APLICACIÓN EFECTIVA DE PENAS ESTABLECIDAS PARA DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SU PERSECUCIÓN PENAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor LAGOS (Presidente).- Corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta, con urgencia calificada de "suma", recaído en el proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos ilícitos.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.885-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se da cuenta).
Comisión Mixta: sesión 12ª, en 3 de mayo de 2016.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 76ª, en 24 de noviembre de 2015.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.
Hacienda: sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.
Mixta: sesión 18ª, en 18 de mayo de 2016.
Discusión:
Sesiones 76ª, en 24 de noviembre de 2015 (se aprueba en general); 3ª, en 22 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 4ª, en 23 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 5ª, en 23 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 6ª, en 5 de abril de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 7ª, en 5 de abril de 2016 (se aprueba en particular).
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas derivan del rechazo por la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, de las siguientes enmiendas efectuadas por el Senado:
-La recaída en el número 1) del artículo 1°.
-La que incorpora un nuevo número 5) en el artículo 1°.
-La que suprime el número 3) del artículo 2°.
-La que introduce un nuevo número 10) en el artículo 2°.
-La que agrega un nuevo número 16) en el artículo 2°, en lo que respecta a la letra b).
-La que incorpora un nuevo número 18) en el artículo 2°.
-La que introduce un nuevo número 28) en el artículo 2°.
-La que adiciona un nuevo número 29) en el artículo 2°.
-La recaída en el número 1) del artículo 3°.
-La recaída en el número 1) del artículo 4°.
-La recaída en el número 1) del artículo 5°.
-La que remplaza el artículo 12.
-La que incorpora un artículo 14, nuevo.
-La que sustituye el artículo primero transitorio.
-La que modifica el artículo segundo transitorio.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que comprende las normas en controversia y otras disposiciones de la iniciativa, así como las adecuaciones correspondientes a los ajustes formales requeridos por el texto contenido en la proposición.
La referida proposición fue acordada con las votaciones que en cada caso consigna el informe.
Además, debo informar que la Cámara de Diputados, en sesión de hoy, aprobó la propuesta de la Comisión Mixta.
Cabe hacer presente que el número 16 del artículo 2° del texto sugerido es de quorum calificado, por lo que para su aprobación se requieren 19 votos favorables.
A su turno, el artículo 14 contenido en la proposición tiene rango orgánico constitucional, por lo que debe aprobarse con al menos 21 votos favorables.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran, en la quinta y sexta columnas, respectivamente, la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse el informe.
El señor LAGOS (Presidente).- Le daré la palabra al señor Ministro del Interior, y cuando concluya abriré la votación.
El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Intervendré en forma muy breve, señor Presidente, porque -esto, a propósito de la seguridad pública y del interés que Sus Señorías manifiestan en la materia- deberé retirarme dentro de pocos minutos para intentar remplazar a la Presidenta de la República en la inauguración de la 4ª Comisaría de Concón.
En primer lugar, quiero agradecer al Senado de la República por el trabajo que realizó en la llamada "Agenda corta", tanto en el segundo trámite constitucional del proyecto cuanto en la Comisión Mixta, pues considero que, aprovechando toda la tramitación legislativa, estamos entregando un buen texto normativo desde el punto de vista de los instrumentos necesarios para la prevención y la punición.
Como manifestamos en las otras oportunidades en que intervinimos, esta es una buena noticia para la inmensa mayoría de los chilenos y una mala noticia para los delincuentes avezados, y en particular para los reincidentes.
Estamos convencidos de que la forma como en el trámite final pudimos salvar dudas legítimas que había respecto del robo calificado hace absolutamente recomendable su aprobación con los numerales que establece la Comisión Mixta.
De otra parte, se deben eliminar las referencias innecesarias a legislaciones que son aplicables en todo evento.
Por ejemplo, no es menester mencionar la "Ley Zamudio" en cada normativa, porque tiene aplicación general. De modo que la Comisión Mixta determinó unánimemente que la referencia a ella estaba de más, e incluso, que podría ser motivo de confusión.
Se llegó a un buen acuerdo en materia de los inspectores municipales.
No se insistió en el artículo 182 del Código Procesal Penal.
Al respecto, simplemente quiero decir que no se entendió -por la razón que fuere- lo que correspondía a, en mi opinión, una buena idea.
Fue sabio no insistir en ello, porque ya no se iba a entender y, en consecuencia, se podría haber ensuciado un proyecto que tenía -y sigue teniéndolos- objetivos fundamentales.
Estimo adecuado lo realizado en materia de prueba anticipada y de juicio simplificado en ausencia del imputado.
También, el hecho de subir de 5 a 10 años la posibilidad de ir a juicio abreviado en los delitos de la "Agenda corta".
Tocante a la dificultad que puede haber, particularmente para el sujeto pasivo, en lo concerniente a la determinación de delitos sin lesiones, sin rastro, me parece muy correcta la forma que se buscó para incluir una protección mayor al agente público en el artículo 261 del Código Penal.
Ese fue un aporte del Senado de la República.
Por último, en cuanto al control preventivo de identidad, muchas de las modificaciones emanaron del Senado.
En la referida materia, este proyecto cambió absolutamente de giro en la Cámara Alta, que recibió algo totalmente distinto de lo que despachó en definitiva.
El texto aprobado en la Cámara Baja presentaba tales inconvenientes que los propios Diputados, cuando lo recibieron de vuelta, votaron mayoritariamente en contra.
Tengo la impresión de que lo que logra la Comisión Mixta en el sentido de centrar el instrumento preventivo -no el punitivo- en materia de seguridad pública en los mayores de 18 años, manteniendo la presunción de que hay menoría de edad cuando a este respecto no es factible la determinación; estableciendo que el procedimiento solo se puede hacer in situ y entregando todas las posibilidades tecnológicas para la identificación, y consignando la obligación de publicar en la página web del Ministerio del Interior y Seguridad Pública la estadística trimestral de su aplicación, permite que un instrumento en mi concepto necesario desde el punto de vista preventivo esté acompañado no solo de resguardos (ya los tenía) sino también de elementos que evitan que su aplicación práctica importe la amenaza de conculcar garantías constitucionales.
Es cuanto puedo señalar a esta Honorable Corporación.
Señor Presidente, como ha ocurrido normalmente en la tramitación de este proyecto, queda en este Hemiciclo la señora Ministra de Justicia, quien ha tenido en ella un rol preponderante, mucho más que el de quien acaba de hablar.
Muchas gracias.
El señor LAGOS (Presidente).- En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.- Primero voy a informar como Presidente de la Comisión Mixta y con posterioridad, cuando me corresponda, intervendré a título personal.
Señor Presidente, estamos llegando al final de la tramitación del proyecto conocido como "Agenda corta antidelincuencia", que se originó en un mensaje de la Presidenta de la República suscrito por los Ministros del Interior, de Justicia y de Hacienda y presentado a la Cámara de Diputados en enero de 2015.
Después de una minuciosa tramitación legislativa, que incluyó innumerables sesiones de trabajo y audiencias en que se escuchó a representantes de las principales instituciones involucradas en la persecución penal, las Comisiones de Constitución, de Seguridad Ciudadana y de Hacienda de ambas Cámaras evacuaron un total de siete informes, a los cuales se suma el informe recién emitido por la Comisión Mixta (tuve el honor de presidirla) que se encargó de conocer las discrepancias finales suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados y de proponer una fórmula para solucionarlas.
Cabe recordar que el propósito central de esta iniciativa es mejorar el funcionamiento de nuestro sistema procesal penal ante delitos de gran connotación social, como el de robo, el de hurto y el de receptación, para aumentar la probabilidad de que los responsables de tales ilícitos reciban condenas efectivas, de que estas se impongan por el tiempo que establece la ley y de que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes.
Para dichos efectos, el proyecto introduce modificaciones a diversos cuerpos legales, las que se agrupan en dieciséis artículos permanentes y dos transitorios.
Estas normas establecen en nuestro Código Penal un conjunto de medidas efectivas de prevención general contra los mencionados delitos, que incluyen un sistema especial de determinación de la pena y un ajuste a las agravantes y a las respectivas sanciones.
Asimismo, se contempla una serie de enmiendas al Código Procesal Penal, orientadas a aumentar las capacidades de investigación de las distintas instituciones que participan en el sistema del proceso penal.
En una norma separada se regula integralmente un nuevo procedimiento general, denominado "control preventivo de identidad", cuyo propósito es facilitar el cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública que corresponden a las policías.
Asimismo, la iniciativa perfecciona otros cuerpos legales, tales como la ley N° 18.216, sobre penas sustitutivas, de manera de regular con un criterio más restrictivo la aplicación de las sanciones a los delitos ya mencionados; el decreto ley N° 321, sobre beneficio de la libertad condicional, y la normativa orgánica de las instituciones policiales y de Gendarmería de Chile, para sancionar con mayor rigor los delitos de homicidio o de lesiones graves que se cometan contra sus integrantes.
Del mismo modo, se consagra legalmente la existencia del Banco Unificado de Datos, basado en la labor coordinada de todas las instituciones involucradas en la persecución del delito, y se disponen cauces para que ellas tracen objetivos comunes que guíen su plan de trabajo, con la finalidad de mejorar el funcionamiento del sistema en su globalidad.
El proyecto incluye una norma transitoria que consagra un régimen especial para facilitar los proyectos de inversión relativos a la ampliación y construcción de establecimientos penitenciarios en las Regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío, con el fin de mitigar los actuales problemas de hacinamiento carcelario y facilitar la resocialización de los internos.
Señor Presidente, en este proyecto hubo 15 puntos en que no se produjo acuerdo entre ambas Cámaras del Parlamento, lo que motivó la formación de una Comisión Mixta.
Se trata, en la mayoría de las situaciones, de materias que concitaron interés desde el inicio. Son los casos del artículo 12 de la iniciativa, que introduce el nuevo control preventivo de identidad; del artículo 182 del Código Procesal Penal, en que se proponía una sanción para determinadas personas que divulgaran informaciones propias de la investigación de un delito o de las normas que castigaban ciertos maltratos inferidos al personal policial y de Gendarmería en el ejercicio de sus cargos.
En el comparado que las señoras Senadoras y los señores Senadores tienen a su disposición, las materias conocidas y resueltas por la Comisión Mixta figuran en las páginas con fondo sombreado, donde también se presenta la solución que se alcanzó en cada caso, que constituye el texto cuya aprobación se recomienda a las Salas de ambas Corporaciones.
Debo informar que cada una de estas divergencias fue objeto de un acucioso análisis al interior de la Comisión Mixta, el que consta pormenorizadamente en el informe evacuado, el que también indica las respectivas votaciones.
