FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA DEMOCRACIA
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, con informe de la Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.790-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 36ª, en 21 de julio de 2015.
Informe de Comisión:
Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia: sesión 39ª, en 4 de agosto de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es establecer estándares más exigentes de transparencia y control de la actividad política. Para ello, se propone un nuevo concepto de propaganda electoral y se establece la forma y el plazo en que podrá realizarse; se regula la fuente de financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos, considerándose un aporte estatal permanente para estos últimos y un aumento al aporte público de las campañas y los candidatos. Se rebaja el monto que se puede gastar en una campaña y el límite de dinero que una persona natural puede donar y se prohíbe el aporte de las personas jurídicas a campañas o a partidos políticos.
En concordancia con lo anterior, se propone fortalecer las facultades de fiscalización y control del Director del Servicio Electoral en materia de transparencia, control y límites del gasto electoral, estableciendo el procedimiento administrativo sancionatorio aplicable al efecto.
La Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores García, Guillier, Harboe, Pérez Varela e Ignacio Walker.
Cabe tener presente que los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° permanentes, y primero y segundo transitorios, tienen el rango de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 18 a 40 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión Especial de Probidad y Transparencia, Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, paso a dar cuenta, brevemente, de este proyecto de ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, que en el fondo trata del financiamiento de las campañas y de los partidos políticos, como un aspecto de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y en la Política, en la cual estamos empeñados principalmente a partir de las conclusiones de la Comisión que nombró en su oportunidad la Presidenta Michelle Bachelet -ya conocemos su informe- y que presidió don Eduardo Engel.
En este momento estamos empeñados como Parlamento -es bueno que se sepa- en discutir, aprobar dieciocho proyectos de ley, incluyendo algunas reformas constitucionales. En la Sala se encuentra el Ministro Secretario General de la Presidencia, don Nicolás Eyzaguirre, quien está coordinando esta agenda desde el punto de vista del Gobierno.
Las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Probidad y Transparencia están trabajando en esta materia. O sea, hay tres Comisiones del Senado dedicadas a este tema, más los proyectos que está conociendo la Cámara de Diputados.
En la Comisión Especial nosotros ya despachamos un proyecto sobre límite a la reelección, que fue aprobado por unanimidad y que ahora se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y hoy, en la tarde, esperamos despachar en particular el proyecto sobre pérdida del escaño, que representa, evidentemente, una drástica sanción para las infracciones graves a la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.
Por lo tanto, quiero decir que no estamos de brazos cruzados. Estamos haciendo un trabajo en el Parlamento (Cámara de Diputados, Senado, tres Comisiones de esta Corporación) para analizar y tratar de despachar, durante el presente año, esta agenda ambiciosa, que -insisto- comprende aproximadamente dieciocho iniciativas de ley.
El proyecto en debate, que fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión Especial de Probidad y Transparencia, básicamente hace cinco cosas.
Primero, define qué es propaganda electoral.
Segundo, señala qué se entiende por gasto electoral.
Tercero, establece, por primera vez en la historia de Chile, normas sobre el financiamiento público de los partidos políticos.
Cuarto, comprende disposiciones relativas al Servicio Electoral. (Aunque sobre esta materia hay un proyecto de reforma constitucional, de ley orgánica constitucional, que aparentemente va a ser una indicación a esta iniciativa en la discusión en particular).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Excúseme, señor Senador, pero se me ha solicitado abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
El señor COLOMA.- Manteniendo los tiempos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Muy bien.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Senador señor Ignacio Walker, puede continuar.
El señor WALKER (don Ignacio).- Y quinto, la iniciativa se refiere, en los artículos transitorios, principalmente a la actualización de registros de los partidos políticos.
Lo primero que hace este proyecto es modificar la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, estableciendo la obligación de efectuar una declaración de patrimonio e intereses de los candidatos o candidatas e indicando los plazos para ello; incluyendo normas sobre radio y televisión con relación a los plazos contemplados, y definiendo qué se entiende por "lugares públicos" y por "espacios privados" desde el punto de vista de la propaganda, en fin.
Hay una serie de normas que, por supuesto, no voy a pasar a considerar en detalle. Estamos en la discusión general, aprobando la idea de legislar. Ojalá que así ocurra. Recordemos que la Comisión despachó por unanimidad esta iniciativa.
Por lo tanto, ahí hay un primer capítulo: qué se entiende por propaganda electoral, lo cual involucra una modificación a la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios.
En seguida, el artículo 2° se refiere al tema de los gastos electorales y señala cuáles son los montos máximos.
Estamos bajando prácticamente a la mitad el máximo que se permite de gastos electorales, regulándolos de mejor forma.
Se aumenta fuertemente el tamaño de los distritos o circunscripciones.
Entonces, seamos claros: mucho menos gasto (casi la mitad), prácticamente el doble de las circunscripciones o los distritos, pero en aras de la equidad, de la transparencia. Todas son materias que se regulan en este artículo 2°.
Asimismo, se aborda el financiamiento privado.
