TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO MEDIANTE INCLUSIÓN DE SOPORTE Y TRAMITACIÓN ELECTRÓNICOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.882-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 31ª, en 10 de julio de 2018 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 42ª, en 20 de agosto de 2019.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 58ª, en 10 de octubre de 2018.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 3ª, en 19 de marzo de 2019.
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 42ª, en 20 de agosto de 2019.
Hacienda: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2019.
Discusión:
Sesiones 60ª, en 16 de octubre de 2018 (se aprueba en general); 4ª, en 20 de marzo de 2019 (queda para segunda discusión en particular); 5ª, en 2 de abril de 2019 (se aprueba en particular).
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- Este proyecto inició su tramitación en el Senado y, en el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados efectuó múltiples enmiendas.
Las modificaciones recaídas en los números 1, 4, 5, 6, 13 y 15 del artículo 1 permanente requieren, para su aprobación, 24 votos favorables, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcribe el texto aprobado por el Senado y las modificaciones introducidas por la Cámara Baja.
El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, señora Secretaria.
En discusión las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Gobierno, Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, voy a tratar de ser breve.
Este proyecto, que es muy extenso y está en tercer trámite constitucional, modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos en el Estado, para traspasar todos estos, que históricamente han sido escritos, manuales, a un sistema electrónico.
Por tanto, es una modificación de marca mayor.
La Cámara de Diputados revisó la iniciativa y abordó diferentes materias. A nuestro juicio, se justifica que algunas vayan a la Comisión Mixta. Vamos a proponer que a lo menos dos, sino tres, se resuelvan en esa instancia.
Hay una enmienda que constituye una formalidad, que se nos pasó tanto a nosotros como a la Cámara de Diputados. En la página 46 del boletín comparado, aparece en el artículo 9º una facultad entregada al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos, pueda realizar cierta acción. Tal facultad fue otorgada solo de manera temporal y se buscaba con ella que, a través del Ministerio de Justicia, se dictaran decretos para determinar los requisitos del método de la microcopia y del micrograbado.
Pues bien, esa materia tendrá que ser abordada en la Comisión Mixta, porque esa atribución entregada al Presidente ya está caduca.
En segundo término, como esta será una ley marco para establecer los procedimientos administrativos a través de medios electrónicos, en el trámite inicial en el Senado se modificó el artículo 18 mediante el artículo 1, numeral 7, del proyecto -página 13 del comparado-, que contiene la regla general: "El ingreso de las solicitudes, formularios o documentos se hará mediante documentos electrónicos o por medio de formatos o soportes electrónicos, a través de las plataformas de los órganos de la Administración del Estado".
No obstante, se contemplaba un procedimiento excepcional para aquellas personas que carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o solo actuaren excepcionalmente a través de ellos, a fin de que puedan solicitar, por medio de un formulario ante el órgano respectivo, la autorización para efectuar presentaciones dentro del procedimiento administrativo en soporte de papel.
La Cámara de Diputados revirtió este procedimiento a través de una modificación que -lo planteo en términos económicos- proponemos que vaya a Comisión Mixta con el objeto de concordar dos procedimientos distintos para quienes -reitero- carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o no estén habituados a usarlos.
Lo tercero que tengo que indicar, señor Presidente, es que el Ejecutivo, con ocasión del trámite en la Cámara de Diputados, decidió introducir un conjunto de modificaciones significativas relacionadas con el funcionamiento del Registro Civil y el proceso de inscripción de vehículos.
La Comisión de Gobierno, en cuanto a los procedimientos electrónicos, dado que siempre queda abierta la excepción de cumplirlos en soporte escrito, acogió la propuesta pertinente.
Sin embargo, en el artículo octavo transitorio, nuevo, se presenta una situación que a lo menos es inquietante. Lo voy a leer para que se entienda por qué estamos rechazando la enmienda. Dice: "Facúltase al Presidente de la República para que establezca, dentro del plazo de un año desde la publicación de la ley, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las normas necesarias para regular, conforme las competencias del Servicio de Registro Civil e Identificación, las siguientes materias:".
Y a continuación se agrega una norma -pido atención para que se entienda por qué la rechazamos- que dice: "1. Aquellas relativas al establecimiento, organización y, en general, todo lo concerniente al funcionamiento de las Oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, tales como circunscripciones, oficinas, suboficinas, oficiales civiles, entre otros, sin perjuicio de lo previsto en la ley N° 4.808".
Por lo tanto, nos están pidiendo -y disculpen que lo plantee así-, en una ley que no tiene que ver con la materia, entregarle al Presidente de la República la facultad para reorganizar todo el Registro Civil de nuestro país. Eso, evidentemente, no solamente está fuera de las ideas matrices del proyecto, relativo a procedimientos administrativos, sino que representa una situación que amerita otra ley. No estamos a tiempo de delegar facultades de ese tipo en esa forma.
De ahí que se sugiere rechazar también el numeral 1 del artículo octavo transitorio para que vaya a Comisión Mixta.
Respecto de lo que resta, señor Presidente, en el ánimo de facilitar este tránsito hacia una modernización de los procedimientos del Estado -para que cada vez más se puedan efectuar a través de mecanismos digitales, estableciéndose las excepciones pertinentes para aquellas personas que no tengan acceso a medios electrónicos o no tengan las habilidades para manejarlos a fin de que siempre puedan realizar sus solicitudes en soporte escrito-, somos partidarios de aprobar las enmiendas planteadas por la Cámara de Diputados.
En lo personal, hay un punto que, si me permiten los demás miembros de la Comisión, quiero dejar consignado.
Hay un debate acerca de si únicamente esta ley, que fija el marco general, es la que puede establecer excepciones a los procedimientos administrativos que se instauran o si también otras podrán hacerlo. Entendemos que se va a acoger la redacción de la Cámara, que permite que cualquier ley pueda hacerlo, pero siempre que sea aprobada con quorum orgánico, dado que se estarán modificando, precisamente, las bases de los procedimientos administrativos del Estado.
Por último, habrá una discusión -la tuvimos con la Senadora Ebensperger- respecto del proceso de inscripción por medios electrónicos cuando haya cambios en el dominio de un vehículo. Actualmente se hace ante un oficial del Registro Civil. Ahora se establece un procedimiento nuevo. Yo no me voy a oponer a la modificación que plantea la Cámara de Diputados (está en la página 54 del comparado), pero confío en que, para garantizar estos procesos, que ya no se harán ante un ministro de fe sino a través del sistema electrónico cuando se inscriban vehículos en el registro que existirá al efecto, se tomarán -porque esta materia dependerá de un reglamento- todos los resguardos para evitar fraudes de cualquier tipo, dado que -reitero- el procedimiento ya no se seguirá ante un ministro de fe, sino que se cumplirá a través de un medio electrónico.