Naturalmente, estas materias y las fórmulas que se proponen para resolverlas pueden seguir motivando opiniones discrepantes. Y, en esta sesión, cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de plantearlas.
La Comisión Mixta, sin embargo, cumplió su misión de proponer las soluciones que consideró más apropiadas para superar las divergencias, habiendo sido aprobadas por la Cámara de Diputados, y corresponde ahora que nuestra Sala las examine y decida si las acoge.
En mi calidad de Presidente de la Comisión Mixta, es cuanto puedo informar en esta oportunidad.
El señor LAGOS (Presidente).- Sin perjuicio de darle la palabra al Honorable señor Quinteros, solicito el asentimiento de la Sala para que el Senador señor Zaldívar me reemplace en la testera.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Honorable señor Zaldívar, en calidad de Presidente accidental.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como lo manifestamos en la discusión particular, los Senadores socialistas estamos convencidos de que la delincuencia debe ser enfrentada de manera integral por el Estado, con medidas en los ámbitos de la educación, de la capacitación, del empleo, de la vivienda, de los espacios públicos, de las políticas de infancia y adolescencia, de la salud mental, y de la reinserción y rehabilitación. Cabe agregar a ello una revisión completa de nuestro Código Penal y de los sistemas de cumplimiento de condena, así como el fortalecimiento de la capacidad de nuestras policías y del trabajo de prevención y persecución penales.
Por estas razones, apoyamos la iniciativa del Ejecutivo, expresada en la "Agenda corta antidelincuencia", que persigue facilitar la investigación del Ministerio Público y hacer efectivas las penas a los condenados por delitos de robo, hurto y receptación.
Durante el debate, diversas indicaciones agregaron nuevas disposiciones, algunas de ellas no debidamente justificadas en cuanto a su eficacia, en nuestra opinión, o que representan riesgos para el pleno respeto de los principios del debido proceso penal.
En particular, fuimos y somos críticos de algunas normas que más bien parecen ser respuestas simples y fáciles a un fenómeno tan complejo como la delincuencia.
Ese es el caso del llamado "control preventivo de identidad", establecido en el artículo 12 del proyecto. La Comisión Mixta logró avances en su regulación, excluyendo a los menores de edad y restringiendo a una hora el período de retención de cuatro. Asimismo, solo podrá realizarse en el mismo lugar en que se encuentre la persona, descartándose la posibilidad de trasladarla a un recinto policial.
Se trata de mejoramientos efectivos. Y si bien mantenemos nuestras aprensiones en cuanto a que estos procedimientos podrían dar lugar a conductas arbitrarias o discriminatorias, sus eventuales efectos lesivos han sido moderados sustancialmente.
En consecuencia, hemos resuelto votar a favor de lo propuesto por la Comisión Mixta, lo que si bien no nos representa plenamente, como hemos dicho, es indudable que constituye un avance con relación al articulado que aprobó esta Corporación en el segundo trámite.
Lo hacemos, también, porque creemos de verdad que un problema como el delictivo requiere una respuesta unitaria, de Estado, desligada de la contingencia.
Insistimos en que lo más importante es que la respuesta debe ser integral y de largo plazo. De otra manera, si solo nos quedamos en las medidas de corto plazo, no estaremos apuntando a las cuestiones de fondo detrás de un flagelo que tanto afecta a la calidad de vida de los chilenos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Puede intervenir el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, el texto en discusión a propósito del informe de Comisión Mixta es extraordinariamente importante y ha sido promovido por el Ejecutivo a raíz de la inquietud ciudadana por el aumento de la delincuencia. Particularmente se centra en los casos de robo y de hurto, los delitos de mayor connotación social y ocurrencia en nuestro país.
Por lo tanto, se trata de mejorar el funcionamiento del sistema procesal penal en relación con estos ilícitos y elevar la probabilidad de que los responsables sean objeto de condenas efectivas, y, al mismo tiempo, de que sea posible sancionarlos con mucha fuerza sobre la base de distinguir entre primerizos y reincidentes y de cargarles la mano a estos últimos. Para ello, se incorpora un conjunto de medidas, lo que ha permitido, a mi juicio, avanzar enormemente en la buena línea de apoyar a las instituciones que colaboran en esta determinación.
Como ya estamos al final del camino, solo quiero referirme a los principales temas que aborda el informe, para comentar los aspectos que me parece que han quedado muy bien resueltos y otros que estimo que no presentan la misma característica y quedan con un saldo negativo o pendiente.
Una de las primeras modificaciones decía relación con el aumento del castigo respecto de ciertos delitos. En esta materia, el Senado había endurecido las sanciones aprobadas originalmente por la Cámara de Diputados, que las rechazó en el tercer trámite.
¿Qué es lo que pasaba? Por el juego del robo con violencia más otras acciones -por ejemplo, cuando se cometía con castración, mutilación o lesiones gravísimas-, resultaba una pena muy alta.
Por desgracia, es una situación que tiene que ver con la falta de un mecanismo más uniforme de sanciones, porque aún no aprobamos el Código Penal nuevo, cuya discusión se halla pendiente. El texto todavía no se reenvía a su tramitación en el Senado. Hemos quedado con un sistema que es preciso ir arreglando un poco caso a caso.
Sin embargo, finalmente logramos un entendimiento sobre la base de una graduación adecuada, con la incorporación o no, según las circunstancias, de las agravantes, de manera que media un aumento de sanción con pisos mínimos y, en algunas hipótesis, techos altos. A mi juicio, ello se ha logrado en forma muy satisfactoria, por lo que fue aprobado por unanimidad.
Respecto de la prueba anticipada y del rechazo a facultar al tribunal para recibir, en el juicio penal ordinario y en el simplificado, la rendida por el Ministerio Público aún en ausencia del imputado, se llegó a un acuerdo en el sentido de que eso puede proceder si acaso la persona ha sido válidamente emplazada. Por lo tanto, zanjamos la cuestión respecto de ese primer procedimiento, lo que eliminó uno de los focos de conflicto.
Una tercera discusión entre ambas ramas del Congreso decía relación con las filtraciones. Sus Señorías recordarán que se suscitó un gran debate ante la pena que incorporó el Senado a la divulgación de aspectos bajo reserva cuando se tratara de intervinientes directos actualmente sin sanción, la que solo se refiere a los que filtran y son funcionarios públicos.
El asunto motivó un enorme cuestionamiento. Algunos concluyeron, malamente -y otros quizás mañosamente-, que se trataba de castigar a la prensa por cualquier filtración. Lejos de ello, esa interpretación se le podría dar al texto vigente, lo que jamás ha sucedido, pues nunca ha sido ese el espíritu de la norma.
En tal sentido, la disposición propuesta por esta Corporación era perfectamente atingente al problema y permitía sancionar a intervinientes directos, pero entendiéndose por ellos a abogados privados de las víctimas o de la Defensoría que quisieran aprovecharse del conocimiento del expediente para litigar a través de la prensa o en cualquier otra forma pública, o a quienes tuvieran que tomar una medida como la interceptación de un teléfono y le avisaran al interceptado. Hoy día han quedado fuera de la norma.
Pienso que ha habido temor y debilidad ante lo que puedan decir medios de prensa que aparentemente no han leído el proyecto. La solución definitiva fue la eliminación del texto correspondiente.
Me parece que esta es una mala determinación y manifiesto mi desazón ante ello, pues considero que se habría avanzado en evitar la indefensión en que se queda en un juicio -ello puede decir relación con el imputado o con la víctima- por la forma como actúan algunas personas que no son objeto hoy día de sanción alguna en nuestro Código Penal.
En lo que respecta al capítulo de impedir u obstaculizar el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de inspectores municipales, se llegó al acuerdo de eliminar las sanciones cuando se trate de una obstrucción, pero de dejarlas cuando se incurra en un impedimento, lo que permitió zanjar el punto.
Se logró incorporar algo muy importante. Nosotros habíamos acordado, tratándose de agresiones a Carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones y Gendarmería, contemplar de manera distinta las lesiones leves o el maltrato físico que no deja daños visibles. Lo que se hizo ahora fue incluirlos a todos ellos en el artículo 261 del Código Penal, que establece el delito de atentado contra la autoridad. Cuando este ocurra, los afectados se van a reputar autoridad, de modo que los responsables podrán ser sancionados. Nos parece una solución salomónica.
Juzgo que lo más delicado y grave de la iniciativa dice relación con el control preventivo de identidad.
Se ha hecho aquí un gran alarde al tratar de impedir la efectividad de las atribuciones que Carabineros solicita para obtener resultados en el ámbito del control y de la prevención de delitos. Una de ellas es la extensión del control preventivo de identidad conforme a lo establecido por la ley. Hoy día existe el de carácter investigativo, cuando se busca a una persona, y se puede realizar sin mayores problemas, en tanto que el preventivo se autoriza en algunos casos especiales, como en la ley contra la violencia en los estadios, tratándose del ingreso a un recinto deportivo. Ello no ha enfrentado mayores dificultades en su aplicación.
La idea de cubrir otros ámbitos para lograr que las 66 mil órdenes de detención vigentes puedan ser fiscalizadas, entre otros propósitos, permitiría, como lo planteó el Senado, un control de identidad efectivo.
Lamentablemente, la Cámara de Diputados rechazó en forma bastante amplia -no puedo explicarme por qué- la modificación. Las dudas expuestas en orden a que llegara a constituir la reposición de la detención por sospecha causaron más inquietud que el beneficio de que un carabinero, conforme a los procedimientos establecidos y sometido a sanciones si acaso fuera más allá, pudiera realizar un control al azar en cualquier punto del país.
Lo repuesto, finalmente, es que el control de identidad quede acotado a mayores de 18 años.
Se excluye a los jóvenes entre 14 y 18 años, no obstante que tienen responsabilidad penal. En caso de existir dudas acerca de la mayoría de edad, se presumirá que la persona es menor. Por lo tanto, se trata de un nuevo beneficio en tal sentido.
La medida solo puede practicarse por una hora. Quedará sin efecto, sin mayor consideración, si en ese lapso la identificación no es posible.
Nuestro proyecto establecía hasta cuatro horas. Si no era factible cerciorarse de la identidad, se podía llevar a la persona a una comisaría con el objeto de que, dentro del mismo período, se pudiera...
Necesito un minuto más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Lo tiene, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.- Gracias.
Lamentablemente, nuestra proposición no fue aceptada.
En consecuencia, el procedimiento tendrá que restringirse a una hora. Solo habrá posibilidades de una acción ulterior si media una negativa a acreditar la identidad o se oculta la verdadera o se proporciona una falsa, lo que dará lugar a sanciones y a ser puesto a disposición del juez de garantía.
