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ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y CREACIÓN DE ORGANISMO COORDINADOR INDEPENDIENTE DE SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL


El señor LAGOS (Presidente).- Corresponde tratar, en primer lugar, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece nuevos sistemas de transmisión de energía eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.240-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 95ª, en 20 de enero de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Minería y Energía: sesión 7ª, en 5 de abril de 2016.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los objetivos principales de la iniciativa son los siguientes:
a) Lograr que la transmisión eléctrica favorezca el desarrollo de un mercado de generación más competitivo, para bajar los precios de energía al cliente final, libre y regulado;
b) Incorporar en la planificación de la transmisión una perspectiva de largo plazo que permita considerar una visión estratégica del suministro eléctrico, los intereses de la sociedad, el cuidado del medio ambiente y el uso del territorio;
c) Mejorar los estándares de seguridad y calidad de servicio del sistema, promoviendo esquemas que incentiven su cumplimiento y compensen a los usuarios frente a indisponibilidades;
d) Robustecer e independizar al coordinador del sistema, y
e) Incorporar al Estado, como garante del bien común, en la definición de los trazados y emplazamiento de los nuevos sistemas de transmisión.
La Comisión de Minería y Energía discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Allende y señores García-Huidobro, Guillier y Pizarro.
Cabe tener presente que el inciso quinto del artículo 95 contenido en el numeral 4) del artículo 1° del proyecto es de quorum calificado, por lo que requiere para su aprobación 20 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 79 a 143 del primer informe de la Comisión.
Nada más, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- Se solicita autorización para que pueda ingresar a la Sala el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, señor Andrés Romero.
¿Habría acuerdo?
--Se accede.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende, Presidenta de la Comisión de Minería y Energía.


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, ante todo, quiero hacer una pequeña aclaración.
La verdad es que pensé que a esta hora iba a estar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, porque hoy día se discutía allí un tema bastante crucial para la Región de Atacama. Por ello, había solicitado al Senador señor Guillier que hiciera el informe del proyecto. Pero, se suspendió esa sesión debido a que, ¡enhorabuena!, el Gobierno y algunos dirigentes de la Mesa Pública se han sentado a conversar.
Esa es la razón por la cual me he venido y el Senador Guillier, amablemente, me ha solicitado que presente el informe, lo que le agradezco.
Dicho eso, también pido un poco de paciencia a la Sala porque es un tema de la mayor relevancia pero también complejo y resulta difícil hacer una supersíntesis del informe que ha elaborado el Secretario de la Comisión.
El señor LAGOS (Presidente).- Tómese el tiempo que sea necesario, señora Senadora.
La señora ALLENDE.- Muchas gracias.
Creo, de verdad, que estamos ante uno de los asuntos más trascendentes sobre los que podemos legislar como país en este momento.
Obviamente, voy a intervenir como informante. Me reservo mi opinión para después, como corresponde.
La Comisión llevó a cabo una extensa ronda de audiencias a fin de escuchar la opinión de especialistas y profesionales de los más diversos ámbitos para la adecuada ilustración de esta instancia parlamentaria.
Luego de haber recibido al Ministro de Energía y su equipo asesor, la Comisión escuchó a personeros de la industria, de asociaciones de usuarios, consumidores, organizaciones ciudadanas y ambientalistas interesadas en participar en el debate, tales como la Asociación de Consumidores de Energía No Regulados, el Panel de Expertos del Sistema Eléctrico Nacional, la Fundación Chile Sustentable, el Consejo Minero, las universidades de Chile y Católica, la Asociación Chilena de Energías Renovables, el CDEC-SIC, el CDEC-SING, TRANSELEC, VALGESTA, Generadoras de Chile A.G., Empresas Eléctricas A.G., SYNEX Ingenieros Consultores, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) y la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores.
Cabe señalar que la Comisión acordó darle la más amplia difusión a estas audiencias, razón por la cual colocó en la web institucional, a disposición del público interesado, los audios de las sesiones respectivas.
El proyecto persigue fundamentalmente lo siguiente:
a) Lograr que la transmisión eléctrica favorezca el desarrollo de un mercado de generación más competitivo, para bajar los precios de energía al cliente final, libre y regulado;
b) Incorporar en la planificación de la transmisión una perspectiva de largo plazo que permita considerar una visión estratégica del suministro eléctrico, los intereses de la sociedad, el cuidado del medio ambiente y el uso del territorio;
c) Mejorar los estándares de seguridad y calidad de servicio del sistema, promoviendo esquemas que incentiven su cumplimiento y compensen a los usuarios frente a indisponibilidades;
d) Robustecer e independizar al coordinador del sistema, y
e) Incorporar al Estado, como garante del bien común, en la definición de los trazados y emplazamiento de los nuevos sistemas de transmisión, especialmente aquellos de servicios públicos, a la luz de las consideraciones ambientales, territoriales, ciudadanas, técnicas, económicas y de participación ciudadana.
Posiblemente, esta iniciativa legal es una de las más importantes que le va a corresponder tramitar, en materia energética, al Congreso Nacional. De la sola enumeración de los objetivos que persigue, se puede advertir que abarca la regulación de aspectos muy significativos para el desarrollo de este sector de la economía. En ese sentido, es oportuno referirse a algunas de las principales novedades que contiene el proyecto.
En el contexto de la conformación de un nuevo Sistema Interconectado Nacional, existe consenso en torno a la necesidad de un único coordinador del sistema eléctrico, independiente de los actores del mercado. A este efecto, la ley propone crear un organismo que desarrollará una función de interés público, pero que no formará parte de la Administración del Estado, aunque se le aplicarán las normas de transparencia y acceso a la información pública.
Este organismo, que se va a denominar "Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional", tendrá como base las funciones de los actuales CDEC, para lo cual el proyecto consulta fortalecer y perfeccionar sus funciones de coordinación, de manera de recoger la evolución del mercado nacional, las mejores prácticas internacionales y las necesidades que se han planteado a partir del diagnóstico de esos organismos, dentro de las que destacan la colaboración con las autoridades correspondientes en el monitoreo de la competencia en el mercado eléctrico y un exigente estándar de transparencia en el manejo de la información.
Para su administración se propone un Consejo Directivo, compuesto por miembros elegidos mediante concurso público por un Comité Especial de Nominaciones. Con el fin de afianzar su idoneidad se establece un régimen de responsabilidades vinculado con la adecuada labor de coordinación que les compete y cuyo incumplimiento será sancionado. Se incorporan también mecanismos de revisión periódica del desempeño del Coordinador en sus funciones, así como la posibilidad de remoción de uno o más directores por el referido Comité.
En otro orden de ideas, el proyecto efectúa una nueva clasificación de los sistemas de transmisión orientando su caracterización a su funcionalidad por sobre criterios técnicos estrictos para establecer una planificación más armónica en el contexto del sistema como un todo coherente e integrado. Así, se distingue entre sistemas de transmisión nacional o troncal; sistemas de transmisión zonal o de subtransmisión; sistemas dedicados o de transmisión adicional, y sistemas de transmisión destinados a la infraestructura y que permiten la evacuación de la producción de generación dentro de los llamados "Polos de Desarrollo". Finalmente, se consideran los sistemas de interconexión internacional, respecto de los cuales se encarga al Coordinador conjugar su operación técnica y económica.
En cuanto a la planificación del sistema de transmisión, se incorpora un nuevo proceso quinquenal de planificación energética de largo plazo a cargo del Ministerio de Energía. Este proceso fijará los lineamientos generales relacionados con escenarios de desarrollo del consumo y de la oferta de energía eléctrica que nuestro país podría enfrentar en el futuro. Para tal efecto, se incorpora una prospectiva respecto de las tecnologías de generación disponibles, su evolución y desarrollo, así como eventuales nuevas alternativas tecnológicas para el abastecimiento de la demanda. También evaluará el comportamiento del consumo e incluirá políticas de eficiencia energética, promoción de nuevas tecnologías, generación distribuida, nuevos tipos y formas de consumos y redes inteligentes, entre otros aspectos relevantes. Adicionalmente, se extiende la actual planificación anual de la expansión troncal, liderada por la Comisión Nacional de Energía, a todo el sistema de transmisión.
Los criterios que deberá tener en cuenta el planificador de la expansión de la transmisión son la minimización de riesgos en el abastecimiento; la creación de condiciones que promuevan la oferta y faciliten la competencia; la eficiencia económica de las instalaciones para el desarrollo del sistema eléctrico, y la posibilidad de modificar instalaciones de transmisión existentes a fin de realizar ampliaciones del sistema que eviten duplicidades.
El proyecto además avanza hacia mayores grados de participación ciudadana mediante nuevas instancias de participación -valga la redundancia- de los actuales segmentos de transmisión troncal y subtransmisión al ejercicio anual de planificación de toda la transmisión.
Señor Presidente, quisiera detenerme un instante en los denominados "Polos de Desarrollo".
Esos lugares serán identificados por el Ministerio de Energía en el contexto de la planificación energética de largo plazo en consideración al interés público involucrado en el desarrollo de zonas en que existen los recursos o condiciones para la producción de energía eléctrica, cuyo aprovechamiento utiliza un único sistema de transmisión con criterios de eficiencia y optimización económica.
En sintonía con esos polos se crea una nueva categoría de sistemas de transmisión para reunir proyectos asociados a determinado polo de desarrollo, lo que permitirá aprovechar la transmisión que los conectará, en conjunto, al resto del sistema de transmisión.
En consistencia con el interés público asociado a la exportación eficiente de dichos polos, las soluciones de transmisión adquieren el carácter de servicio público, y el costo transitorio de los desarrollos incrementales de tales redes será financiado por los consumidores finales, libres y regulados, hasta que sean utilizadas por la generación.
Con relación a las franjas y trazados por donde pasarán obras de transmisión, hay que tener presente que en países como Colombia, Estados Unidos, Australia y Suiza el Estado cuenta con unidades o instituciones que tienen capacidades históricas de planificación y desarrollo, y cuentan con recursos para llevar o acompañar los procesos de planificación y de definición de franjas o trazados.
La experiencia internacional también muestra que existe flexibilidad en la definición de trazados a través de instrumentos tales como definición de franjas, alternativas de trazado, procedimientos expeditos para modificación de franjas.
Asimismo, el Estado desarrolla procesos e instancias de participación ciudadana presentes en la planificación y en diversas etapas del proyecto de transmisión en un esquema de participación temprana, con especial preocupación por los pueblos originarios, a los que se debe consultar cuando se ven afectados territorial, cultural o económicamente.
En esta materia es importante revisar la experiencia del Ministerio de Obras Públicas.
Para la definición de franjas o trazados camineros y, en general de obras públicas, el MOP realiza actividades que limitan el rol privado a la etapa final de construcción y operación. Esto reduce el riesgo de quien construye y, por lo tanto, los costos de la obra. Sin embargo, aunque la experiencia del Ministerio de Obras Públicas ha sido exitosa en parte, los beneficios de una estructura como la que se ha descrito podrían tardar más de una década en capitalizarse, lo que es incompatible con las necesidades actuales de transmisión eléctrica.
Por ello, esta iniciativa opta por un modelo mixto, con un mayor rol del Estado, pero que deja en manos del sector privado el desarrollo de los proyectos, la tramitación de permisos y la negociación de las indemnizaciones asociadas a las respectivas servidumbres.
En ese marco, el proyecto formula una propuesta que busca el equilibrio económico-social-ambiental en la definición de trazados; dota al sistema de mayores grados de certeza para la realización de los proyectos; asigna al Estado un rol central en la evaluación de trazados; reduce los riesgos de las empresas licitantes y operadoras con el objeto de disminuir las tarifas eléctricas, y da legitimidad al desarrollo de proyectos de transmisión ante la opinión pública y las comunidades. Así, se propone un nuevo Procedimiento de Estudio de Franja para determinados trazados de transmisión eléctrica, que será sometido a una evaluación ambiental estratégica y a la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad a que se refiere la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
La iniciativa, además, extiende el alcance del acceso abierto a todas las instalaciones de transmisión, pero supedita este acceso a la operación segura y más económica del sistema bajo el control del Coordinador. Para el caso de los sistemas de transmisión dedicada, se regula cómo se adquiere el derecho a acceso abierto ante la concurrencia de diversos solicitantes a este. Por otra parte, se dota de atribuciones al Coordinador para la aplicación vinculante de reglas, procedimientos, etapas, productos, estándares y tiempos involucrados en las tareas necesarias al objeto de garantizar el acceso abierto en consonancia con los conceptos que ya se recogen en los procesos tarifarios.
