INCLUSIÓN DE MECANISMOS DE EQUIDAD EN TARIFAS ELÉCTRICAS
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde discutir en general el proyecto, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para introducir mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.161-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 31ª, en 1 de julio de 2015.
Informe de Comisión:
Minería y Energía: sesión 61ª, en 14 de octubre de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo principal de este proyecto es, por una parte, disminuir las tarifas de los clientes regulados en las comunas que posean centrales de generación de energía eléctrica, y por otra, acotar la diferencia de tarifas eléctricas residenciales entre las distintas zonas del país.
La Comisión de Minería y Energía discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Allende y señores García-Huidobro, Guillier, Pizarro y Prokurica.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 42 a 44 del primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Hay una petición para abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, el cobro es muy desigual en las tarifas eléctricas residenciales a lo largo del país, que van desde 19 mil 344 pesos en Santiago hasta 36 mil 159 en Linares. El cálculo se efectuó con relación a enero recién pasado.
La tarificación se compone de los siguientes elementos: generación, transmisión, distribución y cobro del IVA.
Actualmente, tanto la generación como la transmisión no registran mayores diferencias en sus valores. En cambio, la distribución presenta cifras tremendamente desiguales, según la densidad poblacional de cada zona.
Es por ello que un conjunto de Diputados presentamos en el año 2013 una iniciativa en virtud de la cual buscábamos obtener una mayor equidad y particularmente compensar a comunas de escasa densidad poblacional que deben soportar instalaciones de generación y pagar los precios más altos. Un ejemplo vivo de ello son las de Alto Biobío o de Pemuco, con valores incluso superiores a los de las grandes ciudades.
La Presidenta Bachelet anunció el 21 de mayo recién pasado el envío al Congreso del proyecto de ley que introduce mecanismos de moderación y cuyo objetivo es disminuir las diferencias en las cuentas de electricidad de los clientes finales de las distintas zonas del país, con un claro objetivo de equidad territorial.
En la misma línea, también se contempla el reconocimiento de la generación de energía en comunas productoras.
La iniciativa contempla dos medidas principales.
Una de ellas es la equidad tarifaria residencial. Se modifica el componente de distribución de las tarifas residenciales, hoy BT1, lográndose que la diferencia promedio de las cuentas tipo y la que sea más alta no supere el 10 por ciento. Es muy importante destacar que solo los clientes residenciales de consumos mayores a 180 kwh/mes -o sea, los de un mayor nivel- contribuyen a financiar lo anterior.
La otra dice relación con un reconocimiento de la producción local. Hoy, algunas comunas intensivas en generación de energía eléctrica tienen tarifas más elevadas respecto de los lugares donde ella no existe.
En la experiencia internacional -en Noruega, por ejemplo-, la contribución se retribuye por la vía de utilizarse diversos instrumentos. En la iniciativa que presentamos en la Cámara de Diputados tomamos la referencia de lo que ocurre en el Reino Unido, donde la generación de energía limpia incluso es resarcida a los usuarios, por el uso alternativo del suelo -es decir, el que deja de ser productivo y pasa a ser empleado para este otro efecto-, con una rebaja de las tarifas eléctricas para las familias y el comercio.
Es por eso que el proyecto en debate contempla la compensación. Para citar algunos casos, la comuna de Cabrero, que es alta en generación de energía, va a ver reducida su tarifa en un promedio de 26 por ciento; la de Santa Bárbara, en un 33; la de Alto Biobío, en un 45,7. En la práctica, los habitantes de esta última van a pagar 15 mil pesos menos.
Esto es un reconocimiento de la igualdad, de la equidad, y también a aquellas comunidades que deben soportar plantas de generación eléctrica.
Por lo anterior, voy a contribuir con mi voto a favor.
¿Cuál va a ser el impacto a nivel nacional? Dos millones 700 mil clientes verán disminuida su cuenta de electricidad. Para decirlo en fácil: a dos millones 700 mil chilenos va a bajarles la cuenta de luz en un 13,5 por ciento, en promedio. Se trata de rebajas significativas. Una de las más relevantes, cercana a un 46 por ciento, será en el caso de Alto Biobío, como decía.
Señor Presidente, en el Congreso vemos pocas iniciativas de tanto impacto social. La mayor contribución que podemos hacer es sancionarla rápidamente, porque desde el primer momento va a generar un impacto positivo en la reducción del valor de las cuentas.
Insistiré con otros ejemplos para que ello sea muy gráfico: en la comuna de Chillán Viejo se registrará un 7 por ciento de disminución; en El Carmen, cerca de un 29; en Pemuco, un 26; en Pinto, un 24. Existen diferentes empresas distribuidoras y es preciso sacar un promedio.
Este es un trabajo muy importante. Le agradezco al Ministro señor Pacheco, quien ha perseverado en enviar el proyecto de ley. Ojalá todos podamos concurrir con nuestros votos a la aprobación.
Dos millones 700 mil familias se van a ver favorecidas con la rebaja de la cuenta de electricidad. Y hacemos referencia a un beneficio permanente. Este no es un bono, ni es por una vez, ni es solo por un mes.
En la práctica, el adulto mayor que recibe una pensión y deja de pagar 15 mil pesos por el concepto que nos ocupa -en la comuna de Alto Biobío, por ejemplo- obtendrá una especie de aumento en su ingreso, ya que podrá destinar ese dinero a otra actividad o necesidad.
Por eso, la iniciativa es relevante, y solicito que sea acogida por todos y cada uno de mis colegas.
Desde ya, le envío un reconocimiento a Nivaldo Piñaleo, Alcalde de Alto Biobío, quien llevó adelante una campaña muy importante de recolección de firmas para que se rebajaran las tarifas eléctricas en su comuna, que en adelante, a través del proyecto de ley de la Presidenta Bachelet y con los votos de todos los señores Senadores y Senadoras, que espero que sean aprobatorios, disminuirán en cerca de un 45 por ciento. Y, así, en cada una de las comunas.
Por eso, comprometo el pronunciamiento a favor de la bancada del Partido por la Democracia.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Hemos recibido recién un llamado del señor Ministro de Energía, quien había programado venir mañana y ha presentado excusas por no poder asistir.
Puede intervenir el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, creo que el titular de la Cartera efectivamente ha hecho un esfuerzo interesante por mejorar la calidad, la competencia y los precios en el ámbito energético.
Tratándose de una iniciativa en orden a la equidad tarifaria residencial, la intención ha sido buena, pero se observan algunos errores que es preciso corregir en la discusión particular.
Me parece que ello es así, porque el principio de la normativa en examen es que ninguna comuna pague más del diez por ciento del promedio del resto. Hoy día, muchas diferencias determinan que comunas pequeñas, especialmente, se hallen ante un verdadero freno al desarrollo por el valor de la energía.
En seguida, en la misma línea, se establece también -me hubiera gustado que ello no se hiciera en conjunto con el otro proyecto- algo que no da con el objetivo final, a mi juicio, y que es la compensación de las comunas que poseen plantas generadoras.
¿Y por qué lo creo? Si se describe la situación actual en algunas palabras, para que me alcance el tiempo, cabe consignar que cinco comunas reúnen hoy día todas las termoeléctricas de Chile: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Talcahuano.
El señor NAVARRO.- Y Cabrero.
El señor PROKURICA.- Ellas tienen el deber y la obligación de generar energía barata, pero eso conlleva una contaminación importante y una serie de otros efectos negativos. ¿Y cuál es el efecto positivo? ¡Ninguno! Huasco paga la energía un 27 por ciento más cara que Santiago y el agua, ¡ojo!, un 300 por ciento más cara.
Por esta misma razón, la primera reunión que sostuve con el Ministro señor Pacheco fue justamente para plantearle el asunto.