No obstante todas las facilidades consideradas para que una persona se pudiera identificar por cualquier medio, no solo los oficiales, sino también la tarjeta estudiantil o un dispositivo tecnológico, la norma quedó desechada.
El control de identidad que se contempla no ayudará a los objetivos a los cuales apuntaba la petición de Carabineros y hemos perdido una oportunidad para darle más seguridad a los chilenos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, por supuesto que estamos dando hoy día un paso importante y decisivo a fin de poder entregarles a las policías herramientas para enfrentar la mayor urgencia ciudadana, diría, como lo es la seguridad pública.
Y lo digo ante lo que está ocurriendo en nuestra Región. Por su intermedio, señor Presidente, le expongo a la señora Ministra de Justicia que se plantea una situación bastante peculiar con motivo de un modus operandi especialísimo: turbas de 25 a 30 personas entran a establecimientos comerciales y los saquean completamente.
Se han registrado más de diez denuncias, durante la última semana, en San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar y comunas del litoral central.
Formulo un llamado de atención, entonces, respecto de la sensación de inseguridad de los habitantes.
Hace unos días estuvimos trabajando con los vecinos de Concón. Lo hemos estado haciendo permanentemente con los de Forestal y de El Olivar, en Viña del Mar.
Los de Colinas del Mar, en San Antonio, me han anunciado hoy día que van a iniciar acciones de protesta ciudadana por la sensación de inseguridad que los embarga.
Lo mismo dice relación con los del sector Huertos Obreros, de La Calera, con quienes estuve, donde también es necesario hacerse cargo del problema.
Por eso, solicito la adopción de todas las medidas que se requieran y no solo la aprobación de la "Agenda corta".
Me hubiera gustado, sí, que se acogiese el texto del Senado respecto de algunas materias. Al introducirse 56 modificaciones al control preventivo de identidad sancionado por la Cámara de Diputados, creo que la disposición que distinguía claramente entre menores y mayores de 18 años y era consistente con la Convención de los Derechos del Niño iba en la dirección correcta.
El maltrato de obra a Carabineros queda en completa impunidad. Lo señalo porque me parece que es preciso restablecer la autoridad de las policías, lo que incluye a la de Investigaciones. Se trata, asimismo, de una norma esencialísima, y creo que perdimos una oportunidad de mejorarla.
Considero un elemento relevante el que vaya a mejorar la capacidad investigativa del Ministerio Público.
Y quiero volver a los "turbazos", denominados así por tratarse de turbas que entran a un establecimiento comercial y lo saquean por completo. Este caso involucra una necesaria modificación del artículo 436 del Código Penal. Aunque se opere sin armas ni elementos cortopunzantes, tiene lugar una intimidación al mediar la agravante del número de malhechores que ingresan al lugar.
¿Qué ocurre hasta ahora? Todas estas denuncias se hallan en manos de distintos fiscales, quienes llevan, además, mil, mil quinientas, dos mil causas. Por lo tanto, no existe capacidad para acumular investigaciones sobre estos hechos con un mismo modus operandi.
A través de los videos de los propios establecimientos comerciales logramos identificar las tres bandas que operan y quiénes son sus cabecillas, habiendo sido posible determinar que estos tienen órdenes de aprehensión pendientes.
Sin embargo, hasta ahora no hay herramientas para poder acumular -repito- estas causas con un modus operandi similar.
A mi juicio, en esa materia hemos logrado un avance sustantivo.
Otro aspecto relevante dice relación con los recursos de las policías.
En nuestra región tenemos 433 vehículos que han sido dados de baja -¡433 vehículos dados de baja!- y que solo se van a reponer el primer semestre de este año.
La comisaría de Concón la logramos sacar adelante con mucho esfuerzo. Al principio una empresa pública había donado los terrenos para su construcción, pero después no se concretó. Al final, fue la misma institución de Carabineros de Chile la que, a solicitud nuestra, adquirió con fondos propios el predio donde se levantó dicho recinto policial. De hecho, hoy día será inaugurado, a las 18:30, por el Ministro del Interior.
Pero quiero decirles que no tenía vehículos policiales. Se los pedía prestados a Villa Alemana. Lo que hacía el General de la Quinta Zona era, finalmente, administrar pobreza, administrar recursos exiguos. Cuando le decíamos que teníamos problemas de seguridad ciudadana en Forestal, él se las arreglaba para que hubiese policía montada a partir del día siguiente, para dar la sensación de mayor seguridad en el lugar. O en Laguna Verde, en Valparaíso, o en el cerro Los Placeres, o en el cerro Alegre.
Por lo tanto, hay voluntad para resolver el problema, pero administrando recursos muy escasos.
Y me atrevería a decir lo siguiente.
El Gobierno del Presidente Piñera aprobó la incorporación de 10 mil nuevos efectivos. La Presidenta Bachelet, por su lado, consiguió aumentar la dotación en otros 6 mil, pero ninguna de esas medidas da cuenta, en definitiva, de la capacidad que tiene Carabineros para renovar su personal.
La pregunta que debiéramos formularnos es cuántos funcionarios son dados de baja por edad, pensando que la carrera policial llega a su fin a los 30 años de servicio. O sea, carabineros formados en grados y en experiencia se retiran de la institución a los 50 años de edad. Creemos que es absolutamente necesario alargar la carrera funcionaria. Y eso implica la necesidad de generar masa crítica, de recontratar a personal en retiro para que efectúe labores administrativas y, en definitiva, liberar a más efectivos para que puedan cumplir funciones de seguridad pública.
Lo mismo vale respecto de la PDI.
Yo diría que un elemento determinante de este proyecto de ley dice relación con la capacidad de establecer bases comunes de órdenes de aprehensión. Esto es absolutamente necesario.
Hasta ahora, las órdenes de aprehensión que tenía la PDI las desconocía Carabineros y las de Carabineros las desconocía la PDI. Había duplicidad en el trabajo efectuado. Por lo tanto, el banco unificado de datos policiales resulta absolutamente indispensable y va en la dirección correcta.
Junto con los colegas Espina, Prokurica, con los Senadores de Renovación Nacional en general, presentamos múltiples proyectos de ley sobre esta materia. Pedimos que se les pusiera urgencia. Luego, el Gobierno recogió algunos de ellos, los presentó en la Cámara de Diputados y se pudo legislar. Sin embargo, la otra rama legislativa se dio una vuelta de carnero que yo no había visto jamás.
En principio, aprobó un control de identidad mucho más riguroso y menos cuidadoso que aquel que despachó el Senado. Pero, cuando el control preventivo de identidad, corregido por nuestra Corporación, volvió a la Cámara de Diputados, esta lo votó en contra. ¡Es la voltereta más profunda que he visto en el último tiempo y dice relación con el populismo legislativo!
Acá muchos creen que efectivamente el control preventivo de identidad es lo mismo que la detención por sospecha. ¡No, señores! Nosotros somos contrarios a la detención por sospecha. Lo hemos dicho desde el primer minuto. Pero es necesario entregarles herramientas a las policías para que hagan la pega, porque, de lo contrario, poco podrán hacer.
Es inevitable pronunciarse respecto del otorgamiento de las libertades condicionales.
Resulta inexplicable -es un dato tangencial, pero también dice relación con la seguridad pública- que en la Región de Valparaíso hayamos pasado del 7 al 90 por ciento de otorgamiento de libertades condicionales. Eso implicó que 724 reos salieran a las calles, aunque algunos no alcanzaron a estar un día afuera. Tres de ellos fueron nuevamente detenidos en menos de 24 horas.
Por supuesto que la libertad condicional es un derecho, pero, claramente, había que tener en cuenta los informes de Gendarmería.
De otro lado, es absolutamente necesario realizar un esfuerzo en rehabilitación. Y hay que invertir en ese ámbito.
La oferta rehabilitadora de nuestras cárceles, incluso de las concesionadas, no está a la altura.
Para qué hablar de los menores infractores de ley. La modificación al SENAME, distinguiendo entre menores infractores de ley y menores vulnerados en sus derechos, es absolutamente indispensable.
Le pido un minuto más, señor Presidente, para terminar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Puede continuar, Su Señoría.
El señor CHAHUÁN.- Gracias.
Por lo tanto, la modificación al SENAME es absolutamente necesaria. Lo mismo una ley de protección general de la infancia y una real capacidad y oferta rehabilitadoras. Ni hablar de las condiciones en que se encuentra el Centro ex Lihuén de Limache. O sea, la escasísima posibilidad que tienen los menores infractores de ley de ser rehabilitados está determinada por una exigua oferta rehabilitadora.
Finalmente, quiero reconocer los esfuerzos que hacen los consejos vecinales de seguridad. En Viña del Mar, en Valparaíso. Y en Concón, vecinos atentos y comunicados. Para qué hablar de los esfuerzos que se hacen en cada una de las comunas, donde los vecinos han entendido que tienen que ser protagonistas de su propia seguridad.
Este tema -yo diría que es el más importante para el país- únicamente lo vamos a enfrentar con la altura que se merece cuando aprobemos no solo la "Agenda corta", sino también la "Agenda larga", que implica otros desafíos que aún siguen pendientes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, definitivamente, esta es una buena ley. Esa es, al menos, mi convicción personal. Y yo creo que cuando el Congreso dicta una buena ley nosotros debemos sentir que estamos cumpliendo con el mandato que la ciudadanía nos entregó para enfrentar temas sociales relevantes como la seguridad ciudadana.
De partida, quiero resolver la polémica que se viene instalando desde hace mucho tiempo en cuanto a si la delincuencia efectivamente ha aumentado en nuestro país o si ello es producto de la forma como los medios de comunicación cubren los hechos delictuales.
He visto por ahí a algunos comentaristas señalar que la delincuencia no ha aumentado. Eso no es verdad. Si uno toma todas las encuestas serias (pongo sobre la mesa, por ejemplo, la encuesta Paz Ciudadana-Adimark), verá que entre los años 2000 y 2016 la delincuencia se ha incrementado, particularmente en lo que respecta a los delitos de robos violentos -o sea, la victimización-, de un 30 por ciento (me estoy refiriendo a los robos con violencia e intimidación en las personas y a los robos con fuerza en las cosas) a un 39 por ciento, lo que significa un incremento de casi 27 por ciento.
Entonces, no es un invento de la gente que hay más delitos. Y este fenómeno no partió durante este Gobierno, sino que se ha venido incrementando progresivamente en nuestro país.
Las cifras así lo demuestran, señor Presidente. Hay datos concretos. Nadie ha podido desmentir todavía lo que nos dijo el ex Presidente de la Corte Suprema don Sergio Muñoz: que hay 66 mil órdenes de detención pendientes, aunque, probablemente, son menos los delincuentes prófugos porque muchos de ellos pueden tener varias órdenes de detención pendientes. Pero no son por causas menores (causas de familia, pensiones de alimentos), como algunos han insinuado; se trata de órdenes emanadas de juzgados de garantía o tribunales orales en lo penal. Por tanto, tenemos una enorme cantidad de personas prófugas de la justicia.
