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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 366ª
Sesión 77ª, en miércoles 12 de diciembre de 2018
Ordinaria
(De 16:17 a 18:45)
PRESIDENCIA DE SEÑORES CARLOS MONTES CISTERNAS, PRESIDENTE;
CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE; DAVID SANDOVAL PLAZA Y ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA TRABAJADORES DE SECTOR PÚBLICO


El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales, con certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.291-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 76ª, en 12 de diciembre de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Hacienda (certificado): sesión 77ª, en 12 de diciembre de 2018.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Hacienda discutió el proyecto en general y en particular en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y lo aprobó, con una enmienda, con las votaciones que consigna en su informe.
Nada más, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Recabo la autorización para que ingrese a la Sala el señor Matías Acevedo, Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos.
--Así se acuerda.
El señor MONTES (Presidente).- También ha pedido autorización el Subsecretario General de la Presidencia, don Claudio Alvarado, ¡que a veces viene...!
--Se accede.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Vamos a esperar al Senador señor Letelier, quien entregará el informe.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, ¿puedo hacer una pregunta al Ejecutivo sobre el proyecto?
El señor MONTES (Presidente).- El Senador señor Letelier ya está en condiciones de informar.
La señora RINCÓN.- Perfecto.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra, señor Senador.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, el proyecto de ley de reajuste del sector público para 2018 es una propuesta que viene -y valoramos ese hecho- con acuerdo de la Mesa del Sector Público y el Gobierno.
El reajuste en términos reales se aplica para los diferentes ítems que contempla la ley. Es decir, no se trata solo del guarismo de 3,5 por ciento, que representa un incremento de 0,6 por ciento en términos reales, sino que, adicionalmente al reajuste de asignaciones y bonos, sean de escolaridad, sean de transporte, sean aguinaldos, se contemplan montos distintos para el bono que algunos han llamado "de término de conflicto", "de negociación" o "del acuerdo", así como para el bono de vacaciones, que históricamente estaban juntos, y que hoy se presentan separados.
Por otra parte, el proyecto que nos presenta el Ejecutivo, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, establece criterios respecto a una serie de materias de carácter misceláneo.
Dentro de ellas, yo subrayaría, en primer término, un plan de egreso especial para el SENAME, que es tremendamente importante, donde, en esencia, se rescata la tradición del mes por año. El Estatuto Administrativo establece el mes por año con tope de seis meses; nosotros, en todas las leyes de egreso, lo subimos a once meses. Y eso lo contempla la actual iniciativa.
Y agrega una norma muy relevante, que solo se aplica al SENAME, y que favorece a aquellas personas que no cumplen con el requisito de la edad para poder acogerse a un plan de retiro, de manera que, si no están en condiciones de ser recapacitados, readecuados para desarrollar nuevas funciones, puedan adelantar su inclusión en este beneficio. Es decir, se trata de que las mujeres, en vez de a los 60 años, que es lo habitual, puedan solicitar acogerse a este plan de retiro a los 55; y de que los hombres, en vez de a los 65 años, lo puedan impetrar a los 60. De esta manera, se genera un mecanismo especial, complementario y extraordinario para que puedan acogerse a retiro.
Adicionalmente, dentro de las normas de excepción -son varias; no quiero entrar en detalles- se corrigen ciertas situaciones.
A las manipuladoras de alimentos, como hubo un paro, una movilización en la Región de Tarapacá, se les compensan cuatro meses
de movilización, lapso durante el cual no recibieron una bonificación.
También se consideran situaciones relacionadas con los asistentes de la educación.
En esta materia quiero detenerme, porque sí hubo una modificación respecto de lo que presentó el Gobierno en su propuesta original, lo que hizo la Cámara de Diputados y lo que aprobó la Comisión de Hacienda.
Me explico, porque este fue el punto adicional que se incorporó.
Como muchos de los y las colegas recordarán, nosotros despachamos el Estatuto de los Asistentes de la Educación hace aproximadamente un mes, o un poco más. En él se estableció que había dos categorías de asistentes de la educación: los que están en los servicios locales de educación -el nuevo sistema- y aquellos que dependen de los departamentos de educación municipal o corporaciones municipales.
Ambos se llaman "asistentes de la educación" y están regidos por leyes distintas. En una normativa existen cuatro categorías: auxiliares, asistentes, técnicos y profesionales; en otra están los administrativos, los técnicos, los profesionales.
Cuando aprobamos la ley, el criterio general fue que todos los asistentes de la educación tuvieran los mismos derechos de vacaciones que los profesores.
Han existido algunas dudas de interpretación respecto a cuándo entra en vigencia la normativa. Producto de estas discrepancias, el Ministerio de Educación emitió una circular manifestando su opinión sobre la materia. No desistió de su interpretación de la ley, pero los municipios son autónomos.
Esto llevó a que algunos interpretaran que los derechos de vacaciones no se aplicaban a partir del 2019; otros entendían que les correspondían solo a quienes estaban traspasados a los servicios locales de educación; otros decían que se aplicaban a partir del 2020, y otros opinaban que ningún auxiliar tenía derecho a vacaciones, sino solo a quince días.
Producto de esta diferencia de interpretaciones, el Ejecutivo presentó en el proyecto original una propuesta que fue rechazada en la Cámara de Diputados. Ella consistía en entender que los derechos de vacaciones solo se aplicaban a las personas que estaban en los servicios locales de educación, los sistemas ya traspasados.
La Cámara de Diputados rechazó esa norma, que está en el artículo 38, numeral 6). La Comisión de Hacienda presentó una indicación que se aprobó por mayoría de votos (3 contra 2) y en la que se establece que todos tienen derecho a vacaciones, al igual que los profesores, independiente de que estén en el servicio local de educación o que dependan de los departamentos de educación o corporaciones municipales. Esto se aplica a todas las categorías: auxiliares, asistentes, técnicos y profesionales.
Ese fue un punto donde no existió acuerdo pleno en la Comisión de Hacienda.
Adicionalmente, en el proyecto se abordaron otras materias menores. Dos se relacionan con la creación de cargos públicos. Uno es para facilitar el trabajo en el INE, otro es un cargo especial en el Ministerio de Economía. Hay algunas normas que se repiten de otros años, como la bonificación especial para matronas y profesionales especiales en el área de salud.
Esas son las normas generales.
Complementariamente, hay dos artículos que dicen relación con la atribución que tendrán los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para permitir el ingreso de personas de otra nacionalidad, para lo cual no se requerirá la autorización del Ministro de Defensa. Son normas que simplifican trámites administrativos. Esencialmente, se aplican cuando vienen autoridades a participar en acciones o ejercicios militares que realizan nuestras Fuerzas Armadas.
Por último, hay una disposición que se condice con el esfuerzo que ha estado haciendo el Ministerio Secretaría General de la Presidencia en el sentido de avanzar en la modernización de trámites administrativos para ir eliminando el papel en los servicios públicos. Específicamente, ello involucra la entrega de certificados de nacimiento y otros por parte del Registro Civil, los que no tendrán costo cuando sean solicitados a través de medios digitales.
Paralelamente -y es importante traerlo a la Sala-, se abordó un tema que también se debatió en la Cámara de Diputados: el compromiso del señor Ministro de Hacienda respecto a la Circular N° 21, que se relaciona con la situación de despidos o desvinculaciones de personal a contrata y honorarios del sector público.
El señor Ministro de Hacienda había emitido la Circular a fines de octubre, pero esos parámetros no sirvieron de guía para todo el proceso de desvinculaciones que se produjeron posteriormente. En la Cámara de Diputados -situación que fue reiterada en la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado en que participó el Ministro- se llegó al acuerdo de hacer una adenda a esa propuesta -no es una nueva circular-, para reiterar la voluntad de constituir una instancia que va a ser encabezada por el Subsecretario de Hacienda e integrada por el Subdirector de Racionalización, don Matías Acevedo, quien nos acompaña hoy; por los representantes de la Alta Dirección Pública, y por representantes de la ANEF, y que tendrá por propósito revisar situaciones y apelaciones que se han generado.
Considero muy importante que se haya establecido una fecha para la constitución de la instancia (el próximo viernes 21), para que se puedan revisar situaciones de despidos que no se acojan o que no tengan relación con las normas que han propuesto la Circular N° 21 y su adenda.
Hubo un debate y es bueno traerlo a colación a la Sala, porque se afirmó que el Ejecutivo tenía cuotas de despidos en los ministerios. Y cuando ha habido resolución de conflictos a nivel de regiones, las autoridades regionales o subregionales decían: "Estamos dispuestos a integrar, pero no nos permiten hacerlo a nivel nacional".
Eso fue absolutamente desmentido por el señor Ministro de Hacienda. No existen cuotas de despidos exigidos por ningún servicio. Por ende, esta instancia será la que vele por estos puntos.
Este es un elemento complementario. No era parte de un protocolo, pero sí es un compromiso que se formalizó ahí.
Termino mi intervención, señor Presidente, reiterando que valoramos que el reajuste se dé en el marco de un acuerdo entre la Mesa del Sector Público y el Ejecutivo.
Esta situación no tiene ninguna relación -es importante plantearlo- con la movilización que había en Integra. Los trabajadores de esa fundación estaban en una negociación colectiva regulada, que se relaciona con contratos privados. Es un conflicto que, de hecho, se estaba resolviendo anoche o en la madrugada de hoy. Y no tiene que ver con el debate del reajuste del sector público. Es una discusión absolutamente distinta y propia de la dinámica de ese sector.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Señor Ministro, ¿quisiera explicar los alcances del reajuste en todos sus aspectos?
La señora ALLENDE.- Excúseme, señor Presidente, pero el Senador Letelier quiere decir algo más.
El señor LETELIER.- Así es.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra, señor Senador.
El señor LETELIER.- Discúlpeme, señor Presidente, pero me olvidé de señalar que en la proposición inicial del Ejecutivo, presentada al Congreso Nacional, se consideraba un reajuste diferenciado. Creo que corresponde traer a la Sala esta información. No sería correcto omitirla.