En lo que concierne al financiamiento del sistema, actualmente la ley dispone que el sistema de transmisión troncal sea financiado conjuntamente por la generación y por la demanda. Para estos efectos, distingue el Área de Influencia Común (AIC), cuya infraestructura es remunerada en 80 por ciento por la generación (o sea, inyecciones) y 20 por ciento por la demanda (es decir, retiros), según la respectiva prorrata de uso.
En el resto del sistema troncal (fuera del Área de Influencia Común), se remunera ciento por ciento por la generación o la demanda dependiendo de la condición esperada sobre la dirección de los flujos. En este caso, para cada tramo se establece un prorrateo de pago en función del cual la generación paga la proporción en que los flujos de energía se dirigen hacia el Área de Influencia Común, mientras la demanda (retiros) paga la proporción complementaria en que los flujos se dirigen desde el Área de Influencia Común.
Ahora bien, las unidades de generación y los consumos que pertenecen o ingresan al sistema eléctrico no pueden reaccionar con la antelación y previsión a la señal de localización que otrora orientó dichas inversiones. Este nuevo escenario exige enfrentar la planificación del sector eléctrico considerando que las unidades de generación no podrán emplazarse donde se encuentran sus insumos primarios, sino donde puedan ubicarse de acuerdo a las restricciones ambientales, socioculturales, locales y económicas.
La generación como industria no presenta las economías de escala del segmento de transmisión, razón por la cual su desarrollo puede darse bajo condiciones de competencia. Los sistemas de remuneración de la transmisión que asignan parte del pago de esta al segmento de generación permiten incluir dentro de los precios ofertados a los usuarios el costo de la transmisión y, por ende, ventajas históricas o circunstanciales que pudiesen tener algunos generadores respecto de otros. Como consecuencia, el aprovechamiento de tales ventajas redunda en una disminución de los niveles de competencia del referido segmento y en la aparición de barreras de entrada, vía el ejercicio de poder de mercado tanto en los contratos como en la expansión.
Para enfrentar esa situación, países como Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza, Nueva Zelandia, Australia y Singapur, entre otros, utilizan el pago del cien por ciento por parte del consumo al objeto de reducir las barreras de entrada al segmento de generación e incrementar los niveles de competencia. Muchas de estas naciones han determinado políticas con el fin de establecer un sistema de transporte con cargos de acceso único, a lo que comúnmente se ha denominado "estampillado", en alusión al costo de las estampillas de correo: la estampilla cuesta lo mismo con independencia de la distancia al destinatario final del mensaje.
La técnica del estampillado, según el mensaje, permite que la competencia en el segmento de generación descanse en la eficiencia de sus procesos productivos, incrementándola significativamente, y traspasa el beneficio de los avances tecnológicos a los usuarios en forma ágil y competitiva, y no dependiendo de la cercanía de los centros de consumo.
Se trata de una metodología simple que posibilita que el beneficio de la competencia en la generación se alcance en cada punto de retiro del sistema eléctrico, al no establecer castigos a las ciudades, consumos o generación que se encuentren fuera de los grandes centros urbanos.
Agrega el Ejecutivo que si bien actualmente la transmisión troncal es remunerada tanto por las inyecciones como por los retiros, los costos de transmisión son traspasados íntegramente a los consumidores finales a través de los respectivos contratos de suministro, donde no es posible garantizar que en dichos contratos el pago de las inyecciones sea traspasado con o sin sobrecargos, dependiendo de las circunstancias comerciales o de la ubicación geográfica.
La ley en proyecto pretende transparentar el pago de la transmisión asignándolo directamente a los clientes finales. De este modo, se busca asegurar que la transmisión eléctrica sea remunerada sobre la base de sus costos, sin los riesgos de sobreprecios, y, además, fortalecer el escenario de competencia en la generación. Esta medida, a juicio del Gobierno, permitirá disminuir el precio de las ofertas en las licitaciones de suministro para empresas distribuidoras en general y para las licitaciones previstas para el año 2016 en particular.
Al finalizar esta exposición, me interesa destacar la importancia de esta iniciativa en la medida que aborda la debilidad y precariedad del actual sistema de transmisión, el cual resulta opaco en la fórmula de cálculo de precios. Se necesita mayor transparencia y certeza en el sistema y que el Estado juegue un rol en la materia. Lo anterior, pasa por establecer un sistema más robusto, que permita la conexión de las distintas modalidades de energía. Por otra parte, con ocasión de este proyecto de ley sería oportuno considerar los estudios nacionales e internacionales que existan acerca de los efectos de las radiaciones electromagnéticas en la salud humana y animal y en materia de contaminación ambiental.
Señor Presidente, los asuntos que regula esta iniciativa son, por la propia naturaleza de esa área de la economía, especialmente complejas y de un alto carácter técnico.
Con motivo de la ronda de audiencias que la Comisión de Minería y Energía llevó a cabo -ya explicamos que fue muy amplia-, quedó de manifiesto que, aun cuando existe convergencia en cuanto a sus bondades, faltan aspectos de este proyecto que deben ser revisados.
En tal sentido, quiero señalar que en dicho órgano técnico se acordó que nuestros asesores, junto con el Ejecutivo, fueran trabajando las materias en que existen ciertos disensos u observaciones.
Por lo tanto, me parece que estamos avanzando en paralelo con la Comisión Nacional de Energía teniendo una excelente disposición respecto de una muy buena idea.
En su segundo informe, la Comisión de Minería y Energía tendrá ocasión de acometer esos asuntos objeto de discrepancia.
Destaco que los representantes del Ministerio de Energía han manifestado -como ya señalé- su amplia disposición para trabajar en paralelo con nuestros asesores y recoger las observaciones que sean de consenso o importantes de incorporar en esta iniciativa.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- Le agradecemos a Su Señoría por su extenso y claro informe.
El señor MOREIRA.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor LAGOS (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías?
El señor LETELIER.- No, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- No hay acuerdo.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, podríamos abrir la votación manteniendo los tiempos de intervención, que es aquello que les interesa a los señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- No hay unanimidad para ello.
Tiene la palabra Su Señoría.


El señor PIZARRO.- Señor Presidente, me parece que este es uno de los proyectos más importantes que nos ha tocado discutir en el Senado para el futuro del desarrollo de nuestro país, el cual, además, debe ser inclusivo, sustentable.
Todos sabemos que desde hace muchos años Chile enfrenta un problema grave en materia energética por la falta de energía, por los altos precios que ella tiene y por la imposibilidad de desarrollar mayor competencia y eficacia en los sistemas.
Aquel ha sido fundamentalmente el objetivo de la Agenda del actual Gobierno y del Ministerio de Energía: buscar los instrumentos que permitan bajar los precios de la energía.
En tal sentido, esta iniciativa persigue generar un sistema de transmisión eléctrica que favorezca la competencia, que sea eficaz y seguro en la entrega de energía a los distintos centros urbanos, productivos, en fin.
La falta de transmisión eléctrica adecuada o en competencia imposibilita o al menos inhibe o reduce el esfuerzo que se ha hecho para el desarrollo de energías limpias, renovables no convencionales.
Otro aspecto que también trata de abordar este proyecto es la generación de mayor confianza, de una mejor relación -diría- entre los operadores o el sector privado, que es quien lleva adelante este tipo de inversiones, y las distintas comunidades, los diferentes sectores de opinión pública que puedan verse afectados por la implantación de nuevas redes o tendidos eléctricos.
Aquello normalmente produce una situación de conflicto entre los privados o los operadores y las comunidades por donde se pretende instalar los tendidos eléctricos.
¿Cuál es el otro objetivo -como bien lo señaló la Senadora informante- que busca esta iniciativa? Que el Estado juegue un rol que posibilite condiciones para conciliar esos dos elementos.
Eso es lo que se halla establecido en esta iniciativa.
Lo que necesitamos, entonces, es un sistema de transmisión eléctrica que provoque más competencia; que dé mayor seguridad; que sea más eficaz y donde haya participación de la ciudadanía; que sea sustentable, amigable con el medio ambiente.
Como es lógico, lo que más nos importa a todos -se planteó como objetivo, y lo ha ido consiguiendo el actual Gobierno- es que se rebajen los costos para la ciudadanía en materia energética.
Se persigue fortalecer el rol del Estado en el ámbito de la planificación energética de nuestro país.
Asimismo, se busca involucrar a las comunidades, de modo tal que cuando en determinado momento el Estado defina una franja por la cual existe posibilidad de instalar redes de transmisión eléctrica ya se haya realizado todo un proceso de consulta con aquellas que permita, desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, que no se afecten sectores o intereses que, siendo particulares, necesitan de los respaldos adecuados.
También se pretende que el Estado pueda determinar la llamada "franja" a través de la cual pueda desarrollarse ese tipo de instalaciones.
Buscando una reducción de costos de la transmisión se consigue, evidentemente, un menor costo al cliente final.
Sin duda, el mejoramiento del uso del territorio para los efectos de la implementación de estas redes eléctricas contribuye a disminuir los conflictos con las comunidades. Ello genera mayores certezas para quienes deben efectuar la inversión y, también, ahorros importantes, no solo para los inversionistas, sino también para nuestro país.
Como señalé recién, en la zona norte, por ejemplo, tenemos una cantidad enorme de inversiones en el ámbito de las energías renovables no convencionales (energía eólica, energía solar, en fin).
Esta mañana, en la Comisión de Minería estuvimos viendo las potencialidades para el desarrollo de la energía solar, vinculándolas a posibles futuras explotaciones del litio y de los salares -riquezas que tenemos en gran cantidad- y buscando fórmulas que permitan disponer de una energía segura, susceptible de transmitirse permanentemente y, además, amistosa con el medio ambiente.
Ahí se establece un nuevo elemento, como dijo la Presidenta de la Comisión de Minería y Energía, Senadora Isabel Allende: los polos de desarrollo, que posibilitarán determinar el tipo de energía que es factible producir, sobre todo tratándose de energías limpias. Ello permite también una mayor transparencia en los costos futuros del servicio y, sin duda, respeta el medio ambiente.
¿Se han planteado algunas dudas? Sí.
Se ha preguntado, por ejemplo, si la ley en proyecto posibilitará que el Estado, lisa y llanamente, diga: "Por aquí pasa la carretera eléctrica. Al que le gusta, bien; al que no, bien también".
Tal situación no se producirá.
Por eso, se ha dispuesto que de manera ordenada, planificada el Estado haga los estudios previos para determinar por dónde podrán pasar los tendidos eléctricos. Y, por supuesto, el nuevo Procedimiento de Estudio de Franja se someterá a evaluación ambiental estratégica y a la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
Hemos dicho que se requiere desarrollo sustentable. Y este es uno de sus puntos centrales.
Luego del proceso participativo explicitado, será el Consejo de Ministros el que, después de recibir los estudios técnicos, los estudios ambientales, los estudios sobre las mitigaciones necesarias, determinará por dónde podrán pasar las franjas.
En la Comisión de Minería y Energía se nos dieron ejemplos de formas de llevar adelante la implementación de redes de transmisión eléctrica que han sido exitosas en otros países, manteniendo, por supuesto, los cuidados -como hemos dicho- en el impacto ambiental.
Señor Presidente, más allá de las explicaciones técnicas que nos dio la Presidenta de la Comisión -esta es una materia altamente específica, de difícil entendimiento-, quiero hacer un llamado a asumir la aprobación general del proyecto en discusión con altura de miras, pensando en el bien de nuestro país.
Estamos ante una legislación moderna, que busca no solo generar condiciones para la mayor inversión en el sector eléctrico, sino también lograr eficacia, seguridad, abaratamiento de costos para la población y el sector productivo, y sustentabilidad en el tiempo. Porque todas las inversiones del sector eléctrico son a 30, 50, 70 años, a pesar de que se establece la revisión de los cuadros tarifarios cada 20 años por la comisión respectiva.
Pero, sin duda, el llamado al Senado es a aprobar una de las iniciativas que más pueden ayudar a generar confianza en los inversionistas y en la población en el sentido de que se están haciendo bien las cosas y de que sus derechos no serán avasallados por este proyecto, que es importante para nuestro país y que debe consensuarse con quienes puedan verse afectados por su implementación.
Señor Presidente, nuestra bancada insta a aprobar esta iniciativa, y ojalá de manera unánime, porque constituye una señal muy potente para el desarrollo de Chile.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor MOREIRA.- Voy a escuchar con atención a mi estimado colega.


El señor QUINTEROS.- Eso espero.
Señor Presidente, el camino de las reformas estructurales que ha impulsado la Presidenta Bachelet apunta a transformar los cimientos sobre los cuales se ha construido el desarrollo de Chile en las últimas décadas.