El punto más complejo en el país es que los delitos donde más se ha disparado la delincuencia son los robos violentos: portonazos; asaltos en casas particulares, en lugares públicos, en locales comerciales, cuyas víctimas son de todos los niveles sociales y particularmente de las zonas más vulnerables, donde la vigilancia policial es más escasa y donde las pandillas operan con mayor impunidad.
Por lo tanto, este es un tema social transversal.
Y quiero dar el dato oficial. Según el Ministerio Público, el año pasado se archivaron, sin resultado, 334.142 robos violentos, lo que representa el 92 por ciento.
Ahora, ¿por qué digo que este es un buen proyecto? Porque les entrega a Carabineros, a Investigaciones y a los fiscales los instrumentos que han pedido para la persecución penal, y que son equivalentes a los que existen en países que han tenido éxito en la disminución de la delincuencia: Alemania, Francia, Italia, España.
Hace poco tuve la oportunidad de estar con el Ministro de Seguridad Ciudadana de este último país, donde esos instrumentos existen. Y allí no se alarman y además sienten que han sido un factor que ha ayudado.
¿Cuáles son esos instrumentos, fundamentalmente?
En primer lugar, los relacionados con facultades policiales que permiten saber si una persona tiene alguna orden de detención pendiente.
Al respecto, hay dos normas que nosotros aprobamos.
Una corresponde al llamado "control preventivo de identidad", que autoriza a la policía para pedirle a un ciudadano mayor de 18 años que se identifique con cualquier documento que acredite que es tal, para que, ojalá en el mismo lugar de los hechos -a eso apunta la disposición-, a través del control biométrico u otros "medios tecnológicos idóneos" -como dice la ley-, pueda saber si esa persona tiene una orden de detención pendiente.
Y la segunda norma es el artículo 85, que establece el control investigativo, que permite que, cuando existen indicios o antecedentes que hagan presumir -la ley usa una expresión muy particular: "inferir"- que determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente, se le pueda pedir su cédula de identidad.
Este es uno de los veintitantos cambios que se realizan, pero hay otros que son mucho más relevantes.
Por ejemplo, en los delitos contra la propiedad, al igual que como se aprobó para los delitos de cuello y corbata (la colusión), los jueces no van a poder salirse de la pena que establece el Código Penal o la ley respectiva, de tal manera que si, como en el robo con violencia, la pena es de cinco años y un día a quince años, el juez no podrá aplicar una sanción inferior a cinco años y un día.
Hoy esa es la gran distorsión de nuestro sistema, pues los autores de delitos graves como los robos violentos finalmente terminan con penas bajísimas que son absolutamente incomprendidas por la ciudadanía.
Luego, existen normas que permiten a las policías tener agentes encubiertos, agentes reveladores y entregas vigiladas, las que apuntan, fundamentalmente, a luchar contra las bandas y pandillas, que son las que permanentemente cometen los robos violentos. Obviamente, tales medidas deberán contar con la autorización de un juez de garantía.
Asimismo, se mejoran las normas sobre allanamiento y registro de domicilios donde haya especies robadas.
Actualmente tenemos una legislación muy absurda, pues si un policía allana un domicilio ¡con orden judicial!, encuentra especies robadas de un delito y, simultáneamente, especies de otro delito, no puede llevarse estas últimas y hay que llamar por teléfono al fiscal para que este, a su vez, se comunique con el juez y de esa manera sea posible incautar objetos evidentemente robados.
También se mejoran bastante las normas sobre reducción de especies. Hoy puede haber incluso empresas que se dedican a esta actividad. Ahora habrá una exigencia mucho mayor respecto a la forma como puedan operar e incluso se prevé su disolución, sin perjuicio de la sanción penal a quien corresponda por su responsabilidad en este tipo de ilícito.
Hay normas que no se han considerado mucho en el debate pero que a mi juicio tienen enorme importancia. Por ejemplo, se establece por ley la obligación de fiscales y policías de coordinarse y de capacitarse (existen graves problemas en estos ámbitos); de elaborar planes y programas comunes; de fijar metas.
¡Esas son las cosas que harán que el sistema empiece a funcionar como corresponde!
Y además de las que he nombrado, hay otras que mejoran la protección de los testigos y de las policías. O sea, hay una batería de disposiciones que pone a la ley chilena a la altura de las legislaciones modernas, con los resguardos pertinentes para que se respeten los derechos ciudadanos.
Alguien me preguntaba: ¿Va a disminuir la delincuencia con esta ley? Ojalá que sí, pero quiero decir que la delincuencia es un tema mucho más complejo que requiere avanzar en prevención, materia en la que en Chile hacemos muy poco, particularmente con los niños. Tenemos un déficit enorme al respecto.
Yo sé y me consta que la Ministra de Justicia hace lo que puede. Estamos en un período de restricción económica, pero ella sabe, porque tiene enorme experiencia en esta materia -trabajó en Paz Ciudadana; ha ocupado otros cargos de gobierno y es de las personas que más conocen sobre temas de seguridad ciudadana en nuestro país-, que si Chile no avanza en este tren, que tiene tres rieles simultáneos, no vamos a lograr disminuir mayormente la delincuencia.
¿Ayuda esta legislación? ¡Mucho! Pero debemos avanzar en la prevención, fundamentalmente con los niños infractores de ley, adolescentes o menores de 18 años, pues hoy día, en un altísimo porcentaje, no hacemos nada con ellos. ¡Nada!
Cada vez que se plantea este tema, se priorizan recursos para otros ámbitos. Y cuando uno trata de llamar la atención de los parlamentarios diciéndoles que es necesario priorizar la atención de 20 mil niños al año, todos miran para el techo.
Así que ahí tenemos un déficit enorme, aunque espero que en la próxima Ley de Presupuestos exista más conciencia social sobre el problema.
Tampoco cabe duda de que tenemos que avanzar en rehabilitación, en los cupos para reinserción social y laboral, porque, si no les damos a los presos la oportunidad de rehabilitarse, los obligamos a continuar en el mundo del delito.
Este es un tren de tres rieles: prevención, persecución penal y rehabilitación.
¿Cuál estamos mejorando aquí? El riel de la persecución penal.
¿En qué se avanza? En la posibilidad de construir recintos carcelarios que estén a la altura de los procesos de reinserción que la sociedad merece.
Por todas estas consideraciones, señor Presidente, siento que este es un buen proyecto de ley. Es fruto de la capacidad del actual Gobierno de haber recogido mociones y proyectos que venían de la Administración de Sebastián Piñera, mejorándolos y perfeccionándolos. Y fue trabajado en la Comisión con visión de futuro, intentando hacer el mayor esfuerzo por disminuir el principal problema que enfrenta la ciudadanía: la delincuencia.
Por esas razones, aprobamos el informe de la Comisión Mixta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, creo que aquí hay dos cosas distintas que, en una discusión de este tipo, pueden llegar a confundirse.
Primero, valoro profundamente la aprobación, a través de este trámite, del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos. Porque eso es lo que estamos haciendo hoy día: cumplir el último trámite de un largo y farragoso proceso, donde se ha hecho una discusión muy profunda respecto de cómo enfrentar la delincuencia, por lo menos en uno de sus aspectos.
La iniciativa no pretende ser un catálogo de modificaciones, pero involucra diferentes temas: libertades provisionales; reincidencia; algunas alzas de penas; libertades condicionales; coordinación y protección de fiscales; sistema investigativo. En su conjunto, sin embargo, me parece que constituye un paso importante para enfrentar de mejor manera la delincuencia.
Así que, valorándola, quiero salirme un poquito del tema excluyente de tener que pronunciarnos sobre el informe de la Comisión Mixta, algunos de cuyos acuerdos evalúo positivamente.
Por ejemplo, no se ha mencionado mayormente la muy relevante modificación del artículo 261 del Código Penal, que ahora incorpora, entre los sujetos pasivos o víctimas posibles del delito de atentado contra la autoridad, a funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería.
Recordemos que en su N° 2° dicha disposición castiga a "Los que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, cuando aquélla o éstos ejercieren funciones de su cargo".
Es un tema muy profundo e importante que, a mi juicio, fue bien resuelto por la Comisión Mixta.
Los Senadores más vinculados al órgano bicameral han podido explicar en detalle las distintas resoluciones que allí se adoptaron en función de discrepancias suscitadas entre la Cámara y el Senado.
En ese contexto, quiero hacer presente que, lamentablemente, algo que era muy relevante generó un acuerdo absolutamente deslavado, como era el control de identidad. Y como pasó a ser un asunto muy sustancial en relación con la forma de enfrentar la exacerbación de las órdenes de detención pendientes en Chile, cuestión que contribuye a la sensación de inseguridad, la mala y deslavada solución que se propone a ese respecto terminó marcando parte central de esta discusión.
No puedo encontrar la lógica que llevó a la Comisión Mixta a aumentar de 14 a 18 años la edad para ser sujeto del control de identidad. Si hay un tema que a todos los parlamentarios nos plantean reiteradamente los ciudadanos es el de buscar una modalidad distinta para enfrentar la delincuencia juvenil.
Y no me estoy refiriendo a una pena, sino simplemente al hecho de saber que un menor de 18 años pueda ser sometido a un control de identidad.
Aquí se observa una especie de impunidad en cuanto al control. Francamente, no lo entiendo.
Supongo que esta materia fue muy discutida en el órgano técnico y que fue fruto de una negociación que abarcó todas las normas en discrepancia. Sin embargo, y en virtud de ellas, no comprendo en favor de qué se resolvió fijar una suerte de exención del control de identidad a los menores de 18 años.
Se dice que hoy día basta un indicio para proceder a verificar dicho control. Pero, obviamente, lo propuesto constituye un debilitamiento de la idea matriz del proyecto en orden a avanzar en esa lógica.
Algo similar ocurre respecto del procedimiento para ejercer tal facultad.
La Comisión Mixta planteó que no podrá extenderse más allá de una hora. Y agregó: "en aquellos casos en que no fuere posible verificar la identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento.".
¡Eso no es control de identidad! ¡Es cualquier otra cosa!
Estamos frente al deslave de una figura -lo argumenté durante la discusión general- que es de común uso en numerosas partes del mundo.
Algunos señalaron que lo propuesto inicialmente casi era algo propio de un Estado policial. Sin embargo, se pidió a la Biblioteca del Congreso Nacional una legislación comparada sobre el particular, y ahí se observa, con sorpresa, que el control de identidad está presente en muchas de las naciones más seguras. No es un requisito de seguridad, pero sí una característica. Los países que actualmente se consideran más exitosos en el combate contra la delincuencia cuentan con algún mecanismo de esa naturaleza.
