TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO MEDIANTE INCLUSIÓN DE SOPORTE Y TRAMITACIÓN ELECTRÓNICOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, primero, valoro el proyecto, porque quienes creemos que el Estado debe jugar un rol fundamental en la conducción estratégica del país, en garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos sociales y en dinamizar el ámbito económico -en suma, cumplir con sus objetivos-, concluimos que ello exige que sea robusto, moderno y, por cierto, utilice todas las herramientas tecnológicas existentes.

Todos debemos contribuir a su modernización. Eso constituye un desafío mayor, porque los ciudadanos se ven beneficiados cada vez que la Administración hace bien las cosas.

Este proyecto es un paso en esa dirección. Se hace cargo de una necesidad muy sentida de agilizar y dar mayor certeza jurídica a los usuarios de la Administración.

Por ello, estamos de acuerdo con la idea de legislar. Sin embargo, es un proyecto perfectible y debiera en su tramitación en particular, una vez que se apruebe en general, mejorar aspectos fundamentales.

El precedente que existe en nuestro ordenamiento jurídico sobre tramitación electrónica está en el ámbito judicial, a partir de una moción presentada en su momento por un grupo de Senadores (los Honorables señores De Urresti, Harboe y Araya, junto a los actuales Ministros señores Hernán Larraín y Alberto Espina).

Dicho proyecto, hoy ley N° 20.886, planteó una filosofía clara de digitalización del procedimiento civil, formuló un conjunto de principios en que esa filosofía se expresa y luego fue introduciendo las modificaciones correspondientes.

En su momento, el proyecto de los Senadores mencionados buscó agilizar los procesos, abaratar los costos de litigación, establecer una litigación responsable por parte de los abogados y generar una mayor cercanía de los ciudadanos con un sistema de justicia civil atrasado. Todo ello, como antesala a la tantas veces anunciada reforma al sistema procesal civil, procurando un verdadero cambio de paradigma en la administración de justicia, con un sistema integrado de información judicial, abaratamiento de costos, tanto para la administración de justicia como para los litigantes, y contribuyendo al medio ambiente, a la mayor seguridad y acceso a los expedientes, así como a las mejoras en las notificaciones.

Esos buenos objetivos están en el proyecto que hoy se discute en general en esta Sala. No obstante, en la tramitación legislativa debemos mejorar su redacción para que quede claro cuál es el esquema global que debe expresarse a través de la incorporación de las nuevas tecnologías.

Asimismo, es necesario un mayor desarrollo respecto de cómo se insertan en estas innovaciones los ciudadanos y ciudadanas, así como los trabajadores del sector público.

En el caso de la tramitación electrónica judicial, muchos de los usuarios cuentan con mayores herramientas para adaptarse más rápidamente a los cambios, pero eso no es usual en la mayoría de quienes requieren las atenciones de los servicios de la Administración Pública.

Nuestro país no escapa a la brecha digital, especialmente entre las personas mayores y también de zonas aisladas. ¿Qué ocurrirá, por tanto, con quienes son beneficiarios de una pensión básica solidaria o tienen derecho al aporte previsional solidario, solo por citar un par de ejemplos?

Creo que el proyecto debiera explicitar los mecanismos mediante los cuales se facilitará el acceso ciudadano a este nuevo modo de vincularse con la Administración y, junto con ello, dar una capacitación suficiente a los funcionarios públicos para el manejo adecuado de estas nuevas plataformas.

Y lo mismo ocurre respecto de los municipios. Así como hoy algunos de ellos están muy avanzados en esta materia, hay otros que no cuentan con herramientas electrónicas para la realización de trámites. Es necesario, por tanto, equiparar el nivel en el cual se desarrolla esta actividad por parte de municipios que son muy disímiles en cuanto a sus recursos y grado de desarrollo.

Se requiere también precisar los tiempos de implementación, a fin de que estos sean lo suficientemente extensos para una implementación efectiva, pero lo suficientemente acotados para que esta necesaria modernización se haga realidad lo antes posible.

Me parece que un tema que debiera ser abordado, a propósito de la discusión de esta iniciativa, es el que dice relación con la ciberseguridad.

El Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha señalado que durante el primer año y medio de vigencia de la Ley de Tramitación Digital fueron víctimas de millones de ciberataques externos y que los pudieron enfrentar gracias a los sistemas de seguridad implementados.

Pero es evidente que en nuestro país, no solo en el sector público, sino también en el privado, estamos muy lejos de contar con herramientas adecuadas para enfrentar estas nuevas amenazas, para evitar fraudes o la comisión de delitos y para proteger la información de los ciudadanos.

Por eso, creo que este proyecto es una oportunidad para iniciar el debate imprescindible en pos de contar con una institucionalidad que otorgue las prestaciones adecuadas; que se encuentre en condiciones de responder a las amenazas a la ciberseguridad, y que proteja los procedimientos e, insisto, a los ciudadanos.