Tal impulso parte de la base de que ese desarrollo y, en consecuencia, la calidad de vida de las personas, si bien avanzan, se encuentran limitados estratégicamente, identificándose a la educación como el principal factor detrás de este fenómeno.
Pero la visión transformadora de largo plazo alcanza no solo a la educación o a la Constitución: también considera las debilidades de infraestructura que están ahogando cada vez más las posibilidades de nuestra economía.
Dicho rezago se advierte en carreteras, en puertos, en ferrocarriles, en infraestructura urbana, pero se ha hecho crítico en energía, especialmente en la generación y distribución eléctrica.
Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que el proyecto en debate, que crea una nueva institucionalidad para la transmisión eléctrica, se inscribe en esa visión estratégica transformadora del Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Por cierto, en esta iniciativa no se escuchan las voces altisonantes que critican las reformas desde la partida.
Ello nos muestra las contradicciones de un sector que impulsa sin reservas las iniciativas de desarrollo económico, pero que desconfía de toda propuesta de desenvolvimiento social.
En verdad, el impulso modernizador es uno solo. Chile debe explotar plenamente las potencialidades de su gente, de su conocimiento, de sus recursos, de su territorio.
Ayer la Presidenta de la República llamó a participar en una nueva etapa del proceso de generación de una nueva Constitución para Chile. El objetivo es fijar las reglas del juego aceptadas por todos para los próximos 30 a 50 años.
Este proyecto, que crea una nueva institucionalidad en la transmisión eléctrica, establece también reglas del juego claras para los próximos 30 a 50 años.
¿Implica esta iniciativa de ley que se construirá la línea de transmisión que requiere HidroAysén?
¿Significa que se seguirá privilegiando a las megafuentes de energía y no a las pequeñas y medianas generadoras, más sustentables y menos invasivas?
Creo que la ley en proyecto no debe definir la viabilidad de HidroAysén -sobre ella la ciudadanía tiene serias reservas-, pero sí permitir que la autoridad legítima, dentro de sus funciones públicas, tome una decisión que viabilice o que descarte este y cualquier otro proyecto.
Lo que no puede seguir ocurriendo es lo que sucede hoy día, cuando una empresa privada decide si impulsa o desecha un proyecto eléctrico, así como su trazado y prácticamente la totalidad de las variables relevantes que afectan a las comunidades, y que la capacidad de incidir solo se limita a las variables ambientales.
Al final, la infraestructura energética que nuestro país requiere se decide en el Ministerio del Medio Ambiente y no en el Ministerio de Energía, porque esta última autoridad simplemente, en el marco actual, no tiene atribuciones para planificar e incidir en las determinaciones de privados.
Hay que corregir aquello, nos guste o no determinado proyecto.
Así como no creo en una Constitución que congele la institucionalidad, que impida su propia reforma, tampoco creo en un marco legal que prácticamente paralice el desarrollo de la infraestructura eléctrica.
Por el contrario, la institucionalidad debe permitir que el debate se realice; que se escuche a la ciudadanía; que se ponderen las alternativas, y, finalmente, que la autoridad legítima tome las decisiones y priorice un camino u otro.
Señor Presidente, la infraestructura que requiere Chile debe ser definida por la autoridad: por dónde van las carreteras; los nuevos puertos que se necesitan, los ferrocarriles, las líneas de transmisión y, también, los gasoductos.
Por la falta de un papel más activo del sector público, nuestro país ha perdido oportunidades que afectan no solo al desarrollo económico, sino también a la calidad de vida.
Hoy no tendríamos la emergencia ambiental que afecta a regiones del centro y sur de Chile, a ciudades como Rancagua u Osorno, si se hubiese decidido en su momento la construcción de una red nacional de gasoductos.
Cuando se implementó la red actual, los privados estimaron más rentable construir dos líneas paralelas en el norte para abastecer de gas argentino a las empresas mineras, en vez de priorizar el suministro domiciliario para nuestras ciudades.
Felizmente, los gasoductos subutilizados después de la crisis del gas en Argentina ahora pueden destinarse a la exportación de combustible al país vecino y se constituyen en una llave para la integración que tanto necesita nuestro continente.
Por cierto, esta reconversión de la infraestructura, que alcanza también a las líneas de transmisión construidas en el norte, no hubiese sido factible sin la intervención del Gobierno. Es decir, el mercado por sí solo no puede resolver y concretar todas las oportunidades.
Aprovecho la ocasión para felicitar al señor Ministro por las gestiones que acaba de encabezar con este fin.
En definitiva, el proyecto en debate va en la dirección correcta. Reserva para el Estado las decisiones más relevantes y favorece la inversión privada en infraestructura que el país necesita.
Algunos aspectos pueden mejorarse. Por ejemplo, reconociendo un papel más relevante a las comunidades y gobiernos regionales en las decisiones estratégicas de ordenamiento territorial, especialmente cuando se definen los polos de desarrollo que contempla la ley en proyecto.
De otro lado, me parece que hay que acotar la duración de las concesiones, guardando un justo equilibrio entre el interés público y la retribución por las inversiones que realice el sector privado.
¿Cuál es el plazo justo? ¿Diez, quince, veinte, cuarenta años?
Esta misma pregunta nos la podemos hacer en materia de concesiones de obras públicas, pero también de concesiones mineras, de derechos de agua y hasta de las cuotas de captura en la pesca industrial.
La respuesta de fondo debiera venir con una nueva Constitución.
Por eso -y con esto vuelvo al comienzo-, me parece que lo que estamos haciendo con este proyecto de ley no es muy diferente de lo que estamos efectuando con el resto de las reformas que promueve el Gobierno de la Presidenta Bachelet, incluida la de la Carta Fundamental.
Se trata -ni más, ni menos- de fijar reglas del juego estables, justas y aceptadas por todos para los próximos 30 a 50 años.
¡Es lo que Chile se merece!
He dicho.
El señor BIANCHI.- Abra la votación, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se ha solicitado nuevamente abrir la votación.
¿Hay acuerdo?
El señor MOREIRA.- Sí.
El señor LETELIER.- No, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Lo han pedido dos veces, señor Senador.
El señor LETELIER.- No, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Entonces, proseguiremos el debate.
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, este...
El señor PIZARRO.- Senador Letelier, deje que se abra la votación. ¿Qué problema tiene? ¡Si se mantiene el tiempo!
El señor LETELIER.- Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Discúlpeme, Senador señor Guillier.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier para un punto de Reglamento.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo tengo una opinión muy crítica sobre este proyecto.
No estoy cierto de que en diez minutos pueda expresar todas mis ideas.
Por eso me inscribí para la discusión general, a fin de completar mi planteamiento en la fundamentación de voto.
Ese es el único motivo para oponerme a que se abra la votación.
Soy muy transparente. No tengo ningún problema...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Está claro, Su Señoría: no hay acuerdo.
El seño LETELIER.- En todo caso, valga la explicación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.


El señor GUILLIER.- Señor Presidente, este proyecto tiene gran importancia estratégica y, además, sentido de urgencia. Estamos contra los tiempos, particularmente por la situación económica existente y la necesidad de impulsar el crecimiento.
Responde a una visión estratégica de largo plazo, que se relaciona también con el rol del Estado y con un concepto de planificación de servicios esenciales para el desarrollo de nuestro país.
Como se ha señalado aquí, tiene dos ejes estratégicos.
Primero, crea la figura del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, que suplirá al actual CDEC con carácter más integrado, más amplio, con un directorio elegido incluso por un Comité Especial y que, por consiguiente, garantiza la autonomía técnica y política.
De otro lado se halla el establecimiento de un nuevo Sistema de Transmisión Eléctrica, que incorpora nuevos instrumentos, como planificación de largo plazo, nuevo sistema tarifario para el cálculo de costos, participación del Estado en la determinación de áreas de generación o polos de desarrollo y, también, en el estudio del trazado.
Creo que, en general, esta iniciativa va en la dirección correcta.
Sin embargo, se está trabajando todavía en la discusión de puntos que, a mi juicio, merecen mayor maduración.
Primero, en el concepto de planificación estratégica y cierto sentido centralizado en la identificación de los polos de desarrollo. Y segundo, en el impulso de las energías renovables no convencionales. Porque se está hablando de una cuota de 20 por ciento en los polos de desarrollo, en circunstancias de que, en mi opinión, Chile debe hacer un mayor esfuerzo en ese tipo de energías (se había hablado de cifras muy superiores).
También, entiendo que hay vacíos, a mi entender mejorables, en materia de la evaluación ambiental estratégica, relacionados especialmente con la participación ciudadana y el ordenamiento territorial.
Algunas zonas poseen actividades estratégicas. Por ende, no les resulta indiferente el ordenamiento que se haga del territorio y hasta qué punto algunas de ellas pueden terminar teniendo supremacía sobre actividades económicas que en determinadas regiones son singularmente significativas.
Convengo en que la institucionalidad vigente tiene poca integración con respecto al uso de los instrumentos de evaluación ambiental, participación ciudadana y ordenamiento territorial.
Estimo que el proyecto que nos ocupa, atendido su carácter estratégico, debería responder a un modelo, a un estándar nuevo sobre esas materias.
En particular, tengo la impresión de que la identificación de los polos de desarrollo y los estudios de franja deben ser ejecutados antes de su denominación vía decreto -y eso supone un gesto a la ciudadanía, a fin de que su opinión sea efectiva-, para que haya un desarrollo equilibrado del mercado energético y una apropiación ecuánime y sustentable del territorio.
Asimismo, creo que hemos de revisar bien lo vinculado con los modelos de concesión y la igualdad de trato con los generadores pequeños, al objeto de asegurar una diversificación de la matriz energética y eliminar la dependencia de la generación convencional en todos sus niveles.
Otros aspectos tienen que ver con los trazados y la necesidad de mantener una holgura o una suerte de capacidad ociosa para dar más seguridad al sistema.
Eso sería por 28 años (entiendo que es lo que se estuvo conversando en las últimas sesiones) y de cargo del usuario. Es decir, este paga el mantenimiento de una capacidad ociosa. Y al final del período, cuando se haya recuperado la inversión, las líneas mantenidas quedarían como propiedad de la empresa y no en manos del Estado o sujetas a una eventual nueva licitación, toda vez que el pago fue solventado por el usuario.
En la discusión particular habrá aspectos de tal naturaleza. Creo que en esa instancia se puede avanzar en ellos. Son bastante importantes. No se trata de cuestiones menores.
Por supuesto, daré mi voto favorable, pues estoy de acuerdo con el concepto general. Pero creo que todavía debemos avanzar en la maduración de este proyecto, que es extraordinariamente complejo.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra a continuación el Senador...
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?
El señor MOREIRA.- Pido una vez más que se abra la votación, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En unos minutos más vamos a recabar la unanimidad necesaria.
En seguida corresponde el uso de la palabra precisamente al Senador señor Letelier, quien no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra a continuación el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable...
El señor MOREIRA.- ¡Esto no puede ser, señor Presidente! ¡Si un Senador pide reglamentariamente abrir la votación, procede que usted tome conocimiento y consulte a la Sala!
El señor BIANCHI.- ¡Así es!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- He consultado dos veces, Su Señoría, y ha habido oposición.
El señor MOREIRA.- Pero ahora se puede consultar por tercera vez. En otras oportunidades se ha hecho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor MOREIRA.- O sea, ¡estamos atrapados...!
Así, el proyecto se va a quedar sin votos.
¡Lo encuentro increíble! ¡Nunca antes se había dado!


El señor PROKURICA.- Cuestión de Reglamento, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría para un punto de Reglamento.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, un Senador le está pidiendo un pronunciamiento. ¡Tiene que contestarle! ¡No puede seguir dando la palabra! Podrá decirle que no u oponerse usted mismo a que se abra la votación. ¡Pero no puede pasar por encima de ese Senador y continuar con la discusión del proyecto!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Su Señoría, le respondí al Senador señor Moreira diciéndole que en los últimos 20 minutos se había solicitado la unanimidad de la Sala dos veces.
El señor PROKURICA.- Ya, pues. Pero se le está pidiendo de nuevo que lo haga.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Bueno: volvemos a recabar la unanimidad.
¿Hay unanimidad para abrir la votación?
El señor PROKURICA.- ¡No, poh: si el Senador Letelier ya volvió...!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No existe unanimidad.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor MOREIRA.- El proyecto se va a quedar sin votos. Un Senador de Gobierno no quiere que sea aprobado.


El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Sala, he deseado intervenir porque la iniciativa sobre transmisión es parte de una agenda, y Chile también enfrenta una crisis en esa materia, no solo en generación.
