INCENTIVO A RETIRO VOLUNTARIO DE PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga una bonificación por retiro voluntario al personal de la Atención Primaria de Salud Municipal, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (10.489-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 11ª, en 19 de abril de 2016 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Hacienda y salud (unidas): sesión 14ª, en 10 de mayo de 2016.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar las condiciones de egreso de la carrera para los funcionarios que están en edad de pensionarse, potenciando asimismo el desarrollo de la carrera de los demás funcionarios.

Cabe hacer presente que, con fecha 3 de mayo de 2016, la Sala del Senado acordó que el proyecto de ley fuera considerado en Comisiones unidas de Hacienda y de Salud.

Tales órganos consignan en su informe que esta iniciativa de ley fue debatida en conjunto con la que otorga bonificación por retiro voluntario a los funcionarios del sector salud que indica (boletín N° 10.491-11).

Las Comisiones unidas discutieron este proyecto solamente en general y aprobaron la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Chahuán, Coloma (como miembro de ambas Comisiones), García, Montes (como miembro de las dos Comisiones), Tuma (como miembro de ambas Comisiones), Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Nada más, señor Presidente.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, entiendo que primero vamos a debatir y votar el proyecto que beneficia al personal de la atención primaria y luego el de incentivo al retiro de los funcionarios de la atención de salud centralizada.

Los Senadores de Renovación Nacional votaremos a favor de la primera iniciativa. Primero, porque nos parece de absoluta justicia que exista un incentivo al retiro para que los funcionarios, luego de muchos años de dedicación y entrega a la atención primaria de salud, puedan jubilar en mejores condiciones, con la cantidad de dinero emanada de los cálculos que se establecen en el articulado. La idea es que eso constituya, por un lado, una reparación del daño previsional que han sufrido por el extenso período en que sus remuneraciones fueron imponibles solo en parte, y por otro, represente una justa retribución a tantos años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y, sobre todo, de dedicación a los pacientes y a la población en general.

Señor Presidente, nos alegra el hecho de que en el caso concreto de las damas este proyecto establezca que van a poder elegir el momento de retirarse, entre los 60 y los 65 años. Eso nos parece muy significativo, porque no se las obliga a jubilar al momento de cumplir 60 años, sino que se les permite programar su retiro hasta los 65, sin sufrir por ello ningún desmedro, ninguna merma en los beneficios que contempla la ley en proyecto.

También debo señalar que esta iniciativa forma parte de un acuerdo entre el sector salud, la Ministra del ramo y los gremios, por supuesto con la participación del Ministro de Hacienda.

Es muy significativo que se alcancen acuerdos como ese y que el Congreso Nacional los ratifique y apruebe.

En la Comisión de Hacienda, junto con el Senador Coloma hicimos bastante hincapié en nuestra preocupación por la forma de financiamiento de una parte de este proyecto. Concretamente, me refiero a la bonificación al retiro, que será de cargo municipal.

¿Cómo pagan las municipalidades? Solicitando un anticipo del per cápita. Pero ya las tenemos pagando otros anticipos de él, precisamente para cumplir con leyes de incentivo al retiro de años anteriores.

De acuerdo a un informe que nos preparó la Dirección de Presupuestos, actualmente 209 municipios se encuentran sirviendo deudas por la aplicación de la ley N° 20.589, y 110, deudas derivadas de la ley N° 20.157.

El endeudamiento asciende en este momento a 410 millones de pesos, aproximadamente, lo que corresponde a 0,6 por ciento del aporte mensual del artículo 49 de la ley N° 19.378.

Sin embargo, cuatro municipios están topados. Eso implica que van a enfrentar serios problemas de financiamiento en el ámbito de la atención primaria de salud, tan sensible e importante para nuestra población.

Yo espero que el Ministerio de Salud tenga presente la situación de los municipios más afligidos y que se otorguen las facilidades correspondientes para que ella no signifique que este beneficio que les estamos entregando a los trabajadores finalmente vaya a tener repercusión en la atención de salud que requiere la ciudadanía.

Señor Presidente, insisto en que, a pesar de las dudas e inquietudes que mantenemos respecto del financiamiento, votaremos a favor, porque la ley de incentivo al retiro para los funcionarios de la Atención Primaria de Salud Municipal hará justicia en parte a gente de dilatada trayectoria de servicio público.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se está solicitando abrir la votación.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En votación general el proyecto.