El Ejecutivo propuso un reajuste cero para los altos ingresos de las diferentes reparticiones públicas del país. Y, por primera vez -de lo que recuerdo-, presenta un reajuste diferenciado, recogiendo o haciendo suya una propuesta que, se suponía, iba a surgir de una mesa, la cual nunca logró constituirse. Y quedó pendiente ese debate.
El Ejecutivo hizo una propuesta diferenciada de reajuste para las autoridades que reciben altos ingresos, que era lo que el Congreso le había pedido el año pasado, pero la Cámara de Diputados la rechazó, y solo aprobó el reajuste de 3,5 por ciento desde ciertas categorías de funcionarios públicos o personas que trabajan para el Estado hacia abajo.
Hago presente el punto, porque en la Comisión se planteó que la ausencia de un reajuste diferenciado está generando distorsiones en ciertos servicios.
En lo personal, destaqué -discúlpenme que lo plantee; es mi opinión, no la de la Comisión- lo que está pasando en el Poder Judicial, donde se han generado distorsiones muy grandes. La Asociación Nacional de Magistrados nos ha representado esta situación en forma reiterada.
El Ejecutivo procuró abordar el tema en su propuesta de reajuste diferenciado. La Cámara de Diputados la rechazó, y el Gobierno no repuso esa discusión en el marco de la tramitación del proyecto en el Senado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, varios aspectos ya los ha explicado el Senador Letelier, lo cual me permite ser más breve en la descripción del acuerdo.
Pero igual me gustaría resaltar algunos puntos.
Desde mediados de octubre la Mesa del Sector Público sostuvo nueve reuniones, en las que participaron el Ejecutivo y representantes de los quince gremios. Estas culminaron el miércoles 28 de noviembre, día en que alcanzamos un acuerdo completo. En un principio firmaron trece organizaciones gremiales. Las dos restantes debían consultar a sus bases primero. Luego de ello llegamos a un acuerdo total.
Destaco esto porque, revisando los últimos doce reajustes del sector público, no se había llegado a un acuerdo completo, excepto el año 2012 durante el primer Gobierno del Presidente Piñera.
En consecuencia, es una buena cosa que hayamos alcanzado un acuerdo con los quince gremios. Se habían logrado acuerdos parciales con trece o catorce gremios, pero no con los quince, o sea, con la totalidad de los representantes de los funcionarios públicos.
En segundo lugar, el referido acuerdo da cuenta de la mayor negociación que existe en materia salarial en Chile, toda vez que involucra a un millón de trabajadores activos y a 2 millones 200 mil trabajadores pasivos. Si los señores Senadores contabilizan el total, notarán que más de tres millones de chilenos (aproximadamente, un 20 por ciento de la población) quedan cubiertos por esta futura ley de reajuste del sector público.
Este es un primer punto.
La propuesta original del Ejecutivo efectivamente contempló un reajuste diferenciado: 2,9 por ciento, que era la proyección de inflación que había en ese momento (doce meses hacia atrás), para las rentas más altas y 3,5 por ciento para el resto de los funcionarios públicos.
Ese 2,9 por ciento fue rechazado ayer en la Cámara de Diputados. El Gobierno decidió no reponerlo vía indicación. Para nosotros lo central de este proyecto es llevar el reajuste al 99,9 por ciento de los funcionarios públicos. Solamente 320 personas dentro de la Administración del Estado estaban sujetas al límite de cero reajuste.
Por eso no vamos a reponer ese guarismo.
En todo caso, lo anterior va en la misma línea de lo que había planteado el Ejecutivo en torno a un reajuste diferenciado.
Pero lo resuelto fue más duro. Nosotros propusimos un reajuste cero, y ahora quedó un reajuste negativo en términos reales, porque al mantener la remuneración nominal se está planteando un reajuste negativo del orden de la inflación, que es 2,9 por ciento. Esto significa una caída en las rentas reales que perciben los funcionarios que ganan más en el Estado.
En el Ejecutivo estamos abiertos a discutir sobre la estructura de las rentas en el sector público, pero creemos que el contexto para ello no es la votación del proyecto de reajuste anual, pues el debate en torno al guarismo no permite tener los elementos y la tranquilidad necesaria para entender todas las ramificaciones de dicho asunto.
Por lo mismo, acudieron a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados funcionarios del Poder Judicial para expresar los problemas que está provocando esa situación en dicho Poder del Estado, dada la compresión de las remuneraciones. Expusieron lo que ocurre con los jueces que se hallan en la parte más alta de la escala, cuyos ingresos no se reajustan, quienes se ven empujados por los sueldos de los funcionarios que vienen inmediatamente más abajo, que sí se reajustan.
Ese es un problema serio, pero creemos que en esta instancia no existe posibilidad de llevar a cabo la discusión sobre ello. No tenemos los tiempos para hacerla.
Nosotros esperamos, si es posible, que el proyecto en debate sea aprobado hoy -si no, habrá que ir a un tercer trámite mañana-, pues estamos muy apurados para pagar el reajuste del mes de diciembre y otros bonos, sobre todo el de Navidad.
Ahora, en lo que dice relación con otros temas, hay numerosos problemas sectoriales que, de alguna manera, están reflejados en esta iniciativa de ley y a los cuales hizo alusión el Senador Letelier.
Por último, en cuanto a las desvinculaciones, como parte del Protocolo de Acuerdo se emitió la Circular Nº 21, que firmó el Ministro de Hacienda el día 28 de noviembre, mediante la cual se establecieron los criterios para las desvinculaciones y también un proceso formal de reconsideración en los casos en que se hubiera cometido un error. Se procedió a reconsiderar y a revincular, posteriormente, si se comprobaba la existencia de un error.
El proceso de reconsideración está ocurriendo y lo lidera el Subsecretario de Hacienda, don Francisco Moreno, quien está en coordinación con los 36 Subsecretarios. Estos han hablado permanentemente con él durante la última semana y media.
Hemos acordado, adicionalmente, contar con una instancia para darle seguimiento a la Circular Nº 21.
Quiero recordar que esta tuvo su antecedente el año 2012, cuando se planteó el primer instructivo en esta materia, luego de lo cual se ha emitido una circular anualmente (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y ahora, 2018).
En cada proceso de negociación del reajuste, el Ministro de Hacienda ha sacado una circular para los distintos servicios con el fin de orientar los criterios a que deben responder los procesos de desvinculación y los mecanismos de reconsideración.
Además, ello está en línea con los criterios que ha establecido el dictamen Nº 6.400 de la Contraloría General de la República, de 2 de marzo de 2018, documento que actualizó las instrucciones que se han emitido en materia de desvinculaciones y es plenamente coincidente con la Circular Nº 21 del Ministerio de Hacienda.
Quiero subrayar que ya existe un acuerdo para conformar dicha instancia, la cual será presidida por el Subsecretario Francisco Moreno y contará con la participación del Subdirector de Racionalización de la Dirección de Presupuestos, señor Matías Acevedo, quien estuvo conduciendo la Mesa del Sector Público; del Director Nacional del Servicio Civil, don Alejandro Weber, y de los dirigentes de la ANEF.
Esa instancia se va a reunir hacia fines de la próxima semana para revisar y dar seguimiento al cumplimiento de la mencionada circular.
Por último, quiero resaltar que nos alegramos de haber obtenido este acuerdo con todos los gremios, lo cual habla de una buena disposición tanto de esas organizaciones como del Ejecutivo. Ello nos permitió llegar a un consenso entre ambas partes.
Si revisan el informe financiero, el costo total del proyecto de ley que hoy día se somete a la consideración de Sus Señorías es del orden de 3 mil 800 millones de dólares y abarca -como dije- a un millón de trabajadores activos y 2 millones 200 mil trabajadores pasivos, con el respectivo bono de invierno y aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias, entre otros.
Señor Presidente, eso es lo que venimos a plantear a la Sala del Senado para su discusión, y esperamos la aprobación de este proyecto de ley en esta sesión.
Gracias.
El señor MONTES (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador señor Insulza.


El señor INSULZA.- Señor Presidente, los comentarios sobre...
La señora PROVOSTE.- ¿Puede poner en votación la iniciativa, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).- Perdón, señor Senador.
Me solicitan abrir la votación.
En realidad hay que realizar dos.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, sucede que, en paralelo, en la Comisión de Educación estamos votando un proyecto muy importante.
El señor MONTES (Presidente).- Al momento de votar acá, de todas maneras vamos a llamarlos.
Podemos abrir la votación en general de inmediato y después hacer la que incluye las diferencias con el texto de la Comisión de Hacienda.Esta sería la segunda votación.
¿Habría acuerdo?
La señora ALLENDE.- Sí.
El señor MONTES (Presidente).- Acordado.
En votación general.
--(Durante la votación).
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, los comentarios en nombre de mi bancada los va a realizar el Senador Quinteros.
Solo quiero preguntar por algo que ya le consulté al señor Ministro y que atañe estrictamente a mi región. A lo mejor, para algunos puede no ser un asunto demasiado importante, pero es molesta la discriminación que implica.
El artículo 38, número 3), de la iniciativa dice: "Agrégase, en el inciso segundo del artículo 41, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: "Los asistentes de la educación a que se refiere este inciso, que residan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y de la Antártica Chilena, y en las provincias de Chiloé y Palena de la Región de Los Lagos, tendrán derecho a gozar de su feriado aumentado en cinco días hábiles.".
Solicito una explicación -¡no voy a pedírselas, enhorabuena, a los Senadores de Antofagasta...!- acerca de por qué se ha omitido a la Región de Arica y Parinacota.
El señor DE URRESTI.- ¡Está ahí!
El señor INSULZA.- ¿En dónde? ¡No figura en el texto!
El señor BIANCHI.- ¡La muñeca de los Senadores...!
El señor INSULZA.- ¡Puede ser la muñeca de los Senadores...! Puede ser que alguien confundió Antofagasta con Arica y Parinacota, lo cual me parecería más obvio.
El señor MONTES (Presidente).- Señor Ministro, quizá usted pueda aclararlo inmediatamente. ¡Arica y Parinacota es muy importante en esta Sala...!
El señor CHAHUÁN.- Lo mismo sucede con los territorios insulares.