Sabemos que se elimina el aporte de las empresas a candidatos y a partidos y que se contempla solo el aporte privado de personas naturales. Evidentemente, en la discusión en particular esto también será debatido.
Reitero: se prohíbe cualquier aporte de empresas, de personas jurídicas.
En cuanto al tema del financiamiento público, hay normas muy importantes sobre el aporte del Estado, ya sea al comienzo o al final de la campaña. Entonces, existe una contribución del sector público, del erario.
En seguida, por primera vez en la historia de Chile se contemplan aportes de carácter público para financiar las actividades de los partidos políticos.
Además, se abordan los temas de la contabilidad y de la rendición de cuentas; de la transparencia y todo lo relativo a la publicidad del gasto electoral.
Ese es un segundo aspecto que toca el proyecto.
Repito: se dice, en primer lugar, qué es propaganda electoral, y, en segundo lugar, qué se entiende por gasto electoral.
En seguida vienen las normas que modifican la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos. Se señala qué tipos de aportes públicos se contemplan para el financiamiento de estos.
Hay una norma que contempla un 20 por ciento parejo -como quien dice- para los partidos políticos que cumplen con ciertos requisitos; y un 80 por ciento que, obviamente, se aporta a prorrata del desempeño electoral de estas colectividades, lo que parece de toda justicia.
Por tanto, por primera vez en la historia de Chile hay financiamiento público para los partidos políticos, aspecto absolutamente novedoso.
Luego está el artículo 4°, que deroga una serie de normas sobre donaciones y aportes de las empresas.
Y, posteriormente, el artículo 5° se refiere a cambios en el Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
Insisto: por cuerda separada estamos aprobando una nueva legislación e institucionalidad (reforma constitucional y legal) sobre el Servicio Electoral, dotándolo de facultades, recursos, atribuciones para poder cumplir con su cometido.
Finalmente, el proyecto contempla algunas normas transitorias que establecen, por ejemplo, la obligación de actualización de los registros de los partidos políticos para acceder a este financiamiento público.
En síntesis, se trata de un proyecto muy sustantivo que, junto con la iniciativa que otorga autonomía al Servicio Electoral, deberíamos despachar -ese es el parecer unánime de la Comisión Especial- en el curso de este año, antes de diciembre, porque en abril próximo empezaría a funcionar el sistema con miras a la elección municipal.
Ese es el informe breve, introductorio, que quería hacer.
Estamos votando la idea de legislar, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión Especial de Probidad y Transparencia.
He dicho.
)-----------(
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, solicito recabar la anuencia de la Sala para prorrogar, hasta el martes 11 próximo, el plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que establece marco para la gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor (boletín N° 9.094-12).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Les parece prorrogar el plazo hasta ese día, a las 20 horas?
--Así se acuerda.
)----------------(
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en Renovación Nacional vamos a votar a favor de este proyecto de ley.
Sin embargo, después del completo informe rendido por el Presidente de la Comisión Especial, Senador Ignacio Walker, quiero decir que nosotros consideramos que la iniciativa adolece de algunas deficiencias importantes, que plantearemos.
Qué duda cabe de que nuestra democracia pasa por un momento muy complejo y difícil, por una severa crisis institucional, debido a una serie de casos que han estallado durante los últimos meses y en virtud de los cuales se ha puesto en tela de juicio el financiamiento de la actividad política, cosa que lamentablemente agudizó la pérdida de confianza ciudadana hacia las principales instituciones democráticas del país, partiendo por la Presidencia de la República, pasando por los partidos políticos y terminando, por supuesto, en el Congreso Nacional.
Por eso, pienso que para revertir tal situación, para reencantar a los ciudadanos con nuestro sistema político, se hace prioritario y urgente realizar una serie de reformas que apunten a la línea que sigue este proyecto: fortalecer y transparentar nuestra democracia, ya que un sistema político estable y una democracia consolidada son fundamentales y constituyen la única vía para lograr las metas que todos decimos tener en política.
En tal sentido, resultan muy preocupantes los datos entregados por las mediciones estadísticas realizadas en el último tiempo.
La encuesta Adimark del mes pasado señala que 64 por ciento de los chilenos considera que la Presidenta no es "creíble", mientras que 63 por ciento no la considera "confiable". Del mismo modo, los partidos políticos alcanzan altos niveles de desaprobación, al igual que la Cámara de Diputados y el Senado.
Señor Presidente, la transparencia debe transformarse en la base principal de nuestra democracia, al objeto de poner atajo a las malas prácticas que hoy tienen en la UTI al sistema político, a través de un estricto control y fiscalización de un SERVEL moderno que cuente con atribuciones y el personal necesario. Además, resulta fundamental garantizar la transparencia en los propios partidos y evitar irregularidades durante las campañas o en los procesos electorales, principalmente en lo relacionado con el financiamiento del gasto electoral.
Me parece que este proyecto cumple los estándares y exigencias de transparencia y control de la actividad política. Para ello, como lo planteó el Presidente de la Comisión Especial, se propone un nuevo concepto de propaganda electoral.