En resumen, señor Presidente, recomendamos acoger la casi totalidad de las propuestas de la Cámara, con excepción de las relativas al artículo 18 de la ley, correspondiente al artículo 1, número 7, del proyecto, y al número 1 del artículo octavo transitorio, referido a una facultad que se le quiere entregar al Presidente de la República.
He dicho.
La señora EBENSPERGER.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación, respetando los tiempos?
El señor LETELIER.- Señor Presidente, los que voten que sí se entiende que lo hacen a favor de las recomendaciones de la Comisión de Gobierno.
El señor QUINTANA (Presidente).- Correcto.
En votación el informe.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Presidente).- Senador Pedro Araya, tiene la palabra.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, lo primero que quiero decir es que este es un muy buen proyecto, el cual, efectivamente, apunta a una transformación sustancial en la Administración del Estado. En la discusión anterior ya señalé que, a partir de la aprobación de esta ley, vamos a tener procedimientos digitales para todos los trámites que se requiera realizar ante el Estado.
Además, es importante porque la iniciativa consagra el principio de que un ciudadano que inicie una solicitud no tendrá que estar peregrinando por distintos servicios públicos para obtener el documento o el certificado que el Estado tenga en su poder, dado que será una carga de la Administración aportar estos antecedentes.
Dicho eso, y compartiendo lo central de este proyecto de ley, creo que la Cámara de Diputados plantea un grupo de modificaciones de carácter formal que, a mi juicio, apuntan en la dirección correcta y mejoran el texto de la iniciativa.
Sin embargo, tal como ya indicó el Presidente de la Comisión, hay algunos puntos que habrá que mandar a Comisión Mixta, entre otros qué ocurre con aquellas personas que quieran seguir tramitando en papel.
El Senado fijó como criterio general que toda la tramitación fuera electrónica y que excepcionalmente se pudiera tramitar en papel. Y para eso estableció ciertos parámetros, señalando que en su oportunidad el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda dictarían un decreto para determinar en qué condiciones se podría tramitar en papel. Principalmente, se apuntaba a personas de escasos recursos o que no tuvieran acceso a medios tecnológicos.
La Cámara de Diputados mantuvo el principio, pero modificó la norma pertinente (páginas 14 y 15 del comparado) y le dio una redacción que, a mi juicio, es bastante enredada y se presta a errores. Lo hice presente en la Comisión, porque pareciera que, cuando uno lee el texto de la otra rama del Parlamento, fijara como criterio general que las personas podrán tramitar electrónicamente, pero también en papel. Y, a renglón seguido, señala que un decreto deberá establecer la forma de hacerlo y quiénes podrán tramitar en papel.
Ahora, al tratar de conjugar los dos incisos que modificó la Cámara de Diputados, se produce, en mi opinión, una situación bastante contradictoria porque, por un lado, se le dice a la persona: "Mire, usted puede tramitar en papel", y por otro, en virtud del inciso segundo, se le señala: "Para que pueda tramitar en papel, usted necesita que la Administración le entregue una autorización". Pero, cuando uno continúa con la lectura, observa que la persona podría tramitar en papel mientras no se le otorgue la autorización.
Creo que es un tema que debe ir a Comisión Mixta a fin de que quede claro que la regla general es la tramitación electrónica; la excepcionalidad, el papel, y que esto último se hace previa autorización otorgada por la propia Administración conforme a ciertos criterios fijados en la ley en proyecto y que, obviamente, deben quedar reflejados en los reglamentos que se dicten con posterioridad.
Una segunda materia que me gustaría recalcar, señor Presidente, y que no necesariamente tiene que ver con el envío a Comisión Mixta, dice relación con la entrada en vigencia de la ley.
El Senado fue bastante categórico al establecer que, una vez publicada la ley, la gradualidad de su aplicación tendría un plazo máximo de cinco años. La Cámara de Diputados, a mi juicio de buena manera, invierte ese criterio, señalando que efectivamente la ley va a tener esa vigencia y faculta al Presidente de la República para que dicte uno o más decretos con fuerza de ley con el objeto de determinar la gradualidad de la entrada en vigencia de la normativa, estableciendo qué servicios entrarán primero y qué tipo de procedimiento se aplicará, a fin de que haya una transitoriedad.
Me parece que aquí es importante -y así lo hice ver en la Comisión durante la discusión- que se pueda fijar un "día cero" respecto del inicio de la tramitación electrónica, a objeto de ir eliminando el papel de una vez por todas.
Espero que esto -y es una solicitud que le hago al Ejecutivo- no se transforme en un tema de mucha duración, porque, si efectivamente queremos que la ley de tramitación digital y documentos electrónicos funcione, necesitamos tener un "día cero" y partir, ojalá, con la mayor cantidad de servicios posibles.
Por último, señor Presidente, hay un asunto de carácter formal que considero que también debe ir a Comisión Mixta y que ya señaló el Presidente de la Comisión. Mi impresión es que en el Senado y también en la Cámara de Diputados se cometió un error en la modificación del número 7 (página 46 del comparado), que modifica el artículo 9° de la ley, el cual reemplaza la expresión "Ministerio de Justicia" por la de "Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio". Esta norma está referida a una delegación que se le hace al Presidente de la República para dictar uno o más decretos, expedidos por el Ministerio de Justicia, que regulen ciertas materias, siendo una de ellas la custodia de determinados documentos, como las microcopias y los micrograbados.
El Senado aprobó en el primer trámite -esto no fue corregido por la Cámara de Diputados- que el decreto no fuera dictado por el Ministerio de Justicia sino por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Le voy a dar un par de minutos más, para que pueda concluir.
El señor ARAYA.- Gracias, señor Presidente.
Termino.
En esta materia tengo una interpretación que difiere un poco de la que plantea el Ministro. El Presidente de la República ya ejerció esa facultad y, como consecuencia de ello, al haber dictado el respectivo decreto, se entiende que dicha facultad está caducada. O sea, no se le está dando una nueva delegación para dictar otro DFL. Y, en ese sentido, mi impresión es que el texto debería decir, para ser más preciso, que se otorga de nuevo al Primer Mandatario una facultad para dictar los decretos y reglamentos pertinentes.
Expresado todo lo anterior, señor Presidente, voy a acoger las propuestas que formula la Comisión de Gobierno.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, efectivamente, este es un proyecto que venimos trabajando desde hace bastante tiempo. Es muy necesario y urgente para que el país avance y lo haga en beneficio de toda la gente que no siempre vive en las capitales regionales o que, dado que trabaja, no dispone de tiempo para acudir a los distintos servicios públicos en los horarios en que estos funcionan. Por lo tanto, avanzar hacia una transformación digital es un hecho relevante.
