TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO MEDIANTE INCLUSIÓN DE SOPORTE Y TRAMITACIÓN ELECTRÓNICOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.882-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 31ª, en 10 de julio de 2018 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 58ª, en 10 de octubre de 2018.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 3ª, en 19 de marzo de 2019.
Hacienda: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2019.
Discusión:
Sesión 60ª, en 16 de octubre de 2018 (se aprueba en general).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- La presente iniciativa fue aprobada en general en sesión de 16 de octubre del año pasado.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 1, numerales 10 y 12; artículo 4, numerales 2, 4, 5, 6 y 8, y las disposiciones transitorias primera y cuarta no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Dichas normas deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Cabe dejar constancia del quorum respecto de los numerales 10 y 12 del artículo 1 y de la disposición primera transitoria, que son normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación de 30 votos favorables.
--Se aprueban reglamentariamente, dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.
El señor GALILEA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señor Senador.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, aunque mi intervención signifique retrotraer lo dicho hace unos segundos, debo señalar que este proyecto recibió modificaciones tanto de la Comisión de Gobierno, casi todas unánimes, como de la de Hacienda, también aprobadas por unanimidad, pero no necesariamente compartidas por los integrantes del primer órgano técnico mencionado.
Entonces, antes de votar las enmiendas, sería bueno que el Presidente de la Comisión de Gobierno, el Senador Rabindranath Quinteros, hiciera su exposición para saber en qué normas hay total unanimidad entre ambas Comisiones y en cuáles detectamos que existen cosas que se podrían discutir.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, entonces, el Presidente de la Comisión de Gobierno, Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, debido a que no estamos de acuerdo con algunas modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, quiero hacer un recuento del proyecto.
La iniciativa que se propone a la Sala tiene por objeto efectuar una transformación digital del Estado, incorporando el soporte y la tramitación electrónicos en los procedimientos administrativos de la Administración del Estado y en la gestión documental.
En nuestro informe en general, se hizo presente que en la actualidad, aproximadamente, el 50 por ciento de los trámites del Gobierno central se pueden efectuar digitalmente, pero que ello está lejos de hacer efectivos los principios de servicialidad, eficiencia y eficacia en el actuar de los órganos de la Administración del Estado.
Con lo anterior en vista, las principales modificaciones del segundo informe fueron las siguientes:
Primero, exceptuar de todo o parte de la regulación contenida en esta ley, en cuanto al soporte de su tramitación, a los procedimientos administrativos regulados en normativas especiales cuyo soporte de tramitación se exprese a través de medios electrónicos, lo cual deberá hacerse mediante decreto supremo dictado conjuntamente por los Ministerios Secretaría General de la Presidencia y de Hacienda, fundado en razones que digan relación con el funcionamiento de los sistemas informáticos, con una difícil interoperabilidad o con la necesidad de modificar los ya existentes, particularidades que hagan prever que para asegurar el cumplimiento de sus fines sea conveniente que dichos procedimientos especiales se sigan rigiendo en todo o en parte por sus respectivas leyes específicas. Ello también podrá basarse en otras razones de relevancia que lo justifiquen.
Segundo, establecer que en las comunicaciones entre órganos de la Administración que se practiquen en el marco de este nuevo procedimiento que se realizará por medios electrónicos, no solo debe dejarse constancia del órgano requirente, sino también del funcionario responsable que efectúe el requerimiento, su destinatario, el procedimiento a que corresponde, la gestión que se encarga y el plazo establecido para su realización.
Tercero, consagrar como principios generales relativos al soporte electrónico los siguientes puntos:
a) El principio de equivalencia funcional del soporte electrónico.
b) El principio de fidelidad del soporte electrónico.
c) El principio de actualización de los sistemas informáticos, y
d) El principio de cooperación.
Cuarto, considerar que en todo procedimiento administrativo, el órgano ante el cual se estuviere tramitando es quien debe requerir aquellos documentos o información pertinentes a otras dependencias de la Administración en los cuales estos se encuentren, no pudiendo excusarse el requerido. Para tales efectos, se faculta a la Administración para acceder a documentos o información que contengan datos de carácter personal, incluidos o no en bases de datos personales que estén en posesión de otros entes de la Administración.
Señor Presidente, me gustaría hacer especial énfasis en que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, al conocer las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, acordó informar a la Sala su desacuerdo con algunas de ellas.
Por lo anterior, se acordó solicitar la votación separada de las siguientes normas:
-Artículo 1, número 6, letra c), que reemplaza la letra d) del artículo 17 de la ley (página 10 del boletín comparado de la Comisión de Hacienda). Si bien se mantiene el principio, la redacción es
errónea.
-Artículo sexto transitorio nuevo (página 62): establece una excepción general por cinco años para que las personas puedan seguir tramitando en papel, pese a que la norma permanente que no modificó la Comisión de Hacienda solo permite dicha tramitación de manera excepcional y previa autorización.
Además, esa misma norma hace referencia en forma errónea al artículo 18, inciso quinto, como si este fuera la norma general, cuando precisamente establece una excepción, y al artículo 46, inciso segundo, que se refiere a las notificaciones y no al procedimiento, como supone la disposición de Hacienda.
La Comisión de Gobierno designó al Senador Galilea para que, llegado el momento de votar tales artículos, dé a conocer el porqué de nuestra posición.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, Senador señor Quinteros.
Es un gran informe el que ha entregado Su Señoría.
A continuación, tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que uno queda altamente preocupada después de escuchar la intervención del Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Yo no he estado participando ni en la Comisión de Hacienda ni en la de Gobierno. Pero, a raíz de las aprensiones manifestadas por los integrantes de esta última y por la responsabilidad que implica votar este tipo de materias, revisamos el presente proyecto.
