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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO MEDIANTE INCLUSIÓN DE SOPORTE Y TRAMITACIÓN ELECTRÓNICOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS


El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que establece bases de los procedimientos administrativos en materia de documentos electrónicos, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.882-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 31ª, en 10 de julio de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 58ª, en 10 de octubre de 2018.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El principal objetivo de esta iniciativa es efectuar una transformación digital del Estado incorporando el soporte y la tramitación electrónicos en los procedimientos administrativos de los actos de los órganos de la Administración.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi y Galilea.
Cabe hacer presente que diversas disposiciones tienen rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 25 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 29 a 39 del primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, la ley en proyecto, que hemos llamado "de transformación digital del Estado", es sumamente relevante en la Agenda de Modernización del Estado (valga la redundancia). ¿Por qué? Porque materializa una serie de principios muy asociados al cambio tecnológico que se está registrando a nivel global.
Hoy día nos hallamos inmersos en lo que los expertos denominan "cuarta revolución industrial" -sería la revolución del big data, de la inteligencia artificial, de la biología-, que establece una serie de cambios en los paradigmas y formas de funcionamiento y relación no solo entre las personas sino también entre las instituciones.
Eso está teniendo un efecto a nivel global -y también en Chile- muy muy significativo.
Por lo tanto, con este proyecto buscamos dar un paso en el sentido de ir incorporando a nuestras instituciones, al Estado en la cuarta revolución industrial.
Actualmente el Estado tiene un conjunto de dificultades estructurales para avanzar en su modernización: problemas de coordinación; de desintegración de datos; de falta de procedimientos homologados para que las distintas instituciones conversen entre sí.
Ello, al punto que en los últimos cien años hemos pasado de un Estado con 6 ministerios, en los inicios del siglo XX, a otro con 23 (24, si consideramos el Ministerio de Ciencia).
Lo mismo ha sucedido con los servicios públicos. Hace cien años teníamos una docena; hoy día existen más de 50, a lo que hay que sumar los gobiernos regionales, los municipios, en fin, y todas las instituciones privadas pero que cumplen funciones públicas.
Por lo tanto, con este proyecto buscamos romper el paradigma de los compartimientos estancos, de los giros con que han venido evolucionando las instituciones públicas y generar un verdadero Estado digital.
¿Cómo hacemos eso? Fundamentalmente, materializando un principio que planteó el Presidente de la República en su campaña, que es simple, pero muy
profundo: que nunca más el Estado les pida a los ciudadanos un papel o un certificado que está en poder de él.
Hoy día el Estado pone el peso de la prueba en las personas; básicamente, les traspasa a estas el costo de los trámites de la burocracia, en vez de preocuparse de resolver la situación en el back office, coordinándose internamente.
Al respecto, contaré una anécdota personal (nunca es bueno hacerlo; ahora me parece apropiado, pero solo con fines ilustrativos).
Cuando el Presidente de la República iba a nombrar a sus ministros y ministras, la Contraloría nos exigió para asumir nuestros cargos la presentación de tres certificados que estaban en poder del Estado, pues este los emite: de nacimiento, de situación militar al día y de antecedentes.
Todos esos documentos son emitidos por instituciones públicas. Por lo tanto, es lógico que cuando ellas necesitan certificados como los que señalé el Estado converse por detrás del mesón y les facilite la vida a los ciudadanos.
Imaginen lo que tal exigencia significa ante los millones y millones de trámites que se realizan y los millones de solicitudes que se formulan anualmente en el ámbito público.
Por ejemplo, para postular al beneficio del subsidio único familiar se requieren tres o cuatro certificados que emite el Estado; otro tanto sucede en el caso del subsidio para la vivienda.
En definitiva, se busca establecer mecanismos de tramitación electrónica; crear sistemas interoperables de bases de datos del Estado de manera que puedan conversar entre sí, y traspasarles a las instituciones públicas el deber de generar digitalmente todos los procedimientos y trámites, al objeto de tener una relación mucho más cercana y sencilla con la ciudadanía, en la que el peso de la prueba ya no esté en ella sino en el Estado.
¿Qué hace este proyecto?
Modifica diversos cuerpos legales para contar con una Administración ágil y eficiente, ahorrarle tiempo a la gente y desarrollar un verdadero Estado digital.
¿Cuáles son las principales enmiendas?
Varias están dirigidas a la ley N° 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos, fundamentalmente para aumentar la eficiencia de estos.
Por ejemplo, se le impone al Estado la obligación -por ende, ello ya no será optativo- de que los referidos procedimientos sean electrónicos y tengan un expediente digital.
Sin duda, se dispondrá de mecanismos y herramientas tradicionales, convencionales, en fin, pues muchas veces las personas, por distintas razones, no pueden acceder a las plataformas electrónicas, o bien, algunos procedimientos tienen que realizarse por la vía física.
Sin embargo, el soporte en papel va a ser la excepción cuando la índole del acto administrativo así lo requiera: la regla general serán el trámite y el expediente electrónicos.
Aquel es un primer punto.
¿Cuál va a ser la consecuencia? Que se les permitirá a los ciudadanos presentar todas sus solicitudes en línea; seguir desde las plataformas digitales la tramitación de los procedimientos iniciados; obtener copias en línea, así como recibir del Estado notificaciones electrónicas.
Por la vía indicada apuntamos a crear para cada ciudadano una verdadera bandeja o carpeta digital donde estén todos los trámites y procedimientos a fin de que los consulten permanentemente y sin costo alguno.
Asimismo, establece la obligación de efectuar por medios electrónicos las notificaciones derivadas de los procedimientos administrativos.
Un reglamento va a regular la forma como los órganos de la Administración realizarán dichas notificaciones.
Empero, el proyecto dispone el avance hacia la existencia de procedimientos unificados. Porque si cada institución tiene su propio sistema, el mecanismo diseñado no va a funcionar.
Se preceptúa que los actos de los órganos de la Administración se difundirán en forma digital.
También la comunicación entre los órganos del Estado será electrónica.
De otro lado, se crea un sistema documental digital para el Archivo Nacional.
Eso reviste gran importancia, pues el Archivo existente en la actualidad tiene un alto grado de obsolescencia, porque sus recursos y capacidades son muy pocos.
Al efecto, se introduce una modificación al DFL N° 5.200 al objeto de imponer la obligación de, tras una serie de plazos y de una transición razonable, establecer un mecanismo de archivo digital en remplazo del sistema de archivo actual, que es esencialmente físico.
Además, se consagran procedimientos para dotar de validez jurídica a los documentos digitalizados.
Señor Presidente, queremos iniciar cuanto antes y del modo más ágil posible la discusión particular de este proyecto, porque nos parece que estamos muy atrasados en esta materia.
Nuestro propósito es meterle al Estado un poquito de (excúsenme por usar esta expresión) Silicon Valley; de novedad, de innovación, de creatividad; de capacidad para organizarse y entender su relación con los ciudadanos de manera más moderna
La idea es que el Estado, que cumple una función tan vital para nuestra sociedad, pueda transitar desde el siglo XX y entrar plenamente al siglo XXI, con las herramientas y tecnologías actuales.
Nosotros apuntamos a dos premisas fundamentales, sencillas, pero que tienen un impacto muy profundo: la primera -como dije-, que el Estado nunca más les pida a los ciudadanos un papel o un certificado que está en poder de él; y la segunda, que las personas, cuando vayan a realizar un trámite en una oficina pública, se encuentren con una plataforma de acceso digital; ello, sin perjuicio de que seguirán existiendo las oficinas físicas, que continuarán siendo importantes.