La señora ALLENDE.- ¡Ya pregunté eso al Ministro! Lo está revisando.
El señor MONTES (Presidente).- Señor Ministro, puede aclarar este punto, ¡porque está muy tenso el ambiente...!


El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en este momento estamos justamente revisando el caso que ha planteado el Senador Insulza respecto de la Región de Arica y Parinacota.
El señor CHAHUÁN.- ¿Y qué sucede con los territorios insulares de Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández?
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Los territorios insulares ya los estábamos revisando.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.


El señor BIANCHI.- Señor Presidente, el colega Insulza tiene toda la razón en la inquietud que plantea acerca de la región que representa, algo que nosotros ya tenemos resuelto, afortunadamente, en Magallanes.
Quiero ampliar un poco más la discusión del reajuste propiamente tal.
Producto de todo el debate que ha habido por los despidos del sector público en el último tiempo en nuestro país -me dirijo al señor Ministro, por su intermedio, señor Presidente-, se hace necesaria más que nunca la creación de una Dirección Nacional del Trabajo.
Tal institución tendría por objetivo fiscalizar tal situación. Existe un organismo encargado de resguardar en este ámbito al sector privado. ¿Quién protege a los funcionarios de los abusos que ocurren en el sector público?
Yo reclamo la creación de una Dirección Nacional del Trabajo de rango autónomo, como lo es la Contraloría.
Creo que sería un tremendo avance, una tremenda modernización en materia de administración pública. Con ello ya no presenciaríamos los extraordinarios abusos relacionados con los despidos de gente que está a contrata y a honorarios.
Deseo hacer una segunda reflexión.
Por su intermedio, señor Presidente, pregunto al señor Ministro de Hacienda: ¿qué va a pasar con las personas independientes que trabajan en el sector público, a las que se les va a obligar a imponer gradualmente hasta el 10 por ciento? ¿Qué va a suceder con el 4 por ciento adicional que hoy día el empleador está obligado a entregarle a su trabajador?
¿Se les va a obligar igual a esos funcionarios o funcionarias públicas a tener que cancelar ese 4 por ciento adicional?
Es una situación que, por supuesto, necesita una respuesta.
Hago una tercera reflexión. Y esta es más positiva.
En el mes de septiembre de este año nosotros enviamos un oficio mediante el cual solicitamos la continuidad del bono establecido en la ley Nº 20.883 para la Región de Magallanes.
Y la buena noticia es que eso efectivamente fue recogido. Está en el artículo 31: "A contar del 1 de enero de 2019, modifícase el artículo 44 de la ley Nº 20.883 del siguiente modo:". Su número 2) señala: "Reemplázase en su inciso segundo los montos "$126.936" y "$63.468" por los siguientes: "$131.378" y "65.689", respectivamente.".
¡Una buena noticia para las regiones extremas, que van a continuar con este bono!
Señor Presidente, felicito el trabajo de la Mesa del Sector Público, que en esta materia ha sido extraordinariamente proactiva. Quienes hemos sido parte de todo este proceso hemos logrado la continuidad del beneficio para el año 2019.
Ahora, con respecto al reajuste que hoy día nos convoca, no sé si representa el tope, el cielo que va a tener el reajuste del salario mínimo.
Por un lado, el señor Ministro de Hacienda nos da buenas noticias sobre el crecimiento económico del país y la tranquilidad que ello genera y, por otro, se plantea un reajuste que está acordado políticamente.
Por lo tanto, uno no puede más que sumarse al acuerdo político existente. Pero la preocupación es qué va a pasar con el futuro reajuste del salario mínimo.
¿Se van a considerar los mismos guarismos? ¿Va a orientarse en esta misma línea?
Recordemos que el salario mínimo debe tener componentes distintos.
Existe un nivel de pobreza extraordinario en las personas que llevan más de veinte, treinta años ganando el salario mínimo y que luego reciben pensiones que son absolutamente de hambre.
Antes de cerrar el acuerdo que ha habido en el Congreso para votar en forma favorable este proyecto, al que me voy a sumar por todos los aspectos que contiene, quiero pedirle al señor Ministro, si es posible, que responda los requerimientos mencionados.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.


El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, primero quiero agradecer que el Ejecutivo haya congelado los ingresos de los altos funcionarios del Estado.
Junto con el Senador Bianchi, la Senadora Lily Pérez y el Senador Horvath, en la legislatura anterior presentamos una indicación en ese mismo sentido a la iniciativa de reajuste al sector público, que fue aprobada por este Senado. Y logramos el congelamiento de tales ingresos.
Creo que es una buena señal de austeridad congelar las remuneraciones de los 320 altos funcionarios del Estado y que lo que logramos en su oportunidad, en definitiva, sirva para mejorar el reajuste del sector público más vulnerable.
¡Claramente, esto es una muy buena señal!
Por tanto, agradezco al señor Ministro de Hacienda haber acogido esa idea.
Un segundo tema relevante: vuelvo a insistir en el cuestionamiento respecto de los asistentes de la educación de Juan Fernández e Isla de Pascua en lo que dice relación con los cinco días hábiles adicionales de feriado.
Quiero pedir que sea revisado el punto para saber si efectivamente, como se planteó al inicio, ellos están siendo considerados.
Me parece de toda justicia que estén incluidos los territorios especiales, como son los de Isla de Pascua y Juan Fernández, al igual que la Región de Arica y Parinacota.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Señor Ministro, ¿quiere dar inmediatamente una respuesta?
Le ofrezco la palabra.


El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Gracias, señor Presidente.
Quiero responder la pregunta que hizo el Senador Insulza, ya con más fundamento, luego de haber estudiado el tema de la extensión del feriado respecto de los asistentes de la educación de Arica y Parinacota.
La situación se encuentra contemplada directamente en el Estatuto Administrativo. Entonces, como en su momento aún no estaba creada esa región, aquellos asistentes no fueron incluidos. Pero nosotros estamos preparando una indicación que queremos presentar ahora, para incluir en forma explícita a Arica y Parinacota, así como a los territorios insulares.
Con la anuencia de la Sala, la presentaríamos ahora mismo.
El señor MONTES (Presidente).- Solicito el asentimiento de Sus Señorías para ese efecto.
Acordado.
--El Ejecutivo queda facultado para presentar la indicación.
El señor MONTES (Presidente).- El señor Ministro me está pidiendo la palabra.
¿Desea agregar algo más?
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Si, señor Presidente.
Lo que pasa es que el Senador señor Bianchi hizo presentes varios puntos.
Uno de ellos se refería al tema de las desvinculaciones. Incluso, planteó la idea de la creación de una Dirección Nacional del Trabajo, en fin, todos asuntos que nosotros estamos dispuestos a analizar.
Sin embargo, en cuanto a esa materia, es importante recordar que durante los últimos seis años -siete, si se incluye el 2018- se haya dado un paso en establecer una cierta institucionalidad en relación con el tema de las desvinculaciones.
Se ha sostenido que estas han ocurrido durante el actual Gobierno. Pero ustedes conocen las cifras. Durante el primer año hay un cambio de Administración y se producen desvinculaciones. Y eso lo entienden todos, incluidos los funcionarios. Lo que debemos intentar es que esos procesos no se lleven a cabo en forma arbitraria, sino que haya consideraciones y criterios generales.
De cualquier forma, está la posibilidad y la disposición para reconsiderar los casos en que se haya cometido errores. Puede haber errores y que algunas de las desvinculaciones no hayan estado al tenor de la circular que dictamos sobre el particular. Porque esta salió el 28 de noviembre y el proceso ya se había iniciado. Por tanto, puede haber algunas situaciones anteriores a esa fecha. Por eso hemos establecido esta instancia.
En segundo lugar, se hizo un planteamiento referido al tema de la economía.
Cuando nosotros estábamos negociando el reajuste, la inflación acumulada en 12 meses era de 2,9 por ciento. Por lo tanto, el reajuste real era de 0,6 por ciento, igual al reajuste real que se dio el año anterior, pero con una inflación de 1,9 por ciento. Si ustedes recuerdan, el reajuste se cerró en 2,5 por ciento el 2017. Por consiguiente, se trata de la misma diferencia en términos reales.
El punto es que desde entonces hemos tenido una sorpresa positiva en materia de inflación. ¿A qué llamamos "positiva"? A que la inflación ha ido a la baja: la de noviembre fue de cero. En relación con las expectativas, en la última encuesta de operadores financieros, más del 90 por ciento espera que la inflación a diciembre se sitúe entre 2,6 y 2,7 por ciento, con lo cual el reajuste pasa a estar 2 o 3 décimas reales más arriba con el mismo reajuste nominal.
Es un tema que discutimos con los trabajadores, porque ellos pensaban, con justa razón, que se repetiría lo mismo que les ocurrió el año pasado, cuando acordaron un reajuste con una inflación acumulada de 1,9 por ciento, que rápidamente subió a 2,3 o 2,5, con lo cual se evaporó el reajuste real que habían tenido en vista al comienzo.
Lo importante para nosotros, a fin de poder mantener el poder adquisitivo de un reajuste que es nominal, es ocuparnos de la contención de la inflación. Y al respecto hay una buena noticia que ustedes han conocido de primera mano, como es que el IPoM plantea que durante todo el año 2019 la inflación debería estar bajo el 3 por ciento.
Por supuesto, en la medida en que las condiciones del país lo permitan, vamos a seguir mejorando las remuneraciones de los trabajadores del sector público.
Ahora, en cuanto a quienes perciben mayores rentas, las perspectivas son más sombrías.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, tal como lo dijo el Presidente de la Comisión de Hacienda, el reajuste del sector público viene precedido de un acuerdo con los representantes de los funcionarios públicos y, en esas condiciones, lo único que queda es apoyarlo.
Sin embargo, una reajustabilidad de las remuneraciones que considere el alza del costo de la vida y los mejoramientos producidos por el aumento de la productividad es solo una de las demandas de los servidores públicos.
La estabilidad en la función pública es tan o más necesaria que la reajustabilidad, y ella ha sido afectada masivamente en las últimas semanas por la decisión del Gobierno de despedir en forma injustificada a centenares, tal vez miles, de funcionarios a contrata y a honorarios.