Su objetivo es efectuar una transformación digital del Estado incorporando el soporte y la tramitación electrónicos en los procedimientos administrativos de la Administración del Estado y en la gestión documental.
No cabe ninguna duda de que tenemos que alivianarles la carga a los ciudadanos y a las ciudadanas.
Queda claro que la iniciativa busca producir mejoras tecnológicas, simplificar los trámites, reducir los tiempos y, sobre todo, contribuir al ahorro fiscal.
Sin perjuicio de ello, surgen diversas inquietudes que conviene dejar sentadas con el fin de perseguir un perfeccionamiento del proyecto.
En primer lugar, no queda tan claro que el foco de todo el proceso esté puesto en facilitar la vida diaria de los ciudadanos, principalmente porque mucha gente puede quedar fuera o alejada del nuevo sistema por razones de edad, de aislamiento, de falta de recursos o de desconocimiento. El no tener acceso a la tecnología digital o no conocerla son factores que excluyen.
En cuanto a la integración de los adultos mayores a las nuevas tecnologías y a la alfabetización digital, el Gobierno reconoce que puede haber complejidades y argumenta que el proyecto contempla excepciones para los casos en que la tecnología no esté disponible o su uso sea precario.
Respecto del artículo 18 de la ley Nº 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos, la norma propuesta señala: "Aquella persona que carezca de los medios tecnológicos, no tenga acceso a medios electrónicos o sólo actuare excepcionalmente a través de ellos, podrá solicitar por medio de un formulario, ante el órgano respectivo, autorización para efectuar presentaciones dentro del procedimiento administrativo en soporte de papel. El órgano respectivo deberá pronunciarse dentro de tercero día, y deberá hacerlo de manera fundada en caso de denegar la solicitud.".
No se puede desatender el hecho de que un importante segmento de la población, el de gente de mayor edad o que está en vías de serlo, va a seguir demandando la realización de sus trámites a través del soporte de papel. El sistema, por tanto, debe estar preparado para ello, cuestión que no se condice con que, conforme al proyecto de ley, sea el funcionario público, y no el usuario, el encargado de determinar cuándo se permite el uso excepcional del papel, en circunstancias de que es este último el que necesita hacer el trámite.
En segundo lugar, hoy se presenta esta iniciativa sobre tramitación electrónica con suma urgencia, pero, en paralelo, se encuentra en el Senado el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, cuya tramitación está detenida desde mediados del año pasado, sin urgencia.
Todos sabemos que la ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, se encuentra completamente superada, pues consagra un recurso de habeas data inaplicable; no incorpora los derechos modernos de las personas para proteger sus datos (derechos Arcop); no contempla normas sobre transferencia internacional; no regula de manera adecuada los datos comerciales, y tiene importantes vacíos en datos genéticos, tratamiento de datos de menores de edad, televigilancia, seguridad y privacidad, etcétera, todo lo cual no garantiza a los chilenos un estándar de adecuada protección.
En Chile, desde el 16 de junio de 2018 -lo conversé con nuestro colega Francisco Huenchumilla-, la protección de los datos personales tiene indudablemente un rango constitucional. Es un derecho constitucional en virtud de la publicación de la ley Nº 21.096, que lo consagra como un derecho autónomo, aunque relacionado al derecho a la intimidad, contemplado en el artículo 19, número 4º.
Este proyecto, cuyo aporte a la modernización del Estado es innegable, genera...
El señor QUINTANA (Presidente).- Se acabó su tiempo, señora Senadora.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, solicito unos minutos más, por lo complejo y delicado que es el tratamiento de esta materia.
El señor QUINTANA (Presidente).- Los tiene, Su Señoría.
La señora RINCÓN.- Gracias.
Como señalaba, este proyecto genera un riesgo para la protección de los datos personales que se encuentran recogidos en los múltiples bancos de datos públicos, del cual la iniciativa no se hace cargo.
El artículo 17 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos establece los derechos de las personas ante la Administración Pública. Este proyecto modifica su letra d), incorporando un nuevo derecho. No leeré la norma ahora.
Sin embargo, la facultad que en el mismo artículo se entrega a la Administración, a mi juicio, no es adecuada. La norma indica: "estará facultado para acceder a documentos o información que aun cuando contengan datos de carácter personal, y estén incluidos o no en bases de datos personales, estén en posesión de otros órganos de la Administración.".
Tal disposición, señor Presidente, es excesivamente amplia e imprecisa.
El requerimiento de datos públicos para su transmisión a otro organismo público que se contempla en este proyecto de ley debe ser: acotado al fin que se persigue y acorde a las ideas matrices del proyecto, las cuales son facilitar la tramitación a los ciudadanos y hacer más eficiente al Estado.
Aquí se está consagrando una facultad general para todo servicio público -me parece bien- para solicitar datos -personales o no, sensibles o no- de los ciudadanos en la tramitación de todo procedimiento administrativo. Pero no se precisa:
1. Que debe ser dentro del procedimiento administrativo.
2. Que en él se hace uso de su derecho a no presentar por escrito documentos que la Administración ya tiene guardados. Ese es el acto por medio del cual el ciudadano está consintiendo que un servicio le pida información a otro.
3. Que la solicitud de la Administración debe ser solo respecto de datos específicos de una persona, la que hace la petición.
4. Que no corresponde hacerlo respecto de una base completa de datos.
5. Y que no puede ser cualquier dato.
Más grave aún, señor Presidente, no hay ninguna norma -no la hemos encontrado- que establezca cuál es la responsabilidad de los funcionarios con relación a los datos que se entregan. ¿Qué pasa si estos se pierden? ¡No se establece responsabilidad alguna!
