ENMIENDA A LEY DE MENORES EN MATERIA DE REVISIÓN PERIÓDICA DE MEDIDA DE INTERNACIÓN EN RESIDENCIAS
El señor QUINTANA (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Menores en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias, con segundo informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.844-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Letelier, señoras Allende y Rincón y señores Elizalde y Quintana):
En primer trámite: sesión 28ª, en 3 de julio de 2018 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes: sesión 42ª, en 22 de agosto de 2018.
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes (segundo): sesión 5ª, en 2 de abril de 2019.
Discusión:
Sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2018 (se aprueba en general).
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Prosecretario.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- La Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no existen artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
La Comisión Especial efectuó diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna Senadora o algún Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas. De las enmiendas unánimes, las recaídas en los números 1) y 2) del artículo primero, así como en el inciso octavo propuesto por el número 4) del mismo artículo primero son de rango orgánico constitucional y requieren 24 votos favorables para su aprobación.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, se pidió segunda discusión para este proyecto, pero eso no significa un aplazamiento del debate.
El señor QUINTANA (Presidente).- En efecto, Su Señoría, la petición de segunda discusión implica no votar, pero no impide debatir. Por ende, se puede discutir, se puede argumentar, se puede pedir la palabra, pero no votar.
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Están presentes algunas de las autoras de la moción, las Senadoras Isabel Allende y Ximena Rincón.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que lamento que no vayamos a votar hoy día este proyecto. Y lo lamento porque no solo Naciones Unidas elaboró un informe, sino también la PDI, el cual conocimos hace pocos días. En este se indica que, tras una visita que se hizo a 240 residencias, de las 241 que hay en el país, se constataron una serie de situaciones, dentro de las cuales se encuentra justamente la no revisión o la no visita del Poder Judicial a los centros. Con suerte hay una visita, a lo lejos, al año. Vale decir, ni siquiera se cumple la norma vigente hoy.
Este proyecto de ley, cuyos autores principales son la Senadora Allende, usted, señor Presidente, y quien habla, busca aumentar las garantías judiciales para velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de nuestras niñas, niños y adolescentes que se encuentran internados en residencias como medida de protección, verificando la situación en que ellos se encuentran y el estado de cumplimiento de tal medida con mayor periodicidad.
Lo decía al inicio de mis palabras: hoy día la ley consagra que esas residencias deben ser revisadas por un juez cada seis meses. La duración máxima de una medida de protección es de un año, sin perjuicio de que pueda ser renovada por igual plazo si subsiste la causa que le dio origen.
Ello significa, señor Presidente, estimados colegas, que un niño, una niña, un adolescente, incluidos los bebés de cero a tres años -debo decir que no hemos podido avanzar en el proyecto porque no logramos llegar a acuerdo con el Ejecutivo-, pueden ser -perdonen la dureza del término, porque cuando uno lee el informe de la PDI queda con esa sensación- encerrados en residencias como una forma de cuidado, criterio que no comparto, porque encerrar no es cuidar. Y su situación al interior de la residencia no será revisada por el juez más que una vez mientras dure su internación. Al término del plazo se egresará al niño si no se renueva la medida, y esa será la otra oportunidad en la que se citará a una audiencia para ver el caso del menor.
¡Francamente, ello parece insostenible!
En el informe de la PDI se indica -lo constató un equipo especializado- que hay denuncias no realizadas, que al menos en 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían cometido; que hay abusos y vulneraciones en el cien por ciento de los centros. Vale decir, que en los centros que administra el Estado, a través del Servicio Nacional de Menores, se han cometido de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes; que hay maltrato por parte de los adultos: 127 episodios en los centros de intervención provisoria y en los centros de internación del régimen cerrado; 105 episodios en los Cread; 137 casos en los organismos colaboradores; que hay agresión entre los mismos internos: 79,7 por ciento de los casos; que hay maltrato de los mismos trabajadores encargados de cuidarlos: en 58,3 por ciento de los hogares; que en el 50 por ciento de los hogares se constataron abusos sexuales, señor Presidente. En total, se contabilizaron 310 abusos de connotación sexual.
Además, en el informe de la PDI se señala que existe una normalización de las conductas (vale decir, esto ya es normal, ni siquiera sorprende); que en los centros ¡250 niños no están! Y a nadie le ha parecido ni siquiera irregular esa ausencia e incumplimiento de protocolos. ¿Qué significa esto? Que hay algunos hogares en que ni siquiera hay protocolos y que falta el cuidado adecuado en caso de enfermedades.
La verdad es que lamento que no vayamos a votar este proyecto hoy día. Creo que es fundamental tomar conciencia de la importancia de este tema.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, puso esta materia como una prioridad en sus acciones de Gobierno, y yo pido que sus parlamentarios lo asuman como un desafío.
No voy a argumentar en este momento. Me reservaré mi derecho para el día en que lo votemos, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, estamos hablando de un proyecto de ley surgido de una realidad que se ha venido denunciando por años, por décadas respecto de la situación terminal del Sename.
