TIPIFICACIÓN DE DELITO DE ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA MEDIANTE EJECUCIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA Y AGRAVAMIENTO DE PENAS
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Corresponde pasar a la discusión general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, originado en moción de los Diputados señora Marcela Sabat y señores Miguel Ángel Calisto, Gonzalo Fuenzalida, Gabriel Silber y Matías Walker, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica, con certificado de la Comisión de Seguridad Pública y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.090-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 80ª, en 4 de diciembre de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Seguridad Pública (certificado): sesión 81ª, en 4 de diciembre de 2019.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Comisión de Seguridad Pública consigna en su certificado que, por la unanimidad de sus integrantes, acordó discutir la iniciativa solo en general y proponer a la Sala proceder del mismo modo.
Cabe señalar que el proyecto no contiene normas de quorum especial.
Asimismo, hago presente que esta iniciativa fue aprobada en general en el referido órgano técnico por mayoría de votos. Votaron por su aprobación los Senadores señores Kast, Harboe, Insulza y Pérez Varela, y se pronunció por su rechazo, el Senador señor Huenchumilla.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, punto de reglamento.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra, Senador Moreira.
El señor HARBOE.- Que esté sentado.
El señor MOREIRA.- Solo quería hacerlo más rápido, señor Senador.
Señor Presidente, me han entregado razones muy contundentes para que dé el avenimiento para abrir la votación.
Entonces, yo no quiero ser impedimento para una reunión que sostienen en este minuto los partidos de Chile Vamos con el objeto de llegar a un acuerdo en el tema constitucional.
Así que por ese motivo me voy a quedar yo solo trabajando.
Por tanto, señor Presidente, no me opongo a que se abra la votación.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para ello?
La señora EBENSPERGER.- Sí.
El señor PIZARRO.- Sí, pero después del informe.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Conforme.
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación después de que se entregue el informe.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, este proyecto de ley, que cumple su segundo trámite constitucional en la Corporación, se originó en moción de los Diputados señor Fuenzalida, señora Sabat y señores Calisto, Silber y Walker.
Su objetivo es modificar el Código Penal con el propósito de tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, agravando las penas aplicables, en determinadas circunstancias.
En los fundamentos de la moción se establece, en lo medular, que es necesario abordar los crecientes fenómenos de violencia pública, desmanes, alteración del orden público y destrucción de la propiedad, tanto pública como privada.
Asimismo, sus autores postulan que en Chile se han verificado maneras de protestar y de representar intereses desde la ciudadanía que, casi de manera inevitable, han conllevado a algunos grupos a realizar actos de violencia. Este fenómeno no es solo local, sino que se ha podido advertir también en otras latitudes, como las protestas por el medioambiente en Europa, la reciente revuelta social de los "chalecos amarillos" en Francia o las protestas por diferencias étnico-culturales en China y Hong Kong.
De consiguiente, si es este un fenómeno que será persistente, abordar su aspecto de seguridad ciudadana, abogando por fortalecer la paz social y castigar efectiva y severamente a quienes prefieren delinquir por sobre manifestarse con respeto a los demás, contribuye exactamente a robustecer la democracia y proteger a los más débiles, a quienes desean que su voz se escuche de manera no violenta.
Es decir, plantean los mocionantes, este proyecto busca proteger a aquellos que se manifiestan de manera pacífica.
En segundo lugar, la exposición de motivos de la iniciativa de los Diputados consigna que la actual herramienta jurídica contenida en el artículo 269 del Código Penal es insuficiente y se encuentra desactualizada para permitir una efectiva persecución penal de los desmanes y desórdenes públicos. En efecto, puntualizan los Diputados que el tipo penal plantea complejos requisitos para poder imputar responsabilidad penal a una persona a título de desórdenes públicos.
La iniciativa legal aprobada por la Cámara de Diputados se estructura sobre la base de las siguientes modificaciones:
I. En primer lugar, se intercala en el Código Penal un artículo 268 septies, nuevo, en relación con el delito de desórdenes públicos. Se contempla dentro de esta figura la hipótesis de quien, valiéndose de una manifestación o reunión pública, tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de este ilícito, disponiéndose una pena de reclusión menor en su grado medio a máximo (541 días a cinco años).
Asimismo, para estos efectos se establece que constituye desorden público:
1) Paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad afectando gravemente su funcionamiento. Se entiende por tal el servicio de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones.
2) Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros aptos para esos fines.
3) Destruir total o parcialmente en forma relevante una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o irrogar daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.
4) Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
5) Impedir o dificultar la actuación del personal de los cuerpos de bomberos u otros servicios de utilidad pública destinados a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
6) Ocupar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.
En el mismo orden de ideas, se establece una regla de determinación de la pena, que dispone que se aplicará siempre el grado máximo de ella cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles referidos anteriormente, siempre que esta o aquella no constituyere una asociación ilícita de la que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal.
En seguida, se establece una norma que señala que si un hecho previsto en este artículo mereciere mayor pena bajo alguna otra disposición, se aplicará esta última.
II. En segundo término, se efectúa una modificación de adecuación legislativa. Para efectos de adecuar la normativa del Código Penal con la contenida en esta iniciativa legal, se reemplaza la palabra "Párrafo" por "artículo" en el artículo 269.
III. En tercer lugar, en lo que atañe al delito de robo en lugar no habitado, previsto en el artículo 442 del Código Penal, se incorpora un inciso final que dispone una regla que prescribe que se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo (es decir, tres años y un día a cinco años) cuando el autor de las conductas señaladas en dicho artículo las perpetrare actuando en grupo o individualmente pero amparado en él, y tuvieren lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.
La Comisión, al revisar el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, observó un conjunto de situaciones en virtud de las cuales prefirió pronunciarse solamente sobre la idea de legislar, no aprobando el texto en particular, y propone a la Sala del Senado proceder de la misma manera, es decir, aprobando solo en general, con el objeto de dar espacio a un mayor estudio de las modificaciones propuestas y otorgar a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que no participaron de su análisis la oportunidad de perfeccionar y enriquecer la iniciativa con ocasión del segundo informe.
Así entonces, la Comisión, por la mayoría de sus integrantes, Senadores señores Insulza, Kast, Pérez y quien habla, aprobó en general este proyecto de ley. Se pronunció en contra el Senador señor Huenchumilla.
En consecuencia, la Comisión de Seguridad Pública sugiere a esta Honorable Sala la aprobación en general de esta iniciativa legal.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.
El señor PÉREZ VARELA.- ¿Va a abrir la votación?
El señor QUINTANA (Presidente).- Conforme a lo acordado hace un momento, se abrirá la votación.
En votación general.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Presidente).- Senador Guillier, tiene la palabra.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, se nos ha invitado a votar en general un proyecto contra los saqueos.
Yo quiero ser muy preciso, señor Presidente: ¡Estoy en contra de los saqueos, los incendios, la destrucción de la propiedad pública y privada!
Pero la iniciativa de ley que tenemos frente a nosotros y que acabamos de leer, porque nos llegó recién, no dice absolutamente nada contra los saqueos. Lo único que estoy viendo en este texto es que se quiere transformar en delito las legítimas movilizaciones sociales.
¡Quieren criminalizar la legítima expresión del malestar contra el abuso!
El propio Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ha dicho en la mañana de hoy que no se puede llevar a sede penal un conflicto social y político.
Por esa razón, en esta votación en general me voy a pronunciar en contra.
Mis colegas me dijeron en los minutos previos que se van a presentar indicaciones, que no me preocupe, que se va a mejorar este proyecto, para que efectivamente condene los saqueos y la destrucción de la propiedad pública y privada.
Pues bien, cuando esas indicaciones formen efectivamente parte de esta iniciativa, que hoy no es contra los saqueos, sino contra las movilizaciones sociales, entonces votaré en conciencia y de acuerdo con su mérito.
Por ahora, no voy a caer en el juego de un proyecto cuyo nombre, además, lo dice todo, y que quiere transformar en delito la alteración del orden dando la apariencia de que se defiende una falsa normalidad donde sigue imperando el abuso.
¡No estoy dispuesto a votar esto en los términos aquí presentados!
Esto es una falta de respeto al Senado de la República, al igual que la forma en que se están tramitando los proyectos de ley en esta Sala.
Voto en contra.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, hoy día se nos convoca a votar un proyecto que se llama "antisaqueos", pero de contrabando trae varias normas que no tienen nada que ver con el saqueo.
Y empiezo por la primera parte del proyecto.
Aquí se propone modificar el Título VI, Párrafo 2, del Código Penal, sobre los delitos a los que se denominan "Otros desórdenes públicos". Y esto no es menor, porque conviene detenerse un poco respecto de qué cuida este delito.
Varios penalistas han señalado que el Título VI es más bien un cajón de sastre sobre ciertas figuras penales que, no teniendo cabida en otros libros del Código, fueron llevadas por el legislador a través de este título. Y en este título se regulan una serie de capítulos que a mi juicio no guardan mucha relación.
Ahora, el problema del texto que presenta la Cámara de Diputados es que trae una serie de normas que van a generar problemas de concurso aparente de leyes penales y concurso ideal de delitos, dado que hay varias figuras que se pretende sancionar como desórdenes que no lo son en cuanto tal, o que siéndolo, pueden constituir otros delitos, como el de incendio o de lesiones.
Aquí soterradamente se quiere prohibir cualquier tipo de manifestación que acarree una alteración grave al orden público y que, producto de la violencia que se use, lleve a lo que conocemos como las tomas.
Hay que decirlo: de aprobarse este proyecto como está, se acabaron las tomas en las universidades, en los hospitales, en los predios agrícolas. Y esto no puede ser, porque sabemos que muchas veces la toma constituye una forma de presión que utilizan, por ejemplo, los estudiantes para ser escuchados.
A mi juicio, lo que hoy día estamos tipificando, a través de esta figura de desórdenes, son manifestaciones de los derechos de expresión, de reunión y de la legítima protesta social.
A partir de eso, generamos un tipo penal que es bastante confuso en la redacción respecto de qué debe entenderse por desorden público. Da la sensación de que aquí lo que se buscó al final del día era entregar una serie de tipos penales, una descripción que nada tiene que ver con las figuras de desórdenes públicos.
Y espero que en la discusión particular se pueda rechazar completamente el número 1, relativo al artículo 268 septies, porque esto justamente lo que hace es criminalizar la protesta social, criminalizar la legítima manifestación que se pueda realizar.
Considero que también confunde figuras que no atentan o que no alteran la seguridad pública. Pensemos, por ejemplo, cuando se propone que en el caso de una protesta se impida coactivamente la libre circulación, utilizando algún elemento. O sea, bastaría que alguna persona se sentara en la calle, que colocara algún tipo de elemento o que se tomara de las manos con otra -como dice el Senador Lagos- con el fin de impedir el paso de los vehículos para que esté sancionada por la figura de desorden público. Creo que esta figura está muy mal tratada y responde más bien a una medida de carácter populista que no ha sido bien estudiada por quienes presentaron esta iniciativa.
En segundo lugar, respecto del delito de saqueos, considero que no se resuelve el problema de fondo. Este se relaciona más bien con la tipificación del delito, ya que en el texto se optó por colocar una nueva figura en el delito de robo en lugar no habitado.
El gran problema que presenta hoy día la Fiscalía a mi juicio no tiene que ver con el tipo penal, porque hoy día el tipo penal se encuentra absolutamente establecido, pues existen las penas y las agravantes. Inclusive, teóricamente -si me alcanza el tiempo, lo voy a explicar-, si uno aprobara este proyecto de ley, estaría eliminando automáticamente una agravante y se podría llegar a una pena mucho más baja de la que estamos proponiendo para el saqueo.
