CREACIÓN DE SISTEMA DE APORTES A ESPACIO PÚBLICO APLICABLE A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción, con segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.493-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 100ª, en 5 de marzo de 2013 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 29ª, en 11 de junio de 2013.
Vivienda y Urbanismo (segundo): sesión 15ª, en 11 de mayo de 2016.
Discusión:
Sesiones 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión); 41ª, en 17 de julio de 2013 (queda aplazada la votación); 42ª, en 30 de julio de 2013 (se aprueba en general).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 30 de julio de 2013.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones o de modificaciones.
El referido órgano técnico efectuó múltiples enmiendas al texto despachado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de una que será puesta en discusión y votación oportunamente.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifiesten su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas. De estas enmiendas unánimes, las recaídas en el Artículo Primero, números 2), 5) y 7) -artículos 172, 173, 176, 177, 179, 180, 181 y 186-; Artículo Tercero, números 1) a 8); Artículo Cuarto, números 1) a 5), y en los artículos segundo, tercero y cuarto transitorios, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 21 votos favorables.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Vivienda y Urbanismo y el texto que quedaría de aprobarse esas modificaciones.
Cabe hacer presente que se ha pedido votación separada de los artículos 170 y 172. Asimismo, se deja constancia de que este último artículo es uno de los que poseen rango orgánico constitucional.
Nada más, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Gracias, señor Secretario.
En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, si bien este proyecto es complejo y de larga data, reviste mucha importancia para la vida de los ciudadanos.
Esta iniciativa ingresó en agosto de 2012 al Congreso Nacional. Fue aprobada por la Cámara de Diputados en marzo de 2013 y el Senado la despachó en general en julio de 2013.
Sin embargo, el Ejecutivo, encabezado por la Presidenta Bachelet y la Ministra Paulina Saball, envió una indicación sustitutiva que nos hizo repensar esta iniciativa.
Hubo un trabajo intenso del Gobierno y también de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, donde al menos tres Presidentes, los Senadores Carlos Montes, Ignacio Walker y quien habla, debimos llevar adelante la tramitación de esta compleja iniciativa.
Se escucharon a importantes actores locales y nacionales relacionados con la construcción y el urbanismo.
Además, este proyecto tuvo un avance sustantivo a partir de la nueva mirada que le dio el Ejecutivo, con la titular de Vivienda, cuando revisó la normativa que hasta ese momento se había discutido con la participación, entre otros, de los Senadores señores Ossandón, Moreira, Pérez Varela, Patricio Walker.
En definitiva, esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en la referida Comisión.
Señor Presidente, este proyecto se hace cargo del impacto que genera el crecimiento de las ciudades especialmente por densificación. Busca que la instalación de nuevos desarrollos inmobiliarios resuelva de manera adecuada sus impactos; no persigue solucionar los déficits preexistentes.
El objetivo de esta iniciativa es favorecer el crecimiento equilibrado y equitativo de las ciudades. Promueve la equidad urbana, donde cada proyecto que genere crecimiento, ya sea por extensión o por densificación, se haga cargo del impacto vial que cause en su entorno inmediato y de las externalidades provocadas en el sistema urbano en su conjunto, a través de medidas de mitigación que contribuyan a la sustentabilidad urbana y a la cohesión social.
La iniciativa persigue remplazar el sistema vigente, del Estudio de Impacto al Sistema de Transporte Urbano (EISTU); es decir, las mitigaciones viales que deben realizar los proyectos inmobiliarios con más de 150 estacionamientos en el caso de los edificios comerciales y de 250 o más en los residenciales.
Ello está en vigor hoy día.
Así, solo el 5 por ciento de los proyectos mitigan su impacto, puesto que el 95 por ciento restante construye menos estacionamientos, lo que los exime de financiar obras que mitiguen su impacto tanto en la vialidad circundante como en el espacio público (construyen bajo el umbral que la ley exige para el estudio de impacto vial).
Mediante esta iniciativa se busca que todos los proyectos mitiguen conforme a su tamaño con aportes al entorno inmediato. Por ejemplo, con vialidades que resuelvan la congestión que generarán en determinado sector.
Esta iniciativa integra los principios de universalidad: es decir, todos los proyectos que generan impactos deben mitigarlos, tanto si son públicos como privados; proporcionalidad: la mitigación debe ser equivalente a las externalidades efectivamente generadas por el proyecto, y predictibilidad: las mitigaciones se calcularán según métodos objetivos y sobre la base de procedimientos y plazos predefinidos y estandarizados.
También deberán contribuir con recursos (hasta 40 por ciento del total) a un plan de obras de la urbe, con proyectos metropolitanos que involucrarán a diversas comunas. Por ejemplo, un edificio podría financiar el tramo de un gran corredor de buses o una autopista que atraviese varias zonas de una ciudad.
Para posibilitar la inversión mencionada, el proyecto de ley establece que las comunas tendrán un plazo de 18 meses a los efectos de elaborar planes comunales de inversiones. Asimismo, en las zonas metropolitanas, donde hay más de dos comunas (como el Gran Santiago y las conurbaciones de Valparaíso y Concepción), deberá elaborarse un plan intercomunal.
De ese modo, con esta iniciativa existirá una participación mucho más importante de los gobiernos locales, debido a que las obras y los dineros serán administrados por los propios municipios y habrá certeza de que realmente se mitigarán los problemas internos de las comunas y también los intercomunales mediante la participación de los municipios, del alcalde, de los concejales, del director de obras.
Señor Presidente, este proyecto marca un hito respecto al rol del Estado y de la ley en cuanto a lo que se construye en Chile y no solo a lo que se construye en sitios privados para los particulares: también se deberán hacer cargo de los efectos externos que pueda haber en las áreas públicas. Por ejemplo, el atochamiento, por el mayor movimiento vehicular, o la densificación de las personas que van a vivir en la construcción, condominio o edificación.
Nunca más, después de esta iniciativa, tendremos un Costanera Center que no se haga cargo de los problemas de movilidad.
Nunca más en Temuco o en cualquier otra ciudad de nuestro país habrá una situación como la vivida en el fundo El Carmen, donde se han construido miles de viviendas al amparo de la actual legislación, edificándose hasta 150 inmuebles por proyecto, lo que ha repercutido en que hoy día no existan un acceso ni una salida para los habitantes, situación que hace insufrible la convivencia allí.
El proyecto que nos ocupa, señor Presidente, permitirá asegurar que el Estado nunca más estará ausente en la planificación de sus territorios, porque también obliga a los municipios a poner al día y en valor sus planes reguladores y, al mismo tiempo, a invertir en los espacios públicos que es necesario mejorar para elevar la calidad de vida de los habitantes de todas las ciudades de Chile.
