PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE PARA PROMOVER LA INVERSIÓN
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona los textos legales que indica para promover la inversión, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.747-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 75ª, en 11 de diciembre de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Economía: sesión 94ª, en 5 de marzo de 2019.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- La Comisión de Economía consigna que, de acuerdo a lo señalado en el mensaje, el ordenamiento jurídico debe ser perfeccionado con el objeto de equilibrar debidamente la certeza jurídica que provee y la agilidad y rapidez que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos y de crucial importancia para nuestro país, contexto en el cual los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:
1. Disminuir plazos de tramitación, lo que reducirá el costo asociado.
2. Eliminar incertezas jurídicas.
3. Mejorar la información disponible para los inversionistas mineros.
El referido órgano técnico discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Rincón y señores Durana, Elizalde, Galilea y Harboe.
Cabe tener presente que los artículos 6 y 7 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren, para su aprobación, 25 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 25 a 31 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Muchas gracias, señora Secretaria.
Le ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Economía, Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, tal como lo ha relatado la señora Secretaria de la Corporación, este proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, busca perfeccionar los textos legales que se indican para promover la inversión y, además, tiene urgencia calificada de "suma".
La iniciativa consta de siete artículos permanentes y dos transitorios y contiene normas de quorum especial.
El artículo 1 contempla tres modificaciones a la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
La primera se refiere a las centrales o plantas generadoras de energía eléctrica de 3 megawatts.
Actualmente, la letra c) del artículo 10 de dicha ley establece que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) las centrales generadoras de energía mayores a 3 megavatios (millones de vatios).
En la época de la aprobación de la ley mencionada la única fuente importante de la matriz energética del país en la producción de energía eléctrica era la basada en petróleo (energía no renovable). Por tanto, cualquier planta que generara menos de 3 megawatts era mínima y no causaba impacto alguno.
Con la entrada en funcionamiento de todas las plantas de energía renovables no convencionales, varias que producen menos de 3 megawattssí tienen impacto importante en el medioambiente (por ejemplo, las eólicas e incluso algunas hidráulicas). Conforme al parámetro legal vigente, estas no deben someterse a evaluación.
La propuesta contenida en el proyecto elimina el guarismo de los 3 megawatts establecido en la letra c) con respecto a la capacidad instalada para la generación de las centrales y plantas de energía eléctrica como requisito de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Será el reglamento -propone la iniciativa- el que dispondrá cuáles serán los proyectos de plantas generadoras de energía que deberán someterse al referido sistema.
Segunda enmienda: "ventanilla única".
Actualmente, varios servicios públicos, como la DGA o la Conaf, luego de que los inversionistas han obtenido la resolución de calificación ambiental (RCA), solicitan permisos ambientales sectoriales, exigiendo nuevas condiciones.
La propuesta que trae el proyecto en relación con tales permisos refuerza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como "ventanilla única", al indicarse expresamente en la futura ley que "La resolución de calificación ambiental contendrá los permisos ambientales sectoriales, los que se otorgarán dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, siempre que sean compatibles con los plazos y procedimientos de éste y de acuerdo a lo señalado en el reglamento.".
Tercer aspecto: distinción entre tipos de fuentes.
En la actualidad, una actividad contaminante de pequeñas emisiones reduce su carga en la misma proporción que otra de grandes emisiones. El proyecto señala que ello resulta poco eficiente, ya que esta última debiese reducir sus emisiones en una proporción bastante mayor.
Con el fin de que todas las fuentes contaminantes que genera un proyecto disminuyan en la misma proporción, aun cuando se trate de una fuente que contamine muy poco y otra que contamine mucho, la propuesta establece la posibilidad de que los planes de prevención y descontaminación puedan distinguir entre tipos de fuentes en directa relación a su aporte contaminante, a efectos de fijar la proporción en que deben reducirse las emisiones de las distintas fuentes.
Así podrá ser corregida la fuente más contaminante en mayor proporción que la de menor contaminación.
Los artículos 2 y 3 modifican el decreto ley N° 3.525, de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, y el Código de Minería en dos aspectos.
Primero, permite al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) utilizar como fuente de su catastro de concesiones mineras las publicaciones en el Boletín Oficial de Minería (numeral 1 del artículo 2 y artículo 3).
Segundo, obliga a las empresas que tienen un contrato de arriendo con la Corfo y se dedican a la explotación del litio a entregar al Sernageomin un plan anual sobre las inversiones que realizan en cada uno de esos lugares, desde 2018 hasta 2030 (numeral 2 del artículo 2).
El artículo 4 enmienda el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, con tres objetivos.
Adapta la normativa para contar con una plataforma digital que permita la tramitación electrónica de anteproyectos y permisos de edificación. Este instrumento deberá entregar, en formato de datos abiertos, información sobre la cantidad y el tipo de solicitudes que se presenten en cada dirección de obras municipales, el tiempo de su tramitación y la identidad de los solicitantes.
En la misma plataforma deberán tramitarse los reclamos que puedan presentarse ante la secretaría regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en contra de los actos de las direcciones de obras.
Y, tercero, obliga a hacer públicas las resoluciones que aprueban los anteproyectos, subdivisiones y permisos, y publicitar los permisos de edificación.
El artículo 5 modifica el Código de Aguas en tres puntos.