Lo que yo digo es que estamos buscando una salida a un problema de Estado -¡de Estado!- de todos los chilenos, referido a la que la institucionalidad a través de la cual tratamos a nuestros niños y niñas internados por un mandato de la ley bajo custodia estatal se encuentra agotada.
¡Sename está agotado, señor Presidente, no da para más!
El 25 por ciento de sus trabajadores tienen licencia médica, esto es, mil trabajadores, de los 4 mil que tiene su planta, no asisten a sus funciones laborales porque tienen estrés o porque padecen diversos tipos de enfermedades que les impiden trabajar.
Por tanto, establecer nuevos mecanismos que consideren la posibilidad de internación de los niños del Sename es de una urgencia extraordinaria.
Sin embargo, hay en mi opinión un incidente crítico que debe llamarnos totalmente a la reflexión.
En esta Sala aprobamos aumentar en 50 por ciento el financiamiento a los centros residenciales de los organismos colaboradores del Sename, a los hogares de acogida. Fueron 180 mil millones de pesos que iban a conformar un mayor presupuesto para mejorar la condición y la atención de los niños que viven en ellos.
Cabe recordar que el Sename no tiene más del 2 por ciento de centros propios; el resto son todos hogares externalizados, cuya función es prestada por privados, por instituciones sin fines de lucro para el resguardo de los menores.
Pero surgió un informe de la PDI que reveló lo que todos sabíamos; no es una extraordinaria novedad lo que nos señala.
El hecho que debe ser evaluado es cuándo se tuvo conocimiento de dicho informe. Porque, efectivamente, si esta Sala hubiera sabido de la existencia del referido informe, creo que el debate habría tenido otro tono; hubiéramos podido concluir otras opciones bajo una nueva premisa.
Hoy día se nos dice que hemos aumentado en 50 por ciento el financiamiento de los organismos colaboradores del Sename, lo que sigue siendo insuficiente de acuerdo a lo que expresan las instituciones que trabajan con los niños.
Señor Presidente, cada menor internado cuesta mensualmente entre 600 mil y 800 mil pesos. Entonces, la pregunta es qué pasaría si se le entregaran 500 mil o 600 mil pesos a una familia con uno o dos niños, a la que se integra un tercero, protegido por el Sename, para que le dé amor, cariño y lo pueda formar.
Esa familia, señor Presidente, con esos recursos no solo puede mejorar su condición: también es factible que le brinde a ese menor algo que en los hogares es muy complejo de entregar: amor, cuidado, cariño maternal, que constituyen la esencia sobre la cual se desarrolla lo cognitivo y también lo afectivo de todo ser humano, particularmente de los niños.
En tal sentido, el trabajo que se hace para intentar establecer mejoras en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias se halla en el camino correcto.
Pero quiero contarle mi experiencia en el Centro de Rehabilitación Conductual de Coronel: hace un año hubo un intento de suicidio: los menores comieron vidrio; hace un mes los internos se apuñalaron; hace dos semanas se produjo una intoxicación masiva.
¡Esto no da para más!
Claramente estamos malgastando recursos sin resultados concretos: 219 funcionarios, 60 internos, más 37 gendarmes.
Señor Presidente, ¡cinco millones de pesos nos cuesta cada mes un joven internado en el Cereco sin ningún tipo de resultados!
¡Falló el modelo, y debemos innovar!
Se lo dije al Ministro Hernán Larraín; se lo advertí a Javiera Blanco en su oportunidad: el Sename va a ser causal de una crisis. Estamos en un barril de pólvora. La situación en esos centros puede determinar que el caso de Lissette Villa vuelva a ocurrir.
Solicité al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, la designación de un fiscal especial para el caso de los niños fallecidos en los hogares del Sename. Se nombró a Emilio Emilfork. ¡En buena hora! Porque claramente las investigaciones nos ayudan a ratificar y a constatar lo que todos sabemos: que existen graves problemas.
Por tanto, yo diría que un proyecto de esta naturaleza, que no vamos a votar ahora, debe revisarse en torno a los resultados. Y los que tenemos son pobres, vagos, difusos y en la mayoría de los casos adversos.
En tal sentido, lo que cabe es pensar en la adquisición de un sistema nuevo.
Me contaba un médico especializado en estos temas que estando en París se encontró con unos jóvenes alemanes que andaban con un tutor, quienes le señalaron que estaban en un período de adaptación, de conocimiento.
Los alemanes, en vez de meter a los menores en cárceles donde se apuñalan, donde comen vidrio, donde se intoxican, los llevan a París, pues la idea del modelo en que se hallan insertos es demostrarles que otro mundo es posible, que las fronteras que tienen para el futuro son mucho más amplias que el estrecho círculo de delincuencia que han vivido, a veces con daño emocional y psicológico.