Si añadimos a lo anterior el reciente fallo del Tribunal Constitucional que excluyó a los funcionarios públicos del acceso a procedimientos de protección y tutela de sus derechos fundamentales, entonces, estamos frente a un cuadro de vulneración de sus derechos extraordinariamente grave.
Todos coincidimos en el importante rol que cumplen los trabajadores del sector público, así como en la idoneidad y la probidad de la enorme mayoría de ellos.
Todos estamos de acuerdo también en que la Administración del Estado requiere una reforma profunda, la que debe hacerse con los funcionarios públicos y no contra ellos.
Medidas como las que ha adoptado el Gobierno no contribuyen, señor Presidente, a generar confianzas para emprender las modificaciones institucionales que tan necesarias son.
Un punto más o un punto menos en las remuneraciones es importante, pero más lo son la dignidad, el respeto y el trato justo a miles de funcionarios públicos que se desempeñan a lo largo y ancho del país.
Ojalá que el Gobierno tome en consideración estos aspectos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Goic.


La señora GOIC.- Señor Presidente, en este debate respecto al proyecto que reajusta las remuneraciones del sector público y que considera además varias otras materias, me quiero referir a dos temas en particular.
Uno de ellos ya fue planteado por el Senador Bianchi. Y no podía ser de otra manera, porque hemos trabajado juntos. En este sentido, quiero reconocer, sobre todo, la iniciativa de la Mesa del Sector Público, encabezada por Alejandra Manzanares y compuesta por varias otras dirigentas y dirigentes con quienes hemos trabajado durante estos años. Ellos planteaban la preocupación por un bono especial que se había conseguido por dos años y cuya vigencia terminaba y que, básicamente, tenía por objeto avanzar en la nivelación de las diferencias producidas en el cálculo de la zona en el caso de las zonas extremas y en particular en la Región de Magallanes.
Se trata de un beneficio que se obtuvo hace dos años, desde el trabajo de nuestra región, y que favorece a las zonas extremas del norte y del sur. De todas maneras, es un bono que está lejos de nivelar efectivamente las diferencias que hay en el cálculo de la zona. Yo quiero señalarlo en justicia: son 120 mil pesos pagados en dos cuotas semestrales.
Cuando uno ve que todavía persisten diferencias en el cálculo -en algunos casos se calcula sobre el total de los haberes; en otros, sobre el sueldo imponible con un porcentaje; en las Fuerzas Armadas, con otro porcentaje; lo mismo en servicios centralizados, en fin-, entiende que ahí hay un tema pendiente.
Pero sí fue un avance que se obtuvo en el Gobierno pasado, encabezado por la Presidenta Bachelet, que agradezco que hoy día se mantenga, siendo más bien un derecho que se ha adquirido. Además, junto con su mantención -esta materia se encuentra en el artículo 34 del proyecto-, se asume en el protocolo el compromiso de hacer un estudio más amplio que permita objetivar efectivamente las diferencias de costo de vida que hay en distintos territorios de nuestro país y en particular en las zonas extremas.
Quiero señalar que este es el logro de un trabajo conjunto encabezado por la Mesa del Sector Público. Lamentablemente, no contamos con el respaldo de las autoridades regionales, pero -hay que decirlo con todas sus letras- sí de parte de las autoridades a nivel nacional. El Ministro del Trabajo fue el primero que nos recibió y reconoció la situación. Igualmente lo hicieron el Subsecretario de Hacienda; el titular de esa Cartera aquí presente, y el Ministro Secretario General de la Presidencia. Ello ha permitido evitar un conflicto y avanzar en beneficiar a un grupo importante de funcionarios públicos.
Sin embargo, tengo que señalar también que hay elementos pendientes. Aquello se calcula con una línea de corte y, para esta línea de corte, se sigue considerando la asignación de zona, lo que hace que no se beneficien todos los funcionarios que, en nuestra opinión, deberían estar incorporados (son apenas 2 mil a nivel regional). Y la mejor demostración de esto es el monto consignado. Yo conozco el detalle para la Universidad de Magallanes. Son 64 millones. Y el monto no se ocupa completo por la línea de corte establecida para el cálculo.
Por lo tanto, señor Presidente, quiero solicitarle al Ministro de Hacienda, por su intermedio, que resuelva esta situación, porque, tal como he señalado, no tiene que ver con la cantidad de recursos que están asignados, sino con un requisito que, finalmente, hace que un beneficio signifique un perjuicio para algunos funcionarios en términos de contemplar la asignación de zona.
Un segundo comentario que me parece ineludible efectuar se refiere a los despidos en la Administración Pública y en cómo se ha dado el debate en estos días; un debate que a mí no me gusta, porque lo que más bien hacemos es empatar: tantos echaron ustedes, tantos echamos nosotros. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuál es el desafío de fondo que a mí me gustaría que asumiéramos? El desafío es cómo nosotros efectivamente profesionalizamos la función pública, cómo garantizamos una carrera funcionaria, cómo logramos que lo que merece tener continuidad no se altere cada cuatro años. Me parece que todo ello es fundamental para que nuestro país avance hacia el desarrollo.
Yo soy hija de funcionarios públicos, provengo de una familia de funcionarios públicos, fui funcionaria pública antes de ser Diputada, y creo que en este contexto muchas veces se confunden las pequeñeces políticas y se pierden capacidades que son fundamentales para seguir avanzando en políticas públicas que deben ser políticas de Estado.
Y en esto quiero reconocer el trabajo de los Diputados para instalar una Mesa en conjunto con la ANEF. Pero espero que este debate no tengamos que repetirlo cada vez que cambie el gobierno. Quienes ocupan cargos de confianza, tal como se hizo hace varios meses, efectivamente tienen que salir, pero los funcionarios públicos no pueden estar enfrentados a que, según si se conoce su postura política, si son militantes o si apoyaron a A o B, se ponga en riesgo su trabajo.
En mi opinión, es un desafío que todos debemos asumir para finalmente instalar mejores políticas públicas.
Gracias.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra a continuación la Senadora señora Allende.


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, nos toca votar hoy el proyecto que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público y que además considera aguinaldos y otros beneficios.
Voy a apoyar el reajuste de 3,5 por ciento, para el cual -me parece importante destacarlo, tal como ya lo hizo el señor Ministro- hubo un acuerdo de todos los gremios de la ANEF con el Gobierno.
También quiero señalar que ayer, por una iniciativa que tuvo la Oposición, se sumó la idea de congelar las más altas asignaciones. Y desde ya saludo la idea del Ejecutivo de no insistir en lo contrario, porque considero necesario ir equilibrando y haciendo mayor justicia en materia de remuneraciones.
En cuanto al reajuste, este significa, en definitiva, un aumento de 0,6 por ciento real. Sin embargo, también se otorga una serie de otros beneficios. Y estamos hablando de un millón de trabajadores activos y al menos de 2 millones de trabajadores pasivos, lo que es muy relevante.
Quisiera plantear dos puntos, señor Presidente.
Primero, me parece lamentable la decisión que tomó ayer el Tribunal Constitucional. Al parecer, ya no basta con vetar proyectos de ley ya aprobados por el Congreso, vulnerando nuestras atribuciones legisladoras, sino que ahora, además, hay que coartar funciones jurisdiccionales de los tribunales del trabajo y de la Corte Suprema.
Ese tribunal superior consideraba, desde el año 2014, la aplicación de la tutela laboral a los funcionarios públicos, procedimiento que busca resguardar los derechos fundamentales de los trabajadores, salvaguardando que no sean perseguidos por opiniones políticas o por cualquier tipo de discriminación. Y resulta que ahora el Tribunal Constitucional dice que esta tutela no es aplicable a los funcionarios públicos, aunque sí a los trabajadores privados, lo que me parece un evidente atentado contra la igualdad ante la ley. Lo digo porque me impacta.
Me alegro de que haya una Mesa de trabajo comprometida, ya que no puedo dejar de mencionar el dolor que esta situación significa, además de lo que hemos vivido en el último tiempo con los despidos que se han venido generando. Así lo ha dicho la ANEF en sus distintos comunicados.
Cuando discutimos la Ley de Presupuestos, estaba el Ministro Blumel en la Sala. En ese momento le hice presente que, independientemente de que parte de esos despidos habían ocurrido durante el Gobierno anterior, no podía estar más en desacuerdo. Creo que es un profundo error y nos hace mal no respetar la carrera de nuestros funcionarios públicos.
Hay gente que ha sido despedida después de ocho, diez, quince, veinte años y más, habiendo dedicado toda su capacidad, energía y compromiso a su trabajo. Por lo demás, necesitamos ese tipo de funcionarios públicos: volcados a su labor, con un alto grado de experticia y de conocimiento, fundamental para lograr mejores políticas.
Por lo tanto, espero que la Mesa que se implementará realmente funcione y revise los casos, y que esta vez el compromiso sea de verdad, para que nunca más sigamos con esta pésima práctica que parece que se ha venido desarrollando en el último tiempo, pues gobierno que entra se siente con el derecho de despedir a funcionarios públicos sin respetar su carrera.
Señor Presidente, también quiero referirme a otro tema muy importante y que acabo de conversar con el Ministro y el Subsecretario de Hacienda.
En el comparado que se nos entregó figura, en la columna del texto aprobado, el punto 3) del artículo 38, que dice: "Los asistentes de la educación a que se refiere este inciso, que residan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y de la Antártica Chilena, y en las provincias de Chiloé y Palena de la Región de Los Lagos, tendrán derecho a gozar de su feriado aumentado en cinco días hábiles".
Pues bien, se les escaparon los territorios insulares. Fue lo primero que hablamos con el Ministro, con el Subsecretario y con quienes acompañan al primero, quien, en todo caso, me acaba de comunicar que por la vía de la indicación repondrá este beneficio para los habitantes del Archipiélago Juan Fernández y de la isla Rapa Nui.