Establece que, por medio de un sistema informático de tramitación, será posible recibir y tramitar digitalmente las presentaciones que lleguen a la Dirección General de Aguas (DGA) relacionadas con la adquisición o el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas.
Asimismo, permite la externalización de ciertos trámites ante la DGA respecto de determinadas obras mediante la creación de la figura de revisores externos.
Por último, para el caso de aprobación de obras de construcción, modificación y unificación de bocatomas, se regula la posibilidad de que la Dirección General de Aguas corrija los errores georreferenciales que se produzcan en las resoluciones, a solicitud del particular, y en la medida en que las obras no afecten la seguridad de terceros ni produzca la contaminación de las aguas.
El artículo 6 modifica el artículo 26 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales.
Se busca establecer que las municipalidades deberán otorgar de manera inmediata patente provisoria a los establecimientos que cumplan con los requisitos señalados, sin que sea necesario exigir la autorización correspondiente y siempre que la actividad de que se trate esté incorporada en la ordenanza que se dicta al efecto.
Las municipalidades deberán exigir el cumplimiento del requisito pertinente dentro de un plazo determinado, el que no podrá exceder de dos años, contados desde la fecha en que se entregue la patente provisoria.
Si transcurrido el plazo otorgado los contribuyentes no cumplen con todas las exigencias legales, la municipalidad deberá decretar la clausura del establecimiento.
Finalmente, el artículo 7 enmienda la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Para incrementar la cobertura y eficiencia en el uso de los recursos estatales en zonas con menor cobertura, permite la celebración de convenios interadministrativos entre todos los órganos del Estado. Empresas públicas y municipios podrán sustituir funciones materiales de otros servicios públicos. Asimismo, se proponen normas para exigir el cumplimiento de estos convenios.
De igual modo, para exigir el cumplimiento de tales convenios, se establece que este deberá ser incluido en los convenios de desempeño que suscribirá el jefe superior.
Existen dos disposiciones transitorias.
La primera señala que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará, en lo que les corresponda, con cargo a los presupuestos de las partidas incluidas en el articulado. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida del Tesoro Público, podrá suplementar dichos presupuestos. También se dispone que en los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva en cada partida.
La segunda propone que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo establezca, mediante decreto, la gradualidad de incorporación de las direcciones de obras municipales a la plataforma digital a que se refiere el artículo 4 de esta futura ley, pudiendo distinguir entre los distintos tipos de trámites.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
Tal como ha dicho la señora Secretaria, la iniciativa fue aprobada en general en forma unánime en la Comisión respectiva. Sin embargo, existen diferencias respecto de los artículos en particular, ya que cada uno de los Senadores del órgano técnico ha manifestado reparos al texto propuesto por el Ejecutivo.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se ofrece la palabra.
La señora RINCÓN.- Votemos, señor Presidente.
El señor OSSANDÓN.- Sí.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto que busca simplificar un conjunto de trámites para facilitar el desarrollo de nuevos negocios.
En ese escenario, lo primero que hay que decir es que nos encontramos en la discusión en general. Desde ese punto de vista, en el texto que vamos a aprobar hay muchas normas que son perfectibles, pero esos cambios los haremos durante el debate en particular.
Por de pronto, considero importante destacar la existencia o la motivación de la llamada "ventanilla única". Esta va a evitar lo que muchos emprendedores reclaman: la multiplicidad de ofertas del Estado. Van a un lado; los mandan para otro, y después para uno distinto.
Lo importante es que el Estado construya un back office, un sistema de trabajo interno, digital, que facilite el rol de los emprendedores. Se piensa que este tipo de sistemas se aplica, por ejemplo, solo en Santiago. ¡Vaya usted a ser emprendedor en regiones!
Mucha de la permisología radica en las capitales regionales. Pero hay otra respecto de la cual el director regional debe consultar a Santiago.
Entonces, existe un conjunto de problemas en ese ámbito.
Eso es bien destacable.
El segundo aspecto que me parece relevante es el que dice relación con las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se establece una serie de enmiendas en dicha materia, dado que hay dispersión en esos trámites.
Respecto de los permisos de obras, vean ustedes cuánto demora en desarrollarse un proyecto hoy día desde que se solicita la autorización hasta que se inicia la construcción, que genera mano de obra, empleo, dinamismo económico. El trámite es extremadamente largo y muchas veces, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, hace inviable desarrollar los negocios.
Hace un tiempo me contaba un señor que estaba construyendo un edificio que debía en forma obligatoria instalar un ascensor. Se lo exigieron al momento de pedir la autorización para avanzar en la obra. Pero había tres empresas de ascensores en Chile, todas operando en Santiago, ¡y le dijeron que recién en nueve meses estaría instalado el ascensor!
Desde el punto de vista financiero, de los sueldos, del trabajo, ¡era imposible sostener una situación semejante!
¡Y esa persona no era un empresario grande!
Me decía: "¡Cómo hago para poder cumplir con esa obligación que me exige el municipio, si la empresa me dilata nueve meses! ¡No tengo cómo cumplirla! ¡Me encarece los costos y hace inviable llevar adelante el proyecto!".
También se introducen modificaciones a la Ley de Rentas Municipales y a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, para mejorar la eficiencia en la tramitación interna entre los servicios públicos. En definitiva, se busca que los órganos del Estado tengan la obligación de coordinarse entre sí a efectos de dar una solución a los trámites que se están planteando.