Nuestro modelo ha fracasado. Esto lo reconocen muchos de los profesionales del propio Sename: ¡está agotado! Y la insistencia en tratar de mejorar algo que no tiene vuelta es un grave error institucional que comete el Estado: el 56 por ciento de los condenados y presos en la cárcel de El Manzano, en las diversas cárceles de Chile pasaron por el Sename.
Señor Presidente, en el Senado aprobamos un proyecto de acuerdo para crear la Comisión de Verdad y Reparación de los niños abusados por el Sename.
El Ministro de Justicia, Hernán Larraín, ex Senador, participó de esta idea en su momento. Y esto, porque cuando hay racionalidad en los planteamientos es de todo sentido hacerlo. Distinto es el caso de las funciones públicas que uno pueda cumplir.
Esta Sala, que aprobó el referido proyecto de acuerdo, debiera apuntar hacia ello. Porque nuestro país va a ser sancionado y condenado por los organismos internacionales, pues descuidó, atrofió, incumplió el cuidado de los niños que se pusieron a su disposición.
¡El Estado de Chile no cumplió, fracasó en esa tarea! Los niños están más seguros en la calle que en las dependencias del Sename. Allí pueden arrancar, pedir ayuda, acercarse a un carabinero. Encerrados en los centros de internación los violan, los maltratan, los vejan.
Eso sucede a diario, y continúa ocurriendo. Así lo determinó el informe de la PDI: el 83 por ciento de los niños internados en los centros del Sename ha sufrido algún tipo de ataque sexual, y en muchos casos de sus propios funcionarios.
Esto sigue pasando.
No podemos cegarnos a lo que ocurre hoy día, cuando discutimos una iniciativa como esta.
Señor Presidente, me avergüenza, me irrita saber que en estos momentos -no ayer, sino hoy día- muchos niños están en grave riesgo de sufrir abusos. Porque el informe de la PDI no cambia el actual estado de las cosas.
Por eso digo que en la búsqueda de nuevos mecanismos de internación yo siento que incurriremos nuevamente en lo mismo.
Si seguimos así, vamos a obtener idénticos resultados.
Hay que cambiar el modelo de administración, pero sobre todo el que se halla vinculado con la gestión de los niños y adolescentes que están en el Sename. Y ello no lo aborda este proyecto.
Vamos a examinar el informe de la PDI. Esperamos discutir este asunto con el Ministro Hernán Larraín, porque queremos colaborar con él y apoyar al Gobierno. Esto no puede ser tema de debate político. Los niños no deben ser punto de guerra y de enfrentamiento ideológico.
Tenemos que lograr un acuerdo en la materia, porque lo estamos haciendo mal todos: la Concertación, la Nueva Mayoría, este Gobierno de Derecha.
Los resultados están a la vista, señor Presidente.
Entonces, tenemos una responsabilidad de Estado, y particularmente los Senadores, en torno a reconocer que estamos entregando más recursos, y que eso no sirve; que estamos modificando criterios de internación, y que esto tampoco es útil. Y ello, porque el modelo es el que está fracasado.
Yo diría que acá debiéramos tener una misión extranjera que fuera a los países que han hecho bien las cosas, que han logrado determinar mecanismos sobre los cuales hay reinserción y recuperación de los menores.
¿Qué me decían los funcionarios del Sename de Valparaíso? Que a los 18 años los internos se deben ir a su casa. ¡Y a qué casa! ¡Si no tienen dónde vivir!
Ellos les pasan plata para la micro a fin de que vuelvan a la esquina del barrio donde vivían, para que traten de alojar en la casa de algún amigo que no ven hace años, pues no tienen red familiar, ni familia, ni puntos de apoyo. Y el Estado tampoco les proporciona mayor ayuda.
Esos jóvenes, señor Presidente, aunque resulte doloroso decirlo, están condenados a un único camino, como lo dicen las frías y porfiadas estadísticas: más del 53 por ciento de quienes hoy día se encuentran en las cárceles pasaron por los centros del Sename. Y esa es la ratificación más horrible de que hemos fracasado en una política tratándose de niños.
Si el Estado no asume su responsabilidad y seguimos con una política de parche, de establecer medidas parciales que no logran resolver los temas de fondo, habremos equivocado el camino, y la Comisión Especial de Infancia, que la componen cinco Senadores, no habrá cumplido su objetivo.
Necesitamos una verdadera revolución profunda en cuanto a la forma como el Estado trata a sus niños, particularmente a los del Sename.
Tenemos un grave problema: constatamos que lo estamos haciendo mal. ¡Cómo no remediarlo! ¡Cómo no reaccionar!
En tal sentido, hay que incorporar a los funcionarios del Sename.
Es cierto, señor Presidente, tenemos problemas adentro de este Servicio. Y digámoslo francamente: durante muchos años el Sename fue un botín político. Quizás sin necesidad, entraba mucha gente allí. Por tanto, ese Servicio creció inorgánicamente, sin ningún sentido.