Reconozcamos que sobre el particular ha habido mucha laxitud. En regiones había candidatos que comenzaban las campañas un año antes porque provenían de Santiago, porque eran desconocidos o por cualquier otra razón. Y empezaban con la propaganda.
Quienes queríamos cumplir la norma acudíamos a las autoridades y les decíamos: "Este caballero ya partió con la propaganda". Pero ellas nos respondían: "No dice `vote por'".
Es algo ridículo, absurdo, porque nadie pone su foto en otra parte que no sea su casa, a menos que se encuentre en una campaña de algún tipo.
Se establecen también la forma y plazos en que podrán realizarse las campañas electorales, pero con claridad; se regula tanto su fuente de financiamiento como la de los partidos políticos, y se considera por primera vez un aporte estatal para esas colectividades.
Esto último -sé que no es popular, como se ha planteado aquí- lo solicitamos en 2006 y en 2012, mediante un informe que nos tocó elaborar en Renovación Nacional, porque creíamos que los partidos tienen una dependencia del aporte de empresas o de privados que no es sana a veces y que ha redundado en todo lo que hemos conocido en el último tiempo.
En concordancia con lo anterior, se propone fortalecer las facultades de fiscalización y control del Director del Servicio Electoral en materia de transparencia, control y límites del gasto electoral, estableciendo un procedimiento administrativo y sancionatorio aplicable al efecto. Porque, si no hay sanción, en Chile nadie cumple las normas.
Considero que este proyecto se suma a un grupo de iniciativas impulsadas -algunas desde el Gobierno y otras desde el Parlamento- por distintos sectores políticos, cuyo fin es actualizar, fortalecer y transparentar nuestro sistema democrático y la actividad política propiamente tal, a fin de reemplazarlo por uno más transparente y participativo, que permita rendir cuenta directa ante la ciudadanía.
Soy un convencido de que tener mayor transparencia nos ayudará en esta tarea, en el quehacer público, y evitará que algunos se atrevan a usar mal los recursos o a hacer campañas en las que, en definitiva, utilicen fondos con anticipación, dineros que no corresponden o se pasen en el nivel de gastos.
Sin embargo -otras veces hice presente el problema aquí-, pienso que esta iniciativa tiene un grave defecto.
Por un lado, parece que su principio inspirador apunta a que las empresas y quienes hacen aportes no deben intervenir ni en política, ni en la actividad de los partidos, ni en las decisiones de los parlamentarios. Lo mismo ocurre con las campañas: establece más transparencia, prohíbe el aporte de las empresas y fija un límite para que no haya corrupción o una mala práctica dentro del proceso democrático.
Pero, por otro lado, da la impresión de que quienes elaboraron el proyecto nunca han participado en una campaña electoral o no les ha tocado competir con candidatos de Gobierno, porque no hay una sola letra -¡ni una sola!- que haga referencia a la intervención electoral.
Al respecto, quiero ser majadero, ya que el Senador Rossi me hace señas, y repetir -no la tengo a mano, pero la recuerdo- la frase de un Senador del partido de Su Señoría que se sentaba al fondo de la bancada, quien partió diciendo en su primer discurso en la Sala: "Ahora entiendo a la Oposición".
Me refiero a Camilo Escalona.
El señor MONTES.- Perdón, ¿quién es?
El señor PROKURICA.- Camilo Escalona, un militante de su Partido, ¡aunque lo hayan echado al olvido...!
Él comenzó su intervención así: "Ahora entiendo a la Oposición: me tocó luchar en contra de todo el Gobierno, que puso a las empresas a su servicio para trabajar a favor del candidato que competía conmigo".
Me pregunto dónde están los recursos provenientes de CODELCO, de la ENAP, de los programas de generación de empleo, de CHLEDEPORTES y de una serie de malas prácticas como la inauguración de los trenes que nunca partieron (se inauguraron una serie de estaciones y se hicieron compromisos), el uso del proceso legislativo como forma de intervención electoral, y las urgencias.
Hablando de estas últimas, no he escuchado ningún reclamo de los parlamentarios de Gobierno por que en la primera página de la Cuenta de hoy haya 15 proyectos con urgencia calificada de "suma".
Recuerdo que el pobre Ministro Larroulet era vapuleado permanentemente por las bancadas del frente cuando había dos, tres o cuatro iniciativas con urgencia.
¡Ahora hay 15 con urgencia "suma"!
Considero que -lo hicimos ver en una propuesta de Renovación Nacional- la intervención electoral no puede quedar ajena a estos proyectos de ley. De lo contrario, cometeremos otro error: les vamos a prohibir a las empresas hacer aportes. Y ello, a pesar de que en los últimos tiempos, según los informes elaborados, hemos visto que ¡los aportes empresariales eran más suculentos para las bancadas de enfrente que para estas...!
Sin embargo, nada se ha dicho sobre la intervención electoral mediante las empresas del Estado y a través de los recursos fiscales. Por ejemplo, los gastos reservados; los programas del FOSIS, y una serie de diversos procesos, como las reformas constitucionales y otras cosas que se utilizan como mecanismos de campaña, lo que, en mi concepto, no le hace bien a Chile.