Señor Presidente, creo que es importante señalar que este proyecto apunta en la dirección correcta. Probablemente, junto con otros Senadores y Senadoras, vamos a presentar indicaciones durante la discusión en particular. Pero, en esta etapa, voy a votar a favor de la idea de legislar.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, esta iniciativa, que perfecciona algunos textos legales para promover la inversión, fue discutida y aprobada en general unánimemente por la Comisión de Economía, que me toca también integrar.
Tal como lo han dicho los Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra se trata de un proyecto misceláneo que aborda diversos ámbitos y cuerpos legales: Bases Generales del Medio Ambiente, Código de Minería, Dirección de Obras Municipales, Dirección General de Aguas, Rentas Municipales, Bases Generales de la Administración del Estado.
En ciertos casos, uno puede compartir mucho las propuestas; en otros casos, menos.
Quiero destacar algunos aspectos que me parecen relevantes y que debieran generar en forma efectiva un impacto significativo en la inversión.
Lo primero es la obligación legal para las direcciones de obras municipales de tener en línea todas las tramitaciones de sus proyectos. Esto, que se llama "DOM en línea", que es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo y que, afortunadamente, algunas municipalidades ya lo han implementado, tiene que ser el estándar nacional.
Esta propuesta de mejoramiento se cruza con una iniciativa que estamos viendo en la Comisión de Gobierno relativa a la digitalización del Estado de Chile, planteamiento que, por supuesto, aborda el quehacer de las direcciones de obras municipales y establece como plazo máximo para que esté digitalizado todo lo vinculado con el aparato estatal cuatro años contados desde la fecha de publicación de la referida ley.
Poner esto sobre la mesa implica que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tome este mandato legal como algo relevante y lo lleve a la práctica y que apoye, sobre todo, a las municipalidades pequeñas, que muchas veces no tienen las posibilidades tecnológicas ni financieras para hacer tal esfuerzo.
Bueno, de concretarse tal objetivo, me parece que estaríamos frente a un avance muy muy relevante en nuestro país.
Otro aspecto que me gustaría destacar es lo que se establece respecto de las rentas municipales; en especial, lo relativo al trámite de sacar patente.
Probablemente, muchos de nosotros hemos sido testigos de la realidad que afecta a montones de emprendedores que van a sacar patente a su respectivo municipio, sea cual sea, y se topan con un infierno de papeles y trámites antes de obtener el permiso.
Esta iniciativa de ley miscelánea propone que las municipalidades puedan otorgar una patente provisoria por un plazo de dos años.
La persona presentará los papeles mínimos que exigirá esta futura ley y la municipalidad le otorgará el permiso y la patente para operar, de modo que este emprendedor o empresario pueda inmediatamente empezar su actividad y posea un plazo razonable para cumplir cualquier papeleo que tenga que ir arreglando en el camino.
Finalmente, quiero hacer mención de la posibilidad que se establece en las modificaciones a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado en cuanto a la celebración de convenios entre servicios públicos. Esto, que probablemente no es tan relevante en ciudades grandes o lugares muy habitados, sí lo es para las zonas extremas de nuestro país y las comunas que están muy alejadas de los principales centros urbanos. Quizás allí haya una oficina del Registro Civil, pero no del Sernatur. Pues bien, ahora ambos organismos podrán interactuar y pedir que uno efectúe los servicios del otro. Y este ejemplo puede replicarse en un montón de otros ámbitos: en vivienda, en fin. Puede darse una variedad de asociaciones y convenios entre servicios, que serán obligatorios, los cuales buscarán llegar con buenos servicios -valga la redundancia- a los lugares más apartados de Chile.
Así que, más allá de las apreciaciones en cuanto a que estas normas tienen mayor o menor importancia, me parece necesario avanzar en esta materia, y por eso voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, este proyecto, de promoción de la inversión, efectivamente va a favorecer a las regiones. Busca fortalecer la inversión, la competitividad y la productividad de la economía, equilibrando debidamente la certeza jurídica, por un lado, y la agilidad y rapidez que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos y de crucial importancia para el país, por el otro.
A través de diversas medidas vamos a simplificar los procedimientos que establecen las leyes vigentes, sin sacrificar la rigurosidad de ellas, y poner a disposición de los inversionistas sistemas digitales. Se tramitarán permisos, permitiendo la externalización de los servicios de revisión, con el fin de reducir lo más importante, como es el tiempo que dura la tramitación de los proyectos.
Quiero destacar, primero, la creación de una ventanilla única que hará posible que todos los proyectos, en especial los eléctricos, que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no tengan duplicidad en cada una de las gestiones que deban realizar.
Por otra parte, se va a complementar el catastro minero nacional, lo que, a mi juicio, es esencial, en especial en las regiones del norte de Chile.
Asimismo, las direcciones de obras municipales serán clave, fundamentalmente en lo que significa la digitalización de la información, estableciéndose la tramitación electrónica para emisión de certificados.
En la Ley sobre Rentas Municipales se definirá claramente que un pequeño empresario, un emprendedor dispondrá de dos años para operar con patente provisoria.
También se va a digitalizar el funcionamiento de la Dirección General de Aguas, en especial en lo relativo a los proyectos que se tramitan ante ella, perfeccionándose los mecanismos de aprobación de aquellos que se le presenten.
