SOLIDARIDAD CON PRESIDENTE DEL SENADO ANTE FILTRACIÓN DE ANTECEDENTES CONTENIDOS EN INVESTIGACIÓN RESERVADA

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, pido la atención de la Sala, de las señoras y señores Senadores, para, en nombre de los miembros de las distintas bancadas que estuvimos en la Comisión de Régimen Interior viendo otros asuntos -ya que no hubo posibilidad de celebrar una reunión de Comités-, expresarle nuestra solidaridad frente a las infamias que hemos conocido en el día de hoy y que claramente constituyen un atentado, no solo a su persona, a su familia, a su entorno, sino también a la institución del Senado.

A nuestro juicio, la forma en que se han presentado, se han planteado y se han filtrado ciertos antecedentes implica una vulneración de un derecho tan elemental como el derecho a la privacidad de la información que tiene cualquier ciudadano que es objeto de una supuesta investigación sobre hechos, en este caso, total y absolutamente falsos, lo que, en la práctica, significa un fusilamiento comunicacional.

Más allá de las explicaciones que usted ha entregado -y con las cuales solidarizamos plenamente-, se han generado hechos gravísimos que, en definitiva, atentan contra nuestra democracia y la fortaleza de sus instituciones.

Esto es algo que va más allá de su persona, señor Presidente, y por eso nos hemos permitido plantear la situación en el Hemiciclo. Por lo mismo, solicito recabar la unanimidad de la Sala para llevar adelante, como Senado de la República, las acciones legales que correspondan frente al agravio y la posición inconcebible en que ha sido expuesta su figura.

Igualmente, solicitamos a la Mesa tomar cartas en el asunto, en representación de nuestra Corporación. Por supuesto, no lo hará usted, señor Presidente; será el Vicepresidente, con el respaldo de todos los Comités, quien deberá patrocinar las acciones pertinentes y exigir -lo digo claramente: exigir- al señor Fiscal Nacional que se determinen, de una vez por todas, las responsabilidades que caben ante las reiteradas filtraciones que se han conocido en el último tiempo y que dejan en la indefensión a los ciudadanos de este país, condenándolos públicamente, sin tener antes la posibilidad de una adecuada defensa.

En nuestro concepto, se trata de una situación reiterada. Ahora, el fiscal regional planteó un sumario interno y se lo encargó a una fiscal, pero, con franqueza, queremos decir que aquello no ha sido suficiente en casos anteriores. Y la opinión pública tiene derecho a saber dónde están las responsabilidades.

Hay una cadena compleja en este caso: se dice que se investiga a alguien por el supuesto delito de trata de personas. Sin embargo, ese alguien le solicita a usted, señor Presidente, una gestión que no tiene absolutamente nada de malo ni tiene nada que ver.

El uso y la costumbre implican que nosotros, en cuanto representantes de la comunidad, hacemos las consultas necesarias a la autoridad correspondiente, siendo esta la que decide frente a cualquier situación. No obstante, a usted lisa y llanamente se lo mezcla en el asunto.

Un fiscal, que no sé quién es, va y le pide a un juez, que tampoco sé quién es, que pinchen su teléfono, es decir, que lo intervengan...

El señor PROKURICA.- ¡Al Presidente del Senado!

El señor PIZARRO.-... sin poner esta acción en conocimiento de nadie.

Y, claro, se trata del Presidente del Senado, que es la segunda autoridad del país y juega un papel institucional importante. Esto es sumamente delicado. Hay información que, lógicamente, se maneja con las reservas del caso. Pero lo que sucede, en definitiva, es que ese juez autoriza un pinchazo frente a una situación absolutamente anexa, en la cual el Senador Andrés Zaldívar no tiene absolutamente nada que ver.