O sea, deseamos que haya la posibilidad de que, por ejemplo, desde un teléfono inteligente, desde un smartphone, los ciudadanos entremos a una plataforma que nos permita llegar a todos los servicios y realizar todos los trámites en un sistema digital integrado y de acceso único.
Hacia allá están avanzando el mundo y las tecnologías.
Durante los últimos años, en esta cuarta revolución industrial se ha abierto una enorme cantidad de posibilidades.
A partir de la ley en proyecto existe la probabilidad muy cierta de, como puntapié inicial, definir una verdadera política de Estado en materia de transformación digital.
Queremos empujar para que nuestro Estado se halle a la vanguardia en esta materia. Y para ello es muy relevante que esta tarde se apruebe la idea de legislar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Reitero que para aprobar en general este proyecto se requieren 25 votos favorables.
Sé que varios Senadores y Senadoras se encuentran en distintas Comisiones. Una de ellas es la de Educación.
Lo hago presente para el evento de que se pida abrir la votación, pues en este momento no existe el quorum exigido.
En su calidad de Presidente de la Comisión de Gobierno, tiene la palabra el Senador señor Araya para dar cuenta del informe emitido por dicho órgano técnico.


El señor ARAYA.- Señor Presidente, mediante esta iniciativa, que se originó en un mensaje del Presidente de la República, se pretende transformar digitalmente el sector público para lograr una mejor calidad en la entrega de servicios a los ciudadanos y una mayor efectividad en la gestión de los órganos de la Administración del Estado.
En los fundamentos de este proyecto se expresa que, aun cuando estamos en el año 2018, el Estado sigue desarrollando gran parte de los procesos a través del papel, por lo que los ciudadanos deben esperar hasta meses por una respuesta en algunos trámites y los funcionarios tienen que ingresar datos manualmente entre una plataforma y otra, perdiendo días en procesos que muchas veces carecen de sentido.
Lo anterior, si bien no ocurre en todas las instituciones públicas pues sucesivas administraciones han ido implementado distintos avances en materia digital, todavía existe un alto porcentaje de sectores que están sujetos a la tramitación en papel, lo cual impide aplicar de mejor manera los principios de servicialidad, eficiencia y eficacia en el actuar de los órganos de la Administración del Estado.
El texto propuesto hace hincapié en que no existe ninguna razón para que a este nivel de desarrollo digital no tengamos un Estado más moderno y eficiente, y en que no se trata de un problema de recursos, porque la tecnología se halla disponible masivamente y a bajo costo.
Por otra parte, se considera una externalidad positiva el impacto en el medio ambiente como consecuencia del ahorro de grandes cantidades de papel.
La principal barrera para lograr una verdadera transformación digital, de acuerdo con el mensaje, es la masiva presencia de procedimientos que todavía se desarrollan sobre la base del papel y que requieren muchas veces, además, su presentación permanente.
Por ello, esta iniciativa propone modificar algunos cuerpos legales vigentes de manera que los procedimientos estén concebidos y diseñados en formato electrónico a base de documentos digitales, así como las comunicaciones oficiales dentro del Estado, pasando a ser el papel una excepción cuando existan causas que así lo justifiquen.
El proyecto se estructura sobre la base de seis artículos permanentes y cinco disposiciones transitorias.
El artículo 1º permanente, en sus numerales 1); 3); 4); 5); 6), en todas sus letras; 7), en todas sus letras; 8); 9); 10); 12), y 13), en todas sus letras; el artículo 6º permanente, y las disposiciones transitorias primera y tercera son normas de rango orgánico constitucional, por lo que su aprobación requiere 24 votos.
El texto presentado por el Gobierno mandata al Estado a fin de que no sea la persona quien lo deba estar siguiendo, sino, al revés, de que sea este el que le facilite a ella el acceso para que pueda realizar gestiones, lo que se logra mediante los siguientes mecanismos:
-Modificar la ley de procedimientos administrativos en el sentido de que todos los trámites se hagan por defecto, es decir, por vía electrónica en primera instancia. Actualmente, muchos trámites y procedimientos se pueden hacer en esa forma, pero ello está supeditado a la voluntad de los mismos servicios, entre los cuales algunos han sido extraordinariamente eficientes en progresar en esa dirección -por ejemplo, Impuestos Internos-, mientras que otros han avanzado muy poco y están rezagados.
-Impedir al Estado y a sus instituciones solicitar certificados u otros documentos de la persona con los cuales ya cuenten, puesto que lo que corresponde es que el primero proporcione la documentación que él mismo emite.
-La tramitación con el Estado será digital, para lo cual se establece la obligatoriedad del soporte electrónico y la excepcionalidad del soporte en papel. En algunos casos se permitirá la actuación presencial.
-Los procedimientos administrativos se deberán expresar por medios electrónicos y constar en un expediente del mismo tipo, lo que permitirá presentar solicitudes en línea, seguir la tramitación de procedimientos iniciados desde plataformas electrónicas, obtener copias en línea y recibir notificaciones electrónicas por parte del Estado.
-En casos calificados, los órganos de la Administración podrán autorizar la tramitación en papel de ciertos procedimientos, sin perjuicio de su posterior digitalización. Un ejemplo de lo anterior es la situación de alguien que carece de medios tecnológicos, no tiene acceso a ellos o solo actúa excepcionalmente por esa vía.
-La obligatoriedad de las notificaciones electrónicas, incluida la digital, que se practicará a través de medios electrónicos definidos por el interesado, siempre con excepciones justificadas en que se podrá solicitar que se efectúe de otra forma o a través de carta certificada, tratándose de quien carece de medios tecnológicos, no tiene acceso a ellos o solo actúa excepcionalmente por esa vía.
-La creación de plataformas electrónicas, que incorporarán sistemas y estándares seguros en que el patrón o modelo de referencia de cada una se determinará por un reglamento, dada la naturaleza cambiante de la tecnología. Los órganos de la Administración estarán obligados a utilizarlas tanto para llevar expedientes electrónicos como para el debido registro de escritos, documentos, actos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en cualquier etapa del procedimiento.
-El fortalecimiento de la interoperabilidad de la información dentro del Estado. Considerando el beneficio que implica para los ciudadanos que los documentos se encuentren en poder de la Administración, el proyecto se rige por el principio "un Estado, un trámite". Es decir, se refuerza el derecho de los interesados a eximirse de presentar documentos de información que presenten esa característica y emanen de la Administración.
-Toda comunicación entre órganos de la Administración deberá practicarse por medios electrónicos, respecto de lo cual se dejará constancia del requirente de la información, del destinatario, del procedimiento a que corresponda, de la gestión que se encargue y del plazo para llevarla a cabo.
-Asimismo, se reconoce validez jurídica a textos digitalizados emitidos originalmente en papel, para lo cual se modifica la ley N° 18.845, sobre sistemas de microcopia o micrograbación de documentos. Se establece que el mérito probatorio de las microformas que se obtengan se regirá por la ley Nº 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de identificación de esta.
-Finalmente, se crea un Sistema Nacional de Archivo Electrónico, para fines de envío, recepción, conservación y disponibilidad digital, cuyos estándares se determinarán por un reglamento.
Por todas estas razones, la Comisión de Gobierno llama a aprobar en general el proyecto de ley.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se ha vuelto a pedir la apertura de la votación.
Si le parece a la Sala, así se hará.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Con la mantención del tiempo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Por supuesto, Su Señoría. Se dispondrá de cinco minutos, más lo que se requiera. No hay ningún problema.
Se abrirá la votación, entonces, y se esperará a que vengan quienes se encuentren en una Comisión.
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir la Honorable señora Ebensperger.