--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, tal como señaló el Senador García, en la Comisión de Hacienda se discutió en torno a la forma de financiar la iniciativa vinculada con la atención primaria de salud municipal.

En realidad, yo quisiera referirme también al proyecto que sigue, sin perjuicio de que, por supuesto, votaremos primero el que nos ocupa en este momento.

Esta iniciativa se desarrolló a partir de una negociación con diversas organizaciones gremiales de la salud que forman parte de la Central Unitaria de Trabajadores. En efecto, el 22 de julio de 2015 celebraron un acuerdo con el Ejecutivo en torno a una serie de materias, las que el Parlamento ya empezó a conocer. Y entre ellas está precisamente el incentivo al retiro.

Ya casi conocemos de memoria el formato de los proyectos tendientes a paliar en parte el denominado "daño previsional", que derivó del cambio, en 1981, del sistema de previsión antiguo por el de ahorro individual que nos rige hoy día.

Como sabemos, ese fenómeno ha llevado a que a una gran mayoría de los servidores del sector público les resulte muy difícil dejar sus puestos de trabajo debido a que sus ingresos se reducen en forma sustancial al momento de jubilar. Y una manera de compensarlo es precisamente a través del bono de retiro.

En el caso de la atención primaria, como también en el del sistema de salud centralizada, se da una serie de beneficios.

Cabe consignar una bonificación por retiro voluntario, equivalente a once meses, como máximo, siempre que la persona tenga más de sesenta años, si es mujer, o sesenta y cinco, si es hombre.

De acuerdo con la iniciativa, ello dice relación, tratándose del segundo sector señalado, con más o menos veintidós mil funcionarios, y de unos siete mil en el otro.

Una connotación que proyectos anteriores no presentaban es que el mecanismo expuesto durará diez años. O sea, durante este período, quienes vayan cumpliendo las edades mencionadas podrán acceder a la bonificación. Y esta es una novedad, porque el efecto de las otras leyes se calculaba para una sola vez.

Se determinarán cupos de los que irán accediendo al beneficio de acuerdo con lo que determine el cuerpo legal.

Además, a las personas que cumplan una jornada ordinaria de trabajo de cuarenta y cuatro horas semanales y registren una antigüedad de diez años de servicio se les concederá una bonificación adicional de 560 unidades de fomento.

En el artículo 11 se contempla una bonificación de permanencia para quienes sirvan un cargo en las plantas de profesionales, directivos y fiscalizadores, ascendente a cinco unidades de fomento, con un máximo de cien, por cada año de servicio que exceda los veinte, contados a la fecha en que se haga efectiva la renuncia voluntaria.

A lo anterior se agrega un bono por antigüedad, equivalente a diez unidades de fomento, con un máximo de cien, cuando sea personal con una jornada de cuarenta y cuatro horas semanales, calculándose en forma proporcional si esta fuera inferior.

Se establecen, asimismo, un bono por trabajos pesados y la posibilidad de acceder al llamado "bono poslaboral", adicional a la previsión.

De acuerdo con los antecedentes entregados en el informe financiero, el costo, en el caso de la salud centralizada, será del orden de 108 mil millones de pesos en el año 2016 y de 58 mil millones en 2017, para terminar en 49 mil millones en 2024.

Respecto de la salud primaria, con bonificaciones similares o equivalentes a las señaladas con anterioridad, el informe financiero determina que el costo total asciende a 22 mil millones de pesos en 2016 y a 20 mil millones en 2024.

En este último caso, los Senadores señores Coloma y García, así como los que también concurrimos a las Comisiones unidas, pedimos que el Ministerio de Hacienda dijera cómo se iba a financiar el gasto que les significaría a las municipalidades el otorgamiento de estos beneficios.

Es preciso distinguir la bonificación por retiro voluntario de los bonos. La primera será de costo municipal, y estos últimos -el incremento por meses, el adicional y el complementario-, de cargo fiscal, lo que representa más de 112 mil millones de pesos en todo el período.

Se nos hizo presente algo razonable -ello podría estudiarse y se requeriría considerar municipalidad por municipalidad-, en orden a que una persona normalmente se acoge a retiro en el límite de su escala de remuneración, mientras que el nuevo contratado entra a los últimos grados, con un menor beneficio. Por lo tanto, el costo de reemplazo es muy inferior al de mantener al funcionario sin incorporarlo a la ley de retiro. Eso implica un resultado financiero que es preciso ver en cada municipio para el efecto de determinar el costo de una nueva contratación, en relación con el de una persona que se retira. En ese diferencial se podría lograr, en definitiva, un cierto equilibrio en la plantilla total de trabajadores, sin un cargo adicional.

