MODIFICACIÓN A CÓDIGO PENAL Y A LEY SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS, EN MATERIA DE DELITOS DE COHECHO, SOBORNO Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor MONTES (Presidente).- Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.739-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín):
En primer trámite: sesión 22ª, en 8 de junio de 2016 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 54ª, en 17 de octubre de 2017.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 29ª, en 12 de julio de 2016.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 84ª, en 25 de enero de 2017.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 71ª, en 12 de diciembre de 2017.
Mixta: sesión 62ª, 23 de octubre de 2018.
Discusión:
Sesiones 48ª, en 13 de septiembre de 2016 (se aprueba en general); 87ª, en 7 de marzo de 2017 (se aprueba en particular); 73ª, en 19 de diciembre de 2017 (queda para segunda discusión); 75ª, en 20 de diciembre de 2017 (se rechazan las modificaciones y el proyecto pasa a Comisión Mixta).
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El señor MONTES (Presidente).- El señor Ministro de Justicia ha solicitado que se autorice el ingreso del señor Sebastián Valenzuela, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso derivan del rechazo por parte del Senado, en el tercer trámite constitucional, de la totalidad de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las discrepancias, efectúa una proposición que comprende las normas en controversia y otras disposiciones del proyecto, así como las adecuaciones correspondientes a los ajustes formales requeridos por el texto contenido en ella.
Las votaciones en cada caso se consignan en el informe.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran, en la cuarta columna, lo planteado por la Comisión Mixta; en la quinta, la redacción que quedaría de aprobarse el informe, y en la sexta, el texto tentativo de los cuerpos legales modificados por la iniciativa.
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El señor MONTES (Presidente).- Ha habido consultas respecto de qué va a ocurrir en el día de hoy y en adelante con el proyecto sobre Aula Segura.
En este momento se ve el asunto en la Comisión de Hacienda y se conversa acerca de alternativas de entendimiento. No ha sido fácil. Pero la disposición de la Mesa, al menos, es que el texto sea tratado, o en el curso de la presente sesión, o en una citada para la noche, o en otra para mañana, de tal manera que nos enmarquemos en la semana legislativa. Lo señalo para quienes abrigan alguna duda al respecto.
En caso de que no hubiera acuerdo, probablemente se tendría que convocar para el lunes próximo, aunque incluso podría ser discutible la posibilidad de legislar en la semana venidera.
Puede intervenir el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Disculpe, señor Presidente, si desordeno lo propuesto. No sé si se puede votar primero sobre tabla, sin discusión, el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de Modificación del Tratado de Libre Comercio con China, con relación al cual existe unanimidad.
El señor MONTES (Presidente).- Eso se halla en segundo lugar, señor Senador. El punto fue discutido ayer en Comités.
El señor PIZARRO.- Puede ser materia de Fácil Despacho.
El señor MONTES (Presidente).- Su Señoría sugirió que se viera inmediatamente a continuación, y así está en la tabla.
Tiene la palabra el Senador señor Moreira para una cuestión de Reglamento.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, en la Comisión de Relaciones Exteriores votamos el proyecto de acuerdo, pero no doy la unanimidad para que sea adelantado.
Me preocupó una afirmación suya. Quisiera saber dónde aparece en el Reglamento que no se podría discutir la iniciativa sobre Aula Segura en la semana de trabajo regional. ¿En qué se basó usted para hacerla?
El señor MONTES (Presidente).- Es una situación hipotética no planteada aún. No contestaré en este momento.
Comenzaremos con lo ya determinado y después seguiremos con el proyecto de acuerdo relativo a China.
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El señor MONTES (Presidente).-En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Puede intervenir el Honorable señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, para realizar su trabajo, ese órgano contó con la asesoría permanente de los abogados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de los profesores de Derecho Penal señores Héctor Hernández y Gonzalo Medina.
La proposición que ahora conoce esta Corporación, acordada, en su gran mayoría, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, contiene avances trascendentales en la lucha contra la corrupción.
El texto planteado considera una elevación general en las penas de todas las figuras relevantes que tipifican la corrupción en nuestro ordenamiento, estableciendo sanciones por tramos acordes al disvalor de cada tipo penal.
Al respecto, cabe destacar que la pena inferior que se asigna a cada uno de los delitos que se modifican es más alta que el techo máximo actual de cada sanción en la ley vigente.
En cuanto a su estructura, el proyecto se divide en tres artículos.
En primer lugar, se introducen veinte modificaciones al Código Penal, entre las cuales destacan las siguientes:
1.- Se crea la pena de inhabilitación absoluta para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con el Estado, con sus empresas o asociaciones, o con privados concesionarios de este o que presten servicios de utilidad pública. La sanción se impondrá a particulares que sobornen a funcionarios públicos y busca impedir que estos condenados trabajen para el Estado o para una empresa privada regulada.
2.- Se establecen penas específicas destinadas a funcionarios públicos o privados que, en razón de sus cargos, custodian patrimonios de terceros impedidos de administrarlos por sí mismos: personas naturales ausentes o menores de edad, masas de bienes hereditarias o de procedimientos concursales o bienes de personas jurídicas. Se impondrá una sanción cada vez que uno de esos mandatarios, en el ejercicio de su rol de administrador, contrate consigo mismo o con un pariente respecto de los bienes administrados -por ejemplo, el liquidador de un proceso concursal que se autoadjudique alguno de los bienes de la masa- sin cumplir los requisitos que la ley establece para subsanar el conflicto de interés. En estos casos, ella procederá aunque no haya perjuicio para los bienes administrados. Si este tuviere lugar, será mayor.
3.- Se introduce una sanción específica contra el funcionario público que solicite o acepte un beneficio de un particular por el mero hecho de ser empleado del Estado. La disposición ataca directamente al que está "en la nómina" de empresas o entidades privadas, o sea, al que recibe un estipendio de particulares destinado únicamente a favorecer buenas relaciones, sin que sea necesario probar que ejecutó a cambio un acto propio de su cargo. Se trata del nuevo "cohecho de mera actividad" o "sin contraprestación", cuya falta ha sido observada numerosas veces por nuestro mundo académico y la OCDE.
Como consecuencia de lo anterior, el texto también crea una sanción especial, dirigida al particular que entrega un beneficio al funcionario público por el solo hecho del cargo que ocupa. Este es el nuevo "soborno de mera actividad" o "sin contraprestación".
4.- Asimismo, para sancionar de manera aún más drástica los casos de "gran corrupción", se establece una regla especial, consistente en que la pena que corresponda aplicar se impondrá siempre en su grado máximo, lo que implica que los responsables serán condenados la mayoría de las veces a presidio efectivo, aunque sean primerizos.
El proyecto entiende por casos de "gran corrupción" los siguientes:
a) Todos los ilícitos en que estén involucradas autoridades políticas o administrativas, entendiéndose por tales todos los cargos de elección popular, todos los funcionarios de confianza exclusiva de los anteriores, todos los funcionarios del primer nivel jerárquico de todos los servicios públicos del país, jueces y fiscales, y comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y jefaturas máximas de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.
b) Todos los ilícitos vinculados a procesos críticos o delicados del Estado, sin importar la jerarquía del funcionario involucrado. Se entienden por procesos críticos, entre otros, las designaciones de nuevos funcionarios públicos; la adquisición, contratación o concesión cuantiosas; el otorgamiento de permisos para realizar actividades económicas de gran envergadura, y la fiscalización de las anteriores.
5.- En consideración a que las acciones de gran corrupción en el Estado generalmente se ejecutan por medio de una organización o red de funcionarios coludidos, el texto establece la delación compensada, que permite que uno o más de los integrantes de dicha suerte de organización ilícita delate a sus compañeros a cambio de una reducción de su propia pena. Esta herramienta será aplicada por los tribunales a propuesta del Ministerio Público y no podrá beneficiar a las autoridades políticas o administrativas que indica la ley.
6.- Por otra parte, la iniciativa incorpora, por primera vez en nuestro ordenamiento penal, los delitos de corrupción entre particulares. Estos nuevos tipos penales sancionan, por ejemplo, al trabajador de una empresa privada a cargo de adquisiciones que recibe una coima para beneficiar a un proveedor externo sobre otro, y también castigan al funcionario de esa empresa proveedora que soborna al encargado de adquisiciones de su cliente para que lo beneficie.
Estas son, entre otras, las modificaciones al Código Penal.
En segundo lugar, el proyecto introduce diez enmiendas a la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica. Entre ellas, destacan las siguientes:
1) Se incorpora al listado de delitos base que se pueden perseguir respecto de personas jurídicas a todos los ilícitos contra la probidad que crea el proyecto o cuya pena se eleva.
2) Se permite aplicar la pena de disolución cuando la misma persona jurídica haya reincidido en ilícitos que la ley común considera simples delitos. En la norma vigente esta sanción solo es posible cuando se cometen reiteradamente ilícitos que tienen pena de crimen.
3) Se elevan de manera sustancial las multas que se pueden aplicar a las personas jurídicas como sanción por la comisión de los delitos que señala esta ley.
4) Se amplía la pena de comiso aplicable a las personas jurídicas, la que se podrá imponer no solo respecto al objeto material del delito cometido, sino también sobre una suma equivalente a ese objeto y a las ganancias que se obtuvieron por la inversión de los bienes adquiridos delictivamente.
En tercer lugar, se modifica la ley N° 19.913, sobre lavado de activos, con el fin de establecer que todos los ilícitos que esta normativa crea o cuya pena se eleva serán considerados como delitos base para el tipo penal de lavado de activos.
Finalmente, en la disposición transitoria se establece que las modificaciones de esta ley solo se aplicarán a los hechos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, las disposiciones legales que son modificadas por esta normativa seguirán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de los delitos cometidos con anterioridad a su publicación.