Presenté una iniciativa que tenía por objeto, en primer lugar, mejorar la calidad de vida de los habitantes de los lugares donde hay plantas a carbón. Se trataba de crear un fondo para que las empresas que invirtieran en el futuro y también las ya instaladas pudieran contribuir a la salud, a la educación, de tal manera de hacer más atractivo vivir en ellos.
Y, además, se apuntaba a que cada vez que se quiera instalar una planta no surja la oposición que se manifiesta hoy día, porque en Chile no es posible mantener el sistema completo sin las generadoras a carbón. Eso lo ha expuesto públicamente el titular de Energía.
Sin embargo, el Ministerio y el Ejecutivo han elegido un camino equivocado, a mi juicio, y espero que podamos mejorarlo en la discusión particular.
En las cinco comunas que cuentan con todas las termoeléctricas - Huasco solo tiene siete-, la calidad de vida es mala. Y, además, no existe un aporte establecido. No afirmo que las empresas no ayuden, pero no media un elemento formal que lleve a la comunidad a decir, cada vez que se vaya a instalar una faena nueva: "En buena hora, porque significará una mayor contribución al fondo y vamos a lograr cero listas de espera, mejorar la calidad de la educación y bajar el valor de la energía y del agua". Eso no es así.
El proyecto se traduce en rebajas mínimas, señor Presidente: un 8 o un 5 por ciento del costo de cada uno de los consumos residenciales de energía. Entonces, juzgo que estamos dando muy poco y que realmente no involucramos a las empresas que invierten en las comunas.
Adicionalmente se incorporó algo que a mí no me parece adecuado, en el sentido de que se trata no solo de las termoeléctricas a carbón, sino también con cualquier otra generación. Si es una no contaminante y quieren incluirla, está bien; pero aquí estamos viendo de qué manera podemos incorporar, para que asimismo puedan participar del beneficio, a las comunidades que generan con el tipo de energía que les provoca todos los problemas. Porque a mí no me parece justo que cinco comunas tengan instaladas todas las termoeléctricas y generen energía barata, pero reciban la energía y el agua más caras de Chile y su salud y educación sean pésimas.
La iniciativa se hace cargo de parte del problema, pero solo de aquella que no va a traer un incentivo, a mi juicio, para que la población local esté contenta cuando vea una inversión de este tipo, a diferencia de lo que ocurre hoy día, en que todos se oponen, lo que es una realidad a nivel nacional.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Como todos sabemos, no correspondía tratar el asunto por no encontrarse en el Orden del Día. Hubo un acuerdo de la Sala para hacerlo.
Le damos la explicación al Honorable señor García-Huidobro, Presidente de la Comisión de Energía y Minería.
Su Señoría tiene la palabra.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- El Senador que habla estaba trabajando en la Quinta Subcomisión de Presupuestos, señor Presidente.
Informo acerca del proyecto de ley, que cumple su primer trámite constitucional en esta Corporación y se inició mediante un mensaje.
La Comisión que presido, a fin de ilustrarse adecuadamente, escuchó a diversos representantes de organismos públicos o privados, comenzando por el señor Ministro de Energía. Entre los expositores cabe destacar al ingeniero señor Sebastián Bernstein, de SYNEX Ingenieros Consultores; la investigadora señora Sara Larraín, del Programa Chile Sustentable; el Director Ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA) A.G., señor Carlos Finat; el Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., señor Rodrigo Castillo; el Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), señor Stefan Larenas, y el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Sergio Puyol.
La iniciativa, por una parte, persigue fundamentalmente disminuir, en las comunas con centrales de generación de energía eléctrica, las tarifas de los clientes regulados, y por la otra, acotar las diferencias de las de carácter residencial entre las distintas zonas del país.
El desafío de obtener precios razonables dice relación con una dispersión en las tarifas eléctricas residenciales a lo largo de nuestro territorio, lo que se expresa, por ejemplo, en que una cuenta de 180 kwh/mes fluctúa entre 16 mil 335 pesos, en las comunas que menos pagan, y 28 mil 754, en las que pagan más. Hay una diferencia del 76 por ciento. Disparidades de esta magnitud, tal como lo afirma el mensaje, no se observan en otros mercados interconectados.
Asimismo, se da la paradoja de que comunas intensivas en generación eléctrica tienen tarifas más elevadas que aquellas donde la producción no existe. Respecto de esto último, se puede constatar que en distintos países se retribuye la contribución desde la comuna generadora a los sistemas de generación centralizados. Así, en la experiencia comparada se han utilizado diversos instrumentos, como el reconocimiento a través de algún esquema de reducción en los precios locales de la energía. Pero en nuestro país no lo hay para aquellas comunas que hacen un aporte al sistema interconectado al contar con plantas generadoras.
Es oportuno recordar que la tarifa eléctrica a nivel residencial es regulada por ley y se construye sobre la base de los precios a nivel de generación y transmisión, a lo que se suman los cargos por distribución. Si bien las razones de costo asociadas a las economías de densidad de los sistemas de distribución justifican diferenciales de precios, en la práctica estos son significativos y pueden no dar cuenta de otro tipo de factores externos vinculados a los costos de aglomeración.
El Ejecutivo juzga que existen antecedentes suficientes para adoptar decisiones como Estado y fijar pautas de acción. En particular, observa la necesidad de reconocer a todas las comunas que aportan de manera relevante a la generación de energía de la que se benefician los ciudadanos.
Asimismo, si bien las diferencias de precios en las tarifas eléctricas entre comunas responden en parte a factores económicos objetivos, las asimetrías que se advierten son muy elevadas y no necesariamente dan cuenta de otro tipo de externalidades.
El Gobierno estima posible, por una parte, que en aquellas comunas con centrales de generación de energía eléctrica disminuyan las tarifas de los clientes regulados, y por otra, que se acoten las diferencias de tarifas residenciales entre las distintas zonas del país.
Para cumplir con tales objetivos, la iniciativa contempla dos medidas:
Primero, reconocimiento de la generación local (RGL), en virtud de lo cual se establece un descuento en el componente de energía de las tarifas reguladas -no solo las residenciales- de las comunas intensivas en generación eléctrica, lo que será asumido por los usuarios de comunas no consideradas intensivas en generación.
Si se atiende a las comunas de más intensidad en generación, conforme a la actual capacidad instalada y el número de clientes regulados, el mayor descuento que se alcanzaría si dicho criterio se aplicara hoy día es de un 35 por ciento. Con todo, se contempla la posibilidad de reconocer mayores factores de intensidad y alcanzar hasta un 50 por ciento. Lo anterior pretende, en relación con los costos asociados al suministro eléctrico, mantener una señal compatible con el beneficio que prestan las comunas con capacidad instalada de generación.
Segundo, Equidad Tarifaria Residencial (ETR), en virtud de la cual se modifica el componente "distribución" de las tarifas residenciales, hoy BT1, para que la diferencia entre el promedio de las cuentas a nivel nacional y la cuenta más alta no sea superior al 10 por ciento. Esta medida será financiada por todos los clientes sometidos a regulación de precios.
Los clientes regulados residenciales solo aportarán al financiamiento cuando estén bajo el promedio y tengan un consumo promedio mensual del año calendario anterior superior a 180 kilowatts -esto es muy importante, sobre todo para los sectores más vulnerables, que no van a quedar afectados-, en tanto el ajuste no signifique una tarifa sobre dicho promedio.
Este límite de 180 kilowatts busca que contribuyan al financiamiento de esta medida solo aquellos clientes de mayor consumo (lo que es consistente con los desafíos en materia de eficiencia energética).
Para ejemplificar sobre los efectos del proyecto, el mensaje arguye que la medida de Reconocimiento a la Generación Local (RGL) implicaría que 59 comunas del país podrían ver reducidas sus tarifas eléctricas entre 2,54 y 19,6 por ciento, dependiendo de la relación entre la capacidad instalada de generación que exista en la comuna y su número de clientes regulados.