Agradezco al Gobierno que se preocupe de incorporarlos, ya que habían quedado fuera, así que expreso públicamente mi agradecimiento. Me parece algo muy importante para los habitantes de los territorios insulares, y además muy justo y muy legítimo. De hecho, lo habíamos pedido hace mucho tiempo a través de un proyecto de acuerdo.
Por lo tanto, hechas estas consideraciones, señor Presidente, voto muy contenta a favor del proyecto.
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El señor MONTES (Presidente).- Quiero saludar a los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Miguel de Cervantes, de la Región Metropolitana, que se encuentran en las tribunas.
También saludo a don Juan Araya y a la directiva de Camioneros de Chile.
¡Bienvenidos al Senado de la República!
--(Aplausos en tribunas).
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El señor MONTES (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, la discusión del reajuste en el Congreso suele marcar un poco el termómetro con que se mide la disposición de la autoridad a llegar a acuerdo con los trabajadores del país.
Yo, al igual que usted, señor Presidente, llevo algún tiempo acá y me han tocado ya varios reajustes. Y cuando se debaten hay dos opciones: o están las tribunas atiborradas de personas que de alguna manera tratan de influir en cómo los distintos parlamentarios van votando, en función de algún desacuerdo que se haya producido en el proceso de negociación, o sucede lo está pasando ahora, en que asistimos, objetivamente, a uno de los procesos de reajuste más serenos de que yo tenga memoria. Y esto, de alguna forma, habla muy bien, en primer lugar, del Gobierno.
Quiero subrayarlo y destacarlo. Es muy difícil llegar a acuerdo con todos los gremios que están vinculados a esta etapa, que son quince, según históricamente se ha planteado. ¡Es titánico!
Si usted me pregunta, señor Presidente, si en lo íntimo yo pensaba que eso iba a ser posible, debo reconocer que no lo creí así y, por lo mismo, me parece extraordinariamente valioso destacar el esfuerzo que ha realizado la autoridad en tal sentido.
Cuando venía al Parlamento, me puse a revisar algunas partes de la discusión del reajuste anterior. Y justamente leí las intervenciones de los Senadores Bianchi y Quinteros, donde hacían ver lo importante que era llegar a acuerdo en esta materia y coincidir en un proceso de reajuste.
Creo que eso es la marca diferenciadora en esta oportunidad.
¿Dónde está la verdadera noticia, más allá de que algunos puedan plantear otro punto de vista? En que, después de mucho tiempo, se logró llegar a un entendimiento en este tema, destacando, también, el esfuerzo de los trabajadores. Porque esto tiene dos partes; no se requiere solamente la voluntad de una.
No sé si esto va a ocurrir siempre y se va a convertir en una política permanente -ojalá lo sea, porque creo que hace bien-, pero al menos es legítimo pedir que siempre sea igual. Y cuando ocurre, considero indispensable subrayarlo.
Así que, en este caso, un siete para el Gobierno y un siete para los trabajadores, que lograron llegar con un guarismo, que es lo que importa finalmente, porque esto siempre trae colgajos.
Eso es lo primero.
Y dentro de los colgajos se han planteado distintos puntos de vista.
En otros reajustes vimos hasta la cuota del bacalao porque, aunque no tiene nada que ver con el proyecto mismo, se aprovecha para incorporar algunas disposiciones misceláneas, que -según entiendo- más allá de alguna aprensión respecto de su inadmisibilidad, son coincidentes.
Había dudas respecto del SENAME, de las zonas extremas, del INE que, en general, quedaron bien resueltas.
Así que lo primero es lo primero.
Segundo, a diferencia de otros señores parlamentarios, y por un asunto de coherencia, si hay algo que no anduvo en la línea correcta es lo que pasó en la diferenciación del reajuste.
Como lo he dicho siempre, consistentemente, el 2003 me tocó ser parte del proceso del Presidente Lagos -estaba presente el Ministro Insulza-, en que, a propósito de los desbalances que se habían producido en las remuneraciones, que eran de extraordinaria complejidad, se logró determinar una lógica para modernizar el Estado, con normas completamente distintas, y así poder generar un incentivo para formar parte de la Administración Pública.
Fue duro, doloroso y notable, y se resolvió, al menos por un tiempo largo, una problemática que se hacía insostenible dentro de aquella.
Me temo que ahora; a la larga; iremos por un camino inverso. Esa es la verdad y quiero decirlo.
Hay instituciones que se van aplanando respecto de sus lógicas -hay 400 o 500, no se trata solo del Parlamento-, generándose límites en cuanto a sus remuneraciones, que son las peores consejeras de una correcta administración pública, y de lo que definimos el 2003.
¡Esto va al revés!
Yo sé que el Gobierno hizo un esfuerzo en un buen sentido. Al final, en la Cámara de Diputados -ellos habrán tenido sus razones- no hubo conciencia de lo que esto significaba para la Administración Pública, con mayúsculas. Claro, suele ser más fácil el aplauso del momento.
Aquí hay un tema -si me da un minuto adicional, señor Presidente- respecto al cual yo por lo menos tengo una visión distinta.
Por último, no quiero dejar pasar algo muy importante, que mencionó el Ministro, pero que debe ser más marcado: los reajustes son señales, pero el bienestar o no del trabajador tiene que ver con cómo juega la inflación, porque todo se hace en función de inflaciones subyacentes que pueden pasar, sobre la base de lo que ocurrió.
Entonces, si la inflación es muy alta, el reajuste de 3,5 por ciento se va a ir debilitando consistentemente en el tiempo. Si, al contrario, se reduce y disminuye, el poder adquisitivo es mayor.
Esta es una materia técnica.
¿Por qué lo digo? Porque valoro el esfuerzo de la autoridad -el Gobierno, el Banco Central, hay muchas instituciones- para reducir la inflación.
Este es un ejemplo claro de por qué es bueno disminuir la inflación: para que el reajuste valga más.
Ese es el mérito profundo de lo que se ha logrado.
Por tanto, espero que este reajuste vaya acompañado de una inflación baja, porque es mucho mejor para los trabajadores.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Provoste.


La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, quiero partir saludando y felicitando a los trabajadores y a las trabajadoras, a sus representantes agrupados en la Mesa del Sector Público, por el acuerdo alcanzado y la disposición que han demostrado, aun sacrificando legítimas aspiraciones de mejores condiciones laborales.
Esta mañana también lo hacía en la Comisión el Senador Coloma. Y por cierto, señalé que adhería a la felicitación que corresponde entregar a quien ha encabezado este equipo del Ejecutivo, el Ministro de Hacienda, por hacer posible este acuerdo.
Sin embargo, mientras se construía un acuerdo tan importante como este se preparaba una exoneración masiva de trabajadoras y trabajadores públicos prácticamente en todos los servicios del país.
Entonces, por una parte, se hablaba de valorar el servicio público, de avanzar en buenas prácticas, en nuevos tratos y mejores condiciones de trabajo, y por otra, se trataba de manera humillante a los mismos trabajadores y trabajadoras.
Pareciera ser que este es el dilema instalado en este Gobierno, señor Presidente: se dice una cosa y se hace otra. Lamentablemente, en todos los campos este trato a los trabajadores del Estado no ha sido la excepción.
Ha habido más de dos mil trabajadores exonerados en la última semana; cuatro mil 800, desde el 12 de marzo del 2018, y sin razones de fondo. La gran mayoría, sino todos los trabajadores tienen las mejores calificaciones, muchos años de servicio (décadas, en algunos casos), y algunos se encuentran a poco tiempo de jubilar.
Solo en el Ministerio de Educación hubo 250 despedidos.
Al parecer, algunos no se dan cuenta de que hoy día es necesario que seamos capaces de generar un nuevo trato hacia la función pública.
¡Nos oponemos tajantemente a esto!
Una cosa son los cargos de confianza, pero otra muy distinta son los funcionarios de carrera que cumplen tareas permanentes, y que merecen toda la estabilidad y seguridad en sus empleos.
Debemos valorar la actividad pública como una función de servicio a la ciudadanía; que debe realizarse en las mejores condiciones posibles.
Los funcionarios públicos no son trabajadores de segunda categoría; son a quienes confiamos la entrega de servicios esenciales para el funcionamiento del país.
No puede ser que se acepte el trato peyorativo que algunos han ido instalando hacia los trabajadores y las trabajadoras del sector público.
Quisiera sentir la misma confianza que tuvo el Ministro cuando se sentó a negociar con los trabajadores y se logró este acuerdo.
Hoy el Ministro de Hacienda se refirió largamente en la Comisión al esfuerzo que van a hacer para poder analizar a través de esta mesa (instalada a nivel de Subsecretarios) aquellas situaciones que claramente han sido injustas.
Señor Presidente, no puedo dejar pasar esta ocasión para expresar el malestar que existe por la situación del llamado "bono Atacama", en el marco de la demanda de los trabajadores y trabajadoras del sector público, y de su comunidad en general, para establecer un nuevo trato para nuestra Región.
Durante el primer Gobierno del Presidente Piñera se gestó este movimiento que exigía un nuevo trato, fundamentado en el alto costo de vida y en la escasez y precariedad de distintos servicios básicos. Pero solo se consiguieron declaraciones de buena voluntad, sin ningún resultado concreto.
En el 2014, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, avanzamos en la creación de un bono especial para trabajadores públicos equivalente a los bonos de zonas extremas, cuyo monto y beneficiarios fueron disminuidos en los años posteriores a la espera de un estudio que definiera rangos precisos y datos concretos sobre el costo de vida en la Región.
Sin embargo, a pesar de que el estudio fue realizado, seguimos a la espera de una solución definitiva a esta demanda y, en mi caso personal, de que se responda a los oficios que he solicitado enviar a la actual Administración durante este período.
Creemos que en el 2019 debe resolverse de manera definitiva este requerimiento y establecerse, de una vez por todas, un nuevo trato para Atacama.
Finalmente, señor Presidente, quiero manifestar nuestra preocupación por los problemas de implementación de los consejos locales de educación.
El retraso en los llamados a concurso pone en serio riesgo la viabilidad de una tarea fundamental, como lo es el derecho a la educación en cada uno de nuestros territorios.