Tiene razón mi Honorable colega García en el sentido de que si acaso se plantea una dificultad en algunos casos específicos, se requiere ver cómo solucionarla.

Mas también cabe tener en cuenta que una manera de ayudar más que nada a la cuestión de caja, para los efectos de responder al retiro, es que se dará un anticipo con cargo al per cápita al objeto de poder facilitar la aplicación de la ley.

Como hay todo un cálculo financiero de por medio, no me atrevería a hacer la afirmación global de que todos los municipios entrarán a un problema de financiamiento o de que todos los municipios obtendrán un beneficio adicional por la diferencia entre contratar cuando una persona se acoja al retiro voluntario y lo que signifique el costo del funcionario con mayor antigüedad.

En consecuencia, estimo necesario estar atentos, pero también tener presente la conveniencia, al estudiar el proyecto de Ley de Presupuestos, de insistir en que se siga incrementando el per cápita de salud que se les entrega a las municipalidades, no por el solo proyecto que nos ocupa, sino también por las prestaciones en la materia en el sector primario.

Por todas estas razones, pero también por abrigar la absoluta convicción de que realmente se paliará en parte el daño previsional sufrido por estos funcionarios, las Comisiones unidas aprobaron por unanimidad el proyecto y le recomienda su aprobación a la Sala.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, estamos frente a una iniciativa que efectivamente responde a un clamor de los gremios de la salud, pero también a una dificultad que se da en el proceso.

Habitualmente surgía una expectativa en los trabajadores del sector en el sentido de que leyes de incentivo al retiro pudieran mejorar sus grados para los efectos de pensionarse en mejores condiciones. ¿Y qué ocurrió? Ello se vio frustrado por un dictamen de la Contraloría en el año 2015, en cuanto a que había un abuso de poder en esta práctica de los servicios de Salud.

Lo anterior ha generado la movilización de los gremios, en particular del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, pero, además, con la posibilidad de que se adhieran otros en todo el país.

¿Qué queremos plantear? Que la fórmula del incentivo al retiro, que no es más ni menos que resolver el daño previsional de los funcionarios dándoles la posibilidad de pensionarse de mejor manera, involucra también un desafío para que finalmente podamos contar con una nueva política de recursos humanos.

Lo hemos conversado con la Ministra de Salud.

Hemos estado acompañados, por primera vez, de todos los gremios del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, que han estado trabajando unidos a fin de lograr mejores condiciones para los efectos de poder generar un incentivo al retiro que asimismo ofrezca dignidad en las pensiones.

¿Y cuál es el problema? ¡El peor empleador en Chile es el Estado!

Eso es cierto, no solo porque no cumple con el 80/20 -ochenta por ciento de trabajadores de planta y veinte por ciento de trabajadores a contrata-, sino porque, adicionalmente, el sistema de fondos de pensiones no está dando el ancho para poder responder efectivamente a las expectativas generadas en muchos trabajadores públicos que se vieron forzados a cambiar de régimen previsional.

--(Aplausos en tribunas).

Frente a esa circunstancia, medidas de parche, como el incentivo al retiro, han constituido un instrumento para ir mejorando las condiciones.

A pesar de que he sido uno de los mayores críticos de la gestión de la Subsecretaría de Salud Pública por la inversión en infraestructura hospitalaria; por el aumento de las listas de espera en patologías GES y no GES; por ser condescendiente con la venta de servicios a terceros, que en esta Administración ha aumentado en 27 por ciento; por contentarse con 494 días de espera para una intervención quirúrgica de una patología no GES o con 430 para una interconsulta médica, quiero felicitarla por un compromiso que espero que se cumpla: llegó a un acuerdo con todos los gremios de la salud para los efectos de traspasar a la planta a los trabajadores a contrata y a honorarios.

Ojalá que lo anterior se materialice, porque la fe pública está de por medio. Si bien esa materia no se hallaba incorporada en el proyecto sobre incentivo al retiro, se convino al respecto para que la medida estuviera a mano de los miembros de la Comisión de Hacienda, así como también de los integrantes de la Comisión de Salud.