Es menester, pues, hacerse cargo de dicha herencia y resolver la situación de la mejor forma con los funcionarios, con las asociaciones de profesionales, de tal manera que todos entiendan que la primera prioridad es el bien superior del niño, respetando los derechos de aquellos.
Porque hoy día no existe bien superior del niño, ni tampoco respeto a los derechos de los funcionarios. Hay demasiadas arbitrariedades.
La nueva Directora ha hecho un trabajo que es reconocido; no he escuchado una mala opinión al respecto. Sin embargo, eso no es suficiente.
Algunos Senadores presentes en esta Sala están participando en la Comisión -no recuerdo su denominación-...
La señora RINCÓN.- Especial de Infancia.
El señor NAVARRO.-... Especial de Infancia (su creación significó un paso sustantivo), donde estamos tratando con mayor rapidez, especificidad y profesionalismo los proyectos relacionados con los niños, las niñas y los adolescentes.
Yo diría que la praxis nos señala que hasta ahora hemos seguido un camino equivocado.
En consecuencia, apelo a la conciencia de los Senadores tanto de Gobierno como de Oposición. Sé que todos somos conscientes de que lo estamos haciendo mal. A mi juicio, sería inaceptable aprobar un proyecto de ley que establece una revisión periódica de la medida de internación a sabiendas de que con él no logramos tocar la cuestión de fondo.
Sobre esta materia, para el Ministro Hernán Larraín, mi absoluto apoyo a todo lo que podamos hacer.
En este ámbito, sin distingos políticos, es indispensable abocarse a resolver el problema.
¡Los niños están primero!
Yo creo en esa consigna. Y estamos dispuestos a respaldar al Gobierno en la concreción real de la referida consigna.
En definitiva, va a haber un juicio histórico que atravesará a todos los Poderes del Estado: ¿Qué hiciste por los niños del Sename?
Yo no quiero estar entre aquellos que deban bajar la mirada para decir: "Hicimos poco, y lo reconocemos". Porque, a mi entender, hoy día podemos hacer más, pues hay recursos, voluntad, conciencia y, sobre todo, una necesidad urgente.
Si se lleva este tema a los tribunales internacionales, vamos a perder y seremos condenados. Además, seremos obligados por nuestros socios de la OCDE, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reparar el daño causado. Hagámonos cargo motu proprio; hagámonos cargo de que lo hemos hecho mal. Estamos a tiempo.
Señor Presidente, esta iniciativa aborda de manera parcial la situación existente, pues está acotada a la medida de internación. El problema es mucho más profundo, bastante más grande. Somos conscientes de ello. Entonces, debiéramos enfrentarnos con el Gobierno en una mesa de diálogo para decir: "Sinceremos de una vez lo que pasa en el Sename".
Este proyecto contribuye, pero no soluciona la cuestión.
En esa línea, podríamos haber dado un paso sustantivo con la tranquilidad de que todo lo que hacemos en esta Sala sirve y de que, en último término, las leyes tienen efecto.
Una ley que es solo letra muerta no les sirve a los niños, no le sirve al Ejecutivo, no le sirve al Senado.
Vamos a ser juzgados y valorados por lo que hacemos para proteger a nuestros niños.
Por consiguiente, me pronunciaré a favor.
Ahora, como se pidió segunda discusión, no podremos efectuar la votación.
El proyecto está bien encaminado, pero no resuelve el tema de fondo. Por eso yo les pediría a la colega Rincón y a otros colegas, quienes han trabajado arduamente en esta iniciativa, que nos explicitaran claramente lo que se ha discutido en la Comisión Especial de Infancia.
La Senadora Rincón citó un informe de la Policía de Investigaciones -yo invito a mis colegas a que lo lean-: ¡es terrible!
Pareciera increíble que lo que allí se expresa sucede con el auspicio del Estado. Pareciera no ser cierto lo que ha constatado la PDI.
Son datos verdaderos. Y detrás de las iniciales hay un niño, una persona real. Es gente de respeto que está sufriendo y que merece toda nuestra dedicación.
¡Jorge Mateluna es inocente, y lo vamos a probar, porque es de justicia hacerlo!
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Creo que Su Señoría tuvo tiempo suficiente para exponer sus puntos de vista.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende, quien es autora del proyecto que estamos discutiendo.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero sumarme a las palabras que expresó la Senadora Ximena Rincón. Lamentamos profundamente -por supuesto, es un derecho, pero en este caso no entendemos que se haya hecho uso de él- que se pidiera segunda discusión respecto de este proyecto y que, por tanto, no podamos votarlo hoy día.
Las apasionadas y legítimas palabras que acaba de manifestar el Senador Navarro me parecen muy de fondo. Su Señoría tiene toda la razón. Pero este proyecto tiene que ver con la internación de niños de entre cero y tres años. Nosotros pedimos la revisión periódica de la medida de internación. No estamos hablando del Sename, de la totalidad del servicio de protección de los menores, sino de las actuales medidas que rigen para la internación en residencias, que es lo que se intenta modificar al objeto de dejar de lado lo que ocurre en la actualidad.