Al final del día lo que hay aquí es un problema probatorio, porque las investigaciones se le caen al Ministerio Público producto de las malas investigaciones.
La redacción que se propone mantiene vigente que para que exista el robo en lugar no habitado debe darse alguno de los tres supuestos que establece el artículo 442, es decir, que exista escalamiento, fractura o que se usen llaves falsas. Y sabemos que eso es un tema probatorio.
Cuando uno mira qué ha pasado estos días con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, uno ve que no se ha podido probar que las personas que estaban saqueando hayan concurrido en alguno de los tres elementos del tipo penal del artículo 442.
Al establecer que la pena de presidio se aplica en su grado máximo lo que hacemos es eliminar un grado de la pena, pero no modificamos el tipo penal.
Si efectivamente quisiéramos sancionar los saqueos, mi impresión es que esto debiera ser una modificación agravada del hurto más que del robo, porque, si no, el problema va a seguir. Al final del día, vuelvo a insistir: se sigue radicando el problema de esclarecer estos hechos en un tema del tipo penal, y no se modifica lo que debiera cambiarse. El Ministerio Público, aun cuando exista esta pena, para poder llevar a las personas ante la justicia tendrá que probar alguno de los tres elementos del artículo 442, cosa que aquí no se está tocando.
Si efectivamente queremos sancionar los saqueos, me parece que sería mucho más fácil una modificación a los delitos de hurto simple, colocando algunas agravantes específicas.
Termino diciendo, señor Presidente, que mi impresión es que se puede producir un problema en la aplicación práctica de las normas de la pena de los artículos 67 y 68 del Código Penal, porque con la figura del saqueo que se está aplicando, en la práctica, lo que estamos haciendo es considerar como tipo penal la agravante 10ª del artículo 12 del Código Penal, lo que va a impedir que esto se pueda utilizar como agravante.
Todos sabemos, o quienes hemos ejercido alguna vez la profesión, que cuando la persona no posee antecedentes, si tiene una circunstancia atenuante -generalmente, la irreprochable conducta anterior, que los tribunales suelen estimar como muy calificada-, eso lleva a que se baje la pena hasta en un grado.
Entonces, como consecuencia de ello, ¿qué va a pasar? Si se aprueba el tipo de saqueo como está y se le aplica una atenuante muy calificada, podemos caer en el piso de la pena, es decir, esa persona va a recibir una pena probable efectiva de 541 días.
Si nosotros dejamos la norma tal como está en el artículo 442 y se puede hacer uso de las agravantes, de hacerlo en medio de una manifestación o calamidad pública, como lo dice la agravante penal, vamos al techo de la pena; es decir, llegamos a los cinco años.
Entonces, también hay que tener cuidado en la forma en que está redactado porque, probablemente, en la pena aplicable a la pena real, con esta figura, y producto del juego de atenuantes y agravantes, podemos estar dando una pena mucho más baja de lo que presenta la actual legislación en esta materia.
Vuelvo a insistir. Creo que esto sigue siendo un tema de prueba por parte del Ministerio Público. Y si quisiéramos efectivamente sancionarlo, debiera modificarse el delito de hurto, que es mucho más fácil de probar, con agravantes específicas en estos casos.
Dicho eso, voy a votar a favor, señor Presidente, esperando que se corrijan las deficiencias que presenta el proyecto.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, efectivamente, la idea básica del proyecto es generar las condiciones necesarias para sancionar las graves alteraciones al orden público que hemos vivido en los últimos meses.
En la línea de lo que señaló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, nosotros presentamos un proyecto de ley antiturbazos, que se encuentra hoy día en la Comisión de Constitución y que busca establecer una circunstancia agravante particularmente respecto del delito de hurto, posibilitando tener, por la vía probatoria, una agravante calificada. Esto se presentó tras las denuncias que en su momento se realizaron frente a las trece bandas que cometían turbazos en Valparaíso. Cerca de treinta y una personas fueron condenadas a más de quince años justamente porque conseguimos que la Fiscalía recalificara los delitos. Estos delitos consistían básicamente en que personas entraban en grupo y saqueaban los locales comerciales. Entonces, logramos que se acumularan las causas y, como ya mencioné, que se recalificaran como robo con intimidación o violencia. Y, finalmente, conseguimos condenas para esas treinta y un personas con penas que van hasta quince años.
En el mismo sentido, creemos que hay que buscar la fórmula que nos permita aminorar el peso de la prueba y asegurar una condena efectiva para quienes vulneran flagrantemente el orden público.
Particularmente, se debe mostrar en los hechos que hay que perseguir a los responsables de los saqueos con el mayor rigor de la ley, sea quien sea, no importando la posición, el nombre, el apellido. Porque tenemos que demostrar claramente que somos inflexibles para no permitir la impunidad.
Eso lo he dicho públicamente y también lo digo en este Hemiciclo.
Aquí es donde se ve finalmente la coherencia: ¡actuar con el mayor rigor de la ley, sea quien sea el delincuente que finalmente altera el orden público!
En tal sentido, este proyecto de ley establece otros elementos adicionales como hechos constitutivos de desorden público: paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad afectando gravemente su funcionamiento; ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros aptos para esos fines; destruir total o parcialmente en forma relevante una vivienda o un establecimiento comercial o industria; incendiar objetos o, como hemos visto, establecimientos de comercio; impedir o dificultar la actuación del personal de los cuerpos de bomberos; ocupar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados; entre otras.
Además, la normativa establece que "Se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo cuando el autor perpetre este delito con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público".
Creemos que en estos casos hay que actuar con la mayor severidad. Y eso implica demostrar que acá no hay nadie por sobre la ley.
Se ha hecho público el caso de un concejal de La Calera. Al respecto, nosotros no solamente hemos pedido su expulsión del partido, sino que, además, el propio Partido Renovación Nacional se va a querellar, porque consideramos, sin lugar a dudas, que no hay nadie por sobre la ley.
Y eso es una señal de seriedad y de responsabilidad. No importa el apellido; lo importante es ser claros y contundentes. Vamos a establecer todas y cada una de las responsabilidades.
El combate a la impunidad debe ser claro y preciso. No importa ni el apellido, ni la posición, ni la afiliación ideológica del personaje o del delincuente que comete un delito.
Respecto de este proyecto, creo que va en la dirección correcta.
Tal como señaló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, podemos buscar fórmulas para aminorar el peso de la prueba y asegurar que las penas sean efectivamente contundentes, sobre todo cuando los hechos se produzcan en situación de calamidad pública o de alteración del orden público.
Acá está en juego si somos capaces o no de terminar con la impunidad y de condenar la violencia, venga de donde venga.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, los desafíos que tenemos por delante en cuanto a cómo enfrentar el desorden público y la violencia son desafíos mayores y particularmente importantes en estos tiempos, en el siglo XXI.
Lo primero que quisiera señalar es que tal vez nos falta comprender cómo se desarrollan los fenómenos que estamos viviendo. Estamos, en una transición entre un mundo que termina y otro que emerge, frente a un tema vinculado con instituciones verticales, acostumbradas a enfrentar desafíos verticales, a tener contraparte, a procesos que no son moleculares como los que estamos experimentando.
A mí me parece interesante entender un poco esto.
En primer lugar, siento que lo que hay acá es un fenómeno de transmisión memética. Existe mucha paranoia en cuanto a pensar que hay grupos organizados; pero en realidad son grupos desorganizados, que están desestructurando todo lo que conocemos. El ejemplo más notable se puede ver con las mujeres de "Lastesis", que logran transmitir unidades culturales con coreografía, con concepto, que se irradian a nivel mundial.
Creo que lo mismo sucede con los jóvenes que ejercen la violencia. En cierta manera, es una emulación parecida a la performance de "Lastesis", que es pacífica, que es maravillosa, que es artística. La otra también es una coreografía conceptual e intelectual, pero ligada a la violencia como manera única de expresión o de creer que es el único camino para resolver los problemas.
A mi entender, acá no hay grupos organizados, pero sí colectivos, y colectivos muy duros. Pero, ¿saben qué? Son consecuencia de las redes sociales, porque lo que están haciendo las redes sociales es personalizando; lo que están haciendo redes sociales como Facebook, Instagram, a través de las cuales se comunican los y las jóvenes, es justamente reuniendo a los iguales en un mundo burbuja. Y se constituyen colectivos, colectivos virtuales, que son tremendamente cerrados y que creen que esa es la realidad del mundo, lo que existe, justamente porque se establece una reunión de personas en zonas de confort.
Me parece muy importante salir de esa paranoia. Aquí no hay grupos extranjeros; lo que hay es la expresión de la era digital, que está personalizando y construyendo mundos burbuja, tremendamente cerrados, donde se comparten visiones, valores. Lamentablemente, en esos grupos también se incuba la violencia como respuesta.
Ahora, ¿qué es lo que uno quisiera decir?
Lo primero es que los instrumentos de represión no son la solución. ¡Y son muy peligrosos! Creo que la única respuesta es la respuesta política. El Gobierno, el Ministro, el Presidente, deben entender, de una vez por todas, que la respuesta tiene que ser una agenda social potente, no a gotario, no en salame, no una que nadie entienda. Hay una demanda muy profunda y transversal, y sería un error político de una envergadura gigantesca no entender aquello.
¿Por qué digo que la lógica de la represión es peligrosa? Porque, si no hay una respuesta política, si las personas insistentemente han venido planteando esto durante décadas y la política no las ha escuchado, lo que se empieza a generar, como instrumento único para ser escuchado, para hacer transformaciones, es la violencia. Pero ese síntoma, esa visión, surgen como consecuencia del fracaso de la política o de la incapacidad de esta para resolver los problemas.
Tal vez el error que cometimos fue incubar esta experiencia piloto en el Instituto Nacional. ¿Cuántas veces esos jóvenes se quisieron expresar pacíficamente? En gobiernos anteriores, en gestiones municipales anteriores, no fueron escuchados. ¿Saben cuándo fueron oídos? Cuando empezaron a tener encapuchados.
Muchas veces los canales de televisión, los matinales -lo he visto-, llamados por las personas que van a hacer una manifestación, preguntan: "¿Se van a tomar la calle o no? Porque, si no se la toman, no es interesante y no vamos a ir".
Entonces, es muy peligroso construir, desde la lógica de la represión, una solución que no tenga carácter político, porque eso lo único que hace es legitimar la violencia. Si fracasa la política, va a existir el sentimiento de que la única solución es el ejercicio de la violencia como único instrumento para llevar a cabo transformaciones. Y nosotros queremos establecer justamente lo contrario: que es la política y no la violencia, que es el diálogo y no la violencia los que tienen que resolver los problemas.
Sin embargo, no vemos que el Gobierno ni muchos de nosotros comprendan que ese es el camino.
Un último minuto y termino, señor Presidente.
Creo que hay que focalizar y no ponerlos a todos en el mismo saco. Por eso que la propuesta de combatir de la misma manera a los jóvenes que se manifiestan pacíficamente y a los violentistas fue un inmenso error, que hay que reparar. Tratar como delincuentes a los encapuchados, a los que usan pañoletas, a los que andan disfrazados es un error gigantesco, porque significa poner en el mismo estatus a los violentos y a los pacíficos.
En tal sentido, este proyecto hay que aprobarlo justamente porque es distinto, porque separa a los que cometen hechos de violencia de aquellos que no los cometen. Sin embargo, quiero alertar que hubo un intento de saqueo en este proyecto por parte del Gobierno. Yo comparto lo que plantea el Senador Pedro Araya en cuanto a que aquí hay algunas incrustaciones que se traficaron y que son tremendamente peligrosas, porque pueden criminalizar a gente que no tiene por qué ser criminalizada. ¡Hay que focalizarse en los delincuentes!