Y la medida de Equidad Tarifaria Residencial (ETR) significará que la variación de las cuentas a nivel país, considerando una cuenta de 180 kilowatts/mes, podría fluctuar entre 16.959 y 21.968 pesos versus la actual diferencia, que oscila entre 16.335 y 28.754 pesos.
El efecto combinado de ambas medidas implicaría una disminución de tarifas en 238 comunas del total de 329 interconectadas a alguno de los sistemas eléctricos (SING, SIC, Aysén, Magallanes, Hornopirén y Cochamó), con disminución de tarifas que irían desde 0,3 hasta 44,1 por ciento.
El Ministerio de Hacienda ha señalado que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Energía, y en lo que faltare el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlo con cargo a los recursos de la Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público. En los años siguientes se estará a lo considerado en la Ley de Presupuestos.
Señor Presidente, este proyecto, si bien fue aprobado unánimemente por la Comisión, no está exento de complejidades que hicieron difícil su aceptación.
Así, por ejemplo, la región que yo represento aparece muy desfavorecida en el cálculo del Gobierno, por cuanto dos tercios de los clientes regionales sufrirán alzas, no obstante el aporte que mi región realiza al erario.
En la Región Metropolitana, el 25 por ciento de la población tendrá una rebaja en su tarifa, pero el resto se verá afectado por el aumento.
Siendo lo anterior de alta complejidad política, se solicitó al Ejecutivo estudiar otras alternativas que produjeran menos impacto en regiones con alta densidad poblacional.
Personalmente, creo que el Ministerio de Energía debería estudiar cuál es el promedio de las tarifas de energía eléctrica en Latinoamérica para adoptar una solución fundada.
Por otra parte, también se recordó en el seno de la Comisión que los proyectos energéticos ubicados en regiones sacrificadas suscitan problemas no solo de contaminación, sino también de costos de energía y de acceso al agua, como bien ya lo plantearon algunos señores Senadores.
Son, en general, regiones con baja calidad de vida. De allí que hubo parlamentarios que no fueran partidarios de que el proyecto se decantara por un criterio de mera neutralidad tecnológica. Y por eso mismo los beneficios que pudieran surgir de esta iniciativa legal también deberían considerar el tipo de tecnología de las centrales de generación y su impacto medioambiental.
Si se atiende a que existen tecnologías que contaminan y otras que no, es de toda lógica promover estas últimas. Esa ha sido la clara opción y voluntad política adoptada con la ley 20/25, por ejemplo.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Un minuto, señor Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Termino en dos minutos, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Dos minutos.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Además, se adujo la necesidad de mirar en este proyecto el principio de asociatividad con una perspectiva más integral.
El concepto de asociatividad, se dijo, es más amplio que el que propone el Ejecutivo, pues incluye la idea de que al instalarse un proyecto energético en una zona determinada la comunidad local se hace socia en el emprendimiento y participa tempranamente en sus resultados, debiendo existir un efectivo compromiso con el desarrollo comunal.
Por último, hubo convergencia entre los miembros de la Comisión acerca de la conveniencia de que este proyecto facilite y promueva el net metering. Se trata de una tecnología que constituye una importante oportunidad para el desarrollo de la autogeneración. En este sentido, la legislación debe abrirse a quienes quieran participar, removiendo obstáculos y estableciendo incentivos.
Al concluir, señor Presidente, quisiera hacer presente que la Comisión manifestó su inquietud a los personeros de Gobierno respecto del carácter abusivo de algunos de los cobros de servicios asociados que hacen algunas empresas distribuidoras, como los relativos al envío postal de la boleta o a la mantención y reemplazo del medidor, por lo que se solicitó al señor Ministro revisar y simplificar esta clase de cobros. Me permito precisar, además, que el Secretario de Estado expresó su disposición a discutir futuras indicaciones que perfeccionen esta iniciativa legal.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente, respecto de este importante proyecto de ley.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en verdad, es bueno considerar que las tarifas eléctricas -lo que cada vecino paga mes a mes, lo que gasta su vivienda por concepto de electricidad en sentido residencial- son tarifas reguladas y fijadas por el Estado a través de distintos decretos tarifarios. Primero el Ministerio de Economía y después el de Energía fijan las tarifas.
Por lo tanto, este siempre ha sido un tema de responsabilidad de los órganos del Gobierno que fijan las tarifas y generan, en algunos casos, situaciones de discriminación o situaciones que verdaderamente tienen poca explicación.
Un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra mencionó aquella que se da en Alto Biobío. La gente que vive en Ralco, capital de dicha comuna, despierta y ve dos grandes centrales y sin embargo paga las tarifas más caras. ¿Por una decisión de las empresas eléctricas? ¿Por una decisión de las centrales? ¡No! Por la decisión, primero del Ministerio de Economía, y después del Ministerio de Energía, que colocan como elemento esencial del decreto tarifario la densidad poblacional.
Tal es el mecanismo por el cual se fijan las tarifas, de tal manera que las ciudades más grandes terminan pagando menos que las ciudades, comunas y poblados más pequeños.
Si este proyecto verdaderamente revierte esa situación, creo que estaremos dando un paso adelante. Pero, sin duda, sería bueno conversar con el Ministro de Energía, que ha cumplido un rol muy activo en esta materia -no critico su ausencia el día de hoy, porque pensaba que este proyecto se vería mañana; por lo tanto, esta no es una crítica-, y con el equipo que lo acompaña en su Cartera acerca de qué efectos económicos va a traer consigo el cambio de tarifas, más allá de un menor costo para el consumo de las personas, como, por ejemplo, en la inversión.
Aquí hemos realizado ingentes esfuerzos para generar inversión en el sector eléctrico -porque hay muchos proyectos atrasados, por la interconexión, por el sector norte- y para remover los obstáculos que la dificultan. Aquí se señala que la gente va a pagar menos y todos quedan felices. Sin embargo, el Senador García-Huidobro, Presidente de la Comisión de Minería y Energía, ha señalado que el proyecto tendrá un costo fiscal que se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Energía y a los recursos del Tesoro Público.
La pregunta es: ¿por qué va a tener costo fiscal si la tarifa es pagada por los usuarios a un valor que se supone real y que hoy es calculado de una manera distinta?
Eso, sin duda, hay que aclararlo, señor Presidente, pues generar expectativas de que las personas van a tener una rebaja considerable en sus tarifas pero, simultáneamente, encontrarse con dificultades con el paso del tiempo no es bueno, no es aceptable, no es sano.
Apoyo el proyecto, porque no hay duda de que todas las comunidades a las cuales represento tendrán una rebaja significativa. De hecho, las menos favorecidas en la primera etapa también tendrán una rebaja importante en el mediano y largo plazo.
Por ejemplo, en Los Ángeles, que es la comuna capital y la más grande de la provincia del Biobío, donde existen 47.750 clientes de la Compañía General de Electricidad, la rebaja será de 3,9 por ciento y corresponderá a todo el mundo residencial urbano de la comuna. Pero, para la gente que vive en el sector rural, para los 13.233 clientes de Coopelan, pertenecientes al mundo campesino de Los Ángeles, la rebaja será de 23,2 por ciento.
Sin duda, es importante. Y si la tarifa se va a calcular de una manera distinta, sin atender a la densidad poblacional, pienso que estamos dando un paso adelante.
Sin embargo, como aquello no es explicado adecuadamente por las normas ni tampoco por el folleto que nos entregó el Ministerio de Energía en forma previa a esta sesión, creo que en la discusión particular, si queremos ser coherentes con las diferentes leyes que hemos estado aprobando en los dos últimos años, será necesario que el Ministerio de Energía conteste algunas preguntas.
¿Por qué el proyecto tiene costo fiscal?
Es la primera interrogante que considero fundamental dilucidar.