Y eso, más encima, se filtra a los medios de comunicación, o "se sube", como dicen, a una página del Poder Judicial, de la Fiscalía, nadie sabe por quién, pero el hecho concreto es que un periódico, sin tener ningún antecedente serio ni responsable sobre la materia, publica la información, esta se establece como un hecho cierto en todos los medios de comunicación del país, y se genera un daño irreparable a una persona que exhibe una trayectoria de servicio al país intachable y que ha sufrido lo que muchos chilenos sufrimos en épocas anteriores.

Francamente, señor Presidente, esta situación de indefensión de nuestros compatriotas recuerda, lamentablemente -y lo quiero decir-, aquellos tiempos en que muchos teníamos que andar en la clandestinidad, escondidos, porque nos podían estar filtrando, escuchando o siguiendo. Y, sinceramente, ahora estamos ante hechos parecidos a los que se vivían cuando existían aquellos organismos, de los cuales nadie quiere acordarse.

Lo digo responsablemente, en nombre de todos los Senadores de la Democracia Cristiana y de todos los Comités que participamos en la reunión.

Y lo último que quiero pedir, señor Presidente, es que también respaldemos la acción que usted adoptó, como máxima autoridad de la Cámara Alta, en orden a instruir a un miembro de la fiscalía de la Corporación para presentar las querellas que correspondan ante la cobarde agresión de que fuera víctima el Senador Fulvio Rossi.

Lamentablemente, creo que en nuestro país se está generando un cuadro en que cualquier cosa está permitida y nadie responde por nada. Y nosotros, como Senado -y sobre todo los que vendrán, a quienes les va tocar vivir épocas más complejas-, tenemos que saber que, si no defendemos a nuestra institución, en cuanto representantes del pueblo de Chile, le estaremos haciendo un flaco servicio a nuestra democracia, a nuestro país y a las futuras generaciones.

Es lo que quiero solicitar, señor Presidente, en nombre de nuestra bancada y de las demás que forman parte de nuestra Corporación.

El señor BIANCHI.- Incluida la bancada independiente.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, la bancada de Senadores de la UDI respalda las palabras que ha expresado el Senador Pizarro en representación del Partido Demócrata Cristiano.

Sin duda, cuando hoy leímos la prensa y se hablaba de una filtración de información, desde la fiscalía, en contra del Senador Andrés Zaldívar, fue impactante. Que el Presidente del Senado, la segunda autoridad del país, sea acusado de un delito a través de un medio de comunicación, producto de una filtración originada en la fiscalía, es, indudablemente, algo que impacta. Y creo que todos los chilenos que hoy han leído la prensa, han escuchado la radio o han visto distintos medios de comunicación se han impactado, porque es un hecho especialmente grave y delicado.

Lo segundo, luego de leer el texto y revisar cada uno de los episodios que se filtraron, es que uno queda con la impresión de que debe venir una segunda parte donde verdaderamente aparezcan los hechos delictivos. Seguramente en la edición de mañana se precisarán los hechos constitutivos de delito, porque aquí -he leído la noticia varias veces- no hay absolutamente nada, salvo lo que una autoridad (un Senador, en este caso) realiza cuando una persona, una institución o un familiar le pide llevar a cabo algún tipo de gestión, en que no resuelve absolutamente nada, sino que, simplemente, coloca los datos en conocimiento de la autoridad a la que le corresponde decidir.

Creo que aquí se ha traspasado todo límite: en primer lugar, con la actuación de la fiscalía, y en seguida, al tratar de involucrar en delitos a personas destacadas y honorables.

Se nos va a acusar, sin duda, de que estamos haciendo una defensa corporativa, de que estamos tratando de defendernos entre nosotros. Pero le quiero decir, señor Presidente, que muchos de los miembros de mi bancada y de mi partido han sido objeto de filtración de informaciones absolutamente falsas, desdorosas, persecutorias y agravantes durante largo tiempo. Y hemos debido enfrentar el problema. Sin embargo, no nos gusta que lo que nos hacen a nosotros se lo hagan a otros.