Voy a apoyar el proyecto, señor Presidente, pero con reserva de algunos de sus artículos.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¡Bien su tesis, Senador Girardi!
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza, miembro de la Comisión de Seguridad Pública.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, la verdad es que a mí me preocupa un poco la forma algo agitada en que algunos colegas enfrentan un proyecto que, mal que mal, fue aprobado en general en la Cámara de Diputados por 127 votos a favor, solo 7 votos en contra y 13 abstenciones. Yo me imagino que los parlamentarios de la otra rama, con los cuales a veces no tenemos mucho acuerdo, habrán meditado un poco esta iniciativa antes de lanzarla, lo cual no quiere decir que, a mi juicio, no tenga algunos contenidos bastante equivocados como los que se han planteado acá.
En realidad, al igual que algunos otros Senadores, no sé cómo fueron a parar las tomas en medio de este proyecto. Son un fenómeno completamente distinto. Pero hay hechos como la interrupción o la destrucción de un servicio público; la ejecución de actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas; la destrucción de un establecimiento comercial o industrial, que evidentemente merecen ser sancionados. No creo que haya discusión en eso.
Por lo tanto, mi opinión es que lo que corresponde aquí es aprobar este proyecto en general, y luego corregirlo, como lo hemos hecho muchas veces, de común acuerdo, tratando de no exagerar tampoco el tono, pero sí dando a la ciudadanía la señal de que nosotros rechazamos la violencia en todas sus formas y de que estamos disponibles para salir al paso de las cosas que están ocurriendo ahora. Porque estas son cosas que están sucediendo hoy día. Cada parte de este proyecto tiene que ver con algún fenómeno que se está manifestando en estos momentos en nuestra sociedad y que queremos rechazar.
Desde ese punto de vista, señor Presidente, llamo a presentar las indicaciones respectivas y a aprobar en general este proyecto, porque es la señal que se espera de nosotros.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).- Antes de seguir otorgando la palabra, se ha propuesto como plazo para formular indicaciones el viernes 6 de diciembre, a las 12 horas.
¿Habría acuerdo?
--Se fija plazo para presentar indicaciones hasta el viernes 6 de diciembre, a las 12, en la Secretaría de la Comisión de Seguridad Pública.
El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, lo que pasó a contar del 27 de febrero de 2010 y lo sucedido desde el 18 de octubre de este año nos llaman a reflexionar y a entender qué pasa cuando una conmoción pública puede generar desorden público.
Los fines no pueden justificar los medios. Quizás esa sea la primera reflexión general. Todo movimiento que tiene demandas y quiere expresarlas de forma pacífica no puede ser intervenido por terceros que se valen de él y, cual caballo de Troya, aparecen para destruir el entorno.
Es por ello que lo que busca este proyecto de ley es perseguir esos delitos, cuyos autores, amparándose en situaciones particulares de conmoción o desorden público, tienen por objetivo destruir, para lo cual, tal como dijo el Senador Girardi, se coordinan por redes, por sistemas que permiten concentrar su furia en cosas precisas. Pasan de lo virtual a lo físico. Y pueden actuar diferentes grupos, de distinta naturaleza.
Por eso, quizás lo más importante que nos va a permitir este proyecto es precisar qué entendemos por orden público y también por lo contrario, que es el desorden público en cuanto delito. En tal sentido, quiero citar la definición que nos entrega el profesor Larry J. Siegel en su libro Criminología: teorías, patrones y tipologías: "Son los actos que interfieren con la operación de la sociedad y la capacidad de las personas de funcionar eficientemente", vale decir, cuando se desarticula la sociedad con ciertos hechos que amenazan la convivencia nacional. Esos son los efectos que producen, y en algunos casos incluso terror. Uno podría perfectamente darles ese calificativo a quienes usan medios violentos como el fuego y otros para generar terror.
Es importante, entonces, que se haya considerado la forma de sancionar los ataques premeditados a la infraestructura crítica. De hecho, es lo primero que se menciona: la continuidad del servicio por la paralización o interrupción de los servicios esenciales y básicos de los que dependemos. Si hubiésemos tenido esta normativa desde un principio, se podría haber perseguido a los violentistas sin necesidad de tener que militarizar nada para proteger esos lugares.
Los actos violentos no son compatibles con la democracia. Tenemos otras formas para solucionar los problemas, y por eso el Estado tiene que perfeccionar los instrumentos que lo obligan a perseguir a quienes cometen delitos. ¡De eso estamos hablando: de tipificar correctamente los delitos!
Probablemente, en este caso la redacción no sea la más adecuada, razón por la cual me alegro de que tengamos plazo para formular indicaciones hasta el viernes 6 de diciembre. Pero sí hay que precisar que cada uno de los elementos que se mencionan los vemos cotidianamente. ¡Cómo se interrumpió el accionar de bomberos, evitando que ellos pudieran concurrir a combatir los incendios! ¡Cómo se dañaron ambulancias que podrían haber salvado vidas humanas!
Nadie puede estar sobre la ley. Y es muy importante que nuestro marco jurídico así lo establezca y tenga claramente tipificadas las conductas para que, con las evidencias que se puedan presentar, el Ministerio Público persiga a los responsables y logre las condenas correspondientes.
Sin condenas efectivas todo esto es letra muerta.
Por ello, invito a que seamos capaces de formular, en el plazo fijado al efecto, las indicaciones más adecuadas para precisar los actos que no queremos y así la violencia no ocupe nuestras calles y nos saque de lo más importante, que son siempre los problemas de fondo: las demandas.
Por eso, no a la violencia con instrumentos precisos; no a grupos que se coordinan para destruir y que no están preocupados de sus semejantes.
Por todo lo expresado, señor Presidente, apruebo en general el proyecto.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, nadie puede negarse a condenar los hechos de violencia, vandalismo y saqueo que hemos presenciado en las últimas semanas.
Por lo mismo, no puedo negarme a priori a discutir modificaciones legales a los tipos penales que sancionan dichos actos de violencia, ni a las penas respectivas, sobre todo si se concluye fundadamente que existe un vacío en las figuras que posibilita la comisión de estos delitos, o que las sanciones son extremadamente bajas y no alcanzan a inhibir a los autores de los desmanes. Cosa distinta es que, con el pretexto de sancionar estas conductas violentas, se intente criminalizar la legítima protesta social.
Esta es la primera cuestión que debe quedar meridianamente clara.
Ahora bien, es evidente que la gran mayoría de quienes protestan lo hacen pacíficamente, pero hay un grupo que, de manera espontánea o planificada, protagoniza enfrentamientos con la policía y hechos violentos de diverso tipo que afectan a personas o bienes, tanto públicos como privados.
Hoy, a las personas detenidas por estos hechos se les imputa normalmente la figura de desórdenes públicos establecida en el artículo 269 del Código Penal, sin perjuicio de las figuras de lesiones o daños, en su caso, pero, por su baja penalidad, ellas no sufren penas de presidio efectivo y acceden a salidas alternativas.
Los hechos de vandalismo, entonces, tienen sanción; lo que pasa es que, por su masividad o por la baja capacidad operativa de la policía, la gran mayoría de los actos queda sin sanción.
Se suma a ello que muchas veces Carabineros no diferencia a quienes actúan pacífica o violentamente, comete excesos e incluso, como ha sido reconocido por organismos internaciones y el propio Gobierno, incurre en violaciones a los derechos humanos.
En este cuadro, ¿cambia la situación con las nuevas figuras penales? Creo que no. Subir las penas o especificar los tipos penales no se traducirá, necesariamente, en el término de los actos vandálicos.
Son muchos los factores que influyen para lograr ese objetivo, entre otros la revisión de la acción de Carabineros que muchas veces -digámoslo con franqueza- contribuye a generar o ampliar los desórdenes más que a contenerlos o disminuirlos.
En todo caso, concuerdo en que la antigua figura de los desórdenes públicos del actual artículo 269 requiere una actualización. Pero esta actualización debemos hacerla de manera sistemática, integral y proporcional.
Hace pocos días, por ejemplo, se aprobó en general incorporar la figura de los encapuchados en el marco de los desórdenes, lo que tiene evidentes contradicciones con el actual proyecto.
De la misma manera, surgen diversas dudas con respecto a la tipificación de los actos violentos que constituyan desorden público, según el nuevo artículo 268 septies.
En primer lugar, las acciones violentas son sancionadas en el marco de manifestaciones o reuniones públicas. ¿Significa eso que las barricadas y los actos violentos aislados no serán sancionados?
Sobre las paralizaciones o interrupciones del N° 1 del mismo artículo, ¿se sanciona la paralización efectuada por los trabajadores de los mismos servicios?
El N° 2 es aún más confuso: sanciona a quienes formen parte, violentamente, en la ejecución de actos violentos.
El hecho de impedir coactivamente la circulación de personas o vehículos, establecido en el N° 4, ¿incluye a quienes desplieguen un lienzo para interrumpir momentáneamente el tránsito?
La ocupación o usurpación de bienes inmuebles del N° 6, ¿comprende la toma de terrenos que ejecutan algunas personas que no cuentan con vivienda?
En varias de estas situaciones pareciera que se pretende sancionar formas de movilización tradicionales y pacíficas ejecutadas por sindicatos, organizaciones estudiantiles y sociales, lo que resulta completamente inaceptable.
Por otro lado, en cuanto a los saqueos, que constituyen, sin duda, uno de los hechos más repudiables de los que hemos visto, se establece una pena mayor para el robo en lugar no habitado cuando se ejecute con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público. Pero esto será intrascendente porque esa figura ya existe como agravante en el artículo 12, N° 10, del Código Penal, que se refiere al hecho de cometer el delito con ocasión de "tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia".
En resumen, señor presidente, tengo mis reservas sobre el efecto que puedan tener modificaciones a las penas en la situación de orden público que vive el país. El Código Penal no va a subsanar las debilidades evidentes que han mostrado tanto el Ejecutivo como la policía para poder preservarlo.
Pero no me niego a revisar figuras penales cuya redacción es de otra época. Solo pido que no se criminalice la protesta social y que la revisión se haga con seriedad y serenidad, como tantas veces nos pedía en esta misma Sala el ex Senador y hoy Ministro de Justicia, Hernán Larraín.
¿Cuánto nos demoramos en modificar las normas relativas a delitos de cuello y corbata? ¿Qué nos decían algunos parlamentarios?
Comparto, señor Presidente, los objetivos del proyecto. Pero atendidas sus evidentes deficiencias, prefiero que la Comisión de Seguridad Pública o la de Constitución trate este proyecto con la rigurosidad que se merece.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que pueda presidir en algunos instantes más el Senador Coloma primero y el Senador Bianchi después?
Acordado.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, lamentablemente, la experiencia, y no solo en Chile, nos muestra que la solución a los problemas de violencia que estamos viviendo hoy no es el aumento indiscriminado de penas, como propone el proyecto que ahora discutimos.
Creo que su texto tiene un error esencial: mezcló dos temas diferentes, a saber, la manifestación social y los actos de saqueo y vandalismo, los cuales han afectado y destruido muchas ciudades y barrios, en nuestra región particularmente.
¡Cómo no voy a quedar afectada cuando sé que en seis cuadras tenemos más de ciento cuarenta pequeños comercios afectados, cuyos daños se calculan en más de 3.200 millones de pesos, más el lucro cesante y los instrumentos que hasta ahora han resultado completamente insuficientes!
Y, peor aún, tenemos que reconocer que la violencia la han desatado grupos que se escudan detrás de las legítimas manifestaciones sociales. Nosotros condenamos la violencia absoluta y tajantemente, pues no solo busca destruir la democracia, sino que también daña profundamente a quienes más necesitan, a esos chilenos vulnerables que solo buscan vivir con dignidad.