Y si vamos a las normas generales, como han señalado varios colegas, notaremos que tampoco hay disposiciones en ese sentido. La ley sobre protección de datos personales, que opera actualmente, señala que se puede interponer un recurso judicial conocido como "habeas data", que obliga a las personas a realizar un trámite administrativo ante un tribunal civil. Esto hace que sea impracticable la responsabilidad del funcionario que incurre en la pérdida de datos.
Señor Presidente, considero que hay temas por resolver en el presente proyecto.
El señor QUINTANA (Presidente).- Se recogerán los planteamientos que usted ha formulado, Su Señoría.
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, deseo aclarar que yo voté a favor de la idea de legislar, pero en su oportunidad se plantearon observaciones acerca de los alcances de la iniciativa, lo cual debería ser rectificado en la discusión particular.
Por supuesto que estamos de acuerdo en los aspectos positivos del proyecto, como el uso de técnicas y medios electrónicos establecidos en la ley; la gratuidad en la obtención de documentos y procedentes, y la obtención de copias autorizadas de los expedientes por medios digitales.
Sin embargo, existe una serie de falencias. La Senadora Rincón ha mencionado algunas de ellas.
Quiero especificar de modo expreso la más grave: la iniciativa consagra una primera notificación del procedimiento administrativo mediante un correo electrónico, sobre la base de un registro único que manejaría el Servicio de Registro Civil e Identificación.
En ese sentido, la propuesta aprobada por la Comisión respectiva referente a la primera notificación del inicio de un procedimiento administrativo es claramente contraria a las normas del debido proceso, porque afectan derechos permanentes e, incluso, eventualmente podrían establecerse sanciones.
Por lo mismo, no es posible que la primera notificación no se realice de manera personal o, en último caso, por cédula, asegurándose de que el sujeto pasivo (el ciudadano) tome efectivo conocimiento del inicio de un procedimiento administrativo.
Aclaro que recientemente se ha implementado la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales. Pero jamás se ha afectado la primera notificación. ¿Por qué razón? Porque, cuando se notifica por correo electrónico en este procedimiento, no se asegura que la parte tome conocimiento de su inicio. Y perfectamente podría quedar sin ejercer sus derechos.
Más aún, a esta primera notificación vía correo electrónico -les pasa a todos los chilenos con las isapres y otros organismos que les cambian las reglas del juego sin que los ciudadanos siquiera se enteren- se la presume como notificación personal. ¿A cuántos candidatos, acá mismo, se les puede haber pasado un plazo en un procedimiento administrativo sancionador del Servicio Electoral porque no revisaron su correo electrónico, o porque estaba mal digitado, o simplemente porque no lo revisan regularmente?
Por lo tanto, hay que asegurar el cumplimiento de los derechos.
Además, estamos ante una normativa cuya implementación se entrega a un reglamento. No es posible que el procedimiento y particularmente la primera notificación que le da inicio sean entregados a un reglamento.
¿Qué pasa con los analfabetos digitales, qué pasa con los adultos mayores que no conocen estas tecnologías?
Por lo anterior, señor Presidente, hago expresa reserva de constitucionalidad respecto del artículo 46, inciso primero (aparece en la página 30 del comparado), propuesto por el proyecto de ley, en atención a la vulneración del debido proceso, al derecho a la defensa, a la discriminación arbitraria, y a la privacidad y tratamiento de los datos personales, en conformidad a lo que disponen los números 2°, 3° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Muchas gracias.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Saludo a la delegación de la Junta de Vecinos "Monte Rico" de la comuna de Chillán, Región de Ñuble, encabezada por su Presidenta, la señora María Cecilia Fuentes Jara, que nos acompaña hoy desde las tribunas gracias a una invitación cursada por el Senador señor Felipe Harboe.
¡Muy bienvenidos al Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda también nos tocó conocer este proyecto, el cual busca modernizar y simplificar los procedimientos administrativos que deben seguir los ciudadanos frente a cualquier trámite, solicitud o formulario que tengan que llenar, para efectos de recabar un servicio determinado, un subsidio, un acto administrativo o un certificado, cualquiera sea la situación que se presente.
Lo primero que quiero decir es que resulta sumamente positivo que la Administración del Estado pueda modernizarse al máximo y hacer uso de lo que hoy día permite la tecnología y los medios electrónicos en cuanto a simplificar los trámites para hacerlos más rápidos, más expeditos, y entregar servicios de manera oportuna y, por supuesto, también mucho más baratos.
Es evidente que un cambio de esta naturaleza genera inquietudes, dudas. Y lo primero que uno se plantea es si los funcionarios que tendrán la responsabilidad de llevar adelante este procedimiento van a estar capacitados para ello.
La información que nos ha entregado el Gobierno es que este es un proceso que ya se ha iniciado. Hay experiencias piloto que incluso vienen del período anterior, las cuales se han aprovechado como ejemplos para plantear esta nueva legislación.
Todos entendemos que un proceso de cambio requiere adecuaciones legales y buscar solución a los problemas prácticos que vayan presentándose.
Uno de ellos es determinar de quién es la responsabilidad, una vez que un usuario ingresa un formulario digitalizado, para hacerle el seguimiento al interior de la Administración del Estado. Por supuesto, ella debería recaer en el funcionario competente, quien, tal como se establece en el texto, estará facultado para pedir los documentos, los certificados y la información que el Estado requiera para la gestión que se esté solicitando.
En tal sentido, la inquietud que se produce es de dos tipos: uno, respecto del uso de los datos personales que pueda hacer el funcionario, y dos, la responsabilidad que este debe tener si es que llega a hacer mal uso de ellos.
Ambos elementos fueron planteados en la Comisión de Hacienda como inquietud y entiendo que también en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y creemos que quedaron regulados en forma bastante razonable en la normativa.