En su contenido, esta iniciativa dispone lo siguiente:
-Las mitigaciones se determinan mediante Informes de Mitigación Vial que el desarrollador inmobiliario debe presentar en una ventanilla única.
-Los proyectos mayores requieren consultores expertos y los proyectos menores quedan exentos de la exigencia.
-Las mitigaciones se traducen en obras y medidas de gestión de tránsito en el entorno próximo al proyecto, para neutralizar los efectos negativos en el transporte local.
-La ley en proyecto establece que los parámetros en función de los cuales se determina la mitigación son los flujos vehiculares o peatonales inducidos por el proyecto y el área de influencia de este.
-La regla general es que dichos flujos se calculen en un área circundante de hasta 8 intersecciones. En proyectos de mayor impacto (por ejemplo, más de 1.000 viajes en transporte privado) puede extenderse hasta 12 intersecciones.
Veamos qué sucede con los aportes al espacio público:
-Se trata de una alternativa para dar cumplimiento a la obligación de ceder terrenos para vialidad, equipamiento y áreas verdes que establece el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto de los proyectos de crecimiento urbano por densificación.
-Se entregan en dinero, sobre la base de una tabla que considera el destino y la densidad del proyecto, hasta por el equivalente a 44 por ciento del avalúo fiscal del terreno.
-Solo puede invertirse en las obras que contemple el Plan Comunal de Inversiones en Movilidad y Espacio Público. Al menos el 70 por ciento se invertirá en movilidad.
-En las ciudades pluricomunales existirá un Plan Intercomunal de Inversiones en Movilidad y Espacio Público (aprobado por el Gore, más el municipio), debiendo invertirse en las obras allí incluidas el 40 por ciento de los recursos (el porcentaje puede variar si el municipio lo solicita a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones y esta lo acepta).
Finalmente, este proyecto también considera la posibilidad de establecer incentivos urbanísticos en los Instrumentos de Planificación Territorial, sujeta al cumplimiento de condiciones asociadas al desarrollo o mejoramiento de espacios públicos.
Señor Presidente, tal es mi relato acerca de este proyecto, que, si bien -repito- es complejo, va a tener un tremendo impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y en la composición y planificación de sus ciudades.
Invito a la Sala a aprobarlo.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).- Antes de darle la palabra el Senador señor Montes, solicito el asentimiento de la Sala para abrir la votación.
El señor TUMA.- Muy bien.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- De acuerdo.
El señor MOREIRA.- ¡No, señor Presidente,...
El señor LAGOS (Presidente).- No hay unanimidad.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Es votación particular!
El señor MOREIRA.-... porque usted otorga la palabra solo a un sector y se olvida de la Derecha!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Entonces, Su Señoría, ¡siéntese al otro lado...!
El señor LAGOS (Presidente).- Señores Senadores, estamos discutiendo enmiendas que no...
El señor PROKURICA.- ¡No, señor Presidente!
El señor LAGOS (Presidente).- Señor Secretario, ¿por qué no explicita lo que debe votarse?
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la relación se dijo que prácticamente todas las enmiendas son unánimes, salvo una, que figura en la página 1 del comparado. Y cuando las modificaciones son unánimes no hay debate: se votan en conjunto, salvo aquellas en que existen indicaciones renovadas, que no es el caso en este proyecto.
Sí, se pidió votación separada en dos normas: los artículos 170 y 172,...
El señor PROKURICA.- Inciso cuarto.
El señor LABBÉ (Secretario General).-... que están contenidos en el Artículo Primero.
De consiguiente, corresponde votar, sin perjuicio de los fundamentos de voto, el conjunto de las enmiendas unánimes, con las excepciones que señalé, que son tres: la modificación aprobada por mayoría (página 1 del comparado) y las de los artículos ya individualizados.
El señor WALKER (don Patricio).- Abra la votación de todo lo demás, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- ¿No hay unanimidad, entonces?
El señor COLOMA.- Pido la palabra para una cuestión de Reglamento.
El señor LAGOS (Presidente).- La tiene, Su Señoría.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, lo que pase con los artículos 170 y 172 guarda relación con el artículo 175. De modo que me parece lógico pedir votación separada, asimismo, de este último precepto,...
El señor PÉREZ VARELA.- Porque tienen relación directa.
El señor COLOMA.-... porque se hallan vinculados.
El señor WALKER (don Ignacio).- Abra la votación, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- Entonces, voy a abrir la votación sobre la base de la explicación que dio el señor Secretario, excluyendo también el artículo a que se refirió el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Abra la votación sobre todo lo demás.
El señor MOREIRA.- Doy la unanimidad, señor Presidente, pero ¡mire a todos los que le piden la palabra...!
El señor LAGOS (Presidente).- Al objeto de ser transparente y darles tranquilidad a todos, informo que están inscritos los Senadores señores Montes, Moreira, Ignacio Walker, Patricio Walker, Baldo Prokurica, Lily Pérez y Víctor Pérez (Su Señoría se acaba de inscribir).
En votación las enmiendas unánimes, incluidas, conforme a la relación, las que requieren quorum especial, en los términos que explicitó el señor Secretario, excluyendo también el artículo 175, a solicitud del Honorable señor Coloma.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, estamos ante un proyecto tremendamente valioso: es un aporte al debate urbano en nuestro país y constituye un avance con relación a lo que existe hoy día.
En Chile ocurre algo bien especial: ha habido gran cantidad de inversión privada y de inversión pública en las ciudades, pero muchas de ellas tienen problemas. Y esto, debido a que enfrentan fuertes desequilibrios, a que no logran contar con un proyecto que permita hacer mejores ciudades.
El caso más claro es el de Santiago. Pero eso es aplicable a todas las urbes de nuestro país.
Dentro de las ciudades hay gran desigualdad, segregación; falta infraestructura en algunas partes y en otras existe en exceso: podemos gastar 400 millones de dólares en la Costanera Norte, mientras el resto de Santiago está sin infraestructura; faltan áreas verdes en muchos sectores, en fin.
Detrás de esto hay algo propio de Chile, de la cultura de nuestra nación: discutimos muy poco sobre ciudad y acerca de cómo enfrentar la situación.
De hecho, en la Constitución del 80 no estaba en ninguna parte ni siquiera el concepto de "ciudad", no se mencionaba la palabra "ciudad".
Colombia, Brasil y muchas otras naciones latinoamericanas, además de países de otras regiones, tienen una forma diferente de enfrentar la situación.
Acá, en Chile, se creó cierta cultura -Poduje la corrigió en algún grado- en la época de la dictadura en el sentido de que lo único que importaba eran la propiedad y los negocios realizados en torno de ella, pero no el aporte que hacían un proyecto de ciudad, cada acción emprendida en este ámbito, en fin. Y eso explica en parte los retrasos que experimentamos.