¡Que quede clara nuestra total y tajante condena a la violencia!
No me gusta la forma en que este Gobierno presiona para que tramitemos las iniciativas con la mayor rapidez. No me gusta la velocidad que le quisieron imponer a este proyecto. No me parece adecuado, porque tiene graves deficiencias legislativas.
La iniciativa que ahora analizamos crea una figura agravada de desórdenes públicos, que finalmente criminaliza el movimiento social con tipos penales amplios, que pueden llevar incluso a que personas que lancen piedras en una marcha sean condenadas -escuchen bien- hasta a cinco años de presidio.
La verdad es que eso no es lo que nosotros estamos buscando.
Esa figura agravada de desórdenes que se crea incluye penas que van de los 541 días a cinco años, superior a la figura de desórdenes que tenemos hoy día en el actual artículo 269 del Código Penal. Es así como se sanciona a quienes en una manifestación o reunión pública tomaren parte de forma violenta en un desorden.
El problema es que hablamos de "manifestaciones o reunión", y no sabemos si se está refiriendo a marchas autorizadas o no. ¿Qué entendemos por "reunión pública"? ¿Podría ser incluso un concierto que derivara en algunas acciones violentas o una reunión de junta de vecinos que termine en equis circunstancias?
Francamente, eso no queda claro.
Se habla de paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad. Eso puede sonar bastante sensato, pero hay que tener cuidado. Los jóvenes que interrumpieron transitoriamente algunas líneas del Metro -por favor, no me refiero a la quema ni a la destrucción, sino al hecho de sentarse en el andén- ¿podrían ser condenados de 541 días a cinco años de cárcel?
A esas asociaciones de salud que paralizan transitoriamente el servicio cuando protestan por la falta de implementos en los hospitales, ¿también las podríamos condenar?
Quiero ponerme en un extremo. ¿Qué pasaría si hubiese un paro de Televisión Nacional que interrumpiera las comunicaciones? ¿También vamos a perseguir a esos sindicatos? Porque el proyecto habla de "comunicaciones"; no se especifica exactamente si se trata de servicios estratégicos, de telefonía, de internet, en fin.
Quiero señalar que, cuando se legisla aceleradamente, cuando se reacciona sin medir, sin reflexionar, sin tener coherencia en el propio proyecto que se presenta, francamente, señor Presidente, se hace un enorme daño.
¿Cómo vamos a aceptar, por ejemplo, que en el caso de una barricada menor -a nadie le agradan-, que momentáneamente interrumpe el tránsito, se sancione con esa misma gravedad?
Peor aún, los pobladores de Lo Hermida, que se tomaron los terrenos de la Viña Cousiño, ¿también serán sancionados con este tipo de pena agravada?
Entonces, pregunto: ¿Por qué tenemos que legislar de esta manera? ¿Por qué el Gobierno se equivoca al ponerle "discusión inmediata"? ¿Por qué queremos criminalizar los movimientos sociales?
Con eso no vamos a lograr lo que todos queremos: aislar la violencia, el vandalismo, con lo que ninguno de nosotros está de acuerdo.
Les puedo señalar con dolor lo que se ve en la comuna de Valparaíso, en seis cuadras de la calle Condell. No puedo dejar de referirme a ello, señor Presidente. Llama profundamente la atención lo ocurrido en Valparaíso, porque la violencia ha sido enorme.
Sin embargo, mientras estaban saqueando, muchos de los carabineros estaban repeliendo manifestaciones pacíficas. Esta ha sido una tremenda duda que nos ha dejado nuestra región. ¿Qué ha pasado? ¿No tiene Carabineros la capacidad operativa? Hacen un uso desproporcionado de la fuerza, masivamente, pero no logran aislar a ese grupo de violentos y de vándalos, que es lo que realmente necesitamos. Y ese es nuestro dolor, porque no hemos logrado eficacia ni un uso proporcional de la fuerza.
Sí se han generado gravísimas violaciones a los derechos humanos, muy condenables, materia que están abordando las distintas comisiones que nos han asesorado.
Señor Presidente, voto a favor de este proyecto solamente porque creo que necesitamos contar con una legislación en este ámbito, pero la iniciativa debe ser mejorada para que sea racional, proporcional, reflexionada y justa.
--Según lo acordado previamente, pasa a presidir la sesión el Senador señor Coloma, en calidad de Presidente accidental.
El señor COLOMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, la primera reflexión que puede hacerse de este proyecto, que llegó hace poco rato a la Sala, es que efectivamente pretende criminalizar las manifestaciones sociales.
Además, hace un refundido de temas, al mezclar el vandalismo, la seguridad y las legítimas marchas.
Por lo tanto, esta iniciativa, que estamos votando en general, claramente debe ser objeto de perfeccionamientos.
En primer lugar, es necesario señalar que las conductas que se encuentran descritas en el proyecto como delitos presentan graves deficiencias en su redacción.
Uno de los principios fundamentales en materia penal es el denominado "principio de legalidad", que tiene como una de sus manifestaciones el principio de tipicidad o también denominado "mandato de determinación". Es tal la importancia de este principio que se encuentra establecido en el artículo 19, número 3º, de la Constitución Política, que dispone expresamente: "Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella".
De acuerdo a este precepto, las conductas que se castigan como delito deben estar descritas con precisión, lo que no se satisface con establecer simplemente una frase general en la que se trate de resumir las conductas que se pretenden sancionar, sino que es necesario establecerlas de la forma más precisa y detallada posible.
Lo anterior, señor Presidente, por una razón fundamental: la ambigüedad es una herramienta para restringir arbitrariamente los derechos de las personas. Si permitimos definiciones amplias e imprecisas, en la práctica se le entrega a las policías, al Ministerio Público y a los tribunales la posibilidad de actuar de forma absolutamente arbitraria. Esto es lo que ocurre en el presente proyecto con las conductas que se encuentran descritas como desórdenes públicos.
Es así como se señala que constituyen desórdenes públicos el "paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad". Esta conducta, que podría parecer sumamente grave y clara para alguien poco atento a las exigencias que debe tener un proyecto de ley de esta naturaleza, si se revisa detenidamente, se advierte que se encuentra descrita en términos poco claros y rigurosos.
Hay que tener presente que el proyecto considera dentro de los servicios públicos de primera necesidad los relativos al transporte. Esto significa que quien se encuentre en la vía pública manifestándose pacíficamente, ya sea realizando bailes, por ejemplo, u organizando una batucada, y detiene la marcha de un bus de locomoción pública podría haber incurrido en el delito de desorden público, conforme a lo establecido en esta iniciativa.
Como se puede apreciar, señor Presidente, lejos de constituir un medio para prevenir y sancionar por la vía penal aquellas conductas graves que alteren de forma seria el orden público, tal como se nos presenta este proyecto, sus normas abren un espacio importante para los abusos, pudiéndose transformar en un instrumento para sancionar y perseguir manifestaciones de protestas absolutamente pacíficas.
Frente a este tipo de críticas, se nos podría decir que la norma restringe este tipo de supuestos mediante las expresiones "gravemente" o, en el encabezado del artículo 268 septies, como "violenta" o "activamente". Sin embargo, lo cierto es que el proyecto, de forma absolutamente intencional, no restringe ni establece expresamente qué debe entenderse por estos conceptos.
Insisto: lo anterior no es casualidad, ya que el proyecto se da el espacio para definir expresamente qué es un servicio público de primera necesidad, pero no hace lo mismo para definir qué se debe entender con expresiones tales como "activa", "violenta" o "gravemente".
Le pido un minuto más, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente accidental).- Claro.
El señor BIANCHI.- Pero, incluso, si pensáramos que estas normas merecen ese nivel de sanción, habría que señalar que son desproporcionadas respecto a otras conductas que tienen asignadas penas similares o inferiores.
Por ejemplo, el cohecho simple, que es una conducta sumamente grave y que afecta la probidad pública, es castigado con penas de 61 días a tres años de cárcel. De esta forma, si aprobamos este proyecto de ley, cometer un delito de cohecho sería menos grave, según la pena que establece nuestra legislación, que realizar una barricada.
Es más, que el dueño de un grupo económico soborne a un funcionario público podría tener también una pena inferior que la señalada en la iniciativa para castigar a quien hace una barricada.
Y eso, solo por señalar algunos ejemplos.
Ese tipo de situaciones demuestra la premura y la falta de precisión con la que se elaboró este proyecto de ley, cuya redacción actual podría dar pie a toda clase de abusos, convirtiéndose en una forma de sancionar criminalmente la protesta social hecha por medios pacíficos.
Señor Presidente, como han señalado muchas Senadoras y Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, aquí se han querido mezclar, intencionalmente, temas muy graves, como la seguridad y el vandalismo, y, además, se criminalizan las marchas pacíficas legítimas.
Por lo tanto, vamos a aprobar la idea de legislar, aunque la iniciativa requiere ser perfeccionada mediante muchas indicaciones.
Creo que debemos cambiar la intencionalidad del proyecto y transformarlo en una herramienta efectiva para enfrentar situaciones mucho más graves.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, a mi juicio, es tremendamente relevante el proyecto que estamos votando. Lamento que no esté presente el Ejecutivo para hacer un seguimiento de esta iniciativa y recoger las inquietudes que vamos a plantear.
No cabe duda de que estamos en presencia de situaciones graves en nuestro país, y nadie, ¡absolutamente nadie! -en esto hay que ser tajante-, avala los hechos de violencia que han acaecido principalmente en los núcleos urbanos de distintas comunas y que jurídicamente se denominan "saqueos".
En ese sentido, dado que esta es una discusión jurídica, quiero precisar lo que la Real Academia Española entiende por "saqueo". En su primera acepción señala: "Dicho de los soldados: Apoderarse violentamente de lo que hallan en un lugar.".
Ese concepto no es ajeno a su tratamiento en el derecho comparado. Por ejemplo, en España el Derecho Penal Militar contempla, entre otras descripciones de delitos contra las leyes o usos de guerra, el "saqueo a los habitantes de las poblaciones enemigas".
En nuestro sistema jurídico, la ley Nº 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, dentro de los crímenes en el caso de conflicto armado, en el inciso tercero del artículo 27, castiga con presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de cinco años y un día a diez años, el "saqueo de una ciudad o plaza".
Conforme al Derecho Penal Internacional, el saqueo se distingue de la apropiación y confiscación a través de la intención del autor de apropiarse de la cosa para su uso privado o personal.
Considero que es importante, desde el punto de vista jurídico, lo que nosotros estamos discutiendo. Al llamado para tener una legislación que sancione efectivamente ese tipo de acciones, estamos dispuestos a concurrir, porque nadie, ¡absolutamente nadie!, avala los hechos que suceden en las plazas y el centro de muchas ciudades, que han sido absolutamente vandalizadas por personas que no son parte de la protesta social y no están marchando y reivindicando derechos, sino que simplemente buscan una destrucción sistemática de la infraestructura y, principalmente, de los emprendimientos de pequeños y medianos comerciantes.
¡Eso no lo queremos!
Pero seamos precisos.
Se nos convocó a votar esta iniciativa. Hoy día en la Comisión de Seguridad Pública nos encontramos con un proyecto, derivado de la Cámara Baja, que tiene una serie de agregados que no tiene nada que ver con el saqueo, lo que claramente confunde a la opinión pública. Incluso, desde el punto de vista de la técnica legislativa, desde la técnica penal, subsumen dentro del tipo las propias agravantes del uso de la violencia en este tipo de casos.
Entonces -y ahora llegó alguien del Ejecutivo-, seamos claros.