Señor Presidente, este proyecto responde a una exigencia de la ciudadanía, dirigida a todos los sectores políticos, de combatir de manera férrea la corrupción en los asuntos públicos. Asimismo, actualiza nuestra legislación penal a estándares internacionales y a los niveles exigidos por la OCDE.
Por estas razones, en nombre de la Comisión Mixta, propongo aprobar el informe.
El señor MONTES (Presidente).- Muy completo su informe, señor Senador.
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El señor MONTES (Presidente).- Quiero saludar a la delegación de la Escuela Manuel Anabalón Sáez, procedente de Panguipulli, Región de Los Ríos, que viene encabezada por el señor Elmo Huenun.
¡Bienvenidos al Congreso Nacional!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Muchas gracias, señor Presidente.
Aprovecho de saludar a todos los integrantes de esta Corporación y, en particular, de agradecer la presentación que ha hecho el Presidente de la Comisión Mixta que trató este proyecto, el Senador Huenchumilla, pues ella me va a permitir ahorrar algunas expresiones o precisiones que pensaba realizar.
Quisiera empezar por donde el Senador Huenchumilla terminaba su exposición, señalando que esta propuesta se origina, como probablemente recordarán, en una moción que presentamos -puedo decirlo- junto con los Senadores Araya, Harboe, Espina y De Urresti, quienes en ese minuto integrábamos la Comisión de Constitución de esta Corporación. Nuestro propósito era hacernos cargo de las inquietudes que habían surgido en esos tiempos -estamos hablando del año 2016- respecto a la baja penalidad de los delitos cometidos por los funcionarios públicos.
Eso generó un debate público fuerte; fue motivo para la creación de la Comisión Engel y ha formado parte también de las inquietudes que han expresado organismos internacionales. Entre ellos, particularmente la OCDE, que ha fijado estándares muy importantes para que nuestra legislación se adecúe y cumpla los niveles básicos que se requieren en este ámbito.
Y quiero señalar que hay un compromiso de sacar adelante esta legislación en nuestro país, compromiso que, en rigor, deberíamos haber cumplido hace un año. La razón por la cual el Gobierno ha puesto "discusión inmediata" a esta iniciativa tiene que ver con la necesidad de informar ahora en diciembre -el informe tiene que salir de nuestro país en noviembre- la manera como nosotros hemos cumplido esta obligación.
Con este proyecto, dados los estándares que establecen las normas que se han aprobado en la Comisión Mixta, puedo señalar que estamos cumpliendo en forma extremadamente positiva y concreta las exigencias que emanan de la OCDE.
¿Por qué lo digo? Brevemente, por los principales cambios que introduce esta normativa que se propone a su conocimiento y que trabajamos con mucho consenso con los Senadores, Senadoras, Diputados y Diputadas que integraron la Comisión Mixta y que lograron resolver las diferencias, en donde el Ejecutivo hizo el máximo esfuerzo por ir efectuando presentaciones y propuestas que fueran posibilitando ese acuerdo.
Los cambios, en lo fundamental, apuntan en la siguiente dirección.
En primer lugar, al aumento de penas a las principales figuras de los delitos cometidos por funcionarios públicos. Entre ellos, malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible, exacción ilegal, cohecho nacional y transnacional, figuras que, ciertamente, tenían penalidades muy bajas.
Para graficar lo que estamos proponiendo -y esperamos que esta Corporación lo apruebe-, quiero señalar que, en el caso de delitos como los de cohecho y soborno, los mínimos de pena que se plantean para quienes los cometan en lo sucesivo superan los máximos actuales establecidos para esas figuras delictivas.
Por lo tanto, estamos llevando a muchos de estos delitos a penas que sobrepasan los cinco años de prisión o privación de libertad, alcanzando la categoría de crímenes. Entre ellos, estamos hablando de la exacción ilegal, la primera figura agravada de cohecho, la segunda figura agravada de cohecho, el soborno en dos figuras correlativas, y el cohecho a funcionario público extranjero.
Hasta ahora, ninguno de estos delitos tenía la pena de crimen, la que tendrán a partir de la aprobación de esta normativa. Y eso reviste mucha significación. La primera es que, obviamente, cuando se parte de un delito en la categoría de crimen, la consecuencia más evidente es que la condena a una persona impone presidio efectivo, algo que hoy día es muy difícil que se logre con las penas que tienen el soborno y el cohecho.
Adicionalmente, se aumentan los plazos de prescripción, pasando estos de 5 a 10 años, y también se les permiten a los jueces que investigan, cuando se trata de crímenes, dictar órdenes intrusivas, para poder mejorar la investigación de estos delitos.
En segundo lugar, se agrega un nuevo delito de cohecho en razón del cargo. Esto, al final del día, significa que se prescinde de la vinculación entre el beneficio y la realización de un acto propio del cargo, lo cual configura una situación todavía más amplia en las sanciones que se busca instalar a estos autores de delitos que hoy día, por las restricciones que tiene la figura del cohecho, no quedan debidamente tipificados.
Se incorpora asimismo, en tercer lugar -como ya señalaba-, el cohecho a funcionario público extranjero, lo que, además de aumentar y equiparar las penas de las conductas típicas contempladas en este ilícito, va a permitir incluir dentro de las formas de comisión, casos en que el soborno ha sido dado u ofrecido para inducir a un funcionario público para cumplir con su deber, o bien, cuando ha sido dado u ofrecido, por ejemplo, por la empresa mejor calificada o que podría haber obtenido el negocio sin el soborno, los que en la legislación actual quedarían eximidos o fuera de responsabilidad penal.
Se amplía también el ámbito de la aplicación del delito a una actividad económica desempeñada en el extranjero. Hoy día lo que se hace es referirse a las "transacciones internacionales", lo cual carece de la amplitud y cobertura que tiene la expresión "actividades económicas" en la definición que se propone y que, por lo tanto, va a permitir una sanción más significativa.
En seguida, hay una serie de normas que son muy relevantes de entender y que hacen cambiar este régimen en forma muy completa.
En cuarto lugar, existen nuevas normas comunes para los delitos de funcionarios.
Desde luego, se consideran nuevas penas de inhabilitación. Todas las penas, aparte de las de presidio o privación efectiva de libertad, van acompañadas de inhabilitación para ejercer cargos, la que aumenta según la gravedad del delito. Pero adicionalmente se estableció esta pena accesoria a los delitos de cohecho, doméstico y transnacional, a través de la cual se inhabilita al condenado para ejercer cargos en empresas que provean al Estado o que suministren bienes o servicios de utilidad pública, lo que incrementa el espacio para que los sobornantes tengan sanciones adicionales y complementarias.
En seguida, algo muy importante que el Gobierno recogió del debate fue la incorporación de una norma que establece que en el caso de las penas de cohecho más graves, los delitos conocidos como "la gran corrupción" -según recordaba el Senador Huenchumilla-, cuando son cometidos por autoridades públicas, se considerará una situación agravante que va a partir de una pena que siempre será de cinco años y un día; es decir, siempre va a ser privativa de libertad.
Esta es una señal muy potente, para que se entienda que un delito cometido por una autoridad pública debe tener una sanción más grave, más dura que la que recibe cuando es cometido por un funcionario público común y corriente, que no tiene esa jerarquía. Es siempre difícil delimitar a qué autoridades se les incorpora esta agravante. Al final, se llegó a una norma que espero logre cubrir a todas las altas autoridades públicas, incluyendo todas las que son de elección popular; las de exclusiva confianza de estas; las de Alta Dirección Pública del primer nivel jerárquico; los fiscales del Ministerio Público o cualquiera que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerza jurisdicción; los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los generales directores de Carabineros y la PDI, entre otras. También se incluye en esto a quienes tienen responsabilidades en la definición de contrataciones, adjudicaciones y licitaciones.
En consecuencia, se cubre -esperamos- a la totalidad de las autoridades que deben tener como misión dar un ejemplo y un testimonio respecto de la forma como se cumplen las normas, dada su enorme responsabilidad ante la opinión pública.
En seguida, se establece una nueva disposición para la suspensión de la prescripción, que permite asegurar un mayor plazo para la persecución de estos delitos.
Se considera también una agravante especial para quienes cometan el delito formando parte de una agrupación u organización; es decir, cuando se actúa en redes de personas para delinquir.
Se establece una norma respecto de la cooperación eficaz. Es muy difícil muchas veces acreditar estos delitos. Por lo tanto, como la experiencia lo ha probado en otras materias, se incorpora en los delitos de malversación, fraude, exacciones, cohecho y soborno esta figura, que va a permitir rebajar las penas y, al mismo tiempo, avanzar en el esclarecimiento de estos ilícitos.
En quinto lugar, se establecen nuevos delitos.
Fundamentalmente, se trata de la corrupción entre particulares. Esta es una larga aspiración que venía incorporada en las iniciativas que se habían planteado en el Congreso, propuestas por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y, también, recogida en su momento por el Informe Engel.
Esperamos que esta forma de tipificar incluya también a los particulares, haciéndoles sentir que tienen en esto responsabilidades, a pesar de que puedan no estar participando funcionarios públicos en estas actuaciones ilícitas.
Está también, como nuevo delito incorporado, la administración desleal. Este es un tipo que se halla presente en la mayoría de las legislaciones modernas y que busca sancionar los atentados desde dentro; es decir, de quienes reciben el encargo de gestionar un patrimonio ajeno, lo cual va permitiendo cercar, limitar el espacio de la comisión de delitos también en el ámbito privado, no solamente en el público.
Finalmente, se establecieron nuevas disposiciones que afectan a la responsabilidad penal de las normas jurídicas.
Como recordarán ustedes, la ley N° 20.393 estableció responsabilidades penales, las que hoy día están reducidas a los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, soborno, cohecho del funcionario público extranjero y receptación. Lo que se ha hecho es aumentar los delitos que a partir de esta norma se van a poder entender como cometidos por personas jurídicas. Ellos son: apropiación indebida, negociación incompatible y los nuevos delitos de corrupción entre particulares y administración desleal.