Por eso, Renovación Nacional presentará indicaciones para corregir este proyecto, pues el principio inspirador que todos estamos señalando es el de que ojalá no haya intervenciones de terceros -ni de las empresas, ni del gobierno, ni de particulares- que hagan que nuestra democracia se debilite más que lo que todos sabemos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- El Ministro Secretario General de la Presidencia, don Nicolás Eyzaguirre -aprovecho de saludarlo-, solicitó el ingreso de don Tomás Jordán...
¿No?
El señor PROKURICA.- No. Y voy a expresar mi opinión.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si dice que no, señor Senador, para qué hacerlo.
El señor PROKURICA.- Pido la palabra.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- La tiene, Su Señoría.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, aquí, en el Parlamento, se despachó un proyecto donde se consignaron quinientos millones de dólares para ayudar a la reconstrucción de la Región de Atacama.
En esa misma iniciativa se estableció la obligación del Ministro de Hacienda de rendir cuenta al 31 de julio de los recursos entregados.
El Intendente y las autoridades locales dicen: "Se acabó la plata. No se puede seguir sacando el barro". Y aquí sostienen que la mandaron.
¡Se están tirando la pelota!
Pero quien sufre la situación es la gente de Atacama.
Entonces, manden el informe, cumplan la ley y entran.
El señor MONTES.- ¿Qué tiene que ver eso con los partidos políticos...?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, creo que este proyecto de ley es bastante claro, simple y acotado en sus objetivos: reformar la actual legislación para fortalecer el sistema democrático.
Al efecto, introduce una mejor definición de gasto electoral.
Rebaja el límite del gasto electoral, lo que parece bastante prudente, por los montos que se gastaban.
Publicidad de los aportes de campaña: obliga a constituir una cuenta única.
Aumenta el aporte estatal a los partidos políticos.
Prevé beneficios consistentes en aportes permanentes para el financiamiento de esas colectividades.
Prohíbe el aporte de personas jurídicas a campañas electorales.
Introduce mayor fiscalización y sanciones.
Por consiguiente, podríamos decir que, en general, es un buen proyecto.
Pero, a mi juicio -y lo hice presente en la Comisión durante la discusión y aprobación de la idea de legislar-, tiene algunas debilidades.
En primer lugar, no se hace cargo de reformas anteriores que parecían apuntar en la dirección de abrir el sistema político chileno no solo a los partidos que ya conocemos, sino también a partidos regionalistas, temáticos y de otra naturaleza, propios por lo demás de esta llamada "sociedad o era de la información", lo que se contempla en la reforma del sistema binominal.
Pero aquí no aparecen aportes financieros a candidatos independientes, salvo que vayan en la lista de un partido político. Y tampoco se consideran aportes a partidos constituidos legalmente pero que aún no cuentan con representación parlamentaria.
Una de las características de las sociedades modernas -y Chile está dando claras señales en esa dirección- es la de que en los procesos políticos actuales los partidos no son los únicos actores del sistema; no poseen el monopolio de la política, y más bien deberán convivir con diversas organizaciones que tienen objetivos y estrategias. Y ello tiene que ver con la toma de decisiones colectivas, lo que aquí no se toma en cuenta.
Por cierto, voy a aprobar la idea de legislar. Sin embargo, considero que esta iniciativa tiene todavía un déficit y, sobre todo, no es coherente ni con la reforma al binominal ni con los propósitos planteados en ella en cuanto a una mayor diversidad en la representación social.
Con esa limitación, que espero se revise en la discusión particular, voto que sí.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Sin duda, señor Presidente, de entre los proyectos que debemos discutir en el ámbito de la denominada "Agenda de probidad", este es uno de los más relevantes.
Ciertamente, la ciudadanía no podría comprender que en la próxima elección a que se la convoque no existiera una nueva institucionalidad en cuanto a financiamiento tanto de los partidos como de las campañas; a las mayores atribuciones que requiere el Tribunal Electoral para llevar adelante los procesos relacionados con la legislación en proyecto, y a las facultades de que debe estar dotado el Servicio Electoral, pues con las existentes hoy será incapaz de cumplir en forma adecuada las normas sobre fiscalización previstas, que a todas luces son absolutamente necesarias.
Por lo tanto, llamo al Senado a ser riguroso frente a este proyecto y. también, a actuar con rapidez, porque en marzo del próximo año deberemos tener resueltos seis o siete proyectos vinculados al que nos ocupa esta tarde, para poder decirle a nuestra ciudadanía que los siguientes comicios tendrán reglas claras, transparentes y fiscalizables.
Señor Presidente, a propósito de lo que expresaba el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, quiero decir que esta iniciativa es coherente con lo que se hizo aquí al aprobarse la reforma al sistema binominal: en la práctica, se excluyó a los independientes de todos los procesos electorales para Diputados y Senadores.