¿Significa que se está incorporando un subsidio a la tarifa eléctrica?
Ello no aparece explicado ni en el folleto entregado ni en el texto en discusión. Por lo tanto, sería bueno saber por qué habrá costo fiscal.
Segundo: ¿cuál será el efecto de una tarifa rebajada en estas circunstancias en el mediano y largo plazo? ¿Quiere decir que habrá menos o más inversión, que habrá más incentivos a la inversión en los sectores urbanos que en los sectores rurales, donde la tarifa bajará considerablemente?
Son cuestiones esenciales que nosotros debemos saber para poder decirle a la gente que verdaderamente recibirá cuentas de luz más bajas pero que ello también significará un beneficio en el mediano y largo plazo.
Yo he aprendido que las medidas que uno toma, particularmente las económicas, deben tener siempre sustentabilidad en el mediano y largo plazo, pues, de lo contrario, muchas veces son pan para hoy y hambre para mañana.
Los habitantes de muchas comunas del Biobío y de otras regiones van a recibir la muy buena noticia de que sus cuentas eléctricas serán más bajas, sobre todo en momentos en que el empleo presenta dificultades y la inflación está complicada, pero ojalá nosotros tengamos la responsabilidad de que ello sea sustentable en el tiempo, sin que signifique que solo haya incentivos para invertir en materia eléctrica en los sectores urbanos y no en los sectores rurales, los que, como sus Señorías han visto, experimentarán una baja considerable.
Voy a votar favorablemente el proyecto, porque la disminución en las tarifas y la eliminación del concepto de densidad poblacional en los decretos tarifarios me parecen avances relevantes.
Quedan dudas que, por supuesto, el Ministerio de Energía tendrá que disipar en la discusión particular, para iniciar un cambio importante en la determinación de las tarifas eléctricas, que -reitero- siempre han sido fijadas por la autoridad.
Por lo tanto, este cambio en su fijación no solamente debe estar explicado en términos de que la gente pague menos, sino tener una explicación económica más global, para que la inversión, sobre todo en los sectores rurales, siga siendo significativa.
Hace veinte o treinta años costaba mucho que la inversión en electrificación llegara a los sectores rurales de Los Ángeles y de la provincia del Biobío. Varios gobiernos tuvieron que generar programas de electrificación rural para que ella alcanzara a dichos sectores.
La pregunta es, entonces: ¿podrá significar esto un desincentivo para que la electrificación rural siga fluyendo?
Son interrogantes que espero que queden despejadas en la discusión particular, a fin de que esta buena noticia no genere dificultades que el día de mañana nos puedan complicar.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, primero, trataré de contestar una pregunta que hizo el Senador Pérez Varela: por qué se produce gasto fiscal.
La señora ALLENDE.- ¡Más personal!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Claro. La información que yo tengo es que se contratará a cuatro profesionales para manejar y regular el sistema que se establece en virtud de la ley. Aclaro que no es un subsidio ni hay subsidio cruzado.
En segundo término, creo que este es un proyecto de ley que contará con apoyo unánime. Y es una manera de hacer equidad territorial con quien produce algo que beneficia a todos y que muchas veces no le da ningún beneficio a quien lo produce.
En el caso de la comuna de San Clemente, la cuenca del Maule -y la Región del Maule en su conjunto- es productora de casi el 25 por ciento de la producción de energía hidroeléctrica, sin perjuicio de otros tipos de energía que pueda producir.
Sin embargo, se da una contradicción. En San Clemente las tarifas son más caras que en Santiago en un 20 o 30 por ciento, a pesar de ser una comuna productora de energía. En la cuenca del Maule hay más de diez centrales hidroeléctricas. Y se siguen instalando otras, porque es una cuenca muy productiva en ese sentido. En este momento se está instalando la central Los Cóndores, con una inversión de más de 700 millones de dólares.
Y ahí se genera la contradicción, como muy bien lo indica el señor Ministro en el folleto que nos entregó: en enero de 2015, por un consumo de 180 kilowatts, mientras en estas zonas rurales la tarifa era de 36 mil pesos, en Santiago era del orden de los 19 mil pesos.
Entonces, no hay ninguna equidad.
Y lo que está haciendo el proyecto es algo que apunta, directamente, en el sentido de la equidad. A unos se les da un beneficio, no porque vayan a recibir un subsidio, sino porque habrá otros que van a pagar más y que hoy están pagando menos. Según se nos ha informado, a cada cliente de Santiago abastecido por Chilectra le va a corresponder un mayor cargo de 1.400 pesos, durante dos años.
Eso significará que el resto de la población, ubicado en lugares donde existen plantas termoeléctricas o hidroeléctricas, obtendrá un beneficio. Aquí se va a hacer una especie de vasos comunicantes, de tal manera que las tarifas sean más equitativas para todos.
En la Región del Maule, tenemos el caso de San Clemente. Ahí la rebaja será, con la empresa Emetal, de 27 por ciento, y con la empresa Emelectric, de 13 por ciento.
En el caso de la Región del Maule en su conjunto, donde hay 123 mil clientes, vamos a tener una rebaja promedio de 11 por ciento. Y el beneficio será mayor precisamente en el mundo rural, donde la tarifa -lo recalco- es residencial, no industrial.
Las comunas beneficiadas son: Linares, con 17 por ciento; Longaví, con 27 por ciento; Parral, con 22 por ciento en uno de los sistemas; San Javier, con 11 por ciento; Yerbas Buenas, con 18,4, 25 y 29 por ciento, según el sector; Constitución, con 24 por ciento en un sistema y 19 por ciento en otro; Curepto, con 22 por ciento; Maule, con 24 por ciento con Emetal y 7 por ciento con otra empresa; Pencahue, con 7 por ciento en un sistema y 18,9 por ciento en otro; Río Claro, con 7,4 por ciento en un sistema y 24 por ciento en otro.
Si uno sigue revisando, se da cuenta de que este es un proyecto de ley que busca equidad en cuanto al pago de tarifas para los sectores que hoy están produciendo la energía y que no se dé la contradicción que se registra en la cuenca del Maule. Cuando uno sube ahí, la gente de esas comunas le reclama que la tarifa de electricidad es casi un 40 por ciento más cara que en Santiago.
Y hay casos extremos. Si ustedes bajan por el camino internacional Pehuenche, por donde escurre el río Maule, en todos los sectores verán pasar torres de transmisión. Y sin embargo allí hay gente que no tiene luz eléctrica.
El señor LAGOS.- ¡Son pocos!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Sí, pero no tienen luz eléctrica. Entonces hay que ponerles paneles solares. No se baja la energía eléctrica. Y la gente ve que pasan los cables por arriba de sus casas.
Ese es el tema.
Ojalá podamos aprobar este proyecto de ley, con todas las correcciones que se le puedan hacer, pues creo que va en el sentido correcto: beneficiar, sencillamente, a los sectores que muchas veces han tenido un sistema de fijación de tarifas que en vez de ayudarlos los ha perjudicado, a pesar de ser productores de energía.
Por eso, espero que ojalá aprobemos esta iniciativa y la trabajemos con rapidez y urgencia, porque la gente de esas comunas la está esperando.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, quiero aprovechar la televisión del Senado para llegar a la Región de Los Lagos. Sé que a esta hora un grupo importante de habitantes, especialmente de los sectores más apartados, aunque a veces cueste creerlo, ven el canal de nuestra Corporación, porque numerosas noticias dicen relación con aspectos muy esenciales para sus distintas comunas.
Quiero explicarles brevemente a quienes nos están viendo en la Región de Los Lagos que, evidentemente, este es un proyecto de equidad tarifaria residencial. Y, como bien se dice, aquí hay un esfuerzo de solidaridad con las regiones de Chile, pero no existe equidad con algunos sectores, como el caso de la Región de Los Lagos.