La Comisión de Gobierno, como bien señalaron los Senadores Letelier y Araya, analizó hoy día las modificaciones que la Cámara de Diputados le introdujo al proyecto aprobado por el Senado. Las discutió y llegó a la conclusión que se indica en su informe.
En primer lugar, se recomienda enviar a Comisión Mixta la nueva redacción propuesta para el artículo 18, referido a las excepcionalidades de la ley y a cuándo estas proceden. Consideramos que la redacción de la Cámara resulta bastante más engorrosa y le resta claridad a aquella despachada por el Senado.
También se propone mandar a Comisión Mixta la facultad que se establece en el artículo octavo transitorio, número 1, por su extensión.
Creo que el resto de modificaciones están acordes con el sentido del proyecto. El Registro Civil e Impuestos Internos son los servicios públicos más adelantados en esta materia, por lo que respecto de ellos se avanza quizá en una escala mayor que el resto, que aún no comienza con el nuevo sistema.
Además, soy partidaria de que las excepciones establecidas en el proyecto no necesariamente sean las únicas y se puedan contemplar otras en leyes especiales que se dicten en el futuro.
Concuerdo absolutamente con las recomendaciones que formula la Comisión de Gobierno del Senado, señor Presidente, y, por tanto, apruebo su informe.
El señor QUINTANA (Presidente).- Senador Alejandro Navarro, tiene la palabra.
El señor NAVARRO.- ¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar!
Señor Presidente, procedimientos administrativos vía documento electrónico. ¡Bien! ¡Modernidad para el sector público!
La promesa del Gobierno, en este proyecto de ley, es que no se les pida a los ciudadanos ningún documento que el Estado ya tenga. Y, por tanto, este deberá resolver internamente la exigencia de tales documentos sin obligar a los ciudadanos a recurrir a la Administración para obtener información que ella ya posee.
Me parece extraordinario.
Solamente quiero referirle a la Sala que hace unos tres, cuatro meses presenté un recurso de protección en contra del Sename de la Región del Biobío por la ingesta de vidrio molido de jóvenes de dicho centro. Solicitamos la ficha médica para saber exactamente cuál había sido el efecto de esa ingesta de vidrio molido, y el resultado fue que al mes estaba publicada en la página web del Poder Judicial, Corte de Apelaciones de Concepción, Ministerio de Justicia, la ficha médica del Senador Navarro: veintiséis páginas que estuvieron publicadas durante casi diez, doce días en esa página web, accesibles para cualquiera.
Creo que un elemento clave en el manejo de los documentos digitalizados es la garantía de la privacidad, la garantía del manejo adecuado de la información, porque la vía tecnológica permite tener acceso a información sensible. No es como antes, cuando uno tenía que ir a ver el expediente en papel, un mamotreto gigante. Era cosa de abogados. Hoy, los medios electrónicos ponen exigencias distintas, más severas, para mantener la privacidad de los documentos.
Segundo: interoperatividad y solidaridad en el sistema.
Señor Presidente, durante décadas he venido planteando en este Senado a los Ministros de Hacienda de turno, todos formados en Harvard y cortados por la misma tijera, que debemos establecer el software libre -que no es un software gratuito- al interior del Estado. Muy pocas entidades lo tienen, como el Ministerio del Trabajo y la Universidad del Bío-Bío. Pero, para hacer exactamente lo que pide este proyecto, los servicios de salud se encuentran con las más distintas situaciones de acceso, a través de Microsoft, que les inviabilizan la interoperatividad.
El Estado no se la ha jugado por el software libre, ni por tener sistemas de código abierto manejados por el usuario. Y seguimos con los códigos cerrados, por los cuales hay que pagar patente de uso, año a año, por cada computador. La pregunta que yo hago es: ¿cuántos computadores en el Senado están pagando patente por los diversos programas que tienen propiedad privada? Es como si tuviéramos un CD o un pendrive y este solo nos sirviera en un vehículo, o en una radio, y en ninguna otra parte.
Esto va a ejercer una presión fuerte respecto de la modernización digital del Estado, y yo creo que el software libre -recuerdo el informe que realizó el Ministro Velasco, hace ya casi seis años- debe comenzar a operar; de tal manera que avance la modernidad, pero a un costo razonable.
Hoy día son más de cien mil millones de pesos anuales los que se gastan en pago de patentes por uso de software por parte del Estado. Y continúa esta política de permitir que una sola empresa conserve o concentre todo el poder.
Del mismo modo, quiero señalar que este importante paso conllevará necesariamente la capacitación de los funcionarios públicos y obligará a realizar un salto cualitativo y cuantitativo al Estado. Y para ello, señor Presidente, debemos priorizar la capacitación de los funcionarios y también la educación del usuario.
Esto es importante: vamos a ahorrar toneladas de papel.
Yo espero que exista una marcha blanca, de modo que gradualmente se vaya adaptando el país, los usuarios y los funcionarios.
Solo quiero resaltar un punto: ¿dónde va a estar la base de datos?
Esto lo planteamos cuando vimos el tema de privacidad de la información, y el Senador Harboe lo sabe muy bien: ¿dónde va a quedar esta información? Se habló de externalizarla.
La información va a estar en manos de privados.
Todos estos documentos van a estar en algún lugar que no es el Estado. Habrá una empresa de soporte que mantendrá esta información.
Entramos en una época digital que conlleva ventajas, pero también riesgos.
La información es la fortuna del futuro, es el oro del futuro. El que maneje la información va a manejar el mundo.
Por tanto, el resguardo de la información debe seguir siendo propiedad del Estado; tiene que haber un candado férreo para que esta no sea manipulada.
Vamos a digitalizar todos estos documentos. Yo solo espero un resguardo antihacker: que no exista posibilidad de alteración de los documentos; que contemos con la mayor seguridad cibernética en un mundo donde los hackers son parte de la acción diaria, e instituciones como la nuestra, el Senado, y el Estado de Chile aún no tienen la protección debida.
Voto a favor, señor Presidente, con estas observaciones, que forman parte de una política más integral del Estado de Chile.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, ya avanzada la tramitación de esta iniciativa, existen algunos elementos importantes de destacar, y que creo que no han sido considerados en el debate.
Durante la discusión en general de este proyecto de ley realicé una intervención, como recordarán mis colegas, en la que planteé que uno de los aspectos importantes se relaciona con las personas que por razones de edad, aislamiento, falta de recursos o desconocimiento no pueden acceder a medios electrónicos.
El artículo 18 del proyecto propone que, excepcionalmente, la persona que carezca de los medios tecnológicos, que no tenga acceso a medios electrónicos o solo actúe extraordinariamente podrá presentar solicitudes, formularios o documentos.