Insisto en que la situación ha generado expectativas, lo que se da en los hospitales de Casablanca, Van Buren, Claudio Vicuña, Doctor Eduardo Pereira y cada uno de los que forman la red.

Ahora, hay dificultades. ¡Cómo no las va a plantear el hecho de que un piso completo del hospital Doctor Eduardo Pereira no se esté utilizando y se registre capacidad ociosa, o de que no se ocupen cuarenta camas críticas del hospital Van Buren financiadas por el Gobierno regional, o de que exista demora en el inicio del hospital Claudio Vicuña, de San Antonio!

¡Por supuesto que hay dificultades!

¡Para qué hablar de las camas críticas del hospital...

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional para redondear su intervención.

El señor CHAHUÁN.- Lo que se requiere, ciertamente, es apoyar el incentivo al retiro.

Voy a pedir un nuevo pronunciamiento de la Contraloría frente a la legítima esperanza de los trabajadores de la salud, porque hace falta una nueva política de recursos humanos.

Lo deseable es que las pensiones se dignifiquen para un sector que concentra los más altos índices de licencias médicas por el sobrestrés a que está sometido.

A mi juicio, la unidad de los gremios, en particular en los casos de los servicios de Salud Valparaíso-San Antonio y Viña del Mar-Quillota, que son los más fuertes de nuestra Región en organización, finalmente puede iluminar un cambio de criterio de la Contraloría, de modo que una expectativa tan legítima se plasme en una política.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el proyecto tiene su origen en acuerdos suscritos entre el Gobierno y las agrupaciones de funcionarios.

En tal sentido, no puedo sino aprobarlo. El personal de la salud municipalizada es, en la práctica, la primera línea del Estado para recibir las crecientes demandas de los usuarios y el que muchas veces debe acompañar a los pacientes durante el largo período de espera para una atención especializada en los hospitales.

Lo integran quienes también fueron víctimas del engaño, como muy bien se ha dicho acá, que ha significado el nuevo sistema previsional, al que se vieron obligados a adherir millones de trabajadores a quienes este no puede asegurar pensiones dignas y al que ahora se intenta, a través de sucesivas leyes, parchar o mitigar mediante bonos como los que nos ocupan.

Por estas razones, la iniciativa en debate es de total justicia, y anuncio mi voto a favor.

Sin embargo, me valgo de la oportunidad para plantear también algunas dudas, la primera de las cuales se refiere al financiamiento de la bonificación.

El texto dispone que el bono correspondiente a un mes de remuneración por cada año de servicio será de cargo exclusivo de los municipios o de las corporaciones municipales, a los que habilita para endeudarse por medio del mecanismo de los anticipos del per cápita.

Todos sabemos que eso es absolutamente insuficiente. Hace dos años, un estudio de la Universidad de Chile estableció que la asignación debiera al menos alcanzar a seis mil pesos, y hoy todavía se halla en cuatro mil ochocientos.

En consecuencia, el beneficio se pagará, mayoritariamente, con cargo a fondos destinados a la salud de los más pobres. Son pocos los municipios que pueden sostener un aporte sin tocar el per cápita, por lo que el financiamiento será con cargo a más deuda. Y la deuda municipal no la paga el Fisco, a diferencia de la propia de los hospitales.

Si se responde que se ahorrará sobre la base del personal que no será remplazado, ello en verdad es cada vez menos aplicable en el sector Salud, que permanentemente aumenta la cantidad y complejidad de sus prestaciones y, por lo tanto, necesita una mayor dotación.

Si a lo anterior se suma el que aún no hay un proyecto que modifique el sistema de financiamiento municipal, creo que estamos poniendo en una situación difícil a los gobiernos locales. Cabe recordar que la reciente iniciativa que autoriza para reformular las plantas de personal asimismo les generará presión a los presupuestos, pues no cubre los nuevos cargos que deban crearse.

Me parece más justo el esquema utilizado últimamente para financiar el bono de retiro de los profesores, que consideró en ello una mayor participación del Fisco.

En otro orden de cosas, me parece que es preciso repensar la idea de beneficios decrecientes en función de la edad en que los funcionarios se acogen a ellos.

Con el envejecimiento progresivo de la población y las menguadas pensiones ofrecidas por el sistema imperante, el bono, más que constituir un incentivo al retiro, debe transformarse en una compensación. En consecuencia, es posible considerar la postergación de su otorgamiento, como ha ocurrido en sectores donde se ha perseguido justamente el objetivo inverso al del articulado en examen, en el sentido de posponer el momento de alejarse de una actividad.