En verdad, estoy contento, pues esto va a permitir una rebaja sustancial en las cuentas. No obstante, claramente, por una parte hay comunas aisladas, como Ancud, Castro, Chonchi, Curaco de Vélez, Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Quemchi, Quellón y Quinchao, en Chiloé, y también Calbuco y Cochamó, en que la verdad son bien insignificantes las disminuciones. Y por otra, en Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Maullín, Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno, Puerto Octay, Purranque, Pullehue, Río Negro, San Juan de la Costa, San Pablo, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué, Palena, indudablemente hay rebajas importantes que llegan hasta 21 o 22 por ciento, según el caso.
En concreto, encuentro que aquí sale desfavorecida la isla de Chiloé, que tanto necesita, porque es una región que tiene bastantes problemas. Numerosas de sus islas cuentan con energía, pero muchas veces los costos son demasiado altos. Obviamente, se requieren subsidios, sobre todo si comparamos lo que hace el país vecino de Argentina en esta materia, su preocupación por las zonas aisladas, extremas. ¡A nosotros nos faltan políticas de Estado!
Entonces, si bien es cierto esta entrega que hace el Estado a través de la presente iniciativa busca mejorar el precio de las tarifas, también lo es que se castiga a nuestra isla de Chiloé. Y quiero tratar de graficarlo diciendo que en la actualidad existe un cobro muy desigual en las tarifas eléctricas residenciales a lo largo del país. Evidentemente, son tarifas muy costosas. Y, como es obvio, la tarificación eléctrica se compone de los elementos que aquí se han señalado: generación, transmisión, distribución masiva. En la actualidad, tanto la generación como la transmisión no registran mayores diferencias en sus valores a lo largo del país. En cambio, la distribución de electricidad presenta valores desiguales según la densidad de población de cada zona.
Por ello, celebro -y se lo dije al Ministro de Energía, Máximo Pacheco- que el Gobierno haya enviado al Congreso este proyecto de ley que introduce mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas y que tiene por propósito disminuir las diferencias existentes en las cuentas de electricidad de los clientes finales de las distintas zonas del país, con un claro objetivo de equidad territorial. Pero parece que esa equidad territorial no va a llegar a la isla de Chiloé.
En la misma línea, esta iniciativa también contempla el reconocimiento a la generación de energía en comunas productoras de esta.
Este proyecto de ley de equidad tarifaria residencial contempla dos medidas, como se ha señalado acá: equidad tarifaria residencial y reconocimiento a la generación local. Porque hay algunas comunas intensivas en generación de energía eléctrica, que tienen tarifas más elevadas respecto de donde no existe producción de energía.
En las experiencias internacionales -señala un informe- se retribuye la contribución que hacen las comunas generadoras mediante la utilización de diversos instrumentos.
Esta iniciativa establece un descuento en los precios de las cuentas de luz en las comunas intensivas en generación eléctrica, que será asumido por aquellas que no lo son. El impacto valorable del proyecto de ley en la ciudadanía es el siguiente: 2,7 millones de clientes, de chilenos, de familias van a ver disminuida la cuenta en 13,5 por ciento en promedio. La mayor contribución al financiamiento de las medidas de equidad tarifaria residencial la harán los clientes de empresas importantes que distribuyen la electricidad.
Sin embargo, señora Presidenta, quiero valorar esta significativa demostración de equidad en cuanto a que las distintas comunas que he mencionado van a tener una rebaja sustancial.
En los sectores que represento, cuando la cuenta baja 6 mil, 5 mil 900 o 7 mil pesos, la verdad es que influye mucho en los bolsillos de esas familias y pasa a ser una ayuda relevante que se valora.
No obstante, cuando hablamos de la isla de Chiloé, cuando hablamos de Cochamó, que son sectores aislados, deficientes en infraestructura -en algunos de ellos no hay luz-, la rebaja es de 1,8; de 1,3 por ciento. Entonces, aquí, lamentablemente, no existe equidad.
Creo que el Estado chileno tiene que tener, precisamente, políticas de Estado en materia de regiones y zonas aisladas.
Por eso, señora Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto de ley, porque claramente es un beneficio para la Región de Los Lagos y, obviamente, en este Parlamento vamos a coincidir todos en que esto representa un esfuerzo, un paso primordial para la ciudadanía. Y la Región que represento se siente beneficiada.
Con todo, quiero hacer un punto de inflexión: no nos olvidemos de la isla de Chiloé. Chiloé merece que el Gobierno fije su mirada en esta zona, pues tiene muchas necesidades de conectividad, de salud, de educación, de energía.
Así que, señora Presidenta, destaco este esfuerzo de solidaridad con las regiones de Chile, pero pido un poquito más de solidaridad con la isla de Chiloé.
Voto que sí.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Rabindranath Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, no voy a repetir lo que ha dicho mi colega Iván Moreira, Senador por la Región de Los Lagos, pues tiene toda la razón: este es un proyecto que busca la equidad y, desgraciadamente, tal como se ha manifestado, varias de las comunas de la provincia de Chiloé no reciben lo que debieran. Porque de las treinta de nuestra Región, dieciocho tienen una rebaja en las tarifas y doce, prácticamente, no la tienen o aumentan de 1 a 1,3 por ciento, en algunos casos.
Tampoco me voy a referir a lo que ha significado esta iniciativa. Ya se ha dicho lo que implica la equidad tarifaria residencial, a qué obedece el valor de las tarifas en cuanto a la generación, transmisión, distribución, etcétera, etcétera.
Quiero aprovechar esta oportunidad para referirme a los problemas energéticos, que representan un desafío para el desarrollo y que deben ser abordados en todas sus facetas por el Estado.
En los últimos años hemos sido testigos de diversas movilizaciones sociales a lo largo de nuestro país. Educación, salud, previsión, trabajo, son quizás las materias donde la conflictividad se ha hecho evidente para la opinión pública. Pero los problemas no acaban allí. Otra de las grandes razones del malestar social, han sido, sin lugar a dudas, los conflictos regionales. En la base de estos se encuentra siempre el mismo problema: los frutos del progreso y las ganancias parecen no ser compartidos con los habitantes de las regiones donde se producen.
Frente a ese panorama, los conflictos entre empresas energéticas y las comunidades van a ir en aumento si no tomamos cartas en el asunto. Aisén es quizás el ejemplo más mediático, pero vemos que este tipo de problemas comienzan a ser la regla y no una excepción.
El año 2014 el Atlas global de justicia ambiental ubicó a nuestro país en el puesto número 10 en el ranking de los países con más conflictos ambientales derivados de proyectos energéticos en curso.
Lo anterior pone de relevancia al menos dos situaciones que debemos atender oportunamente: por un lado, velar por la necesaria democratización regional, que entregue a las comunidades y a los ciudadanos, en general, servicios energéticos a precios justos; y por otro, impulsar una política medioambiental robusta, que ponga el acento en el uso de energías renovables. Y como ya ha señalado la Senadora Allende en la discusión en la Comisión, este no es solo un problema de dónde quedan los recursos, sino también de calidad de vida.
Habiendo mencionado esos antecedentes, puedo decir que, en mi opinión, este proyecto avanza en la dirección correcta. Las dos grandes aristas del mensaje buscan paliar algunas de las externalidades negativas aquí señaladas.
Así, mediante la implementación del principio de reconocimiento de la generación local se favorece a los habitantes de localidades históricamente postergadas y relegadas. Y espero que cuando haya mayor generación en Chiloé, las comunidades reciban los beneficios de aquello.
Y también está la equidad tarifaria residencial, que avanza en regular un mercado de servicios básicos, donde el derecho de cada ciudadano a contar con electricidad no pueda estar sujeto a la fijación arbitraria de precios.