Por eso, con mucho gusto con la Senadora Rincón suscribimos esta iniciativa, pues queremos asegurar el respeto del derecho de los niños y niñas a vivir, en la medida de lo posible, en un ambiente familiar, en que la internación en los centros de residencia sea excepcionalísima.
Ello, porque pensamos que se trata de una edad en que los niños debieran estar con sus familias. Cuando no es factible que vivan con su familia de origen, pueden ser derivados a una familia de acogida. Sin embargo, nos parece que la internación de niños, de bebés -porque de eso estamos hablando- de entre cero y tres años, tiene que estar muy justificada y debe supervisarse. Y esto no ocurre hoy día.
Por consiguiente, debemos avanzar hacia la necesaria desinstitucionalización de los menores.
Nuestra moción nace de las recomendaciones al Estado por parte del Comité de los Derechos del Niño, quienes observaron el alto número de menores internados en centros de acogida.
En el 2018 casi 200 mil niños y niñas se atendieron en el Sename. De ellos, 180 mil fueron al área de protección. Tenemos a 11 mil niños en centros de residencia, de los cuales 858 pertenecen a la Región de Valparaíso.
Tal como se ha mencionado acá, el informe de la Policía de Investigaciones es devastador. No voy a entrar en mayores detalles al respecto, porque eso lo hizo la Senadora Rincón. Pero es imposible no estremecerse cuando en solo una de sus líneas señala que en el 100 por ciento de los hogares que hoy día administra el Sename y en el 88 por ciento de los gestionados por privados hubo abusos y maltrato contra menores.
En tal sentido, quiero saber si la Comisión Especial de Infancia ha citado a la PDI y ha trabajado con el referido informe.
Esto, porque considero fundamental, junto con avanzar en los cambios que requiere el Sename y dentro del marco de garantías de la niñez, conocer dicho informe, saber cuánto tiempo les tomó realizarlo, cuánto investigaron para tener mayor conciencia -porque todos somos conscientes de este problema- de los abusos que se cometen en esos centros y de lo que ello implica respecto de nuestro compromiso como Estado, como país -no hablo de este Gobierno, sino del Estado en general- en materia de protección de nuestros niños.
Enhorabuena se cerró el Cread de Playa Ancha. Y existe una modificación en el sentido de que haya hogares más pequeños, residencias con más carácter familiar. Pero no voy a entrar en esos detalles, sino a decir que esta moción obliga a los centros de residencia a que informen semestralmente al tribunal de familia con relación al cumplimiento de la medida de internación, donde antes, en términos prácticos, para satisfacer esta exigencia se presentaba un mero oficio. No se realizaba ningún informe real.
Por eso nuestra propuesta es que se convierta en una audiencia trimestral, donde el niño o niña hará uso de su derecho a ser oído ante el juez directamente para que certifique la necesidad de mantener o no la medida de internación, asegurándose su excepcionalidad.
Además, el director del centro de residencia deberá informar específicamente sobre el plan individual de internación diseñado y aplicado al niño, niña o adolescente y su estado de avance; el estado de salud físico y psicológico de los menores, avalados por los respectivos certificados actualizados; los planes de acción con la familia de origen o extendida destinados a superar las dificultades de cuidado, junto a su posibilidad de revinculación.
Señor Presidente, necesitamos avanzar en la desinstitucionalización de los niños y niñas. Por esto es que, con los comentarios de los jueces y de la Defensora de la Niñez, pudimos mejorar sustancialmente este proyecto. Pero aún no es suficiente, ya que el Ejecutivo requiere mayor compromiso presupuestario. Esto también lo podemos solucionar en la Cámara de Diputados, en el segundo trámite, pues precisamos mayores recursos para asegurar la debida defensa y representación de los niños por un abogado que funcione como curador ad litem y que tenga una especialización en materias de infancia. Asimismo, se necesitan más recursos para que los tribunales puedan tramitar en forma eficaz estas audiencias.
Gracias a esas recomendaciones, incluimos, además del director del centro de residencia, al personal a cargo de la intervención del menor para que asista a la audiencia, quien debe tener un mayor conocimiento del procedimiento que se realiza, donde se va a exigir un detalle del plan que se lleva a cabo con el niño.
Todos estos cambios, que fueron producto de lo explicado por los invitados, de las audiencias que hubo, se acordaron en forma unánime.
Por eso, cuesta aún más entender que no se quisiera votar en esta oportunidad en la Sala.
Lo pendiente es la desinternación, que necesita un mayor desarrollo con las familias de acogida. Y, por cierto, se requiere una modernización del sistema de adopción. La iniciativa pertinente acaba de llegar a la Cámara Alta, y esperamos poder tramitarla.
Queremos seguir avanzando en materia de infancia; queremos terminar con los abusos, y dar una real protección a nuestra niñez.