Le hago presente al Gobierno, con mucho cariño pero con fuerza, que hemos colaborado para tener una legislación acorde a los hechos que están sucediendo. Pero no estamos disponibles para la improvisación.
Ya lo vimos con la iniciativa anticapuchas, un proyecto que no apunta al fondo del asunto. La semana pasada se votó. A muchos nos acusaron por votarla en contra, pero es ineficaz, es populismo penal, es engañar a la población haciendo creer que a través de esa norma efectivamente se podrá perseguir a los autores de la violencia, cuando simplemente criminaliza a quienes usan esa vestimenta, principalmente la juventud.
Seamos responsables.
Hoy día tuvimos una extensa discusión en la Comisión de Constitución a propósito del proyecto referido a la infraestructura crítica. Lo voté en contra, porque creo que va a exponer a las fuerzas militares en lugares donde, más allá de resguardarlos, pueden estar bajo el riesgo de una eventual matanza. ¡Y eso no lo queremos!
Es mejor que actúe de mejor manera el Ministerio Público; que el Gobierno se coordine con la Fiscalía para que estén presentes los fiscales tomando declaración, haciendo el procedimiento como corresponde.
Se requiere que Carabineros mejore la técnica investigativa. Hoy día vimos que fue formalizado un coronel de Aysén por falsificar información, por esconder un video tomado en las protestas. Eso no le hace bien al objetivo que queremos conseguir.
Entonces, pido rigurosidad en el texto que está en votación, rigurosidad para tener una normativa efectivamente antisaqueos. Pero no me vengan a traer de contrabando en este proyecto normas que apuntan a intereses claros y precisos, introducidos...
El señor COLOMA (Presidente accidental).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Le vamos a dar cuarenta segundos.
El señor DE URRESTI.- El número 6) del nuevo artículo 268 septies fue introducido con nombre y apellido para criminalizar la lucha del pueblo mapuche.
Dice: "Para estos efectos constituye desorden público:
"6) Ocupar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.".
¿Qué es esto, señor Presidente? ¡Contrabando jurídico, contrabando penal! Se busca, a propósito de este movimiento, de esta tremenda demanda social, contar con un instrumento de lucha contra el pueblo mapuche.
¡Por favor, seamos serios!
Vamos a estar disponibles absolutamente para discutir y ser claros y precisos respecto del saqueo. Pero, ¡por favor!, exijo rigurosidad intelectual: no al populismo penal, claridad en lo que queremos conseguir.
He dicho, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, quiero aclarar, en primer lugar, un punto: se ha interpelado aquí al Ejecutivo por este proyecto, pero no es de su autoría. Esta es una moción de la Cámara de Diputados. Entonces, ¡por favor!, qué culpa tiene el Gobierno de las iniciativas que presentan los parlamentarios.
Eso es lo primero que quiero aclarar.
Dicho eso, señor Presidente, lamento profundamente que el proyecto se vote solo en general. Me habría gustado que se votara en general y en particular, porque creo que es indispensable y urgente que dotemos al Gobierno, al Ministerio Público y a los tribunales de las herramientas necesarias para resguardar nuestra democracia, institucionalidad y Estado de derecho.
No comparto lo que acá se sostiene respecto a que se quiere criminalizar a las manifestaciones pacíficas.
Lo que hemos vivido durante estos días es claro y, a mi juicio, no deja lugar a dudas. Aquí ha habido manifestaciones pacíficas por legítimas demandas sociales; pero también -y tampoco deja lugar a dudas- ha habido grupos de delincuentes, de narcotraficantes y de otros violentistas que lo único que buscan es destruir. Porque detrás de un incendio, de un saqueo, de la destrucción y la violencia no hay demanda social alguna. Solo quieren debilitar nuestro Estado de derecho, solo quieren la anarquía.
Señor Presidente, si uno lee el texto del proyecto de ley -reitero que no es de iniciativa del Ejecutivo, sino de parlamentarios-, lo que se está sancionando es la violencia que puede nacer de las manifestaciones o reuniones públicas que constituyan desorden público.
Y se establecen seis descripciones de desórdenes públicos.
Primero, lo que para mí es importante y de primer orden, la paralización o interrupción de un servicio público, como un hospital, un cuerpo de bomberos, la electricidad o el agua potable.
Eso sí que es necesario castigarlo fuertemente.
Segundo, atentar contra la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros. Esto también lo considero violencia.
Tercero, destruir total o parcialmente una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, o una oficina. Hemos visto cómo han destruido las pymes.
¡Cómo no vamos a estar dispuestos a castigar eso como violencia pública y como saqueo!
Cuarto, incendiar objetos o hacer barricadas que impidan la libre circulación, las cuales, además, destruyen las calles y alteran la tranquilidad de quienes viven alrededor de donde se instalan.
Quinto, impedir o dificultar la actuación del cuerpo de bomberos, el que ha realizado en estos más de cuarenta días una labor extremadamente relevante, sacrificada y comprometida.
Sexto, el ocupar o usurpar bienes inmuebles, cuando se hace con violencia, cuando no es legítimo. También es importante sancionarlo.
En fin, señor Presidente, en estos seis números no veo dónde se criminaliza a las manifestaciones pacíficas. Lo que aquí se criminaliza es la violencia. Eso es lo que se quiere castigar.
Se ha sostenido reiteradamente que no supimos leer a la calle y que por eso hubo este estallido social. Pues yo los llamo a no volver a equivocarnos y a leer a la calle, la que hoy día está pidiendo incansablemente el restablecimiento del orden público, la tranquilidad y la paz ciudadana. Nuestra obligación como Congreso, como Poder Legislativo, es entregar al Gobierno, al Ministerio Público y a los tribunales las herramientas necesarias para ello.
Gracias.
--Según lo acordado previamente, pasa a presidir la sesión el Senador señor Bianchi, en calidad de Presidente accidental.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, el conflicto social no se soluciona con más sanciones o con más militares. El conflicto social se soluciona con política social, que es un elemento básico para entender la forma de enfrentar la conflictividad social que afecta a Chile, que han superado aquellos países que también la han experimentado en su oportunidad.
Una cosa son las demandas sociales y otra muy distinta es la violencia. No son fenómenos que necesariamente deban estar unidos.
Muchas veces la violencia es producida por grupos minoritarios a los cuales les dan lo mismo las reivindicaciones, les dan lo mismo las medidas que se adopten, y usan las efemérides, las conmemoraciones, cualesquiera que estas sean, para cometer desmanes, para crear violencia, para causar destrozos. Se trata de gente a la que no le interesa cuál es la causa del movimiento social y que lo perjudica.
Por eso es tan relevante que, junto con hacer entender al Gobierno que las demandas sociales se resuelven con políticas sociales y con una agenda social potente, este tiene que ser capaz también de separar y de identificar a aquellos que causan permanentemente violencia, saqueos y destrucción.
Señor Presidente, yo no tengo idea si los comerciantes de Concepción, de Santiago, de Valparaíso, de La Serena, de Valdivia, de Iquique y de muchas otras ciudades que han sido saqueadas son de Derecha, de Centro o de Izquierda. Me da lo mismo. Mi tema es que como sociedad no podemos aceptar que la violencia se utilice como una forma de reivindicación. ¡No, señores!
Lo que tenemos que hacer nosotros es sancionar a aquellos que usan la violencia, no la protesta social, que es distinta.
Por eso concurrí con mi voto favorable en general a este proyecto. Porque, a diferencia de lo que señaló el primer Senador que intervino, quien dijo que este proyecto no tenía ninguna norma sobre los saqueadores, déjeme decirle que habría sido bueno que leyera el proyecto o al menos que se quedara a la discusión para que aprendiera que esta iniciativa de ley sí contempla normas contra el saqueo.
¿Es buena la norma? ¡No es buena!
¿Es bueno el proyecto? ¡No es bueno!
¿Es un mal proyecto? ¡Sí, es un mal proyecto que viene de la Cámara de Diputados!
Es un mal proyecto, pero bien intencionado. Mezcla un conjunto de cosas: desórdenes públicos con delitos. Mezcla aspectos relativos a manifestaciones con francos episodios de violencia.
Y lo que es peor, alguien dijo por ahí que una norma se metió de contrabando, lo cual me parece un exceso lingüístico; pero déjeme decirle, señor Presidente, que efectivamente hay una disposición que no tiene nada que hacer en esta iniciativa, la del número 6), que considera desorden público la ocupación de terrenos agrícolas.
Señor Presidente, esta norma surgió de la indicación de un Diputado de Evópoli, de la Región de La Araucanía, que pretende incorporar acá una sanción para los que se tomen un predio. ¡Oiga! ¡Ese es el delito de usurpación! ¡Es otro delito! No tiene nada que ver con desorden público. Y nos puede armar un conflicto con los pueblos originarios, ¡por favor!, y con los comités de vivienda, ¡por favor!
Para eso habrá otro momento, otra legislación.
Hay que ser serios, hay que ser responsables. No hay que tratar de pasar gato por liebre.
Los Senadores y Senadoras de esta Sala estamos discutiendo solo en general esta materia. ¿Y por qué? Porque la Comisión de Seguridad, cuando el Gobierno ingresó el proyecto para discutirlo en general y particular, luego de leer -dispusimos solo de dos horas de anticipación- el texto que había despachado la Cámara de Diputados, dijimos: "Señores, no podemos aprobar en general y particular un proyecto de esta naturaleza, porque tiene un conjunto de errores".
Y si hoy día la Sala del Senado está discutiendo solo en general esta iniciativa, es por recomendación de la Comisión que me honro en presidir. Porque todos sus integrantes consideraron que este proyecto tenía falencias y que solo había que acordarlo en general, es decir, solo aprobar la idea de legislar y no el articulado.
Por eso, luego de la aprobación en general, la iniciativa volverá a la Comisión de Seguridad, donde se eliminarán un conjunto de artículos que nada tienen que ver con materias relativas al orden público, desórdenes y saqueos.
En consecuencia, se requiere hacer modificaciones estructurales.
Por de pronto, desde ya hemos anunciado, con los Senadores Huenchumilla, Quintana y Lagos Weber, que vamos a ingresar una indicación para eliminar el numeral 6) propuesto, con el objeto de sacar de esta discusión lo relativo a la usurpación, pues no corresponde incluirlo en este proyecto.
Pero, a su vez, hago míos los argumentos que conversamos con el Senador Araya, en el sentido de que la redacción del artículo 442 del Código Penal, relativo al delito del saqueo, es completamente inútil, porque hoy día existe una agravante de responsabilidad penal que establece las mismas circunstancias. Entonces, no va a tener ningún efecto práctico.
Señor Presidente, entiendo el apuro, el entusiasmo de la Cámara de Diputados, pero ¿sabe lo que pasa? Que aquí debemos ser serios y responsables. Vamos a hacer un proyecto de ley como corresponde, probablemente más pequeño, pero orientado a sancionar el saqueo para que nunca más ocurra en Chile.
Gracias.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Senador don Víctor Pérez, tiene la palabra.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en una democracia, en un Estado de derecho, en un orden constitucional en que las personas tienen derechos y deberes, la violencia tiene que ser claramente erradicada.
Cuando hay separación de poderes, cuando la Constitución garantiza a cada una de las personas el derecho a expresarse libremente, la violencia debe quedar absolutamente fuera de toda justificación.
A mí me llaman profundamente la atención los esfuerzos de algunos para tratar de justificar la violencia.
Las manifestaciones son absolutamente legítimas, en la medida que sean pacíficas. Estas sin duda están permitidas y no hay norma alguna que deba condenarlas, ni restringirlas; pero a los violentistas que se aprovechan de las manifestaciones pacíficas hay que sancionarlos.
Es la violencia de quien arma una barricada, prende fuego e impide que otras personas ejerzan sus derechos, la que hay que sancionar.