Ello se refleja en los propios costos de la energía. En la Región del Biobío, por ejemplo, el mega representa alrededor de ochenta, noventa dólares, y en la Región de Atacama supera incluso los doscientos.
¿Cuál es el problema que surge con un sistema troncal? El de la crisis en la transmisión. Para reducirla a términos muy sencillos, ¿por qué se origina? Eso es lo que resuelve el articulado, el cual, para el Senador que habla, es tremendamente importante. Ha constituido un paradigma. Para expresarlo en términos muy simples, lo que la transmisión hace hoy día es seguir a la generación. El proyecto procede al revés: esta última va a ir detrás de la primera.
Lo que señalo es lo que ha impedido, en definitiva, que en nuestro país se desarrolle todo su potencial energético, pues hay lugares que, por no contarse con un sistema de transmisión, efectivamente no son viables, desde un punto de vista económico.
Como manifesté que el asunto es parte de una agenda para superar la crisis, me gustaría mencionar cuatro proyectos de ley despachados por el Congreso en los últimos dos años. Se partió con el de energías renovables no convencionales y servidumbres eléctricas. Después fue clave el de la licitación. Y hoy día estamos abordando el de la transmisión, junto al de interconexión de los sistemas del norte y del sur.
Ese conjunto cambia radicalmente, a mi juicio, lo que está ocurriendo en Chile en materia energética, porque se están abordando todos los temas relevantes que se hallaban pendientes. Por eso, felicito a esta Administración, ya que efectivamente se ha abocado al tratamiento de todos los aspectos sensibles y que en el pasado no se habían tratado por distintas circunstancias.
Creo que la iniciativa rompe un paradigma en la transmisión y que su aprobación, por eso, es muy relevante.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, represento a una Región cuya cercanía a la Metropolitana la hace pagar costos territoriales altos, criterio a partir del cual quiero que se entiendan algunas de mis críticas al texto en discusión.
He sido uno de los que han fomentado más de once proyectos de generación eléctrica en la Región de O'Higgins, donde hay valles altamente intervenidos. Precisamente porque creo que algunos territorios deben ser intervenidos también estimo que otros no deben serlo y que esa primera definición debería considerar, como uno de sus ejes fundamentales, la decisión local.
Quiero valorar, por cierto, el esfuerzo hecho por el titular de Energía y el Gobierno de la Presidenta Bachelet en materia energética. El hecho de que el sector registre tasas de inversión muy superiores a la minería en su mejor momento demuestra lo excelente y positiva que ha sido la gestión del Ministro señor Pacheco, a quien aprovecho de felicitar por su gestión, así como a todo su equipo.
Juzgo que nos estamos poniendo al día con tareas altamente estratégicas para el país, y, por ello, quiero valorar también el trabajo de abordar diferentes temas en el proyecto de ley.
Sin duda, la creación de un coordinador independiente del sistema eléctrico nacional y del Centro de Despacho Económico de Carga es tremendamente relevante donde hay incumbentes. A mi juicio, esa decisión, de por sí, ya legitima la importancia de aprobar la idea de legislar.
Hay, sin embargo, conceptos cuya definición no me interpretan del todo, porque no creo en el centralismo planificado, quinquenal, de otra época. Si uno siguiera con ellos, se estaría haciendo referencia, curiosamente, a países que ya no existen.
Desde luego, es bueno que existan la idea de lugares que se pueden potenciar y los llamados "polos de desarrollo". En ese contexto, el debate en la Cámara fue muy interesante, pero no comparto las modificaciones introducidas en la Comisión de Hacienda. Eso tiene que ver con cómo y cuáles son los parámetros para definir los polos.
A mi juicio, no se trata solo de una de las dimensiones que mediaron en la otra rama del Congreso, relacionada con la naturaleza de la energía que se generará o con su fuente, sino también de algo absolutamente ausente es la decisión sobre la vocación del territorio, porque creo en la descentralización y en que las personas de regiones tienen derecho a definir qué quieren hacer allí. Y si se llegara a determinar que ciertas actividades pudiesen ser contradictorias con otras, será preciso concluir cómo se resuelve el conflicto y cuáles son las compensaciones si se llega a una aceptación.
Aquí no hay un resguardo de derechos territoriales ni de prioridades locales o regionales. Al respecto, hago míos los conceptos de Chile Sustentable y otros acerca de un modelo de extracción de energía. Pienso que esta última actividad es legítima. No quiero cuestionarla. Pero es preciso que se compatibilice con la vocación a que he hecho referencia.
Lo otro que me hace mucho "ruido" en la iniciativa es que me parece muy bien que el Estado cumpla una función al definir franjas de interés público para la transmisión en las diferentes categorías que se han generado, pero no observo que la carga esté bien estibada.
Pondré solo un ejemplo.
No comprendo que el Estado se reste per se y por ley de ser parte de la actividad de transmisión. Lo encuentro absolutamente contradictorio con la decisión que el mismo señor Ministro nos trajo respecto de abrirle a ENAP otras áreas de desarrollo.
Cabe recordar que se trata de un subsidio para la definición y para acelerar proyectos de inversión. Porque queremos cambiar un "paradigma", como lo manifestó un Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Puede ser, aunque no sé si es tanto como eso. Digamos que se generará una lógica distinta. Y el Estado juega un papel en determinar la franja, pero se la entrega al particular de por vida, como un patrimonio. No entiendo por qué tiene que ser así, ni por qué se excluye -repito- de por sí.
Y a las empresas se les garantiza una tasa de rentabilidad piso, lo que ignoro a qué obedece.
Encima, se establece un mecanismo, en este contexto, de potenciales subsidios cruzados en que el consumidor financia la holgura. Y no lo harán los institucionales, sino la señora Juana, quien paga la cuenta de la electricidad.
Considero que hay temas por conversar, señor Presidente.
Deseo consignar que, por cierto, mantengo una mirada distinta -algunos la calificarán de "crítica"- en la materia. Opino que se tiende a una continuación del modelo de negocios existente en la Ley General. No se modifica mucho. Hay una alta rentabilidad, como he dicho, y una tarificación sin la amortización de la inversión.
Me gustaría comprender mejor el porqué del excesivo incentivo que se genera en este contexto y por qué el Estado, que planifica y presenta, por cierto, elementos muy positivos, también incluye algunos que creo que podrían ser negativos.
Es evidente la tremenda importancia, entre los primeros, de aumentar los plazos de planificación para expandir la transmisión, como también la introducción de las normas de acceso. Quiero subrayar que constituyen lo otro que me lleva a votar en favor de la idea de legislar.
En cuanto a la discusión particular, le consulto al señor Ministro sobre su voluntad de mejorar el proyecto y de no imponerlo.
A mí no me parece correcto que se haya generado el tipo de votación registrada en la Cámara. Permítame, señor Presidente, no entrar en más detalles. Mas juzgo muy importante que la coalición apoye en general y en la esencia lo que se quiere hacer respecto de los polos de desarrollo y del rol del Estado, que son dos ejes donde creo que hay un debate al menos abierto.
Ya hice referencia a la definición de polo de desarrollo y a la voluntad del Ejecutivo de incorporar la definición del actor local. Deseo mencionarlo, porque algunos queremos, entre otras cosas, con motivo del proceso constituyente que parte hoy y de la definición constitucional, asegurar en la nueva Carta que las regiones cuenten con atribuciones sobre la vocación de su territorio. Opino que no deberíamos promover leyes que no recogieran la idea.
Me interesa conocer también la voluntad del Ejecutivo -o si fue una decisión que no dependió de este- en cuanto a por qué el Estado se excluye del segmento de la transmisión, cuando pudiera llegar a ser parte de la industria eléctrica. ¿Por qué a priori? No lo entiendo.
¿Y por qué buena parte de las holguras de los costos asociados a la planificación van a recaer cien por ciento sobre los consumidores?
Abrigo otras inquietudes, pero, en general, estimo que la iniciativa abre un debate esencial. En el momento de fundamentar el voto expondré razones más específicas de por qué creo que el articulado es importante, pero requiere mejoramientos en el Senado.
El señor BIANCHI.- Que se abra la votación, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Por tercera vez se consultará acerca de la unanimidad necesaria para ello.
¿Hay acuerdo para abrir la votación, con cinco minutos para fundamentar el pronunciamiento?
Acordado.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.


El señor HORVATH.- Señor Presidente, el proyecto, como lo dice su nombre, contiene dos grandes puntos dignos de consideración: crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional y establece nuevos sistemas de transmisión de energía eléctrica.
El primero presenta una gran variación con respecto a un sistema que hoy en día manejan los propios actores del sector: generadores, transmisores y distribuidores.
Los centros de despacho de carga cuentan con atribuciones para definir quién entra y en qué minuto. Y como algunos costos se definen según la última central que ingrese o como costo marginal en alguno de los sistemas, de alguna manera eso permea la tarifa si se trata de una termoeléctrica de poca eficiencia.
Lo otro: si uno reclama que la tarifa -estamos haciendo referencia a los regulados- tiene que ser revisada por determinadas razones, un panel de expertos se encarga de ello. ¿Quién lo financia? Las empresas eléctricas.
Entonces, estimo que se trata de un avance, pero es preciso concretarlo en un plazo menor.
Al señor Presidente en ejercicio, quien conversa con el Ministro señor Pacheco, le pido un minuto de atención, porque...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Ambos lo escuchamos, Su Señoría.
El señor HORVATH.- Le reconozco al titular de la Cartera su pujanza y capacidad para sacar adelante la iniciativa. ¡Qué bueno que lo dejé concentrado en forma más permanente...!
Y no lo digo en el aire, porque es un hombre persistente y consecuente en buscar, como dice, megawatts por todos lados. No importa si la Presidenta lo llama y se halla en Chuchunco, pues está consiguiendo uno más para el sistema. Siempre que sea de los buenos -porque hay de los malos-, me parece bien. Es preciso reconocerlo.
Con relación a las últimas licitaciones en generación, cabe recordar que el megawatt/hora estaba a 120 o 180 dólares doce años atrás, en tanto que hoy en día se está consiguiendo entre 60 y 90, según el lugar.
Pretendieron asustarnos con una campaña en el sentido de que si no se materializaban megaproyectos hidroeléctricos en la Patagonia para un traslado de dos mil trescientos kilómetros hasta los centros de consumo en la mitad del país o termoeléctricas en puntos sensibles del borde costero, nos quedábamos sin luz, apagados.
Desde luego, ello lo han ido cambiando las modificaciones legales que se han realizado.
Sin embargo, la iniciativa en debate, en lo referente a los sistemas de transmisión de electricidad, requiere un particular cuidado, porque presenta muchos parecidos con la denominada "carretera eléctrica", que naufragó por distintas razones en el Congreso Nacional. En efecto, ahí se pretendía facilitar el que las empresas definieran su franja, vulneraran otros proyectos, comunidades, organizaciones indígenas, en fin, y pasaran por encima para asegurar la conectividad eléctrica.
Quisiera compartir con la Sala una primera imagen, porque lo que se expresa en orden a que carecemos de potencial eléctrico es falso y se halla muy lejos de la realidad. El que se encuentra en el desierto de Atacama -hemos estado siendo visitados por la gente de la Región- es cien veces superior a nuestra capacidad instalada. Y es posible que, como país, hagamos una diferencia...
No sé por qué me queda un minuto, señor Presidente. ¿Determinó cinco minutos para la fundamentación?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Claro.
El señor HORVATH.- ¡No, pues!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Es el tiempo que corresponde para tal efecto.
El señor HORVATH.- El acuerdo se dio para que cada Senador pudiera usar diez minutos. Si no, no habría tenido sentido.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No se tomó en esos términos.
El señor HORVATH.- Usted esperó la intervención de su colega Letelier para darle diez minutos, y a nosotros, cinco.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No. Pedí la unanimidad para...
El señor HORVATH.- No.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Pero se le darán minutos adicionales, Su Señoría.
El señor HORVATH.- No es cuestión de que me los dé, señor Presidente. No se trata de su generosidad: fue el acuerdo de la Sala.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No fue así, señor Senador.
Puede continuar.
El señor HORVATH.- ¿Por cuántos minutos?
El señor MOREIRA.- ¡Le doy mi media hora...!
El señor HORVATH.- ¡Media hora...!
La imagen corresponde a la agencia de cooperación alemana GIZ. Si ustedes observan, entre Arica y Puerto Montt y Chiloé -son los sistemas interconectados del Norte Grande y Central- tenemos un millón 856 mil megawatts, entre energías renovables no convencionales e hidro.