En general, las regiones que tienen una estrategia de desarrollo regional fundamentada, básicamente, en la dinamización de su economía en áreas como el turismo, la agricultura o la plataforma de servicios, con esta iniciativa de ley que incentiva la productividad y promueve la inversión consolidarán tal desarrollo y podrán generar más y mejores empleos.
Muchas gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, lo que estamos presenciando en este momento es el inicio de la transformación de nuestra sociedad, basada en papeles, a una sociedad digital. De hecho, son varios los Ministerios que se van a ver afectados.
¿Cuál es el comentario general y particular que uno puede hacer? Que existe la necesidad de avanzar en diferentes ámbitos, no solo en la transformación digital, en poner en marcha a Chile, sino también en proteger esta información. Y aquí surge, quizás, la mayor falencia: avanzamos muy rápido en lo digital y no nos preocupamos mucho de la seguridad de los datos, de la protección de los datos personales, ni de la capacidad que tenemos para cuidar nuestra infraestructura crítica.
Por lo tanto, debemos tener presente que toda iniciativa de ley que vaya en esa dirección requiere, necesariamente, respaldo legislativo para una ley marco de ciberseguridad, que es en lo que deseamos avanzar este año.
Llama la atención que por fin normas tan antiguas como una de 1960, sobre concesiones marítimas, también estén siendo consideradas. ¿Por qué? Porque al Estado le compete administrar y regular los terrenos y bienes situados dentro de las más altas mareas, los 80 metros, y en todas las riberas de los ríos y lagos del país. Efectivamente, los privados pueden hacer uso de ellos en la medida en que soliciten las concesiones marítimas correspondientes.
¿Qué se estaba promoviendo en el artículo Cuarto? Agregar un artículo 6° bis facultando al concesionario de una concesión marítima para dar en garantía su concesión y los bienes propios destinados a la explotación de esta. Vale decir, se reconoce el carácter comercial que puede tener una concesión marítima onerosa. Se trata de que la actividad cercana a ríos, lagos y especialmente al mar pueda ser impulsada.
¿Por qué señalo lo anterior? Porque esto va destinado a regiones. Santiago tiene todo (la concentración del poder, el cien por ciento de las decisiones, más del 70 por ciento de los recursos), pero no tiene mar, no tiene la capacidad de dar eso que es tan importante. Y en las regiones sí se puede comenzar a avanzar en este ámbito.
En cuanto a posibilitarles a los emprendedores que hagan uso de tecnologías como la empresa en un click, efectivamente, el RUT se puede sacar a distancia con un click, se puede obtener un dominio de internet en NIC Chile en un par de minutos, pero la patente asociada a ese emprendimiento toma demasiado tiempo.
Por lo tanto, tenemos que buscar una fórmula para que, especialmente en la economía actual, en la economía del comercio electrónico, de las tecnologías digitales, donde una empresa a veces es un notebook, nada más, las personas puedan tener un domicilio electrónico, la capacidad de pagar su patente, como corresponde, pero a un click de distancia.
Por lo tanto, tenemos que avanzar bastante más en este ámbito.
Pienso que la transformación digital a que se ve sometida esta generación, que es brutal, que es profunda, debemos entenderla completa. Así, los procesos no pueden ser los mismos que había en papel, sino entender que las transformaciones deben ser llevadas a cabo de otra manera: procesos transaccionales en línea, y seguros. La ciberseguridad tiene que ser parte de todas las actividades que desarrollemos.
En general, adhiero plenamente a esta iniciativa y la voy a aprobar con mi voto.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, quiero valorar que el Ejecutivo se haya hecho cargo de un compromiso importante que el Gobierno tiene, principalmente, con las micro y pequeñas empresas.
La cantidad de brechas existentes hoy día en la demora de los trámites es excesiva y el sentido de la oportunidad es importante cuando se trata de desarrollar un negocio. Los tiempos no son un tema menor, sobre todo en el ámbito de los permisos para formalizar actividades económicas.
Yo me alegro, como integrante de la Comisión de Vivienda, de que el "DOM en línea" sea un proyecto que esté llevando adelante con mucha fuerza el Ministerio de Vivienda con todas las direcciones de obras municipales en Chile. Es una realidad y conversa con este proyecto de ley.
Me preocupa que, de alguna manera -y en esto voy a ser bien transparente-, haya municipios que cuenten con un solo encargado como director y fiscalizador de patentes. O sea, en la práctica una misma persona hace todo el trabajo.
Entonces, muchas veces hay buenas intenciones legislativas, pero en la operación, diversos municipios, sobre todo los pequeños, no pueden aplicar efectivamente la ley del modo que se quiere para agilizar la tramitación de los asuntos sobre los que hoy día estamos legislando.
Esta es una ley miscelánea que se hace cargo de muchos aspectos que en la actualidad constituyen reclamos permanentes de los emprendedores. Estamos en una primera instancia, pero el Ejecutivo tiene que preocuparse sobremanera de cómo pasar del espacio de la legislación a la operativización y fiscalización de todas estas normas, que tienen una muy buena intención.
Sin embargo, tenemos ejemplos meritorios al respecto, como el Estatuto Mipyme, que se generó en Gobiernos anteriores. Es un programa extraordinario para agilizar y formalizar a la micro y pequeña empresa, pero, lamentablemente, no fue posible aplicarlo porque no hubo ni las personas, ni las capacitaciones, ni la transferencia de conocimiento suficientes para dicha normativa.