Es la violencia de quien destruye una vivienda o un inmueble público o privado, lo que hay que sancionar.
Es la violencia de quien saquea, entra a un local comercial y roba lo que está ahí, de una manera violenta, lo que hay que sancionar.
Eso es, en definitiva, lo que queremos que castigue esta ley en proyecto.
Por cierto, hay que mejorarla técnicamente. Pero eso es. No se está sancionando la expresión pública de las personas; no se están sancionando las manifestaciones.
En una democracia -vuelvo a decir- tenemos que erradicar absolutamente la violencia y sancionar a los violentos.
Es verdad que tenemos preocupación por las dificultades técnicas de este proyecto, y así lo discutimos en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Por ello debemos perfeccionarlo y mejorarlo. Pero el tema de fondo (quienes ejercen la violencia, quienes alteran el orden público violentamente) debe tener sanciones. Creo que en esto no debe haber ninguna duda.
Ahora, quienes defienden la cuestión de fondo, quienes cuestionan eso, se colocan frente a la democracia, frente al Estado de derecho. Y nosotros vamos a defender la democracia y el Estado de derecho.
Sin embargo, la preocupación por un proyecto de esta naturaleza también nos debe llevar a cómo está actuando el Ministerio Público frente a situaciones similares.
Al respecto, quisiera dar aquí algunas cifras que cuestionan el rol del Ministerio Público.
Cuando existe un imputado conocido, o sea, una persona que cometió un delito y que está plenamente identificado, solo en el 23 por ciento de los casos se llega a sentencia condenatoria. Y las salidas alternativas superan el 43 por ciento; los acuerdos reparatorios, 29, y en muchas ocasiones -digamos- se archiva la causa y no se persevera.
Es decir, un delincuente que comete un hecho y que es claramente identificado no solo por la policía, sino también en el curso del proceso, la mayoría de las veces no recibe sentencia. Y, si el imputado no es conocido, las cifras respecto al archivo provisional superan el 84 por ciento.
¡Ese es un problema real!
Por eso la gente ve, presencia cómo se destruye el centro de Concepción; cómo se destruye gran parte de Valparaíso; cómo se destruyen los centros de numerosas ciudades de nuestro país, y nadie -¡nadie!- es imputado o sancionado drásticamente. Y no se visualiza siquiera una condena para quienes, por ejemplo, destruyeron las distintas estaciones del Metro.
Tenemos que mejorar este proyecto, pero sin dejar de lado una cuestión fundamental: que quienes cuentan con el monopolio de la persecución criminal tienen cifras de baja eficacia, lo que muchas veces provoca que las normas que aquí se dictan no tengan una aplicación como la ciudadanía y nosotros esperamos.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador don Ricardo Lagos Weber.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, primero, hay un tema que es bien importante aclarar: este no es un proyecto que provenga del Gobierno, tiene su origen en una moción.
Sin embargo, el Ejecutivo le puso urgencia y, por tanto, hay una responsabilidad en pedirnos a nosotros y a la Cámara de Diputados que legislemos rápidamente para aprobar esta iniciativa, que yo entiendo que el Ejecutivo avala al ponerle urgencia.
Dejemos las cosas en contexto, para que así no confundamos a la opinión pública. Pero vamos al asunto de fondo.
El proyecto en examen tiene un contexto. Hemos vivido ya seis semanas de movilizaciones intensas que han dado un tremendo, potente y contundente mensaje desde la ciudadanía a los chilenos mismos, incluidos los que tomamos decisiones.
Las manifestaciones, que son valorables, que defiendo y lo seguiré haciendo, sin las cuales no hubieran tenido lugar muchos de los cambios que hemos aprobado hoy día, como la pensión básica solidaria, han estado acompañadas de hechos grises y oscuros. Unos dicen relación con los cientos de chilenos que están lesionados con daños oculares y con los numerosos muertos. Las responsabilidades se verán en su oportunidad.
Hemos sido testigos de determinaciones de organismos internacionales de derechos humanos que hacen ver que en Chile se han violado los derechos de las personas en el actuar de la policía.
Simultáneamente, hay decenas de policías y carabineros heridos, algunos también severamente.
Todo eso va acompañado de violencia y saqueos. Cualquiera que haya estado en Valparaíso, en Santiago, en muchas capitales de provincia y en ciudades más pequeñas de Chile, ha vivido la violencia y el saqueo. Y eso no lo avala nadie, que yo sepa. ¡Nadie!
Por esa razón creemos que este proyecto es importante, porque tenemos que apuntar a eso.
Yo que defiendo la movilización, porque creo que es significativa para hacer cambios en Chile, no quiero que quede secuestrada o atrapada o manchada por la violencia que tiene lugar.
Lo que ha ocurrido en Valparaíso es muy fuerte. Condell y Bellavista no son los únicos lugares. Viña del Mar y San Antonio también han sido afectados. Se han quemado municipalidades. Y eso no tiene que ver con ninguna reivindicación social, ¡y menos los saqueos y la violencia!
Entonces, el proyecto se supone que apunta a eso. Y repito: fue realizado por parlamentarios, por Diputados. Le pusieron tal vez mucho énfasis, pero el texto tiene errores. Lo han dicho acá distintos Senadores que han revisado la iniciativa y constatado los errores. Tiene excesos, como tipos penales amplios y una gradación de penas distinta, que puede ser complicado interpretar.
Ciertamente, lo digo de entrada, como señalaba el Senador Harboe -por su intermedio, señor Presidente-, me haré cargo de eliminar el número 6), que en el fondo puede prestarse para sancionar las tomas. Esto no implica el avalarlas. Si queremos concentrarnos en la violencia y los saqueos, ¡concentrémonos en la violencia y los saqueos!, y que no pase inadvertido que la interpretación de esas normas genera consecuencias distintas.
Entonces, ¿por qué se produce esta tensión ante el proyecto? Porque yo quiero que termine la violencia del saqueo, pero sobre todo quiero sancionarla, porque no acepto la violencia como instrumento de definiciones políticas ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. No la acepté antes en dictadura y no la voy a aceptar ahora en democracia. Y eso tiene muchos determinantes. Con todo, creo que tenemos la capacidad de distinguir unas cosas de otras.
Por ejemplo, el tema de la usurpación de bienes agrícolas puede prestarse para interpretaciones muy complejas desde el punto de vista político. Y, a mi juicio, eso debemos limpiarlo de esta iniciativa.
Entonces, sí, prácticamente todos van a apoyar la idea de legislar de este proyecto, pero el texto que verá la luz al final no será tal como está hoy.
Lo digo con gran respeto, más allá de que fue aprobado por amplia mayoría de Diputados. ¡Amplia! ¡Transversalmente, de todos los colores, prácticamente!
Hay un punto que no voy a dejar pasar tampoco, y que no sé si está sancionado acá, en este proyecto: la violencia en las personas.
La práctica de "El que no baila, no pasa" para mí es gravísima. Es gravísima porque algo que parece simpático, esconde detrás que a usted, a cualquiera de nosotros, a cualquier chileno o chilena que no comulgue con la demanda que está siendo manifestada en ese momento a través de la interrupción del tránsito o la libre circulación de un chileno o una chilena, o que no le guste, sea amenazado bajo coerción a realizar una conducta impropia.
Aquello atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de conciencia.
De ahí a decir "El que no baila, no pasa" porque no quiere nueva Constitución y terminemos prohibiendo que lleguen los extranjeros a Chile; o porque pensamos que hay chilenos de primera y segunda categorías, pues establecemos consideraciones racistas o religiosas de toda naturaleza como fue en el pasado de Chile, lo encuentro ¡gravísimo!
A mí me ha tocado enfrentar esa situación.
Entonces, puede que yo comulgue con las cuestiones que se están planteando en la calle. Sin embargo, no puedo aceptar ese mecanismo.
Si admitimos lo que se genera con "El que no baila, no pasa", estaremos diciendo que cuando queramos escribir nuestra Constitución desde cero y realicemos el debate el tono va a ser: ¿Las barricadas del que quiera dos tercios? ¿Las barricadas del que desee Banco Central autónomo o no? ¿Y vamos a impedir la discusión?
Señor Presidente, esta situación -no sé si este proyecto, porque tiene por objeto abordar lo relativo a la violencia y el saqueo- que atenta contra la libertad de expresión, contra lo que yo creo porque tengo a chilenos enfrente que piensan distinto (y no los califico de buenos o malos); esta acción de fuerza que se ejerce, por ejemplo, sobre una familia o respecto de un ciudadano que va a trabajar o que vuelve de estudiar y que piensa diferente, creo que es lo más grave que nos ha ocurrido, junto con todo lo que hemos visto en materia de violencia.
Si vamos a este asunto en profundidad, entonces, aquello significa que no creemos en la democracia y que somos incapaces de aceptar que somos distintos.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, yo también considero que este proyecto no es solo antisaqueo. De hecho, solo en el número 3 de su artículo único se plantea una norma que habla del robo en lugar no habitado, pero lo hace de mala manera.
Hay penalistas, como el abogado Carlos Gajardo, que han criticado esto y han señalado que no sirve de nada esa disposición tal cual viene redactada.
Lo preocupante es que el número 1 del referido artículo único contiene una serie de conductas que se penalizan, pero confunde aspectos que no tienen nada que ver con el saqueo: mezcla elementos que claramente pueden ser faltas o problemas de orden público con delitos graves. Sin embargo, puede criminalizar, por ejemplo, una toma de terreno, un campamento.
La Región de Valparaíso tiene el mayor número de campamentos de nuestro país. Entonces, ¿vamos a criminalizar ese problema social? ¿O la reivindicación territorial de comunidades mapuches?
¡Eso es criminalizar la protesta social!
Asimismo, hay otros elementos que no necesariamente se hallan relacionados con el saqueo, y se mete todo en el mismo saco.
Ahora bien, este no es un proyecto del Gobierno, sino una moción de un conjunto de Diputados: unos de la Democracia Cristiana; otros de Derecha, de Renovación Nacional. Pero el Ejecutivo le puso "discusión inmediata".
Y en ello sí existe responsabilidad del Gobierno, porque quiere que lo discutamos a la rápida.
Entonces, valoro que acá, en el Senado, al menos se dé la posibilidad de realizar un debate; de votar en general esta iniciativa; de permitir, de aquí al viernes o a un par de días más, la presentación de indicaciones para corregir, para acotar, para redactar de manera adecuada su texto. Seguramente este asunto se votará la próxima semana, si el Ejecutivo no da más margen para la discusión, por la urgencia que presentó.
A mi juicio, detrás de esta denominación de "antisaqueo", que es muy popular, hay una estrategia de populismo penal.
Como dijo Nelly León, capellana de Gendarmería; la hermana Nelly, quien estuvo con el Papa Francisco: "En Chile se encarcela la pobreza".
Con este proyecto, si se aprueba tal cual viene redactado, vamos a seguir metiendo presa a gente pobre; continuaremos llenando nuestras cárceles de personas vulnerables, mientras que a los grandes saqueadores, quienes cometen delitos económicos de cuello y corbata, no se los llevará a ellas.
Como dijo el gran empresario Juan Pablo Swett: "Los grandes empresarios que saquean, que se coluden, que evaden impuestos no van a parar a la cárcel".
Acá estamos llenando nuestras cárceles de gente pobre, excluida y vulnerable.
Yo no estoy disponible para aquello; yo no me voy a prestar para ese populismo penal. Obviamente, empatizo con los pequeños y medianos comerciantes que han sido saqueados en nuestras ciudades tanto en esta región como en muchas otras. ¡Ese vandalismo, ese saqueo no tiene nada que ver con la protesta social!