Con ello, las personas jurídicas también se hacen sujeto de mayores responsabilidades penales y del endurecimiento que esta norma procura.
Se aumentan las sanciones a las personas jurídicas. Se contempla, por ejemplo, la posibilidad de aplicar la disolución en casos en que hoy día no se podría. Actualmente solo se puede hacer en algunos delitos, cuando existe reincidencia específica. Aquí únicamente se hace posible cuando hay reincidencia en el delito de receptación. De manera que se amplía la posibilidad de aplicar la disolución.
Y, adicionalmente, como se hace también para los particulares, se aumentan muy severamente las penas de multas aplicables a las personas jurídicas, en montos que son bastante gravosos para el funcionamiento de estas entidades, agregando quizá una de las figuras más interesantes que propone la iniciativa: la posibilidad de gravar por penas accesorias la acción de las personas jurídicas, sometiéndolas al comiso por equivalencia y, también, al comiso de las ganancias que la empresa puede haber obtenido por la comisión del delito, distinto de las multas y distinto de las penas de privación de libertad que pueden recibir las personas que han incurrido en estas figuras delictivas.
Señor Presidente, le pido disculpas por la extensión de mi exposición, pero quería compartir con ustedes un trabajo muy relevante que se hizo por Diputadas, Diputados, Senadoras y Senadores que participaron en esto. Aquí veo al Diputado Leonardo Soto, quien tuvo una importante participación en la Comisión Mixta. Él fue, quizás, el que llevó la voz de los Diputados en ella. Los Senadores están todos aquí. Colaboraron, junto con el Presidente, para que las propuestas que el Ejecutivo fue introduciendo permitieran cumplir lo que todos queremos: darles a los chilenos y chilenas la convicción de que quienes en lo sucesivo, aprobada esta ley, cometan delitos funcionarios como los que hemos señalado, tendrán sanciones durísimas. Y el verdadero "estatuto anticorrupción" que se va a generar con esta norma nos va a poner en el más alto estándar internacional en la materia, algo que hace mucho tiempo deberíamos haber hecho, pero que logramos finalmente, creo yo, con el trabajo de esta Comisión Mixta.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Muchas gracias, señor Ministro.
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El señor MONTES (Presidente).- Deseo saludar a los alumnos del Liceo Técnico Profesional Diego Portales, de Linares, que están en las tribunas y que vienen a cargo del profesor Alex Carrasco.
¡Bienvenidos al Senado de la República!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor MONTES (Presidente).- Ha solicitado autorización para ingresar a la Sala el Subsecretario de la SEGPRES, don Claudio Alvarado.
El señor MOREIRA.- ¡Que entre!
El señor MONTES (Presidente).- Se accede.
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El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, Honorable Sala, simplemente deseo complementar las completas exposiciones que han formulado tanto el Presidente de la Comisión de Constitución, el Senador señor Huenchumilla, como el señor Ministro de Justicia.
La verdad es que, como aquí se ha dicho, este proyecto está abordando dos materias de gran importancia: la baja penalidad vigente para los delitos llamados de "cuello y corbata", particularmente de los funcionarios públicos, y, en segundo lugar, el necesario cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Chile, así como de las recomendaciones de la OCDE.
El corazón del proyecto consiste en el aumento significativo de las penas de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible, exacciones ilegales, las distintas variantes de cohecho y soborno, al igual que las sanciones pecuniarias y de inhabilidades aplicables a estas figuras.
El efecto general de las modificaciones es que muchas infracciones, actualmente consideradas como simples delitos, pasan a tener el carácter de crímenes, lo cual trae a lo menos las siguientes tres consecuencias:
a) Las penas privativas de libertad se aplican efectivamente.
b) Se aumentan los plazos de prescripción de 5 a 10 años.
c) Se permite la utilización de técnicas especiales de investigación.
Al mismo tiempo, una importante novedad en la materia es, como aquí ya se ha señalado, la sanción agravada en contra de la llamada "gran corrupción". Se establece, como digo, una agravante en caso de que los delitos sean cometidos por empleados públicos que ostenten un cargo de alta relevancia, tales como los de elección popular, los de exclusiva confianza de estos, los de alta dirección pública del primer nivel jerárquico, los de fiscal del Ministerio Público, los de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y otros.
Esta normativa reconoce el mayor disvalor generado por sujetos que aprovechan su posición jerárquica para cometer actos de corrupción y los sanciona correspondientemente, excluyendo los mínimos de las penas asignadas por ley a cada delito.
En conclusión, señor Presidente, las conductas de funcionarios públicos corruptos serán sancionadas, de ahora en adelante, con gran dureza, imponiéndose penas de cárcel acompañadas de cuantiosas multas y de inhabilidades que impidan que estos sujetos sigan haciendo daño al patrimonio de todos los chilenos.
Asimismo, la Comisión Mixta resolvió el problema de las personas condenadas por delitos de cohecho y soborno que continúan vinculadas al Estado a través de empresas relacionadas con este. Para todas aquellas condenadas por corrupción, se incorpora una nueva inhabilitación absoluta, temporal o perpetua, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que participen como proveedoras de bienes y servicios de los órganos de la Administración o de servicios de utilidad pública. Esta modificación garantiza una total separación del Estado de quienes lo han lesionado mediante faltas a la probidad.
Además de lo anterior, se soluciona el problema de los funcionarios públicos cuyos delitos ya están prescritos cuando dejan el cargo, a través de una nueva norma que hace contar los plazos de prescripción de la acción penal desde que el empleado público cesa en el cargo o función. De esta manera, evitamos que se beneficien con pactos de silencio o con redes de protección mientras duren en sus cargos y que redunden, finalmente, en su impunidad.
Por otra parte, tratándose de estos delitos, se establece también una nueva herramienta para mejorar la persecución: la cooperación eficaz, que contempla, como incentivo, una rebaja de pena para aquellos sujetos que cooperen con el persecutor penal. Con esta herramienta se logra obtener mayores antecedentes para perseguir los hechos, lo cual redunda en una menor impunidad.
En tercer lugar, señor Presidente, conjuntamente con perfeccionar la normativa vigente, se introducen nuevas figuras delictuales, incorporándose el cohecho sin contraprestación, la corrupción entre particulares, la administración desleal, y nuevos casos de responsabilidad penal para las personas jurídicas.
Señor Presidente, la corrupción es un flagelo que, en palabras de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.
Mediante este proyecto, estamos adecuando nuestro ordenamiento jurídico a las obligaciones contraídas en virtud de compromisos internacionales suscritos por Chile. Pero, más importante que eso, aumentamos significativamente la sanción para conductas que constituyen una grave infracción a la probidad pública.
Esta propuesta legal representa un avance relevante que otorga nuevas y mejores herramientas para prevenir, perseguir y sancionar la corrupción, lo cual fortalecerá la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas de nuestro país.
Por estos motivos, señor Presidente, vamos a aprobar el informe de la Comisión Mixta.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, en tiempos en que la política y los políticos hemos sido objeto de críticas muchas veces despiadadas y carentes de fundamento real, el Congreso Nacional da una prueba más de su compromiso con temas que importan a los chilenos.
Las leyes que regulan las sanciones al cohecho y al soborno están totalmente desactualizadas. Fueron hechas, con las mejores intenciones, como respuesta a las necesidades de otras épocas. En aquellos tiempos se estimó que los bienes jurídicos que debían ser protegidos con mayor fuerza eran la vida y la integridad física a través de los denominados "delitos de sangre", dejando los delitos funcionarios o de faltas a la probidad en un lugar muy secundario.
Hoy, en que la opinión pública exige estándares muy superiores a los funcionarios públicos, tanto para el manejo de fondos públicos como para la aceptación de dineros privados, la tipificación y las sanciones tradicionales resultan insuficientes.
Toda aquella conducta que signifique un quiebre en la confianza que debemos tener en nuestros funcionarios públicos ha de ser objeto de un reproche penal mayor.
En tal sentido, es importante recordar a Benjamín Franklin, que decía con propiedad: "Bien hecho es mejor que bien dicho".
¡Una mejor ley vale más que mil discursos vacíos!
De esta manera, el proyecto, que esperamos que culmine hoy su tramitación, aumenta las penas asociadas a estos delitos, incrementando, a su vez, las multas en diversos casos.
En resumen, se sustituyen los artículos que tratan el cohecho y el soborno y se aumenta su sanción penal. Lo mismo para el que ofreciere o diere a un funcionario público extranjero un beneficio indebido, ya sea en su propio interés o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí o para otro, de cualquier ventaja indebida en el contexto de una relación económica internacional o de una actividad económica desempeñada en el extranjero.
Asimismo, se precisa que los bienes recibidos, malversados o defraudados por un empleado público caerán siempre en comiso.
Además, se crean dos figuras típicas nuevas que dicen relación, no con funcionarios públicos, sino con conductas entre privados. En primer lugar, el soborno entre particulares y la figura de administración desleal.
Finalmente, se modifica el artículo 15 de la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, con el fin de precisar la pena aplicable a estos delitos, cuestión ya reiterada por los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
La legislación que hoy votamos es fruto de un esfuerzo de más de dos años.
En este punto quisiera hacer un paréntesis para agradecer al Ministro de Justicia, quien ha sido un gran caballero de la política y un gran legislador en materias de transparencia y probidad, tal como el Congreso lo ha reconocido en múltiples oportunidades. Para mí, en lo personal, estar sentado en el lugar que ocupó por 16 años constituye un honor. El Ministro de Justicia fue un gran parlamentario y le reconocemos ese mérito.