La segunda inquietud que surgió es qué pasará con toda la gente que es analfabeta digital. Cada día nuestra población es mayor y las tecnologías van cambiando con demasiada rapidez. Es difícil adaptarse y, por lo tanto, la consulta es qué pasa con aquellos que no van a poder llenar un formulario o realizar un trámite de esta forma por no poseer los conocimientos necesarios, en este caso por condición de analfabetismo o por aislamiento, por ruralidad o por vivir en zonas donde ello no sea posible.
También buscamos alternativas para esas situaciones, y una de ellas es establecer el llamado "formulario de papel" como inicio del trámite, para que las personas que no tengan los conocimientos o la capacidad suficiente para hacer uso de las tecnologías modernas puedan comenzar el procedimiento de ese modo, para después continuar con el proceso digital.
Algo que nos llamó la atención es que los municipios no están contemplados en este esquema. Una cosa es la Administración Central del Estado, y otra, los municipios. Y hay una cantidad enorme de trámites que se realizan a partir de estos últimos. La idea, pienso yo, es incorporarlos y, junto con ello, dotarlos de la tecnología adecuada, con programas que puedan funcionar en red con la Administración del Estado. Para ello, se requiere que sus funcionarios reciban las capacitaciones correspondientes y, lo que es más importante, que se establezca una gradualidad en el tiempo que permita esa capacitación, en un ámbito donde habrá cambios profundos.
Paralelamente, sería necesario que, en el caso de las personas de la tercera edad y de los analfabetos digitales, que todavía son muchos en nuestro país, se instaurara una política permanente o de largo plazo con miras a la educación, capacitación y socialización del uso de las nuevas tecnologías que permitirán facilitar y digitalizar todos los procedimientos y documentos, de manera de solucionar el problema de la burocracia, de los tiempos de espera, de los costos, etcétera, etcétera.
El señor QUINTANA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Le voy a dar un minuto adicional para que pueda terminar.
El señor PIZARRO.- Solo quiero agregar, señor Presidente, que este es un proceso que se está iniciando y que resulta importante asumirlo en términos positivos, por cuanto, sin duda, constituye un avance.
Creo que debemos ser capaces de recoger algunas de las inquietudes que se han manifestado, tal como lo hicimos con algunos temas en la Comisión de Hacienda, los cuales seguramente serán aclarados con mayor precisión por otros colegas.
Me parece importante avanzar en este proyecto, y es la razón por la cual lo vamos a votar a favor.
Gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, por su intermedio, agradezco la presencia del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y del Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, por la relevancia de este proyecto. Si hay algo que es importante entender es la tremenda transformación digital, la sociedad digital segura que se está construyendo, no solo en Chile sino en el mundo entero.
De ahí la urgencia "suma" que se le ha puesto a esta iniciativa, que no busca otra cosa que transformar procesos. Hablar de procedimientos electrónicos significa, finalmente, retirar el computador como máquina de escribir y considerarlo parte de un sistema transaccional. Y cuando digo "parte de un sistema transaccional", me refiero a un sistema capaz de garantizarles, a todos quienes administran el Estado y a quienes ejercen el control democrático del Estado, que la información contenida en dicho sistema es auditable, que evitará la ocurrencia de problemas de probidad y que nos dará mucha transparencia.
Por lo tanto, quizás el primer beneficio cuando uno habla de procedimientos electrónicos sea precisamente la transparencia, la trazabilidad, lo que en el mundo europeo se conoce como "accountability".
Lo segundo, sin lugar a dudas, es el retiro del papel, que permitirá también ahorrar. Queremos tener comunidades que sean sensibles con el medio ambiente, con el ahorro de energía, con el cuidado de nuestros bosques, que no necesite producir celulosa.
Por lo tanto, el papel -y así está especificado en los procedimientos electrónicos- será un soporte excepcional. Y esto es quizás lo más trascendente: el papel deja de ser el medio con el cual el Estado se vincula con toda la ciudadanía y es reemplazado para tales efectos por sistemas transaccionales.
Sin embargo, aparecen las complejidades propias de la tecnología. No podemos avanzar en una transformación digital si esta no es una transformación segura. Quienes me antecedieron en el uso de la palabra, Senadoras y Senadores, hicieron notar elementos que son esenciales: los datos personales. ¡Qué bueno haber logrado, el año pasado, un acuerdo para cambiar el artículo 19 de la Constitución y consagrar el derecho fundamental a la protección de los datos personales!
Los datos personales no solo los tienen que cuidar las empresas; también los tiene que cuidar el Estado. Y es por eso que en la discusión de la nueva ley que los va a proteger se debe analizar y considerar la necesidad de una agencia autónoma, independiente, que les garantice a todos que los datos, los que manejen tanto el Estado como las empresas privadas, van a estar bien custodiados.
Igualmente, se ha hablado -y el texto habla en particular de ellas- de las notificaciones electrónicas. ¿Cómo podrá darse por notificada una persona? Bueno, hoy los sistemas de mensajería electrónica reconocen y saben si alguien abrió y leyó un documento. Por lo tanto, el acto -léase- administrativo de abrir el correo electrónico y ver determinado documento constituirá notificación. Es lo que se reconoce a nivel mundial. Y hay que mantener esa calidad, para que la tecnología pueda estar a disposición.
Es necesario -repito- retirar el papel, pero esto tiene que llevarse a cabo con seguridad. La idea es que las personas que accedan al sistema no solamente lo deban hacer a través de la clave única, que es lo que hoy se propone como medida de protección; tiene que haber segundos factores de autentificación que permitan asegurar que efectivamente la persona que dice ser fue la que abrió el correo y la que pudo verlo. Por lo tanto, debemos avanzar en identidad digital. Si no contamos con identidades digitales, será imposible manejarse con sistemas transaccionales en línea.