A mi entender, aquello tiene que ver con la existencia de un régimen tributario muy inadecuado en materia de suelo.
Se acaban de aprobar dos o tres normas parciales que todavía no se aplican porque están desfasadas en el tiempo. Por primera vez vamos a tener impuesto a la ganancia de capital (salvo lo que creó, cuando era Ministro, el actual Senador Andrés Zaldívar; ¡pero duró como dos meses no más...!).
Hoy día nos hallamos en otra situación.
Además, cada proyecto se preocupa de sí mismo y no existe una cultura de responsabilidad sobre el conjunto de la sociedad.
Uno ve que en Toronto y en otra serie de ciudades la responsabilidad sobre los proyectos de construcción es distinta. Hay allí una cultura diferente en esta esfera.
Señor Presidente, la iniciativa en debate, que establece un sistema de aportes al espacio público, busca que los proyectos de construcción se hagan cargo de sus impactos directos en la ciudad, como una contribución al conjunto de esta.
Hasta ahora teníamos una metodología: la del EISTU. El proyecto que nos ocupa va más allá, desarrolla un concepto mucho más amplio.
Ha sido tremendamente valioso que en su articulado hayan trabajado muy intensamente dos ministerios, dos ministros, quienes han tratado de construir una respuesta adecuada y que genere consensos. Y por eso fue necesario efectuar en el camino muchos cambios, para lograr niveles de acuerdo importantes.
En la práctica, la contribución que hacen al conjunto de la ciudad los proyectos en altura es, paradójicamente, nula.
Donde hay edificios, uno se pregunta qué aportan a la ciudad. En el hecho, ¡nada!
¿Qué hace esta iniciativa? A ese tipo de proyectos les exige algo bastante más parecido a lo que deben aportar los proyectos en extensión, las villas, que hoy día tienen un estándar de contribución muy superior al de los edificios, sobre la base de que estos van consumiendo la vialidad, los estacionamientos, los ductos para aguas servidas; en resumen, van dando lugar a diversas externalidades que esta iniciativa obliga a compensar en lo directo y, también, en el conjunto de la ciudad.
Todo aquello, para generar recursos, en el caso del aporte a la urbe, al objeto de llevar adelante un plan comunal o intercomunal, dependiendo de distintas situaciones.
Creo que estamos ante un proyecto muy valioso.
Los urbanizadores van a tener que resignarse a ganar un poco menos, pues deberán aportar más.
En Chile la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios urbanos es muy superior a la del resto de América Latina. Esto es costumbre. Y por ello incluso llegaron a aceptar aportes tanto directos cuanto al conjunto de la ciudad.
¿Se puede mejorar a futuro la ley que se dicte? Se puede mejorar.
Quizá el esquema todavía resulta un poco rígido, pues no se le da al municipio capacidad para negociar proyectos con las inmobiliarias, en fin. Pero eso lo veremos más adelante.
¿Cómo se compatibilizan los aportes privados con los aportes públicos? También hay que verlo en el futuro.
Los centros comerciales no quedaron suficientemente articulados.
Finalmente, debe quedar muy claro que la ley en proyecto le exige al aparato público pasar a otro nivel, a condiciones diferentes, y ser mucho más fuerte. Pero lo fuerte no implica solo tener mayor cantidad de funcionarios, sino también contar con gente más calificada para abocarse a la materia en análisis.
Me parece muy significativo, señor Presidente, que en la reforma de la educación superior se discuta sobre este aspecto.
Chile necesita profesionales que tengan el concepto de ciudad a la altura de lo que se halla en Brasil, en Colombia, en España y en numerosos otros países. Porque, en muchos aspectos, nosotros nos quedamos solo en la idea de invertir, de hacer departamentos, y no pasamos a la de construir ciudad.
Considero muy importante que clarifiquemos nuestra cultura, nuestra idea de ciudad, nuestro enfoque sobre la materia, además de avanzar en este proyecto para ir haciendo una urbe mejor.
Los proyectos inmobiliarios en altura deben aportar mucho más al desarrollo
Señor Presidente, me pronuncio a favor de todo aquello en lo que hay unanimidad, y lo propio haré en cuanto votaremos posteriormente.
El señor LAGOS (Presidente).- Debo aclararle, señor Senador, que habrá votaciones separadas para otras materias.
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Después de escuchar el discurso del Honorable y distinguido señor Montes, ¡no sé si la Nueva Mayoría y el Gobierno tienen los votos...!
Señor Presidente, ¡ya está bueno! ¡Cómo no hay capacidad para reconocer lo que hizo otro!
Cada vez que se habla de Poduje, quien fue un muy buen Ministro, se dice: "¡Ah! ¡La dictadura!".
El Presidente Piñera fue, de algún modo, quien presentó este proyecto.
El actual Gobierno lo cambió, por diversas razones.
Sin embargo, como dispongo de tan poco tiempo, no voy a describir lo que ya conocemos todos.
Únicamente quiero decir que valoramos esta iniciativa, a pesar de todos los cambios que ha tenido, pues abre un espacio que permitirá un mejor desarrollo.
Ahora, señor Presidente, creo que hay que decir las cosas por su nombre.
Aunque el tiempo que llevo en la Comisión ha señalado que lo que he planteado no es tan así, yo tengo mis propias aprensiones.
Primero, esta iniciativa significa un alza en los proyectos inmobiliarios, un aumento en el costo de las viviendas.
El Estado debe considerar el mejoramiento de los subsidios habitacionales.
Se me ha expresado que eso no ocurrirá, porque no correspondería o porque no sería necesario.
Nosotros vamos a aprobar esta iniciativa pese a que hemos tenido en fecha reciente una reforma tributaria mal hecha (sabemos perfectamente que los proyectos inmobiliarios enfrentan el denominado "IVA a las viviendas"). Y lo hacemos, asimismo, en medio de la discusión de una reforma laboral en una nación que decrece, que no crece, y donde el desarrollo se encuentra estancado.
Económicamente, no vemos hoy día el país que quisiéramos tener.
Este proyecto puede ser de gran beneficio para la ciudadanía, pero no sé si esta se halla en condiciones de pagar el costo que él involucra.
Por eso, quiero dejar consignadas explícitamente mis aprensiones.
Reitero que el Ejecutivo debe procurar subir el monto de los subsidios y transparentar públicamente que con esta iniciativa de ley, la cual significa un avance, que valoramos, habrá un alza en el costo de la vivienda, en los proyectos inmobiliarios.
Es importantísimo el significado de esta iniciativa, que de alguna manera ha ido concitando el interés de la Comisión.