Lo positivo es que se incorpora en la Cámara de Diputados la oportunidad para que aquella persona pueda solicitar, por medio de un formulario, la autorización para continuar actuando frente al organismo a través del soporte de papel.
Pero dicha solicitud perfectamente puede ser rechazada por "razones fundadas".
¿No es esto castigar con mayor tramitación y mayor tiempo de espera a quienes no puedan tener acceso a medios electrónicos?
Según consta en la página 22 del informe de Hacienda, en el primer trámite, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, quien se encuentra en la Sala, informó la decisión del Ejecutivo de presentar indicaciones.
Uno de los planteamientos acogidos durante la discusión del proyecto fue que "La decisión no puede quedar sujeta a la autorización de un funcionario".
Y la verdad es que ante al cambio uno se pregunta qué pasó. ¿Por qué, en definitiva, no es el usuario el que decide? ¿Cómo se establece el criterio? ¿Cada organismo va a construir sus propios criterios para que el usuario pueda continuar?
El colega Pedro Araya me decía que la discusión radicaba en que hubiera estándares para poder definir cuándo o no calificaba, y que no lo dejáramos sujeto al criterio de un funcionario.
Por otra parte, se mantiene en el artículo sexto transitorio nuevo la excepción general de cinco años, durante los cuales cualquier persona puede seguir tramitando en papel.
El segundo punto complejo es la facultad general que se otorga a la Administración para acceder y hacer circular los datos personales de todos los ciudadanos entre sus diferentes órganos, señor Presidente.
En la modificación al artículo 17, en cuanto a la eximición de la presentación de "documentos que emanen de la Administración y se encuentren en su poder", se añade que la eximición puede ser respecto de aquellos documentos que no correspondan al procedimiento.
Y en caso de que dicho documento se encuentre en poder de cualquier órgano del Estado, este deberá remitir los antecedentes a aquel en el que se está tramitando el procedimiento administrativo.
De igual forma, hay ciertos elementos como el consentimiento del usuario requirente y la índole de los datos personales, sensibles o no.
La norma debe comprender lo siguiente.
La limitación del requerimiento.
Que el requerimiento solo pueda ser nominativo respecto al principio del consentimiento.
Que se debe limitar la facultad a requerir información y no a acceder a bancos de datos, donde se encuentran los de muchas otras personas que no están realizando un trámite.
Y, además, que se tiene que aclarar cómo se garantiza el principio del uso lícito de los datos o del consentimiento.
A estas alturas, todos debemos haber visto ya el documental Nada es privado. Creo que este tema es altamente sensible y además no se ha legislado aún. Está tramitándose esta materia en la iniciativa de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (boletín N° 11.144-07).
Este proyecto de ley regula en su artículo 22 precisamente la comunicación o cesión de datos por un órgano público; en el artículo 16 define los datos personales que son sensibles y norma su tratamiento, y en el 25, entre otros, establece el principio de uso lícito.
Por medio del artículo 17, letra d), estamos autorizando el acceso de los bancos a los datos personales sin distinguir tipos de datos, y solo dando por entendido que serán nominativos, pertinentes y usados lícitamente.
Eso me parece una total irresponsabilidad, señor Presidente.
Las garantías de los derechos deben regularse, no suponerse. Y mientras no estén reguladas debidamente, prefiero abstenerme en esta votación.
Finalmente, contentarnos solo con que otras normas de la presente iniciativa establezcan la trazabilidad de la información, y, por ende, permitan saber quién solicita los datos, es condenar a la gente a hacer reclamos frente a abusos ya verificados, en vez de prevenir que ellos ocurran.
Parece más sensato y seguro no aprobar esa facultad, y regular una autorización específica en el proyecto de ley de protección de datos personales.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, este proyecto de ley, que me da la impresión de que va a ser aprobado salvo por un par de normas que irán a la Comisión Mixta, es de los importantes para la marcha del Estado.
Quizás se tramite más o menos rápido, pero realmente será un cambio sideral respecto de cómo nos entendemos con el Estado; qué es lo que le pedimos; cómo se lo pedimos; cómo interactúan entre sí las distintas instituciones del Estado, en su relación con el sector público y con el sector privado.
Esa es la importancia de esto.
En primer lugar, esta iniciativa modifica fundamentalmente la ley N° 19.880, de Bases de Procedimientos de la Administración del Estado, e impone el sistema electrónico: que todo sea y se tramite a través de medios electrónicos.
Esto, ya lo han dicho otros Senadores, por supuesto que trae inmensas oportunidades; conlleva increíbles mejoras en la Administración del Estado. Sin embargo, también plantea algunos desafíos que se van a tener que ir resolviendo en el tiempo.
Esta propuesta legislativa impone ciertos principios; por ejemplo, el de la neutralidad tecnológica.
El Senador Navarro hacía alusión a este tema. La neutralidad tecnológica no es lo mismo que lograr una especie de gratuidad tecnológica, simplemente es neutralidad: que efectivamente Chile no sea esclavo de determinado software de una empresa en particular, es parte de los principios que se propone establecer en esta iniciativa.
Lo mismo sucede respecto de la interoperabilidad -palabra difícil de pronunciar- que va a lograr que no ocurra el hecho de que distintos ministerios, diferentes servicios tengan diversos softwares que no conversen entre sí.
Esto es parte de los principios que se establecen en este proyecto de ley, lo mismo que los principios de coordinación y cooperación entre los distintos órganos del Estado. Cuando un órgano o una institución del Estado le pida algo a otra, no se podrá negar a entregar el respectivo documento o archivo, salvo que exista una excepcionalidad legal para esto.
Esto vale también para las personas.
Ya se había hecho mención: el Estado no va a poder requerir documentos de persona alguna que estén en su propio poder. Aquí es donde empezamos a vislumbrar más claramente el cambio sideral que debiéramos tener una vez que este proyecto se convierta en ley.
El archivo judicial, a través de su presupuesto, va a tener que crear este archivo electrónico con todas las seguridades del caso, cosa que se pueda consultar, se puedan dar copias autorizadas, etcétera.
Las notificaciones electrónicas, a través de casillas únicas, también van a ser un tema muy muy relevante.
Esto trae consigo, como decía, algunos desafíos en su implementación. Y para eso, independiente de pequeños cambios que se realizaron en la Cámara de Diputados, resulta prudente como estamos avanzando.
En primer lugar, corresponde la publicación. Después se le dan seis meses al Estado para que dicte la totalidad de sus reglamentos y, una vez ocurrido eso, vienen ciento ochenta días para que comience la vigencia de la ley.