En el sistema binominal era difícil que un candidato independiente ganara, pues debía derrotar a dos candidatos. Con lo que aprobó aquí la mayoría, hoy ese independiente tiene que vencer a lo menos a seis candidatos.
Por consiguiente, digamos las cosas como son: este proyecto, que vela por el financiamiento de los partidos y de las campañas de los candidatos, no hace referencia a las candidaturas de los independientes, pues, claramente, en las elecciones parlamentarias un independiente no tiene ninguna opción de llegar a una de las Cámaras, salvo que vaya en la lista de un partido.
Entonces, a ese respecto, esta iniciativa es coherente con lo que se determinó hace algunos meses al aprobarse el denominado "nuevo sistema electoral", que remplazó al binominal.
En mi concepto, señor Presidente, es absolutamente necesario tener una legislación que establezca con claridad el financiamiento tanto de los partidos cuanto de las campañas.
Asimismo, resulta del todo indispensable que, como lo dispone este proyecto, el SERVEL tenga facultades fiscalizadoras.
Es completamente necesario, por otra parte, que exista un marco regulatorio sobre lo que se entiende por propaganda, por gasto electoral, por aportantes a las campañas.
Eso no se halla en discusión.
Sí pueden estar en discusión las normas de esta iniciativa.
En definitiva, ¿qué espera la ciudadanía de la nueva institucionalidad? Que sea transparente y fiscalizable.
Esos dos elementos tienen que estar presentes en cada norma del proyecto que nos ocupa.
Institucionalidad transparente: que la gente sepa cuáles son las declaraciones de intereses de los candidatos, cosa que esta iniciativa asume, porque ya en las primarias los postulantes deben consignar su declaración de intereses y patrimonio, lo que, a mi entender, reviste importancia.
De igual modo, tiene que existir claridad sobre quiénes son los que aportan a las campañas; debe haber transparencia en cuanto a cómo se gastan los recursos, y todo ha de ser fiscalizable, para que tanto la ciudadanía como el SERVEL conozcan las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos y de las directivas de los partidos, e igualmente, sepan cómo unos y otras acceden a los recursos y de qué manera los gastan.
Eso ha de estar presente en la ley en proyecto. Y es uno de los avances que necesariamente debemos destacar.
Sí, esta iniciativa es distorsionadora en la medida que entra en extremo al detalle. De ese modo, entre otras cosas -lo expresamos en la Comisión-, generará una dificultad real en el área de la fiscalización. Y ello complicará muy especialmente al órgano fiscalizador: el Servicio Electoral; en primer lugar, por la presencia territorial que deberá tener.
Voy a dar solo un ejemplo.
Como habrá que fijar los lugares donde se podrá instalar publicidad de carácter electoral, en el caso de la Región del Biobío el SERVEL deberá tener presencia, para visualizar bien, en Tirúa, Coronel, Coelemu, Lota, Los Ángeles, etcétera.
Entonces, puede ocurrir que alguien que desee apoyar a determinado candidato ponga un letrero de este en su casa; y si esa clase de propaganda no se halla dentro de los parámetros legales, el problema no tendrá fin. Pero también es factible que el adversario de cierto candidato coloque un cartel de este en un lugar prohibido para desatar una gran conflictividad.
Normar las cosas en extremo -reitero- puede forzar a disponer de un Servicio Electoral de enorme presencia territorial. Pero todos sabemos que será difícil que ello acontezca.
Ante tal situación, en la Comisión un distinguido Senador señaló: "La ley se acata, pero no se cumple".
Esa expresión puede adquirir fuerza si empezamos a regular hasta lo mínimo.
Lo obvio es que hemos de tener un sistema transparente y fiscalizable.
En tal sentido, este proyecto permanentemente trata de decir que se gaste menos que antes.
Antes a lo mejor el gasto era mayor porque no existía ningún tipo de control; y quizá se gastaba mucho más que lo que se decía. Empero, si hay un buen mecanismo de control y un sistema transparente de información, los máximos no son tan importantes. Lo relevante es lo otro: la transparencia del gasto y su fiscalización.
Tal como expresó el Senador que informó el proyecto en la Sala, en algunas regiones el territorio y la población se amplían al doble, pero los límites se bajan a la mitad. No hay relación entre la nueva exigencia y la realidad.
Por consiguiente, cuando la realidad no se halla representada adecuadamente en la ley, se procura arreglar la situación por fuera.
Tanto busca este proyecto los detalles que tal vez se le pasó uno.
Porque las empresas no pueden aportar y los aportes de las personas son extraordinariamente reducidos. Entonces, el candidato va a tener como fuente básica de financiamiento el aporte estatal directo; el aporte del Estado indirecto -llamémoslo de este modo- en función de los votos recibidos, y los dineros que pueda conseguir de personas naturales, los cuales deben ser transparentes y públicos.
Sin embargo, no se consigna ninguna norma que regule los recursos del candidato. Por ende, un postulante millonario no va a tener límite para gastar y llevar adelante su candidatura.
En consecuencia, el acento no debe ponerse en los límites, sino en la transparencia y la fiscalización.