Por lo tanto, yo valoro y apruebo este proyecto, pero quiero dejar constancia de que resulta muy importante velar por su verdadera aplicación, lo que implica generar las condiciones y los recursos humanos necesarios para la implementación de esta futura legislación.
Muchas gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, las leyes misceláneas, que abordan varias materias y nos permiten, como este proyecto, facilitar trámites a los ciudadanos, son positivas. En lo personal, comparto la opinión de algunos que señalan que el nombre de esta iniciativa es muy rimbombante para lo que realmente contiene. Es decir, "mucho ruido, pocas nueces". Yo espero que en el debate logremos agregarle más nueces para que podamos superar una serie de burocracias o trámites que no siempre son tan claros.
Quiero poner un ejemplo respecto al funcionamiento de la Dirección General de Aguas.
Ocurre que en las comunas del secano costero de mi región -me imagino que es muy parecido al de muchas zonas del país-, cuando el dueño de un predio quiere realizar una inversión, una extensión de la ciudad, hace un pozo y, si encuentra agua, evidentemente debe inscribirla. Y todos sabemos que la inscripción de aguas ante la DGA no es un trámite breve. Adicionalmente, si esa persona quiere lotear, le corresponde hacer el proyecto de distribución de aguas, de alcantarillado. Para eso necesita un certificado de calidad del agua, lo cual también es necesario para asegurar que el recurso que existe en ese pozo sea potable. Y, por cierto, también debe presentar ese proyecto ante las autoridades de salud, la Dirección de Obras y otras entidades.
La pregunta es: ¿necesita esta persona ser titular de los derechos de agua al comenzar o al terminar el proyecto? Es evidente que necesita ser titular de los derechos de agua al término, porque, si no cuenta con ellos, no puede operar la planta y no puede vender sus condominios, sus casas, lo que sea. Corre el riesgo de la inversión. Pero lo que no debe ocurrir es que se esté exigiendo cierto requisito que no sea necesario al principio de un emprendimiento.
Uno no tiene por qué ser titular de los derechos de agua -me refiero al caso de un pozo profundo en la propiedad de una persona- sino hasta cuando los vaya a usar.
Y ejemplos como este podemos dar varios, señor Presidente. Cotidianamente, a muchos nos toca enfrentar peticiones que se realizan antes de tiempo. Por eso, espero que contemos con la posibilidad de ponerle más carne a este proyecto, para que efectivamente al ciudadano sencillo se le faciliten los trámites.
Existen otros casos similares, relacionados con vivienda y emprendimientos múltiples, donde a veces lo que se necesita es que se den autorizaciones o permisos condicionados a la efectiva puesta en ejecución del proyecto, la obra o la iniciativa de que se trate.
Votaré a favor de esta iniciativa en general. Creo que le falta harta más carne para el nombre rimbombante que ostenta, pero estoy seguro de que entre todos trataremos de encontrar mecanismos que permitan que efectivamente el emprendimiento en nuestro país sea más fácil para los chicos, para los pequeños, para los medianos, porque, sin duda, los grandes se las arreglan. Y también para que existan normas que se interpreten de la misma forma en todo Chile, ya que no resulta correcto que cuando uno va a una comuna o una región determinada ellas se interpreten de un modo y en otras comunas o regiones se interpreten de manera distinta. Creo que es el tipo de problemas que queremos superar.
Me parece que esta propuesta legislativa sienta las bases para algo que es útil. Sin embargo -reitero-, no sé si vaya a ser "el gran proyecto proinversión", sino más bien uno que elimina barreras burocráticas que a nadie ayudan.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- ¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar!
Señor Presidente, se ha dado, como norma general un tanto perversa, que en la tramitación de los proyectos no se cuente con participación ciudadana ni con nadie que no sea parlamentario, ministro o asesor.
Este proyecto plantea una intención que yo comparto: promover la inversión. Pero lo he dicho anteriormente: la inversión no debe ser a cualquier costo, porque se ha demostrado una y mil veces que cuando promovemos la inversión hay quienes aprovechan todas las ventanas, todas las ventanillas, todas las rendijas para sumar más contaminación y menos impuestos.
Tengo dudas en esta materia.
Primero, ni una organización ambiental ha sido partícipe del debate en general. No se han realizado audiencias públicas. ¡Debe haber audiencias públicas, señor Presidente! Hay que invitar a los actores involucrados. ¡No hay ningún alcalde que haya sido invitado! ¡Ningún concejal!
Respecto a las facultades que estamos entregando a los municipios, sobre todo en lo tocante al tema de la digitalización de la información, yo comparto con el Senador Pugh la necesidad de digitalizar. Pero en Chile hay 345 municipios. ¿Cuántos de ellos cuentan con la capacidad para entrar en este procedimiento que estamos exigiendo?
Más allá de eso, señor Presidente, me preocupa lo establecido en el artículo 1, que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en cuanto a hacer desaparecer el guarismo de 3 megawatts como requisito para someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Esa es una resolución compleja. Nuestros parques nacionales, todas las zonas protegidas, han hecho diversas solicitudes sobre la materia, y eliminar de aquí en adelante los 3 megawatts traerá aparejado un cuestionamiento ambiental.
Del mismo modo, se habla de que el SEIA podrá distinguir entre distintos tipos de fuente, por razones ambientales, pero me preocupa que se diga "en directa relación a su aporte contaminante". ¡Señor Presidente! Presidí la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y en varias oportunidades he presidido la del Senado. ¿Qué significa "en directa relación a su aporte contaminante"? ¿Quién hará la calificación?