La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, la iniciativa que estamos revisando y que esperamos aprobar en general, sobre tramitación electrónica de actos administrativos, supone un trascendental adelanto en nuestro país y en la modernización del Estado. Nos pondrá a la vanguardia en materia de transparencia y acceso a la información pública, de relación con la ciudadanía y de control de la labor de la Administración, y permitirá dar un paso importante hacia un Estado digital.
Con la modificación de la ley Nº 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, y de otros cuerpos legales, se recoge, en parte, la buena experiencia ya existente en la Contraloría General de la República, con el SIAPER, o en el Ministerio de Educación, con el SIGE.
El articulado facilita la tramitación del procedimiento administrativo, que finaliza con la dictación en formato electrónico del acto terminal, de manera que, durante su curso, los interesados podrán conocer el avance de las gestiones, satisfacer requerimientos de antecedentes complementarios, ser notificados oportunamente e interponer vía remota, si así lo estiman, recursos administrativos ante la decisión de la autoridad, sin tener que destinar a ello un tiempo importante, a diferencia de lo que ocurre hoy día.
El texto supone una nueva y eficaz coordinación entre los órganos de la Administración del Estado y entre estos y la Contraloría General de la República, lo que mejora sustancialmente el método de comunicación actual de la autoridad. Se terminan los oficios en formato físico y, con ello, ciertamente mejorarán los tiempos de respuesta a los interesados.
La iniciativa incide en la gestión documental. Hoy el Estado invierte recursos humanos y una enorme cantidad de dinero en clasificar, archivar y expurgar un sinfín de documentos, labor que se verá simplificada y acotada a actos dictados con anterioridad a la vigencia o a situaciones excepcionales en que se autoriza el formato físico.
Lo dicho implica un ahorro significativo y, lo que resulta aún más importante, permitirá a la propia Administración acceder a documentos sin tener que bucear en sus propios archivos. Ello evitará que se pidan a las personas documentos que obran o deberían obrar en poder del órgano que los solicita, como hoy día ya lo exige la Ley de Procedimientos Administrativos, lo que todavía no se cumple.
En la discusión particular tendremos que hacernos cargo de los desafíos en materia de ciberseguridad y salvarlos, para garantizar la integridad de los archivos que se generarán y la protección de datos personales; la forma en que se incorporará a municipios alejados de las grandes ciudades y a los que carecen de recursos suficientes para implementar los nuevos requerimientos; la capacitación de funcionarios, la gran mayoría de los cuales no son nativos digitales, y el acercamiento de los trámites a personas sin acceso a estos medios o que no saben utilizarlos, de manera de no excluir a nuestros ciudadanos que no tienen a mano los beneficios y adelantos de la tecnología.
Como dijo el señor Ministro, bienvenida a nuestro país, y particularmente al Estado, la cuarta revolución industrial.
Muchas gracias.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.


El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, es una muy buena noticia que el Estado se encuentre en el proceso de una transformación digital. En este sentido, quisiera precisar el significado de "transformarse": adaptarse; entender que el entorno ha cambiado y que es necesario adoptar formas distintas de hacer las mismas cosas que veníamos realizando durante mucho tiempo.
Sin lugar a dudas, el papel ha representado el soporte esencial para llevar a cabo en el país todos los trámites y actos jurídicos. Pero debemos entender que este medio es imperfecto y requiere una importante cadena de personas, especialmente cuando el documento tiene que ser certificado, aprobado y visado. Así, se podrían juntar hasta catorce firmas, como en algunos ejemplos en el Estado, en donde es preciso pasar por múltiples escritorios para algún trámite.
La transformación, entonces, no solo implica comprar equipos. De hecho, el presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia para este año será aumentado en forma significativa para lograr el cambio cultural que les permita a las personas entender que la transformación digital no es perder el empleo, sino precisamente robustecer al Estado. Este último no es ni más grande ni más chico: cuando la tecnología digital se emplea de manera correcta, es más fuerte.
Lo que sí me preocupa en particular es la forma en que el uso obligatorio de plataformas electrónicas, como lo señala la modificación del artículo 19 de la ley N° 19.880, se puede traducir en algo relativamente simple y sencillo, quizás. Vale decir, se seguirían ocupando computadores como máquinas de escribir. No podemos convertir un gran esfuerzo, entonces, en tratar de replicar lo que se hace hoy con el papel, porque el documento que se originaría no es electrónico; no estaría de alguna manera concebido ni controlado por una base de datos. No se trataría de un sistema transaccional que permitiera la visibilidad y trazabilidad de la información. También requeriría mecanismos de control normales, porque habría sido generado por una persona.
La transformación digital conlleva no solo identificar una estrategia digital del país con un diseño, con una arquitectura de base de datos, sino también darle seguridad. En tal sentido, el mejor ejemplo lo proporciona precisamente un Estado pequeño: Estonia, con e-government, donde existe la red X-Road, la e-land, encriptada y, además, asegurada para que todos los participantes puedan disfrutar de los beneficios de la integración de la información.
Y aquí viene el próximo paso: la integración público-privada. Si el Estado da un buen ejemplo, Chile podrá avanzar mucho más y se podrán lograr cosas que hoy vemos bastante difíciles.
¿Qué se requiere, entonces? Entender que estas modificaciones legales son necesarias, pero que la forma en que se aplicarán y los reglamentos que se desprenderán después deberán estar a la altura de los cambios.
No podemos, en efecto, cometer el error registrado en ciertas organizaciones que cuando se refieren a transformarse terminan digitalizando; algunas, solo escaneando el papel y guardándolo, y otras, continuando con la impresión. Esa no es la transformación digital del Estado, que va mucho más allá: implica crear una sociedad digital segura, algo que todavía no conocemos, pero hacia lo cual avanzamos rápidamente. Significa invertir en el desarrollo de herramientas y aplicaciones propias, pero también asegurarlas, tal como lo dice la política nacional de ciberseguridad, que señala que el Estado será el primero en favorecer el desarrollo de productos nacionales y demandarlos.
Así, espero que el Estado sea capaz de darle un ejemplo a Chile en cuanto a cómo es factible, con los recursos de que se dispone, no solo económicos, de tiempo, sino también de personas, sacar lo mejor de cada una de ellas. Probablemente, eso significaría que algunos que hacen un trabajo administrativo sencillo se transformarían en analistas de datos, para darle sentido a la información, y así mejorar, por ejemplo, la política pública. La Big Data lo logra de alguna manera.
Cabe invitar al Senado a que seamos capaces de sumarnos a la iniciativa y a que la información se pueda traspasar de esta manera con la Secretaría General de la Presidencia. Formatos electrónicos modernos permitirán prescindir del papel, disponer de una plataforma transaccional, ayudar a todos a realizar una mejor labor, aumentar la calidad de las leyes y darle a la ciudadanía la garantía de la forma y la calidad con que se realiza el trabajo.
Por eso, voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir la Honorable señora Aravena.


La señora ARAVENA.- Señor Presidente, primero deseo felicitar por el proyecto, ya que quienes hemos participado en trabajos en el sector público en alguna oportunidad de nuestra vida profesional sabemos que la burocracia reina en las oficinas y, efectivamente, no hace más eficiente el rol del Estado.
Lo segundo es que, participando en la bancada de la descentralización, juzgo importante tomar nota respecto de que la iniciativa, si bien su foco no se halla en ese propósito, de una u otra manera lo aborda, dado que hoy día el país se comunica a través de un sistema digital que permitirá que todas las personas accedan no solo a información, sino también a tramitación en línea.