Si empezamos a regular hasta el extremo, solo conseguiremos que en las candidaturas haya permanentemente dificultades, denuncias y reyertas, y seguiremos destruyendo el sistema político, en circunstancias de que nuestra obligación es enaltecerlo y engrandecerlo con normas claras, objetivas, simples, y además, transparentes y fiscalizables.
Lo otro significa tratar de regular desde un escritorio algo absolutamente vivo: las campañas y la vida de los partidos.
Lamentablemente, no tengo tiempo para referirme a la situación de los partidos.
El Senador Prokurica desarrolló de manera brillante lo relativo a la intervención electoral.
Pero es menester analizar la situación de los partidos: cómo se financian; de qué manera deberán estructurarse para recibir recursos, en fin. Esto, teniendo presente que para ellos va a existir financiamiento público previo y, en función de los votos, posterior a las campañas.
En consecuencia, la participación del Estado en la actividad electoral será extraordinariamente potente.
Uno podrá tener juicio de valor en cuanto a si aquello es bueno, más o menos, o malo. Pero no hay duda de que no se puede colocar solo al Estado como ente de financiamiento, ya que no es neutro. Y como no es neutro, va a jugar un rol sobremanera relevante. Porque la fiscalización la hacen organismos del Estado. Además, este -reitero- financia. Entonces, quienes dirijan el Estado van a tener partidos políticos que lo respalden. Y eso puede generar riesgos muy significativos.
Como dijimos en la Comisión, el debate en particular va a ser importantísimo.
Por eso, señora Presidenta, el lunes próximo, a las 5 de la tarde, la Comisión de Probidad y Transparencia celebrará en Santiago una sesión (están invitados diversos expertos) para que empecemos a analizar en detalle y con precisión la ley en proyecto, que -insisto-, siendo absolutamente necesaria e indispensable, debe caminar adecuadamente.
Aquí no hay margen para el error, para la equivocación.
Tenemos poco tiempo. De modo que debemos actuar con bastante rigor, para resolver de manera apropiada los problemas que hoy día afectan a la vida política nacional.
Hoy la gente ve claramente que el financiamiento de la política es, a lo menos, irregular.
Yo creo que el cuerpo vertebral de este proyecto -he intentado resaltarlo durante mi intervención- lo constituye el hecho de que sus normas sean transparentes y fiscalizables, y no lleguen a la regulación extrema, porque es factible que eso, que puede ser una tentación, marque el inicio de un problema mucho más relevante que el existente hoy.
Nosotros vamos a aprobar la idea de legislar porque consideramos que esta iniciativa es necesaria. Empero, nos parece evidente que su articulado requiere perfeccionamientos sustantivos, que espero se den en la discusión particular.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, no cabe duda de que este proyecto de ley, sobre fortalecimiento y transparencia de nuestra democracia, que apunta a mejorar la calidad de la política y busca mayor transparencia y regulación en el financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos, es sumamente importante y muy oportuno.
Nuestro país vive una situación delicada en materia de confianza, de credibilidad ciudadana y del funcionamiento de la institucionalidad pública.
En estricto rigor, uno podría decir que se desconfía de distintas instituciones de nuestra sociedad; pero no solo de aquellas que tienen que ver con la política, sino también de las de otros ámbitos.
Hay desprestigio del sector empresarial, del sector privado.
Existe sensación de abuso en lo que respecta a entes que revisten importancia en la sociedad chilena.
Las instituciones permanentes también tienen niveles de descrédito: nuestras policías, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Iglesia, las universidades.
Estamos frente a una situación de falta de credibilidad ciudadana.
Por consiguiente, el fortalecimiento y la transparencia de nuestra democracia tienen que ser una prioridad no solo para quienes hoy somos actores en la política por decisión de los ciudadanos -sea en el Congreso Nacional, sea en el Gobierno, o bien, dirigiendo las organizaciones partidarias-, sino para la sociedad en su conjunto.
Me parece que la iniciativa apunta en la dirección correcta, frente a la ausencia de un sistema de financiamiento de la actividad política, y por lo menos abarca dos aspectos esenciales: las campañas electorales, en términos del gasto y de la forma de desarrollarlo, y la procedencia de los fondos, en cuanto a quienes pueden aportarlos para financiarlas y al control por la instancia adecuada, que es el Servicio Electoral. Este organismo va en otro proyecto, tendiente a fortalecerlo y a dotarlo de recursos y de capacidad de fiscalización para garantizar el cumplimiento de lo considerado ahora.
A mí me parece que una primera decisión ante al problema es si estamos en condiciones, aunque ello sea impopular -y ya se ha generado un cierto debate-, de lograr un financiamiento público de las campañas y del funcionamiento de los partidos.