Un Estado que defienda una economía social de mercado debe saber que los efectos negativos de la libertad de precios no pueden recaer en los consumidores, pues nuevamente los más perjudicados serán los habitantes de sectores con baja densidad poblacional, es decir, las regiones, y en especial, los sectores más rurales.
Si realmente queremos modernizar nuestro país, debemos saber salir del círculo vicioso en el que nos atrapa la centralización: la cosecha de los frutos de la inversión económica y energética debe favorecer a la población en general, y no solo a quienes ya viven en mejores condiciones.
Visto así, cabe también hacer mención de algunos aspectos por mejorar del proyecto.
El Ejecutivo ha hablado de un "impuesto verde" para paliar los efectos medioambientales a través de una compensación económica. Esto es a todas luces un avance, pero aún insuficiente. La calidad de vida de los habitantes no se puede ver mermada por el desarrollo energético, por lo cual es preciso saber poner en la balanza al menos dos factores más: por un lado, el fomento a la generación de energías renovables, y por otro, la búsqueda de los mecanismos más adecuados para hacer asequibles los servicios eléctricos en los sectores más vulnerables de la población.
Solo así, señora Presidenta, estaremos en condiciones de hablar de un verdadero desarrollo.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, creo que el Presidente de la Comisión, el Senador Alejandro García-Huidobro, hizo una excelente presentación del proyecto.
Por lo tanto, simplemente quiero hacer algunas observaciones que estuvieron presentes en el debate.
En primer lugar, este es un impacto más bien limitado. Si bien es cierto se establece un criterio de justicia al disminuir el rango entre los que pagan más y los que pagan menos, la verdad es que habrá un impacto en muy pocas comunas y con algún grado de significación.
En segundo término, en general las inversiones en las tecnologías más controversiales, las de mayor impacto negativo en la calidad de vida de la población, se concentran en las comunas pequeñas, que pagan mayores tarifas en el país.
Por consiguiente, visto desde ese punto de vista, se establece un cierto criterio estético de justicia. Pero -insisto- el impacto esperado es muy acotado y, en todo caso, no cambia cualitativamente la calidad de vida de estas comunas, sobre todo cuando se trata de comunas chicas, que son muchas veces las más precarias, como Tocopilla. Y donde, además, el tipo de tecnología utilizado es particularmente negativo, en especial en las más pequeñas, donde hay menos resistencia de la población a su instalación.
En tercer lugar, creo que en el debate fue evidente que, además de buscar mecanismos compensatorios, de manera que haya más justicia en el sentido de que las comunas que generan no paguen más, sino menos, existe el criterio de hacer más atractiva la inversión. Para ello se proponía establecer mecanismos que estimularan a las comunidades a aceptar inversiones, pues estarían asociadas a mejorar la calidad de vida objetiva de la población.
Se habló, por ejemplo, de asociatividad, de vincular el desarrollo local con los proyectos de inversión en todas estas materias. Pero para eso se requieren iniciativas bastante más de fondo.
Así, se planteó -el Senador Prokurica lo recordó hoy- un fondo de compensación pagado por las empresas, que hasta aquí no se han puesto con nada, para efectos de generar recursos que contribuyan al desarrollo objetivo y sensible de las comunas más pobres, que son las que reciben las inversiones de tecnologías más controversiales en materia de energía.
Al mismo tiempo, se mencionó una serie de otros mecanismos, como la patente de impuestos verdes; o el pago de patentes fiscales o municipales, de directo beneficio para las comunidades afectadas; un ordenamiento territorial que permita la coexistencia de estilos de desarrollo sustentables compatibles con las inversiones que se realizan.
Entiendo que existen algunas intenciones e iniciativas, como la formación de un comité interministerial en que participan nueve Ministros, que está estudiando maneras de buscar mecanismos de compensación a las comunas más afectadas por las inversiones en materia de energía -insisto-, sobre todo por las más controversiales. Ello, a fin de que las inversiones sean esperadas por la población debido a que invertir en una comuna significa realmente un compromiso de la empresa involucrada en la mejora objetiva de su calidad de vida y en su desarrollo sustentable.
Pienso que el proyecto es una primera señal, positiva por lo estético, por el criterio de justicia en las tarifas, pero no es suficiente para abordar la postergación y la vulnerabilidad de las comunas más pequeñas, que están llevando el peso en las inversiones, sobre todo en tecnologías controversiales.
Por lo mismo, dejo abierta la necesidad de elaborar un conjunto de otras políticas, que se discutirán en otras iniciativas, probablemente.
Sin embargo, en la discusión en particular de este proyecto creo que va a ser necesario que el Ministro de Energía haga una propuesta para beneficiar especialmente a las comunas, que no son más de diez, que están recibiendo la mayor parte de las inversiones en energías que no son renovables, sino por el contrario, las más controversiales, las de mayor impacto negativo en la población.
Quizás, el fondo de compensación aportado por las empresas pueda realmente contribuir a generar no solo localidades de sacrificio, sino localidades que puedan salir de su situación de precariedad a través de inversiones, que por lo demás tendrán que responder a estándares medioambientales mucho más razonables para las tecnologías hoy existentes.
En consecuencia, mi voto es a favor, pero con la esperanza, y más aún, con la condición de que en la discusión en particular se mejoren a lo menos los incentivos para las diez comunas más afectadas por las inversiones en tecnologías energéticas cuestionables.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señora Presidenta, primero, una vez más quiero reiterar en la Sala que si algo le ha hecho bien a este país es que por primera vez tenemos una agenda energética.
Lo digo con mucha seriedad, porque desgraciadamente perdimos bastantes años.
Chile no ha tenido una agenda con una mirada estratégica como país que reflexione sobre todos los temas energéticos, más en un país como el nuestro que presenta una tremenda vulnerabilidad y dependencia al no ser productor de gas ni de petróleo y, por lo tanto, depender de la importación.
Tenemos pocos actores -prácticamente, hay tres generadoras- que intervienen en la transmisión, en la generación. Ni siquiera tenemos los sistemas interconectados.
Y, en definitiva, se produce lo que hoy todos estamos viviendo: tenemos los precios más caros de la región. Y eso afecta a la competitividad de carácter más industrial en los proyectos mineros, obviamente.
Pero también perjudica en el ámbito residencial, que es la razón de ser de este proyecto. Por algo el nombre -vale mucho la pena- de "equidad tarifaria residencial". Se busca fijar un componente de equidad en las tarifas eléctricas, que son reguladas.
Para tal efecto, lo primero que hace esta iniciativa es reconocer la generación eléctrica local. Como aquí se ha expresado, existen comunas intensivas en dicha capacidad, pero no reciben compensaciones. Ello les causa evidentes externalidades negativas. Más encima, sus tarifas suelen ser incluso más altas que las que se cobran en comunas que no son generadoras, lo cual constituye una contradicción total.
En nuestra Región de Atacama, tenemos en la comuna de Huasco las centrales termoeléctricas Guacolda I, II, III, IV, V y VI. Y ha habido otros proyectos que -no sé si afortunada o desafortunadamente- quedaron paralizados, algunos incluso por acción de los tribunales de justicia.
En definitiva, se trata de una de las regiones con mayor número de generadoras eléctricas, lo que se dio como consecuencia de cuando nos cortaron el gas.
Pues bien, comunas como esa no reciben compensaciones.
Eso sí, comparto el juicio de que las empresas no hacen aportes.
Estoy de acuerdo con lo expresado por el Gobierno en cuanto a la necesidad de que todo proyecto que busca instalarse en una comunidad deba inicialmente desarrollar una asociatividad con la gente de esa zona. No hablo solo de la entrega de ciertos beneficios por un sentido de responsabilidad social, como empastar una cancha -es el tipo de contribución que normalmente se hace-, sino de asociatividad temprana. Esto quiere decir que los vecinos sean parte del proyecto, socios, y, en esa calidad, recibir las compensaciones adecuadas.