Esta última requiere un manejo integrado de cuencas. Hacemos referencia a una zona muy afecta a sequía, agravada con el cambio climático, y que demanda proyectos de carácter múltiple.
La necesidad de tocar el tercio de país -la Patagonia- de aquí hacia el sur, por lo tanto, para satisfacer la energía minera e industrial del resto, es totalmente equívoca. Los potenciales con que contamos en acuicultura bien hecha, en turismo sustentable, son, lejos, más importantes que aquello que los megaproyectos le darían al erario nacional. No aludo al regional. Es preciso, entonces, echar fuera el mito.
La segunda imagen, proveniente de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Alternativas, muestra un corte transversal de la cordillera. Podemos hacerlo en la zona de la Honorable señora Lily Pérez.
Las aguas cruzan la cadena montañosa -sobre todo, de Valdivia al sur- hasta el océano Pacífico. Si aprovechamos el potencial entre la cota mil metros sobre el nivel del mar y 500, sin inundar ningún valle, entre el río Aconcagua y Puerto Montt, podemos llegar a 18 mil megawatts. Eso representa toda la capacidad instalada del país y además se da en un área que se encuentra cerca de los centros de consumo.
Podría seguir alargándome en esto, pero quiero volver al proyecto.
La iniciativa en estudio busca facilitar, a través del Estado, la definición de la franja de transmisión eléctrica. Eso significa que el Estado es el que tendrá que lidiar con las comunidades, con los proyectos de turismo, con los proyectos agrícolas, para definir por dónde pasará la franja y, por tanto, la línea de transmisión. Una vez que haga toda esta tarea -que es lo difícil: lograr armonizar, con una evaluación estratégica centralizada-, les va a dar el pase a las empresas para que realicen la línea de transmisión. Es decir, el Estado les va a hacer la pega a los particulares. Esto es un avance para las empresas respecto del proyecto que nosotros habíamos objetado, de alguna manera, en su minuto.
En nuestro país vivimos una combinación entre centralismo y concentración económica. Pero la concentración económica no está en Chile; está en Estados Unidos, en Italia, en España, en distintas partes; está en corporaciones, en organizaciones que deciden nuestro futuro. Y creo que en esa materia hay que tener especial cuidado.
No quiero decir con esto que el Ministro sea cómplice ni nada por el estilo. Es una realidad que se está dando en todos los ámbitos de nuestro país desde hace mucho rato.
Por lo tanto, nosotros requerimos que un proyecto de esta naturaleza efectivamente tenga la precaución de no combinar centralismo con concentración económica, en desmedro de las regiones.
¿Por qué lo digo? Porque el proyecto habla de polos de desarrollo. ¿Qué son los polos de desarrollo? En el fondo, son las zonas donde hay grandes potenciales energéticos, mirados desde el nivel central. El proyecto facilita la interconexión entre ellos, pero esos son polos industriales y, finalmente, son zonas de sacrificio. Hay que mirar aquí cerca, en Quintero, Puchuncaví, Ventanas; un poco más al norte, en Huasco; Tocopilla; hacia el sur, en Coronel, esta pretensión de seguir haciendo estos pequeños sacrificios que se pedían en los años sesenta y que hoy en día van derrumbando las posibilidades y los potenciales de nuestro país.
Hay muchos temas más.
Nosotros tenemos la posibilidad de que las personas vean los beneficios de las rebajas en las tarifas de generación; de una buena definición de las líneas de transmisión; de una distribución efectiva y, además, de algo que ya aprobamos como ley por este Congreso Nacional, que es que cada una de las comunidades y personas puedan ser generadoras de su electricidad.
Hay 2 mil megawatts en los techos de Santiago. Pero, ¿qué hicieron las distribuidoras, que influyen en la política? A las personas que instalan placas solares en sus techos les pagan la mitad del precio que les cobra la misma empresa. ¡Es absurdo! Y a los que lo están haciendo actualmente les están cambiando los medidores para que ni siquiera puedan generar su propia energía.
Hay detalles, pero, en el fondo, nosotros no podemos permitir que esto sea equivalente a un crédito hipotecario, otorgando, a través del Estado, un préstamo a una empresa para que realice la obra y, una vez que la termina de pagar, con las tarifas de todos los chilenos, resulta que la casa no es del propietario, sino del banco.
Es un símil muy fácil de entender.
Las obras físicas...
El señor LAGOS (Presidente).- Un minuto más, señor Senador.
El señor HORVATH.- Las obras físicas tienen un período de amortización: diez, veinte, treinta años, los que sean. No podemos pagarlas indefinidamente.
Señor Presidente, me parece que este proyecto requiere una explicación y un compromiso, de parte del Gobierno y el señor Ministro, en cuanto a que no nos llevará a zonas de sacrificio, a franjas que atropellan el derecho de las personas y que, finalmente, van en beneficio de las empresas y no de los usuarios del país, más aún si es el Estado el que está intermediando.
Muchas gracias.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.


La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, por su intermedio, saludo al Ministro de Energía, que nos acompaña en la Sala, quien siempre está presente en el Senado cuando se discuten y se votan proyectos de su Cartera. Le tengo un gran respeto y también -quiero decirlo- una gran simpatía. Así que espero que no tome como algo personal mi voto, aunque este termine siendo bastante testimonial, porque veo que hay mucha transversalidad en la Corporación para la aprobación de la iniciativa en debate.
No me gusta este proyecto, entre otras cosas, porque creo que es muy parecido a lo que existe en la actualidad. No veo que aporte una gran diferencia.
Un ejemplo es lo que se da con Cardones Polpaico en nuestra Región Valparaíso-Cordillera, que ha tenido un trazado horrible, invasivo para con las comunidades. Varias de ellas, como Limache, Zapallar y Catapilco, se hallan en pie de guerra. Ni siquiera ha existido la posibilidad de hacer un cambio. Se ha cumplido con todos los rigores técnicos, incluido el de la participación ciudadana. Ahí está el check, pero, ¿cuánta participación y de qué tipo?
Al final, cuando uno ve que el esquema propuesto es muy similar a la institucionalidad actualmente vigente, las más contentas son las empresas. ¡Obvio! Y está bien: está dentro de las reglas del juego. Pero yo, como Senadora, debo velar por que también estén contentos los usuarios, la gente, a la que realmente la competencia por nueva generación eléctrica le signifique una rebaja en las tarifas, así como también las comunidades, para que no se vean afectadas en sus territorios.
Hoy, lo que tenemos a lo largo del país son cientos de comunidades afectadísimas en sus territorios y una situación en la que finalmente aparece como una concesión graciosa cuando el Ministerio decide recibir a sus representantes y hacer un pequeño ajuste en el trazado.
Pero esa no es la realidad.
La realidad es que hoy tenemos comunidades tremendamente afectadas que terminan, como bien señaló el Senador Horvath, convertidas en zonas de sacrificio y que en su mayoría, como tienen poca cercanía con las capitales regionales, pasan bastante desapercibidas para el interés general y para los medios de comunicación de carácter nacional. Pasan bastante "piola", como dicen los jóvenes y, por lo tanto, no existen.
Desde ese punto de vista, el proyecto me preocupa. Creo que no deja claro ni clarifica, ni siquiera medianamente, cuál va a ser el rol real de las comunidades ni la intervención que va a efectuar el Estado con respecto a ellas.
Me parece que el Senador Horvath ha puesto arriba de la mesa cuestiones muy interesantes, como que Chile tiene -siguiendo nuestra tradición de franja como país, de Arica a Punta Arenas- una larga y angosta franja de energía de carácter natural.
Aquí no se trata de estar en contra del desarrollo energético. Sería ridículo. Todos queremos usar teléfonos, computadores; tener acceso a lo que es la modernidad, pero el punto es que hay que hacer compatible el desarrollo energético con el desarrollo medioambiental; el desarrollo y la modernidad.
En la actualidad la pobreza no solamente se mide por el acceso adquisitivo. También se mide la pobreza digital: cómo los países dan acceso al mundo de internet que hoy existe. El acceso a la red casi habría que agregarlo a los servicios básicos. Y tenemos niños a los que en los colegios les entregan computadores que terminan vendidos en ferias porque no tienen acceso a internet. En un montón de comunas y regiones aún no existe acceso libre a la red.
Por lo tanto, primero debemos tener resuelto eso y hacer compatibles y armónicos el desarrollo y el medio ambiente, de tal manera que las intervenciones no sean tan fuertes. Aquí, en nuestra Región de Valparaíso-Cordillera, la intervención ha sido realmente brutal. Cada vez que hay un cambio de gobierno, se promete y se promete que las cosas se van a hacer de otra manera, que se van a cambiar las especificaciones, que se van a bajar los promedios de contaminación, que las centrales se van a instalar previa consulta ciudadana, pero, al final, todo sigue igual. Y seguimos llenos de zonas de sacrificio y con comunas cada día más afectadas.
Creo que este proyecto, si bien tiene valor porque apunta a elementos que hoy se hallan ausentes, es -se lo digo al Gobierno, encarnado esta tarde en el señor Ministro, por su intermedio, señor Presidente- muy similar a la institucionalidad que tenemos hoy día, la cual, lamentablemente, no ha permitido compatibilizar medio ambiente con desarrollo y que, por el contrario, ha sido, al final, muy buena para las empresas, muy mala para las regiones, muy mala para la regionalización y la descentralización y muy mala para las comunidades.
Así que, aunque mi voto sea solitario, me pronuncio en contra.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, saludo al Ministro y a Andrés Romero, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, quien ha sido clave en la tramitación de este proyecto y con el cual están trabajando los asesores para ir logrando los consensos y abordando algunas de las observaciones o dudas que los Senadores han manifestado en la Sala.
Pero quiero partir por lo primero.
Creo que no hay ninguna duda de que nuestro país requiere urgentemente reforzar su transmisión eléctrica.
No queremos blackout ni sistemas que hoy día se caen.
No queremos el grado de congestión que existe.
No queremos que la inversión esté sujeta a lo que unos pocos privados decidan y que, además, se recargue al cliente regulado.
No queremos que haya barreras para la entrada de nuevos agentes.
No queremos que no haya más competencia.
No queremos un Estado que simplemente no tenga arte ni parte, en circunstancias de que en la mayoría de los países desarrollados el Estado sí tiene algo que decir con relación a un trazado, porque se entiende que un sistema de transmisión eléctrica es un tema nacional, es un valor común del país. Por lo tanto, resulta fundamental que haya planificación y una mirada global y de largo plazo, así como existen medidas de corto y de mediano plazo.
Como aquí se ha explicado, se cambia el actual sistema, con todas las características que hemos señalado. Y además se incorpora el Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional. Esto es necesario, pues no podemos seguir funcionando como hasta ahora, con el CDEC, que tenía un doble rol: formaban parte de él los mismos que son actores, generadores, los que -comillas- casi se regulan a sí mismos. Se requieren, evidentemente, cambios importantes.
Nosotros necesitamos una mirada más estratégica con relación a cuál será, en general, el sistema eléctrico. Y por eso debe haber una visión más integral, que vaya desde la interconexión a la transmisión, con un mayor desarrollo de energías renovables.
Obviamente, también deseamos simplificar el sistema de remuneración y hacerlo más transparente para la ciudadanía, que hoy día no lo conoce.
Aquí se ha señalado que la iniciativa no contiene cambios fundamentales. Yo creo que sí introduce modificaciones importantes.
Ahora bien, indudablemente que uno podría decir que quizás el Estado debiera ser aún más activo. Es posible que para algunos esa mirada sea legítima. No obstante, hay un proceso relevante en el diseño preliminar del trazado. Eso sí, me queda alguna duda, porque si bien hay participación en la planificación estratégica ambiental, ello tampoco garantiza lo que será el resultado posterior. Creo que en este aspecto habrá una duplicidad, porque después igual el proyecto deberá pasar por una evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, el primer filtro o cedazo no necesariamente garantiza que quedará aprobado como tal. Pienso que habría que revisar bien eso.
También se consideran los polos de desarrollo, que buscan un mejor aprovechamiento de los recursos locales, de tal manera de no hacer, por ejemplo, tres líneas de transmisión en paralelo, sino buscar una que sobre todo logre subir al sistema las energías renovables. En este sentido, no comparto poner límites: puede haber tantas energías renovables como fuentes naturales puedan desarrollarse.
Eso sí, no quiero confundir esos polos de desarrollo con las zonas de sacrificio. Es muy importante que esas situaciones no se repitan más. La Senadora Lily Pérez hablaba de Puchuncaví, de Ventanas. Es cierto. Yo podría mencionar en mi Región a Chañaral, que por años recibió la contaminación, los relaves, en fin. Evidentemente, ha sido una zona de sacrificio. Y no queremos más zonas de sacrificio.