Por último, hay que reconocer el domicilio electrónico, entender que en el ciberespacio es posible tener direcciones electrónicas reconocidas, para que esos domicilios sirvan incluso para impulsar la economía.
En tal sentido, creo que el Estado, al comprometerse con esta transformación, logrará dinamizar la economía, que es lo que se quiere, al posibilitar a las personas trámites fáciles, con protocolos sencillos, y, al mismo tiempo, cuidar nuestro medio ambiente y racionalizar el uso del papel, entendiendo que siempre existen riesgos asociados.
Por eso, felicito el esfuerzo que está haciendo el Ministerio del Interior a través del Sistema Nacional de Ciberseguridad. Posteriormente le voy a entregar a cada Senadora y Senador el calendario que estoy mostrando, impreso por dicho Sistema, para recordarnos en el día a día, en nuestro quehacer diario, que debemos estar preocupados de cuidar el espacio digital que estamos construyendo.
Por todo lo anterior, creo que esta iniciativa del Gobierno del Presidente Piñera va en el rumbo correcto y a la velocidad adecuada, sin perjuicio de que tenemos que corregirles los detalles que muestra, para comprometernos, todos, a transformarnos en una sociedad digital segura.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, primero quiero respaldar y hacer mía buena parte de las expresiones señaladas por el Senador Jorge Pizarro, miembro de la Comisión de Hacienda.
Yo voy a ser mucho más sucinto, pero más directo.
Escuché las preocupaciones no de algunos sino de todos los miembros de la Comisión de Gobierno, que fueron expresadas de manera particularmente clara por el Senador Rabindranath Quinteros.
Al respecto, quiero señalar, en cuanto a un tema bien puntual -la referencia que se hace en la norma transitoria a la ley 19.880, que acabo de chequear con el Secretario de la Comisión de Hacienda-, que mantenemos nuestra apreciación de que la cita al referido cuerpo legal está bien hecha.
Dicho eso -que es bastante menor-, ¿qué se le hizo al proyecto de ley en la Comisión de Hacienda, en lo grueso?
La iniciativa que llegó a dicho organismo establecía un plazo de cuatro años, en forma transitoria, durante el cual -si ustedes me permiten la expresión- los analfabetos digitales podrían pedir, de manera fundada y por escrito, una excepción al mecanismo digital, y el funcionario correspondiente tendría la facultad de aceptar o rechazar esa solicitud, también por escrito, precisándose que después de tal plazo, que ahora quedó en cinco años, todo sería digital.
Nosotros introdujimos dos flexibilidades, que son opinables ciertamente. La primera dice relación con la transitoriedad, al determinarse que en un período de cinco años los trámites podrán realizarse en papel, a través de un formulario, esto es, no simplemente solicitando por escrito y fundadamente por qué yo exijo un tratamiento distinto. Y la segunda consiste en que en esos cinco años ningún funcionario podrá negarse a ello, como sí estaba establecido en el texto que llegó a la Comisión de Hacienda, disponiéndose que en el período transitorio el funcionario público podía denegar la solicitud de efectuar una tramitación en papel.
Nosotros tratamos eso de manera distinta, ordenando que durante los primeros cinco años, contados desde la entrada en vigencia de la ley, todo aquel que lo solicite a través de un formulario -ya no solo por escrito- va a tener garantizado el derecho a gestionar un trámite en papel.
Después establecimos una segunda particularidad, que también es opinable -lo admito-, que señala que la excepción solicitada por los analfabetos digitales podrá ser rechazada por el funcionario público, pero de manera fundada.
Hago estas aclaraciones, señor Presidente, para ver en contexto el sentido de lo que se hizo en la Comisión de Hacienda.
Entiendo, y no escapa a mi mediana capacidad de entender las cosas -promedio nomás...
El señor BIANCHI.- ¡Promedio...!
El señor LAGOS.-... justo en promedio-, que con la excepción de carácter permanente se establece la posibilidad de que un chileno, analfabeto digital, pueda pedir que sus trámites se efectúen en papel, pero dependerá del funcionario otorgarle o no esa posibilidad.
Admito que eso queda abierto, señor Presidente. Pero nos pareció que era una manera de salvaguardar a aquellos chilenos y chilenas que no tienen acceso o no tienen la capacidad para educarse digitalmente, los que creo que, con el paso del tiempo, van a ser cada vez menos.
Así que considero que hay que votar el texto tal como está. Está muy bien así.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, este proyecto es muy relevante -no será el último que veamos sobre la materia-, porque las cosas de la vida nos irán llevando a que debamos perfeccionar nuestras prácticas.
Sin embargo, esto va a permitir modificar las bases de los procedimientos administrativos, que tienen como eje que todo quede escrito en papel, para que ahora todo quede consignado en medios electromagnéticos, digitales. Y creo que solo eso hace que valga la pena aprobar el proyecto.
Ahora, si a lo anterior se suma que el Estado no les pide a los ciudadanos papeles y antecedentes que él mismo tiene, estamos ante un tremendo avance para desburocratizar. Es muy curioso que en colegios públicos se solicite el certificado de nacimiento de un niño. O sea, el Ministerio de Educación pide antecedentes que están en el Registro Civil.
Uno puede citar varios ejemplos.
Cuando uno postula a un subsidio de vivienda, le piden una cantidad de documentos que en un 90 por ciento el Estado ya tiene.
Esa es una segunda razón para apoyar esta iniciativa.
Hay un debate respecto de quiénes son los actores involucrados: si es el Gobierno central, centralizado o descentralizado; si también están considerados los municipios. Esta es una duda que también se planteó. Nosotros entendemos que ellos sí están incorporados, por lo que no se va a requerir otro cuerpo legal sobre el particular, sino un trabajo con esas entidades, para los efectos de homologar sistemas y plataformas, homologar procedimientos, porque en los 345 municipios las cosas no se hacen de la misma forma.