Cuando este proyecto se vio en la Comisión Mixta y cuando a él le tocó participar en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, le puso freno a la actitud de ciertos parlamentarios que descalificaban con mucha rudeza y exageraban sus posiciones con el solo afán de hacer daño y ganar protagonismo político.
Por lo tanto, quiero agradecer su esfuerzo, tanto en su calidad de Senador como en la de actual miembro del Gobierno.
Fue precisamente el trabajo conjunto de dos períodos legislativos del Ejecutivo y de Senadores y Diputados oficialistas y de Oposición el que hoy nos permite presentar al país una legislación más moderna, adaptada a los tiempos y que sanciona de manera más severa los delitos de cohecho y soborno.
Lo reitero una y otra vez: esta tarde podemos decir que nuestro Parlamento y este Senado tienen cien por ciento de transparencia y probidad. Todos los de la clase política hemos aprendido las lecciones de cosas que se hicieron y que no se deben hacer. Gracias a este espíritu constructivo, recibimos la señal de la ciudadanía en torno a que los estándares éticos y morales deben ser ahora mucho más altos. Este Congreso y este Senado se adecuan, por tanto, a los nuevos tiempos.
En algún minuto la sociedad tendrá que dimensionar toda la legislación que hemos aprobado. Hasta el momento, al parecer, ello no ha sido así, pero llegará el minuto en que se valore lo que aquí se ha hecho en equipo, con seriedad, con responsabilidad de Estado y con una actitud muy relevante para la política y el país.
Por esa razón, señor Presidente, voy a votar a favor.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el paso que estamos dando con este proyecto es muy importante en el largo camino que tanto las instituciones públicas como las privadas necesitan retomar para recuperar la confianza de la gente.
Ello porque, primero, se comienza a poner término a la brecha evidente que ha existido entre las expectativas de la ciudadanía y la respuesta de la institucionalidad en esta materia. Día a día se suman nuevas denuncias por corrupción, pero luego los procesos se eternizan y terminan en sanciones que la opinión pública ve como meramente simbólicas.
Ahora, los responsables de estos ilícitos deberán enfrentar consecuencias más graves y ya no una suspensión del procedimiento, una pena remitida o un curso de ética. La gente está hastiada de ver desfilar en fiscalías y tribunales a autoridades, generales y altos funcionarios que después son condenados a penas irrisorias.
El aumento de las penas producirá también que se extiendan los plazos de prescripción, con lo que disminuyen las posibilidades de impunidad.
Naturalmente, este proyecto no impedirá que se cometan nuevas irregularidades, pero al menos la ciudadanía tendrá la tranquilidad de que las sanciones a las que se exponen los responsables serán efectivas.
Nadie puede decir que, en democracia, ha habido impunidad para los delitos cometidos por funcionarios públicos, pero lo cierto es que el efecto disuasivo de las bajas penas ha sido insuficiente.
Este, me parece, es el primer gran mérito del proyecto.
Y el segundo gran logro será que los privados también deberán enfrentar el mayor peso de la ley, no solo en los casos de soborno a funcionarios públicos, sino también por los actos de corrupción entre particulares y de administración desleal del patrimonio ajeno.
Además, se crea una nueva pena accesoria de inhabilidad para ejercer cargos en empresas privadas que contraten con el Estado o provean servicios públicos.
Igualmente, se amplía el espacio para la responsabilidad penal de las empresas y personas jurídicas en general.
Todo esto, necesariamente, deberá redundar, por una parte, en una mayor disuasión para cometer este tipo de ilícitos, y por la otra, en una progresiva recuperación de la confianza pública.
Con esto gana la democracia y gana también la economía, porque habrá una mayor confianza para realizar negocios en nuestro territorio.
Señor Presidente, estoy convencido de que Chile no es un país corrupto, pero sí existen focos de corrupción que deben ser enfrentados resuelta y oportunamente.
Este proyecto, así como otras reformas que hemos aprobado como parte de la agenda de probidad del Gobierno anterior a partir de las recomendaciones de la Comisión Engel, más las nuevas iniciativas de ley que ha enviado o anunciado el actual Gobierno, constituyen una respuesta maciza y estructural al fenómeno de la corrupción.
Este es el camino correcto, la respuesta democrática contra ese flagelo.
La alternativa es la respuesta populista, que asoma en países vecinos, pródiga en consignas efectistas, pero pobre en la solución a los problemas.
Por eso, señor Presidente, votaré a favor.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este es un proyecto relevante. Fue en esa perspectiva que tanto la Cámara de Diputados como el Senado trabajaron en años anteriores. Y ahora la Comisión Mixta ha evaluado una serie de normas que, a través de su informe, ratifican claramente, a mi juicio, la voluntad política de combatir la corrupción con rigor y de manera sostenida y sistemática.
Tal como ya lo indicaron tanto el Presidente de la instancia bicameral como el señor Ministro, se observa un aumento considerable en las penas. No hay ningún ilícito que pueda configurar un delito de corrupción, soborno, cohecho o exacción ilegal que no tenga un aumento significativo en su castigo. Además, se incrementan las penas accesorias y se endurece el sistema de prescripción.
Voy a poner un solo ejemplo.
La primera figura de cohecho agravado tenía en la legislación vigente una penalidad de entre 541 días y 3 años. La propuesta de la Comisión Mixta es que sea de 3 años y un día a 10 años. O sea, hay un cambio fundamental que hace que la sociedad castigue este tipo de delitos con la repulsa que generan tanto en Chile como en el extranjero.
Por consiguiente, la primera razón que ha tenido en vista la bancada de Senadores de la UDI para votar favorablemente el proyecto es porque este consagra sanciones que se corresponden con la gravedad de las conductas punibles -penas de crimen, en muchos casos- y que aseguran que quienes las realicen tendrán una pena de cárcel efectiva.
Pero no solamente se avanzó en esa materia.
Sin perjuicio del informe extraordinariamente completo que efectuó el Presidente de la Comisión y de la clara exposición que hizo el Ministro de Justicia, quiero reparar en algunos de los elementos que la instancia bicameral propone a la Sala.
En primer lugar, el artículo 251 quinquies, incorporado por el Gobierno del Presidente Piñera a iniciativa del Ministro Larraín, que establece que en el caso de los delitos ahí mencionados se excluirá el mínimo o el grado mínimo de las penas señaladas, por lo que su sanción partirá de un grado superior cuando hayan sido cometidos por un empleado público que desempeñe un cargo de elección popular, de exclusiva confianza de estos, de alta dirección pública del primer nivel jerárquico o por un fiscal del Ministerio Público. Se considera a todas aquellas autoridades que tengan cierto nivel de representatividad en Chile, las cuales deben ser castigadas con especial celo.
A mi juicio, esta norma hace una diferencia fundamental en el proyecto, porque coloca a las autoridades del
país en la situación de quedar sujetas a una penalidad superior a la del ciudadano común y corriente.
A mi juicio, esa disposición debe ser especialmente valorada, porque significa librar un combate frontal, ya que no solamente regirá para las personas que hoy están en el Poder Ejecutivo, sino también para aquellas que se encuentran sentadas en esta Sala del Poder Legislativo.
Si alguien comete alguno de estos delitos tendrá una especie de agravante, de aumento de la penalidad que resulta absolutamente fundamental. Y eso demuestra la voluntad política del Presidente Piñera, que quedó expresada anteriormente y fue trabajada en la Comisión por el Ministro Larraín de manera clara y categórica.
Pero no solo está esa disposición, sino que se agregan las normas de prescripción.
Para los funcionarios públicos estas serán especiales. El tiempo de prescripción se empezará a contar desde el momento en que abandonen el cargo o la función que desempeñen en la Administración Pública. Es decir, se busca impedir que al no tener ya responsabilidades administrativas puedan también ver disminuidas de cualquier manera sus responsabilidades políticas y penales.
Es más, si esas personas vuelven a ocupar un cargo, la prescripción se comenzará a contar desde que dejen sus funciones en el segundo cargo.
Por lo tanto, en estas normas de prescripción viene adecuadamente representada la voluntad de no dejar ninguna posibilidad de que un hecho tan fuerte, como el cohecho, como el soborno, pueda ser claramente eludido.
Y se establecen, tal como lo expresaron el Ministro de Justicia y el Presidente de la Comisión, instrumentos y mecanismos para perseguir estos delitos. Porque, como todos sabrán, es difícil perseguirlos, pues muchas veces el silencio, la autoridad, el manejo al interior de determinada institución pública hacen que sea muy difícil conocer la situación en detalle.
Por otro lado, el instrumento de la cooperación eficaz es un elemento fundamental para desbaratar todas aquellas organizaciones o todas aquellas acciones claramente punibles. Pero lo que verdaderamente importa es que las autoridades que ya hemos mencionado no podrán ser beneficiadas por el mecanismo de la cooperación eficaz. Y, en consecuencia, no será factible rebajar las penas a alguna de ellas que pretenda diluir su responsabilidad a través de una acción de esta naturaleza.
A mi juicio, es extraordinariamente evidente que aquí hay una voluntad política que no solamente se expresa a través del aumento de las penas, sino también a través de que quienes representan al Estado, quienes desempeñan altas responsabilidades en la Administración tengan penalidades bastante más estrictas y rigurosas que el funcionario público común.
Uno de los aspectos que más comenta la opinión pública, o que más se trata en las conversaciones que llevamos adelante sobre este tema, es la falta de sanción. Se dice: "Sabe, el hilo siempre se corta por lo más delgado. Por lo tanto, quienes ocupan funciones de privilegio en la Administración Pública jamás son castigados, jamás son perseguidos. Y solo quienes tienen una posición mediana en aquellas organizaciones son verdaderamente castigados".