Estamos de acuerdo con el planteamiento. Creemos que es esencial terminar con la sensación generada por la ausencia de un sistema de financiamiento de la actividad pública y los aportes irregulares o anormales a las campañas. Y debemos tener la valentía de encarar un asunto tan delicado y sensible en un país como el nuestro, con muchas prioridades desde el punto de vista social. Porque, si en una democracia sin posibilidades de expresión de su pluralismo, de los matices de su sociedad, y que es dinámica, que se va modificando en términos de las instancias a través de las cuales se expresa la diversidad de ideas, de propuestas, de proyectos, no existe la capacidad de enfrentar el costo del financiamiento de la actividad pública, entonces se puede caer con facilidad en extremos peores, donde no haya garantía de una igualdad de oportunidades para participar en los procesos eleccionarios, pues eso dependería de quien contara con los recursos, de donde se obtuvieran.
La experiencia en países donde ello no se ha regulado y se ha dejado libre es la peor de todas, mucho más que la que nosotros hemos vivido. Los candidatos terminan siendo pasto fácil de otro tipo de poderes. Colombia es una sociedad democrática, pero que sufrió el financiamiento de la política a través del narcotráfico o de grupos del crimen organizado, lo que la tuvo en crisis durante muchos años, evidentemente generándose condiciones de inestabilidad que no garantizaban calidad de vida a los ciudadanos.
Por lo tanto, no podemos dejar de tener en consideración este tipo de aspectos. Y es preciso hacerlo con el realismo que ello implica y la transparencia que la sociedad chilena requiere.
A mí me parece bien que se redefina el concepto de gasto electoral.
Me parece bien que el proyecto disponga que el aporte estatal a los partidos al inicio de las campañas deba ser claro, transparente, público y fiscalizado.
Me parece bien la rebaja del gasto electoral, aun cuando en la nueva legislación vayan a aumentar los distritos. Y ello indudablemente va a significar que los candidatos tengan que llegar a más electores.
Pero el sistema proporcional que hemos planteado presenta otras ventajas: la diversidad de candidatos será mayor. Por lo tanto, cada partido irá construyendo nichos electorales en cada distrito, lo que les permitirá hacer campañas más focalizadas, seguramente, y centradas en las ideas, en la capacidad de las personas, en las propuestas.
El tiempo es poco, en realidad, para abordar todos los temas, pero vamos a necesitar -ello se toca en el proyecto- colectividades políticas modernas, con transparencia en la toma de decisiones, con democracia interna, con capacidad de formación de militantes, no solo valórica o doctrinaria, sino también política. Se trata de desarrollar un diálogo y un debate más de ideas que de mercadotecnia o de fotografía o de recursos o de regalos o del cohecho, el cual, muchas veces, se disfraza por la vía de subsidios a potenciales nichos de electores.
Es preciso comprender que la forma de hacer política tiene que cambiar y que los partidos han de modernizarse. Por eso es que estamos de acuerdo con el proceso de actualización del registro de afiliados, con la transparencia en la declaración de intereses y patrimonios de los dirigentes de colectividades políticas, con que los partidos jueguen el papel que desarrollan, muchas veces, algunos institutos en que se recibe financiamiento, pero encubierto o disfrazado, para las actividades políticas o de formación.
Juzgo que esta es una oportunidad, por muy compleja que sea la situación que está viviendo el país. Pero no cabe duda de que va en la línea correcta.
Lo que importa es ir progresando también en la calidad de nuestra democracia. Y por eso es que se requieren la capacidad y la posibilidad de adaptarse a los nuevos desafíos.
La discusión que se está dando sobre el financiamiento de la política implica varios factores: primero, la evolución histórica del proceso de reformas dirigidas a una profundización más democrática, y segundo, obedecer a las prioridades fijadas por la agenda de la Presidenta Bachelet en términos de avanzar en probidad y transparencia.
Y, sin duda, el cambio del sistema electoral parlamentario va a obligar a la generación de fórmulas de trabajo político completamente distintas.
Estimo que un mecanismo eficaz y transparente que garantice de manera adecuada el financiamiento de la democracia es clave para un buen funcionamiento del sistema político. Por eso, ante la desafección existente respecto de la política, de los partidos, del Congreso, del Gobierno, de los gobiernos locales y regionales, de toda la institucionalidad democrática, la manera que tenemos de ir recuperando la confianza es por la vía de aprobar y despachar este tipo de proyectos, que se hallan dentro de la agenda y del debate.
Seguramente ello no va a ser noticia mañana en los medios, por desgracia. Sí la constituyen, en cambio, el escándalo, los aspectos morbosos, no lo que adelantamos en el Congreso en el mejoramiento de nuestro sistema democrático, partiendo de la base de la necesaria autocrítica y del reconocimiento de una realidad que necesariamente debemos cambiar.
Vamos a votar a favor.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- El Honorable señor Quinteros no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señora Presidenta, el escenario en el cual estamos legislando se enmarca en una crisis de confianza hacia todas las instituciones de la democracia, tal como lo demuestra el Informe de Politización del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Por lo tanto, el objetivo que se persigue es otorgar un mayor control ciudadano al establecerse condiciones que permitan una mayor equidad para acceder a los cargos de elección popular; garantizarse la autonomía de los representantes democráticamente electos y regularse especialmente la relación entre el dinero y la política, y transparentarse el financiamiento de esta última.