Por eso, señor Presidente, tenemos motivos de sobra para aprobar y respaldar esta iniciativa.
En la Comisión de Hacienda se precisaron dos cosas: una, ya mencionada por los colegas Pizarro, Lagos y otros, se refiere a los analfabetos digitales. Es decir, aquí habrá una norma general, mediante la cual iremos todos a lo digital, pero existirán personas que no tendrán esa capacidad en el corto plazo y quizás algunas nunca la tengan. Con todo, se establece un procedimiento para garantizar el derecho de acceso a trámites, sin que una persona sea necesariamente alfabeta en esta materia.
Además, se hace una precisión respecto a los plazos: queríamos asegurar los momentos en que se tienen que dictar los reglamentos y qué procedimientos entrarán al calendario durante los próximos 4 y 5 años cuando se tenga que aplicar esta ley.
Por último, deseo plantear que la Senadora Rincón ha señalado que tiene una duda sobre qué ocurre con quienes tienen acceso a las bases de datos de las personas y hacen mal uso de la información existente en las bases abiertas. Tengo la convicción de que aquí hay una sanción para el funcionario público que hace mal uso de aquellas.
Esto se discutió mucho cuando se hablaba sobre a quién pertenece la ficha clínica, la ficha médica. Porque es en salud donde, quizás, se puede acceder a uno de los datos más sensibles -no es el único, pero es importante-, y se establece una tremenda sanción si alguien hace mal uso de tales datos.
Se han analizado normas sobre este ámbito que se encuentran en diferentes cuerpos legales. Además, sabemos que hay otro debate para aumentar las penas en un proyecto radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, cuya tramitación han estado siguiendo el Senador Felipe Harboe y otros colegas.
Sobre el particular, solo deseo consignar mi convicción de que eso sí está garantizado en otras legislaciones, y podremos hablar sobre la magnitud de la sanción que se aplicará.
En resumen, señor Presidente, al aprobar esta iniciativa que modifica la ley que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, que permite pasar en esta materia hacia documentos electrónicos, podremos ahorrar una enorme cantidad de recursos. Eso sí, va a significar un impacto en el empleo, y esperamos -lo hemos conversado con el Ejecutivo- encontrar la manera de garantizarles a los funcionarios que puedan verse afectados en sus empleos un proceso de recapacitación para mantenerlos activos...
Ya termino, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Dispone de un minuto adicional, señor Senador.
El señor LETELIER.- Gracias, señor Presidente.
Estos procesos tendrán un impacto económico muy positivo: vamos a ahorrar, vamos a reducir la huella de carbono del Estado, lo cual es también muy importante. Pero se puede afectar el empleo de muchas personas. Algunas, quizás, deberían ser la primera opción para los programas de retiro en el futuro; habrá que cuantificarlas.
En ese sentido -por su intermedio, señor Presidente-, le pediría al Ministro de Hacienda un compromiso en particular, porque esta legislación sí va a causar impacto en el empleo, como sucede con todos los avances tecnológicos, y habrá que reciclar a los funcionarios en otras funciones. Porque a diversas bancadas nos preocupa su situación, por cuanto algunos trabajadores llevan años desempeñándose en archivos, en bodegas, llevando registros. Y, con esto, varios van a perder el empleo, y esperamos que puedan ser acogidos en otras labores.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, en la misma línea, por más que he revisado lo que planteó el Senador Quinteros, que es una cosa razonable, honestamente pienso que hay que leer esto de buena manera; porque creo que los temas están bien resueltos, tal como lo ha explicado el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Este proyecto lo trató la Comisión de Hacienda, ¡ojo! -para que nadie reclame-, porque son asuntos que le competen. No es que uno se haya metido a analizar materias ajenas: era lo que nos correspondía reglamentariamente.
Lo que plantea la iniciativa es superrazonable: si vamos a digitalizar y a modernizar, hay que hacerse cargo, con sentido de largo plazo, respecto a lo que ocurre con aquellas personas que viven en sectores distantes. Al igual que el Senador que mencioné, soy de una región donde no necesariamente están todos los servicios públicos bajo el dominio de lo digital, pues hay lugares en que cuesta más establecer los contactos por esta vía. En ese sentido hemos hecho una distinción.
En la Comisión de Gobierno se habló de que, como norma general, cada vez que una persona pidiera un documento escrito, físico, en vez de digital, tuviera que hacer una presentación fundada. Sin embargo, cuando en Derecho uno habla de "fundado", se precisa toda una explicación jurídica-técnica.
Entonces, a nosotros nos pareció que aquello no estaba en el espíritu de la iniciativa y que había que diseñar un formulario. Es decir, que si una persona no podía hacer un requerimiento de forma digital, bastara con que presentara un formulario. Así, la autoridad debería darle obligatoriamente ese camino. Esto no es algo político; aquí estamos todos de acuerdo en su sentido obvio.
Por tanto, establecimos en un artículo transitorio una norma superrazonable. Se fija un período de cinco años, y se otorga al funcionario la facultad de rechazar la petición en soporte de papel, fundadamente. Ello, a fin de que si sabe que alguien tuvo tiempo para aprender o que domina los medios tecnológicos y que simplemente pide la excepción porque sí, pueda rechazarla con fundamento, diciéndole: "Usted sabe utilizar internet, lo ha hecho en 20 trámites anteriores, así que proceda con los medios tecnológicos".
Honestamente, me parece que así está bien resuelto.
Respecto a otras dos inquietudes, que me preocupé de estudiar en el intertanto, porque son relevantes, las conversé con la Senadora Rincón.