El objetivo del mensaje es una transformación digital del Estado -lo hemos dicho todos- por la vía de incorporar el soporte y la tramitación electrónicos en los procedimientos administrativos. Volver a este más cercano, eficiente y transparente es, sin duda, una obligación y un deber de todos.
En este sentido, es importante considerar que el cincuenta por ciento de los trámites del Gobierno central se pueden cumplir digitalmente en la actualidad, pero que ello está lejos de hacer efectivos los principios de servicio, eficiencia y eficacia en la actuación de los órganos de la Administración del Estado.
La propuesta consiste principalmente, como lo dijeron varios de quienes me precedieron en el uso de la palabra, en una gran transformación, que implica un cambio cultural y administrativo sustancial, y no se limita a traspasar a formato electrónico la actual tramitación en papel, sino que, además, considera un nuevo compromiso del Estado con sus funcionarios, sus familias y la sociedad entera.
En comunas donde prácticamente no existen servicios públicos -en mi Región, cuya capital es Temuco, son numerosas-, quienes viven alejados tienen que viajar para realizar trámites en la capital comunal. Ello significa invertir mucho tiempo o días enteros. La iniciativa en estudio mandata al Estado para que no sea la persona la que deba seguirlo, como lo dijo hace poco rato el Ministro señor Blumel, sino que más bien sea al revés y que el primero facilite el acceso para que se pueda efectuar una diligencia.
La transformación digital es urgente por razones tales como la de que el valor del tiempo de funcionarios dedicados a la gestión documental se estima en un monto cercano a mil cien millones de dólares anuales, una cifra gigante que representa al menos el setenta por ciento de lo que gasta el Estado en pensiones solidarias. Se necesitan doscientos abogados dedicados exclusivamente a buscar documentos y cumplir requerimientos de transparencia. En las licitaciones públicas se utiliza el papel, al igual que en otros miles de actos administrativos. Cabe señalar, por vía ejemplar, que se dictan más de tres mil decretos de modificación presupuestaria. Algunas instituciones emplean más del setenta por ciento de sus días en juntar papeles.
En la COMPIN, por ejemplo, se realizan más de cinco millones de trámites en este material. El seis por ciento de los órganos de la Administración del Estado cumplen con la ley de archivos.
Una mención especial dice relación con que entidades como el Poder Judicial, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Contraloría han digitalizado sus trámites sin un mandato específico, pero son una excepción.
En tal sentido, los procedimientos administrativos deberán expresarse por medios electrónicos y constar en un expediente del mismo tipo, lo que permitirá que las personas presenten solicitudes en línea.
Se considera la obligatoriedad de las notificaciones electrónicas.
En cuanto a las plataformas, se crearán sistemas y estándares seguros en que el patrón o modelo de referencia de cada una de ellas se determinará por reglamento.
Quisiera sugerir solo que el Ejecutivo ponderara que un cambio cultural o institucional no es fácil. Creo que sería efectivo negociar, conversar o trabajar y abrir la posibilidad, durante al menos tres años, de que los programas de mejoramiento de la gestión (PMG), que se cancelan con fondos fiscales a todo el sector público, fueran vinculantes en relación con el proyecto en debate. Ello permitirá asegurarnos de la real aplicación del criterio que nos ocupa, porque una cosa es la ley y otra la cultura del papel, cuya eliminación no será tan fácil, y puede ocurrir que contemos con información digital y, paralelamente, en este último. Por lo tanto, puede no conseguirse lo que se busca, que es agilizar los trámites, ahorrar y hacer más eficiente al Estado.
Así que propongo tomar en cuenta la iniciativa. No sé si el señor Ministro se encuentra presente, pero estimo de vital importancia tramitar la instalación de la ley.
En ese contexto, felicito nuevamente por el texto, que sigue el camino correcto, a mi juicio, de hacer más eficiente y transparente el Estado.
Mi pronunciamiento es a favor en esta primera instancia de votación.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.


El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, primero, valoro el proyecto, porque quienes creemos que el Estado debe jugar un rol fundamental en la conducción estratégica del país, en garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos sociales y en dinamizar el ámbito económico -en suma, cumplir con sus objetivos-, concluimos que ello exige que sea robusto, moderno y, por cierto, utilice todas las herramientas tecnológicas existentes.
Todos debemos contribuir a su modernización. Eso constituye un desafío mayor, porque los ciudadanos se ven beneficiados cada vez que la Administración hace bien las cosas.
Este proyecto es un paso en esa dirección. Se hace cargo de una necesidad muy sentida de agilizar y dar mayor certeza jurídica a los usuarios de la Administración.
Por ello, estamos de acuerdo con la idea de legislar. Sin embargo, es un proyecto perfectible y debiera en su tramitación en particular, una vez que se apruebe en general, mejorar aspectos fundamentales.
El precedente que existe en nuestro ordenamiento jurídico sobre tramitación electrónica está en el ámbito judicial, a partir de una moción presentada en su momento por un grupo de Senadores (los Honorables señores De Urresti, Harboe y Araya, junto a los actuales Ministros señores Hernán Larraín y Alberto Espina).
Dicho proyecto, hoy ley N° 20.886, planteó una filosofía clara de digitalización del procedimiento civil, formuló un conjunto de principios en que esa filosofía se expresa y luego fue introduciendo las modificaciones correspondientes.
En su momento, el proyecto de los Senadores mencionados buscó agilizar los procesos, abaratar los costos de litigación, establecer una litigación responsable por parte de los abogados y generar una mayor cercanía de los ciudadanos con un sistema de justicia civil atrasado. Todo ello, como antesala a la tantas veces anunciada reforma al sistema procesal civil, procurando un verdadero cambio de paradigma en la administración de justicia, con un sistema integrado de información judicial, abaratamiento de costos, tanto para la administración de justicia como para los litigantes, y contribuyendo al medio ambiente, a la mayor seguridad y acceso a los expedientes, así como a las mejoras en las notificaciones.
Esos buenos objetivos están en el proyecto que hoy se discute en general en esta Sala. No obstante, en la tramitación legislativa debemos mejorar su redacción para que quede claro cuál es el esquema global que debe expresarse a través de la incorporación de las nuevas tecnologías.
Asimismo, es necesario un mayor desarrollo respecto de cómo se insertan en estas innovaciones los ciudadanos y ciudadanas, así como los trabajadores del sector público.
En el caso de la tramitación electrónica judicial, muchos de los usuarios cuentan con mayores herramientas para adaptarse más rápidamente a los cambios, pero eso no es usual en la mayoría de quienes requieren las atenciones de los servicios de la Administración Pública.
Nuestro país no escapa a la brecha digital, especialmente entre las personas mayores y también de zonas aisladas. ¿Qué ocurrirá, por tanto, con quienes son beneficiarios de una pensión básica solidaria o tienen derecho al aporte previsional solidario, solo por citar un par de ejemplos?
Creo que el proyecto debiera explicitar los mecanismos mediante los cuales se facilitará el acceso ciudadano a este nuevo modo de vincularse con la Administración y, junto con ello, dar una capacitación suficiente a los funcionarios públicos para el manejo adecuado de estas nuevas plataformas.
Y lo mismo ocurre respecto de los municipios. Así como hoy algunos de ellos están muy avanzados en esta materia, hay otros que no cuentan con herramientas electrónicas para la realización de trámites. Es necesario, por tanto, equiparar el nivel en el cual se desarrolla esta actividad por parte de municipios que son muy disímiles en cuanto a sus recursos y grado de desarrollo.
Se requiere también precisar los tiempos de implementación, a fin de que estos sean lo suficientemente extensos para una implementación efectiva, pero lo suficientemente acotados para que esta necesaria modernización se haga realidad lo antes posible.