El Presidente Piñera y muchos de sus voceros dicen: "Estamos frente a un enemigo poderoso", y han hablado de extranjeros, de cubanos, de venezolanos; se han referido al Foro de São Paulo, al Frente Amplio, etcétera; hablan de anarquistas, que ciertamente, puede haberlos. Sin embargo, esta semana nos encontramos con que un concejal de La Calera, perteneciente a Renovación Nacional, está metido en la organización de saqueos. Al respecto, está muy bien que el Senador Chahuán, su Presidente, diga que lo van a expulsar del partido y que se van a querellar. Pero creo que este es un llamado de atención a la Derecha en el sentido de que ese enemigo poderoso que está organizando saqueos lo pueden tener más cerca de sus filas de lo que piensan.
Ahora, ¿será el único caso?
En Santiago un asesor de un concejal de la Municipalidad de Santiago, vinculado también a Renovación Nacional, estuvo metido en los saqueos de La Cisterna.
¡Claramente eso está muy mal!
Por lo tanto -reitero-, ese enemigo poderoso puede estar más cerca de las filas de la Derecha de lo que creen.
Acá se necesita -y lo han dicho múltiples personas vinculadas a los Derechos Humanos- una reforma profunda a las policías; inteligencia policial; prevención; focalización del uso de la fuerza con estándares en derechos humanos.
Por último, en cuanto al conflicto social, debo señalar que una sociedad desigual, injusta, que genera exclusión es un caldo de cultivo para la violencia. Eso no se resuelve con un Estado policial, sino con un Estado social, democrático, de derecho; con políticas sociales; con bienestar social, a fin de establecer una sociedad más cohesionada y equitativa.
Eso traerá paz social, no así un Estado policial.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, no soy el defensor de Renovación Nacional en este minuto. No obstante, quiero decir que es muy fácil dar ejemplos de un partido que, por lo demás, ha tomado severas medidas y ha aplicado drásticas sanciones respecto de las personas que han sido acusadas de estar vinculadas con saqueos.
Sin embargo, a mí me habría gustado que mi colega hubiese señalado, por ejemplo, que en el Partido Comunista se encontraron una serie de elementos cuya finalidad era generar incendios y que hasta el día de hoy nada se sabe de aquello.
Pero aquí tampoco se trata de empatar. Sí estamos claros en decir algo muy importante. Acá hay una persona que tiene mucha trayectoria en la Comisión de Constitución y Justicia. Y me refiero al Senador Huenchumilla.
Yo le puedo expresar que los Senadores de la UDI presentamos un proyecto precisamente para que la colusión tuviera una penalidad alta, de cárcel. Sin embargo, tampoco puede generarse la muy mala señal de decir poco menos que la persona pobre está eximida de responsabilidad penal. Porque ello significaría un insulto para muchos chilenos y chilenas pobres, que son personas honestas, que han salido adelante, que sufren. A mi juicio, sería una bofetada plantear que por el hecho de ser pobre una persona prácticamente no tenga responsabilidad penal.
Ahora bien, yendo directamente a este proyecto de ley, debo decir que todos sabemos lo que ha pasado con los saqueos; todos tenemos claro que el drama ha continuado. Quizá esta situación ha bajado en intensidad, por cuanto en nuestro país hemos estado azotados por más de cincuenta días desde que se inició esta convulsión social. Separamos lo que es una protesta pacífica de lo que son acciones de violencia, de vandalismo y de saqueo.
Pero ya basta de marchas y de huelgas, pues me parece que ha habido demasiadas.
Creo que el Gobierno y la clase política ya escucharon lo que está pasando en nuestro país. Hoy día estamos viendo que se han aprobado algunas cuestiones, aunque faltan muchas por hacer.
Cuando se llama a una marcha, uno sabe en qué va a terminar: se infiltran sectores violentistas y producen el saqueo y la violencia. Claro, no era esa la intención de quienes llamaron a la protesta pacífica. Pero pienso que uno debe darle tregua a la sociedad, por lo que resulta muy importante no seguir en ese camino, porque finalmente Chile es el que pierde.
Entonces, la moción que estamos votando sirve de antecedente. Es verdad que a veces la prisa es enemigo de lo excelente.
Es probable que este proyecto adolezca de una serie de errores. Pero lo importante es el debate que estamos llevando a cabo acá para los efectos de mejorar su texto.
Ahora, si el Gobierno envió esta iniciativa con "discusión inmediata", si aquello lo plantearon los Diputados, bueno, el Senado es la Cámara revisora, y acá tendremos que debatirla y buscar las soluciones.
En tal sentido, todo lo que se ha dicho en esta Sala ha sido muy significativo.
El Senador Lagos abordó otro punto, la situación que genera esto de "El que baila, pasa", que es un atentado contra la libertad de las personas.
Son muchas las cuestiones que debemos examinar.
Pero también hay que ser conscientes en el sentido de que fueron los propios Senadores del órgano técnico respectivo quienes dijeron: "No, señores: hay que votar este proyecto en general, pues tiene que volver a la Comisión; debemos introducirle una serie de indicaciones, y lo vamos a discutir con seriedad, con responsabilidad".
Lo que queremos es castigar al que saquea, al violentista. Hay distintas posiciones al respecto. Y tendremos que llegar a acuerdo, porque no podemos seguir diez, quince, veinte, treinta días más con iniciativas de ley que no se aprueban y con este tipo de desmanes.
Algunos dicen que la violencia ha bajado en 60 a 70 por ciento. Pero todavía vemos que se registran hechos de violencia y saqueos.
Considero muy importante la señal política que se quiere dar con relación a estos proyectos cuya discusión se está incentivando aquí, en el Congreso.
El Parlamento debe entregar señales claras y ejemplares: ¡sí a la justicia social!; ¡sí a los derechos ciudadanos!; ¡sí a la igualdad de trato entre empresas y consumidores! ¡Pero no al saqueo!; ¡no a las barricadas!;...
El señor NAVARRO.- ¡No a las AFP!
El señor MOREIRA.-... ¡no a las tomas!; ¡no al caos!
Ahora bien, si hay que reformar el sistema previsional, como el Senador Navarro dice "no a las AFP", bueno, para eso está el Congreso.
Señor Presidente, a quienes hablan de las AFP acá -y es lo que me molesta, porque ahora todos están contra las AFP- me gustaría preguntarles por qué no abordaron esta situación antes. ¡Durante veintitantos años tuvieron las mayorías necesarias en el Parlamento como para haber aprobado los proyectos pertinentes, pero nunca lo hicieron!
Entonces, ¡parece que el único mohicano que va quedando en esta materia es el Senador Navarro...!
Pero -reitero- acá nadie dijo nada.
Señor Presidente, aquí tiene que haber una trilogía virtuosa: justicia, policías y Fiscalía.
Sin embargo, hoy día vemos que la Fiscalía ha actuado con inoperancia. Me refiero explícitamente al señor Fiscal Nacional, ¡quien ha actuado en forma inoperante, imprecisa, irresponsable; tratando de zafar de una crítica política que le han hecho todos los sectores!
Cuando la propia Corte Suprema dice que es más fácil arrancar que perseguir, ¿qué está planteando?
Que está muy mal, entonces, el señor Fiscal Nacional. No hay una política clara de persecución criminal en la Fiscalía, y esa responsabilidad de directriz es del Fiscal Nacional.
Por eso, Fiscal Nacional: ¡renuncie!
Señor Presidente, le pido que tratemos de despachar estos proyectos lo antes posible.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador José García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, tengo convicción en el sentido de que este es un proyecto necesario, con todas las perfecciones que haya que hacerle: ¡es una iniciativa fundamental!
Cuando uno analiza y revisa las cifras de la destrucción que ha habido en nuestro país en estas últimas semanas, ve que no queda sino responder con actualización y modernización de nuestra legislación penal, porque muchas de las situaciones de violencia y de destrucción extremas que hemos observado lamentablemente no se hallan recogidas de manera suficiente en nuestra legislación penal.
Un breve recuento: 79 estaciones de Metro dañadas; 2.438 buses vandalizados; 307 cruces con semáforos estropeados; 452 supermercados atacados.
Esas son cifras al 22 de noviembre. Probablemente, al día de hoy, algunas de ellas (o tal vez todas) habrán aumentado.
Señor Presidente, el impacto que la violencia y la destrucción están generando en nuestra economía es tremendo.
Hace un par de días conocimos el dato que muestra cómo ha disminuido nuestra actividad económica: solo en el mes de octubre se registra una caída de 3,4 por ciento.
Entonces, enfrentar esta situación con mejores instrumentos penales, con una tipificación más adecuada de los delitos debería ayudarnos a hacer realidad lo que aquí muchas señoras Senadoras y muchos señores Senadores han dicho: "Una cosa son las manifestaciones pacíficas, pues las personas están en su derecho a realizarlas, y otra muy distinta, la violencia y la destrucción".
Ahora bien, a este proyecto se ha agregado una mayor penalización para la usurpación.
Al respecto, lo primero que deseo señalar es que la usurpación es un delito; así está tipificado en nuestro Código Penal. Sin embargo, ¿cómo se penaliza la usurpación? ¡Con una multa!
No es posible disuadir ese delito con una penalidad tan baja. De tal manera que, en la práctica, frente a la usurpación tenemos la más total, completa y absoluta impunidad.
No sé si la solución es la que se plantea en este proyecto. Por eso considero bueno que lo analice la Comisión de Seguridad Pública del Senado y que nos proponga algo a la Sala. Porque tengo la convicción de que el delito usurpación no puede seguir siendo penalizado única y exclusivamente con una multa.
Señor Presidente, insisto en que este proyecto es necesario y en que es indispensable aislar y separar completamente lo que son las manifestaciones ciudadanas, que buscan poner de relieve sus demandas, de la violencia, que es una cosa muy distinta, pues por ese camino no vamos a llegar a ninguna parte.
Chile necesita crecer, así como también nuestra economía; necesitamos recuperar los empleos que se han perdido; necesitamos que las pymes que han sido destruidas se pongan de pie. En pocas palabras: necesitamos que nuestro país se reencuentre con un camino de paz y de prosperidad.
¡La violencia no es la vía!
Señor Presidente, no puedo votar porque estoy pareado con el Senador Carlos Montes; pero confío en que se va a aprobar la idea de legislar respecto de esta iniciativa y que la próxima semana la veremos nuevamente en la Sala para su discusión en particular.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- A continuación, tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, en realidad, yo trato, al igual que el resto de las Senadoras y de los Senadores, de hacer bien mi trabajo, mi pega. Por lo tanto, intento escuchar los argumentos y racionalizar los procesos de discusión y de estudio de los proyectos de ley.
Pero hoy día en la Comisión de Seguridad, donde examinamos esta iniciativa -porque quienes la integramos también repetimos nuestra participación en la Comisión de Constitución, y ocurre lo mismo con muchos de sus miembros-, yo protesté por su texto en presencia del señor Ministro del Interior, quien concurrió a dicha instancia. Y lo hice porque en estos casi dos años que llevo en el Senado, a los que debo agregar la experiencia de doce años en la Cámara de Diputados y en otros tantos cargos en que he estado, dificulto haber visto una materia tan mal tratada como esta iniciativa de ley.
Desde el punto de vista del procedimiento, es un proyecto en el que uno llega a sentarse a la mesa de la Comisión y en tres o cuatro minutos tiene que enterarse de su contenido, para debatirlo en general y en particular con "discusión inmediata".
En segundo lugar, este es un proyecto que viene de la Cámara de Diputados, originado en una moción parlamentaria -es verdad-, pero al cual el Gobierno le pone "discusión inmediata", con lo cual utiliza una facultad constitucional y lo hace suyo. Es por eso que el señor Ministro del Interior estuvo presente en la Comisión durante el debate.