Por ello, exigimos una política real, verdadera, efectiva, que preserve y garantice los derechos de nuestros niños.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto de ley no es más ni menos -es bueno que lo escuchen aquellos parlamentarios que pidieron segunda discusión- que la formalización de la actual práctica de la judicatura de familia.
Hoy, cada tres meses, los jueces de familia revisan las medidas periódicas de internación en residencia.
¿Cómo se hace eso?
Cada vez que se establece una resolución de internación -ocurre desde hace seis, siete años, cuando esta medida se empezó a estandarizar por parte de los jueces de familia-, se le pide a la residencia que emita un informe, el cual va al consejo técnico del juzgado de familia y luego a los magistrados de familia, que toman una decisión respecto de si finalmente se prorroga o se deja sin efecto esa medida de internación.
Aquello básicamente sucede debido a la situación dramática que estaban viviendo los menores -niños, niñas y adolescentes- que se encontraban en un régimen de internación, a fin de poder verificar que estén resguardados adecuadamente sus derechos y que la medida de internación sea de carácter excepcionalísimo.
Por tanto, lo que hace esta iniciativa -va en la dirección correcta- es establecer una norma legal que obligue a la revisión periódica de la medida de internación.
Por lo mismo, en la actualidad -vuelvo a insistir- cada tres meses se están revisando esas medidas por parte de los juzgados de familia. Ese es el nuevo estándar, que hoy no tiene obligación legal alguna. Por eso era tan importante avanzar en una norma que así lo dispusiera.
La situación que estamos viviendo, particularmente de precarización de las condiciones en que se encuentran niños, niñas y adolescentes, me llevó incluso a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -estuve en Washington hace unos meses-, donde se acreditó que Chile está vulnerando en forma grave y flagrante catorce normas de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Del mismo modo, presentamos una querella en contra de aquellos responsables de los menores que se encuentran en el Cread de Valparaíso. Y se ha avanzado en la formalización de nueve funcionarios.
Luego, en virtud de esa querella, se emitió un informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el que también se dejó de manifiesto la grave vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
En ese contexto, me parece que la revisión que plantea este proyecto de ley no es más ni menos que llevar la nueva estandarización que hoy día tienen los juzgados de familia, que es básicamente por la práctica -vuelvo a insistir- de los últimos seis a siete años, a un rango legal, para evitar que las carpetas de los menores que se encuentren en la residencia no tengan adecuada actualización de las resoluciones y a fin de que exista una supervisión permanente y una obligación de las propias residencias de informar adecuadamente la situación en que se encuentran niños, niñas y adolescentes.
Conozco este tema en profundidad; he estado visitando los hogares.
Conozco también la forma de actuación de los juzgados de familia.
Por lo tanto, esta norma va en perfecta sintonía con legislar en función del interés superior del niño.
Espero que el próximo martes podamos despejar las dudas que existan respecto de esta iniciativa.
En definitiva, tenemos que entender que lo que estamos haciendo es simplemente llevar a la ley un estándar nuevo, de los últimos seis, siete años, de los juzgados de familia en nuestro país.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, si el proyecto estableciera únicamente lo que dice el Senador Chahuán, sería bastante fácil, porque se trataría solo de bajar el estándar que hoy establece la ley, de seis a tres meses.
Pero la iniciativa hace mucho más que eso.
Cuando se dice que los Senadores que piden la segunda discusión vean bien el proyecto, yo también pido que se lea bien el proyecto.
Señor Presidente, respecto del fondo de esta iniciativa no hay nadie que esté en contra. Al revés: de hecho, todos la votamos a favor en la Comisión de Infancia.
Todos nosotros -en eso no hay nadie que piense de una manera distinta- creemos que es sumamente relevante que no exista el actual estándar respecto a la cantidad de niños que se encuentran hoy en las residencias. Eso no está bien; no es normal; no es el camino correcto. Los niños primero tienen que estar con su familia; luego, con su familia extendida; si aquello no es posible, que estén con familias de acogida; y si no resulta ninguna de las alternativas anteriormente mencionadas, entonces, que estén -ojalá en casos excepcionales- en hogares.
Las dudas respecto del proyecto no tienen que ver para nada con el fondo, sino más bien con el cómo se establece que estas medidas se cumplan en la práctica.
En esta iniciativa no se establece solamente que se enviarán los informes. Yo creo que este es el cambio más relevante -se lo señalo por su intermedio, señor Presidente, al Senador Chahuán-. Hoy día se leen los informes. Este proyecto no establece la lectura de informes, sino que dispone -y yo creo que esto es superbueno- la realización de una audiencia. Se trata de un estándar mucho mayor a lo que hoy día se hace en los tribunales de familia.
Eso es lo que establece el proyecto.
Reitero: hoy día el estándar es la lectura de informes, y lo que el proyecto establece es una audiencia. A mí me parece que es muy bueno que existan estas audiencias.
La duda que tenemos no es respecto a la audiencia, sino a quién se cita. Es ahí donde quiero llamar la atención. Porque cuando legislamos queremos que se cumpla lo que establece la ley. Y la iniciativa propone que asistan a la audiencia el director de la residencia respectiva y el profesional responsable de la intervención.