Entonces, además del reconocimiento de la generación local, debe haber equidad tarifaria.
Aquí se han mostrado las tremendas diferencias que existen en materia tarifaria, las que se originan no tanto por los costos de generación o transmisión, sino por los de distribución. A modo de ejemplo, se señala que, con un mismo consumo, la tarifa en Santiago es de 20 mil pesos y en Linares, de prácticamente 37 mil pesos. Nadie justifica tal dispersión, considerando exactamente el mismo proceso de generación y de transmisión.
Por lo tanto, señora Presidenta, la trasmisión es otro importantísimo componente de este proyecto.
Según indica el informe, el impacto de esta iniciativa será significativo: 2 millones 700 mil clientes verán disminuidas sus cuentas de luz en porcentajes variables, algunos en pequeñas sumas y otros en montos relativamente importantes, como es el caso, sobre todo, del Alto Biobío.
Sin embargo, no puedo dejar de señalar que en mi Región de Atacama, de un total aproximado de 91 mil clientes, 55 mil obtendrán una baja y 35 mil, un alza.
Al final uno queda con un gusto dulce y agraz.
Mi Región ya tiene muchas externalidades negativas. Además, cuesta mirarla en su totalidad, porque en esta materia las normas están pensadas en un enfoque por comuna. Es obvio que Huasco se va a beneficiar más, al igual que Diego de Almagro. Pero el resto de la Región prácticamente no.
Con el señor Ministro quedamos en ver más en detalle, durante el debate en particular, el componente de equidad, en atención a que algunas comunas sufren bajas en sus tarifas, mientras otras reciben alzas.
Pero hay que ser muy claro: ese no es el único elemento que debe considerarse a la hora de hacer el análisis regional y comunal pertinente. El país tendrá que avanzar en otros aspectos también.
Por eso celebro que este Gobierno propicie el uso de energías renovables no convencionales y entienda que necesitamos mejorar en este ámbito.
Asimismo, desarrollar el net metering constituye un paso importante para asegurar la eficiencia energética.
De igual modo, es relevante que todos los municipios -¡ojalá!- cambien sus luminarias. El Ejecutivo debe invertir en mecanismos de eficiencia energética mediante subsidios y aportes, para que los gobiernos comunales remplacen las luminarias. Hoy existen luces led mucho más económicas.
En definitiva, se debe procurar un mejor servicio y mayor calidad. Eso también nos va a ayudar.
Señora Presidenta, durante la discusión en particular habrá que analizar con mucho cuidado el detalle de las normas propuestas, con el objeto de precisar en cuánto subirá o bajará la cuenta eléctrica. En dicha tarea, resultan ser muy sustantivos los principios de equidad tarifaria y de generación local, y el reconocimiento de las externalidades negativas que la producción de energía implica.
Manifiesto mi voto favorable y reafirmo, una vez más, la importancia de contar con una agenda en materia energética que mire los próximos 30 años. Es esencial que este país asuma una mirada estratégica en busca de diversificar nuestra matriz productiva; que seamos capaces de invertir en energías renovables no convencionales, las que son más limpias.
Con la presente iniciativa damos un paso más, uno diferente.
Aquí no estamos hablando de producción, sino de equidad. Tal tema nunca se había planteado en estos términos.
Un señor Senador preguntó por el gasto de 300 millones de pesos en personal. Bueno, ese monto es para pagar aumento de dotación: un profesional más en la Subsecretaría de Energía, cuatro en la Comisión Nacional de Energía y tres en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Ello es necesario para implementar el proyecto.
Aprovecho de señalar que la SEC también tiene que fiscalizar los costos asociados a los servicios eléctricos.
Muchas veces se ha cobrado...
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Terminó su tiempo, señora Senadora.
Le doy un minuto adicional para que concluya.
La señora ALLENDE.- Gracias, señora Presidenta.
Decía que se les ha cobrado a los usuarios por una mantención que nunca se ha hecho, por ejemplo, a los medidores. Nosotros denunciamos tal situación en la Cámara de Diputados por muchos años, hasta que finalmente logramos que se regulara el asunto, con gran molestia -¡con gran molestia!- de las compañías generadoras.
Me alegro de haber dado esa batalla, pero creo que todavía falta mucho más.
Estoy convencida de que muchos de los servicios que se cobran no están plenamente justificados.
Hay diversos problemas de esa índole que aún no se resuelven.
Por ejemplo, el enjambre de alambres que se observa en nuestras comunas. Algunos son eléctricos y otros pertenecen a las empresas de telecomunicaciones. Ambos sectores no se logran poner de acuerdo. Y eso no solo es feo, antiestético, sino también peligroso. Muchas veces, producto de fuertes vientos o de otras situaciones, el cableado se corta, lo que provoca la caída de personas de la tercera edad. ¡Y nadie se hace responsable de ello!
Llegó la hora, como planteé en la Comisión, de que haya más fiscalización y una política proactiva en esta materia por el bien del país.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señora Presidenta, esta iniciativa, como sugiere su título, es muy innovadora.
En términos generales, las regiones estamos viendo solo compensaciones del tipo fondos espejo. Se asocian proyectos locales -como se discutió anteriormente- con aportes que se distribuyen a través del Ministerio de Obras Públicas, pero que, en definitiva, se destinan al Metro.
En la propuesta legislativa que nos ocupa, se plantea una equidad tarifaria para usuarios residenciales cuyo consumo promedio mensual sea menor a 180 kiloWatt/hora. Ello significa, de acuerdo al Mensaje de la Presidenta de la República del 21 de mayo pasado, que nadie de ese universo de personas puede pagar más o pagar menos del 10 por ciento respecto a otra tarifa.
Eso es equidad tarifaria, lo que resulta trascendental.
Si uno revisa la legislación y la institucionalidad eléctricas desde el año 74 hasta la fecha, notará que casi no hay regulación en este ámbito. Los mismos actores son los que han definido las reglas del juego. De hecho, participan en el Centro de Despacho Económico de Carga y son parte del Panel de Expertos, financiado por ellos mismos.
En la revisión de las tarifas se debe tener en cuenta el costo marginal, que varía según lo que cueste una unidad adicional al sistema. Si tal unidad corresponde a una central termoeléctrica muy ineficiente, ese valor influirá mucho en la tarifa.
En el caso de las distribuidoras, como su actividad se considera monopólica, es necesario compararlas con una empresa modelo, con las características que he señalado. Voy a entregar algún detalle adicional con relación a cómo se calcula el costo de distribución a través del valor agregado a la demanda.
La equidad tarifaria se comenzó a aplicar hace un par de años en la zona austral. Nuestra Región está servida por una compañía monopólica, la Empresa Eléctrica de Aysén, que genera, transmite y distribuye la electricidad. En su minuto dicha institución fue del Estado, pero este no hizo todas las inversiones en materia de energías renovables no convencionales, que la propia Región presenta como potencial.
Curiosamente, denunciamos en los años 90 y 91 el que esa empresa, siendo estatal, estaba realizando inversiones con plantas termoeléctricas a petróleo.
Posteriormente, se privatizó, contra nuestra voluntad. Y después dicha compañía, que pertenece al grupo Saesa -conformado por exprofesores de Canadá que administra sus fondos de pensiones a través de este instrumento-, mostró una sintonía mayor con la comunidad: construyó la primera central eólica de Chile (Alto Baguales); instaló una planta hidroeléctrica pequeña, y potenció las que ya operaban.
Sin embargo, como esa empresa, por constituir un monopolio, fija sus tarifas cada cuatro años sobre la base de una empresa modelo y, además, tiene garantizado el 10 por ciento de la tasa de actualización, ha mantenido su política de levantar también centrales termoeléctricas, aunque en forma equilibrada, mitad y mitad.
