿Ese banco se hallaba asegurado? Casi tengo la certeza de que sí lo estaba.

¿No debiera ser una obligación, para el dinero que los usuarios depositan y depositamos, que el cuidado sea de responsabilidad del banco y no del cliente a través del pago de un seguro? Porque, como dijo el Senador Ossandón, uno va al banco para tener la plata segura. Si efectivamente está insegura, es responsabilidad del banco.

Pero aquí no se desea tocar a los bancos, pues no se quiere escuchar a la calle, tan vilipendiada en este Senado y en la política. ¡No se quiere oír a la calle! Lo que la calle quiere, lo que el pueblo quiere es justicia. ¡Basta de abusos! No mecanismos de sanciones a quien clona una tarjeta: ¡basta a los abusadores crónicos, a los abusadores sistemáticos, que son del sistema financiero!

Las denuncias son varias...

Le pido un minuto más, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ya le habíamos dado uno. Pero Su Señoría dispone de un minuto adicional más para redondear su intervención.

El señor NAVARRO.- Debió advertirme, señor Presidente.

En todo caso, se agradece.

Entonces, este proyecto da un paso y es meritorio con relación a avanzar. Pero apenas le hacemos cosquillas al sistema.

Yo diría que aquí hay que ir al tema de fondo. Sin embargo, cada vez que lo intentamos estas iniciativas se vuelven infinitas.

Señor Presidente, me voy a pronunciar favorablemente. Creo que se trata de un pequeño avance; pero, como está claro, el sistema financiero, las transacciones financieras no pagan impuestos, y, en verdad, el abuso de los bancos hacia los cuentacorrentistas pequeños y los portadores de tarjetas es tremendo.

Voto a favor, con todas estas observaciones.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más inscritos.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (35 votos a favor).

Votaronpor la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Saludamos al Senador Ossandón, aquí presente, por su iniciativa en este proyecto.