El Senador Víctor Pérez, a quien remplacé en dicho órgano técnico, hizo un trabajo acucioso, que valoramos.
En todo caso, como solo estoy fundando mi voto, me interesaba dejar consignadas las aprensiones y preocupaciones que genera esta proposición de ley, de las que el Gobierno y el Ministerio de Vivienda deben hacerse cargo.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, en este ánimo de convergencia que existe en torno a la forma de desarrollar las ciudades de nuestro país -recordemos que 90 por ciento de la población vive en ellas-, quiero resaltar en primer término la metodología de esta iniciativa de ley.
Me tocó ser Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo el año pasado. Y quiero felicitar a la Ministra señora Paulina Saball, quien se encuentra en la Sala, porque hizo algo inédito: el borrador del proyecto de la indicación sustitutiva lo sometimos a una discusión muy amplia, muy participativa; recuerdo que celebramos una sesión en el ex Senado, con todos los sectores involucrados, y varias sesiones en la Comisión.
Se trata, pues, de una iniciativa que, sobre la base de la indicación sustitutiva presentada el año pasado, contó con la participación de todos aquellos a quienes concierne.
Por lo tanto, lo primero que quiero resaltar es la metodología, el liderazgo de la titular de la Cartera y la amplia intervención en torno a la indicación mencionada.
En segundo lugar, a poco andar nos dimos cuenta de que materias tan técnicas a veces carecen de principios ordenadores que puedan darle sentido a una política pública, incluso más allá de lo que dice el propio articulado. Después de mucho debate se convino -y eso fue objeto de un vasto consenso- en que son cuatro los que guían el proyecto de ley: universalidad, proporcionalidad, predictibilidad y gradualidad.
Entonces, aunque pueda llegar a constituir un mayor gravamen, efectivamente -lo más probable es que sea así-, una forma de hacer política pública en el desarrollo urbano cuenta con ciertos principios rectores y una metodología participativa, y fluye naturalmente de ellos.
Como aquí se ha dicho, el texto contempla dos aspectos centrales, que también fueron objeto de mucha discusión.
Uno de ellos es la mitigación directa. Es la forma como un desarrollador inmobiliario, en un aporte que hace a la ciudad al construir, contribuye a atenuar las externalidades asociadas y los impactos directos en proyectos de crecimiento urbano por densificación o por extensión. Eso se hace en torno a la movilidad local.
El desarrollador sabe a priori, sobre la base de reglas claras y estables -agrego: equitativas-, que tiene que materializar dicho objetivo y hacerse cargo del impacto inmediato que se provocará en un cierto entorno.
El otro, que es más controvertido por el fantasma de no buscar resolver déficits preexistentes, son los aportes en los casos de crecimiento urbano por densificación, contemplando además el proyecto la necesidad de un plan comunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público.
Creo que la predictibilidad, en el sentido de que el inversionista sabe a priori cuáles son las reglas, en cuanto a un proyecto que reemplaza el Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), que es el actual instrumento de planificación, es una buena contribución al concepto de equidad urbana. Eso permite, en efecto, un desarrollo más equilibrado de la ciudad, lo que la beneficia tanto a ella como a los proyectos mismos que la involucran.
Me siento realmente muy contento de haber sido parte de este esfuerzo, muy participativo.
Felicito a la señora Ministra y a toda la gente que intervino.
Por supuesto, vamos a votar a favor.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, ingresé en abril recién pasado a la Comisión de Vivienda y Urbanismo, de modo que me tocó la parte final del análisis. Tuve que reemplazar a su Presidente, el Senador señor Ignacio Walker.
Deseo consignar que también aprecio el trabajo del Ministerio de Vivienda, en especial de su titular, la señora Paulina Saball, y de sus asesores Enrique Rajevic y Jeannette Tapia, así como de los asesores del Ministerio de Transportes.
Juzgo que le estamos haciendo honor a la otra parte del nombre de la Cartera señalada en primer término. Se trata de hacer ciudad. La gente muchas veces olvida que el Ministerio es de Vivienda "y Urbanismo".
Este último aspecto ha estado ausente a menudo de las políticas públicas. Hemos puesto, históricamente, la carreta delante de los bueyes. Se construye sin planificación, sin anticipación. No se prevén las consecuencias, las externalidades negativas, y después es preciso hacerse cargo de los problemas. Un ejemplo emblemático es Costanera Center. Por lo tanto, la iniciativa está muy bien pensada y diseñada.
Quiero valorar la apertura de la señora Ministra para acoger a través de la indicación sustitutiva las propuestas de la Comisión.
A mi juicio, la normativa es respetuosa de lo ya hecho, porque no busca resolver déficits preexistentes. Se respeta una especie de derecho adquirido.
Me parecen bien los dos propósitos establecidos.
El primero de ellos es que los proyectos inmobiliarios, a través de un sistema expedito, transparente y objetivo, atenúen -las llamadas "mitigaciones directas"- los impactos urbanos que generan en su entorno.
El segundo se refiere a que los proyectos inmobiliarios por densificación -siempre es mejor crecer en esta forma que por extensión, porque ahí están el retén, el agua potable, el alcantarillado, el hospital, y no hay que invertir en nuevos establecimientos de salud, en nuevas vías estructurantes, etcétera- puedan cumplir con la obligación de ceder terrenos para vialidad, equipamiento y áreas verdes. En el fondo, se trata de aportes al espacio público.
Considero que el mecanismo para las mitigaciones directas está bien pensado. En primer lugar, distingue entre proyectos mayores, que requieren consultores expertos, y menores, exentos de la misma exigencia.
Segundo, se hace cargo de los cuellos de botella que se generan hoy día con iniciativas que no se preocupan, por ejemplo, de la conectividad, de la accesibilidad. ¿Cómo? Las medidas se traducen en obras y gestión de tránsito en el entorno próximo para neutralizar efectos negativos en el transporte local.
El texto establece que los parámetros en función de los cuales se determina la mitigación son los flujos vehiculares o peatonales inducidos por el proyecto y el área de influencia de este.
Respecto de los aportes al espacio público -reitero que es mejor crecer por densificación que por extensión-, se trata de una alternativa con el objeto de dar cumplimiento a la obligación de ceder terrenos para vialidad, equipamiento y áreas verdes, como lo establece el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Se pueden entregar en dinero, sobre la base de una tabla que considera el destino y la densidad del proyecto, hasta por el equivalente a un 44 por ciento del avalúo fiscal.
Solo es posible invertir en obras que contemple el Plan Comunal de Inversiones en Movilidad y Espacio Público.
En las ciudades pluricomunales va a existir, naturalmente, un Plan Intercomunal de Inversiones en Movilidad y Espacio Público, en el que intervienen el Gobierno Regional y los municipios, y debe invertirse en obras de acuerdo con los porcentajes que se establecen.