En tal sentido, debemos tener, como país, una mirada de respeto a nuestras regiones, a sus distintas potencialidades, y evitar que se generen este tipo de situaciones, en que la mayor contaminación o las mayores externalidades negativas se dan en ciertas zonas.
Yo quiero ver los polos de desarrollo con otra mirada. De eso nos tenemos que asegurar. Y por eso estamos trabajando con nuestros asesores para garantizar que los polos de desarrollo signifiquen un mejor aprovechamiento de su potencial y no un abuso, de modo que no se siga ahondando las que hasta ahora han sido ciertas zonas de sacrificio.
Como decía anteriormente, es relevante que haya garantías respecto de qué va a ocurrir después con el proceso de evaluación ambiental.
Algunos de los invitados plantearon dudas acerca de las multas en caso de corte del suministro. Dijeron que eran muy elevadas. Y en verdad eran exageradas y desproporcionadas. Si bien queremos garantizar que no haya blackout, que exista un suministro permanente y sin inseguridades, claramente debemos ser racionales a la hora de aplicar multas, para no generar mayor distorsión.
También resulta importante que culturalmente entendamos que este proyecto traslada el cobro desde la generación a la demanda. Se trata de una mirada diferente, que probablemente nos cuesta asimilar, porque hasta ahora siempre se ha hecho en función de la generación. Obviamente, los generadores no solo le traspasan los costos al consumidor, sino que además tienden a ir hacia donde les queda más cómodo. Pero esto tiene otra mirada y otro diseño. Allí radica su importancia. La idea, más bien, es operar como lo hacen los países más desarrollados y orientar el sistema hacia quienes retiran, o sea, los consumidores.
Por otra parte, las tasas de descuento se aplican -¡ojo!- después de impuestos. Lo menciono porque alguien que concurrió a la Comisión estaba muy horrorizado por las tasas. Pero no: estas se aplican después de impuestos. Era un pequeño detalle en el que no había reparado la empresa que formuló la observación.
Señor Presidente, pienso que tenemos que asegurar que la composición del Comité Especial de Nominaciones garantice independencia, equilibrio, claridad de funciones. Es importante que no se produzcan repeticiones, que se den garantías, que exista más transparencia. No tengo ninguna duda sobre el particular.
Así como anteriormente mencioné que no queremos más zonas de sacrificio, también debo decir que la participación de la comunidad es, en general, bastante desequilibrada en nuestro país. Cuando se trata de una evaluación de impacto ambiental, la gente no tiene las condiciones para una participación activa, porque normalmente no está bien informada, carece de profesionales. Quien elabora un proyecto, en cambio, cuenta con decenas por no decir centenas de profesionales que tienen en sus manos la responsabilidad de presentar la iniciativa, mientras al frente hay una comunidad que carece de profesionales, de información relevante y de argumentos precisos.
Entonces, tenemos que lograr un Estado que de verdad vigile que los procesos de participación sean reales, para que la gente pueda expresarse. Cuando hablamos de un Estado con la capacidad de participar activamente en la sugerencia del trazado, no significa que él desconozca la potencialidad de una región. La importancia de contar con un sistema de transmisión no significa que ello deba ser a cualquier costo y de cualquier manera. Eso es muy importante, porque claramente Chile tiene zonas con distintas vocaciones. Algunas son más agrícolas, otras son más mineras, en fin. Y nosotros no podemos sustituir unas por otras. Lo que necesitamos es un ente -en este caso, el Estado, el Coordinador Independiente- capaz de mirar el conjunto del país y que no superponga una con otra.
Con todo este proceso podemos lograr mayor transparencia, mayor equilibrio, disminuir los precios de la energía, tener una mirada integrada de nuestro territorio.
¿Falta abordar otras materias? Sí. Para eso estamos trabajando. Así que hago un llamado a nuestros colegas a que tengan confianza en que un grupo de asesores de la Comisión Nacional de Energía y del Ministerio del ramo se está reuniendo para avanzar en aquellos temas que suscitan o puedan suscitar dudas u observaciones razonables.
No podemos desconocer que nuestro país necesita un sistema robusto, transparente, que permita holguras, que nos dé certezas, en que efectivamente podamos incorporar las energías renovables no convencionales. Lo que más queremos es avanzar en ellas -¡fantástico!-, pero no sacamos nada con tener energías renovables si no se pueden inyectar al sistema, si no existen facilidades para que accedan a él. Somos grandes impulsores de energías renovables, pero nos está faltando la otra parte: lograr que ellas accedan a un sistema troncal o a las subestaciones. Eso es fundamental.
En tal sentido, creo que la política energética desarrollada por el Ministro ha estado, en general, bien orientada. Por algo hemos estado hablando de interconexión de sistemas, de estímulo a las energías renovables, y ahora damos un paso más, relacionado con la transmisión, a la que queremos robusta, transparente y diseñada con una mirada integral del conjunto del país.
Por eso, voto a favor, esperando que, si no la totalidad, al menos una parte importante de nuestra bancada acompañe este proyecto, porque creo que constituirá un paso significativo para nuestro país.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, yo soy partidario de este Gobierno...
El señor MOREIRA.- ¡Por favor...!
El señor COLOMA.- ¡Perdón! ¡De este proyecto del Gobierno...!
El señor LAGOS (Presidente).- Señor Senador, ¿puede repetirlo para que quede bien registrado en la Versión Oficial, por favor...?
El señor COLOMA.- Soy partidario de este Gobierno ¡solo en lo que a energía se refiere!
En todo lo otro, creo que lo hace muy mal,...
El señor MOREIRA.- ¡Lo convencieron...!
El señor COLOMA.-... particularmente en materia económica, en materia de reformas.
Y creo que en este ámbito ha habido una pauta distinta que quiero valorar, pues tiene que ver con las personas.
A mí me parece -en esto quiero involucrarme con algunos comentarios que oí de otros Senadores- que lo importante es pensar en la gente y en qué les conviene a las personas a mediano y largo plazo.
Esa es la óptica que uno tiene que percibir.
De repente, algunos me dicen "no me gusta este proyecto, pues no favorece a las personas".
¡Me gusta este proyecto porque beneficia a las personas! No hay nada mejor para las personas -para nosotros, para todos- que disponer de energía, ojalá suficiente y crecientemente más barata, en los próximos tiempos.
Chile tiene un problema energético no de ahora, sino de siempre. Nuestro país presenta debilidades en cuanto a matrices; a falta de petróleo, y a dificultades ocasionadas por la estructura del territorio, pues este es difícil de conectar.
Eso hay que abordarlo. Y considero que dichos problemas se enfrentan de buena manera en esta iniciativa -sé que nos encontramos en la discusión general, algo vimos en la Comisión y tendremos que evaluar posteriormente y más en concreto las indicaciones que se puedan formular- y que su estructura resulta razonable.
El proyecto incorpora, primero, una planificación energética.
Yo soy firme partidario de la iniciativa privada y, por tanto, me molesta cuando el Estado se involucra en temas en los cuales no tiene injerencia.
Pero, con la misma fuerza, reclamo la participación del Estado en áreas en las que sí tiene mucho que decir, como en la elaboración de una política de mediano y largo plazo en materia energética sobre la base de una planificación.
La planificación en sí misma no es contraria a una economía de mercado en el caso que se plantea. Es la planificación inadecuada, la persecución de los privados lo que a mí me molesta.
Sin embargo, en este rubro opino que la participación del Estado tiene todo el sentido del mundo, porque es la forma de facilitar la expansión y el crecimiento de la transmisión eléctrica, que obviamente ha sido uno de los aspectos que cruzan los problemas de competitividad de Chile durante las últimas décadas.
Este proyecto es la continuación de otros que se han ido dando en el tiempo, no es patrimonio exclusivo de una autoridad, aquí ha habido políticas públicas que han avanzado en esa línea. Y me parece que estamos llegando a un tema relevante: cómo enfrentar los problemas existentes en transmisión eléctrica respecto a la descoordinación, al uso ineficiente del territorio, a la posibilidad de entender de mejor manera lo que debe ser la participación ciudadana, el involucramiento en los sistemas de competencia y la justa remuneración en la construcción de infraestructura.
Ese es un primer punto que, obviamente, resulta necesario, relevante y positivo.
Asimismo, destaco en materia de planificación las distintas exposiciones acerca de redefinir los sistemas de transmisión y la respectiva distinción entre el sistema nacional (el actual troncal) y los sistemas zonales (las subtransmisiones) y dedicados (los adicionales).
También me parece adecuado que se definan polos de desarrollo para empezar a reconocer los sistemas de interconexión internacional, lo que tendremos que abordar a mediano plazo, si es que no se está haciendo, ya que no se ha enfrentado en profundidad.
Muchos han mostrado el trabajo realizado en este ámbito por países europeos que cuentan con más tradición, más contacto interno, mayores facilidades, y que en este tipo de materias avanzan en forma muy decisiva, cuestión en la que nosotros tenemos un campo amplio para progresar.
La planificación energética quinquenal a treinta años por parte del Ministerio de Energía que se establece tiene que ver con cómo se va a generar la expansión vinculante considerando horizontes largos, no pequeños, y horizontes conjuntos, no individuales, con el objeto de no sostener una forma errónea de asumir la competencia.
La competencia dice relación con la eficiencia, y no resulta más eficiente tener diseñadas o dibujadas, en teoría, tres o cuatro líneas, en circunstancias de que solo una, con las garantías de competencia, puede ser bastante más eficiente.
Por eso, un punto importante, a mi juicio, es la orientación que se establece con respecto a la concesión del servicio público de distribución para el suministro de usuarios sometidos a regulación de precios. Entiendo que los sistemas dedicados solo tienen acceso libre por la capacidad de transmisión del excedente.
Eso forma parte de las cosas que deben estar arriba de la mesa cuando queramos discutir en serio lo que va a pasar en el horizonte de lo que los países tienen que estar en condiciones de imaginar.
Aquí se habla mucho de planificación hasta los años 2020 o 2030.
Sin embargo, en esa materia debemos tener un pensamiento -y el proyecto lo sugiere- a un plazo considerablemente más largo, porque se trata de inversiones de una cuantía muy relevante. El sector eléctrico es el único rubro donde está mejorando la inversión en Chile y este marco legal debería apuntar a tornarla mucho más potente.
En cuanto a los polos de desarrollo, que corresponde a las zonas de alto potencial de generación cuyo aprovechamiento utiliza un único sistema de transmisión, el proyecto debe apuntar a la forma de minimizar los impactos territorial, social y ambiental, cosa que hemos visto en las zonas que representamos.
Sé que cada una tiene su lógica de cómo se construyen las formas de generación o transmisión eléctrica. Así, en el Maule hay ríos con trece centrales de paso, que probablemente aumentarán más adelante.
Por lo tanto, el aporte que se ha hecho en esa materia es muy relevante.
Pero también sería inteligente, pensando en esa región y en otras áreas del país, analizar cómo es posible estructurar una fórmula mediante la cual puedan convivir la riqueza potencial de nuestro territorio con el legítimo derecho de los ciudadanos a obtener algún beneficio -la Ley de Equidad Tarifaria en proyecto ayudará en esa línea- y también premiar a aquellos que poseen espacios de generación, lo que a mi juicio se relaciona con el contenido vinculado al polo de desarrollo.
Por último, también resulta importante la creación del nuevo ente coordinador, que se constituye como un órgano independiente, sin fines de lucro, dotado de personalidad jurídica propia y que -esta es una apuesta grande- pueda garantizar una real independencia del Ejecutivo, del Gobierno de turno, a fin de colaborar con las autoridades correspondientes en el monitoreo de la competencia del mercado eléctrico, cumplir estándares de transparencia en el manejo de la información, coordinar las interconexiones eléctricas internacionales y determinar las compensaciones por incumplimiento del estándar normativo.
De ahí que uno de los temas que quedarán para la discusión particular es el del Comité Especial de Nominaciones, que elige a los miembros del Consejo Directivo coordinador, en términos de que sea un proceso público, abierto, transversal, técnico.
Ahí está quizás "la madre del cordero", pues es en esa materia donde debemos despejar cualquier sospecha.
Sin embargo, opino que el país tiene una madurez suficiente, y así debe estar confeccionado el diseño para entender que en estos temas el factor técnico es absolutamente decisivo si uno quiere elaborar seriamente políticas públicas de largo plazo.
En consecuencia, señor Presidente, porque este proyecto beneficia al final a las personas -obviamente contiene espacios que pueden representar complejidades-, voto a favor de la idea de legislar.
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El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Me permite una cuestión de reglamento, señor Presidente?