Por ello, me cuesta entender que uno prescinda o se autoexcluya de utilizar herramientas perfectamente lógicas en un Estado de Derecho. Y me refiero a modificaciones que fueron aprobadas por este Senado en un trámite anterior. ¡Quiero dejarlo claro!
Al final, se propone una norma aguachenta que de alguna manera desvía la atención de un conjunto de otras disposiciones muy importantes que se logró concordar.
Señor Presidente, sin dejar de valorar el producto final luego de una larga tramitación, creo que si lo relativo al control de identidad se hubiera resuelto de buena manera estaríamos hablando de un paso significativo en materia de entrega de mayores herramientas a las policías y, por ende, de más seguridad ciudadana.
Sin embargo, aquí estamos ante una caída, un error no forzado o una zancadilla proveniente de quienes defienden una visión de la sociedad según la cual pareciera que la autoridad debiera restringir su control hasta niveles extremos. ¡Me parece un error grave!
Desafortunadamente, esa definición marcó parte de la presente discusión, que pudo haberse realizado en otros términos, en extremo positivos.
Lamento la forma en que se adoptó dicho acuerdo, aunque por lo menos no se aprobó por unanimidad. Algunos plantearon el mismo punto de vista que yo he manifestado respecto de la fórmula propuesta con relación al control de identidad: hace deslucir la modalidad distinta para enfrentar la delincuencia incorporada en el espíritu del proyecto aprobado en general, que se pierde a partir de la decisión deslavada de la Comisión Mixta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, deseo saludar, en primer lugar, a la señora Ministra de Justicia, quien nos acompaña en la Sala.
Más allá de lamentar el debate reactivo que a veces se da en materia de seguridad pública, este proyecto persigue un propósito. Por algo se habla de "Agenda corta antidelincuencia".
Estamos ante la conclusión de una Comisión Mixta, cuyas proposiciones permitirán a los jueces contar con mayor certeza al momento de aplicar penas en juicios por determinado tipo de delitos.
Eso es, sin duda, lo central de la iniciativa en análisis.
Una vez convertida en ley, va a ser más difícil que los reincidentes y quienes cometan ciertos delitos con violencia contra la propiedad o contra las personas salgan a la calle de nuevo, sin antes cumplir una pena efectiva.
He ahí lo esencial. Y, por cierto, lo valoramos.
Pedí la palabra, señor Presidente, para decir que la bancada del Partido Socialista va a votar a favor del informe de la Comisión Mixta.
Asimismo, consideramos satisfactoria la posición que adoptamos en una etapa anterior del debate, cuando nos opusimos a algunas normas.
Los Senadores de estas bancas rechazamos unánimemente las disposiciones relativas al control de identidad. Compartimos la opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos de que lo planteado en esta materia iba más allá de los derechos fundamentales garantizados en normas internacionales, por cuanto el procedimiento sugerido permitía actuar contra menores de edad y privar de libertad a personas, aunque se le llame "retención" o de otro modo.
En definitiva, el control de identidad que se propuso originalmente en la Cámara de Diputados era abusivo, excesivo e innecesario.
Los parlamentarios de mi bancada, junto con otros del PPD, fuimos los autores de la ley que terminó con la detención por sospecha en los años noventa. Hemos sido muy celosos en resguardar el derecho a la libertad de tránsito en nuestro país y el principio de inocencia, entre otras garantías, razón por la cual consideramos fundamental despachar en forma adecuada el presente proyecto.
Valoramos el trabajo que ha hecho la Comisión Mixta.
Nadie puede ser detenido por no portar su carné.
Por cierto, es posible realizar actualmente un control de identidad. Hay una norma vigente que lo permite, que incluso fue propuesta por Carabineros de Chile en su momento, referida a la verificación de la identidad de personas cuando existen indicios de delito.
La sugerencia de la Comisión Mixta en cuanto a ese punto es complementaria a la disposición vigente señalada.
En todo caso, tenemos dudas -lo dejamos consignado para la historia de la ley- sobre la eficacia de dicha proposición. No sabemos si realmente servirá para lo que algunos creen: identificar a personas fugadas o que no están cumpliendo su sentencia.
Pero igual vamos a aprobar esa norma.
Por otra parte, nos parece muy importante que se eliminara del proyecto lo que algunos calificaban como "el delito blanco"; o sea, cuando había agresión con presuntas lesiones a personal de fuerzas de orden, sin que se requiriera comprobarlas o constatarlas, bastando solo la declaración del agente público agredido (gendarme, carabinero, policía). Nosotros creemos que constituye un avance haber suprimido esa parte.
Lamento -hablo a título personal, para no comprometer a la bancada- lo sucedido respecto de la mal llamada "Ley Mordaza". En ningún momento -¡en ningún momento!- la intención de quienes promovieron esa norma fue limitar la libertad de trabajo de los periodistas para informar como lo consideren conveniente.
Pero quienes son intervinientes en un proceso penal deben observar la obligación de guardar silencio o reserva en una investigación en curso.
Algunos de nosotros pensamos que el problema tiene que ver -y disculpen si ofendo a alguien- con el hecho de que abogados con acceso a los expedientes no respeten esta norma y dificulten el trabajo que debe hacer el Ministerio Público.
Ese era el objeto de la norma que se propuso. Y, lamentablemente, por el debate que se generó, dicho precepto no figura en este proyecto de ley.
Lo anterior va a dificultar el trabajo de la Fiscalía contra el crimen organizado, al cual tantos dicen que hay que atacar. Lamentamos que este instrumento, que este criterio, que era muy importante clarificar, haya sido tomado de forma equívoca (a mi juicio) por algunos dirigentes de los medios de comunicación; porque estos no son intervinientes en los procesos de investigación penal.
Señor Presidente, aprobaremos el informe de la Comisión Mixta, ya que consideramos que es un avance de gran relevancia.
Queremos agradecer a la Ministra de Justicia y a su equipo por el trabajo que se hizo, y también valorar la labor de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en este debate (hoy encabezado por el Senador Araya); porque creemos que se logró rectificar equívocos del proyecto que discutimos originalmente y se volvió a poner en su eje lo fundamental: dar más certeza acerca de cómo van a actuar los jueces frente a ciertos delitos al momento de dictar sentencia.
Votamos a favor.
El señor ZALDÍVAR (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, estamos llegando al último trámite de lo que se ha conocido como la "Agenda corta antidelincuencia".
No me voy a detener en lo que ya varios colegas han señalado.
Este proyecto tiene varias aristas. Quizás la principal es que establece nuevas penalidades y formas de aplicar penas en ciertos delitos contra la propiedad, especialmente en los de robo, en que se consagra un marco similar al utilizado en la dictación de la Ley Emilia, en el sentido de que el juez tendrá que moverse dentro de los rangos que fija el legislador. Incluso, en algunos casos no podrá otorgar beneficios, sino que tendrá que cumplirse un año efectivo de pena de cárcel.
Asimismo, la iniciativa consagra técnicas de investigación bastante importantes. Por primera vez se permite la utilización por parte de las Policías de agentes encubiertos para desbaratar bandas que se dediquen en especial a la receptación o al robo, lo que obviamente es un instrumento de investigación con el que no contaban y que era del todo necesario.
Este proyecto estuvo en el centro de la polémica por dos materias, a las cuales me referiré, sobre las que la Comisión Mixta adoptó ciertas definiciones.
En primer lugar, quiero hacer una referencia a lo que algunos medios de comunicación denominaron "Ley Mordaza", o a lo que nosotros sostuvimos en la Comisión de Constitución del Senado y que, posteriormente, fue rechazado en la Cámara: el criterio que ratifica la Comisión Mixta precisa quiénes están obligados a guardar secreto en materia de investigación penal.
¿Por qué? Porque, a mi juicio, hubo un debate mal enfocado por los distintos actores, al partirse de una premisa errada.
Cuando el artículo 182 del Código Procesal Penal consagra un principio general señala que las actuaciones penales son secretas y solamente pueden tener acceso a la investigación el fiscal, los funcionarios policiales bajo determinados supuestos y, obviamente, el imputado y su representado. También los querellantes particulares, en caso de que existan.
Esa norma está actualmente vigente.
El mismo artículo 182 se encarga de precisar que el secreto alcanza a todos. Y ese precepto y el Código señalan que las investigaciones son secretas para los funcionarios públicos y para cualquier persona que conozca de la investigación.
Ese artículo no había sido objeto de discusión en general desde que entró en vigencia la reforma procesal penal, pues ninguna persona había interpuesto alguna querella por lo que se conoce como "violación del secreto" o, en términos coloquiales, "filtración" en el contexto investigativo.
A raíz de ciertas investigaciones de alta connotación pública que ha llevado a cabo el Ministerio Público, durante la discusión de la Comisión la Fiscalía Nacional pidió clarificar ese concepto, de forma tal que el Ministerio Público pudiera contar con una herramienta eficaz que impidiera la filtración de ciertas diligencias importantes de realizar.
Por lo anterior, la Comisión de Constitución del Senado hizo dos cosas: primero, una modificación de plazos a fin de que el Ministerio Público pueda ampliar por una vez el secreto de la investigación a los intervinientes, que son quienes tienen derecho a conocer la carpeta de investigación; y, asimismo, precisar qué personas deben guardar secreto durante el proceso.
La Comisión de Constitución del Senado entendió que el secreto de la investigación alcanzaba a tres grupos de personas.
En primer lugar, a los funcionarios públicos, entendiendo por tales a los fiscales; a los funcionarios del Ministerio Público; eventualmente a los trabajadores del Poder Judicial que conozcan de la investigación, y a los funcionarios policiales.
Un segundo grupo dice relación con los intervinientes del proceso que no sean funcionarios públicos. En este caso se incluye al imputado, al defensor particular y al querellante particular.
Y un tercer grupo se refiere a los particulares que, sin ser objeto de la investigación, tengan que cumplir con alguna diligencia decretada por el Ministerio Público. Por ejemplo, en el caso de una interceptación telefónica, el funcionario de la compañía de teléfonos que deba ejecutar la interceptación.
Esta interpretación, que fue rechazada por la Cámara de Diputados y que la Comisión Mixta, en ánimo de destrabar el proyecto, entendió que había que rechazar, a mi juicio abre un tema bastante complejo. Porque, a partir de ahora, si uno se atiene al tenor literal del artículo 182, el secreto de la investigación abarcará a cualquier persona; no se distingue. Y, a mi juicio, también alcanzará -incluso se lo manifesté a los profesionales del área- a los periodistas respecto de las filtraciones que pueden realizar durante el proceso de investigación.