Me parece que un tema que debiera ser abordado, a propósito de la discusión de esta iniciativa, es el que dice relación con la ciberseguridad.
El Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha señalado que durante el primer año y medio de vigencia de la Ley de Tramitación Digital fueron víctimas de millones de ciberataques externos y que los pudieron enfrentar gracias a los sistemas de seguridad implementados.
Pero es evidente que en nuestro país, no solo en el sector público, sino también en el privado, estamos muy lejos de contar con herramientas adecuadas para enfrentar estas nuevas amenazas, para evitar fraudes o la comisión de delitos y para proteger la información de los ciudadanos.
Por eso, creo que este proyecto es una oportunidad para iniciar el debate imprescindible en pos de contar con una institucionalidad que otorgue las prestaciones adecuadas; que se encuentre en condiciones de responder a las amenazas a la ciberseguridad, y que proteja los procedimientos e, insisto, a los ciudadanos.
Por todo lo anterior, señor Presidente, voy a votar a favor de esta iniciativa.
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El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que recabe la autorización de la Sala para que el plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre el Servicio Nacional Forestal, que cerró hoy a las 12, se prorrogue hasta las 19 horas. La idea es que los Senadores que no alcanzaron a ingresar sus indicaciones puedan hacerlo. Por mi parte, tengo ocho en esa situación.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en acceder a lo solicitado?
La señora EBENSPERGER.- Sí, señor Presidente.
--Se accede.
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El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.


El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, quiero valorar esta iniciativa. A mi juicio, va en el camino correcto efectuar una modificación a "la ley que establece bases de los procedimientos administrativos, en materia de documentos electrónicos", como dice la suma.
Esto es un proceso de actualización. Y felicito al Ministro Blumel, quien lleva esta iniciativa -¡sé que está poniendo atención a mi intervención...!- que impulsa la modernización.
¡Se nota que hay Ministros más millennials que otros...! Sin lugar a dudas, el Ministro Blumel está haciendo gala de su edad y, con esto, impulsando una agenda que es importante.
Hace aproximadamente tres años, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de manera transversal, los Senadores que la integrábamos, los señores Araya, Harboe, Espina, Hernán Larraín y quien habla, presentamos un proyecto destinado a establecer la tramitación digital.
En definitiva, en el Poder Judicial toda la tramitación que antiguamente se realizaba a través de expedientes -incluso, los legajos se cosían con agujas e hilo- se está transformando en una plataforma digital. Se ha establecido un conjunto de actuaciones que, en definitiva, han permitido llevar toda la tramitación al modo digital.
El balance ha sido positivo, según nos ha informado el Poder Judicial, y lo mismo se desprende de los comentarios de los actores o usuarios del sistema, principalmente abogados, lo cual constituye un buen parámetro.
Como le señalé al Ministro Blumel, es importante evaluar ese comportamiento, porque representa una transformación no solo tecnológica, sino también desde el punto de vista de costumbres de decenas de abogados, funcionarios y actores del Poder Judicial. Y me parece que hay una buena evaluación.
Digo esto porque la propuesta del Ejecutivo es aún más ambiciosa. Pero para ello resulta importante contar con un soporte tecnológico y financiero, y no he escuchado cuál será. Porque esto requiere una amplia capacitación de funcionarios de distintos servicios. Es necesario equilibrar el procedimiento y la formación. Muchas veces, la capacidad en una capital regional o provincial es distinta a la de un pequeño pueblo o de una pequeña localidad en la cordillera o en sectores isleños, donde claramente es más difícil este proceso.
El Ejecutivo planteó que se buscará tener esta interconexión a través del Programa Chile Atiende. Pero para ello se debe hacer un conjunto de modificaciones y capacitaciones. Ahí hace falta mayor precisión, y me imagino que en el debate se informará cuál será el procedimiento a través del cual se irán implementado estas plataformas electrónicas a lo largo de todo Chile y la manera en que el usuario, el pequeño campesino o quien desee efectuar un trámite digitalmente lo podrá hacer.
Hay algo, sí, que echo de menos. Le pediría al Ministro Blumel -por su intermedio, señor Presidente- que nos precisara cómo dialoga este proyecto con el relativo a la modernización de notarías que ha ingresado a la Cámara de Diputados, el cual, además de establecer procedimientos, regular nombramientos, entre otra serie de medidas -no lo conozco en detalle-, busca simplificar ciertas actuaciones, de manera que no existan, por ejemplo, los certificados de viudez o de sobrevivencia. Hay una serie de documentos que son absolutamente redundantes, que el Estado los tiene, no obstante lo cual muchas veces se exagera y se los pide, saturando los mesones de las notarías e imponiendo trámites que lo único que hacen es engrosar la burocracia, multiplicar los documentos y no ir al fondo del asunto.
Entonces, quisiera que el Ministro Blumel nos pudiera ayudar a ver de qué manera dialoga este proyecto con la modernización del sistema notarial o cómo al menos se considera esta última en la Comisión. Usted, señor Presidente, es integrante de ella.
Creo que eso es fundamental. Son dos grandes modificaciones.
Nos colaboraría mucho que estuviera en línea todo el sistema notarial, de modo tal de poder agilizar esta situación.
Por último, señor Presidente, creo que también es importante avanzar en los archivos regionales.
Desgraciadamente, hoy día el depósito de todos aquellos documentos o legajos que son del Conservador de Bienes Raíces, no habiendo archivos regionales, termina radicado en el Archivo Nacional.
Eso representa una pérdida del patrimonio intangible de las regiones, toda vez que de ese material -al menos, del que no esté digitalizado-, si es consultado por universidades, por investigadores, por historiadores, debe existir un acceso en la región.
Entonces, también es importante que este proyecto dialogue con la red de archivos regionales, para que exista en el territorio un acceso físico más inmediato a esos legajos de conservadores de bienes raíces y a los expedientes judiciales que están en formato de papel.
Voto a favor, señor Presidente.Este es un debate que debiera convocarnos y, sobre todo, dialogar con las otras iniciativas legales que he señalado.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.


El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, en la formación de los grandes Estados territoriales de los siglos XV y XVI en adelante había tres cuestiones fundamentales para su funcionamiento: la creación de los ejércitos profesionales; la configuración de la hacienda pública para la recolección de los impuestos y, en tercer lugar, la burocracia.
Hoy día el concepto de "burocracia" tiene un sentido un tanto peyorativo, pero en esa época se refería al conjunto de personas que se incorporaban al Estado para entregar las prestaciones que la ciudadanía requería.
De esa manera se fue conformando el Estado que hoy día conocemos.
Por lo tanto, yo diría que este proyecto, que modifica una ley del año 2003, se enmarca en un proceso de modernización de la burocracia estatal, de la forma como se toman decisiones con miras a tener, en consecuencia, un Estado mucho más ágil, mucho más pronto en la resolución de los problemas de la gente.
Ahora, naturalmente que la modernización del Estado no se agota solo en los medios -en este caso, electrónicos-, sino que también requiere un conjunto de otras cosas, como la capacitación del personal que trabaja en él, los cambios culturales que conlleva la puesta al día de los medios y, también, una modernización de las instituciones propiamente tales.
Pero este proyecto, enmarcado en una cosa específica, cual es la puesta al día de la ley N° 19.880, del año 2003, a mi juicio, va en la dirección correcta, porque se trata de introducir las nuevas tecnologías que hoy día existen en el mundo. Han pasado quince años desde la promulgación de esa normativa y, desde luego, se han producido grandes cambios. Y el proyecto, en consecuencia, va en esa dirección.
