ENMIENDA A LEY DE MENORES EN MATERIA DE REVISIÓN PERIÓDICA DE MEDIDA DE INTERNACIÓN EN RESIDENCIAS
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que lamento que no vayamos a votar hoy día este proyecto. Y lo lamento porque no solo Naciones Unidas elaboró un informe, sino también la PDI, el cual conocimos hace pocos días. En este se indica que, tras una visita que se hizo a 240 residencias, de las 241 que hay en el país, se constataron una serie de situaciones, dentro de las cuales se encuentra justamente la no revisión o la no visita del Poder Judicial a los centros. Con suerte hay una visita, a lo lejos, al año. Vale decir, ni siquiera se cumple la norma vigente hoy.
Este proyecto de ley, cuyos autores principales son la Senadora Allende, usted, señor Presidente, y quien habla, busca aumentar las garantías judiciales para velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de nuestras niñas, niños y adolescentes que se encuentran internados en residencias como medida de protección, verificando la situación en que ellos se encuentran y el estado de cumplimiento de tal medida con mayor periodicidad.
Lo decía al inicio de mis palabras: hoy día la ley consagra que esas residencias deben ser revisadas por un juez cada seis meses. La duración máxima de una medida de protección es de un año, sin perjuicio de que pueda ser renovada por igual plazo si subsiste la causa que le dio origen.
Ello significa, señor Presidente, estimados colegas, que un niño, una niña, un adolescente, incluidos los bebés de cero a tres años -debo decir que no hemos podido avanzar en el proyecto porque no logramos llegar a acuerdo con el Ejecutivo-, pueden ser -perdonen la dureza del término, porque cuando uno lee el informe de la PDI queda con esa sensación- encerrados en residencias como una forma de cuidado, criterio que no comparto, porque encerrar no es cuidar. Y su situación al interior de la residencia no será revisada por el juez más que una vez mientras dure su internación. Al término del plazo se egresará al niño si no se renueva la medida, y esa será la otra oportunidad en la que se citará a una audiencia para ver el caso del menor.
¡Francamente, ello parece insostenible!
En el informe de la PDI se indica -lo constató un equipo especializado- que hay denuncias no realizadas, que al menos en 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían cometido; que hay abusos y vulneraciones en el cien por ciento de los centros. Vale decir, que en los centros que administra el Estado, a través del Servicio Nacional de Menores, se han cometido de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes; que hay maltrato por parte de los adultos: 127 episodios en los centros de intervención provisoria y en los centros de internación del régimen cerrado; 105 episodios en los Cread; 137 casos en los organismos colaboradores; que hay agresión entre los mismos internos: 79,7 por ciento de los casos; que hay maltrato de los mismos trabajadores encargados de cuidarlos: en 58,3 por ciento de los hogares; que en el 50 por ciento de los hogares se constataron abusos sexuales, señor Presidente. En total, se contabilizaron 310 abusos de connotación sexual.
Además, en el informe de la PDI se señala que existe una normalización de las conductas (vale decir, esto ya es normal, ni siquiera sorprende); que en los centros ¡250 niños no están! Y a nadie le ha parecido ni siquiera irregular esa ausencia e incumplimiento de protocolos. ¿Qué significa esto? Que hay algunos hogares en que ni siquiera hay protocolos y que falta el cuidado adecuado en caso de enfermedades.
La verdad es que lamento que no vayamos a votar este proyecto hoy día. Creo que es fundamental tomar conciencia de la importancia de este tema.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, puso esta materia como una prioridad en sus acciones de Gobierno, y yo pido que sus parlamentarios lo asuman como un desafío.
No voy a argumentar en este momento. Me reservaré mi derecho para el día en que lo votemos, señor Presidente.