Voy a votar a favor en general, y vamos a dar a conocer también nuestro total apoyo a la indicación que hemos presentado, aprobada en la Comisión, que permite despejar las dudas en la implementación del Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública respecto del artículo 41, que (como lo dijimos en octubre de este año) les garantiza a todos los que se encuentren desempeñando funciones en los servicios locales, en los DAEM y en las corporaciones vacaciones a partir del 1° de enero del 2019.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- ¡El Senador Pizarro se estaba quejando porque ya van dos mujeres seguidas hablando...!
Señor Presidente, primero, quiero expresar una opinión, y luego hacer una pregunta al Ministro de Hacienda antes de dar a conocer mi voto.
Mi opinión tiene que ver con algo que han repetido varios de mis colegas esta tarde referido a lo difícil que es negociar el reajuste del sector público.
A mí me tocó estar en esa mesa negociadora, y debo decir que no es una tarea fácil, porque obviamente uno siempre quisiera responder de mejor manera a las expectativas de los trabajadores.
La verdad es que el recuerdo que tengo de la última negociación no es bueno ni grato, y de hecho fue una de las razones por las cuales renuncié a mi cargo de Ministra.
Por tanto, expreso mi reconocimiento al logro alcanzado por el Gobierno en esta mesa.
Dicho lo anterior, debo manifestar que suscribo las palabras de mi colega la Senadora Yasna Provoste, pero con una preocupación, señor Presidente.
El día de ayer conocimos con pesar e inquietud el fallo del Tribunal Constitucional que declara la incompetencia de los tribunales laborales para conocer las causas de vulneración de los derechos fundamentales que pudieran afectar a los trabajadores del sector público.
Y digo que tengo una preocupación, porque nadie puede desconocer que los trabajadores tienen derechos. El problema es que con el fallo de dicho organismo esos derechos no pueden ser impetrados, pues la Contraloría no puede verlos, ni tampoco los tribunales, al sacarse del ámbito laboral el conocimiento de la arbitrariedad e ilegalidad de las decisiones de la autoridad.
Por tanto, frente al conocimiento que hemos tomado muchos de nosotros acerca de ciertas decisiones de este Gobierno -o de otros, en el pasado- que podrían ser arbitrarias, no habría forma de recurrir a un ente distinto con el objeto de que fueran reparadas.
A mi juicio, lo ocurrido ayer es una mala noticia desde el punto de vista institucional para el Estado de Derecho. Por eso, los Senadores y Diputados de la Democracia Cristiana hicimos una declaración pública representando este hecho desde un enfoque jurídico y político en cuanto a su significación.
En tal virtud, respecto de la mesa que va a trabajar en la revisión de esos casos, planteo que en ella debiera haber una segunda etapa destinada a revisar, de una vez por todas, el tema de la función pública y de la forma de resguardar la estabilidad funcionaria. Porque claramente la Alta Dirección Pública (ADP) no está dando el ancho y no está cumpliendo la función para la cual fue pensada.
Nos llamaron desde la Alta Dirección Pública para que diéramos nuestra opinión -yo era Senadora en esa época-, y eso hice. Pero creo que de verdad debemos analizar el asunto.
Mi segunda reflexión -es más bien una pregunta al Ministro- se refiere al acuerdo alcanzado, que ahora se somete a la consideración del Senado. Porque, después de revisarlo y observar que desde el artículo 38 el proyecto modifica diversas normas que no se relacionan directamente con el reajuste del sector público ni con los diversos bonos, me asaltó una preocupación respecto de una norma en particular: el artículo 47, y me gustaría que el Ministro la pudiera aclarar.
Dicha disposición modifica la Ley SANNA (N° 21.063), para facultar al Ministro de Hacienda a determinar si la administración financiera del Fondo se realizará conforme a dicha normativa, que crea un seguro obligatorio para los trabajadores cuyos hijos estén afectados por enfermedades graves, es decir, a través de un administrador privado determinado mediante concurso público, o por el Servicio de Tesorerías, y en el caso de este último, los "gastos de administración del Fondo" serán descontados de este.
Me gustaría que el Ministro nos precisara cómo va a operar eso, porque ahí existe un problema no menor, y a mí al menos me preocupa y quiero una explicación.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro ¡para que no alegue...!


El señor PIZARRO.- Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero sumarme al aspecto positivo de este proyecto de ley de reajuste de remuneraciones del sector público: que haya llegado acordado al debate en el Congreso.
Y más allá de los guarismos o de los aspectos misceláneos que tiene esta iniciativa, me parece necesario que una vez más hagamos una reflexión sobre la forma en que llevamos adelante la discusión de los reajustes del sector público y si las decisiones que vamos adoptando en el Parlamento son las más adecuadas para una buena administración del Estado.
Francamente, tal como se han dado los debates en los últimos años -y no voy a decir ni en los últimos tres, cinco, o, tal vez, diez años-, cada día encuentro más difícil explicar por qué el Congreso Nacional debe conocer y votar aprobando o rechazando dichos reajustes.
Con sinceridad, no comparto las explicaciones primitivas en el sentido de que se trata de una ley y como tal tiene que ser votada por el Parlamento, porque, al tratarse de gastos y de lo que significa la administración de los recursos del Estado, este debe participar.
Y lo encuentro raro, porque lo que puede aparecer lógico en términos de que el Congreso dé su opinión, o genere opinión y capacidad de decisión respecto de esta materia, en la práctica se ha transformado en un contrasentido, primero, pues no tenemos capacidad de propuesta sobre el particular, y me parece bien que sea así, porque, de lo contrario, sería desastroso lo que podríamos hacer en cuanto a la administración de los recursos estatales. Y, en segundo lugar, tampoco creo que tenga sentido, pues al final de cuentas el Congreso es el que termina pagando los costos de una propuesta hecha por el Ejecutivo de turno.
Y en cuanto a los costos, me refiero a las demandas siempre insatisfechas, como es natural, cuando uno habla de reajustes o de aumentos salariales. Porque siempre aspiramos a que estos sean mayores, o siempre se pide más, y alguien tiene que definir hasta dónde son posibles tales incrementos.
Pero no es el Congreso el que decide sobre el particular.
Entonces, aquí se empieza a dar un debate en el que priman otros aspectos, y se plantean, producto de la discusión del reajuste de remuneraciones, otras situaciones que tienen que ver con la eficiencia del Estado y con el cumplimiento a cabalidad de sus funciones.
A mí lo que más me gustaría es que se pudiera implementar de una vez por todas lo que hemos hablado tantas veces acá: que cualquier reajuste esté supeditado o definido por elementos técnicos objetivos y que no permitan que se produzcan tergiversaciones, como las que se empiezan a generar cuando sucesivamente en los últimos años hemos o congelado -como algunos dicen- los reajustes salariales para cierto sector de la Administración del Estado; o, lisa y llanamente, hemos rebajado esos aumentos remuneracionales.
Ahora, ¿bajo qué lógica se ha hecho? Bajo ninguna lógica, ni propuesta o estrategia de mejoramiento de la administración del Estado y de su personal. En realidad, nadie la conoce. Se trata más bien de una cuestión de opinión pública y de voluntarismo, en algunos casos.
La pregunta que nos hacemos siempre que llega un proyecto de ley al Congreso, por ejemplo, cuando se quiere crear una institucionalidad pública, es si la forma en que estarán estructuradas las futuras plantas o contratas, o escalas de sueldo, hará posible reclutar gente de calidad para el sector público.
Esa es la pregunta de fondo, señor Presidente.
Nosotros necesitamos en el aparato del Estado gente que garantice capacidad de gestión, capacidad de ejecución, profesionalismo, transparencia, probidad.
Nos hemos dado cuenta de que en cada organismo que creamos, por ejemplo, de fiscalización, de supervisión, de control, o de implementación de programas, tenemos problemas, porque cada día le colocamos más exigencias y menos incentivos para que gente del mejor nivel se incorpore a él.
Esa es una cosa.
En segundo término, creo que con ello estamos afectando a otros Poderes del Estado. El Poder Judicial claramente está en dificultades, y la pregunta que cabe formularse es si queremos que dicha institución, con el tipo de desincentivos que existen, cuente con gente idónea y capaz para cumplir una función tan fundamental para cualquier sociedad, como es la administración de justicia. Y lo mismo podemos hacer extensivo al Ministerio Público o a otros organismos, como las superintendencias, que tienen labores de control.
Señor Presidente, creo que estamos sentando un pésimo precedente y el remedio que estamos aplicando va a ser peor que la enfermedad.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la recomendación de la OCDE -el club de los más ricos, donde está Chile- establece y aconseja que traten bien a los funcionarios públicos, que son servidores públicos. Dice: "Trátenlos bien". Y la recomendación entregada no es que roten, sino que se mantengan en sus cargos. Eso le hace ganar credibilidad y eficiencia al Estado.
De acuerdo con el último ranking de la OCDE, Chile se ubica en el segundo lugar en cuanto a horas de trabajo de sus servidores públicos. ¡El segundo lugar de los que más trabajan!
Por tanto, nosotros buscamos servidores públicos bien pagados, para que haya confianza, para que se sientan bien; y que tengan una diversidad de garantías de que si hacen bien la pega mantendrán sus cargos y, a la vez, podrán resolver sus problemas.
Chile no es un país que pague bien. Si comparamos los sueldos en el SAG, en la CONAF, concluimos que hay profundas discriminaciones. No sé por qué existe tanta diferencia de sueldos al interior del Estado respecto a personas que realizan una misma función, corren el mismo riesgo y hacen el mismo sacrificio.
Por suerte, en este proyecto la Cámara de Diputados aprobó, puesto que en un comienzo lo había rechazado, el congelamiento de los sueldos de los funcionarios de más altos ingresos, entre ellos, los de los Senadores y el Presidente de la República, Sebastián Piñera. Es absolutamente imposible argumentar a favor de que el Presidente pueda subir su sueldo, aunque sea en un 2,9 por ciento. Pero la solución no está en congelar los sueldos de los altos funcionarios, sino en ver cómo hacemos crecer los sueldos más bajos de la Administración Pública. Y eso -lo dice el Ministro y todos los Ministros de Hacienda-, con crecimiento.