Porque, estamos hablando de comunicaciones entre los órganos, de copias, de interpelaciones, de ingreso de solicitudes, de expedientes electrónicos, de registro, de conservación, de documentos electrónicos, de notificaciones. O sea, de un conjunto de cosas que van a poder hacerse de la manera como lo expresa este proyecto: por medios electrónicos.
Sin embargo, señor Presidente, aunque estamos en la discusión general, yo quiero hacer dos o tres precisiones que a lo mejor podrían verse en la discusión particular. Son, básicamente, las siguientes.
La primera es que, a mi juicio, en la tramitación de este proyecto deberíamos analizar más finamente la relación que existe entre el concepto de "acto administrativo", el principio de escrituración y el procedimiento administrativo.
Digamos que la ley citada tiene dos grandes anclas: el acto administrativo, por una parte, y el procedimiento administrativo, por la otra. El artículo 3° dispone que "Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos". Y seguidamente señala: "Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado", etcétera.
Y en el proyecto de ley, al referirse al principio de escrituración, se habla de "El procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen".
Entonces, quiero saber si la iniciativa en proyecto está modificando solamente los procedimientos administrativos y está dejando tal cual los actos administrativos. Porque, si decimos que las decisiones escritas que adopte la Administración se expresan por medio de actos administrativos, lo que estamos diciendo es que a la fecha en que se dictó esta ley, el año 2003, claramente la palabra "por escrito" se refería al soporte papel. Y aquí, al parecer, lo que se pretende es que los procedimientos administrativos ya no sean en soporte papel, sino en soporte electrónico.
Por otro lado, los procedimientos administrativos contienen una serie de hechos, trámites, gestiones que no son actos administrativos, sino que constituyen las diligencias que los usuarios hacen con el Estado. Pero después esos procedimientos se traducen en un acto administrativo.
En consecuencia, quisiera simplemente solicitar que en la tramitación en particular de este proyecto de ley pudiera entrarse en el detalle, si es que el artículo 3° debe ser modificado, porque aquí se dice que las decisiones de la Administración, las que son escritas, llegan a constituir actos administrativos.
Por lo tanto, me parece que habría que compatibilizar ese concepto de "acto administrativo" del artículo 3° con el concepto de "procedimiento administrativo" del artículo 18 y el principio de escrituración que establece el artículo 5°, que el proyecto de ley también modifica.
Espero que en esa instancia se pueda corregir eso.
Señor Presidente, quisiera señalar un par de cosas más, si usted me concede un minuto extra.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay problema, señor Senador.
Puede continuar.
El señor HUENCHUMILLA.- Muchas gracias.
Si nosotros vamos a dejar el procedimiento por escrito en soporte papel, quizá debiéramos agregar en el artículo 4°, dentro de los principios del procedimiento, un nuevo principio, que es el de coordinación. Este es distinto al principio de interoperación a que se refería el Senador señor Araya. Los órganos del Estado se pueden pedir cosas entre ellos hoy día, y eso se va a poder a hacer electrónicamente. Pero el principio de coordinación significa que los distintos órganos del Estado pueden manejar información e interoperar entre ellos coordinadamente, de tal manera que si una persona va a hacer un trámite, por ejemplo, a la municipalidad, con su RUT se pueda ver toda la información de todos los órganos del Estado que tengan que ver con ella.
Tengo otros temas, señor Presidente, pero no quiero abusar.
Yo diría que nosotros, en el artículo 6, estamos dando facultades al Presidente para que dicte decretos con fuerza de ley con el propósito de modificar otros procedimientos administrativos especiales no contemplados en el sistema que hoy estamos mejorando. Y espero que, en uso de esas facultades, se consideren los principios ya señalados, con el objeto de tener un procedimiento único en toda la Administración del Estado.
Finalmente, en cuanto al financiamiento, el artículo quinto transitorio dispone que el mayor gasto que represente la aplicación de la ley durante su primer año se solventará con reasignaciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda, y en los próximos, con aquellos que se consideren en la Ley de Presupuestos. Y está bien que así sea, porque estoy seguro de que cuando el Estado se modernice con estas plataformas, todos los servicios públicos, las intendencias, los gobiernos regionales y los municipios van a requerir recursos para poder adaptarse a las nuevas exigencias que establezca la ley.
En síntesis, señor Presidente, me parece que estamos ante una muy buena iniciativa de modernización del Estado. Y pido que las precisiones y peticiones que he formulado se tomen en cuenta en la discusión particular.
Gracias.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, este es un proyecto muy atractivo, modernizante, y que nos pone al día con lo que sucede en el resto del mundo.
Hay varios países que ya dieron este salto hace algún tiempo. No sé si parte de nuestras dificultades se vinculan -y que me perdonen los abogados y las abogadas presentes- con el legado que heredamos en materia legal. Y no me refiero precisamente al Derecho Romano, sino, más bien, a algo más cercano a la Madre Patria, donde la tradición de escriturar todo ha tenido sus fortalezas. Por eso, cuando discutamos las modificaciones al sistema de notarios y conservadores, yo voy a tender a defender que no se innove al nivel que quiere el Ministerio de Justicia, pues ello significaría correr un tremendo peligro frente al principio de certeza jurídica.
Pero en este otro ámbito, sin duda, tenemos muchísimo que avanzar. Eso sí, debemos darnos el tiempo necesario y no delegar facultades en el Ejecutivo a través de decretos con fuerza de ley.
Creo que debemos entrar en el debate un poco con el espíritu con que lo hizo el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra y ver cuántos elementos de los procedimientos que utilizamos son absolutamente inútiles. Es bien increíble lo que ocurre cuando una persona postula a un subsidio de vivienda. A veces la hacen llevar los mismos papeles dos, tres y hasta cuatro veces, con un gastadero tremendo para la gente. En muchas ocasiones se piden declaraciones notariales que no necesariamente son un factor tan obligatorio.
Uno de repente tiene la sensación de que los abogados, en particular los normativistas que son contratados al interior del Estado -a quienes les pido disculpas-, para justificar su trabajo y presencia, cada uno o dos años tienen que fijar nuevas normas y nuevos procedimientos, con lo cual contribuyen a aquello que malamente se entiende como burocracia y que, en verdad, constituye un retraso en los trámites.
Valoro el proyecto, que considero tremendamente necesario. Y espero que seamos capaces de ponernos en todos los casos cotidianos en que los ciudadanos se enfrentan a la Administración.
Por último, y aunque quizás no es su objetivo, pienso que esta iniciativa se debería enmarcar en algo que el Estado debe hacer, como es -y esto tendría que ser consecuencia de dicha reflexión- cuidar la línea base de emisiones de la cual es responsable.
Hablamos mucho del medioambiente. Y el Estado es un gran contribuyente a la generación de diferentes tipos de emisión de la huella de carbono que dejamos. Esta normativa va a permitir que eliminemos no solamente actos administrativos innecesarios, sino ahorrar papel y tiempo y reducir emisiones.
Para ello, sería muy interesante que, a partir de esta propuesta legal, se comience a evaluar cómo el Estado puede contribuir a reducir su huella de carbono en diversos ámbitos. Basta con pensar solamente en lo que pasa en salud y educación. Si eliminamos muchos trámites y transitamos hacia plataformas digitales, no solo lograremos algo bueno para los ciudadanos, haremos más eficiente a la Administración y abarataremos los trámites, sino que también reduciremos nuestras emisiones.
Anuncio mi voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Está inscrito a continuación el Senador señor Durana.