Aquí tenemos una serie de ejemplos que así lo demuestran: hechos de corrupción al interior de servicios públicos, hechos de corrupción al interior de organismos del Estado, y verdaderamente quienes ocupan las más altas jerarquías muchas veces jamás son investigados y, la mayoría de las veces, tampoco son castigados.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que este informe de la Comisión Mixta es una respuesta sólida, una respuesta importante, una respuesta significativa a los requerimientos de la sociedad para el combate de la corrupción.
No es posible que se visualice que alguien con responsabilidad política pueda favorecer a terceros con contratos millonarios, con determinadas concesiones, con determinados permisos, siendo su penalidad verdaderamente insignificante, llegando a que incluso nadie se dé cuenta de si esa persona fue o no sancionada.
Este informe, que espero que sea aprobado unánimemente por la Sala y también por la Cámara de Diputados, representa una respuesta adecuada, porque a la situación a la que me referí claramente se le pone fin con esta nueva legislación.
Creo que hemos dejado atrás una etapa, quizás oscura, en la cual este tipo de delitos era perseguido con mano blanda, cuando en verdad debiera haberlo sido con la mayor rigurosidad.
Por eso, voto favorablemente.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a los numerosos actores que han tenido algo que ver con este proyecto de ley tan fundamental para el país.
Primero que nada, quien tiene la voz cantante aquí es la ciudadanía chilena, que muchas veces protestó y se admiró de que ninguno de los delitos que sancionaban las normas de cohecho tenía carácter de crimen y, por lo tanto, casi todos ellos eran excarcelables. Y la gente se asombraba de que después de grandes escándalos finalmente los autores salieran en libertad.
Por cierto, es también digno de ser felicitado el Senado, por donde ingresó esta iniciativa, originada en una moción de varios Senadores, entre los cuales se encontraba el actual Ministro de Justicia.
Y también la Cámara, que recibió hace ya tiempo un mensaje de la Presidenta Bachelet con las propuestas de la llamada "Comisión Engel", y las transformó en un proyecto que se tramitó paralelamente con el Senado.
Eso, evidentemente era disfuncional, y, finalmente, la otra rama legislativa decidió incorporar sus propuestas a la iniciativa de ley que está aprobando hoy día la Cámara Alta.
Asimismo, hay que destacar los acuerdos internacionales suscritos por el país. Y no solamente aquellos más recientes referidos a la OCDE, sino la Convención Interamericana contra la Corrupción, el primer instrumento de este tipo en la historia, que es de 1996, y que ciertamente ameritaba una acción más fuerte del Estado chileno.
Este proyecto también es importante porque contiene una serie de figuras que es necesario destacar. Algunas de ellas ya han sido señaladas por mis colegas y solamente las voy a mencionar.
Aumenta las penas, lo que es fundamental. Se incorporan muchos tipos penales que pasan a ser figuras de crimen, y por lo tanto van a merecer presidio efectivo. Y repito que antes aquí no había crímenes, y en consecuencia, en gran parte de los casos no había penas de delito efectivo, a menos que los autores reincidieran, cuestión que también está custodiada por el hecho de que ahora llevan la pena anexa de permanente prohibición de ejercer nuevamente cargos públicos.
Otros méritos de este proyecto es aumentar los plazos de prescripción y autorizar la utilización de técnicas especiales de investigación.
Se establecen nuevas hipótesis de negociación incompatible, entre ellas las que afectan al veedor o liquidador de un procedimiento concursal, de lo cual hemos tenido recientemente algunas evidencias en nuestro país. Además, se incluye al administrador del patrimonio, que queda impedido de controlar su administración, y al director o gerente de una sociedad anónima, así como a toda persona a la cual le sean aplicables los deberes que la ley impone a los directores y gerentes de estas sociedades.
Se crea, y entiendo que lo ha mencionado el mismo Senador Huenchumilla, un delito en función del cargo.
Así, las personas que ocupen determinados cargos, los empleados públicos que soliciten o acepten un beneficio económico de otra naturaleza a la que no tengan derecho, para sí o para un tercero, incurrirán en un delito, aunque no tengan una contraprestación clara. Por ejemplo, un parlamentario que reciba un bien de valor muy alto solamente en función de su cargo.
Se incorpora también -y aquí me refiero nuevamente a las convenciones internacionales- el cohecho al funcionario público, y se dictan un conjunto de normas comunes que es importante considerar, como las calificantes para altos cargos.
Se agregan nuevas normas sobre suspensión de la prescripción, determinados agravantes si se forma parte o se representa a una agrupación u organización y nuevos delitos: la corrupción entre particulares, ciertamente, es una novedad que es relevante recalcar.
Dicho sea de paso, olvidaba mencionar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que tampoco estaba totalmente contemplada aquí.
Creo, entonces, que hemos cumplido con creces aquello que nuestra opinión pública espera de nosotros, y ojalá que muy pronto esta nueva legislación empiece a dar sus frutos. De hecho, el efecto principal al cual se han referido algunos señores Senadores es ayudar a construir la nueva confianza entre las autoridades, el Congreso y los chilenos y las chilenas que esperan de sus Mandatarios una acción mucho más transparente, mucho más clara y mucho más honesta.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero comenzar señalando que la Comisión Mixta ha hecho un muy buen trabajo.
Agradezco y saludo la presencia, por supuesto, del Ministro de Justicia.
Ya nos dio su informe el Presidente de la Comisión Mixta, y solo deseo manifestar que hemos dado un salto cualitativo muy importante, muy necesario y muy esperado.
También quiero recordar que en el Gobierno pasado la Presidenta había presentado un proyecto bastante similar, que apuntaba al mismo objetivo, que entró a la Cámara de Diputados; pero, finalmente, se optó por seguir el lineamiento del que nos ocupa ahora. Y eso no lo podemos dejar de mencionar.
Por otra parte, como aquí ya se ha dicho, esta iniciativa incorpora grandes innovaciones.
Se aumentan las penas a diversos delitos que cometan los funcionarios y se modifican algunos tipos penales. Se incorporan nuevas penas y reglas especiales ante estos ilícitos. Se regulan nuevos tipos delictivos. Se amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las penas que les son aplicables. Se incluyen nuevas figuras dentro de las hipótesis de lavado de activos, en fin.
Creo tremendamente relevante, como aquí se ha mencionado, adecuarnos a estándares internacionales más exigentes y, sobre todo, tener el mayor número de herramientas e instrumentos que nos permitan luchar contra la corrupción, que es un mal que debemos erradicar y que daña gravemente la democracia.
Hemos visto las consecuencias que pueden producirse cuando se falta a la probidad, cuando existen hechos de corrupción, cuando la ciudadanía cae en una suerte de escepticismo: el surgimiento de personajes populistas que hemos conocido bastante de cerca, que tienen un discurso, además de antipolítico, misógino y racista, y que, sin embargo, logran una adhesión mayoritaria, producto de la decepción, la frustración y la imagen que se genera cuando en las sociedades existe corrupción sin ningún tipo de sanciones o cuando estas no son equivalentes a su gravedad.
Por ejemplo, hemos visto casos, como el de la empresa Odebrecht, que financiaba campañas, pagaba sobornos para ganar licitaciones en algunos países vecinos. En un país vecino nuestro, como Perú, están siendo investigados nada menos que cuatro ex Presidentes.
Por lo tanto, tenemos que legislar tomando acciones para aumentar drásticamente las penas a estos delitos, que es una de las formas de impedir que se generen situaciones como las que hemos descrito.
La verdad es que Chile es considerado el segundo país menos corrupto de la región, luego de Uruguay, y a nivel mundial nos encontramos en el número 26, aunque hemos caído dos puestos en comparación al año pasado, de acuerdo a los datos que nos entrega Transparencia Internacional.
Aun así, si uno hiciera cualquier consulta, estoy segura de que ocho de cada diez chilenos asegurarían que la corrupción aumenta en el país.
Ello se debe a los numerosos escándalos que han salido a la luz pública, algunos relacionados con el financiamiento ilegal de la política. Pero, más que nada, a que hemos asistido a procesamientos e investigaciones, muchos de los cuales derivan en salidas alternativas o libertades vigiladas, a pesar del grave perjuicio fiscal que han generado.
¿Qué provoca eso? Una sensación de impunidad en la sociedad y, más grave aún, la sensación -que no es solo una sensación- de que la justicia no es exactamente igual para todos en nuestro país y que pareciera que es más grave robar una gallina o una billetera que cometer los delitos llamados de "cuello y corbata", o el cohecho y el soborno a un funcionario por parte de un privado o, incluso, entre privados.
Esta desigualdad afecta, obviamente, a los sectores más vulnerables.
En tal sentido, la Comisión Mixta recogió esos problemas y ha dado una señal clara: no vamos a permitir la impunidad en estos casos. Y de ahí la razón de aumentar las penas o crear nuevos delitos, como la administración desleal y la corrupción entre particulares.
Esto también recoge algunos planteamientos que le hizo al país la Comisión Engel para terminar con los pagos de favores entre privados, como ocurrió en casos vinculados al fútbol.
En lo público hay que destacar la creación del delito de cohecho en razón del cargo -esto también fue bastante discutido-, sin la necesidad de la contraprestación.
No se puede olvidar lo que ocurrió en el caso Penta, que influyó, en parte, para que no fuera posteriormente sancionada por cohecho la persona imputada al no ser posible comprobar la contraprestación.
Entonces, aquí es bien importante señalar que hemos logrado un avance.
Todo lo que hagamos con estas medidas legislativas, en la creación de nuevos tipos penales, en aumentar las penas para sancionar la corrupción nos va a ayudar como sociedad y como democracia.
Por eso, tenemos que establecer todos los instrumentos necesarios para que cuando se realicen investigaciones estas lleguen a buen término. Y ojalá que la suspensión de la prescripción que plantea el proyecto con una atenuante (la cooperación eficaz) logre generar las mejores herramientas que necesitamos como país.