No tengo claridad de que citar todas las veces al director sea una medida que efectivamente pueda cumplirse, porque creo que al juez le va a interesar escuchar al profesional responsable de la intervención y no todas las veces al director de la residencia. Porque se va a estar escuchando al director y al responsable de la intervención de todos los niños que están en esa residencia cada tres meses.
Quiero llamar la atención sobre eso, señor Presidente.
Es una cosa más bien práctica que desgraciadamente no logramos solucionar en la Comisión.
Entonces, ¡ese el punto!
En esa audiencia especial de revisión de la medida de internación -vuelvo a repetir, para que no se diga que estamos planteando algo en contra, o que se intente comprender algo que no estamos diciendo, porque muchas veces eso sucede-, que se va a realizar por cada niño que haya en una residencia, se va a analizar el plan individual de protección diseñado y aplicado al niño; su estado físico y psicológico; los planes de acción que se están llevando a cabo con la familia de origen o extendida.
¡Esta es una audiencia, señor Presidente!
Entonces, esta es una temática práctica: van a citar, para cada uno de los niños, cada tres meses, a una audiencia específica al director y al profesional responsable.
Señor Presidente, nosotros pensamos que aquí hay que establecer una medida que haga esto cumplible.
Por otro lado, señor Presidente, hay que considerar que estas serán audiencias. Entonces, me preocupa -y así lo planteé en la Comisión- el hecho de que acá surge también un tema con los tribunales de familia respecto a la cantidad de audiencias, pues este proyecto no tiene financiamiento. Nosotros estamos diciendo que vamos a hacer algo. Y siempre me preocupa cuando decimos que vamos a hacer algo que se ve superbonito en el papel y luego no somos capaces de cumplir.
Lo último que me inquieta es que la futura ley dirá -me parece superbién que lo tengamos y, de hecho, hemos empujado para que así sea- que va a existir un abogado para cada niño.
Pero aquí no estamos diciendo solamente que en la audiencia específica relativa a lo que va a suceder con ese niño habrá un abogado del niño.
Hoy día no estamos cumpliendo con eso. No tenemos abogados del niño para cada uno de ellos; no los tenemos. Lo que sí existe es un curador ad litem, que cumple otro rol. Y todas las personas nos plantean en la Comisión de Infancia que debe existir, ojalá, un curador ad litem y, adicionalmente, un abogado del niño.
Señor Presidente, ¡no estamos cumpliendo ni con el estándar mínimo hoy! ¡No lo estamos cumpliendo! No lo cumplió el gobierno anterior, ni el anterior a ese. Y este está avanzando, pero tampoco está cumpliendo.
Y ocurre que en este proyecto estamos afirmando que aunque hoy día no estemos cumpliendo con el estándar de tener un abogado del niño para cada niño en las audiencias en que se decide lo que va a ocurrir con ese niño, sí vamos a tener un abogado del niño en cada una de las audiencias que se realicen cada tres meses a fin de considerar la situación de internación del niño.
Entonces, ¿qué me preocupa? Que aquí no se encuentra establecido ningún proceso en orden a señalar: "Nos vamos a demorar tanto tiempo". Y tampoco hay financiamiento, señor Presidente: no hay financiamiento para contar con un abogado del niño.
Por lo tanto, me parece superbién el fondo de esta iniciativa -y eso lo hemos conversado-, pero tenemos dudas respecto a cómo se llevará a la práctica para evitar que se convierta en un proyecto que al final del día termine en algo que no se cumple. Y eso, a mí por lo menos, me genera dudas. Pienso que hay que conversarlo y quizás arreglarlo, si es que hay espacio. Si no lo hubiera, se votará como está, y eso está dentro de las reglas del juego.
Creíamos importante establecer nuestras dudas y quizás poder revisar los aspectos que se han puesto sobre la mesa. Simplemente, porque pensamos que será muy complejo llevar a la práctica este proyecto de ley dada la forma en que se ha establecido, pues incluso hoy no estamos cumpliendo con el estándar mínimo.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, seré muy breve, porque lo señalado por la Senadora Von Baer representa de manera plena nuestro planteamiento al haber solicitado la segunda discusión.
Simplemente, quiero ratificar que nadie en esta Corporación podría estar en contra de avanzar en estos temas.
También, señor Presidente, concuerdo con muchas de las cosas que ha mencionado el Senador Navarro en su intervención. Y, apuntando a lo mismo, debemos ser serios para que todos los proyectos que legislemos tengan la posibilidad de cumplirse y ser llevados a la práctica. Nuestra conciencia no puede quedar tranquila solo con dictar un proyecto si sabemos que será uno más, que será letra muerta y que no se va a cumplir.