Considerando que el grupo Saesa es el propietario de dicha compañía, se consultó por qué no se comparte el costo de distribución con las demás empresas del holding, desde la Región del Biobío, pasando por La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, hasta Aisén.
Así surge el concepto de "equidad tarifaria": si se subiera la tarifa en un peso en el resto de las regiones, esta podría bajar un 30 por ciento en Aisén (de 150 a casi 100, por llevar el ejemplo a términos numéricos). En el fondo, la pequeña alza en los demás equilibra el asunto.
Este año en mi Región ya se aplicó una rebaja de 9 por ciento y, con esta futura ley, se fijará otra de 16 por ciento. Por tanto, vamos a llegar a una disminución tarifaria total de 25 por ciento.
A lo anterior hay que adicionar lo relativo al ahorro energético. Se debe invertir en aislación térmica, en calefactores, y desarrollar hábitos en todos los sectores, ya que por esa vía es posible ahorrar 30, 40 y 50 por ciento de consumo eléctrico.
Hago alusión a algo que acordó la propia Comisión: la necesidad de avanzar en el net metering. La iniciativa original en esta materia fue podada en el Gobierno anterior por influencia de las empresas distribuidoras. Cuando salió la ley, estas dijeron: "Triunfamos. Rebajamos el costo para no pagarle tanto a la gente".
O sea, la empresa le paga al cliente 50 o 60 por ciento de lo que ella cobra por lo que este genera. ¡Eso es absolutamente injusto!
Por suerte, los paneles fotovoltaicos han bajado su precio a casi un quinto de lo que costaban. La gente es más consciente y realiza programas de ahorro energético.
En todo caso, esta Sala ya aprobó una iniciativa para que a quienes tengan instalaciones menores a 10 kW se les pague al menos el 90 por ciento.
Por esa vía podemos hacer cambios muy de fondo. Ese es el incentivo de esta futura ley, que necesita tener aparejado este tipo de programas.
No debemos seguir subsistiendo con energías de origen fósil, sea petróleo, gas o carbón -o gas de esquisto, si quieren ser más modernos-, porque su uso, en el fondo, afecta la tarifa, provoca contaminación y, además, influye en el cambio climático.
Con respecto a esto último, va a haber un encuentro en París este año. En verdad, si no adoptamos soluciones de carácter profundo, no podremos garantizar la sostenibilidad del planeta. ¡Eso no es menor!
En ese sentido, Chile podrá dar el ejemplo, con sus potencialidades en materia de energías renovables no convencionales, con su ahorro, con su eficiencia y con su cogeneración.
Esta iniciativa de ley apunta en esa dirección, razón por la cual la votaremos a favor, como corresponde.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, hoy estamos debatiendo un proyecto emblemático.
En su oportunidad, durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados -yo era miembro de ella- planteó esta inquietud. Entonces pedimos al Gobierno una compensación para las comunas que presentaban externalidades negativas a causa de la generación eléctrica. En definitiva, la población afectada no recibía ningún tipo de compensación.
Por lo mismo, planteamos con fuerza la necesidad de un beneficio en ese sentido.
Por ejemplo, la comuna de Concón ha sido castigada con el accionar de varias plantas termoeléctricas. El funcionamiento de estas ha sobrecalentado las aguas del río Aconcagua, afectando su biodiversidad. Y no ha habido compensaciones adecuadas.
Hoy la Empresa Nacional del Petróleo está levantando un proyecto de generación de energía. Hablamos de este asunto cuando se debatió la modificación del giro de ENAP. En su minuto consideramos que esta compañía no podía producir energía para venderla al Sistema Interconectado Central, pues su giro no lo permitía. A tal punto llegó esa observación que terminó en un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso Nacional.
Adicionalmente, hemos señalado: "La Región de Valparaíso está tan cerca del cielo, pero muy lejos de Dios", refiriéndonos, fundamentalmente, a su relación con Santiago.
Nosotros hemos asumido todas las externalidades negativas de generar energía con centrales que alimentan el Sistema Interconectado Central. En el fondo, estamos exportando energía a la Región Metropolitana.
Cabe preguntarse: ¿por qué esta no cuenta con plantas generadoras?
Dicho lo anterior, deseo señalar que impulsamos con mucha fuerza esta idea. De hecho, fui autor de uno de los proyectos de acuerdo mediante el cual pedimos que se legisle sobre el particular. También sostuvimos conversaciones con el Ministro Tokman, Ministro de Energía del primer Gobierno de la Presidenta Bachelet. Pero, finalmente, esa iniciativa no fructificó.
Hoy la Administración de la Presidenta Bachelet, en su segundo mandato, tiene la oportunidad de cumplir la palabra empeñada con las comunas que se han visto afectadas por la generación eléctrica.
El proyecto que nos ocupa, como se ha indicado, establece dos conceptos adecuados.
El primero es la equidad tarifaria residencial, principio muy importante para evitar las brechas que existen en las tarifas, particularmente, entre las comunas de una misma región.
Y el segundo se refiere al reconocimiento de la generación local. Este punto, sin lugar a dudas, es uno de los que hemos planteado con mucha fuerza, imitando el ejemplo de algunos países -como Noruega- que otorgan compensaciones tarifarias bajo este criterio.
En lo que respecta a la Región de Valparaíso, de los 669 mil 56 clientes totales, recibirán una baja en las cuentas de la luz 603 mil 890. Estamos hablando de una variación total de 3,2 por ciento. Por tanto, el proyecto representa una muy buena noticia.
Cabe destacar la rebaja tarifaria en algunas comunas en particular: Los Andes, con 4,9 por ciento; San Esteban, con 4,9 por ciento; Limache, con 7,5 por ciento; Quillota, con 7,5 por ciento; El Tabo, con 3,4 por ciento; Llaillay, con 25,2 por ciento; Casablanca, con 21 por ciento (clientes de Emelca); Puchuncaví, con 7,7 por ciento (Conafe); Quintero, con 7,5 por ciento (Chilquinta).
El listado anterior demuestra que esta medida tiende a generar algún grado de justicia respecto de los usuarios que viven en comunas que han sufrido externalidades negativas.
Durante el transcurso de esta discusión legislativa se ha dicho que esta iniciativa incluye normas de equidad territorial, lo que también apunta en la dirección correcta.
En total, en el país 2,7 millones de clientes verán disminuida su cuenta de la luz.
Sin perjuicio de lo anterior, hacemos un llamado al Gobierno para propiciar un debate abierto a efectos de determinar qué tipo de matriz energética queremos para los próximos 20 o 30 años.
Tal discusión, lamentablemente, ha estado marcada por el populismo y por la falta de decisión política. Hay que entender que, para seguir siendo competitivos en el contexto de América Latina, el precio de la energía es una variable importante.
En ese sentido, llamo al señor Ministro de Energía -por su intermedio, señora Presidenta- a generar un debate nacional sobre el tipo de matriz que deseamos para el futuro. Se precisa un análisis sin ideologismos, que permita visualizar dónde queremos que esté Chile en los próximos años.
Por cierto, hay que cuidar la variable ambiental, materia de la que hemos estado muy preocupados. Por lo mismo, debemos considerar que el desarrollo del país requiere el acceso a energías renovables no convencionales, que son baratas y aseguran la sustentabilidad.
¿Tenemos desafíos por delante? Por supuesto.
La disponibilidad de dichas energías limpias es una ventaja de nuestro territorio. Pero no ha habido voluntad política para desarrollarlas con fuerza.
La eólica, la mareomotriz, la termoeléctrica son energías que siguen esperando su tiempo y su oportunidad.
Por tanto, el llamado que hacemos al Ministro de Energía es a focalizar la mirada del país respecto de aquello.
Señora Presidenta, apruebo este proyecto de ley. Va en la dirección correcta y responde a una inquietud que hemos tenido por más de ocho años.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso a los oficios que han llegado a la Mesa.