Además, el proyecto impone que los organismos del Estado van a contar con un plazo máximo de cinco años para tener completamente digitalizados o sistematizados en medios electrónicos todos sus procesos internos.
Creo que todo esto es razonable. El desafío va a ser inmenso.
Todos sabemos que algunas instituciones ya han avanzado bastante, como el Servicio de Impuestos Internos, pero hay otras que están completamente en la Edad de Piedra, y, por lo tanto, esto va a significar repensar todos sus procedimientos a fin de llevarlos a una plataforma digital.
Yo escuchaba la aprensión de la Senadora Rincón en cuanto a la gente que no tiene las capacidades ni los conocimientos para tramitar electrónicamente.
Y quiero complementar lo que Su Señoría decía. ¿En qué sentido? Aquí hay dos normas. Por un lado, una disposición permanente -el artículo 18, al que se hacía referencia-, la cual establece que se debe pedir permiso para tramitar en papel.
Y eso puede sonar injusto.
Sin embargo, eso hay que complementarlo con el artículo sexto transitorio, el cual consagra que todas las personas que quieran tramitar en papel durante los primeros cinco o seis años -no recuerdo bien- podrán hacerlo sin someterse a la autorización previa del organismo.
Esa fue la manera -porque esto se vio tanto en la Comisión de Gobierno como en la de Hacienda- como se arbitró.
Entonces, durante los primeros años, la persona que carezca de conocimientos digitales no necesitará someterse a la autorización previa para tramitar en papel y solo después de la entrada en vigencia de la ley, es decir, en cinco años más, llegará al régimen permanente de tener que pedir autorización para tramitar en soporte de papel.
Me parece que, si bien siempre uno puede ponerse en circunstancias muy anormales, de esta manera queda bien resguardada la problemática que se nos debiera producir con la gente que no tiene habilidades informáticas.
En la Comisión de Gobierno llegamos a una decisión unánime con relación a los artículos que van a Comisión Mixta, por lo que creo que ello no va a presentar ningún problema.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien, señor Senador.
Efectivamente, creo que hay consenso en las enmiendas que van a Comisión Mixta.
Tiene la palabra, a continuación, el Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, la transformación digital del Gobierno es fundamental. Pero no solo debe ser del Gobierno, pues tenemos que entender que la sociedad está transitando hacia una sociedad digital, la cual debe ser, a la vez, segura.
El Senador Navarro -por su intermedio, señor Presidente- se refirió a la seguridad. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Si hoy nuestros datos no son custodiados como corresponde, ya sea por el Estado o por los privados, cualquiera, un tercero, puede hacer mal uso de ellos.
Es por eso que la primera prevención cuando se habla del desarrollo digital debe estar asociada a la ciberseguridad. No existe la transformación digital sin ciberseguridad. Y eso hay que internalizarlo desde el primer minuto.
En tal sentido, este proyecto de ley avanza en el camino correcto, pero a mi juicio le falta mucho más.
Debemos entender que, finalmente, el Gobierno digital, que va a atender a las personas de forma más eficiente, más rápida, requiere muchos más instrumentos, incluso sacar cosas que hoy están en papeles en la mente.
Fíjese, señor Presidente, que aquí hablamos de que se pueden hacer trámites en papel. Todavía pensamos en papeles y no en datos. Y la economía se mueve en datos.
El próximo fin de semana se celebrará en Puerto Varas la reunión de los miembros de la APEC, el Senior Officials' Meeting, en la cual se va a hablar de la digital trade policy. Las economías más grandes del mundo se convocan en Chile, en Puerto Varas, para analizar cómo hacer posible ese desafío.
Por lo tanto, no se trata solo de un tema de acceder a servicios más fáciles y expeditos, sino de entender que el mundo ha ido hacia una economía digital de la cual debemos ser parte: tenemos que saber jugar y estar en la cancha.
Y por eso es tan importante partir.
Entiendo y valoro esta iniciativa, pero creo que debe ser mucho más profunda.
De ahí la necesidad de crear una Comisión permanente que se preocupe de este tema del presente, no del futuro. El tema del presente es un desarrollo digital que debe ser seguro.
Ese es el modelo de Estonia, un país pequeño que ha sido capaz de ser un ejemplo mundial, pues no solo tiene el domicilio digital que está asociado a todos los documentos modernos. ¿Dónde residen las personas? Las personas residen en el ciberespacio en un lugar físico.
También en Estonia están los centros de excelencia de ciberdefensa del mundo, porque la OTAN así lo decidió.
Chile puede ser un referente y este proyecto de ley es el inicio.
Sin embargo, esta iniciativa es parte de un conjunto. ¿Por qué? Porque se requiere una estructura mucho más grande.
Ya se comentó aquí -está en discusión y esperamos que pronto llegue a la Sala-, la iniciativa que crea una nueva ley de protección de datos personales, que garantizará a las personas sus derechos en esta materia, con una agencia que, ojalá, llegue a tener la máxima autonomía posible, pues formará parte del Sistema Nacional de Ciberseguridad.
Asimismo, está en debate el proyecto que establece una nueva ley de delitos informáticos, que va a perseguir a todos aquellos que ataquen los sistemas del Estado.
Hoy expuso en una sesión el Director del Servicio de Impuestos Internos, y veíamos precisamente ese tema: los datos sensibles del Estado, el esfuerzo que tenemos que hacer para custodiarlos y evitar que ellos se pierdan, pues son fundamentales.
Pero los datos permiten efectuar cosas mucho mayores que imprimir papeles. Por ejemplo, que las personas no tengan que hacer su declaración voluntaria de impuestos, al saber el Estado exactamente lo que deben pagar.
O, en cuanto al Imacec, no habría que esperar a un mes determinado para tener esa información, porque con la inteligencia artificial se podría avanzar en los datos pertinentes.
Por eso, señor Presidente, por su intermedio, saludo al Ministro Secretario General de la Presidencia, quien tiene la gran responsabilidad de modernizar el Estado.
Si hay algo de que él ha estado ocupado es precisamente de que esto ocurra así. Y quiero pedirle que sea un poco más ambicioso: que seamos capaces de generar proyectos de ley que transformen realmente a nuestro Estado en un Estado digital, incluso más allá del 80 por ciento de los papeles.
Creo que estamos preparados, que están las condiciones y que este mismo Parlamento, sobre todo el Senado, debe dar el ejemplo.
Recibí con mucho agrado en la Biblioteca del Congreso Nacional la aplicación "Mi BCN". Ahí queremos estar, en ese ciberespacio que nos dé a todos la tranquilidad de que nuestro trabajo se encuentra bien hecho.
Sepa usted, señor Presidente, que las indicaciones que formulamos a los proyectos de ley no figuran ni en las páginas web ni son contabilizadas. Y ese es un trabajo bastante productivo que hacen las Senadoras y los Senadores.