En segundo término, se exige a las empresas que tienen contrato de arrendamiento con Corfo que se dedican a la explotación de litio entregar al Sernageomin un plan anual sobre las inversiones que realicen en cada uno de los lugares, del 2018 al 2030. ¡Plan anual! Señor Presidente, ¡la minería se planifica con procesos que van mucho más allá de un plan anual! Y la verdad es que la capacidad de fiscalización del Sernageomin, particularmente en materia de litio, no es la más adecuada. Me quiero referir, en especial, a Soquimich. ¿Le estamos diciendo que debe presentar un plan anual, cuando lo que queremos es que devuelva el recurso que les robó a todos los chilenos?
¿A quién le vamos a facilitar los trámites: a la pequeña minería del litio? ¿Existe pequeña minería del litio? Porque aquí la norma menciona, claramente, a ese mineral; no cita ningún otro. Dice: "Las empresas que poseen contratos de arriendo con la Corporación de Fomento de la Producción y que se dedican a la explotación del litio, deberán entregar al Servicio Nacional de Geología y Minería un plan anual". Me parece absolutamente insuficiente, conociendo los plazos que se manejan en el rubro de la minería.
Del mismo modo, en el proyecto hay modificaciones al Código de Aguas que son complejas. Por ejemplo, se "Permite la externalización de ciertos trámites de la DGA, respecto a determinadas obras, creando la figura de revisores externos".
Señor Presidente, la Dirección General de Aguas ha tenido largos problemas. Este Gobierno quiere entregar el agua a perpetuidad a privados que ya la tienen gratis y que se han enriquecido. Y ahora decimos que vamos a externalizar trámites de la DGA creando figuras de revisores externos, los cuales van a estar en un catastro. La Dirección no puede abandonar sus funciones básicas de fiscalización. Ya hemos tenido demasiados problemas en la aprobación de represas y de diversos proyectos relacionados con el agua como para permitir que algunos trámites se externalicen.
No estoy disponible para aprobar este proyecto, señor Presidente, si no hay claridad respecto de la DGA, cuya primera función es proteger el agua como un bien escaso y cada día más caro.
Del mismo modo, las modificaciones a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado permitirán que empresas públicas y municipios puedan sustituir funciones materiales de otros servicios públicos. La verdad, señor Presidente, es que si una empresa pública podrá ponerse de acuerdo con un municipio para sustituir funciones materiales de otros servicios, me gustaría saber exactamente cuáles serán estos y cuáles sus alcances, para que ello no quede en manos...
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional para concluir.
El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente.
Decía que me gustaría saber cuáles van a ser esos servicios y cuál es el alcance de ello, para que no quede en manos de un reglamento.
Señor Presidente, el proyecto quiere acelerar el proceso, y cada vez que lo hacemos, el medio ambiente y la gente sufren porque no tienen capacidad de defensa.
En el informe no hay opiniones de quienes me habría gustado conocerlas: de ONG ambientalistas; de ciudadanos; de municipios; de la propia DGA, que no fue invitada a la elaboración de la iniciativa.
Debido a tantas dudas que genera respecto del cumplimiento estricto de las funciones del Estado en el cuidado del medio ambiente; en el resguardo de la protección de los ciudadanos, que en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental son meramente escuchados, voy a votar en contra de la idea de legislar, hasta que tengamos una explicación mucho más amplia en cuanto a los alcances precisos de esta iniciativa.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, la iniciativa que debemos votar en general en la sesión de hoy busca fortalecer la inversión, la competitividad y la productividad de la economía, estableciendo un adecuado equilibrio entre la certeza jurídica y la rapidez, la agilidad que debe existir por parte de quienes demandan la ejecución de proyectos productivos con cierto grado de complejidad que son, sin duda, relevantes para la economía de nuestro país.
Es un proyecto que establece, en sus distintas propuestas, formas de simplificar los procedimientos -esto es muy importante- sin sacrificar la rigurosidad regulatoria que existe, y junto con esto incorpora instrumentos de carácter digital para que sean más rápidas las respuestas. De esta forma, obviamente se reducen los tiempos de espera; y estos proyectos, que son significativos para la economía, se puedan desarrollar con mayor celeridad.
Voté a favor en general en la Comisión, y lo voy a hacer hoy en la Sala del Senado. No obstante, es bien relevante establecer algunas precisiones.
La primera, como lo ha señalado el Senador Letelier, es que en cuanto al impacto real que tiene en la inversión, en la competitividad, en la productividad de la economía, este proyecto es más acotado de lo que, sin duda, sería nuestra legítima aspiración. Se plantean iniciativas específicas, concretas, que esperamos tengan un resultado positivo, pero que están muy lejos de la necesidad que existe en esta materia. Se requerirían propuestas adicionales, que tendrían que ser trabajadas con el Ejecutivo en el marco de su tramitación.
La segunda apunta a que es fundamental -en ese sentido la intervención del Senador Navarro ha sido muy relevante- que la celeridad de estos procesos no significara bajo ninguna circunstancia rebajar los estándares regulatorios, sobre todo en materia medioambiental.