Es cierto que aquí existe un problema sobre qué pena se aplica a aquel que viola el secreto, pues el artículo 246 del Código Penal sanciona expresamente la violación de secretos por parte de funcionarios públicos. Pero no hay que olvidar que la moderna doctrina penal ha entendido que existe cierto tipo de delitos especiales -como los mencionados en el artículo 246- que exigen para la concurrencia del sujeto activo, es decir, de quien comete un delito, ciertas características particulares (en este caso, ser funcionario público) que también se pueden hacer aplicables al particular que no las tenga. Se trata de la llamada "Teoría de la comunicabilidad del vínculo".
No repetiré el argumento que entregué cuando la Sala discutió este tema, pero debo decir que existe una cantidad importante de sentencias dictadas por tribunales orales en lo penal, ratificadas por cortes de apelaciones y la Corte Suprema, en que se ha condenado a particulares que no son funcionarios públicos por infracción al delito de fraude al Fisco.
A mi juicio, con la norma que han aprobado la Cámara y el Senado perfectamente se podría hacer aplicable el artículo 246 del Código Penal a cualquier persona que violara el secreto de la investigación, en virtud de la Teoría de la comunicabilidad del vínculo.
Por eso, será interesante conocer cuál será la postura que tomará la jurisprudencia en esta materia, sobre todo teniendo presente que en el Ministerio Público, según nos comentó el Fiscal Nacional, hay gran cantidad de investigaciones abiertas por violación de secreto y filtraciones de investigaciones.
Entonces, probablemente este será un aspecto que la Corporación tendrá que discutir y resolver en un tiempo muy breve, a fin de evitar las interpretaciones que señalé.
Dicho eso, el segundo tema polémico fue el relativo al control preventivo de identidad.
Con el objeto de destrabar la norma y que la llamada "Agenda corta antidelincuencia" pudiera ser apoyada ampliamente, buscamos una fórmula que, si bien es cierto no entrega todas las atribuciones que necesita la Policía, sí le otorga un instrumento nuevo.
No hay que olvidar que sigue vigente la norma general del artículo 85 del Código Procesal Penal, que establece el denominado "control preventivo de identidad", según el cual la Policía puede requerir su identificación a cualquier persona mayor de 14 años cuando exista un indicio, conforme a la modificación que estamos realizando, de que cometió un delito, participó en uno, se apresta a cometerlo o fue testigo de alguno.
En consecuencia, a nuestro juicio, con el artículo 85 se dejan a salvo las facultades de la Policía.
Respecto al control preventivo de identidad, que generó bastante polémica y discusión, quiero insistir en algo que dije en mi primera intervención: no se trata de una detención por sospecha, lo único que se le pide hoy es que cualquier ciudadano chileno tenga la obligación de identificarse. Y se le dan todas las facilidades para ello, porque la norma no se limita a los documentos oficiales, que son el carné de identidad, el pasaporte o la licencia de conducir, sino que también incorpora otros elementos que permitan la identificación.
Por ejemplo, si una persona porta una tarjeta identificatoria del lugar donde trabaja o de un club deportivo ese documento podrá ser cotejado con el sistema que utilice la Policía.
Asimismo, se establece que para realizar el control preventivo de identidad los funcionarios policiales tendrán que hacerlo en el lugar donde se inicia el proceso. Y, además, se deberán utilizar medios tecnológicos.
En esto quiero precisar que la Comisión Mixta fue de la opinión de que se indicaran los medios tecnológicos de forma genérica. Ello, en atención a que van cambiando día a día, y, si señalábamos un método específico, por ejemplo el control biométrico, se correría el riesgo de dejar fuera otras tecnologías que utiliza la Policía, como los huelleros u otros mecanismos que se vayan implementando en el tiempo.
El nuevo control de identidad que se propone entrega una herramienta a las Policías para verificar la identidad de las personas, pero también resguarda los derechos de quien sea controlado.
Así, la norma establece que el procedimiento, desde que se le solicita la identificación a una persona hasta que se verifica su identidad, no puede durar más de una hora. Por otro lado, en caso de que los medios tecnológicos que emplee la policía no funcionen -por ejemplo, si se utiliza un sistema que requiere Internet y en ese minuto no hay conexión-, inmediatamente termina el procedimiento, aun cuando no se logre comprobar la identidad de la persona.
Y quiero aclarar un punto. ¿Cuándo alguien sujeto a control preventivo de identidad es conducido a un cuartel o a una unidad policial? Solo en el evento de que se niegue a identificarse, porque ahí se comete una falta que ya estaba sancionada en el Código Penal, y por esa razón un funcionario policial lo puede trasladar a la unidad respectiva.
Creemos que con estas normas quizás podremos bajar las tasas de delincuencia, especialmente en los casos más sentidos por los chilenos y en los cuales se presenta la más alta tasa de impunidad, que son los delitos de robo. Porque el proyecto en su conjunto -insisto- establece nuevas técnicas de investigación que se hacen cargo de llenar los vacíos existentes hoy día y que no le permitían a la policía realizar adecuadamente su trabajo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, llegamos al final de la tramitación de este comentado y polémico proyecto de ley.
Me gustaría poner en contexto por qué se legisla respecto de la materia que nos ocupa y cuáles fueron las razones que tuvimos en vista en el Congreso Nacional para aprobar una iniciativa de esta naturaleza.
En primer lugar, este proyecto no nace de la academia, no nace de la teoría, no nace de aquellos que están sentados detrás de un escritorio analizando las estadísticas de seguridad. Nace de las experiencias de los operadores prácticos del sistema de seguridad, aquellos que están viendo el día a día y cómo el sistema procesal penal, que ha dado buenos resultados en términos generales, todavía enfrenta ciertas dificultades. Y se ubican los principales puntos para resolver los problemas relacionados con los delitos de mayor ocurrencia.
Sepan ustedes que el año 2014 en nuestro país hubo 873 mil 413 denuncias por delitos contra la propiedad.
Y se produce una sorpresa para algunos -no para quienes nos dedicamos a esto-, que creen que esta "Agenda corta" busca proteger, comillas, la propiedad de los más ricos, pues confunden los delitos que más aparecen en televisión, que son los del sector oriente de Santiago, con los que realmente se cometen en mayor cantidad.
De las 873 mil 413 denuncias, el 87,7 por ciento de los hogares victimizados pertenece al nivel socioeconómico C3 y D. Es decir, se trata de gente esforzada, de clase media, que lucha día a día para adquirir algunos bienes, no como un lujo: para trabajar, como es el caso de un auto; o para el estudio de sus hijos, como puede ser un computador. Estas personas simplemente tratan de cuidar su casa. Esa familia no tiene la posibilidad de contar con seguridad privada: no posee cerco eléctrico; no puede pagar alarma; no hay personal en la casa, no tiene guardia privado. Y generalmente salen ambos adultos a trabajar y dejan la vivienda sola durante todo el día, probablemente hasta que llegan sus hijos del colegio. Y resulta que su hogar es victimizado y les roban el computador o la bicicleta de su hijo. Y, lo que es peor, se trata de un bien que han comprado a crédito y deben seguir pagando las cuotas por algo que ya les robaron.
Cuando uno ve las estadísticas constata que hay 873 mil hogares victimizados al año por delitos contra la propiedad respecto de los cuales el sistema no se hace cargo.
Peor aún. Según cifras oficiales, de ese número de denuncias, más del 56 por ciento dice relación con delitos llamados "con imputado desconocido", es decir, que se cometen y la policía llega tarde, solo a tomar la denuncia de lo que ya ocurrió, pero el delincuente no es sorprendido en forma flagrante. El 56 por ciento de 873 mil: más de 450 mil casos.
Y escuchen bien: en el 99,3 por ciento, es decir, en 9 de cada 10 casos, no hay sentencia ni ningún tipo de persecución; hay impunidad. ¡9 de cada 10 de esos más de 400 mil delitos quedan en la impunidad!
En este mismo Hemiciclo, en el marco de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán, con mucha hidalguía y mucha franqueza, reconoció que en materia de delitos contra la propiedad con imputado desconocido la Fiscalía había fracasado, no por mala voluntad ni por desidia, sino porque es muy difícil abordarlos. Y ahí, entonces, planteó que necesitaban un conjunto de herramientas.
Y esta "Agenda corta" nace justamente para darles las herramientas a fiscales y a policías para perseguir con mayor eficacia esos delitos y terminar con la brecha de impunidad.
Entonces, esta "Agenda corta" -opacada por el debate acerca del control preventivo de identidad y de las normas antifiltraciones- contempla cerca de treinta medidas concretas que permitirán mejorar las condiciones de seguridad. No las nombraré todas, pero me referiré a algunas de ellas.
En primer lugar, se establece que cuando un delincuente no es sorprendido de manera flagrante pero es registrado por un mecanismo de filmación y puede ser identificado, se le aplicarán las normas de la flagrancia. ¿Qué significa eso? Que en la práctica operará como un mejor elemento probatorio y facilitará la condena de ese delincuente.
En segundo término, vamos a terminar con la discrecionalidad -legítima, porque se encuentra consignada en el Código Penal- que tienen los jueces. En virtud de ella, cuando el Parlamento establece para un delito determinado rango de pena -por ejemplo, tres años y un día a diez años-, el juez, porque el Código Penal así lo permite, puede bajarse de los tres años y un día y aplicar un conjunto de otras medidas distintas de las dispuestas en la ley. Aquí decimos: "Con todas las atenuantes, los pisos mínimo y máximo son los que establece el marco legal". En otras palabras, la ley es la que le fija al juez en qué rango puede moverse.
En tercer lugar, algo que parecería lógico, ¿no? Cuando un delincuente va a confesar a una unidad policial lo lógico es que lo puedan detener. Aunque la gente no lo crea, ha habido reiterados fallos que establecen que no es posible detener a esa persona, aun cuando haya confesado en la unidad policial, porque debe estar presente el abogado defensor. Perdón, ¡si cuando alguien confiesa después viene el proceso judicial, en el que se garantiza, obviamente, que en la audiencia participe el abogado defensor! Ahora sí podrá quedar detenido.
También se considera el caso de los delitos de robo, de hurto cuando son cometidos por grupos organizados. Por ejemplo, algunas tiendas han sido robadas 10, 15 y 20 veces. Y no se trata de un delincuente que va pasando por el frente, sino de bandas organizadas que agarran esos productos, los suben a un camión y comienzan a venderlos en el mercado negro. ¡Hay una industria de la receptación! Bueno, ahora se le entrega a la policía la posibilidad de tener agentes encubiertos, meterse entre medio de estas bandas, como se hizo con los casos de drogas, para identificarlas desde adentro y desbaratar a la red completa, porque no sacamos nada con pillar al que roba la tienda tal o cual si detrás hay una industria destinada a la compra y venta de artículos robados.