El señor DURANA.- Señor Presidente, el presente proyecto busca que todo proceso administrativo tenga que expresarse, necesariamente, a través de técnicas o medios electrónicos, salvo las excepciones establecidas en el propio proyecto.
Esta iniciativa dispone que los procedimientos administrativos iniciados de oficio por la Administración Pública serán notificados por correo electrónico en base a un registro instituido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda. Quien carezca de medios tecnológicos deberá solicitar, en consecuencia, que se le notifique en forma alternativa.
El Estado tendrá, de este modo, un registro actualizado de los correos electrónicos de todos los ciudadanos, el cual deberá ser objeto de las máximas medidas de ciberseguridad, garantizando que estos indudables avances tecnológicos no se transformen en el futuro en sistemas vulnerables frente a acciones delincuenciales, nacionales o internacionales, que provoquen múltiples trastornos.
El Plan Nacional de Ciberseguridad establece, en la actualidad, la necesidad de promover el resguardo de redes y sistemas informáticos, cuidando la seguridad de los servicios básicos. Para ello, se requiere promover la colaboración del sector público y privado con el fin de aminorar los riesgos del ciberespacio.
La experiencia de hechos recientes que han afectado a algunas entidades de la banca nacional demuestra la necesidad de que la inevitable digitalización de los trámites en nuestro país esté ligada, en su desarrollo, a la adopción de adecuados sistemas de seguridad.
De la misma manera, resulta indispensable que los avances que se adopten en materia de procesos administrativos tecnológicos consideren la progresividad del avance del uso de internet por la ciudadanía.
Algunos estudios cifran el uso de internet en 78 por ciento al año 2017. Es decir, más de un 20 por ciento de la población aún no usa este medio en la actualidad, lo cual deberá ser considerado para los tiempos y formas de implementación de los avances que se proponen.
Muchos de los pueblos del altiplano de nuestro país aún carecen de luz eléctrica y su cobertura de televisión es la de los países vecinos: Perú y Bolivia. En consecuencia, como es lógico, no tienen cobertura de internet, realidad que hoy, lamentablemente, hace que proyectos como estos se vean muy de lejos.
En definitiva, necesitamos que la digitalización de la Administración Pública de nuestro país vaya de la mano con una agresiva política de cobertura de servicios básicos, tal como un cien por ciento de cobertura de luz eléctrica en todos los rincones de Chile. Solo así se van a generar verdaderas condiciones de igualdad para quienes hoy constituyen nuestras fronteras vivas.
Votaré a favor del proyecto de ley, con la esperanza de que sus disposiciones vengas acompañadas de medidas que resguarden la accesibilidad de cada una de las localidades de nuestro país, promoviendo el desarrollo integral de todas las regiones y no solo pensando en quienes hoy tienen un adecuado acceso a los servicios.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.


El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, sin duda, la modernización del Estado es un tema que se ha instalado con mucha fuerza, particularmente con el desarrollo y crecimiento de las tecnologías informáticas. Y es natural y lógico que nuestro país se ponga a tono con esta demanda.
Un estudio realizado por el Ministerio de Hacienda señala que el país gasta alrededor de mil millones de dólares al año por concepto de papeleo, es decir, incontables horas hombre destinadas a burocracia en papel. Esta misma gestión, efectuada a través de un procedimiento que incorpore tecnologías para optimizar el trabajo, significaría un ahorro superior a los 560 millones de dólares.
De eso estamos hablando en términos de cifras.
El tiempo, la tramitación y la burocracia constituyen, sin duda, otros elementos adicionales que probablemente no fueron considerados en dicha evaluación. Los traslados, los desplazamientos, los tiempos acotados para realizar determinada diligencia son también circunstancias que evidentemente generan un factor adicional.
Esta clase de normativas adquieren además una dimensión especial cuando hablamos de territorios apartados, sectores aislados, zonas rurales, e incluso de regiones extremas como la nuestra, donde muchas veces movilizarse de un lugar a otro para concurrir a materializar la prestación de algún servicio de carácter administrativo significa, en la práctica, desplazarse a niveles que cuesta entender. Yo siempre doy el mismo ejemplo para situar un poco qué significa Aisén en materia territorial y para compararla con cualquier otra región extrema: si estuviera ubicada acá, en la zona central, abarcaría desde Santiago hasta Valdivia. Esa es su extensión territorial.
Imaginen a un habitante de un lugar del extremo austral como Villa O'Higgins, en estos últimos días especialmente noticiosa por lo acontecido en torno al tema de Campo de Hielos Sur. Desde ahí hasta Coihaique, capital regional, hay más de 430 kilómetros de distancia. Obviamente, Villa O'Higgins no tiene notaría. La más cercana está en la ciudad de Cochrane, capital de la provincia Capitán Prat. O sea, los desplazamientos a los que están obligadas muchas personas constituyen un ingrediente adicional al que proyectos como este le dan gran sentido y valor. Por eso resulta absolutamente conveniente avanzar y desarrollar la presente iniciativa.
Valoramos lo que ha pasado en el Poder Judicial, donde la transformación digital ha significado la facilitación, no de miles, sino millones de millones de documentos, expedientes y otros, lo cual se ha traducido en un enorme impacto positivo en el acceso, incluso a la justicia y particularmente a la tramitación.
Es evidente que al proyecto, que consta de seis artículos permanentes y cinco transitorios, habrá que incorporarle los requerimientos correspondientes en materia de ciberseguridad. En efecto, un asunto del que se ha hablado copiosamente en el Senado de la República son los riesgos de ataques a través de virus y otros elementos. El Poder Judicial ya ha debido enfrentar más de 3 millones de ataques de virus, razón por la cual habrá que tomar resguardos en este ámbito.
Por cierto, dada la significación de la iniciativa y el contexto en el que se plantea, no podemos menos que felicitar a sus autores. Algunos ya no están en la función parlamentaria, pero, sin duda, tuvieron la visión de proponer un programa que a lo mejor debió implementarse hace mucho tiempo. Lo valoramos y, por tal motivo, vamos a votar a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En seguida, tiene la palabra el Senador señor Galilea.


El señor GALILEA.- Señor Presidente, siguiendo un poco el argumento histórico del Senador Huenchumilla, quien expresaba que los Estados de lo primero que se preocuparon fue de contar con un buen ejército que asegurara sus fronteras externas y la paz interior; de la hacienda (había que tener monedas), y finalmente de la burocracia, para poder gobernar el Estado, quiero hacer presente que dentro de esta última naturalmente las comunicaciones constituían un eje fundamental entre las instituciones del Estado y entre el Estado y los particulares. Y es por eso que el edificio de los correos tradicionalmente ocupó un lugar importante en todas las naciones. ¿Qué hay en la Plaza de Armas de Santiago? La oficina central de Correos; en Lima, pegadito al Palacio Pizarro, hay un recinto monumental de Correos. Y lo mismo pasa en Madrid, Washington y en todos los países.
Pero los correos se vieron totalmente superados. ¿Por qué? Porque el mundo privado, a través de sucesivos incrementos tecnológicos, ya no los necesitó más. El mail, el correo electrónico, todo este tipo de avances tecnológicos llevaron a que aquellos edificios quedaran prácticamente deshabitados.
Por eso este proyecto es tan importante: porque viene a poner al día un ámbito que había quedado inexplicablemente atrasado, como eran las comunicaciones internas del Estado y las del Estado con los particulares. Algo que las personas ya habían resuelto en su vida, en su intercambio entre ellas, había quedado inexplicablemente atrasado en la relación entre los distintos órganos del Estado y entre el Estado y los ciudadanos.