Por ello, pese a que votaré a favor de la idea de legislar, tengo dudas respecto de la pertinencia de algunas normas específicas que tendrán que ser debatidas en la discusión en particular en la Comisión de Economía, de la cual formo parte, y que debieran ser corregidas para -reitero- evitar efectos perniciosos sobre el medio ambiente, estableciendo un delicado equilibrio entre la necesidad de mantener la rigurosidad regulatoria y contar con tiempos de respuesta mucho más acotados, incorporando, sobre todo, las nuevas tecnologías.
Por eso, voto a favor de la iniciativa en general.
Sin embargo, para la discusión en particular, teniendo dudas respecto de algunas propuestas específicas, me reservo la posibilidad de votar en contra de estas, salvo que, como fruto de la tramitación legislativa, sean corregidas en la Comisión de Economía antes de su discusión definitiva en la Sala del Senado.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por último, tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, el Senador Navarro me inspiró para intervenir en este caso. Y no lo estoy diciendo en mala, o simplemente para contradecirlo, sino que para levantar un debate; pues ha planteado un tema que se encuentra en la raíz de esta discusión, y donde sí tenemos una diferencia importante.
Él dice: "Bien la inversión, pero no a cualquier costo". Lo que pasa es que nuestro país dice: "Coloquémosles todos los costos a la inversión". Y ahí es donde tenemos un punto de distancia y de diferencia.
Yo creo que la inversión es clave para el crecimiento, para el empleo, para el desarrollo del país, ¡clave! Y con eso no estoy diciendo ninguna cosa novedosa, sino que tratando de reiterar que no es un concepto vacuo, donde cada uno interpreta lo que quiere, ¡no! Los índices de crecimiento y desarrollo en Chile y el mundo van asociados a las tasas de inversión que se plantearon en su momento.
Aquí las materias de milagros son muy relativas. Y cada vez es más complejo en un mundo más globalizado, donde uno ya no solo tiene una óptica isleña para ver lo que pueda ocurrir, sino que está compitiendo con todos los países del mundo en términos de dónde producir determinada cosa o no.
Entonces, señor Presidente, siento a ratos -y por eso tengo una legítima diferencia; por algo estamos en posiciones políticas distintas- que no hay una conciencia exacta de cómo podemos facilitar, sin menoscabar pero tampoco por el gusto de burocratizar, todo aquello que esté asociado a la inversión.
No considero normal que, como lo han planteado muchos emprendedores en la zona, un proyecto cualquiera se demore como mínimo, tres, cuatro, cinco años, solo en los estudios. ¡Y eso si es que no se judicializa! Porque es la otra cosa que ha empezado a ocurrir en nuestro país: todo se judicializa, más allá de cualquier lógica.
He estado leyendo cómo lo hacen a veces otros países, y hay distintas soluciones. Algunos dicen: "Mire, seamos exigentes, pero una vez que esté aprobado un proyecto, cualquier judicialización tendrá efectos indemnizatorios, no inhibidores de la inversión que ha sido aprobada en su momento".
Aquello se ha intentado alguna vez en el Parlamento, y no ha sido posible.
Hay que darse cuenta de que no estamos en un país que disponga de una legislación que atraiga inversión de forma adecuada, mientras que otros países sí la tienen.
Yo no estoy diciendo que sea a cualquier costo. ¡No! Porque aquí hemos coincidido, en otro momento, en que tiene que haber estándares de distinta naturaleza: ambientales, sociales, históricos, de futuro, que de alguna manera uno va armando. Sin embargo, no cuesta nada llenar a esta nación, sin darse cuenta, de reglas, de burocracia y de trámites, que, al final, obviamente generan desincentivos muy severos.
Entonces, claro, uno dice: "Tiene que haber trámites". Sí, pero cuántos.
¿Es normal -no en mi Región, pero sí en otra parte- que me digan que tuvieron que presentar dos mil papeles para hacer una inversión? ¡Lleva siete años! ¿O que en la zona que represento, respecto de obras de riego, se demoren tres años en lograr las autorizaciones, porque -expresión que usaba mi padre- "se van superponiendo una caterva de temas"?
Al final, uno ya no sabe cómo enfrentar un drama. ¿Cómo va a ser razonable que en un país que quiere tirar el carro del crecimiento, del desarrollo, aquellos que deseen hacerlo terminen agobiados llenando papeles o realizando estudios, y estudios sobre estudios, o inversión sobre inversión?
Estamos ahogándonos dentro de un tema serio.
Por eso, señor Presidente, yo no solo apruebo este proyecto, sino que me gustaría que fuera mucho más ambicioso, y en eso comparto algún criterio. Creo que es un paso, pero podríamos ir bastante más allá.
¡Yo invito a ir más allá! Pero en la lógica de ayudar a la inversión.
Me preocupa cuando alguien se plantea que sea a todo el costo posible. ¡No! Los países no funcionan así. Aprendamos un poco del siglo XXI.
Los convoco a aprobar, y obviamente a mejorar esta iniciativa. Pero, por favor, no demos señales equívocas ante un mundo que ya no tolera errores de esta naturaleza, y que pagan todos los chilenos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador señor Coloma, su intervención ha motivado también al Honorable señor Soria, a quien le doy la palabra.
El señor SORIA.- Señor Presidente, al ingresar a un segundo año en el Senado de la República, quisiera decir que hemos adquirido cierta experiencia al ir escuchando.