Como estas medidas hay muchas más.
Se establece una sanción adicional en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando alguien entra a una casa. El robo con violencia, el robo con fuerza en lugar habitado debe de ser de los delitos que generan más temor en la población. Y cuando ese tipo de delitos va acompañado de violación u homicidio, se aumentan las penas. Alguien dirá: "El aumento de penas no es la solución". ¡Perdónenme, pero cuando alguien entra a una casa, viola o mata a un miembro de la familia, el bien jurídico afectado es la vida o la libertad sexual de una persona! ¡Debe recibir una sanción alta y no puede ser objeto de libertades condicionales, como ha sucedido hasta ahora! Y por eso establecimos en esta norma, en la "Agenda corta", que para optar a la libertad condicional, en vez de haber cumplido la mitad de la condena, tendrá que haber cumplido dos tercios de ella, porque entendemos que el delito es demasiado grave.
Finalmente -no relataré las treinta medidas-, también quiero referirme brevemente al control preventivo de identidad.
En la Cámara de Diputados una bancada decidió votar en contra del control preventivo de identidad, e incluso recurrir al Tribunal Constitucional...
El señor PROKURICA.- Así lo anunciaron.
El señor HARBOE.- ¡Por Dios que me llama la atención!, porque parte de esos Diputados presentaron una indicación que fue aprobada por 88 votos en la Cámara, que llegó al Senado y que permitía que la policía, sin orden judicial, ingresara a un hogar, sacara a una menor de dos años de edad y se la llevara cuatro horas a la unidad policial.
¡Eso lo aprobaron los mismos Diputados que hoy decidieron recurrir al Tribunal Constitucional!
El señor PROKURICA.- A ustedes también se les ocurrió recurrir al Tribunal Constitucional, por otra razón...
El señor HARBOE.- Entonces, ¿saben lo que pasa aquí? Que, en la práctica, o no se lee o se tiene un doble discurso.
Eso me llama la atención.
El control de identidad hoy día existe, está en el artículo 85 del Código Procesal Penal y se aplica. Puede no gustarme cómo se aplica, porque se ha prestado para abusos.
Esta norma es mucho más garantista: establece la obligación de identificarse de parte del policía; el control de identidad debe realizarse en el lugar (no puede conducirse a la persona a una unidad policial); se aplican medios tecnológicos.
Hoy día, con un teléfono móvil es posible identificar a una persona, con la incorporación de su rut o su huella dactilar, según corresponda. Por tanto, hay tecnología disponible para identificar a las personas en el lugar.
Y los que dicen: "Sí, mire, ¿sabe qué? Esto es afectación de la libertad ambulatoria, porque alguien me pide mi identificación". ¡Bueno, vayan al Tribunal Constitucional para reclamar contra la Ley de Tránsito! Porque los carabineros nos paran regularmente para pedirnos no solo la licencia de conducir, sino también el carné de identidad.
El señor PROKURICA.- O en el aeropuerto.
El señor HARBOE.- O vayan al Tribunal Constitucional los mismos parlamentarios si, cuando tienen que entrar a algún edificio público o privado, les retienen el carné.
¡Por favor! ¡Pongamos límites! ¡Tenemos que establecer un equilibrio!
Es cierto: probablemente la medida resulta impopular para algún sector, pero, ¿saben qué?, el legislador no está para el aplauso fácil. Nosotros tenemos que pensar en un bien jurídico a proteger, que es la seguridad. Y equilibrarlo con la libertad de los ciudadanos, obviamente, con los derechos fundamentales.
Se les olvida a estos Diputados que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece, en el artículo 3°, como derecho fundamental, como derecho humano, el derecho a la seguridad.
Entonces, ¡ojo! Yo creo que tenemos que avanzar en un equilibrio.
¿Esta ley soluciona la delincuencia? Obviamente que no, pero es un aporte a una aplicación práctica que tiene deficiencias y que ha afectado la seguridad.
Hay otros elementos que debemos considerar. Por ejemplo, que es fundamental tener presente...
¿Me concede un minuto más, para poder concluir, señor Presidente?
El señor PROKURICA.- ¡Dele una hora...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Continúe, Su Señoría.
El señor HARBOE.- Reitero: es fundamental que junto con la ley en proyecto, que va a solucionar algunos aspectos relativos a estos delitos, tengamos -como ya algo ha anunciado la señora Ministra de Justicia- un nuevo Código Penal que establezca una norma de política criminal mucho más moderna.
¡Necesitamos prevención!
¡Necesitamos contar con mecanismos de rehabilitación y de reinserción social!
Porque, cuando una comisión de jueces decide dejar en libertad condicional a 700, 800 presos, y no hay ningún sistema de acompañamiento para que esas personas, muchas de las cuales han cumplido su condena, puedan reinsertarse en la comunidad, tenemos un problema social.
Entonces, debemos hacernos cargo de la tercera generación de políticas de seguridad: prevención social para evitar nuevos actores en la carrera del delito, pero también rehabilitación para quebrar las carreras delictuales y permitir la reinserción.
Un ejemplo, para partir por casa, debiera ser que el Estado termine con la prohibición de contratar exconvictos, porque es una marginación que no resulta adecuada.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tengo sentimientos encontrados respeto de esta así llamada "Ley corta".
Porque escucho al Senador Harboe señalar que esta normativa va a solucionar algunos aspectos del problema delictual que hoy enfrentamos. ¡Algunos aspectos!
Por su parte, el Senador Espina afirma, de manera premonitoria, que esta es una buena ley.
No obstante, si algo hemos aprendido en los cinco períodos que llevamos en este Parlamento, es que las leyes no son buenas hasta que se demuestra su efectividad. O sea, el movimiento se prueba andando. Eso significa que este articulado tendrá que demostrar si es un avance o no.
Solo quiero decir que esta legislación no va resolver los problemas de delincuencia en Chile. Tengámoslo claro: no los va a resolver. Porque el tema es mucho más profundo. No se soluciona con una ley corta, sino con una política integral que permita enfrentar a la delincuencia.
¡Aquí fracasó Piñera! Y la Derecha lo sabe.
¡Aquí ha fracasado la Concertación!
Y la Nueva Mayoría está haciendo intentos desesperados. Son elogiables. La Ministra Javiera Blanco realiza un tremendo esfuerzo en esta materia. Pero, ¡por favor!, esta es una agenda donde los actores que más saben del tema (el Senador Harboe, el Subsecretario, el Senador Espina) señalan que, efectivamente, no da cuenta de todo el proceso.
Por lo tanto, pediría que las expectativas que hay en torno a esta iniciativa fueran moderadas.
Claramente, el negocio de la seguridad privada es grande. En Chile hay tres veces más guardias privados que policías -¡tres veces más!-: 140 mil guardias privados; 55 mil, 60 mil policías. Es un negocio de mil millones de dólares al año. ¡Mil millones de dólares al año!
En consecuencia, mientras más temor hay, mejor. Este es el negocio del terror.
¡Y pareciera ser que toda nuestra política ha estado equivocada!
El aumento de las penas no se ha traducido en una disminución de la delincuencia ¡en ningún lugar del mundo! Y desafío a todos los especialistas que están aquí, en el Senado, a que me demuestren lo contrario.
¡Jamás, en ningún país -ni siquiera en Estados Unidos o en Europa-, el aumento de penas ha disminuido los delitos!
¡Esa no es la fórmula!
Lo que hay es la, comillas, tranquilidad de que mientras más tiempo tengamos a los delincuentes en las cárceles, menos van a delinquir. Pero está claro que en algún minuto salen libres.
Entonces, ¿cuál es la orientación básica que debiera tener un proyecto de ley cuyo objetivo es disminuir la delincuencia? Anticiparse, para que los jóvenes no se transformen en delincuentes.
Hoy día el SENAME -con esto no quiero estigmatizar a los niños que están en esa institución, porque son los menores con mayor vulnerabilidad y más proclives a entrar en el circuito del delito- abandona a los menores una vez cumplidos los 18 años. Tienen que irse a la calle. Y son los funcionarios del SENAME quienes les pasan 400 pesos para que se vayan de regreso a sus hogares, sin haber modificado un ápice su conducta.
Actualmente el SENAME -la Ministra lo sabe muy bien- tiene 80 mil niños, 200 de ellos en riesgo vital. Pueden fallecer igual que lo hizo Lissette Villa, de 11 años de edad.
Además, el 65 por ciento de esos menores está con tratamiento farmacológico. O sea, ¡por favor!, de qué estamos hablando: ¡El 65 por ciento está con tratamiento farmacológico!
No hay médicos.
No hay psicólogos.
No hay psicoterapeutas.
No hay enfermeros.
En consecuencia, el tema preventivo es clave.
Nos contaban en la Comisión del tratamiento en Alemania, donde un tutor andaba con un joven infractor en París. La pregunta era: ¿Por qué el Estado alemán va a gastar dinero en llevarlo a conocer otras realidades? Porque, en definitiva, se anticipa el millonario gasto que significaría que ese joven se convirtiera en un cliente frecuente del sistema judicial, al transformarse en un delincuente.
En nuestro caso, si alguien llega a ser delincuente a los 19 años, nos cuesta 525 mil pesos al mes en las cárceles concesionadas. ¡Gran negocio!
Gran negocio en la seguridad privada; gran negocio en las cárceles concesionadas que paga el Estado.
Por tanto, a mi juicio, debemos hacer una reflexión mayor, ponernos la mano en el corazón y preguntarnos si aumentando las penas va a disminuir la delincuencia. Yo respondo tajantemente: no.
¡Y desafío a que me contradigan!
Paz Ciudadana y todos los especialistas lo han dicho: ¡No va a disminuir la delincuencia!
Hay que evitar que nuestros jóvenes se transformen en delincuentes. Y en eso hemos fracasado. La sociedad chilena ha fracasado. El Estado chileno ha fracasado.
Cuando discutamos la "Ley larga", tendremos la posibilidad de saber si, como nos anuncia el Senador Espina, con la mejor de las intenciones -¡quién no le reconoce el mérito de estar preocupado por este tema!-, esta fue una buena ley o una ley más.
Espero que tengamos la más amplia unidad política para enfrentar aquello, porque las cárceles hoy día son universidades del delito. No hay, por cierto, ningún tipo de rehabilitación ni de reinserción social en ellas. Lo que hay es un buen negocio para las concesionarias.
Peor aún: los reos en Chile no trabajan. ¿Qué hacen todo el día? Algunos delinquen: utilizan celulares y cometen delitos desde las cárceles.