Esta no es una ley de datos. Porque todo lo que tiene que ver con responsabilidades está en la Ley de Protección de Datos Personales. El proyecto en debate se limita a aplicar, simplemente -este Gobierno y el anterior concuerdan completamente en esto-, lo relativo a procedimientos. Obviamente, los datos personales están resguardados, pero no por la iniciativa que nos ocupa, sino por la ley a que me referí. Y esa es la clave, que la legislación no ha modificado, y que ha funcionado.
Ello me parece superimportante destacarlo.
Honestamente, me parece que esto se encuentra bien resuelto. Creo que las inquietudes son muy legítimas, porque son parte de la discusión. Pero no estamos haciendo una nueva Ley de Protección de Datos Personales, sino otra cosa muy diferente: estamos legislando para aplicar procedimientos más rápidos, mediante la digitalización, y se propone una buena fórmula para conseguirlo.
Asimismo, aquí hemos considerado particularmente la situación de las regiones más rurales, generando una norma marco de cinco años, para que sea un derecho ciudadano el pedir antecedentes por medio de un formulario cuando a la persona no le sea posible hacerlo de otra manera. Y al término de ese período podrá seguir solicitándolo; pero, en ese caso, el funcionario dispondrá de facultades para, fundadamente, sugerir: "Bueno, tratemos de hacerlo de otra forma, porque, si no, la ley nunca se va a implementar correctamente".
Así que, desde mi perspectiva, coincido con los Senadores de las bancadas del frente, en el sentido de que los temas están bien resueltos.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- El señor Ministro había pedido hacer uso de la palabra hace un momento.
Puede intervenir, señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Muchas gracias, señor Presidente.
Pocas leyes o pocos proyectos tienen un impacto tan importante como el que, en este momento, estamos debatiendo.
Señor Presidente, voy a usar algo que es especialidad de la casa en el Ministerio de Hacienda: le pondré algunas cifras a la iniciativa.
Este proyecto, en régimen, permitiría ahorrar del orden de los 1.100 millones de dólares en tiempo de empleados públicos que, hoy día, están dedicados a atender gente en forma presencial. Y, como ha dicho el Senador Letelier, estos tiempos que se liberan podrán ser redestinados a otras funciones, para lo cual es posible que se requiera capacitación, a lo que evidentemente estamos dispuestos. Porque cualquier Gobierno tendrá la intención de proteger a esos trabajadores, pero también de progresar en estos procesos digitales.
En resumen, aquí tenemos la posibilidad de avanzar fuertemente, liberando tiempo de empleados públicos.
En segundo lugar, se estima que el ahorro en costos por los trámites que realiza la población chilena en el sistema público, si se acortara el tiempo de desplazamiento y se valorara el transporte físico a los servicios públicos, podría llegar a los 3.050 millones de dólares.
O sea, las cifras que involucra este proyecto son realmente cuantiosas.
Quiero aportar una cifra más. Se realizan del orden de 500 mil licitaciones públicas al año, las que son tramitadas en papel. Y se ha hecho una referencia a un ahorro significativo no solamente en recursos del Estado, sino también en la huella de carbono, en el papel. Este proyecto aporta beneficios importantes en términos medioambientales.
Por otra parte, quiero recalcar que en el sector público estamos haciendo algunos esfuerzos complementarios a lo que se está haciendo acá.
Por ejemplo, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) digitalizó hace poco, como lo dimos a conocer, todo el procedimiento de reclamaciones de licencias médicas y seguro laboral, reduciendo de más de cien a treinta días el tiempo de respuesta a los ciudadanos. Esta es una demostración concreta de cómo vamos aplicando la tecnología en beneficio de los usuarios, en beneficio de los chilenos.
Asimismo, quiero comentar que en la tramitación de este proyecto se han incorporado importantes espacios de gradualidad. Así, su texto original partía con tres años para su total aplicación, y ahora, como lo han comentado diversos Senadores, ese período se alargó a cinco años para llegar a la implementación plena.
De tal manera, y en eso concuerdo con los Senadores Coloma, Letelier y otros que me han antecedido, creo que varios aspectos de esta iniciativa están bien resueltos.
Finalmente, quiero señalar que esta propuesta legislativa posee además una característica muy especial. Tiene un costo, en términos de uso de recursos. Pero ¿sabe, señor Presidente? Lo increíble es que genera más ahorro, y no estoy pensando en el ahorro de tiempo, sino en el ahorro directo de costos al erario.
Si usted observa el informe financiero, se da cuenta de que durante el primer año el mayor gasto es inferior al ahorro directo. Por lo tanto, en todos los años se produce una contribución positiva: 3 mil 500 millones de pesos en el primer año; del orden de 7 mil 600 en 2021, y 4 mil 800 millones de pesos de contribución al erario en régimen.
Me parece que esto es un elemento notable. Y a nosotros nos emocionan estos proyectos que llegan con ahorro de costos en vez de uso de recursos. Y creo que, además de la contribución, un ahorro neto de recursos para el Estado es una conjunción que muy pocas iniciativas pueden aportar.
Muchas gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, el Comité PPD solicita segunda discusión para este proyecto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Perfecto, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el Comité País Progresista e Independientes iba a hacer la misma solicitud de segunda discusión.
¡Jorge Mateluna es inocente, y lo vamos a probar!
Hace un tiempo, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, cuya fortuna asciende a 60,5 miles de millones de dólares, fue citado al Senado de los Estados Unidos a una comisión investigadora. Allí los senadores lo interrogaron, y la primera pregunta fue: "¿En qué hotel pernoctó anoche?". Y, además, "¿Quién lo acompañó en el hotel?".