Atrás mío hay 52 años como alcalde en la praxis, en todos los cuales no estuve (por motivos ajenos a mi voluntad, por si acaso).
Quiero contestarle al colega Navarro que respecto de lo que él plantea yo estoy cien por ciento de acuerdo.
Yo soy -para presentarme ante los que no me conocen- hijo de una chileno-peruana dueña de una oficina salitrera. O sea, mi madre nació en la gloria de esa industria, pero yo nací después de su quiebra. O sea, tengo claro lo que fue pertenecer a una familia poseedora de esa fortuna, que terminó en cero.
Además, mi padre fue un hombre de trabajo, que partió de empleado en una oficina marítima, y luego como agente logró traer las primeras naves a Chile, junto con otras personas de su mismo nivel.
Quiero decir que en las iniciativas para desarrollar el país se requieren los equilibrios, y por eso creo que mi colega del frente peca al referirse a una sola cosa.
Lo que veo como Senador es que aquí -tal como dice el colega Navarro- hay que estudiar el asunto. Y estoy de acuerdo con él, pero yo iría más allá que los Senadores Navarro y Coloma, pues lo que se requiere es velocidad. Y en ese sentido comparto lo dicho por este último en cuanto a la creación rápida de las empresas privadas -yo sigo siendo pequeño empresario, no he dejado nunca de serlo-, pero no se puede pasar a llevar las normas, porque ello termina destruyendo al país.
Sin embargo, nadie -porque todos queremos ser superchilenos- ha mencionado en este Senado que todo lo que estamos discutiendo sobre las aguas ya se ha inventado en los países del mundo.
Por eso, yo tendría aquí adentro una oficina encargada de traer información a cada una de las Comisiones, y no que estas fueran por su cuenta a buscarla a Estados Unidos, por ejemplo. En el fondo, una oficina especialista que primero vea cómo funciona el mundo en el caso del agua, cosa que no nos tome más de una sesión el tema, porque aquí las cosas se demoran un año, durante el cual se sigue conversando al respecto.
En definitiva, se precisa tener organismos técnicos que asesoren a los Senadores.
Estoy de acuerdo con lo que dice el colega Navarro, pero no con lo señalado por el Senador Coloma en el sentido de que hay que tirar para adelante nomás, porque así podemos destruir a nuestro pueblo y a nuestros empresarios, a los cuales, al final, se les da vuelta la película.
Todo está estudiado, señor Presidente.
Si el tema del agua hay que verlo, preguntemos por las asesorías que hay en todo el mundo.
A mi juicio, esa es la oficina que le hace falta al Senado.
Agradezco a ambos Senadores, porque me han inspirado a señalar que hay que discutir estas cosas y tirar los sueños a la mesa.
Gracias, señor Presidente.
El señor COLOMA.- ¡Muy bien!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A usted, Su Señoría.
Este es el nuevo estilo de la Mesa, en que se ha motivado a los Senadores señores Soria, Navarro y Coloma.
Tiene la palabra el Senador señor Sandoval, quien también se ha motivado a intervenir, aunque estamos en el límite del Orden del Día.
El señor SANDOVAL.- Dos minutos, señor Presidente, porque ya se han referido a las materias significativas.
Creemos que existe, particularmente desde la perspectiva de las regiones -conozco algunos casos de vecinos que incluso se han visto envueltos en problemas de regularización con el propio Estado-, una maraña de trámites; de burocracia; de requerimientos de documentos, de información, que muchas veces duplican los tiempos de los respectivos procesos.
En el gobierno pasado se presentó un proyecto que apuntaba en esta misma dirección y numerosas de las materias allí contenidas se hallan comprendidas en la iniciativa que ahora nos ocupa, la cual introduce modificaciones en ocho diferentes cuerpos legales.
Al respecto, hay que recordar que los primeros meses del 2018 se declaró que el 50 por ciento de los proyectos de inversión en Chile se encontraban paralizados en la etapa de permisos.
Eso habla un poco de la limitación que significa para bastantes emprendedores llevar adelante sus proyectos, muchos de los cuales -por lo demás- representan una importante fuente generadora de mano de obra y de inversión, que hoy día nuestro país requiere sustantivamente.
En la actualidad, el promedio de tramitación de un proyecto de tal naturaleza es de cuatro o cinco años, pero en caso de judicializarse los tiempos prácticamente se duplican.
Por ello, la iniciativa en debate se hace cargo del mecanismo propuesto, el cual busca eliminar precisamente las incertezas jurídicas y regular los procesos que hoy día afectan la gestión de muchos emprendedores que están esperando por la agilización de los respectivos procedimientos.
Se trata de una instancia que -como bien lo señaló el Senador Soria- urge perfeccionar y modernizar, por la duplicidad de los trámites de esta naturaleza, particularmente en la Administración Pública, a pesar de los esfuerzos impulsados en el último tiempo.
Aún queda mucho por avanzar y mejorar. No obstante, resulta evidente que este proyecto va en la dirección correcta, más allá de las discusiones válidas y legítimas que se darán para perfeccionarlo en su tramitación en particular.
Por eso, en lo personal, estimo que la iniciativa en análisis va en la dirección adecuada.
Voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Votaron por la negativa los señores Navarro y Soria.
Se abstuvieron la señora Órdenes y los señores Latorre y Quintana.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Hago presente que la próxima semana se fijará plazo para la presentación de indicaciones al proyecto recién aprobado.