Yo quisiera que Chile se mantuviera como uno de los países dentro de la región en que existe el menor nivel de corrupción; que usáramos todos los instrumentos a nuestro alcance, siempre respetando el debido proceso, que nos permitieran afirmar que nos tomamos en serio la desconfianza, el escepticismo, el alejamiento que provocamos en la ciudadanía al ver que existen graves escándalos que no solo afectan a funcionarios civiles, sino que, desgraciadamente, con cada vez mayor frecuencia a nuestras Fuerzas Armadas.
Obviamente, esto termina afectando nuestra credibilidad como país.
Por eso, voy a votar a favor.
Creo que ha sido muy positivo el trabajo de la Comisión Mixta; los felicito por ello, y espero que esto sea un paso sustantivo para que como país logremos decir que vamos dejando atrás financiamientos irregulares, malas prácticas, sobornos, cohechos, desfalcos y otras situaciones dramáticas que nos han afectado en el último tiempo y que naturalmente empañan a nuestras instituciones.
Lo que tenemos que hacer es proteger y fortalecer nuestra institucionalidad y evitar que estos males ocurran.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Me han pedido abrir la votación, obviamente manteniendo los tiempos.
¿Habría acuerdo en la Sala?
En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, voy a ser bien breve, aunque es difícil no dar una opinión y fundamentar un voto como este, considerando la importancia de este proyecto.
Como han dicho muchos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, las sociedades van avanzando y los estándares van cambiando. Y eso es muy bueno.
Esta iniciativa de ley permitirá a la justicia contar con más herramientas para ejercer su función.
Agradezco a quienes participaron en este trabajo; a los Senadores que presentaron la moción que dio origen al proyecto y a nuestro Gobierno por colocarle urgencia, dado que este es un tema de gran relevancia para la sociedad. Muchas veces la legislación es posterior a las demandas de urgencia que manifiesta la comunidad.
Dicho lo anterior, quiero plantear dos temas.
El primero es que esta futura ley va a apoyar la transparencia y la justicia ante delitos graves y no tan graves que se cometen no solo en el ámbito público, sino también en el privado. Ello nos coloca en el marco de un estándar internacional que nos permitirá ir instalándonos como ejemplo, sobre todo, en países de Latinoamérica.
El otro asunto que deseo señalar -lo estaba compartiendo recién con el Ministro de Justicia- tiene que ver principalmente con lo que va a implicar esta ley una vez publicada: el desafío para todos los funcionarios del Estado de Chile de conocer la nueva normativa, adaptarse a ella y aplicarla.
Los delitos hoy día ya no son tan simples y conllevan penas de cárcel. Por tanto, es enorme el desafío del Estado para transmitir las nuevas normas y educar al respecto, además de instalar nuevos procedimientos en el ámbito de la Administración Pública, los cuales tienen que ver no solo con capacitar, sino también con cambiar ciertos procesos que permitirán hacer más efectiva la aplicación de la ley.
En consecuencia, voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
Este proyecto es muy importante y, sin duda, va a significar un antes y un después en la historia de este tipo de delitos, que se cometen principalmente en el sector público, donde más duele, donde más necesidades de probidad hay y donde muchos de los ciudadanos sienten que había una enorme impunidad.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, la corrupción destruye no solo a la sociedad, sino a la nación entera. Por tanto, todo esfuerzo tendiente a contenerla, a controlarla y a eliminarla es fundamental.
En tal sentido, el cohecho en política y el soborno en la Administración Pública son dos elementos sobre los que se debe actuar de forma decidida y clara, no solo con procedimientos que permitan garantizar la transparencia, sino también con normas legales claras y precisas que especifiquen y tipifiquen el delito.
Pero lo más importante son los principios éticos que están detrás. Precisamente lo que debemos reforzar es cómo lograr que nuestra sociedad recupere los principios éticos fundamentales no solo en la política, sino también en la Administración Pública.
En tales principios se debe basar el esfuerzo para explicar, posteriormente, cuándo determinadas acciones los transgreden y se convierten en delitos y qué penas se van a aplicar.
Se requieren reglas claras, pero también la capacidad de controlar el cumplimiento de estas. ¡Es lo que el país necesita!
Por eso felicito el trabajo de la Comisión Mixta, que propone disposiciones claras y precisas, acordes a los momentos actuales.
Nuestro entorno, nuestro vecindario, nos da ejemplos de lo que ocurre en esta materia. Las naciones están siendo afectadas por fuerzas contrarias al orden, como el narcotráfico.
Una vez que se instala la corrupción, comienzan todos los grandes problemas: crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas, espionaje.
Por lo tanto, controlar en la base es fundamental.
El índice de percepción de corrupción, administrado por Transparencia Internacional, así lo indica. Si bien nos destaca en Latinoamérica con el segundo lugar en menor riesgo de corrupción, nos muestra cómo a nivel mundial hemos ido variando: desde el 2014 hasta la fecha, bajamos nuestro puntaje, lo que nos hizo disminuir dos puestos en el ranking.
Lo más importante son los hechos que están saliendo a la luz todos los días. ¡Qué bueno que se estén sabiendo! De alguna manera eso demuestra la transparencia que necesitamos impulsar. Todos los actos públicos tienen esa condición: ser públicos y ser transparentes.
Sin embargo, aquellos que usan medidas no adecuadas y generan situaciones que escapan a la probidad deben ser controlados. La tipificación de los delitos y el endurecimiento de las penas así lo van a permitir.
Tenemos que entender que nuestra sociedad no va a ser capaz de mejorarse de la enfermedad de la corrupción si no logra ir a la esencia, al origen, a los principios éticos fundamentales, que van mucho más allá de los principios religiosos. La ética debe iluminarnos; debe ser parte de nuestra formación ciudadana y cívica desde jóvenes; debe ser parte de aquellos que quieren servir en el ámbito público. Con buenos principios no se transgreden las normas.
Y en caso de que ello ocurra, las personas sabrán a qué se enfrentan. No basta con fijar reglas claras; también hay que hacerlas cumplir.
Voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, al igual que otros colegas, felicito el trabajo de la Comisión Mixta y el de su Presidente, el Senador Huenchumilla.
También valoro el rol del Ministro señor Larraín, por su labor de articulación y coordinación y su disposición para avanzar en acuerdos.
Asimismo, celebro el esfuerzo de los Diputados, en especial, el de la compañera Catalina Pérez, de Revolución Democrática, quien jugó un rol muy protagónico en esta materia y participó de la Comisión Mixta.
Es un avance en Chile que podamos aumentar las penas para diferentes delitos de corrupción.
Se introducen nuevas penas y modificaciones a figuras penales: inhabilitación absoluta, temporal y perpetua, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos de la Administración del Estado; supresión del Nº 2 del artículo 223; enmienda al delito de malversación de caudales públicos; distracción de fondos o desfalco; fraude al fisco; negociación incompatible; exacción ilegal; cohecho sin contraprestación; aumento de penas privativas de libertad real; cohecho primera figura agravada; cohecho segunda figura agravada; soborno sin contraprestación; soborno del inciso final del artículo 250; cohecho de funcionarios públicos extranjeros; inhabilitación para altas autoridades o funcionarios con especial poder de decisión; normas de adecuación y de prescripción; cooperación eficaz; nuevos delitos de corrupción entre particulares y con empresas privadas; administración desleal, etcétera.
Se ha hecho un trabajo muy serio, a fondo, muy acucioso.
De la Comisión Mixta surgieron nuevas propuestas, como lo relativo al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, soborno a funcionarios públicos nacionales y extranjeros, corrupción entre particulares, etcétera. Y se plantearon nuevas multas, aumento de las ya existentes, incremento de sanciones, penas privativas de libertad.
En mi opinión, como ya se dijo acá, estamos elevando los estándares. Así se construye una democracia sana, de mayor calidad; una democracia que genera los mecanismos efectivos para combatir la corrupción.
Tengo la convicción de que la mezcla de una sociedad desigual -¡altamente desigual como la chilena, donde la propiedad y la riqueza se concentran en el uno por ciento más rico de manera muy brutal!- con corrupción e impunidad es una bomba de tiempo para nuestra democracia y para la emergencia de nuevos populismos neofascistas, como estamos viendo en Estados Unidos, en Brasil y en otros países, todo lo cual, sin duda, va a generar un gran impacto en Chile.
Por lo tanto, todo lo que hagamos a tiempo para impulsar mecanismos efectivos de disuasión real y de prevención contra la corrupción es positivo.
Muchos de los casos de corrupción que hemos conocido y que han tenido connotación pública en los últimos años, como los de financiamiento ilegal de la política y soborno -de hecho, en este Congreso antiguos parlamentarios recibieron, simultáneamente a la remuneración elevada que corresponde como tales (más de nueve millones de pesos), otro sueldo de parte de grandes empresas, por meses y de forma sistemática-, con esta nueva ley, habrían sido objeto de altas penas, incluso de cárcel.
Lo que genera impotencia y frustración en la sociedad es que hay un discurso de mano dura para los portonazos, para los delitos contra la propiedad, para el microtráfico de drogas -se plantea "aula segura" y no sé qué otras cosas-; sin embargo, para los poderosos en Chile, el criterio pareciera ser la impunidad.
Estamos viendo una crisis transversal en distintas instituciones chilenas: Fuerzas Armadas, Carabineros, Parlamento, empresas privadas. Si prima el criterio de impunidad, vamos a generar una sociedad cada vez más violenta, más fragmentada.
Como dijo alguna vez la hermana Nelly, que trabaja en las cárceles chilenas, los penales están sobrepoblados de personas pobres. En Chile se criminaliza la pobreza.
Algo similar dijo también Lucho Roblero, capellán de Gendarmería: en Chile existe una criminalización de la pobreza y se castiga a los que roban poco, pero a los que roban mucho se les deja libres, sin penas.