Cuando trabajé durante tres años en el Ministerio de Vivienda, recuerdo que me tocó participar con Jeannette Tapia en un proyecto sobre las parcelas de agrado. Siempre consideramos que está bien que la gente tenga una mejor calidad de vida. Pero ¿quién se hace cargo de lo que manifesté antes: la conectividad, los accesos, la salud, la educación, el retén de Carabineros? Nadie, muchas veces. En ese caso, ¿quién asume el costo? El Estado, todos los chilenos.
Aquí van a pagar los desarrolladores inmobiliarios, junto al Estado, y, en ese sentido, creo que el proyecto está muy bien dirigido y pensado.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, no cabe duda de que uno de los problemas más serios que enfrenta hoy nuestra sociedad son las demoras, los tacos, las dificultades en la circulación vehicular, pero, además, el que mucha gente, especialmente en los sectores más vulnerables, habita en construcciones que son verdaderas latas de sardinas, sin la posibilidad de contar con una plaza u otro lugar de esparcimiento que le permita vivir en forma más digna.
La iniciativa apunta a aplicarle a los proyectos de densificación la figura de la cesión de terreno gratuita y obligatoria que el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones les exige a los urbanizadores "para circulación, áreas verdes, desarrollo de actividades deportivas y recreacionales, y para equipamiento", que puede alcanzar hasta el 44 por ciento de la superficie total original, conforme a la tabla que dispone la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Ello será "proporcionalmente en relación con la intensidad de utilización del suelo que establezca el correspondiente instrumento de planificación territorial".
El texto en debate constituye un aporte para la ciudad, pues reconoce la necesidad de que proyectos que actualmente no contribuyen al desarrollo urbano o solo lo hacen en escasa medida cooperen en la materialización de obras demandadas por el espacio público.
Adicionalmente, permite que los aportes se realicen en infraestructura que no incida directamente en el proyecto, admitiéndose que toda obra origina una sobrecarga en la ciudad.
Esas contribuciones se acumulan en un fondo separado, a fin de asegurar y focalizar su inversión.
El objetivo es modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales, con el objeto de generar un sistema orientado a que todas las iniciativas inmobiliarias, públicas y privadas, mitiguen los impactos relevantes que generen en la movilidad de su entorno y, cuando corresponda, aporten al mejoramiento del espacio público.
Todos estos proyectos que conlleven un crecimiento urbano deberán atenuar el efecto local a través de medidas relacionadas con la gestión, operación e infraestructura del transporte público. En remplazo del Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano se propone presentar un Informe de Mitigación de Impacto Vial que plantee cómo neutralizar los efectos en el transporte local.
La aprobación del articulado es, a mi juicio, un aporte a la realidad del país en cuanto a construcción.
Pedí la votación separada solo del inciso cuarto en los artículos 170 y 172. Solicito que la señora Ministra aclare estos aspectos, con la finalidad de ver de qué manera vamos a pronunciarnos.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, como dato, el texto en discusión es absolutamente distinto del que la Sala votó en general hace algunos años.
Muchos de los Senadores que han intervenido han hecho referencia a diferentes materias.
Quisiera empezar manifestando que se mejora sustancialmente lo existente. Como se expresó, los estudios de impacto vial se llevan a cabo en muy pocos casos, pero, además, su metodología es extraordinariamente discrecional para la autoridad. Por lo tanto, media siempre un esfuerzo muy importante para tratar de eludir la institucionalidad, lo que determina que muy escasos proyectos se sometan a ella. El mecanismo en análisis, entonces, sin duda sigue la dirección correcta.
Así se trabajó en la Comisión de Vivienda.
Por mi parte, también quiero valorar la actitud y conducta de la señora Ministra en orden a discutir estos puntos en forma muy acabada.
A pesar de ello, estimo que una serie de otros temas son todavía absolutamente debatibles. Me parece indispensable que el articulado, por algunas de las normas que voy a señalar y la discusión de las próximas, vaya a la Comisión de Hacienda.
Primero, cabe tener presentes las razones expuestas por mi Honorable colega Moreira en cuanto al efecto económico que una iniciativa de esta naturaleza puede provocar en el costo de casas y departamentos, particularmente para los sectores medios.
Los estudios se efectúan, básicamente, para la Región Metropolitana. Producto de la deducción de la franquicia del IVA, que ha detenido la construcción, y la reforma tributaria, podemos ver cómo para familias o profesionales de clase media es imposible, inviable, comprar una propiedad en Providencia, para citar un caso. Esta es una realidad.
El sistema exige, para todos los proyectos, una serie de gastos que van a impactar en el precio de la vivienda. Ello es relevante visualizarlo, porque no se ha discutido el impacto económico que una decisión de esta naturaleza causará en especial en el día de hoy.
En segundo lugar, es fundamental que la Comisión de Hacienda pueda trabajar en el articulado, porque se les entregan muchas nuevas atribuciones a municipalidades y secretarías regionales ministeriales de Transportes y de Vivienda, que son esenciales para el ejercicio correcto del contenido de la normativa.
Cuando me tocó concurrir a la Comisión, siempre objeté la capacidad que pudiera asistirles a las secretarías regionales ministeriales de Transportes para resolver sobre aspectos básicos, como estudios de mitigación y resoluciones que se deben tomar en orden a cuánto debe asumir un proyecto para atenuar su impacto directo.
Las atribuciones municipales para realizar planes de inversión y ocuparse en una serie de otras materias significativas necesariamente requieren, a mi juicio, un análisis que en la Comisión de Vivienda no se realizó o se llevó a cabo de manera parcial y que la de Hacienda debiera verificar.
En consecuencia, juzgo necesario solicitarle expresamente a la Sala que el texto, sin perjuicio de la aprobación particular, sea sometido a la Comisión de Hacienda a fin de que se consideren los aspectos señalados. Estos son indispensables, en mi concepto, para no hacer de las normas algo que no será posible aplicar, en definitiva, porque las municipalidades no van a contar con la capacidad -y tampoco las secretarías regionales ministeriales de Transportes- de cumplir con todas las obligaciones que incorporamos, sin perjuicio de ser deseable que las asuman. Creo que, en la situación actual, resulta absolutamente inviable que puedan responder en forma adecuada a estas necesidades. De hecho, una serie de materias que les competen a las secretarías regionales ministeriales de Transportes son enfrentadas hoy por las direcciones de Obras Municipales.
Voy a argumentar más profundamente cuando tratemos los artículos que quedan, pero reitero mi solicitud en orden a que el articulado vaya a la Comisión de Hacienda, que el señor Presidente integra.