Por otro lado, también es necesario destacar aspectos novedosos, como el de que el beneficio estará vigente durante un período más largo, de diez años, con lo cual los funcionarios podrán programar adecuadamente el retiro.

En definitiva, el articulado tiende precisamente a beneficiar a los funcionarios de la salud primaria, lo que debemos apoyar, pero subsiste la actitud del Gobierno central de soslayar los problemas de financiamiento que enfrenta la salud municipalizada,...

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Su Señoría cuenta con un minuto para concluir.

El señor QUINTEROS.-... que absorbe la mayor cantidad de prestaciones demandadas por la población más vulnerable y se encuentra en una clara situación deficitaria.

Voto a favor.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para que la Honorable señora Muñoz asuma como Presidenta accidental.

Acordado.

Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, todos sabemos que las ideas centrales de la iniciativa dicen relación con que el 1° de junio de 2015 el Gobierno suscribió un acuerdo con la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (CONFUSAM), en virtud del cual se determinó un plan de incentivo al retiro a largo plazo que comenzará a regir desde el término de la vigencia del plan anterior establecido en la ley N° 20.589.

Ya se han dado a conocer las características de este proyecto, sus beneficiarios y los bonos adicionales, así que yo solo voy a hacer un comentario.

Aquí, nosotros hemos escuchado a distinguidos Senadores que han hecho uso de la palabra. Tal como en otras oportunidades en que se han tratado situaciones similares del sector salud y de diversas áreas públicas, siempre se pronuncian encendidos discursos y prácticamente se dice lo mismo, cambiando solo la repartición a la cual le corresponde el beneficio.

Indudablemente, nadie se va a restar de la posibilidad de intentar mitigar, mediante este proyecto de ley, lo que significa ser parte de la Administración del Estado y, sobre todo, los archiconocidos problemas que los dirigentes de la salud le señalan al país a través de la prensa y sus movilizaciones.

Obviamente, nosotros vamos a aprobar esta iniciativa, pero antes, como digo, quisiera hacer un comentario.

Este proyecto de ley es parte de una agenda que el Ejecutivo tiene con los gremios. Actualmente se encuentran en tramitación cuatro iniciativas diferentes -¡cuatro!-, de distinto tipo, planteando diversas formas de incentivo al retiro, más otras normativas relacionadas con remuneraciones.

Una de ellas otorga beneficios al incentivo por retiro voluntario al personal de la Atención Primaria de la Salud Municipal de la ley N° 19.378 que indica. Hasta hace poco se encontraba en primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con un costo de 202 mil 725 millones de pesos.

Luego tenemos la que modifica las leyes números 15.076 y 19.664. Se halla en primer trámite constitucional, con un costo, para el año 2016, de 26 mil 876 millones de pesos, y a partir del 2017, de 37 mil 716 millones de pesos.

Y hay otra que otorga beneficios al incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del sector salud que indica. Esta también se encontraba hasta hace poco en primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con un costo de 530 mil 142 millones de pesos.

En tal sentido, se me presentan las siguientes dudas antes de votar a favor del proyecto en discusión. Y me hubiese gustado que estuviera presente en el Hemiciclo algún representante del Ministerio de Salud, ya sea la Ministra o algún Subsecretario.

El señor MONTES.- ¡Está la Ministra!

El señor MOREIRA.- ¿Y por qué no entra?

Mis dudas son las siguientes:

-¿Cuál es el fundamento para diseñar una política de incentivo al retiro en base a un acuerdo político y no a una visión completa sobre el sector salud?

-¿Vendrán más proyectos de incentivo al retiro, o estos son los últimos?

-¿Por qué no hay una política global de incentivo al retiro en el sector público?

Nosotros, señora Presidenta, necesitamos que estas dudas, legítimas, sean aclaradas por el Ejecutivo. Sin embargo, obviamente que, como sector, vamos a votar a favor de este proyecto de ley.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, aprovecho la oportunidad para saludar muy afectuosamente a todo el gremio de la salud primaria.

--(Aplausos en tribunas).

Se trata de una actividad del todo compleja y que, sin duda, es la primera contención que tienen los distintos municipios, nuestro propio Estado y nuestro país en materia de salud.

Estamos asistiendo a otro penoso espectáculo.