Sin duda, el hecho que hoy se le imputa al Senador Andrés Zaldívar, con quien discrepamos, con quien competimos en actos eleccionarios y con quien nos encontramos en bancadas distintas, es absolutamente falso. En titulares se le imputa un delito inexistente, y así se desprende de la lectura de la nota.

El llamar al jefe de la Policía de Investigaciones para ver si una persona es o no trasladada no sé en qué parte será delito. El director de la institución verá si aquella cumple con los requisitos o no.

Repito que el acto de llamar no me parece un delito, y lo mismo en un tema de migración.

Nosotros estamos en permanente contacto con la ciudadanía, la cual nos demanda ese tipo de acciones. A lo mejor la gente no tiene ninguna posibilidad de obtener una respuesta, y somos el vínculo para lograrlo. Y, sobre las transcripciones, en ninguna parte el Senador Zaldívar dice que esto se resuelva de la forma que él señala, sino que se pone a disposición de la autoridad.

Por lo tanto, queremos sumarnos al reclamo frente a esta práctica de la fiscalía, que no sé si irá a terminar. Con ese tipo de actuaciones, la fiscalía claramente pone en duda en un vasto sector de ciudadanos la manera en que actúa, la manera en que realiza su deber institucional, al filtrar información para denostar a las personas, y, en este caso, a personas que presiden instituciones serias.

Aquí nadie está por que no se nos investigue. Queremos que se investigue todo lo que corresponda cuando se crea que hemos cometido un delito. Pero utilizar filtraciones para denostar a las personas me parece un hecho grave, que lamentablemente ha llegado para quedarse, y lo debemos enfrentar con seriedad.

La fiscalía le debe una explicación al Senado. El Fiscal Nacional debe entregarla, y no basta con que se anuncie un sumario porque verdaderamente esta es una práctica demasiado extendida, reiterada y repetida.

Creo que lo de hoy día superó todos los límites. Porque no hay ningún indicio de veracidad en lo que se denuncia. Aquí se falta a la verdad. Y, como se utiliza el poder de un órgano que tiene el monopolio de la persecución criminal para buscar denostar a personas, cualquiera que sea su investidura, nosotros levantamos la voz, reclamamos y solicitamos a la fiscalía que cese en ese actuar, que claramente altera toda norma de decencia.

Vaya nuestra solidaridad al Senador Zaldívar y también al Senado, porque estamos hablando del Presidente de esta Corporación. Sin duda, hoy, a lo largo y ancho de Chile, a través de los medios de comunicación, una vez más se ha puesto en duda la honorabilidad del Senado con hechos absolutamente falsos, que no reúnen ninguna condición de veracidad.

Considero lo anterior extraordinariamente grave. Si nuestra Corporación va a llevar adelante acciones de carácter legal, como expresaba el Senador Pizarro, nosotros las compartiremos y apoyaremos. Y ojalá que busquemos incesantemente a quiénes han hecho que esta práctica supere todos los límites aceptables.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como bancada del Partido Socialista solidarizamos absolutamente con el señor Presidente del Senado, y amigo, Andrés Zaldívar.

Es inaceptable lo que hoy hemos leído en la prensa. Es inaceptable porque parece que se quiere destruir las instituciones del Estado. Acá se ha afrentado contra la segunda autoridad más importante del país, que es el Presidente del Senado. Y quienes conocemos la infamia, la mentira y la persecución no podemos aceptar que se vuelva a las mismas prácticas de épocas pasadas, como lo ha expresado el Senador Pizarro.

Por eso, nuestra solidaridad como socialistas es absoluta con don Andrés Zaldívar.

No podemos permitir que se siga persiguiendo a miembros del Senado. No podemos permitir que, sobre la base de falsedades, se los enjuicie públicamente o se los lleve al patíbulo, cuando ni siquiera se han efectuado las investigaciones correspondientes.

Por eso, estimado Senador señor Andrés Zaldívar reciba toda nuestra solidaridad, nuestra amistad y nuestro apoyo. Estaremos con usted, porque se lo merece no solo como Presidente del Senado, sino también como persona, como caballero y como hombre que durante toda su vida pública ha demostrado una tremenda humanidad y cabalidad.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, en nombre del Comité de Senadores del Partido Por la Democracia, inicio mis palabras manifestando toda nuestra solidaridad y respaldo a don Andrés Zaldívar Larraín, hombre de vasta trayectoria, conocida a nivel nacional, y que no ha escatimado esfuerzos para llegar a acuerdos muchas veces poco entendidos, pero muy necesarios para la estabilidad y la paz de nuestro país.

A continuación, deseo hacer una breve reflexión.

Soy de aquellas personas que valoran el sistema procesal penal, y me ha correspondido hacer tremendos esfuerzos por apoyar la labor del Ministerio Público. Sin embargo, con la misma fuerza quiero expresar que estamos en presencia del hecho más grave que se haya conocido en la reforma procesal penal desde su instalación.

En el marco de una investigación desformalizada respecto de una persona determinada, se violan las comunicaciones privadas de un tercero. Luego, sin contentarse con ello, se solicita la ampliación de la medida intrusiva, y dentro de esta petición se hace referencia a información residual, es decir, a antecedentes que no forman parte de la investigación. Y eso se manda y se filtra, lo que causa un daño irreparable.

Esa conducta es constitutiva de delito. Porque, efectivamente, existe una mala utilización de una medida intrusiva.

Permítanme recordar cuando con el entonces Diputado Jorge Burgos fuimos los únicos que levantamos la mano para reclamar en la Cámara de Diputados cuando el Ministerio Público, con el anterior Fiscal Nacional, adquirió una máquina para interceptar llamadas telefónicas.

En esa ocasión manifestamos que no era adecuado que aquella la tuviera dicha institución, por ser parte interesada en el proceso. Debe haber controles interinstitucionales.

La inviolabilidad de las comunicaciones está consagrada en la Constitución. Admite límites, ¡sí, claro!, la seguridad, por ejemplo. Pero cuando existen fundamentos. Sin embargo, cuando se violan las comunicaciones de la segunda autoridad de la República, no siendo investigado directamente, sino que a partir de la comunicación con un tercero, realmente me permito dudar de la intencionalidad tenida a la vista al momento de concretar esa acción.

Señor Presidente, los episodios de filtraciones han sido permanentes. Algunos intentamos en su minuto, con la impopularidad que implicó, que a los abogados defensores se les aplicaran las mismas normas que a los jueces. Se acusó que ello era una "ley mordaza", y muchos de ustedes se arrepintieron. Nuestro objetivo era justamente este: evitar que terceras personas filtraran información y generaran un daño irreparable.

¿Será el mismo diario el que diga mañana que la información no era adecuada? ¿Lo informará en el titular y no en la página de deportes, abajo, en una esquina?

El daño está hecho.

Esta situación es muy delicada. Lo que debería ocurrir es que se ejercieran las responsabilidades en el Poder Judicial, porque alguien subió al Sistema de Información de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ) algo que no debía; en el Ministerio Público, por dos razones: porque alguien filtró la información -eventualmente; hay que determinarlo-, o porque se invocó información residual.

¿Qué tiene que ver que un Senador llame a alguien para recomendar una terna de no sé qué? ¿Qué tiene que ver eso con la investigación? ¡Nada!

En las investigaciones formalizadas, donde se intervienen los teléfonos, se utiliza la información relativa a lo que se investiga y es obligatorio borrar el resto. Aquí no solo no se borró, sino que el fiscal argumentó, para extender la interceptación, con información residual.

¡Ello es inaceptable!

Y luego se dice que es "constitutivo de delito" llamar por teléfono a alguien para pedirle que reciba a otra persona.

Señor Presidente, en ese caso, todas las autoridades del país, incluidos los fiscales, serían actores de hechos delictuales. ¿Cuántas veces se le pide a un fiscal determinada gestión, que probablemente puede hacer? ¿Cuántas veces nos solicitan a nosotros interceder ante la autoridad pública no para beneficio propio, sino para solucionarle un problema a la ciudadanía?

¿Cree alguien que un ciudadano de la comuna de Ránquil, en la Región de Ñuble, tiene acceso a una autoridad nacional si no es a través de su parlamentario?

Pero si la esencia del rol del legislador no solo es legislar, sino representar. ¿Y no es una forma de representar el hacer presente a la autoridad lo que los ciudadanos quieren? O cuando recibimos a un gremio que plantea reivindicaciones y nosotros las exponemos acá, en el Hemiciclo, ¿no es acaso en cumplimiento del rol de la representación?

¡También lo es, pues!

Entonces, cuando alguien cree que hacer una gestión es constitutivo de delito me surge la duda.

¿No ha llamado nunca algún fiscal a alguien para pedirle apoyo ante la corte de apelaciones respectiva para ser Fiscal Regional?

El señor MOREIRA.- ¡O Nacional!

El señor HARBOE.- ¿Eso es malo? No. Es adecuado y está bien, porque resulta legítimo conocer quiénes son, lo cual no significa jamás -¡jamás!- que se intente el aprovechamiento de esa situación.

Con el mismo cariño y respeto que le tengo y le he tenido siempre al Ministerio Público, creo que esto debe ser aclarado a la brevedad y determinarse las responsabilidades, para que no se enlode a toda una institución por una actitud imprudente e inadecuada que genera un daño irreparable a la reputación de un hombre de Estado, de un hombre de la república.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, no haré uso de la palabra por razones de seguridad personal.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Senado, quien conoce la trayectoria de Andrés Zaldívar; quien conoce su pasado intachable y su contribución a nuestra democracia; quien conoce además su actuar en la vida pública y privada no puede darle ningún crédito a las informaciones vertidas en los medios de comunicación; más aún, cuando en virtud de una filtración sobre una interceptación telefónica a la segunda autoridad del país se usa información residual para ampliar los plazos de dicha interceptación en una investigación desformalizada.

Estamos hablando de la segunda autoridad del país; estamos hablando del Presidente del Senado. Nadie está exento de ser investigado, lo cual es legítimo en una democracia. Pero una cosa muy distinta es que finalmente se le trate de imputar un acto delictual, respecto del que no hay ningún antecedente, de acuerdo a las informaciones vertidas, que permitan acreditar algún grado de responsabilidad en esa materia.

Cómo se van dañando nuestras instituciones y cómo se va generando un manto de sospecha acerca de la acción de un Poder del Estado al dañar la imagen del Presidente del Senado.

Quiero decir que el Presidente de la Corporación, como persona, cuenta con toda nuestra solidaridad, y como Senadores nos vemos obligados a actuar en consecuencia para restablecer el honor de esta institución.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, en representación de los Senadores de Renovación Nacional, quiero partir por solidarizar con don Andrés Zaldívar Larraín, quien ha sido objeto de una acción que no cabría si no calificar de infame, porque en rigor eso es lo que estamos analizando ahora, desde mi perspectiva.

El Senador Harboe explicó adecuadamente cuáles eran -por decirlo en forma benévola-, desde el punto de vista jurídico, los excesos que se habrían cometido en esta situación; y el colega Pérez Varela fue lo suficientemente elocuente para exponer que, de la lectura de la información disponible, nada permite, bajo ningún atisbo, concluir que era necesaria tal medida intrusiva, y mucho menos que un Senador de la república, un hombre al que el país le debe numerosos servicios, deba ver hoy día en el titular de un diario: "Andrés Zaldívar es indagado como imputado por caso de tráfico de migrantes y cohecho".

Esa es una aseveración extraordinariamente infame.

En consecuencia, junto con señalar nuestro repudio, lo que corresponde no solo es recabar las responsabilidades, sino preguntarse qué hay detrás de esto.

Señor Presidente, ¿estamos frente a un acto de imprudencia de la fiscalía? ¿Aquí hay imprudencia? ¿Es una falta de criterio? ¿Se trata acaso -por qué no pensarlo- de una represalia?

Todo el mundo sabe que hace algunas semanas el Presidente del Senado tuvo una legítima controversia con la fiscalía respecto de ciertos antecedentes solicitados a esta Corporación.

Entonces -insisto-, ¿esto obedece al descriterio de un fiscal? ¿Es una imprudencia? ¿Es una represalia? ¿Se trata del ánimo deliberado de dañar a una institución?

Esas son las preguntas que, en definitiva, quedan arriba de la mesa y deben absolverse.

Sobre las filtraciones ya se ha dicho ad nauseam que se han transformado en un instrumento para litigar y para dañar a las personas y a las instituciones.

Yo considero fundamental que se produzca una reacción.

Tal como aquí se ha señalado, algunos podrán acusarnos de que esta es una defensa corporativa. Pero me parece que no lo es, sino una defensa justa frente a una acción que -insisto- yo califico de infame.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que yo esperaría una respuesta de Jorge Abbott, Fiscal Nacional, frente a un hecho reiterativo: las filtraciones.

Le ha tocado a la UDI, les ha tocado a otros.

En definitiva, se ha vuelto algo permanente que los documentos se filtren, sin ninguna investigación para determinar quiénes son los responsables.

Eso daña gravemente la credibilidad del Ministerio Público, de los fiscales, y también perjudica el combate esencial que tal organismo debe sostener contra la delincuencia, el narcotráfico, y, en último término, hacia los que atentan contra la sociedad.

Quienes hacen estas filtraciones sin duda tienen más bien un móvil político, porque si quieren perseguir a los delincuentes, ahí están.

La demanda ciudadana es contra la delincuencia. Entonces, por cierto hay un móvil político.

¿De qué se trata? De ablandar al Presidente del Senado para que permita la entrega de los informes que habían sido retrasados o denegados.

¡Algún motivo hay!

Tal vez sea un enroque consistente en dispararle a uno para conseguir lo otro.

Yo solo quiero recordar que, como legisladores, debemos tener la mayor de las capacidades para prevenir este tipo de hechos.

Quiero señalar a la Sala que el 22 de junio de 2011 dos suboficiales de Carabineros, Esteban Infante Alcaíno y Claudio Cofré Soto, además del periodista Patricio Mery y del abogado Rubén Jerez, entregaron su testimonio en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde señalaron que había escuchas por parte de la DIPOLCAR, mediante dispositivos técnicos especializados para captar conversaciones o comunicaciones de carácter privado, respecto de aparatos móviles de diversos parlamentarios del país. Entre ellos, mencionaron al Diputado Aguiló y al Senador que habla.

Yo presenté un recurso de protección en contra de aquello, el cual finalmente fue rechazado por la Corte Suprema.

Por cierto, es necesario investigar. Los fiscales poseen facultades. La pregunta que surge es quién fiscaliza a los fiscales, porque estas atribuciones, que se establecieron en pos del bien común, han de tener un límite, pues también puede ser sobrepasada la justicia.

Señalé hoy día en la mañana en la prensa que sobre este tema se debe exigir, por parte del Senado, la mayor transparencia del Ministerio Público y no tengo ninguna duda de que el Senador Zaldívar va a ponerse a disposición para aclarar todos los hechos que sean necesarios, sin ningún tipo de petición de trato privilegiado o de discriminación positiva.

Los hechos mencionados son graves porque dañan no solo al Senador Zaldívar, no solo a la Cámara Alta, sino a la política en general. Ellos vienen a consolidar lo que la ciudadanía crecientemente ha venido diciendo, en el sentido de que la política en sí es un lugar oscuro, perverso. Y el afianzamiento de esta imagen, agravada por circunstancias como las descritas, va en contra, finalmente, de la democracia, de la credibilidad de las instituciones.

Yo solo espero que haya una respuesta formal del Ministerio Público -no sé si los Comités lo acordaron así- y del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, dada la implicancia de los acontecimientos.

Me pregunto: ¿habrán pinchado también el teléfono de la Presidenta Bachelet, si le espían el celular a la segunda autoridad del país? Es posible que la Primera Mandataria haya recibido cierta llamada y, en el curso de alguna investigación, le hayan pinchado el teléfono y grabado conversaciones con carácter de Estado, reservadas. ¿O han interceptado diálogos del Presidente Piñera, respecto de los conflictos internacionales que Chile libra con Bolivia y con Perú?

¿Es posible que el Ministerio Público pueda acceder a esa información y luego ser filtrada, atacando gravemente el interés nacional?

Se abre un debate nuevo, por cuanto la información residual puede estar diversificada en elementos que son de carácter de Estado.

¿Quién establece el criterio de qué es información residual y qué puede ser divulgado?

Porque, si se trata de las autoridades máximas del país y de asuntos de carácter secreto, por el bien de la seguridad nacional, ahí tiene que existir un límite. Y es un tema que deberemos discutir, porque tratándose del Presidente del Senado, cualquiera que fuere, del partido que sea, efectivamente no puede ser filtrada información residual en materia de seguridad nacional.

Ese un tema de reflexión.

Yo exijo, señor Presidente, que el señor Fiscal Nacional aclare estos hechos.

Y exijo del Senado no una actitud corporativa, sino una postura esclarecedora, por el bien público, por la credibilidad de este Poder del Estado.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, yo pensaba guardar silencio, pero no puedo hacerlo porque las muestras de solidaridad y respaldo me obligan a darles las gracias a todos y a cada uno de ustedes.

Por ningún motivo quiero que el asunto se trate como una defensa corporativa.

Voy a asumir esta defensa sin fueros y sin privilegios, igual que cualquier ciudadano, para demostrar realmente que lo que se ha hecho conmigo hoy día es una infamia, una injuria incalificable.

Quien sea su autor, ojalá que el día de mañana pueda responder. Pero el daño que ha provocado, tanto en mi persona como en mi familia, es irreparable. Yo lo reconozco.

No soy la única víctima de esto. Aquí ya se ha dicho: el procedimiento de filtrar información acerca de procesos que están recién iniciándose para determinar qué sucedió realmente ya es casi una cosa reiterativa.

No voy a pronunciarme más sobre eso. Pero, en verdad, resulta doloroso, cuando uno ha entregado su vida al servicio público, recibir el pago que hoy día estoy recibiendo.

No me van a amilanar ni a doblegar. He pasado otras circunstancias, no tan dolorosas como la presente, pero voy a salir adelante. Y voy a salir adelante no solo por mí, sino porque realmente me siento parte de esta Corporación. Soy quien los representa hoy día, y espero nunca defraudarlos.

Lo que les puedo decir es que tengo mis manos limpias. Ojalá que algún día el daño que se me hizo realmente pueda ser reparado con la misma intensidad con que se me provocó.

Por lo tanto, muchas gracias. Y les insisto: voy a asumir el asunto en términos personales, agradeciendo la solidaridad de ustedes. Y veremos con el tiempo -espero que así sea- que lo que les he señalado es realmente la verdad.

El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Entiendo que el Senador señor Pizarro hizo un planteamiento más bien institucional, que no se contrapone con lo manifestado por el Senador señor Zaldívar.

Si le parece a la Sala, se llevará adelante, ya que fue la petición de todos los Comités.