Me tocó reemplazar a la Senadora Von Baer en una sesión de la Comisión de Infancia a la que asistió gente del Ministerio de Justicia y de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Y nos contaron sobre un proyecto piloto que opera a través de dichas corporaciones y que dice relación con los niños del Sename llamado, precisamente, "Mi Abogado". Dijeron que este plan piloto opera en un par de regiones porque todavía no disponen de los recursos para habilitarlo en todas. Por tanto, el que exista una ley no significa que los recursos van a aparecer milagrosamente.
El llamado es -ojalá- a que todos los proyectos de ley que aprobamos acá sean capaces de llevarse a la práctica y que no queden -insisto y lo vuelvo a señalar- simplemente en una ley que después no podrá cumplirse.
Ratifico una vez más nuestra disposición a avanzar, a compartir plenamente el fondo de este proyecto, pero la invitación es a conversarlo para que se pueda llevar a la práctica una vez que se convierta en ley y para que lo haga de manera efectiva, en beneficio real de los niños, porque eso es lo que todos buscamos en el Senado.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, recién compartíamos con la Senadora Ximena Rincón el informe que han mencionado varios de los señores Senadores. Me refiero al informe de la PDI sobre vulneraciones sistemáticas de derechos de niños, niñas y adolescentes en residencias del Sename.
Este informe es de reciente data, por lo tanto, muestra que los distintos gobiernos han tenido serias dificultades para cumplir con los compromisos en estas materias.
Quiero referirme al punto 8, relativo al incumplimiento de fiscalización judicial. Se sostiene que los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales. "No existe un mecanismo de control externo al Sistema de Justicia, lo que propende a la mantención de prácticas funcionales que contravienen las normas y directrices existentes en torno al cuidado residencial de niños, niñas y adolescentes", concluye este párrafo que es uno de los más duros, por así decirlo, de este informe.
Entonces, no puedo entender la petición que se ha hecho cuando se sostiene que los niños son los primeros en la fila.
Al respecto, eso sí, quiero destacar la consecuencia que ha mostrado el Senador Chahuán, porque en esto debemos ser superclaros: estamos porque los niños sean prioridad o no estamos.
Este esfuerzo de dilatar las cosas -no es nuevo- tiene que ver mucho con lo que pasó -lo señaló la Senadora Rincón también- con el proyecto de desinternación, en que toda la evidencia nacional e internacional, al igual que en este caso, mostraba que no era aconsejable internar niños menores de tres años. Bueno, lo mismo ocurre acá. No hay nadie que haya manifestado algo distinto. La propia Senadora Von Baer señala que no tenemos dificultades -esto es textual- en el fondo. Es decir, no hay nadie que esté en contra de esto. Incluso, en las audiencias estamos de acuerdo. O sea, vamos a postergar este proyecto solamente porque no hay consenso en cuanto a si se debe citar al director o al profesional a cargo del menor.
A mi juicio, es el director quien debe hacerse responsable de que los profesionales bajo su cargo estén llevando adelante como corresponde los distintos procedimientos, porque, finalmente, se trata de menores que tienen que ir avanzando en las distintas etapas durante esta residencia, asumiendo, por supuesto, todo lo que se ha dicho en cuanto a que primero deben estar con la familia natural, cercana, original; después, con la extendida; luego, con la de acogida, y recién después de eso se va a una residencia.
Francamente, no entiendo cómo aquí no existe voluntad para avanzar. ¿Acaso esperamos que esto lo resuelvan otros proyectos? Porque también es una posibilidad dejar que lo haga el proyecto de garantías. Y si eso es así, sinceremos las cosas. Digamos si estamos pensando que el proyecto de garantías de la niñez, que viene del Gobierno anterior y al que la actual Administración le presentó una indicación sustitutiva, va a resolver estos temas. ¿O va a ser el Servicio de Protección de la Niñez?
¡Seamos claros!
Pero no se puede dejar sin votar un proyecto como este, cuando se ha dicho que los niños son la prioridad.
A fines del año pasado estábamos en plena discusión sobre el proyecto de aumento de la subvención para las residencias de organismos colaboradores. Y hubo Senadores que todos los días acudían a la Comisión, sin ser parte de ella, y nos decían: "¡Por favor: Los niños son los primeros en la fila! ¡Esto hay sacarlo rápido!", más allá de toda la discusión que se dio en la Comisión, respecto de la rendición de cuentas y de un conjunto de elementos que era necesario ver. No se trataba solo de aumentar recursos por aumentarlos.
Entonces, francamente, yo no comprendo. No sé si esto se puede revisar -entiendo que no-, pero creo que será en la próxima sesión en que habrá que demostrar que los niños, efectivamente, son una prioridad.
Lo que plantea el proyecto, como sostuvo la Senadora Isabel Allende, es que en lugar de que la revisión de la medida de internación se haga cada seis meses, esta se realice cada tres meses. Evidentemente, de esa manera se podrá tener un conocimiento más directo de cuál es la evolución que están teniendo estos menores que han sido vulnerados en sus derechos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más señores Senadores inscritos.
--El proyecto queda para segunda discusión en particular.