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Educación -sé que debí haberlo hecho antes-, pido que se recabe la autorización de la Sala para que dicho órgano técnico pueda discutir en general y en particular el proyecto que otorga al personal asistente de la educación una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional por antigüedad.
Esa es mi primera petición.
El señor LARRAÍN.- Perfecto.
El señor LETELIER.- Conforme.
La señora MUÑOZ.- Muy bien.
El señor LAGOS (Presidente).- Si no hubiera objeciones, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
El señor WALKER (don Ignacio).- En segundo lugar, señor Presidente, ahora en nombre de la Comisión Especial de Probidad y Transparencia, como el plazo para formular indicaciones al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en lo relativo a probidad y transparencia vence mañana, solicito que se fije un nuevo plazo -es una petición del Ejecutivo- hasta el próximo miércoles 20 de abril, a las 12.
Tan sencillo como eso.
El señor LAGOS (Presidente).- ¿Le parece a la Sala acceder a la petición del Senador señor Ignacio Walker?
El señor LARRAÍN.- Conforme.
--Así se acuerda.
El señor WALKER (don Ignacio).- Muchas gracias, señor Presidente.
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El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.


El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, seré muy breve.
Votaré a favor de este proyecto porque, tal como siempre se dice en la mayoría de los discursos que se pronuncian en todos lados, es importante tener energía. Y ojalá mucha y barata.
Lo más importante es contar con energía limpia y barata donde se necesita. Y para lograrlo tenemos que robustecer nuestro sistema de transmisión.
Por lo tanto, este proyecto es bastante evidente.
De otro lado, a pesar de lo que han dicho algunos Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, el progreso siempre afecta a alguien. Y muchas veces en este tipo de iniciativas hay gente afectada al pasar una u otra línea cerca de sus hogares. No obstante, desgraciadamente, eso forma parte del progreso y de nuestra vida.
Por lo tanto, creo que hay que impulsar este proyecto.
Considero, al igual que el Senador Coloma, que las políticas de energía han sido muy buenas en este Gobierno. Yo no comparto el apoyo que él da a la actual Administración, pero sí lo hago en materia de energía.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, efectivamente, creo que el primer reconocimiento que debemos hacer es a la política de energía de este Gobierno, encabezada por el Ministro Máximo Pacheco y su equipo.
El Senador Jaime Orpis definió muy bien cómo el Gobierno está afrontando en su totalidad y en forma concertada los temas relativos a tarifas, a transmisión, a energía no renovable, etcétera.
Si uno hace memoria y revisa la historia, aquí nunca existió la posibilidad de tener un buen sistema de producción y transmisión de energía eléctrica. Mientras ENDESA fue una empresa estatal, y menciono también a la CORFO, bastaba un decreto del Ministerio del Interior para determinar las servidumbres de paso por donde se trazarían las líneas de transmisión. Y eso era obligatorio para quien resultaba afectado.
Eso permitió, lo queramos o no, la instalación de todo el sistema eléctrico chileno.
Bueno, estas empresas no son estatales, sino privadas.
Entonces, es necesario lo que se hace aquí, que haya una coordinación y un sistema que permita realizar la transmisión.
Seamos francos, a nadie le gusta que se levante una torre de transmisión de energía en su casa, en su campo, en su tierra; a nadie le gusta que se instalen rellenos sanitarios o cárceles, etcétera, cerca de donde se vive.
¡Alguien tiene que resolver eso!
Considero que en este proyecto de ley se aborda el tema a través del sistema de la coordinación, de sistemas claros sobre cómo se va a hacer la determinación de los lugares donde se tenderán las líneas de transmisión.
Lo que se ha dicho aquí es cierto. Por desgracia, este país es muy estrecho; las líneas tienen que pasar por alguna parte y ojalá lo hagan por los lugares que menos afecten a la gente. Pero tiene que haber una autoridad o alguien que decida cómo se va a operar. Y estimo que el proyecto lo resuelve.
Si ustedes leen su texto, verán que trata un tema ambiental. Se protege el sistema ambiental específicamente en el artículo 97, en que se dispone que debe haber un informe de impacto ambiental, después de lo cual se puede dictar el decreto que determine por dónde pasará la carretera transmisora de energía.
Además, se establecen una serie de consideraciones que permitirán que el país realmente tenga una buena política de energía. Y el Gobierno, representado acá por el Ministro, ha logrado éxito en este ámbito.
Hoy en la mañana escuchábamos la cuenta del Ministro de Hacienda y él decía algo que era cierto, y que también se lo he escuchado al Ministro Pacheco. Actualmente, hay más inversión en energía que la proyectada para la minería en su tiempo. O sea, es un sector activísimo. ¿Por qué? Porque hay una política clara y definida.
Creo que se debe aprobar este proyecto en general. Por supuesto, será posible perfeccionarlo en la discusión particular. Pero lo peor que podríamos hacer sería dejar las decisiones al mercado, y que la definición la hiciera cada uno de los operadores de energía por su cuenta.
Apoyo esta iniciativa con entusiasmo, pues creo que va en la línea correcta.
Voto a favor.
El señor LAGOS (Presidente).- El señor Ministro de Energía ha pedido hacer uso de la palabra.
Ello sería posible en la medida que fuera para rectificar algún punto, porque estamos en votación, señor Ministro. O si no, se la puedo dar una vez que concluya la votación.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, solo quiero anunciar que, conforme al artículo 8° del Reglamento del Senado, me voy a inhabilitar en esta votación.
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El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El seños WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, haré uso de la palabra brevemente. Quiero solicitar que se permita que tan pronto la Comisión de Educación despache en general y en particular el proyecto relativo a bonificaciones para el personal asistente de la educación pase a la de Hacienda.
Faltó esa parte en mi petición anterior.
El señor LAGOS (Presidente).- ¿Esta es la tercera parte de su solicitud?
El seños WALKER (don Ignacio).- Así es, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
Acordado.
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El señor LAGOS (Presidente).- Se ha pedido fijar plazo para presentar indicaciones al proyecto en discusión hasta el día jueves 28 de abril, a las 12.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
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El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo compartí algunas de las opiniones críticas que tengo respecto a esta iniciativa.
Y, para fundamentar mi voto, quiero volver a una reflexión que entregó un Senador que respeto mucho por su experiencia política en el país, el Honorable señor Zaldívar, quien recordaba cómo se hacían las cosas cuando el Estado tenía un rol activo en la toma de decisiones en esta materia.
Hoy, cuando el Estado no tiene un rol tan activo como antes, se dan fenómenos como el siguiente.
Puede haber cuatro centrales de paso en una misma cuenca, y cada una de estas traza su propia línea de transmisión y, finalmente, esto es tierra de nadie; impera el salvajismo absoluto; se genera un daño patrimonial para los territorios y comunidades; hay un abuso absoluto de parte del mercado.
Ese tipo de temas no constituye el eje del proyecto. Aunque debo destacar que la presente iniciativa tiene una dimensión muy positiva que yo valoro.
En una conversación privada con el Ministro, él me manifestó que esto es lo central. De ser así, me habría gustado que el proyecto solamente buscara terminar con el CDEC, tal como lo conocemos hoy, que existiera una autoridad independiente. Hubiera sido bueno separar este aspecto del resto del debate, relativo a los polos de desarrollo; las franjas de transmisión, y el rol del Estado para fijar trazados, que hoy realizan los privados.
La Senadora Lily Pérez planteó que el territorio que representa ha sido tributario de la falta de planificación y consideración con las comunidades.
El Senador Horvath usó un concepto un poquito más duro con el objeto de describir lo que significan para ciertos territorios los proyectos de generación de interés particular. Estos son legítimos, pero persiguen ese interés y los compran otros particulares.
Actualmente no hemos entrado en el debate de quiénes son los principales usuarios de la generación eléctrica. Es evidente que no lo son los consumidores domésticos, sino los industriales. Es muy importante tenerlo en consideración.
Sin embargo, quiero hablar solamente desde la Circunscripción que represento.
Yo entiendo el enfoque nacional, señor Presidente. Pero una Región como la mía, por la que pasan las líneas de transmisión de Colbún que van a Santiago, ve que TRANSELEC y diferentes empresas la usan como una guitarra, sin que dejen nada a cambio.
Hay diversas generadoras, en distintos territorios, que no logran hacer que los costos de las tarifas eléctricas bajen. Vimos un proyecto de ley que establecía que las regiones generadoras se verían compensadas, pero ello no es así.
Lamento que el señor Ministro -entiendo que actuó de buena fe; dejo constancia de eso- no pudiera contestar las preguntas que formulé. Hubo una descoordinación respecto del momento en que iba a intervenir y ahora no lo puede hacer, porque ya se ha iniciado la votación. Tengo claro que fue por una cuestión reglamentaria, no por mala fe.
Hay temas que para algunos de nosotros resultan preocupantes: ¿cuál es la autonomía que tienen las regiones para definir su vocación de polos de generación eléctrica?; ¿cuáles son los mecanismos de decisión regional en esta definición?; ¿cuál es el rol del Estado, más allá de ser quien defina una franja?; ¿por qué hay esta visión anti Estado que no le permite participar, después de hacer lo que algunos han llamado el "trabajo sucio"?
Señor Presidente, porque el proyecto presenta estas contradicciones, no estoy en condiciones de votar a favor en esta etapa. Si hubiéramos debido pronunciarnos solo respecto de la primera parte, hubiera apoyado la idea de legislar. Pero no lo puedo hacer porque no se cambian los paradigmas, en particular aquellos que dicen relación con el derecho de los territorios de definir sus vocaciones esenciales, con la posibilidad de que todas las regiones se organicen por cuencas para generar la energía que requieren para su propio consumo.
En atención a lo anterior, no voy a respaldar la idea de legislar. Espero que en el debate en particular se puedan hacer las correcciones que permitan que este sea un proyecto sustentable.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.


El señor TUMA.- Señor Presidente, creo que estamos llegando tarde con este debate. Deberíamos haber resuelto esta materia hace cinco, diez, quince o veinte años. Sin embargo, estamos donde estamos.
Es hora de reconocer, también, que este es el primer Gobierno -y el primer Ministro- que nos trae un proyecto de esta naturaleza.
Tengo bastantes observaciones similares a las que aquí se han planteado. No obstante, creo que esta iniciativa avanza en el propósito de cambiar el actual estado de las cosas.
¡Tenemos la energía más cara de Latinoamérica!
Los consumidores se quejan permanentemente. Los parlamentarios que visitamos nuestros territorios y nos reunimos con las comunidades, urbanas y rurales, sabemos de su reclamo constante respecto de las tarifas. Y no tenemos respuesta.
Afortunadamente, el proyecto que debatimos y aprobamos en el Senado sobre equidad tarifaria ya se encuentra en la Cámara de Diputados y el Ministro me señala que podríamos tener ley en dos o tres meses más. Yo pienso que la equidad tarifaria representa un avance muy muy importante, porque va a permitir una baja sustantiva de las tarifas en aquellos sectores en que las personas viven más alejadas, más dispersas, y donde pagan más por este concepto.
Chile no solamente tiene las tarifas más altas de Latinoamérica. A los sectores rurales, cuya electrificación promovimos -el Estado invirtió en subsidios para tales efectos-, los castigamos con los cobros más elevados del país, y gran parte de esas tarifas las pagan los pensionados del sector rural, a quienes les significan 30 a 40 por ciento del total de sus ingresos mensuales.
Entonces, hoy día estamos hablando de una carga enorme para los usuarios y consumidores de energía eléctrica. Y es necesario ver cómo vamos a cambiar esa realidad, cómo vamos a crear un sistema competitivo.
Porque, la verdad es que aquí falta competencia. Es un abuso que nosotros hayamos permitido que el sector privado sea el que planifique y diseñe hacia dónde se crece, en dónde instala sus torres. Y les otorgamos esos derechos por ley, tal como ocurre en la minería.
Hay comunidades rurales con títulos de propiedad de media hectárea. Y resulta que una torre de alta tensión que pasa por ese terreno les inhabilita casi la mitad de esa media hectárea. Y no reciben ninguna compensación. O sea, se trata de una expropiación, un abuso.
Me preguntan: "Senador, ¿cuándo resuelven este tema? ¿Cuándo puedo quitar esta red de mi propiedad? Y, si no la saco, ¿cuándo me compensan?". Y uno responde: "Lo que pasa es que la ley lo dispone así".
Tengo experiencia en debates que se han hecho en el Congreso Nacional respecto de materias de energía, pero esta es la primera vez en que podemos abordar este problema.