El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir la Senadora señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, dada mi experiencia de haber sido alcaldesa de Concepción, estimo que el proyecto apunta a una cuestión importante, cual es que la ciudad se tiene que construir entre todos: sectores público y privado, autoridades, habitantes. Todos tienen que ayudar para que, desde su particular posición, puedan ir generando una ciudad armónica, amable con quienes viven en ella y de un crecimiento sustentable en el tiempo. Creo que nadie puede discutirlo.
Sin embargo, la lectura del articulado me genera ciertas dudas.
Una de ellas dice relación con la cantidad de atribuciones que se les entregan a las secretarías regionales ministeriales y a la Cartera de Vivienda, en particular. Ya es engorroso sacar un permiso de edificación. Muchas veces, las direcciones de Obras Municipales demoran. Si a ello se suma la aceptación de todos los planes que requiere la generación de medidas compensatorias, tiendo a pensar que se puede complicar la aprobación de los proyectos, la cual, de por sí, ya es bastante compleja, y que debieran reforzarse los equipos profesionales de las secretarías regionales ministeriales si no queremos un tapón en la materialización de áreas verdes, etcétera.
Ahora, también es cierto que el sistema significará un aumento en el costo. Hay quienes dicen lo contrario, pero numerosas personas competentes y capaces lo afirman particularmente en relación con las viviendas en altura, que son, muchas veces, las que compra o a las cuales accede la clase media y que ya están siendo castigadas por el IVA, producto de la reforma tributaria.
A lo mejor puede ser necesario seguir encareciendo el costo, pero no sé si ello es así en este momento, cuando la construcción es un motor tan importante de la economía.
Estimo sumamente importante que la materia no solo sea objeto del análisis de la Comisión de Vivienda, sino también de la Comisión de Hacienda, en la medida en que provocará un impacto en la economía, dado que va a afectar el costo de las viviendas. Sin duda, en una economía desacelerada como la nuestra, en donde la construcción ya ha sufrido un frenazo, puede repercutir negativamente y, al final, producir consecuencias que no creo que estén siendo buscadas por el proyecto.
Así que comparto absolutamente la idea de que, más allá de que sea aprobado en forma bastante generalizada, al menos en lo que respecta a esta primera parte, sea visto también por la Comisión de Hacienda.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esta iniciativa no hace nada más ni nada menos que extender la exigencia establecida en el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el cual se aplica desde hace muchísimos años a las construcciones en expansión -no a las verticales-, a las cuales se les pide hasta un 44 por ciento del terreno en compensaciones (áreas verdes, deportivas, recreacionales, equipamiento, circulación).
¿Cuál es el reclamo de los vecinos cuando se instala una torre de departamentos? Que llegan 60 autos, que llega mucha más gente, que todo se comienza a dificultar por la alta densificación. Se requieren obras de mitigación. Y hay, por cierto, un sistema de mitigación, que funciona.
Aquí, sin embargo, debería haber existido un pago retroactivo. La pregunta es por qué, si el artículo 70 obligaba a compensaciones de esa naturaleza, solo se hicieron efectivas para las obras de extensión y no para las obras de densificación, porque la verdad es que estas últimas también producen impacto. Uno piensa que para aquellos que construyen departamentos este es un elemento que deberían tener incorporado.
Yo soy contrario a la tesis que señala que esto va a significar un mayor costo para los departamentos. Y, si así fuera, ¡que funcione la mano invisible del mercado! Aquí, los neoliberales de la Sala, los que adoran al "dios Mercado" y defienden la libre competencia, cada vez que se establecen regulaciones para proteger y mejorar la calidad de vida de las personas que van a vivir en departamentos y de los vecinos del entorno, afirman que se va encarecer el precio de las viviendas.
Bueno, ¡que funcione el mercado, que haya competencia! Serán los más eficientes los que construirán a menores costos, los que buscarán áreas donde sea posible crecer. Porque, en las áreas donde se construya verticalmente pero sean de baja densidad poblacional, los valores disminuirán. Y los que quieran construir en el corazón de las ciudades, que construyan, pero que se hagan cargo del mayor costo.
A mí me preocupa algo que señala el informe: que los municipios más rurales van a tener que definir sus planes de desarrollo comunal (PLADECO) y establecer mayor reglamentación, lo que significa más gasto para ellos.
Si hay de por medio una compensación económica, uno podría pensar que debería haber una mayor atribución a los municipios para que cumplan con estas exigencias. Y yo de verdad espero que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el propio Ministerio de Vivienda compensen en aquello a los municipios económicamente más débiles.
La situación con seguridad será la que estoy indicando porque, cuando se inicie un proyecto de desarrollo de densificación habitacional y el municipio no tenga el instrumento pertinente, deberá crearlo. Si un alcalde quiere que su comuna se desarrolle y reciba inversiones, tendrá que cumplir con estas exigencias.
Yo voy a pedir en la Ley de Presupuestos -que ya comenzamos a discutir en las Subcomisiones respectivas- que se asignen recursos a las municipalidades que exhiban determinado índice de desarrollo habitacional. Las estadísticas son muy claras y muestran cuáles son las que están creciendo.
En mi Región, San Pedro de la Paz y Concepción, por ejemplo, ya tienen resuelto el problema, pero otras, como Hualqui e inclusive Chiguayante, que también debieran tenerlo resuelto, deberán recibir apoyo del Gobierno para poder terminar su plan de desarrollo comunal y establecer la normativa que les permita regular el crecimiento de la comuna.
Señor Presidente, este es un mecanismo de regulación. Claramente, cuando comienzan las dificultades producto de la llegada de muchos edificios, los vecinos reclaman, y reclaman contra todos: contra el alcalde, contra el Gobierno, contra el Ministerio.
Estamos reglamentando una obligación que ya tendría que haberse extendido. Siempre debió haber existido un cargo económico para los edificios, porque los que construyen en extensión ya lo tienen. Parece muy injusto que proyectos inmobiliarios de casas paguen una compensación y no hagan lo mismo los edificios.
Voy a votar a favor, señor Presidente, comprometiéndome con todos los alcaldes a que los recursos para realizar los planes y las adecuaciones necesarias estarán en la Ley de Presupuestos, porque, si no, esta política no va a funcionar. Y no podemos seguir cargando a los municipios con obligaciones para las cuales no poseen suficientes recursos.
Voto que sí.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor MOREIRA.- ¡"Ministerio del Mar"! ¡Eso tiene que pedir!
El señor LAGOS (Presidente).- Ha pedido la palabra la señora Ministra.
La señora SABALL (Ministra de Vivienda y Urbanismo).- Señor Presidente, quiero partir agradeciendo a todos los Senadores y Senadoras que forman parte de la Comisión de Vivienda del Senado porque, tal como se ha dicho acá, el debate del proyecto, tanto en general como en particular, fue muy serio, muy riguroso y muy amplio y se escuchó a muchas personas.