Tenemos, entonces, que mejorar nuestro trabajo en el Senado, y así ser un ejemplo.
Por ello, me alegra que usted, señor Presidente, haya decidido tomar el liderazgo del Mes Nacional de la Ciberseguridad y sea quien inaugure el día 1 de octubre las actividades oficiales de esa conmemoración, donde hablaremos de estos temas. ¿Por qué? Porque si queremos desarrollo digital tenemos que hacerlo de forma segura.
Felicito y aplaudo a todos aquellos que estuvieron disponibles para votar a favor de este proyecto.
Es cierto y efectivo que debemos corregir algunos artículos y por eso existe el mecanismo de las Comisiones Mixtas.
Y no tengo dudas de que, una vez aprobada esta iniciativa, seremos capaces de avanzar más rápido, porque si hay algo que exige el mundo digital ahora es hacernos cargo de la automatización avanzada, porque esos datos pueden terminar con puestos de trabajo.
Por eso considero que la verdadera transformación es de las personas, quienes deben entender que en este nuevo escenario tienen que desarrollar las habilidades propias del siglo XXI. Y estas se logran cuando el Estado da el ejemplo, cuando el Estado es el primero en asumir estos desafíos y hacerlo bien.
Esas personas en el Estado le van a permitir a Chile tener un modelo y ser un referente de las economías digitales del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a ser capaces de construir nuevos empleos; porque ya no será necesario tener digitadoras ni computadores usados como máquinas de escribir. Vamos a tener personas analizando data, tomando decisiones, generando conocimientos. Esa es la verdadera sociedad del conocimiento, que es de personas, no de máquinas.
Por eso, la transformación digital es fundamental, es un eje estratégico. Y me alegra que el Senado así lo haya tomado, pues esa es la forma en que juntos podamos crear el futuro digital y seguro que todos queremos.
Voto a favor.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien, Senador Pugh.
Usted sabe que el Senado se encuentra justamente llevando adelante esas transformaciones digitales.
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, modernizar el Estado no solo significa digitalizarlo. Ciertamente, la digitalización es parte de esa transformación. Pero eso tiene que ver con procesos, con procedimientos, con una cultura de modernización, con la protección de la información que se maneja.
El Estado es un gran gran tratador de datos. Probablemente, no hay ninguna institución en Chile con más datos que el Estado.
La pregunta, entonces, es que si tenemos conciencia de que el Estado es un gran tratador de datos, ¿son estas normas adecuadas, o lo son de manera suficiente para permitir que el flujo de esos datos genere un mejor servicio y, asimismo, para resguardar esa información con la debida seguridad a fin de evitar afectaciones personales?
Me explico.
Cuando uno comienza a observar este proyecto ve un conjunto de principios que parecen bastante adecuados.
En primer lugar, el principio de neutralidad tecnológica busca evitar que el Estado quede amarrado a determinada tecnología y cuyo upgrade signifique costos elevados para el sistema. Y ello parece adecuado.
En segundo lugar, en virtud del principio de cooperación se establece que los órganos del Estado deben cooperar.
¿Cuál es la extensión de dicha cooperación? La transferencia de datos.
Entonces, la pregunta que surge es: ¿cómo va a operar esta transferencia de datos? A través de otro principio: el de la interoperabilidad.
¿Qué busca ese principio? Que a un ciudadano que vaya a un servicio público no le pidan, por ejemplo, su cédula de identidad si ya se encuentra incorporada en la base de datos del Estado, que es quien entrega ese documento; es decir, que interoperen los diferentes servicios estatales.
Ahora bien, ¿somos conscientes de lo que significa la interoperabilidad desde el punto de vista práctico?
El Senador Galilea dijo que aquella era una palabra difícil de pronunciar, pero bastante más compleja de implementar.
¿Es factible lograr que los diferentes servicios públicos se pongan de acuerdo e interoperen en una plataforma digital que mejore los servicios y que disponibilice la información del requirente en la oficina de cualquier lugar de nuestro país a que vaya ese ciudadano?
Si eso se hace y funciona, ¡fantástico!
¿Pero somos conscientes de los riesgos asociados a ello mirado desde la perspectiva, por ejemplo, de la ciberseguridad?
¿Sabemos si los sistemas tecnológicos que tienen los diferentes servicios públicos se encuentran homologados en materia de seguridad de datos?
Me parece extremadamente delicado que cuando se habla de interoperabilidad se exija el consentimiento para el tratamiento o transferencia de datos sensibles.
Señor Presidente, el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, que prácticamente tenemos despachado en particular en la Comisión de Constitución, exige el consentimiento para todos los datos personales. Y con respecto a la información sensible, no solo se halla el consentimiento expreso: hay además un sistema especial de protección de datos de niños, niñas y adolescentes justamente para resguardar su tratamiento.
En el caso de los datos personales sencillos y simples, no se trata necesariamente de un consentimiento expreso, sino de un consentimiento inequívoco.
Es decir, señor Presidente, conforme a ello acá se baja el estándar de protección en esas materias.
En seguida, me parece extremadamente arcaico que estemos discutiendo un proyecto sobre digitalización con un comparado en papel. Porque cuando uno mira lo que tenemos hoy día en la pantalla, constata que no contamos con el informe respectivo.
No sé por qué estamos votando esta iniciativa, pues no tiene informe. Estoy buscando los antecedentes, y no existe informe en la materia. Me parece altamente irregular que se vote sin el informe pertinente.
Además de ello, considero bastante arcaico que un proyecto de ley contemple un sistema de notificaciones a través de correo electrónico.
La notificación debe hacerse por medio electrónico.
Algunos hoy día nos comunicamos mediante correo electrónico; pero la comunicación en la actualidad es instantánea. El correo electrónico ya es parte del pasado.
Entonces, establecer una ley sobre modernización que circunscribe la comunicación a una tecnología que hoy está vigente, pero que en los próximos años probablemente no lo va a estar, me parece que presenta un alto riesgo de obsolescencia.
Luego, en el artículo 2° se establece que existirá un archivo electrónico -escúchenme bien- "en conformidad con sus disponibilidades presupuestarias".
¡Qué es eso!
O sea, si hay plata, habrá archivo electrónico y seguridad en los datos; y si no la hay, no existirá seguridad en los datos.
Señor Presidente, probablemente quien trabaja este proyecto no se da cuenta de los alcances de la digitalización, que es un asunto muy importante. ¡Pero hay que hacerlo bien!
Porque digitalizar, como lo dije una vez en una conferencia, no solo es tener una linda página web: es hacerse cargo de que detrás de cada información que figura en ella y que circula haya una carretera tecnológica segura, que no sea perforada o hackeada para utilizar esos datos con fines completamente distintos.