Sin embargo, dadas las condiciones en que se halla este proyecto, si la votación fuera artículo por artículo, creo que uno tendría que rechazarlo, tal como lo hice en la Comisión, porque no podemos legislar así. ¿Y saben por qué? Porque debiéramos tener conciencia de que, de todas las crisis que hemos enfrentado a lo largo de los siglos XIX y XX, probablemente esta sea una de las más profundas.
Entonces, hay que hacer las cosas bien. El Gobierno tiene que tomar las medidas políticas de fondo, para las cuales estamos disponibles como Oposición, con la finalidad de llegar a los acuerdos pertinentes. Y así lo hemos demostrado.
El otro camino es el combate a la violencia mediante la ley. Entonces, hagamos una ley que sea buena, no una que no nos lleve a ninguna parte y que sea un completo error. Y estoy hablando de cosas procedimentales y de cosas sustantivas.
Por eso, le quiero decir a mi estimado colega de tantos años, con quien compartimos en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado la representación de La Araucanía, el Senador José García, que el numeral 6) al cual se refería, correspondiente al delito de usurpación, es una cosa de contrabando, es querer meternos un gol de media cancha. Porque la idea matriz de la moción no tiene nada que ver con lo que sucede en las zonas rurales. El proyecto se refiere al vandalismo y los saqueos que ocurren en las zonas urbanas.
En consecuencia, ese número 6) es absolutamente inconstitucional y el Gobierno lo avala con su declaración de "discusión inmediata".
Aquí se ha hecho un análisis de lo que pasa con el resto de los números. Señor Presidente, yo siempre trato de ser una persona bastante serena y calmada, pero protesté en la Comisión, porque no me parece que, frente a una profunda crisis, hagamos las cosas tan mal como las estamos haciendo con este proyecto.
¡No me parece!
Y ahora vamos a tener que despacharlo en dos o tres días más, por la "discusión inmediata". ¿Y quién es el dueño de la urgencia? ¡El Gobierno, pues! Y de aquí al viernes tendremos que presentar indicaciones; el lunes tendremos que analizarlo y el martes -o no sé cuándo- lo estaremos debatiendo nuevamente acá.
Entonces, yo espero que hagamos las cosas bien, porque aquí estamos, ni más ni menos, que otorgándole al Estado una herramienta jurídica para que sancione a aquellos que violan el Estado de derecho mediante la violencia. Y por ello tenemos que darle un buen instrumento, que sea serio, válido y eficaz, como son las características que debe contener toda norma jurídica. Una norma jurídica tiene que ser justa, tiene que ser válida, pero también tiene que ser eficaz, para que consiga sus propósitos.
Ahora bien, creo que nosotros tenemos que legislar sobre esta materia. Hecha mi protesta, yo digo: "Sí, señor. Frente a lo que ha sucedido, necesitamos tener una buena legislación, acorde con la gravedad de los hechos para los cuales queremos legislar".
Yo espero que, a pesar del corto tiempo que nos queda con esta urgencia de "discusión inmediata", ojalá podamos despachar un buen proyecto. Lo vamos a cambiar completamente. Hemos conversado con los Senadores para poder hacer algo que esté a la altura de lo que siempre ha sido este Senado, para así aprobar una iniciativa adecuada por el bien de Chile, que tanto lo requiere en medio de la crisis profunda que estamos viviendo.
Gracias, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Finalmente, tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, vandalismo, saqueos, violencia, miedo, terror, angustia: todo eso lo han vivido los comerciantes en Concepción, en Valparaíso, en Santiago y en muchos lugares del país. Y lo dijimos y lo reiteramos: "Vamos a perseguir al vandalismo y a los saqueadores, porque le hacen mal al movimiento ciudadano y porque se aprovechan de una circunstancia histórica, sin comprender lo que está en juego".
Entonces, una legislación para combatir a los saqueadores y para establecer sanciones duras contra los vándalos es necesaria. Pero este mamarracho que nos ha enviado la Cámara de Diputados y el apoyo incomprensible, improvisado que el Gobierno le da a este pretendido proyecto de ley, la verdad es que no logro entenderlos.
El Gobierno dice que quiere resolver el problema de los saqueadores y aquí en la Sala ¡no hay un solo Ministro! ¡Ni uno solo!
El señor MOREIRA.- ¡Mire para atrás!
El señor NAVARRO.- Está el Subsecretario General de la Presidencia, que nada tiene que ver con lo que estamos hablando.
¡No les interesa este proyecto o no tuvieron la cara para venir a ponerla frente a esta situación, señor Presidente!
¡Este proyecto es un "Frankenstein"! ¡Nada más parecido a un "Frankenstein"! Es un proyecto mutante dentro de un debate en que se cree que las leyes son mágicas. Se piensa que con un proyecto de ley se va a acabar la situación de violencia que hoy día vivimos.
Entonces, este no es un proyecto ni para vándalos ni para saqueadores. Ni siquiera lo dice su título. O sea, no están incluidos. Y se nos presenta comunicacionalmente como un proyecto de ley antisaqueos.
El Gobierno abusa de su control hegemónico comunicacional.
¡Y este proyecto, entonces, es una vergüenza!
Yo no sé qué fumaron los Diputados -¡no sé qué fumaron!- cuando aprobaron este proyecto y lo enviaron al Senado. Pero quiero decirles una cosa al Gobierno, al Ministro Blumel y a los Diputados: les vamos a hacer la pega. Porque en esta Corporación hay convicción, porque le vamos a poner seriedad, porque yo quiero apoyar las movilizaciones de los jóvenes valientes que salen a la calle a reclamar derechos que nosotros no fuimos capaces de reclamar. Y a esos jóvenes, a la ciudadanía que sale a la calle, hay que protegerlos.
Señor Presidente, quiero destacar que por este proyecto de ley no se consultó a nadie. Pedí el informe. No se consultó a la Fiscalía, no se consultó a Carabineros, no se consultó a la PDI. ¡No tiene ni un informe técnico!
Además, de contrabando -y esto se los advierto a la Fenats y a los conductores de la salud-, el numeral 2) del artículo 268 septies dice que se va a sancionar a los que arrojen "elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros aptos para esos fines".
¿Y los balines? ¿Y los perdigones? ¿Quiénes han causado los daños? ¿Las 260 personas, hombres y mujeres, cuya vista ha resultado mutilada por los perdigones?
Y el punto 5), relativo a Bomberos, dice que se va a sancionar a aquel que no les brinde todas las condiciones para que cumplan su tarea de utilidad pública.
¡Entonces, va a haber que sancionar al Ministro del Interior, porque los Bomberos no tienen plata, porque no se les dan los recursos necesarios, porque las propias autoridades dificultan su trabajo!
Y el punto 6), ¡antimapuche!
Yo comparto plenamente con el Senador Huenchumilla que aquí nos quieren pasar gato por liebre.
En consecuencia, hay una cierta maldad detrás de este proyecto, porque se le pone urgencia para que lo despachemos rápidamente y nos presionan por los medios diciéndonos que, si lo rechazamos, nos van a sancionar.
Yo no le tengo temor a aquello.
¡Hemos sido claros con los vándalos y los saqueadores!
¡Y hemos sido claros también en apoyar la movilización ciudadana!
Por lo tanto, hay responsabilidades compartidas.
Aquí se culpa al Ministerio Público. ¡Palos porque bogas, palos porque no bogas! ¡Treinta mil personas han sido procesadas, veinte mil formalizadas!
Entonces, empezamos a perseguir a los persecutores, a responsabilizar a Carabineros o a la PDI, pero olvidamos a los vándalos, a las bandas, pues, como aquí se ha dicho.
El Gobierno sostenía que estábamos ante bandas organizadas. ¡La banda la dirigía un concejal de Renovación Nacional de apellido Chahuán! ¡Él la dirigía!
Por último, creo que este Gobierno, en su apresurada gestión e improvisación, se ha perdido. Vamos a exigirle que haga la pega. Nosotros haremos la nuestra.
¡Presidente Piñera, vamos a hacer la pega! Vamos a hacer una legislación seria, responsable en este Senado y no este mamarracho que usted nos envía desde la Cámara de Diputados, con la firma de los Ministros, para darle la señal al país de que está preocupado del vandalismo y no tiene ¡ni un solo Ministro! hoy día discutiendo este proyecto a las 23:39 horas de este día miércoles, lo que demuestra la absoluta despreocupación...
El señor MOREIRA.- ¡Dele diez minutos más, señor Presidente...!
El señor NAVARRO.- Un minuto.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Continúe, señor Senador.
El señor NAVARRO.- Decía, señor Presidente, que esto demuestra la absoluta despreocupación del Gobierno.
Nosotros hicimos una sesión de cinco horas y media, casi seis, con las Cámaras de Comercio de Santiago, de Valparaíso, de Concepción, y tuvimos una sala llenísima: Carabineros, la PDI.
Pero, ¿sabe qué? Los comerciantes piden apoyo ahora ya, no según las reglas del mercado, porque los mandan al Banco del Estado. Piden seguridad; piden plata para los arriendos y así no tener que despedir a la gente en Navidad; piden recursos para poder forrar con planchas de acero sus locales, y el Gobierno no se los ha dado.
Entonces, este Gobierno no ha cumplido con lo que le solicitan los comerciantes y nos mandan un proyecto para darles más seguridad que no satisface ningún requisito.
Yo lo he señalado: Esta iniciativa no contiene ni siquiera la idea de legislar sobre antivandalismo. Pero vamos a corregirla. Por eso voto a favor, porque la vamos a transformar en forma completa, total y absoluta para defender a los comerciantes y a la gente de bien de este país.
He dicho.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Previo al cierre, le concederé la palabra por algunos minutos al Subsecretario don Juan Francisco Galli.
El señor GALLI (Subsecretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, muy breve.
Solamente deseo agradecer a la Comisión de Seguridad Pública y al Senado por su disposición a apoyar la idea de legislar con urgencia en esta materia. Es una importante señal la que damos a la ciudadanía acerca de la voluntad de avanzar hacia la condena transversal de la violencia.
A mi juicio, más allá de las correcciones que se le puedan hacer al proyecto de ley, aquí existe unanimidad en la condena hacia la violencia y creo que eso es lo relevante, pues es una señal que estamos dando.
Sin duda, habrá espacio y voluntad de los Ministros Blumel y Ward, y, por supuesto, del Presidente Sebastián Piñera, que es el principal interesado en avanzar hacia la condena transversal de la violencia, para hacer los cambios que sean necesarios.
Obviamente, no podemos olvidar que esta es una de las medidas que estamos tomando como Gobierno. Hay una agenda social para avanzar en los desafíos que legítimamente nos está planteando la ciudadanía. En segundo lugar, también estamos llevando adelante un acuerdo de todos.
Por lo mismo, cuando aquí se ha planteado que el Gobierno ha dado urgencia a esta materia, puedo señalar que efectivamente estamos acá, siendo las 11:42 de la noche, apoyando en nuestro rol colegislador al Senado. Por eso, creo que habrá voluntad para concordar, para dialogar un texto que ojalá satisfaga a la mayoría de este Senado y pueda ser ley de la república, para dar una señal transversal a toda la ciudadanía.
Así que, señor Presidente, muchas gracias al Senado por el apoyo en esta materia.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- A usted, señor Subsecretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Terminada votación.
--Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Votaron por la negativa los señores Guillier y Latorre.
Se abstuvieron las señoras Allende y Muñoz.
No votó, por estar pareado, el señor García.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Hago presente que el plazo de indicaciones se fijó para el día 6 de diciembre, a las 12 horas, en la Secretaría de la Comisión de Seguridad Pública
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