No estoy satisfecho con la forma en que viene el proyecto, pero voy a aprobar la idea de legislar para los efectos de ver si es posible lograr compensaciones de verdad; que no se diseñen proyectos sin consultar otras opiniones; que el Estado vele por las comunidades y repare el daño que se les ha ocasionado.
Hasta ahora es un chiste el modo en que las empresas abusan de su poder, de la normativa vigente -porque es abusiva-, en favor de quienes realizan inversiones en este ámbito.
Del mismo modo, ellas dejan sin la posibilidad de competir a otros agentes. Y, en mi opinión, este proyecto va a permitir una mayor competitividad e introducir otro tipo de energías que sean limpias, renovables, y que disminuyan los costos.
¡Del mismo cuero tienen que salir las correas!
Las comunidades no pueden quedar ajenas a la participación en la rentabilidad de estos proyectos. Y yo espero que podamos debatir cuánto van a distribuir a las comunidades que son partícipes de esta iniciativa. Y digo "partícipes", porque van a ser dañadas o afectadas por la instalación de estas redes.
Ahora, habrá consultas, un proceso de participación, según se establece en la iniciativa. Pero esa participación, ¿será vinculante? No, no va a ser vinculante. ¿Cuál es la diferencia? Que no va a ser la empresa privada la que decida, sino el Estado.
Pero ¿qué garantías me ofrece el Estado de que cuando se instale la empresa privada esta les dará, efectivamente, compensaciones y participación a las comunidades que resulten dañadas? Yo me pongo en el caso de muchas comunidades que, a través de la participación, van a poder variar el trazado.
Hasta ahora, la empresa hace un diseño del trazado más económico. Sin embargo, con este proyecto ese trazado quizás ya no sea tan económico, pero al menos vamos a aceptar excepciones. Aun así, en algunos casos, de todas maneras se verán afectadas las comunidades.
Nadie quiere un vertedero al lado de su casa, ni tampoco una planta de tratamiento de ningún tipo. Pero en alguna parte van a estar, por algún lado tendrán que pasar las redes.
Lo que necesitamos es una pequeña empresa que ofrezca la energía a un costo competitivo, bajo, para vender su producto y dar empleos, pero, al mismo tiempo, que tenga respeto por los lugares donde se hagan los trazados.
Esa ecuación no es fácil de lograr, pero confío en que en el debate en particular podamos ir resolviendo esos temas.
Creo que la planificación del Estado en esta materia es indispensable. No se pueden seguir desarrollando inversiones en energía sin un diseño a veinte, a treinta años.
Señor Presidente, algunos parlamentarios han dicho: "Mire, no voy a aprobar el proyecto, porque atenta contra los derechos de las comunidades". Bueno, eso es precisamente lo que tenemos hoy día en la ley, y yo quiero cambiarlo.
Por tanto, voto a favor de la idea de legislar, con el objeto de abrir la posibilidad de un debate en particular y permitir que tengamos una energía más barata y, al mismo tiempo, respeto por las comunidades que se ven afectadas por los trazados.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor, 2 en contra y un pareo), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Moreira, Orpis, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Lily Pérez y el señor Horvath.
No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Navarro.
Tiene la palabra el señor Ministro de Energía.


El señor PACHECO (Ministro de Energía).- Señor Presidente, por su intermedio, deseo agradecer al Senado por el apoyo que ha dado, una vez más, al propósito de enfrentar directamente los problemas del país en materia energética.
El proyecto inicia su discusión en particular recién ahora -como se ha dicho-, porque lo que se ha aprobado hoy acá es la idea de legislar.
Esta es tal vez una de las iniciativas más importantes -si no la más importante- que tenemos en la Agenda de energía, ya que verdaderamente recoge toda la experiencia de estos dos años que llevo como Ministro a cargo de un equipo de personas que ustedes conocen y que, a mi juicio, ha enfrentado los desafíos de la energía en sus distintos ámbitos.
Por ello, junto con encarar la necesidad de modernización del sector en materia legislativa, estamos también incorporando los aprendizajes que hemos tenido en estos dos años y medio.
La semana pasada me tocó estar un día en Nueva York, invitado por la conferencia anual sobre energía organizada por Bloomberg, donde se destacaba el hecho de que Chile hoy es percibido como un líder en la transformación energética, no solo de la región, sino del mundo. No hay ningún país en el planeta que impulse actualmente las energías renovables como lo está haciendo Chile, obviamente que en relación con su población y con el tamaño de su economía.
El proyecto que hemos presentado ha sido trabajado por más de un año bajo el auspicio de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con la conducción del académico Hugh Rudnick, en seminarios, talleres, encuentros. Además, ha tenido un profuso trabajo prelegislativo y una discusión muy detallada en la Cámara de Diputados.
Por mi parte, agradezco la confianza que deposita el Senado en que nosotros vamos a continuar trabajando de la misma manera en que lo hemos hecho hasta ahora: con diálogo, con participación, incorporando las opiniones recogidas en los procesos prelegislativo y legislativo.
De hecho, tenemos preparadas más de 25 indicaciones que esperamos presentar en la Comisión de Minería y Energía del Senado -ya se ha puesto un plazo- antes del 28 de abril.
No hay duda de que este es un proyecto estratégico.
Lo dijimos: tenemos los costos de energía más altos de América Latina y contamos con un sistema de transmisión que no favorece la competencia y que, de hecho, representa una barrera de entrada para nuevos actores, nuevos competidores, nuevas tecnologías.
Es, además, un sistema de transmisión débil en el suministro. Nuestro país tiene, en promedio, 16 horas al año de corte de luz. Y estos cortes no ocurren solo por las caídas de ramas, por las lluvias o por los vientos, sino que, en parte importante, se deben a la debilidad del sistema.
Tenemos una dificultad tremenda para traer hacia la zona central la energía que hoy generamos en el norte.
Ayer me reuní con el Presidente Macri, en la Casa Rosada, y su primera pregunta fue: "¿A ustedes les está sobrando la energía, que la están exportando a Argentina?". Yo contesté: "No, Presidente, a nosotros no nos sobra la energía. Lo que sucede es que tenemos dos sistemas de transmisión: el Sistema del Norte Grande, que termina en Taltal; y el Sistema Central, que comienza en Copiapó. Y entre Taltal y Copiapó estamos desconectados".
Y le expliqué que además nuestro sistema de transmisión está colapsado por lo menos en ocho lugares, debido a lo cual no consigue transmitir la energía desde donde se genera hasta donde se transmite.
"Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, si disponemos de capacidad instalada, de generación y si, encima, contamos con una línea que une Salta con Mejillones, la usamos para exportar energía que no podemos trasladar para acá", concluí.
Esos son, en parte, los problemas que tiene nuestro sistema de transmisión.
Sin duda, señor Presidente, esta es la legislación más importante que va a tramitar el Parlamento desde la "Ley corta I", del año 2004.
Hemos revisado, después de doce años de aplicación de esa normativa, cuáles son los aprendizajes.
Y déjenme realizar una reflexión muy personal:¡Soy el Ministro de Energía que más tiempo ha durado en el cargo desde que se creó el Ministerio...! ¡Y soy el Ministro de Energía que más tiempo ha estado, como Ministro del ramo, en América Latina...!
La semana pasada o antepasada cayó mi colega de Colombia, porque entró en crisis el sistema energético y ese país se encuentra al borde del blackout. Por tanto, el Presidente le pidió la renuncia.
Cuando asumo como Ministro de Energía, una de mis primeras reuniones fue por el proyecto Cardones-Polpaico.
El proyecto Cardones-Polpaico, con una extensión aproximada de 750 kilómetros de línea, fue objeto de un decreto de plan de transmisión troncal dictado el año 2012 por Laurence Golborne, y luego se licitó y se adjudicó por parte del Ministro Bunster, el año 2013, en una competencia donde hubo cinco ofertas y que ganó una empresa colombiana multirregional.
Y todo eso se hizo ¡sin la participación del Estado!
Entonces, lo que decimos es que eso no da para más. No hay ningún país del mundo donde se diseñe el sistema de transmisión solo en base a lo que quien se adjudicó la licitación defina como el mejor trazado.
¡Porque esa es la verdad!
¿Qué licitamos? Licitamos que necesitábamos energía en Polpaico, comuna de Tiltil, Región Metropolitana, y que había que traerla desde Cardones, en Copiapó.
Les preguntamos a los licitantes cuánto nos cobraban por traer esos electrones desde Cardones a Polpaico. Porque, por ley, gana la licitación el que ofrece el menor valor. En este caso, se la adjudicó una empresa que ofreció 62 millones de dólares. Luego, es ella la que define el trazado. Obviamente, cumpliendo con todas las leyes ambientales y después de dirigirse al Ministerio del Medio Ambiente, de presentar su Estudio de Impacto Ambiental y de obtener su Resolución de Calificación Ambiental.
Ese sistema no da para más, porque no ordena el territorio y, como bien me dijo alguna vez el Senador Zaldívar: "No podemos transformar a Chile en una guitarra, donde tenemos líneas por todas partes".
¡Hagamos planificación!
Porque, también necesitamos hacer ordenamiento territorial y porque, además -¡ojo!-, no definirle a la empresa que se adjudica el proyecto por dónde debe construir esto, significa que, al final, como hay tanta incertidumbre, lo cobran.
Por eso tenemos apuro con este proyecto. Porque nos va a permitir llegar a la próxima licitación eléctrica, que es una megalicitación -se va a realizar el día 27 de julio-, con una ley que reducirá la incertidumbre del sector, lo que se traducirá en un ahorro de, por lo menos, 10 a 20 dólares por megawatt/hora.
¡Veinte dólares por megawatt/hora!
En la última licitación se cobró 79 dólares por megawatt/hora. O sea, 20 sobre 79: ¡es muchísima plata!
Podemos llegar directamente a la cuenta de la luz si hacemos una buena ley de transmisión, para que quienes deban construir esa infraestructura sean finalmente beneficiados por la mayor certidumbre que trae ello como inversión y, en definitiva, no la cobren.
Aquí se ha hablado mucho sobre este proyecto, señor Presidente.
Pero quiero decirle que no tengo ninguna duda de que esta iniciativa da cuenta de la necesidad de realizar desarrollo energético con respeto a las comunidades, con respeto al territorio y con respeto al medio ambiente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Dispone de un minuto adicional, señor Ministro.
El señor PACHECO (Ministro de Energía).- Por eso, señor Presidente, enviamos al Congreso este proyecto, para justamente conseguir ese equilibrio.
Deseo efectuar una última reflexión.
Es muy importante entender que la transmisión eléctrica no es la construcción de carreteras viales. Aquí no hay ninguna concesión; no existe propiedad alguna sobre el trazado.
Cuando decimos "Se va por aquí", no le estamos entregando el territorio a esa empresa para que construya por ahí.
Tampoco hay franja fiscal.
Todas esas cosas son cantinelas; voces que circulan, pero que no dicen la verdad.
El sistema de transmisión es un servicio. El Estado les pregunta a las empresas que invita a la licitación cuánto van a cobrar...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo.
¿Habría acuerdo para otorgarle al señor Ministro un minuto adicional?
El señor PROKURICA.- Sí, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede continuar, señor Ministro.
El señor PACHECO (Ministro de Energía).- Gracias.
Decía, señor Presidente, que el Estado les pregunta a las empresas que invita a la licitación cuánto van a cobrar. Y eso es lo que cobra finalmente aquella que se adjudica la licitación.
Pero si le pedimos a la empresa que participa en una licitación, que es por veinte años, que amortice toda la inversión en veinte años, ¿qué estamos haciendo? ¡Estamos subiendo el cobro del servicio nomás!
El servicio no se deprecia en veinte años. Los fierros que hay ahí no se deprecian en ese tiempo.
Por ello, esa empresa, para continuar el servicio, después ha de ser tarificada por la Comisión Nacional de Energía.
Los primeros veinte años se lo adjudica a través de una licitación. Y a partir de ahí, cada cuatro años, es una tarifa fijada por el Estado sobre la base del valor de los fierros, de su valor de reposición la que determina el servicio.
Entonces, considero muy importante que al momento de discutir las respectivas indicaciones, cuando veamos en particular este proyecto, nos metamos en esas materias.
Como Ministerio queremos dar la garantía de que estaremos escuchando las diferentes opiniones que haya sobre el particular -lo hemos hecho y continuaremos en ello-, pues, obviamente, se trata de un proyecto perfectible, que deseamos mejorar.
Lo enviamos al Congreso para parlamentar, para discutirlo y para recoger las buenas ideas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Agradecemos al señor Ministro de Energía por su disposición para que durante la discusión particular sean acogidos los distintos planteamientos y observaciones de los señores Senadores.