Por ejemplo, pensemos por un segundo en que un Senador o una Senadora, o un ciudadano, o un ministro o una ministra lleva a su hijo menor de edad a sacar su cédula de identidad; después de eso van a un servicio de salud, y finalmente viajan, pero se les presenta una emergencia médica en otro lado.
Tendrán una ficha electrónica: ¡maravilloso, los van a poder atender en cualquier parte de Chile!
La pregunta es: ¿tenemos certeza de que esa ficha médica no sea filtrada o publicada?; ¿sabemos si el servicio de salud de Ñuble o el de Huasco cuentan con medidas de ciberseguridad adecuadas en la materia?
Déjeme decirle, señor Presidente, que sé, a ciencia cierta, que no las tienen. Porque me ha tocado ver a hackers que han trabajado con los servicios de salud.
Entonces, acá tenemos un problema, pues vamos a subir teras y teras de información sin saber si existen los presupuestos adecuados.
Porque la norma pertinente -insisto en esta frase maravillosa, para el bronce- señala que "desarrollará un archivo electrónico, en conformidad con sus disponibilidades presupuestarias". Es decir, le está diciendo a un servicio público: "Arrégleselas con lo que tiene". Y le pasará un cacho que no veo cómo lo podrá resolver.
Aquí no veo el principio de seguridad, que sí está contenido en el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales. Y ojo, señor Presidente: la normativa que estamos despachando en particular en la Comisión de Constitución contempla, en el caso del sector privado, multas de hasta las 10 mil unidades tributarias mensuales o, como vamos a reponerlo en la Sala, hasta el 4 por ciento de las ventas anuales; y en el caso del sector público, sumario y destitución.
¿Estará disponible aquí el Secretario del Senado o algún funcionario para que lo destituyan en el evento de que la información no esté debidamente resguardada?
Mi preocupación, señor Presidente, es que esta iniciativa, que está muy bien inspirada, no conversa con el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales.
Por ejemplo, se refiere al artículo 9° de la Ley sobre Protección de Datos. Pero resulta que ese artículo lo derogamos hace rato; ya no forma parte de la ley N° 19.628. Los principios que incorporamos en dicha normativa son mucho más amplios que los contenidos en esta iniciativa. Es decir, vamos a contar con dos regímenes: uno que establecerá protección de datos para el sector privado de alto estándar, con multas adecuadas y elevadas exigencias en materia de ciberseguridad; y uno con un estándar a la chilean way para el sector público.
El proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales no contempla esa diferencia, señor Presidente.
Entonces, probablemente la iniciativa que ahora estamos votando, que se va a aprobar, será modificada en el corto plazo por la otra que mencioné, pues evidentemente va a mejorar los estándares en la materia.
Asimismo, en la letra f) que dice relación con el artículo 9° de la ley, se establece el procedimiento de manifestación. Y nuevamente se señala que la manifestación se basa solo en la buena voluntad de los servidores públicos.
En verdad, señor Presidente, hay muchos funcionarios públicos con gran voluntad; pero son bastante menos los que tienen capacidades tecnológicas para adecuar sus procesos.
De otro lado, se plantea una modificación estructural del Registro Civil.
Al respecto, solo quiero dar un ejemplo.
En el Parlamento -y me incluyo- trabajamos mucho para sacar adelante el famoso Registro Nacional de Pedófilos a fin de que cualquier persona pueda consultar si determinado ciudadano ha sido condenado por un delito de abuso sexual.
¿Qué ocurre? Se trata de una ley vigente. Y los tribunales tienen la obligación de comunicarle al Registro Civil las sentencias de condena por delitos sexuales contra menores de edad.
Déjenme decirles que eso hoy día no sirve, pues hemos descubierto que hay un sinnúmero de personas condenadas que no aparecen en dicho registro cuando uno hace la consulta pertinente.
Entonces, hay una pelea entre el Servicio de Registro Civil y los tribunales. No se ponen de acuerdo: "No es mi obligación". "Yo no lo dije". "Yo pensé que...". Y resulta que hay pedófilos circulando por la calle que pueden trabajar como transportistas escolares porque el sistema tecnológico que debe haber entre los tribunales y el Registro Civil no ha servido para que puedan resolver sobre la materia.
Esa es la gravedad de este asunto, señor Presidente.
Cuando hay voluntad, bienvenida sea. Pero cuando no hay recursos tecnológicos y capacidades, esto no funciona.
Entonces, me preocupa que un proyecto bien inspirado termine malogrado y provoque una afectación de los derechos fundamentales.
¿Me da un minuto más para terminar, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional para finalizar su intervención.
El señor HARBOE.- Gracias.
Señor Presidente, cuando un dato sale de la esfera de protección, no es posible recuperarlo. El dato que se publica afecta. Y, por muchos esfuerzos que uno haga, no se logra devolver la esfera de intimidad.
Un profesor hizo una comparación en una actividad en Europa, y señaló: "Esto es como cuando un niño se enoja con su papá: le roba la almohada, sale a la calle, la raja con un cuchillo y reparte las plumas; luego se arregla con su papá, pero las plumas ya no las puede recuperar".
Aquí sucede exactamente lo mismo: un dato sensible que es filtrado le puede liquidar la vida a una persona. Y no hay posibilidad de volver atrás.
Por eso el proceso de digitalización tiene que ir acompañado de una plataforma de ciberseguridad adecuada, para que todo lo que vamos a digitalizar, para que todos los servicios que vamos a simplificar tengan la debida seguridad.
La experiencia del Servicio de Impuestos Internos puede servir.
Me abstengo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- No hay más Senadores inscritos.
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- ¿Algún señor Senador o alguna señora Senadora no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización (26 votos a favor y 3 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvieron las señoras Provoste y Rincón y el señor Harboe.
El señor QUINTANA (Presidente).- El señor Ministro me ha pedido intervenir.
Antes de ello solicito la autorización de la Sala para que me reemplace en la testera el Senador Kenneth Pugh.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Pugh.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, quiero agradecerles a todos los Senadores y a todas las Senadoras por el acuerdo a que se llegó con el objeto de ir a una Comisión Mixta y dar el último paso -esperamos que sea el definitivo- para la aprobación de este proyecto sobre transformación digital. Nosotros valoramos el hecho de que hayamos podido concordar aquellas materias que vamos a resolver en dicha instancia.
Ahora bien, deseo abordar un punto que generó bastante debate y que tiene que ver con el tratamiento de los datos o de la información entre las entidades públicas, cuestión a la que se refirieron los Senadores señor Harboe, señora Rincón y varios más.