Hablamos de sueldo mínimo, de reajuste.
En la discusión del sueldo mínimo tuvimos un gran debate, y el Gobierno se abrió al diálogo. Aprendió, en mi opinión. Y se generó una mesa de trabajo con la ANEF.
Ahora bien, ¿cómo podemos tener un Estado que sea mejor empleador? Con un Estado más respetuoso y que no transforme esto en un botín de guerra cada año y que pueda dar certeza al funcionario que lo está haciendo bien que continuará en su trabajo.
Sin embargo, no hay certeza.
El Presidente de la República nos dijo hace unos años: "Mi padre fue un funcionario público; yo soy hijo de funcionario público". Bueno, el 2010 despidió a once mil. Y el 2018 ya vamos en 4 mil 800.
Señor Presidente, creo que esa situación debe enfrentarse.
Yo demando una ley que permita mayor estabilidad política, social, económica a los funcionarios públicos, que tienen derecho a emitir opinión política.
La tutela laboral cuestionada ayer por el Tribunal Constitucional los deja en la indefensión, ¡los deja desnudos frente al abuso! No pueden tener opinión política; no pueden denunciar acoso laboral ante los tribunales. El Tribunal terminó con un fallo de la Corte Suprema. Y esto dará paso a múltiples arbitrariedades.
¿Dónde se defienden los trabajadores? ¿Frente a su jefe? ¿El mismo que los puede despedir? ¿El mismo que los puede sumariar? ¿El mismo que puede hacer que salgan?
Siento que ahí existe una indefensión.
Espero que esta mesa de trabajo con el sector público se aboque a este tema y haga una propuesta al Parlamento para dar estabilidad.
La Alta Dirección Pública, digámoslo francamente -yo lo he repetido-: los mejores de "los nuestros". Son los mejores, ¡sí!, pero de "los nuestros". Entonces, declarando desierto el concurso, les pagamos los seis meses, los echamos, y después vemos si los ponemos.
Señor Presidente, gastamos 30, 40 millones en un solo cargo de la Alta Dirección Pública para posteriormente declarar desierto el concurso porque no quedó el mejor de "los míos". Y lo sacamos.
Tenemos que revisar el funcionamiento de la Alta Dirección Pública. El 90 por ciento de sus funcionarios están a contrata o a honorarios. ¡En la Alta Dirección Pública el Estado no cumple la propia ley! Y se ha vuelto ya una usanza que en la Ley de Presupuestos se invierta la regla del 80/20. La normativa de la Administración Pública señala que un 80 por ciento de funcionarios debe ser de planta y máximo un 20 por ciento a honorarios. ¡Pero hoy día es al revés, señor Presidente!
En el último Presupuesto que votamos -y aquí está el Ministro de Hacienda- es al revés. En variados y múltiples servicios públicos el 20 por ciento es de planta y el 80 por ciento es a contrata y a honorarios. Esa es una materia que no podemos ignorar.
Debemos fortalecer a los funcionarios públicos, estableciéndoles una carrera funcionaria y exigiéndoles rendimiento.
Nadie ha mencionado las cifras. Yo no fui parte de la Comisión de Hacienda, pero esperaba que el Senador Letelier las entregara.
¿Cuánto es, señor Presidente? Digámoslo francamente.
Señalamos que no habrá reajuste a los sueldos de los Senadores, del Presidente de la República. Pero cuánto es el cash, el concreto, cuántas lucas más son.
Me hubiera gustado escuchar los datos -ojalá aún estemos a tiempo-, para saber en cuánto sube realmente. Porque hemos hecho un gran debate y, en verdad, lo que sube es bastante poco.
Voto a favor, señor Presidente.
Y espero que hagamos justicia con estos servidores públicos.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.


El señor GUILLIER.- Señor Presidente, en primer término, quiero destacar la participación de las organizaciones sindicales y gremiales del sector público para buscar este acuerdo con el Gobierno.
Pero también deseo manifestar la paradoja que enfrentamos, pues hablamos de beneficios para los trabajadores en el mismo momento en que el sector público está siendo golpeado por despidos que hasta ahora no tienen justificación técnica.
A nivel nacional se habla de dos mil 500 desvinculados, y cerca de Navidad vendría otro grupo. En mi Región van 108, donde el epicentro principal parece ser el Ministerio de Educación. De hecho, todos los funcionarios que trabajaban en la reforma educacional fueron despedidos, algunos con 10, 15, 21 años de carrera profesional, muchos calificados en lista uno -tuve la oportunidad de verlo-, no todos militantes de partidos, ni siquiera simpatizantes (de hecho, varios de ellos ni siquiera votaron en la última elección, lo cual constituye un problema, pero ya de otra naturaleza).
Por consiguiente, la pregunta que nos hacemos es cómo un Gobierno que cree en el gobierno de los mejores incluso a aquellos que ganan los concursos de Alta Dirección Pública termina despidiéndolos cuando hay cambio de Administración. Esto parece el asalto al cuartel de invierno.
Por otro lado, se debilitan las capacidades de las regiones. En este mismo momento con el Gobierno estamos trabajando la descentralización y la formación de capital humano en regiones, y resulta que los funcionarios de carrera y mejor calificados son despedidos.
Además, se suma el fallo del Tribunal Constitucional, que más allá de toda lógica, e incluso más allá del Derecho, termina privando a los trabajadores del sector público del derecho a recurrir a los tribunales laborales, establecido en los derechos humanos universales. ¡No son solo para el sector privado! ¡Son para el conjunto de los trabajadores de nuestro país!
Por cierto, todavía queda la esperanza de que la Corte Suprema haga valer su jurisdicción y alegue en favor de los trabajadores y de sus propias atribuciones.
Cabe señalar que una vez más se genera un cuadro de incertidumbre, pues recurrir a tribunales internacionales porque no se respetan los derechos humanos en materia laboral nuevamente pone a Chile en un escenario complejo. Hay que recorrer todos los caminos, puesto que en estos casos es inaceptable que estas prácticas, que no son novedosas sino bastante recurrentes cada vez que hay cambio de Gobierno en nuestro país, sigan imperando.
Por esa razón, señor Presidente, y aprovechando que están las autoridades de Gobierno presentes en la Sala, pido que por favor no usen la Navidad para esconder más despidos -como se rumorea- y que terminen con esto, porque es una descapitalización del sector público, un debilitamiento de la carrera funcionaria, y lo único que hace es mostrar un sectarismo que no corresponde. Eso ocurre cuando en unos ámbitos se buscan acuerdos y en otros se está despidiendo a gente; cuando se habla de activar y, sin embargo, a funcionarios públicos se los califica de activistas, y en forma gratuita.
Planteo este testimonio porque creo que no podemos mantener silencio frente a estos hechos que ocurren en el sector público.
Por consiguiente, le pido al Gobierno que tenga consistencia entre lo que dice y lo que hace.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, quiero responder una pregunta que hizo la Senadora Rincón respecto de la administración del Fondo de la Ley SANNA.
De acuerdo con la ley, la administración de este Fondo se realiza por una entidad privada, sobre la base de un concurso público. En algunas ocasiones estos concursos se declaran desiertos. Por tanto, para que no quede sin una administración, se faculta al Ministro de Hacienda para que esto lo pueda realizar el Servicio de Tesorerías.
Esa es la fórmula.
Gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Castro.


El señor CASTRO.- Señor Presidente, soy de aquellas personas a las que no les gusta hablar tanto, porque creo que uno debe aprender, más todavía si viene llegando al Senado.
Ahora bien, con la experiencia de haber sido alcalde y de haber trabajado con funcionarios públicos, uno tiene tremendo respeto por ellos. Pero quienes hemos sido jefes de un servicio público -llamémoslo así- sabemos también que hay buenos funcionarios y malos funcionarios. Esa es una realidad que conocemos. Pero veo que acá nadie habla de eso.
Por otra parte, nos consta que las calificaciones que se dan en el servicio público no son efectivas.
Cuando uno escucha a los colegas sabe perfectamente que este Senado es el responsable de hacer las leyes. Por eso, si tenemos la voluntad de mejorar el servicio público, para que se pueda calificar bien, creo que debemos trabajar responsablemente por elaborar buenas leyes que regulen bien la labor del servidor público.
Uno escucha que se está despidiendo a personas. Pero todos los que trabajamos en política y hemos luchado por tener un Gobierno sabemos perfectamente lo que significa un cambio de Gobierno. Y nos consta que algunos servicios públicos están llenos de operadores políticos. Y eso no lo dice nadie. ¿Es feo decirlo? Creo que no. Porque pienso que uno aquí debe defender a los funcionarios públicos buenos, al Gobierno que gana una elección democráticamente para administrar el Estado de Chile. Y el Estado de Chile se administra con las personas de confianza de quienes forman parte del Gobierno.
En lo personal, conozco a muchas personas, tengo numerosos amigos y sé de gente muy competente que quiere trabajar en el servicio público para aportarle al Gobierno. Sin embargo, no han podido ingresar porque se ha desvinculado a muy poca gente. Y sé perfectamente que los Gobiernos anteriores desvincularon a muchas personas.
Entonces, aquí estamos en el juego de que, como hoy tengo un gobierno a favor, quiero despedir gente; después le toca al otro. Y eso no corresponde.
Si queremos trabajar en serio en este Senado, debemos llegar a una ley que nos permita tener a los mejores funcionarios públicos al servicio del Estado de Chile. Y una de las fórmulas es quizás que ningún funcionario deba concurrir a votar a una elección o formar parte de un partido político.
¡Esa sería una buena medida para regular una función pública de verdad, responsable y con funcionarios que tengan una carrera, una remuneración digna y una proyección de su trabajo en el tiempo!
Por tanto, pienso que debemos ser responsables.
Este Senado tiene la responsabilidad de hacer leyes para que el Estado de Chile funcione bien, y que funcione para todos los chilenos que viven en este país y quieren aportar a su desarrollo.
El señor MONTES (Presidente).- El Senador señor Insulza ha pedido la palabra, pero ya habló.
¿Habría acuerdo para que intervenga nuevamente?