Excúseme, señora Presidenta, y también excúsenme los directivos que llegaron a este acuerdo. ¡Las AFP en Chile han sido la lacra que ha llevado a la peor de las condiciones a las personas que jubilan en nuestro país!

--(Aplausos en tribunas).

El Estado de Chile ha tenido un comportamiento miserable con los trabajadores y las trabajadoras de nuestra nación. ¡Y ni hablar del sector público!

Señora Presidenta, uno se ve obligado a tener que participar de estos acuerdos. Y lo hago con indignación, porque además este acuerdo tendrá vigencia para los próximos 10 años.

A personas que han trabajado 15, 20, 30 años en un servicio público se les paga hasta once meses.

¡Eso es de la mayor injusticia!

¡Año trabajado, año pagado!

¡Eso sería lo justo! ¡Eso sería lo humano! ¡Eso sería lo razonable, señora Presidenta!

--(Aplausos en tribunas).

Aquí, ¡no! Aquí, como gran cosa, como un obsequio para el trabajador, como un logro para el trabajador, le vamos a dar un incentivo al retiro.

Lo que ocurre, señora Presidenta, es que nos hemos acostumbrado a tener un comportamiento cínico con nuestros trabajadores.

La semana pasada planteé un proyecto en el que me acompañaron todas las Senadoras y los Senadores, para intentar cambiar el modelo actual.

¿Qué le decimos a la Presidenta? "Mire, para que no se dé más esta situación, tan injusta, con las futuras generaciones, anticipémonos: que el Estado se obligue a entregarle a cada persona en Chile -una niña, un niño-, al momento de nacer, 2 millones de pesos, cifra que, a los 65 años, más el aporte que haga el afiliado, haría que se obtuvieran pensiones promedio de 444 mil pesos".

¡Eso sería lo razonable! ¡Eso sería lo justo!

Aquí, ¡no! Aquí se está dando un bono de seis, ocho, once millones de pesos, que rápidamente se va a ir de las manos, y una pensión de hambre. Personas que ganaron un sueldo medianamente digno terminan empobreciéndose al momento de jubilar.

Entonces, señora Presidenta, cuando las organizaciones gremiales llegan a estos acuerdos, lo que hacen con esto, perdónenme, es obligarnos a tener que continuar y seguir con un sistema brutalmente inhumano.

Y les quiero decir a estas y otras organizaciones que, en la medida en que ellas logren estos malos acuerdos con los distintos gobiernos de Chile, ¡van a seguir abusando de nuestras mujeres y nuestros hombres trabajadores!

--(Aplausos en tribunas).

¡Ojalá que esto nunca más se repita!

Por eso es que yo no me alegro de este acuerdo. ¡Perdónenme! ¡Yo no me puedo alegrar de un acuerdo que sé que terminará empobreciendo a nuestros jubilados!

¡Pero estoy obligado!

¡Es lo que hay! ¡Es lo que tenemos! ¡Es lo que se logró!

¡Y el Estado sigue mirando para el lado! La norma 80/20 nunca se cumplió. El personal nunca ha sido traspasado a las plantas. Sigue habiendo abusos laborales.

Así que aquí, señora Presidenta, hay una situación que, si nosotros aprobamos este proyecto, seguiremos avalando. Y por eso que indigna tener que votar favorablemente iniciativas como esta. Como alguien dice arriba, "¡Es lo que hay!".

La tengo que aprobar, desgraciadamente, pero no la apruebo con alegría.

Ojalá no se repitan estos malos acuerdos, que no hay que celebrar.

Deberíamos apuntar, creo yo, a un cambio más profundo, en la lógica de evitar el permanente y eterno abuso de este Estado con su clase trabajadora.

He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Gracias, señor Senador.

El de la AFP es un gran tema para el debate de la reforma constitucional, que también deberíamos tratar en ese marco.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (26 votos favorables) y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobado también en particular, y despachado en este trámite.

El señor BIANCHI.- ¡Que también se apruebe la otra iniciativa, con la misma votación!

El señor MONTES.- Entiendo que se estaban viendo en conjunto.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El Senador señor García preguntó eso en su minuto y se aclaró que solo se estaba analizando la correspondiente a la atención primaria municipal, pero la Sala es soberana para decidir.

El señor MONTES.- Demos por aprobados los dos.

El señor GARCÍA.- Sí.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Entonces, si no hubiera objeción, se procedería en esos términos.