En tal sentido, debo señalar que compartimos la aprensión manifestada por Sus Señorías. Naturalmente, el tratamiento de los datos y de la información constituye un elemento central y fundamental en el mundo moderno, en el mundo de los medios digitales.
Los datos, en definitiva, son parte de lo que pertenece a la esfera más íntima y a los derechos más fundamentales de las personas.
Y lo que estamos buscando con este proyecto, y también con el que regula la protección y el tratamiento de los datos personales que se está viendo en el Senado y con los relativos a ciberseguridad que se han enviado o se van a enviar al Parlamento, es precisamente fortalecer nuestra institucionalidad en materia de protección de datos personales. De hecho, tenemos una estrategia de ciberseguridad, un coordinador de ciberseguridad, en fin.
Sobre el particular, debo mencionar que hay un aspecto puntual que nosotros recogimos durante el debate en la Cámara de Diputados con respecto a la protección de los datos y la interoperabilidad.
En el segundo trámite se incorporó el artículo 24 bis, que expresa: "En virtud de los principios de interoperabilidad" -se define en este nuevo artículo- "y cooperación, en todo procedimiento administrativo los órganos de la Administración que tengan en su poder documentos o información respecto de materias de su competencia, que sean necesarios para su conocimiento o resolución, deberán remitirlos por medios electrónicos a aquél órgano ante el cual se estuviere tramitando el respectivo procedimiento,", etcétera.
Al respecto, hay que hacer una precisión muy importante.
Aquí no se les está entregando a los servicios del Estado la posibilidad de acceder a bases de datos: se está estableciendo el principio de que, cuando se necesita realizar un procedimiento y no queremos poner la carga de la prueba de los trámites en el ciudadano sino en el Estado, el órgano que requiere la información la pueda recibir de aquel que la tiene de modo preciso. Es decir, no se envía un archivador digital completo para que se busque ahí el antecedente que se consulta, ni tampoco se remite una base de datos o un set de datos, sino la información que se requiere para el procedimiento o trámite específico.
Eso está acotado.
Esta materia -según recuerdo- se abordó con ocasión de la discusión general en el Senado, y creo que ahora se resolvió de buena manera, porque se refiere al trámite y a la información específica.
Señor Presidente, el Senador Harboe señaló que una vez que los datos se liberan y empiezan a volar por el ciberespacio hay que ser extremadamente cuidosos, pues después no hay más control.
Sin embargo, acá los datos no están volando por el ciberespacio, sino que están tratándose entre entidades del Estado -no quedan liberados para la ciudadanía en términos generales y de libre acceso-, entre funcionarios estatales que tienen responsabilidades y están sujetos a restricciones en el uso y tratamiento de los datos, cuestión que, de hecho, se fortalece en el proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales que se está viendo en el Senado.
Se trata de una situación de naturaleza distinta, porque ya hay una regulación en la materia, que de hecho se está fortaleciendo.
Por eso, señor Presidente, si se fija en el inciso final del artículo 24 bis, verá que con claridad señala: "Para efectos de este artículo" -el que establece el principio de la interoperabilidad y el tratamiento de los datos entre instituciones del Estado- "será aplicable lo dispuesto en los artículos 7 y 11 de la ley N° 19.628.".
¿Y qué dicen los artículos 7° y 11 de dicha ley?
El artículo 7° expresa: "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados," -en este caso, organismos públicos- "están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo.".
Entonces, hay una responsabilidad, un deber que se establece sobre los funcionarios que tengan responsabilidad en el tratamiento de datos personales alojados en bases de datos o fuentes del Estado.
El artículo 11 que también se menciona dispone: "El responsable de los registros o bases donde se almacenen datos personales con posterioridad a su recolección deberá cuidar de ellos con la debida diligencia, haciéndose responsable de los daños.".
Existen normas, existen responsabilidades, existen obligaciones.
Junto a ello, la segunda parte del nuevo artículo 24 bis expresa que respecto de los datos calificados como de carácter sensible, de acuerdo a la descripción de la ley, "se requerirá previa autorización del interesado en los términos indicados en la letra f) del artículo 30, en el caso de que dichos documentos o información contengan datos sensibles de aquel interesado, ya sea que estén incluidos o no en bases de datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.".
Además, para que haya trazabilidad y pueda revisarse que la norma se cumpla en forma estricta y rigurosa, dicho artículo dispone que: "Se dejará un registro de toda solicitud entre los órganos de la Administración del Estado respecto a información de carácter sensible", que deberá indicar, a lo menos, lo siguiente: el órgano requirente; el funcionario responsable; el órgano destinatario; el procedimiento a que corresponde; los datos o información que se solicita, el plazo establecido para su realización, si corresponde.
Señor Presidente, creo que el artículo 24 bis que se incorporó en el segundo trámite, y que se ha ratificado en el tercero, es un aporte muy valioso en este proceso de transformación digital del Estado y, asimismo, contribuye, no sé si a resolver todas y cada una de las dudas que se han planteado en esta materia, que son muchas y las compartimos, pero sí a abordar lo fundamental: que los datos de las personas que van a ser interoperados entre instituciones del Estado queden bien resguardados, en particular los que son de naturaleza sensible.
Así que yo valoro la aprobación de este proyecto; agradezco la disposición de los Senadores, y esperamos que el último paso lo podamos terminar de materializar apenas retomemos la discusión luego del receso parlamentario, pues creemos que la transformación digital del Estado simplemente no puede seguir esperando.
Muchísimas gracias.
El señor PUGH (Presidente accidental).- Se valora, señor Ministro, que los datos personales sean la principal preocupación de este proyecto sobre transformación digital.
Sin embargo, y dado que usted lo mencionó, debo señalar que el ciberespacio no solo es aquello que está fuera del Estado. Al ciberespacio se puede ingresar; pero, peor aún, están los insider, que son todas las amenazas que provienen de gente que se halla al interior de las instituciones.
Es un tema de cultura en materia de seguridad.
Un pendrive, un CD grabable pueden perfectamente sacar la información desde dentro del Estado. Por lo tanto, tienen que establecerse medidas activas y pasivas que les den a todos la tranquilidad de que los datos que va a estar custodiando el Estado y que son sensibles estarán bien protegidos.
Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, solo quiero dejar una constancia.
El Senador Harboe señaló que no había informe. Y yo deseo consignar que sí hay informe de la Comisión de Gobierno respecto de este proyecto.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, debo precisar que acaba de ser ingresado a la página respectiva. No estaba listo cuando yo la revisé.
La señora EBENSPERGER.- Pero sí había informe.
El señor HARBOE.- ¡Pero no estaba digitalizado...!
El señor PUGH (Presidente accidental).- Vamos a pasar al siguiente proyecto.