El señor COLOMA.- No, señor Presidente, porque vamos a hablar todos.
¡Mejor votemos!
El señor MONTES (Presidente).- En todo caso, el Senador señor Insulza podrá intervenir en las votaciones que siguen.
La señora ALLENDE.- En la siguiente votación.
El señor INSULZA.- Gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (36 votos favorables y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
No votó, por estar pareado, el señor Guillier.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Informe
Segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura con el objeto de regular la captura de la jibia (boletín N° 9.489-21).
--Queda para tabla.
Solicitud de permiso constitucional
Del Senador señor De Urresti, para ausentarse del país a partir del 12 del mes en curso.
--Se accede a lo solicitado.
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El señor MONTES (Presidente).- En lo que respecta a la discusión en particular, se encuentran pendientes tres materias.
Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor LABBÉ (Secretario General).- En primer lugar, se ha pedido votación separada por parte del Senador señor Insulza, respecto del artículo 1, inciso tercero, que dice lo siguiente: "Con todo, a contar del 1 de diciembre de 2018, el reajuste establecido en el inciso primero será de un 0% para el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los funcionarios de la Corte Suprema pertenecientes a los grados I y II de la escala del personal superior del Poder Judicial y para el Contralor General de la República.".
El señor INSULZA.- ¡Señor Presidente, yo no he pedido votación separada para esta norma!
La señora ALLENDE.- Solo pidió una aclaración, al igual que yo respecto de los territorios insulares.
El señor MONTES (Presidente).- Entonces, hay un error. No se presentó petición de votación separada.
Pero están pendientes dos materias más. Una de ellas tiene que ver con una indicación del Ejecutivo.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, la indicación del Ejecutivo se formula al artículo 38, numeral 3), y dice así:
"i) Intercálase a continuación de la frase `en las regiones de' la frase siguiente: `Arica y Parinacota,'.
"ii) Intercálase después de la frase `Los Lagos,' la frase siguiente: `y en las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández,'.".
El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación.
--Se aprueba por unanimidad la indicación del Ejecutivo.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la Comisión se produjo una votación de 3 por 2 respecto del numeral 6) del artículo 38, que introduce modificaciones a la ley N° 21.109, que establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública.
La Comisión propone, en votación de mayoría, el siguiente texto: "A partir del 1 de enero del año 2019, el párrafo 2° del Título I y los artículos 13, 14, 39 y 41, inciso primero.".
O sea, la diferencia que esta proposición tiene con el texto vigente es que ahora la norma no va a decir "A partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha de publicación de la presente ley...", sino "A partir del 1 de enero del año 2019...".
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en este punto solo quiero dejar en claro un par de cosas.
La indicación tiene dos partes. En la primera se define una fecha: el 1 de enero del 2019. Nosotros no tenemos ningún problema en este tema y tampoco en la interpretación. Quienes presentan la indicación y el Gobierno estamos de acuerdo. Incluso, esto se halla en armonía con el tenor de la ley, señor Presidente.
Entonces, al no haber una confusión o diferencia en este punto, dijimos que no nos parecía necesario presentar una indicación al respecto.
A mayor abundamiento, existe una circular del Ministerio de Educación en que se intentó aclarar el tema.
Pero, hay un segundo punto que es conveniente mencionar. La indicación establece un nuevo derecho, porque no está en juego el derecho a las vacaciones. Lo que señala es que las vacaciones se tendrán sin flexibilidad alguna, en el mismo período en que las tienen los profesores.
Esta situación había sido conversada en la Mesa del Sector Público y existía acuerdo en que habría flexibilidad por parte de los asistentes de la educación para prestar ciertos servicios mínimos que son necesarios en el verano en los establecimientos educacionales.
Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Que si no hay flexibilidad alguna respecto a las vacaciones, se deberá contratar personal externo. Y eso es un mayor gasto.
Señor Presidente, nosotros entendimos siempre que teníamos un acuerdo en el contexto de la Mesa del Sector Público. Esto no fue solicitado por los gremios. El Subdirector de Racionalización de la Dirección de Presupuestos, aquí presente, me corrobora lo anterior: el tema no se trató en la Mesa; surgió en esta indicación.
Además, hay un proyecto de ley misceláneo de educación -según entendemos, se está discutiendo hasta total despacho en el día de hoy- y a nuestro juicio esta indicación podría discutirse en ese contexto.
Por todas estas razones, consideramos que es inadmisible la indicación. Nosotros hemos expresado nuestra mejor disposición para aclarar la circular, pero no hemos encontrado eco, a pesar de presentar un rico menú de opciones esta mañana en la Comisión de Hacienda, para hacer frente a la clarificación de este punto.
Pero, más allá de este tema, nos parece que la indicación es inadmisible, por las razones que hemos argüido.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, todos recordarán que en el Estatuto de los Asistentes de la Educación se estableció que el derecho a vacaciones de este personal sería igual que el de los profesores. Esa es la norma general.
Existen dos cuerpos legales que rigen a los asistentes de la educación. Uno se refiere a aquellos que están en los Servicios Locales de Educación y el otro, a quienes siguen como asistentes de la educación del sistema municipal, por llamarlo así. Se usa la misma categoría para ambas situaciones.
La ley que aprobamos señala que ambos grupos tienen derecho a vacaciones iguales a las de los profesores. Esa es la regla general.
El señor Ministro de Hacienda dice bien que esto se publicó en octubre. Pero, tal ha sido la confusión en algunos municipios -no en todos- que el Ministerio de Educación tuvo que sacar una circular para tratar de clarificar la situación, la que fue desatendida por muchos de ellos.
A tal punto existe confusión, que el Ejecutivo, al ingresar el proyecto de ley al Congreso Nacional, estableció que las vacaciones no eran para todos, sino solo para los servicios locales de educación. Es decir, excluyó del derecho de vacaciones a todos los asistentes de la educación del sector municipal: profesionales, técnicos, asistentes y auxiliares (aunque asistentes y auxiliares en los municipales son una misma categoría).
La Cámara de Diputados rechazó esa propuesta del Ejecutivo (artículo 38, numeral 6)), porque les quitaba el derecho a los asistentes de la educación.
En la indicación que presentamos en la Comisión de Hacienda hicimos dos cosas: primero, establecer con claridad que este derecho corre a partir del 1 de enero de 2019. El Ministro ha dicho que está de acuerdo en eso. Por ende, lo que abunda no daña: nuestra propuesta ratifica aquello con lo que afirma que está de acuerdo.
La segunda cosa dice relación con una situación que no tiene que ver con el mundo municipal -si me alargo, le pido un poco más de tiempo, señor Presidente-. En el Estatuto de los Asistentes de la Educación, el artículo 41 regula, en dos incisos, los derechos. Regla general: vacaciones para todos, igual que los profesores, debiendo estar a disposición del sostenedor tres semanas, por si hubiese capacitación.
Inciso segundo: para los asistentes de la educación que estén en los servicios locales de educación, se considera la posibilidad de servicios mínimos -voy a usar ese concepto- donde el Director Ejecutivo pudiese pedir, para el solo efecto de preparar los establecimientos para iniciar el próximo año escolar (marzo), a algunas personas -no a todas- que realicen determinadas funciones.
Lo que se ha planteado es que esa norma sigue igual. En la indicación establecemos que los que están en el ámbito municipal, en corporaciones que no dependen del servicio local de educación, tienen vacaciones los dos meses.
Esa es la esencia de la indicación.
Sin perjuicio de lo anterior, es cierto -y la Senadora Provoste podrá ahondar en este tema- que se halla en discusión una ley miscelánea donde podremos perfeccionar esta norma, pero no va a estar lista antes del 1 de enero. Por ende, tenemos que clarificar el punto en la Ley de Presupuestos.
Las disposiciones que pudiesen ser necesarias para que algunos de los trabajadores municipales asistentes de la educación cumplieran funciones especiales se deberán abordar en la ley miscelánea. Pero no se puede hacer antes, porque, de lo contrario, vamos a generar un daño tremendo.
En los asistentes de la educación a nivel municipal no hay diferencia entre auxiliares y administrativos; es una misma categoría. Por eso necesitamos aprobar la indicación que hemos propuesto. Si se necesita perfeccionar algo, como dice el Ministro, quien está totalmente de acuerdo con esta norma, hagámoslo en la ley miscelánea, pero no dejemos al arbitrio de cada municipio y cada corporación una interpretación que es ambigua.
Esto permite ordenar, clarificar las cosas para que todos los trabajadores puedan tener lo que nosotros mismos aprobamos: derecho a vacaciones igual que los profesores. Esto no es más gasto, en lo más mínimo; ni es inadmisible. Estamos repitiendo una norma permanente que ya existe, el artículo 41, y perfeccionando el artículo transitorio que se incluye en la ley que aprobamos. Por ende, nuestra indicación no tiene, por ningún lado, algún atisbo de inadmisibilidad.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Quisiera comunicarle a la Sala que se ha provocado una discusión en la Secretaría, pues se estima que esta norma ya está aprobada.
Ello, porque, al tener urgencia de "discusión inmediata" el proyecto, y no habiéndose solicitado votación separada ni presentado indicaciones, se entiende automáticamente aprobado el marco general.
Están inscritos el Senador señor Sandoval, la Senadora señora Provoste y el Senador señor Navarro. ¿Les damos la palabra para cerrar el punto?
El señor LAGOS.- ¡Pero el proyecto ya está aprobado!
El señor MONTES (Presidente).- Así es.
Está aprobado lo que propuso la Comisión.
¿Alguien quiere fundamentar el voto?
El señor COLOMA.- ¡Pero qué voto, señor Presidente, si ya está despachado el proyecto!
El señor MONTES (Presidente).- En efecto, no corresponde votar.
Bien, habiéndose clarificado este punto, se da por aprobado el proyecto de reajuste del sector público en los mismos términos en que venía despachado desde la Comisión de Hacienda, más la indicación introducida al N° 3) del artículo 38. --Queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
El señor MONTES (Presidente).- Propongo que veamos a continuación el proyecto que figura en el quinto lugar del Orden del Día.
Acordado.