La Comisión estuvo presidida por tres Senadores distintos en los diferentes períodos de discusión, pero en todos ellos se persiguió aunar voluntades para sacar la mejor normativa. Se realizó un trabajo colaborativo, amplio, diverso, donde todos sus aspectos fueron aprobados de manera unánime.
Lo segundo que quiero hacer es ratificar que esta iniciativa se sitúa en el corazón de la equidad urbana, de la calidad de vida de nuestras ciudades y, por lo tanto, de la calidad de vida de más del 87 por ciento de los chilenos y chilenas que viven al interior de ellas.
Este es un proyecto que busca mejorar la calidad de vida haciéndonos a todos responsables del desarrollo inmobiliario y estimulando el desarrollo al interior de las urbes y no haciendo crecer a estas hacia los bordes -es una de las razones por las cuales se ha generado segregación, y, lo más importante, es un proyecto que beneficia directamente a quienes las habitan, pero que también beneficia a los proyectos inmobiliarios en la medida en que su entorno sea mejor; su rentabilidad, mayor, y la ciudad que los acoge, de mucho mejor calidad.
Ya se han planteado los principios de esta propuesta legislativa, que hablan, precisamente, de lo que la Comisión buscó con bastante afán.
En primer lugar, que esta sea una normativa que afecte a todos los proyectos, públicos y privados. Todos somos responsables del desarrollo de la ciudad.
En segundo lugar, el principio de proporcionalidad establece que tanto las mitigaciones como los aportes sean adecuados al impacto que cada obra genere.
El principio de predictibilidad, por su lado, persigue que cada uno de los desarrolladores inmobiliarios tenga claro bajo qué criterios y de qué manera se van a ver afectados sus proyectos.
Por último, el principio de gradualidad -muy importante y que acá no ha sido mencionado en detalle- busca que la entrada en vigencia de la ley se produzca 18 meses después de que se apruebe su reglamento.
En ese contexto, me voy a referir a los dos temas que el Senador Prokurica ha planteado como parte de la preocupación que tiene respecto de los artículos 170 y 172.
En cuanto al primero, lo que inquieta a Su Señoría son las mitigaciones directas y, más precisamente, cuál será el alcance que, a raíz de ellas, se le puede pedir a un desarrollador inmobiliario. En concreto, se expresa preocupación por uno de los componentes de dichas mitigaciones directas, como es la mención a la exigencia de obras relacionadas con un terminal.
Al respecto, quiero destacar que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones define a un terminal como todo recinto habilitado para la llegada y salida controlada del transporte público y que puede ser de distinto tipo, según las funciones que cumpla.
Lo primero que quiero aclarar es que no estamos hablando de "depósitos de buses" -¡de ninguna manera!-, sino de "terminales de transporte público", que se usan simplemente para la llegada y salida de vehículos de locomoción colectiva.
En segundo lugar, cabe señalar que ese componente está planteado como mitigación directa para proyectos de gran escala, como los centros comerciales. En esos espacios, la llegada del transporte público debe efectuarse en condiciones seguras para los pasajeros.
En tercer término, les cuento que esta medida de mitigación directa ya ha sido usada. El edificio del Costanera Center, en la Región Metropolitana, tiene incorporado una bahía que permite que los buses lleguen, se estacionen y salgan nuevamente, para asegurar a las personas que allí concurren un tránsito, primero, seguro, y segundo, adecuado.
En consecuencia, de ninguna manera se está planteando un depósito de buses, sino, simplemente, un terminal, en la forma en que lo dispone la normativa vigente.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene un minuto más, señora Ministra, para que concluya.
La señora SABALL (Ministra de Vivienda y Urbanismo).- En cuanto al segundo tema, señor Presidente, el artículo 172, inciso cuarto, establece que, vencidos los plazos, el informe de mitigación de impacto vial "se entenderá aprobado, lo que deberá certificarse a petición del interesado, sin más trámite".
La legítima preocupación del Senador Prokurica apunta a que, si el informe queda aprobado automáticamente por la vía del silencio positivo, por qué ha de certificarse y si eso le va a significar al desarrollador otro trámite.
Pues bien, aquella norma simplemente se refiere al artículo 64 de la ley Nº 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, cuyo inciso final dispone que, cuando en un procedimiento el interesado pida que se certifique que se ha cumplido el plazo legal, con silencio positivo, "Dicho certificado será expedido sin más trámite", de inmediato.
En definitiva, nos hemos hecho cargo de lo que los propios Senadores nos plantearon en la Comisión, como es que el silencio positivo quede certificado para que el interesado tenga mayor certeza de que así ha operado.
Gracias, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- A usted, señora Ministra.
Tiene la palabra a continuación el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero abordar dos temas que, a mi juicio, son parte de la discusión.
Primero, deseo sumarme al planteamiento que formuló el Senador Pérez Varela en orden a que la iniciativa vaya en su momento a la Comisión de Hacienda. Y voy a explicar exactamente la naturaleza de la petición.
El asunto de fondo radica en que este proyecto, que tiene larga data, fue modificado en varios artículos mediante una indicación sustitutiva. En particular, el artículo 175 propone establecer una contribución al espacio público por medio de dos modalidades: directa (con un porcentaje de la obra, por ejemplo), o a través de un aporte equivalente al avalúo fiscal del porcentaje de terreno a ceder.
Como esa disposición fue incorporada por una indicación, no pudo haber sido conocida por la Secretaría previamente. Y a mí no me cabe duda de que, si hubiera estado incorporada en el texto original, la iniciativa habría sido enviada a la Comisión de Vivienda, y a la de Hacienda, en su caso, porque es obvio que un aporte equivalente al avalúo fiscal genera una implicancia en el ámbito financiero. Alguien podrá decir que es un impuesto; otro, que es un aporte. Eso se puede discutir, pero, para la correcta tramitación del proyecto, señor Presidente, el artículo 175 debe ir a la Comisión de Hacienda.
Repito: si no se hizo así al principio, fue porque la norma se incorporó vía indicación; no estaba en el texto original.
Aclaro que quiero facilitar el trámite y no dificultarlo, pues, si se obvia ese paso, después puede generarse una situación más compleja.
En segundo lugar, señor Presidente, deseo referirme a una inquietud que he visto reflejada en la sección de cartas al director de algunos diarios por parte de especialistas.
Existe preocupación respecto de qué significan las mitigaciones directas y qué supone, particularmente cuando no hay un plan específico, que los recursos sean destinados a obras de transporte público, ya que, según se dice, ello no tiene que ver con plazas o parques.