Mark Zuckerberg se perturbó, y señaló (el video está en YouTube): "Esa pregunta no la puedo responder porque es parte de mi vida privada". Y los senadores le dijeron: "Exactamente, de eso se trata esta audiencia, de que usted permite en Facebook que los datos que libremente publican los ciudadanos sean asociados a otros usuarios y que para todos haya acceso a información privada, la misma que usted ahora no quiere entregar, defendiendo su derecho a la privacidad y haciendo uso de él".
Hay que tener presente que Twitter, Google, Facebook son de propiedad privada. Las plataformas no son una nube en el aire como muchos creen ¡no! Son un negocio controlado por intereses. Y hoy día en Facebook, al igual que en Twitter, se regula y restringe la rapidez de contenidos. La lucha entre Estados Unidos y Rusia por el dominio de esta nube está abierta.
Los contenidos progresistas y de Izquierda no fluyen en Facebook. ¡Tienen filtros!¡Fluyen más lento! ¡Hay materias vedadas!
Y aquí me dicen que la modernidad del Estado de Chile; nuestro Banco Central, el corazón de la economía del país, como lo ha planteado el Ministro Felipe Larraín; el Ministerio de Hacienda; todos los Ministerios depositarán en alguna parte la valiosísima información de los datos de todos los chilenos, con la cual el Estado actúa, camina, genera políticas públicas.
Mi primera pregunta es ¿quién resguarda esa información pública?
La segunda, similar a la del Senador Pugh, es ¿cómo nos protegemos de un blackout en materia informática para evitar que el Estado quede a ciegas? ¿Cómo nos protegemos de un ataque cibernético si el Banco de Chile, con todo el poder que ostenta Andrónico Luksic, fue objeto de un hackeo del que reconocen cien millones en pérdidas?
¡Cien a uno que fue mucho más dinero!
Entonces, ¿cuáles son los resguardos que este proyecto ofrece para que la confianza de la información pública y también privada de nuestro país esté a disposición de todos?
El Subsecretario señor Claudio Alvarado afirma (página 13 del informe) que "la División de Gobierno Digital ha tomado los resguardos técnicos necesarios para que las plataformas digitales que considera el proyecto de ley, no generen dependencia tecnológica del Estado. Dichos resguardos apuntan al desarrollo de softwares seguros, basados en estándares de desarrollo abierto, interoperables".
Señor Presidente, durante años he planteado en esta Corporación la necesidad del software libre. ¡Todos los Ministros de Hacienda se han negado!
Señor Felipe Larraín, si a usted le interesa ahorrar, apoye la política que en cada discusión del proyecto de Ley de Presupuestos he propuesto.
He tenido a Ministros de Hacienda y a todo su equipo técnico fuera para decirles ¡vamos al software libre! ¡Vamos al software de código abierto y no de código cerrado, que ha enriquecido a Microsoft! Porque por cada computador, en cada Ministerio, en cada escuela, en cada servicio público año a año hay que pagar la patente para utilizar esos programas. Y nos hemos endeudado. Ya vamos, Ministro, en 80 mil millones, ¡80 mil millones y sigue subiendo! ¡Y ese pago de patentes se duplicará en los próximos cinco años!
Entonces, señor Presidente, lo que debemos hacer es incorporar resguardos. Este proyecto no los tiene a la vista.
¡Bienvenidos los ahorros señalados por el Ministro Larraín! Pero quiero seguridad, privacidad, y que efectivamente esta modernización no termine en un desastre.
Ahora la seguridad no está garantizada en el proyecto, y por eso nos sumamos a la solicitud de segunda discusión. Necesitamos de verdad un debate respecto a la seguridad, porque ya son varios los ejemplos.
En Chile se utiliza un único RUT.
En Estados Unidos, y el Ministro lo sabe porque ha estudiado en ese país, la gente no tiene ese documento.
Aquí estamos todos "enrutados", lo saben todo de nosotros. Si uno compra una pasta de dientes en la farmacia, le piden el RUT; si uno compra calcetines, le piden el RUT; si uno compra un kilo de pan, le piden el RUT. Saben exactamente todo lo que hacemos y se ha instalado este único canal de información. ¡Y ahora me dicen que habrá un código único para que sepan todo lo que hago con el Estado!
Esa información ha de estar resguardada, señor Presidente, es valiosa, es estratégica, es privada y habrá acceso a realizar negocios con ella. Alguien podrá acceder a licitaciones públicas de miles de millones con esa información pues contará con la tecnología para hacerlo, porque no estamos incorporando un resguardo. Al menos en este proyecto yo no lo observo.
Reitero la petición de segunda discusión.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A pesar de que se ha solicitado segunda discusión, el Ministro señor Blumel ha pedido la palabra para presentar una propuesta sobre este proyecto.
El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, entendiendo la diferencia que surgió en la interpretación y en la redacción de la Comisión de Gobierno y de la Comisión de Hacienda, estuvimos conversando con los distintos Senadores y una alternativa que queremos proponer es consensuar una redacción de los puntos que producen diferencia, básicamente en el artículo sexto transitorio, para reincorporar lo que estableció la Comisión de Gobierno.
¿Sería posible discutir esta opción? Considerando, además, el plazo de la urgencia que está vigente, para que lo podamos revisar.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, el Comité del Partido Por la Democracia e Independientes mantiene la petición de segunda discusión.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, pasaríamos al siguiente punto de la tabla.
El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el Comité del Partido País Progresista e Independientes también ratifica la solicitud de segunda discusión.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Perfecto, Su Señoría.
--El proyecto queda para segunda discusión.
La señora PROVOSTE.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, como se solicitó segunda discusión respecto de esta iniciativa, pido que cuando iniciemos nuevamente el debate tengamos la posibilidad de dar nuestra opinión haciendo uso del mismo tiempo que han empleado los colegas parlamentarios que intervinieron hoy día.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Conforme, señora Senadora.