De ahí que esta iniciativa sea tan relevante. En ese sentido, quiero felicitar al Ministro Blumel por haber impulsado este proyecto, que hará que el Estado de Chile sea mucho más ágil, mucho más innovador y mucho más efectivo.
Pero la cuestión aquí no es solo digitalizar trámites. Hay que pensar al Estado en términos electrónicos, en términos digitales. Por lo tanto, este problema no es solo de papeles, sino también de procedimientos y de procesos, asunto que aborda y resuelve muy bien esta propuesta legal. Se busca una transformación cultural y administrativa sustancial al interior del Estado de Chile.
¿Cuáles son sus grandes aportes?
-La obligatoriedad del soporte electrónico.
-La excepcionalidad del soporte en papel.
-La plataforma electrónica para el ingreso de solicitudes y demás trámites.
-Los documentos que se encuentren en poder de la Administración deberán circular internamente sin que una institución tenga que pedírselos a un particular, ya que todos los servicios contarán con ellos.
-La comunicación entre los órganos de la Administración a través de una plataforma única.
-Las notificaciones electrónicas, otro avance enorme. En la discusión en la Comisión de Gobierno también salió un tema muy relevante, referido a la posibilidad -que ojalá el Ministro Blumel considere- de crear una casilla única, de manera que cada persona, con su RUT, tenga un receptáculo al cual le lleguen todas las notificaciones que tengan que ver con el Estado de Chile y no deba estar buscando dónde diablos lo notificaron en algún tipo de procedimiento.
-El sistema documental digital del Archivo Nacional. Esto viene a cambiar completamente el paradigma existente hasta hoy. Cuando uno entra a un archivo, ya sea el Judicial o el Nacional, se encuentra con torres, torres y torres de papeles. Pues bien, ese paradigma debiera cambiar para siempre.
-Otro asunto relevante es que esto no será una facultad, sino una obligación para los servicios, que deberán avanzar en tal dirección, con plazos establecidos para tal efecto.
En fin, señor Presidente, me parece que estamos ante un proyecto de la más alta importancia. Y es por eso que creo que el Parlamento, el Senado en este caso, debe apoyarlo con entusiasmo y creatividad, pues constituye un imperativo poner al Estado de Chile a la altura de lo que merecen sus ciudadanos.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- ¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar!
Señor Presidente, el Poder Judicial ha tenido la experiencia más potente, más cercana. Las cifras señalan que en 18 meses ha tramitado más de 14 millones de escritos y un millón de demandas.
Pero quiero decir lo siguiente.
Está claro que poner en manos del Estado la nube tecnológica de internet demanda seguridad y ciberseguridad claves y que, hasta el momento, el Estado chileno no ha dado cuenta de ello. O sea, hoy día tenemos un sistema con alta vulnerabilidad; también en este Senado e incluso en el Poder Judicial, porque invertir en seguridad es invertir a diario.
Desde la última modificación que se hizo en esta materia han transcurrido 16 años. Y en Europa ellas se efectúan, de manera cíclica, cada 4 o 5 años. En tal sentido, la velocidad de los cambios va a obligarnos a tener una ley con mucha flexibilidad, de modo que pueda adaptarse en forma permanente a los cambios de la modernidad, de la tramitación electrónica y particularmente de internet.
A mí me preocupa que este derecho ciudadano a la información y esta garantía de administración del Estado puedan delegarse en un sector privado no regulado. Facebook, Twitter, tienen, en definitiva, un dueño. Zuckerberg cambió los algoritmos e inviabilizó la llegada de los medios electrónicos más populares, y hoy día cobra por su acceso.
Por lo tanto, las preguntas son: ¿quién garantiza la neutralidad de internet? ¿Quién asegura que en este medio el Estado chileno no depositará las confianzas de administrar los bienes y particularmente la vida de las personas a nivel nacional hasta que haya un resguardo de que este espacio no llegará a estar hegemonizado y controlado?
Cuando surgieron los correos electrónicos, estos eran gratuitos. Yo invito a los Senadores a que averigüen cuántos nos está permitido enviar a quienes forman parte de la red que ha creado Internet y los correos electrónicos.
¡6 mil correos al mes!
Aquí hay Senadores que tienen más de un millón de electores, pero los correos que se permite remitir como medio de información son 6 mil al mes.
Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, quienes enviamos información de manera constante, a diario a nuestros electores, utilizábamos el correo electrónico aspirando a que fuera un mecanismo de permanente contacto con el electorado. Pero llegaron las alertas. No se podían usar de manera masiva. Ni siquiera era posible pagar por ello.
Hoy día hay una restricción en el Senado sobre el número de personas a las que se puede informar.
Y mi pregunta surge inmediatamente.
En el Ministerio del Trabajo, en el Ministerio de Salud, en el FONASA (que cuenta con 14 millones de afiliados), ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Cuánto tendrán que pagar a fin de tener contacto con sus afiliados?
Actualmente ello es gratuito o de bajo costo.
Quiero recordar que cuando era Diputado creamos la Comisión "Stop Microsoft", que durante tres meses investigó la situación de esta empresa, condenada en Los Ángeles y en Europa a pagar miles de millones de dólares por el uso indebido del control de Internet y de los programas computacionales de los equipos que vendían.
¡En Chile estamos entregados a Microsoft!
El Ministro de Salud ha dicho que vamos a ir a la salud digital, a la salud de Internet. Pero, ¡ojo!, este Congreso paga una licencia por cada computador que tiene. ¡Si no lo está haciendo incumple la ley! Y hemos ido desde los 6 mil millones de pesos, hace aproximadamente seis años, a más de 80 mil millones anuales en el pago de licencias.
Esto equivale a querer utilizar un CD en una radio de la casa: debes tener un reproductor de CD, porque la radio no permite leer ese disco.
Hoy día claramente los programas se cancelan. Cuando el Presidente Lagos recibió las 2 mil donaciones de Microsoft, al poco tiempo supimos que había que pagar programas y que estos eran más caros que los computadores. Por tanto, ha sido exponencial el crecimiento en el pago de patentes de computación, de programas, y esto va a seguir creciendo.
Si el Estado deposita toda su organización, su administración en un sistema en manos de privados, que no son nacionales, sino internacionales, y que además tiene la seria deficiencia de poder caerse (Internet no es eterno y frente a cualquier conmoción o desastre natural no hay red), la pregunta, entonces, no es solo por el costo progresivo que estos servicios pueden significar para el Estado, no es solo por la seguridad ante la intervención de cualquier país extranjero o un privado que se adjudique la administración del Estado, sino también, claramente, por qué sucede ante un desastre natural cuando no hay servicio.
Esto obliga a una red alternativa de seguridad.
O sea, ¿qué ocurrirá si a alguien no le dan una licencia o si un trámite administrativo de cobro de subsidio no puede hacerse porque no hay sistema?
Ya sabemos lo que pasó el 27-F con los servicios de telefonía: desaparecieron y quedamos aislados.
Viví personalmente la sensación de precariedad y de vulnerabilidad de no estar conectado con nadie en Chile, de no tener acceso a ningún tipo de información por más de veinticuatro horas.
¡Ni siquiera la Presidenta de la República podía comunicarse con su intendente para saber qué pasaba y si se había producido o no un maremoto en la Región del Biobío!
Por tanto, voto a favor, señor Presidente, con estas observaciones, las cuales deben ser subsanadas en el proceso de debate porque la vulnerabilidad está señalada.
Durante años he luchado porque el Estado ingrese al software libre, que no es software gratuito, pero elimina el pago ultra millonario que estamos haciendo a una sola empresa en Chile.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido, y se fija el próximo lunes 5 de noviembre como plazo para presentar indicaciones.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria.