CONVIVENCIA DE MEDIOS DE TRANSPORTE

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y, al mismo tiempo, desearle mucho éxito en su gestión.

Comparto absolutamente la introducción que hizo sobre el proyecto de ley que nos ocupa.

Desde hace bastante tiempo que la movilidad urbana dejó de ser solo un problema de transporte: la gran cantidad de muertos y de heridos provocados por los accidentes de tránsito y las secuelas físicas y psicológicas que quedan la transforman en un primerísimo asunto de salud pública.

Es también una cuestión de calidad de vida, de desarrollo urbano que debe incidir en la planificación de las ciudades.

Desde ese punto de vista, me parecen de la mayor importancia las medidas contempladas en este proyecto que van dirigidas a reducir la accidentabilidad de tránsito, en especial, la disminución de la velocidad de circulación en las vías urbanas.

Del mismo modo, tiene pleno sentido dictar normas para compatibilizar el transporte motorizado con el no motorizado, incentivando el uso de bicicletas.

Esas iniciativas son de indiscutible utilidad y pertinencia. Y, por cierto, cuentan con todo mi apoyo.

Sin embargo, quiero llamar la atención sobre otros aspectos de este problema que no se abordan en este proyecto o se abordan en forma insuficiente.

Se define, por ejemplo, la competencia del Ministerio de Transportes para regular las características técnicas de las ciclovías y se establece un plazo de tres años para que las actuales ciclovías se ajusten a la nueva normativa.

Pero yo pregunto: ¿Quién es el responsable de ejecutar esas obras? ¿Quién las financiará?

En estos días se ha generado una polémica a partir del reproche que hizo la Contraloría a algunos municipios que han ejecutado obras de reparación de pavimentos sin los correspondientes permisos del SERVIU.

La gran mayoría de esas obras son simples parches. Pero bien sabemos que la autoridad ministerial e incluso la regional no están en condiciones de responder a la creciente demanda de reparaciones de baches que abundan en calles y avenidas en todas las ciudades de Chile.

Injustamente se acusa a los municipios en ese caso. Y mucho me temo que con las ciclovías ocurrirá lo mismo.

Es común que los alcaldes propongan a los SERVIU incorporar vías separadas para bicicletas en los proyectos de pavimentación o de corredores de buses que ejecutan estos servicios; sin embargo, rara vez son escuchados.

Esa actitud está cambiando lentamente. Y así, en Puerto Montt, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas está haciendo una ciclovía, además de la construcción de la nueva costanera que unirá la ciudad con la localidad de Pelluco, dando continuidad de este modo a la ciclovía que se construyó hace algunos años.

No obstante, son muchos los ejemplos en contrario.

Me preocupa que luego toda la presión se ejerza sobre los municipios para exigir que se normalicen de acuerdo a los nuevos estándares las ciclovías ya construidas, todo esto, sin asignarles ningún recurso extraordinario.

Aquella es una vieja historia. Pero al margen de esa reserva, ciertamente estoy a favor de nuevas normativas que den condiciones de mayor seguridad al tránsito peatonal y de bicicletas en nuestras calles.

La gran mayoría de las víctimas de los accidentes de tránsito son niños y jóvenes. El dolor de sus familias es inconmensurable, y los efectos en el gasto en salud, pública y privada, y en el desarrollo de nuestro país son también significativos.