Dejo planteada la interrogante como un tema dentro del debate, pues ha aparecido en los medios de prensa que he tenido oportunidad de leer. Y creo que también tendría que ser parte de la discusión que deberemos realizar a propósito de los artículos 170, 172 y 175, que van a ser votados en forma separada.
En concreto, señor Presidente, pido que el artículo 175 vaya, en una gestión rápida, a la Comisión de Hacienda, pues, de lo contrario, la iniciativa adolecerá, desde mi perspectiva, de un vicio en su tramitación, ya que aquella es una materia que necesariamente debe pasar por dicho órgano técnico y que, si no lo hizo antes, fue exclusivamente porque su texto fue incorporado por la vía de una indicación sustitutiva y, por tanto, no podía saberse previamente qué trataba.
Este es, entonces, el momento para corregir tal situación.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, voy a votar a favor de las modificaciones introducidas a este proyecto, contenidas, fundamentalmente, en la indicación sustitutiva que presentó la Presidenta de la República.
La iniciativa en análisis constituye un aporte indudable para el desarrollo de nuestras ciudades, el cual se ha caracterizado, en las últimas décadas, por la ausencia de un rol planificador del Estado, radicándose decisiones fundamentales en el sector privado.
Las consecuencias ambientales, económicas y sociales de tal situación son ampliamente conocidas: ciudades segregadas, congestionadas, contaminadas y con insuficiente calidad de vida.
El déficit de infraestructura pública es el reflejo del déficit de equidad en nuestras ciudades, porque al final la infraestructura, el espacio público, el área verde, son expresión de una ciudad inclusiva o excluyente.
Una ciudad inclusiva tiene mayor disponibilidad de espacios públicos.
Una ciudad segregada resuelve sus necesidades públicas con condominios o con infraestructura privada.
Esto no puede continuar. Queremos ciudades para todos los chilenos. Queremos bienes públicos de calidad para todos.
La segregación de las ciudades se expresa también en una abismante diferencia en los recursos estatales y privados que se destinan para satisfacer las necesidades públicas.
Las comunas del sector oriente de Santiago disponen de ingresos diez y veinte veces superiores a los que tienen las comunas más pobres.
Este proyecto viene a enfrentar esa realidad. Le da más equidad al aporte privado a través de mitigaciones y cesiones que actualmente solo afectan al 5 por ciento de los proyectos.
También introduce más equidad a la inversión pública, dado que esta ya no se concentrará en las comunas que captan la mayor inversión privada.
Hay otros instrumentos que debemos corregir. El impuesto territorial, que es la principal contribución privada a la comunidad, debe revisarse, pues hoy día solo afecta a una proporción mínima de inmuebles, y la amplia exención que la ley establece no es debidamente compensada por el Estado a los municipios.
Además, este proyecto está bien dirigido y perfectamente alineado con la Política Nacional de Desarrollo Urbano impulsada desde el Consejo Nacional que creó la Presidenta Bachelet.
Por esas razones, voto a favor.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Ministra de Vivienda.
La señora SABALL (Ministra de Vivienda y Urbanismo).- Señor Presidente, si bien la versión actual de la iniciativa se origina en una indicación sustitutiva del Ejecutivo, el artículo 175 a que se refirió el Senador señor Coloma no presenta variación ni respecto del texto aprobado en general por el Senado ni respecto del despachado en su oportunidad por la Cámara de Diputados.
Dicha norma dispone que los aportes son una forma alternativa de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, relativo a las cesiones.
Se persigue que los proyectos que conlleven crecimiento urbano por densificación cuenten con un modo de llevar a cabo la obligación mencionada, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido.
En ese sentido, resulta claro que los aportes no constituyen un tributo, sino una forma de dar cumplimiento a las cesiones gratuitas de terreno en los casos de dichos proyectos.
Cabe hacer presente que el Tribunal Constitucional estableció que las cesiones no son tributos, sino una "manera de conciliar, en forma prudente y justa, los intereses personales del urbanizador con los de la sociedad toda, arbitrando los medios necesarios para que el Estado cumpla su fin primordial, cual es el bien común".
Lo anterior está señalado en la sentencia 253, del año 1997, del Tribunal Constitucional.
En tal sentido, insisto en que no hay variación respecto a lo aprobado en la Cámara y a lo aprobado en general por el Senado en esta parte.
Y, en segundo lugar, la sentencia del Tribunal Constitucional respalda que en este caso los aportes constituyen una forma de dar cumplimiento a una obligación.
Gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- A usted, señora Ministra.
No hay más inscritos.
Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas acogidas por unanimidad en la Comisión (32 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en virtud de las explicaciones que ha entregado la Ministra, y para la historia de la ley, quiero manifestar que retiro mi solicitud de votación separada de los artículos 170 y 175.
Entiendo que con eso habría una sola votación, y quedaría resuelto el proyecto.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Por tanto, ¿podríamos darlos por aprobados con la misma votación?
El señor PROKURICA.- No hay problema, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, quedó pendiente la votación de una norma en que se abstuvo el Senador Pérez Varela en la Comisión. Y ahora Su Señoría está dispuesto a dar la unanimidad.
Así, recogiendo la solicitud del Senador Coloma, solo el artículo 175 iría a Hacienda, y mañana podríamos votar la iniciativa.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo, entonces, en que solo el artículo 175 pasara a la Comisión de Hacienda?
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, la situación es la siguiente.
Al quedar retirada la abstención que se había registrado, quedaría aprobado el número 1) del Artículo Primero, que no requiere quorum especial.
En lo que atañe al artículo 170, fue retirada la solicitud de votación separada pedida por el Honorable señor Prokurica, como también en el caso del artículo 172, que sí precisa quorum especial. Por ello, si le pareciera a la Sala, se podrían dar por aprobados con la misma votación anterior.
Por su parte, pasaría a la Comisión de Hacienda el proyecto solo en cuanto a la norma a que se refirió el Senador señor Coloma (artículo 175).
Entiendo que esa sería la situación.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, ¿me permite?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Tal como lo planteó el Presidente de la Comisión de Vivienda, el Senador Tuma, yo retiro mi abstención en el número 1) del Artículo Primero. Ello, con el propósito de que el artículo 175 vaya a revisión a la de Hacienda, porque los argumentos que entregó el Senador Coloma demuestran claramente la absoluta necesidad de que esa Comisión lo analice en profundidad.
Por lo tanto, formalizo el retiro de mi abstención.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Entonces, procederemos de la siguiente forma.
Solo el artículo 175 se remitirá a la Comisión de Hacienda, y todos los demás preceptos quedarán aprobados con la misma votación anterior.
--Se aprueba en particular el proyecto, dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido, y se envía a la Comisión de Hacienda para el análisis del artículo 175 contenido en el Artículo Primero.