Vuelvo a felicitar a la Comisión Mixta por el trabajo realizado. Voto a favor de su informe.
Esta iniciativa es un antídoto contra la corrupción, con estándares mucho más altos, y fortalece nuestra democracia.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer, como Presidente de la Comisión de Constitución y Presidente de la Comisión Mixta que estudió las divergencias suscitadas a raíz de este proyecto de ley, a todos quienes participaron en la profunda y respetuosa discusión que sostuvimos en dichas instancias.
La verdad es que yo llevo recién ocho meses en el Senado y ha sido valiosa la experiencia de presidir esta Comisión Mixta, en la que reconozco la labor muy profesional que hicieron los parlamentarios y las parlamentarias integrantes. Deseo recalcarlo porque tal manera de proceder compatibiliza, a mi juicio, el trabajo riguroso y serio con el debido respeto que debemos tenernos, y me refiero a la gente tanto de Gobierno como de Oposición.
Esa es una buena forma de legislar, por cuanto genera un producto definitivo que hoy día alcanza el consenso de todos.
Además, quiero resaltar la excelente disposición y absoluta presencia del señor Ministro de Justicia, don Hernán Larraín. Debatir con él es una buena demostración de cómo, pese a estar en veredas distintas por la situación política, se puede trabajar al servicio del país de forma muy notable, como ocurrió en esta oportunidad.
Saludo también al Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, don Sebastián Valenzuela, quien nos acompaña en la Sala. Él tuvo una destacada participación en el estudio de este proyecto. Muchas veces uno olvida que, detrás de todos los análisis jurídicos, están los asesores, quienes cumplen un rol muy importante. Sin duda, Sebastián así lo hizo. Por tanto, vaya nuestro reconocimiento para él.
Del mismo modo, deseo reconocer la labor de la Secretaría de la Comisión de Constitución, en la persona de su Secretario, don Rodrigo Pineda. Él, de una manera superprofesional, junto con sus abogados ayudantes y todo el personal prestaron el soporte necesario para que pudiéramos efectuar un muy buen trabajo.
Al respecto, la experiencia en dicho órgano técnico en estos ocho meses me dice que este debería tener dos Secretarías. Creo que el Senado debería estudiar tal posibilidad en su momento a través de la Comisión de Régimen Interior.
La Comisión de Constitución tiene una gran cantidad de trabajo: ¡unos 300 proyectos! Algunos se envían a otras Comisiones, pero, así y todo, ¡es enorme la cantidad de trabajo! Hay una sobrecarga evidente.
Me tomo la licencia, señor Presidente, en esta oportunidad para señalar que la Mesa del Senado debería estudiar esa alternativa con el fin de aliviar el profundo trabajo que recarga a la Secretaría de nuestra Comisión. Creo que lo propuesto podría llegar a concretarse si se cuenta con buena voluntad para resolver el problema.
Eso es lo primero que quería señalar, señor Presidente.
Con relación a la iniciativa que estamos analizando, deseo hacer una breve reflexión política.
Curiosamente, todos nos hallamos muy contentos porque estamos despachando un proyecto que establece nuevos delitos y penas más altas. Me pregunto: ¿debo alegrarme por el hecho de que en este país tengamos que legislar para elevar las sanciones y fijar nuevos delitos?
¡Estamos muy remal en muchas cosas si el fruto de nuestra alegría es el establecimiento de figuras delictuales y penas más duras!
¿Qué hay detrás de una iniciativa de tal naturaleza? Me lo pregunto, más allá del catálogo de delitos y penas que consagra este largo informe.
Tal reflexión, señor Presidente, es una conclusión que he sacado de un libro que estuvo muy de moda hace un par de años, cuyo título es una pregunta: Por qué fracasan los países. La respuesta que entrega dicha publicación es que fracasan cuando las instituciones son débiles.
El proyecto de ley busca fortalecer las instituciones del Estado y el funcionamiento del mercado. ¡Eso es lo que estamos haciendo!
No olvidemos que la sociedad tiene normas: sociales, morales. Y ocupa las jurídicas cuando las otras no son suficientes para enderezar la conducta de los distintos actores de la comunidad.
Ello se enmarca en el fortalecimiento institucional del Estado, lo que dice relación no solo con las penas, sino también con la modernización tecnológica -sin duda, en ello hemos avanzado notablemente en estos años- y con la formación de capital humano mediante la capacitación. Por tanto, afecta a los servidores del Estado en todos los ámbitos; sobre todo, en algo muy fundamental -tal cual dijo el Senador Pugh- como es la ética. Ello implica el fortalecimiento desde la educación hacia delante.
No puede ser que una sociedad se base solamente en el accionar punitivo del Estado, y que asumamos que, mientras más alta sea la pena, mejor estamos.
La iniciativa en análisis plantea un efecto disuasivo potente para controlar a quienes no son capaces de enmarcarse dentro de las normas éticas que debe observar todo servidor público. Por ende, la sociedad necesita esta herramienta jurídica. ¡Es lo que estamos estableciendo!
Al mismo tiempo, le decimos al mercado que su funcionamiento debe cumplir las normas de competencia que dicta la ley y la ética. Si no, también habrá sanciones.
Si todos estamos de acuerdo en que rige una economía de mercado, debemos asegurarnos de que opere en términos justos de competencia.
Miles de pequeños, medianos y grandes empresarios están concurriendo a las licitaciones, a las compras, a las concesiones, no solo con entidades en el extranjero, sino también con el Estado como proveedores (en municipalidades, gobiernos regionales, etcétera).
Entonces, detrás de la larga enumeración de delitos que contiene esta iniciativa y el establecimiento de penas más altas, con lo que damos una señal al Estado y al mercado, se encuentra el fortalecimiento de nuestras instituciones para tener un país mejor, sin olvidar una cosa muy importante: que la política no puede funcionar sin la ética. ¡Son cuestiones indisolubles!
Por eso la tarea no se termina simplemente con una acción punitiva más alta del Estado. Se requiere también un esfuerzo de formación para nuestros ciudadanos, para nuestro capital humano, con el propósito de construir una sociedad mejor, más justa. De esta manera, podremos resolver los nubarrones que surjan en otras partes cuando se vean debilitadas las instituciones.
A mi juicio, señor Presidente, este proyecto se enmarca en ese objetivo. Por eso es muy bienvenido lo que hemos hecho en este Senado.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, seré muy breve.
Al igual que muchos de los Senadores que ya intervinieron, deseo valorar el trabajo de la Comisión Mixta, de la que me tocó formar parte en un par de oportunidades, y la participación del Gobierno, en especial del Jefe de la División Jurídica del Ministerio, quien fue un gran aporte en la referida Comisión.
Creo que es unánime la opinión acerca de la buena labor que se ha realizado en torno a este proyecto, que crea nuevos tipos penales, establece inhabilidades, eleva las penas, etcétera.
Y, sin duda, al reforzar la institucionalidad de nuestro país no podríamos no estar de acuerdo.
Sin embargo, yo quiero hacer aquí un reconocimiento a la gran mayoría de los funcionarios públicos. Creo que cuando se habla de estos temas tan tristes, cuando se falta a la ética -como acá se señalaba- y derechamente a la legislación, se empaña a todos los funcionarios públicos.
Me ha tocado durante mi vida por muchos años ser funcionaria pública y eso me ha permitido conocer y tener la convicción de que la gran mayoría de los funcionarios públicos y las autoridades son gente de bien, que están ahí por un espíritu de servicio público. Y vaya mi reconocimiento para ellos.
Me parece que legislaciones como esta también van en beneficio de esos buenos funcionarios. Así, a través de esta normativa, aquellos pocos funcionarios públicos y autoridades que no cumplan con la legislación vigente ni con la ética serán sancionados y podremos tener la seguridad de que no volverán a ensuciar las instituciones a las que pertenecen.
Señor Presidente, voto sin duda a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, uno de los temas más complejos que nos ha tocado vivir como sociedad contemporánea en esta cuarta revolución industrial, en la era de la digitalización, se relaciona con las pérdidas de confianza.
En tal sentido, Chile hoy día se ha transformado en el país con menores índices de confianza interpersonal dentro de la OCDE: solo un 13 por ciento de los chilenos confía en su vecino.
Esa desconfianza interpersonal se proyecta a una desconfianza institucional, como hemos visto en las últimas encuestas de opinión pública. Si uno analiza eso a través del tiempo, desde los años 90 hasta la fecha ha ido en caída libre la confianza, fundamentalmente, en las instituciones de la república.
¿Cómo restablecer esa confianza?
Una de las medidas tiene que ver con instaurar estándares normativos que nos permitan sancionar drástica y duramente los delitos de cohecho y soborno. Particularmente importante es esta modificación, porque estamos estableciendo responsabilidades penales para las personas jurídicas.
Y tal como se está avanzando en esta dirección, tenemos otro proyecto que también se encuentra sobre la mesa y que fue presentado colectivamente por muchos de los Senadores presentes hoy en este Hemiciclo, para fijar responsabilidades de las personas jurídicas, por ejemplo, frente a delitos ambientales.
Entonces, establecer y sancionar los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas; tipificar los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y establecer claramente responsabilidades penales a las personas jurídicas en el caso de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, claramente, va en la dirección correcta.
Pero el establecimiento de estándares normativos no es suficiente. Aquí se requiere también trabajar en los temas de cultura, que dicen relación con cómo somos capaces efectivamente de consagrar una cultura del servicio público en la cual finalmente los servidores trabajen genuinamente por los intereses de sus representados.
Y este es un tema al cual el Congreso Nacional se ha abocado en el último tiempo.
