MODIFICACIONES A LEY CONTRA DISCRIMINACIÓN

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, es destacable que hoy día exista un acuerdo amplio en la valoración de la ley N° 20.609, que estableció medidas contra la discriminación, y, más aún, que surjan propuestas de mejoramiento a esta normativa desde sectores que anteriormente la objetaron.

Me parece que aquello no es casual. Obedece a un cambio cultural relevante que ha estado operando en nuestro país y que pone al centro de la actividad de todos los órganos, sean públicos o privados, la dignidad de la persona, expresada en el respeto a los derechos humanos y en el rechazo a toda forma de discriminación o de abuso.

Esa idea también fue recogida en el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, que promueve una reforma a la ley N° 20.609, dando respuesta a las demandas de la sociedad civil, de manera que dicha normativa no quede reducida al establecimiento de una acción judicial en casos de vulneración, sino que se transforme en un deber del Estado dirigido a impulsar políticas permanentes contra la discriminación y acciones afirmativas de los grupos que históricamente han sido discriminados, junto con iniciativas de reparación.

Ya se ha avanzado con la reciente creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Pienso que también hay que reforzar las atribuciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En el mundo de hoy, de nada vale consagrar derechos, e incluso garantizarlos, si no se crean al mismo tiempo las herramientas concretas y asequibles que se utilizarán en caso de vulneraciones a estos mismos derechos.

Ello tiene que ver con la crisis de confianza que afecta a toda la institucionalidad. La violación de los derechos de una persona se percibe como una afrenta al conjunto de la población y genera incertidumbre y temor en buena parte de ella, del mismo modo que ocurre con la delincuencia.

Ese efecto multiplicador lo estimo sano, pues permite mantenernos en estado de alerta frente a cualquiera vulneración. En tal sentido, debemos partir de la base de que una persona discriminada es un fracaso de toda la sociedad.

Mayor significado adquiere lo anterior, cuando el esfuerzo principal de este Gobierno ha sido pasar progresivamente de un Estado que subsidia prestaciones a otro que garantiza derechos.

En definitiva, los hechos tienen que ir de la mano de las palabras. No bastan declaraciones para hacerse cargo de la discriminación histórica que han sufrido pueblos originarios, mujeres, niños y jóvenes, discapacitados, migrantes o minorías sexuales, religiosas o étnicas.