Por cierto, esto involucra también a Gendarmería, donde en algunas ocasiones ha habido brotes de corrupción producto del ambiente. De hecho, las tasas de ausentismo laboral, de suicidio en Gendarmería son elevadísimas.
Y para qué hablar de los funcionarios del SENAME: el 25 por ciento de ellos no asiste a trabajar. De los 4 mil, mil tienen licencia médica.
Dicho eso, señor Presidente, para que tengamos claridad, debemos hacer un esfuerzo y de fondo, lo que significa prevenir la delincuencia en aquellos niños y jóvenes que tienen mayor riesgo de entrar en ese círculo perverso.
Y el SENAME, que debiera ser la pieza clave, porque recoge de la calle a los niños con mayor vulnerabilidad o que vienen de familias en riesgo, llevándolos al sistema estatal, ¡ha fracasado! ¡Está quebrado!
El SENAME no se halla en condiciones de garantizar la integridad de ningún niño. Y el Estado chileno puede ser objeto, por cierto, de denuncia ante los tribunales internacionales si no hacemos algo.
La Ministra nos ha planteado un plan de corto plazo. Yo espero conocerlo más en detalle, para saber si estamos haciendo algo sobre el particular.
En cuanto a las materias conflictivas, el artículo 85 del Código Procesal Penal establece la detención cuando hay indicios de que una persona hubiere cometido o intentado cometer un delito.
La pregunta que surge -y está presente el Presidente de la Comisión, Senador Araya- es si el control de identidad que contempla este proyecto va a permitir que haya registro de vestimenta, de equipaje o de vehículo, o solo se trata del control de identidad a través de algunos de los medios que se han indicado.
La Ministra de Justicia y Derechos Humanos -según consta en el informe pertinente- afirmó que no; que el control de identidad preventivo no significa registro de vestimenta, ni de vehículo, ni de equipaje: es un control de identidad por medios tecnológicos.
Espero que, una vez comprobada la identidad, la persona quede libre de manera inmediata, a los cinco minutos, y no que se la retenga por una hora.
Yo llamo a que la capacitación de Carabineros sea hecha del mejor modo. Porque, así como en distintos ámbitos existen personas con mucho criterio y otras que carecen de él -¡tenemos de todo en la viña del Señor...!-, también en dicha institución hay quienes son bastante criteriosos y otros que no lo son tanto. Ello ocurre en todas partes; ¡incluso en el Congreso Nacional...!
Hay, pues, un criterio que señalar.
Creo que la norma pertinente se flexibilizó bastante durante la discusión. Pero la pregunta es si ella va ser eficiente. Porque si hay indicio de delito, está la detención por sospecha. Y este es un control de identidad.
Algunos dicen que hay que salir a buscar a las 60 mil personas que tienen una orden de detención pendiente pidiéndole la cédula de identidad a todo el mundo.
Eso no va a ocurrir.
Señor Presidente -y lo quiero advertir-, si el control de identidad preventivo se traduce en controlar a los jóvenes de plaza Italia para abajo y no a los de plaza Italia para arriba, tendremos una discriminación social inaceptable.
Yo espero que el Registro Civil, y en particular el Gobierno, realice una campaña de promoción al objeto de que los jóvenes de los colegios municipales obtengan la cédula de identidad. Porque ello tiene costo, y no hay plata en las escuelas municipales ni en las familias de los trabajadores más pobres para que los niños adquieran dicho documento.
El segundo punto al que deseo referirme se halla relacionado con la llamada "ley mordaza".
Leí la intervención del Senador Araya, que fue magnífica. Y lo que deduzco de ella es que lo que aprobamos en el Senado excluía a los periodistas, y lo que estamos votando hoy día a favor los incluye.
Entonces, lo que se nos propone ahora pone en el centro que sí habrá persecución a los periodistas por las filtraciones: o sea, ¡estamos ratificando la llamada "ley mordaza"!
Yo anuncio mi voto en contra.
Además, esto se vota en paquete.
Lo he planteado ya como norma: ¡No voy a votar en paquete quince artículos sin poder diferenciarlos!
Ese es un defecto que hay que corregir en lo que respecta a la Comisión Mixta.
Porque me están diciendo que vote a favor quince disposiciones, aunque pueda estar...
El señor HARBOE.- ¡Acá no hay "ley mordaza"!
El señor NAVARRO.- Yo le creo al Senador Araya. Lo conozco desde el tiempo en que era Diputado, y tengo confianza en su condición de abogado.
Señor Presidente, no estoy disponible para votar un paquete tremendo sobre el cual estoy planteando observaciones. Y más aún, si me señalan que la "ley mordaza" se ratifica acá, pues la norma propuesta incluye a los periodistas, y, paradójicamente, lo que habíamos aprobado en el Senado los excluía.
Si incluye a los periodistas, yo voy a votar en contra. Y lo haré,...
El señor HARBOE.- ¡No es así!
El señor NAVARRO.-... porque el Presidente de la Comisión de Constitución, quien, además, es Presidente de la Comisión Mixta, señaló que la disposición que estamos aprobando deja al periodista en condiciones de ser inculpado e incluido en el respectivo proceso.
El señor HARBOE.- ¡Eso está en la ley vigente!
El señor NAVARRO.- Voy a votar en contra...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional para finalizar su intervención.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esto es angustiante.
A mi oficina parlamentaria han entrado a robar tres veces.
El 70 por ciento de las causas se archivan sin siquiera ser investigadas.
¡Por favor, si todos esos delitos con violencia que mencionó el Senador Harboe los fiscales no los investigan! Y si se trata de gente humilde, ¡menos! ¡Nadie investiga nada!
La solución al problema de la delincuencia no va por el camino de aumentar las penas, sino en cómo hacer, por ejemplo, que los jóvenes que delinquen sean después un aporte a la sociedad. ¡Y no estamos haciendo nada al respecto!
Así lo está demostrando el SENAME.
En consecuencia, creo que este proyecto, conocido como "Agenda corta", no va a tener un resultado efectivo y práctico. Es un esfuerzo de mi Gobierno que debemos valorar.
Los especialistas nos dicen acá que esto va a solucionar algunos problemas. Yo pienso que el aumento de penas no resuelve ninguno, pues no hay lugar en el mundo donde ello haya sido exitoso.
Voto en contra.
¡Patagonia si represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, intervengo conmovido por el grave grave crimen perpetrado el pasado fin de semana en Coihaique, donde una joven mujer fue atacada: le vaciaron los ojos, sufrió los peores vejámenes, y la gente que estaba alrededor no se atrevió a participar por miedo.
Es decir, la gente que vive en lugares pequeños, donde todos nos conocemos -¡cómo será en las grandes ciudades...!-, no reacciona como un sano tejido social para prevenir o auxiliar a las personas que son atacadas tan gravemente.
Entonces, yo estimo que en esta materia hay un aspecto institucional que no resuelve esta "Agenda corta de seguridad ciudadana".
Se planteó la situación de Gendarmería.
Los gendarmes se hallan privados de libertad (como un preso más); son dirigidos institucionalmente por una persona que ni siquiera pasa por el Sistema de Alta Dirección Pública, y, además, tienen una serie de organizaciones gremiales, sindicatos. Ello hace muy difícil que una institución como Gendarmería pueda cumplir su labor en plenitud.
También se habló de la Fiscalía.
Se requieren muchos más resultados frente a la enorme inversión y el gran esfuerzo social hechos por nuestra comunidad para que la Fiscalía asegure el debido proceso, para que las víctimas no se vean inhibidas y para que quienes pasan la raya de la ley sean sancionados efectivamente.
Ahora, en el caso particular a que me referí, de la mujer dañada, uno echa de menos las medidas preventivas. Porque si hay actos de violencia intrafamiliar previos y estos vuelven a ocurrir -puede ser el caso-, desde luego que hay una falla del SERNAM.
En el caso de los menores, la responsabilidad es del SENAME (de repente es mejor estar afuera que adentro); y en el de los adultos mayores, del SENAMA.
La Policía de Investigaciones y Carabineros se han ido suplementando fuertemente. Pero estos obedecen órdenes emanadas del sistema judicial. Por lo tanto, tampoco podemos esperar todo de ellos. Su presencia ayuda, pero no tanto.
La ley en proyecto no apunta en esa línea.
De otro lado, vemos con bastante inquietud la baja de tolerancia.
Cuando se baja la tolerancia, ello no significa que va a afectar los derechos humanos.
Por ejemplo, al atardecer vemos aparecer vehículos con ventanas ahumadas o grises, en que no se puede ver quién está en el interior -¡no sé cómo aprueban la revisión técnica...!-; con escape libre; con individuos de distintas condiciones que se hacen cargo de las calles y cobran por dar una atención de seguridad a las personas y al comercio.
¡De qué estamos hablando, señor Presidente!
Yo estoy planteando realidades que se viven en las regiones. La delincuencia se regionaliza mucho más rápido que otras cuestiones.
Entonces, en materia de delincuencia, pienso que una "Agenda corta de seguridad ciudadana" no va a resolver el problema de fondo.
Ahora, sí le imprimiría urgencia al proyecto sobre seguridad ciudadana comprometido por el Gobierno. Ello se analizó en el Senado, donde se creó una Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, en la cual varios de nosotros participamos.
Debería llevarse a cabo esa reforma de una vez por todas, teniendo a los propios vecinos como actores de su seguridad.
Hoy día vemos casas abandonadas, por distintas razones, que son focos de delincuencia, y la gente, por miedo, no se atreve a actuar.
Ello no es bueno.
En el proyecto propiamente tal se estimaba que las filtraciones en el caso de las investigaciones periodísticas o en el caso de las víctimas no iban a ser sancionadas.
Las víctimas -me aclara acá el Presidente actual de la Comisión- tienen su propio fuero, por así decirlo; pero la investigación periodística, no.
Creo que eso es un "debe" que queda en esta iniciativa.
También fue bastante controversial lo relativo al control de identidad.
Hoy en día las policías tienen las facultades para realizar esos controles. Pero uno ve que a los carabineros o a los funcionarios de investigaciones se les hará difícil practicar esos controles si el día de mañana los van a denunciar por una detención o un atropello indebido y, finalmente, van a ser objeto de un sumario o van a quedar afectados en sus posibilidades de ascenso.
Me parece que estas dos últimas materias, si bien se han morigerado las respectivas normas, no se resuelven completamente en este proyecto.
Señor Presidente, dejo planteadas estas cuestiones, porque veo que los votos están absolutamente a favor de aprobar esta iniciativa.
Sin embargo, considero que los aspectos que señalé deben ser corregidos.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (29 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Zaldívar.
Votó por la negativa el señor Navarro.
Se abstuvieron los señores Girardi y Quintana.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Le expreso mis felicitaciones a la señora Ministra.