Hemos logrado sacar adelante un cúmulo de proyectos de ley que van en esa dirección. Y aprovecho de felicitar -por su intermedio, señor Presidente- no solo al Presidente de la Comisión, Francisco Huenchumilla, sino también al Ministro de Justicia, quien hizo de este tema uno de sus caballos de batalla durante toda su permanencia en el Hemiciclo. Aprovecho esta intervención para hacerle un homenaje al Ministro Hernán Larraín. Él trabajó siendo un adalid de este tema no solo en el contexto nacional, sino también en el latinoamericano. Me tocó acompañarlo en un par de actividades con otros parlamentos y buscar experiencias, replicar experiencias, transmitir experiencias de lo que estaba avanzando el Congreso Nacional.
Debemos ser capaces de proyectar que acá se está actuando con probidad, poniendo y anteponiendo los intereses de los representados por sobre cualquier otro interés particular.
De igual forma, tenemos que avanzar en términos de que lo que se realiza, lo que se discute en este Parlamento no quedará en una caja negra donde nadie sabe finalmente el trabajo desplegado por cada parlamentario, en las Comisiones, en las sesiones de Sala y también en la labor tan importante de representación que les cabe a los parlamentarios, que es una de las funciones que está de alguna manera menospreciada, pero que es vital para hacer gestión con miras el desarrollo de nuestras comunidades locales y regionales.
Por tanto, acá tenemos un desafío.
Esta es una muestra de que podemos avanzar.
Además, debo hacer presente que este proyecto se inició en una moción.
Quiero valorar -por su intermedio, señor Presidente- que el Gobierno le haya puesto urgencia a una moción, por supuesto, trabajando en su corrección, formulando indicaciones, pero siendo capaz de recoger, de reconocer el trabajo del Parlamento.
¿Hay tareas pendientes? Muchas.
Existen una serie de proyectos que me gustaría que tuvieran pronta tramitación. De algunos soy autor.
Uno de ellos es el que presenté el día que asumí como parlamentario en este Congreso Nacional, el año 2006, relacionado con el límite a la reelección indefinida de Diputados, Senadores, Alcaldes, Concejales y Cores.
¿Y qué pasó con ese proyecto?
Después de doce años, ¡doce largos años!, fue aprobado por la Cámara de Diputados en general y en particular; llegó a este Hemiciclo, se aprobó en general, y hoy día está al fondo de la tabla, en el último cajón de la Comisión de Constitución.
Quiero aprovechar -por su intermedio, señor Presidente- de señalar que la Comisión Engel, que se formó para establecer una agenda de probidad, planteó el límite a la reelección como uno de los temas para abordar. Por tanto, pido que la iniciativa mencionada se ponga en discusión, para que, en definitiva, se entienda que acá no hay castas permanentes que al final se apropian del poder, sino que aquí somos capaces de abrir las ventanas para que entre aire nuevo. No debemos aferrarnos al poder, sino, por el contrario, tenemos que entender que el poder es un mandato que el pueblo da y que el pueblo quita.
Entonces, yo simplemente quiero valorar el proyecto en análisis, que va en la dirección correcta.
¿Se requiere hacer más? Sí, se requiere hacer mucho más. Pero Chile está dando lecciones.
En tal sentido, debemos hacernos un llamado a nosotros mismos a valorar lo que estamos haciendo; a dejar de ser autoflagelantes permanentes; a reconocer cuando finalmente el Congreso Nacional es capaz de empezar a establecer estándares normativos, que -créanme- son también estándares para América Latina.
Algunos señores Senadores y algunas señoras Senadoras señalaban que nuestro país estaba bien ranqueado en materia de probidad en el contexto de América Latina. Pero eso no es para quedarnos tranquilos. Esto también es una señal de permanente preocupación, para que los estándares normativos sigan siendo cada vez más exigentes, para que la función pública sea progresivamente más transparente y para que, en definitiva, los ciudadanos perciban que acá estamos trabajando en pos del bien común.
Para trabajar en pos del bien común se requiere no solo más transparencia, sino también más comunicación de lo que aquí se hace.
En definitiva, a mí me gustaría que avanzáramos en otro tipo de elementos. Recuerdo los resúmenes de las sesiones que eran publicados en los medios nacionales antes de 1973, donde la gente tenía la oportunidad, la posibilidad de saber de qué se debatía en este Parlamento.
¡Ese es uno de los temas clave! Porque es parte de la brecha que los ciudadanos perciben entre las materias que interesan a los ciudadanos y las materias que se discuten en este Parlamento.
Entonces, ven a la política como irrelevante o que no posee ninguna capacidad de influir en las personas.
¡Tenemos que hacer que la política sea nuevamente relevante! ¡Hay que establecer la política de nuevo como un instrumento al servicio de las personas! ¡Hay que redignificar la política!
Y hoy día, señor Presidente, estamos avanzando en ese camino.
Agradezco a todos aquellos que participaron en la discusión de este proyecto de ley, presentando indicaciones; a los autores de la moción; a la Comisión de Constitución; a la Comisión Mixta, y, por supuesto, vuelvo a reiterar mis felicitaciones, mis respetos al Ministro de Justicia, Hernán Larraín.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, me parece que el proyecto de ley que estamos sometiendo a consideración y aprobando en esta sesión, después de un largo debate parlamentario y de la discusión en Comisión Mixta, es fundamental para nuestra democracia.
Hablamos de un proyecto que modifica el Código Penal en materia de cohecho y soborno e introduce cambios en otros cuerpos legales y que fue iniciativa de los Senadores Araya, De Urresti y Harboe y de los entonces Senadores y actuales Ministros de Estado Alberto Espina y Hernán Larraín.
La corrupción es un flagelo que afecta a las sociedades y que es necesario enfrentar con fuerza y voluntad resuelta. Esta daña el prestigio de las instituciones; afecta su legitimidad. Pero lo más complicado es que perjudica a las personas, porque hace que las decisiones que adoptan las instituciones no se lleven a cabo pensando en el bien común, en lo que es mejor para el país, sino considerando el interés de quien paga, y de quien paga cometiendo un delito, un ilícito penal que debe ser sancionado de manera enérgica y clara.
Sociedades con altos niveles de corrupción han generado un sistema en que las decisiones públicas dependen del pago de los privados. Y las empresas incluso consideran dentro de sus ítems de gasto la compra del funcionario que debe adoptar esa decisión. Esta es una especie de impuesto, pero un impuesto que no tiene asociado un ingreso para el Estado, para financiar políticas públicas o sociales, sino que termina en el bolsillo del funcionario.
Y eso es precisamente lo que debemos evitar y, cuando ocurre, erradicar de manera enérgica en nuestra sociedad.
Por eso este proyecto es un avance, porque establece una nueva regulación en materia de tipificación de delitos, actualizando los tipos existentes y estableciendo nuevos tipos penales; aumenta las penas -lo más importante-, ya que muchos delitos que estaban tipificados como simples delitos ahora son crímenes; establece nuevas normas de prescripción, e incorpora técnicas especiales de investigación.
A la vez, se contemplan agravantes que es necesario mencionar, como la pena efectiva, en la mayoría de los casos, para las altas autoridades de elección popular o de los primeros niveles jerárquicos que estén involucradas en estos ilícitos. Y, además, considera relevante la cuantía y los montos afectados cuando se comenten estos ilícitos.
Yo quiero destacar, en particular, el avance en la tipificación del cohecho sin contraprestación o por mera actividad, algo que se encuentra tipificado en la legislación española hace un siglo, que generó todo un debate en la Comisión, pero que finalmente fue acogido y que se considera dentro del marco de esta nueva regulación.
Me parece fundamental, a propósito de lo que decía el Senador Huenchumilla, que entendamos como sociedad que no basta con la tipificación y la aplicación efectiva de sanciones a quienes cometen estos delitos.
Por cierto que se requiere una disuasión eficiente, efectiva y el temor ante la acción punitiva del Estado respecto de aquellos que transgreden la ley y transgreden principios básicos de convivencia. Pero el principal desafío es la formación de los ciudadanos y, particularmente, de los servidores públicos para que no cometan estos ilícitos.
Es necesario preservar el sentido de la función pública como una actividad de servicio público, en que las instituciones adopten sus decisiones -como lo señalé anteriormente- pensando en el bien común y no en el interés de quien ha sido comprado o quien paga por obtener una decisión favorable de parte del Estado.
Se trata de un desafío permanente.
Y, por tanto, se requiere aquí no solo un cambio de legislación con un salto cualitativo, como el que expresa la normativa que hoy vamos a aprobar, sino, sobre todo, la transmisión de valores para formar a los servidores públicos y a los funcionarios públicos a fin de erradicar definitivamente este tipo de conductas en nuestro país.
Por todo lo anterior, señor Presidente, voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (33 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Soria.
No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, deseo agradecer la forma como el Senado ha trabajado en esta oportunidad.
Y, en particular, quiero reconocer la labor de la Comisión Mixta, de todos sus integrantes, tanto de los miembros de la Comisión de Constitución de esta Corporación como de quienes representaron a la Cámara de Diputados, porque hicieron un trabajo de excepción que nos permite, en un clima de acuerdo y de buena voluntad, lograr resultados importantes para nuestro país que, creo, nos ponen en un nivel de exigencia de orden internacional.
Agradezco, en particular, al Presidente de la Comisión, Senador Huenchumilla, por su conducción; a quienes desde la Comisión del Senado, como siempre, ayudaron a la Comisión Mixta. También valoro el trabajo que se desarrolló por los equipos técnicos de nuestro Ministerio.
El conjunto de esta buena voluntad nos permite enfrentar con mucha convicción de que por esta vía los chilenos pueden confiar en que los estándares para los funcionarios públicos son muy altos y que salirse de esa línea, traicionar en el uso de los recursos de todos los chilenos a quienes son sus destinatarios, tendrá un costo muy elevado.
Así que, nuevamente, señor Presidente, expreso una gratitud muy grande a todos los que han hecho posible este resultado tan significativo para nuestro país.