La ciudadanía exige a sus representantes que las decisiones políticas y legislativas se sometan a estándares mucho más altos de transparencia y estén sujetas a mecanismos de control. Eso desincentiva la corrupción y permite la fiscalización de su parte, lo que es clave para asegurar que los intereses particulares no se antepongan a los generales. Por ello, la eliminación de los aportes anónimos y reservados a las campañas es uno de los pilares del proyecto de ley.
En tal sentido, los países miembros de la OCDE han adoptado regulaciones similares en la materia, con el fin de promover la transparencia y la confianza en los partidos políticos. Una de las medidas se refiere a la regulación de los aportes financieros de privados, para asegurar la transparencia de las donaciones, evitar el daño a las actividades políticas y asegurar la independencia de las colectividades.
Con relación a los partidos, Chile no cuenta, a diferencia de la mayoría de los países democráticos, con un sistema permanente de financiamiento de la actividad política más allá de las campañas electorales, lo que a estas entidades les impide un mayor grado de institucionalización, de generación de nuevos liderazgos y de proyectos programáticos de largo plazo.
Se podría decir que el proyecto importa un gasto inútil. En palabras de Eduardo Engel, "una buena democracia es cara". Los ciudadanos merecen una representación de calidad, y la iniciativa fortalece el rol de quienes la ejercen, de los partidos y de la política en una democracia representativa.
Sin embargo, también debemos ser sinceros para reconocer que el control del gasto electoral es complejo y engorroso. Y no creo que la solución del problema radique en que el SERVEL señale en qué lugar físico se emplazará la propaganda. Es mucho más que eso. Por ello, sugiero implementar una regulación en materia de sanciones a los candidatos transgresores de las normas relativas a carteles, afiches u otros elementos de esta índole, lo que incluso se podría calificar como una infracción grave susceptible de generar la cesación en el cargo.
Los principales contenidos del proyecto son claros:
1. Equidad en la política y las campañas.
a) Aporte público para la democracia.
b) Aumento en la contribución estatal a los partidos al inicio de las campañas y en el que reciben los candidatos por reembolsos de gastos electorales.
c) Regulación de los aportes a los institutos de formación política, para lo cual se faculta solo a las colectividades y a las personas naturales.
d) Rebaja del límite del gasto electoral. Ello es muy importante, pero también lo es controlarlo con eficacia.
2. Transparencia y control de conflictos de interés, otro aspecto relevante.
a) Prohibición de aportes de personas jurídicas, con fines de lucro o sin ellos.
b) Regulación del aporte de personas naturales.
No se podrá exceder del diez por ciento del total del gasto permitido al candidato para la campaña.
c) Normas de transparencia.
Ello dice relación con aportes a partidos y candidatos, tanto en campaña electoral como fuera de ella. Deberán efectuarse a través de un portal habilitado por SERVEL y podrán ser consultados por la ciudadanía.
Se trata de igualar la cancha, de que los candidatos obtengan mejores condiciones de competitividad y de que ninguno sobrepase todas las condiciones de competencia y, sobre esa base, resulte electo.
d) Se tipifica como delito la obtención irregular de aportes, lo que puede implicar la pérdida del escaño.
3. Campañas electorales con equidad y respeto a la ciudadanía.
a) Las radioemisoras deberán informar sus tarifas al SERVEL.
Los precios en épocas electorales son un escándalo y deben ser regulados.
Además, deberán ser canceladas a través del SERVEL, para que exista transparencia.
Todas las estaciones, menos las comunitarias, deberán proporcionar spots informativos determinados por dicho organismo.
b) Se restringe la propaganda solo en plazas públicas, bandejones y parques autorizados por el Servicio Electoral, previo informe del concejo municipal.
Con relación a espacios privados, solo se requerirá el consentimiento del dueño para hacer publicidad en ellos.
Esta norma es de una inequidad enorme, porque les dará una ventaja inconmensurable a los candidatos que tengan vínculos o contactos con los propietarios. No se está regulando nada. El aspecto a que hago referencia debiera ser revisado.
4. Fortalecimiento del Servicio Electoral y normas de fiscalización.
Para qué decir que el robustecimiento de la entidad es indispensable si le corresponderá ejercer dicha función.
En esta reforma institucional de largo plazo cuentan con mi respaldo todas las medidas de mayor control ciudadano, el término del financiamiento político a través de empresas y el establecimiento de mecanismos de financiamiento público para la política y para la sociedad civil.
Mi postura es la de aumentar el nivel de los estándares de la gestión pública. El que haga trampa en el financiamiento de una campaña o cometa delitos graves, como el cohecho, debe perder el cargo.
Es preciso elevar las inhabilidades especialmente de quienes ejercen el mandato de decidir sobre recursos públicos.
La doble vinculación resulta inaceptable. No basta con inhibirse en una votación. El ejercicio democrático debe ser garantizado en todos los niveles, y el fraude, castigado en todos los niveles.
La crisis de confianza da cuenta del desgaste de nuestra institucionalidad democrática surgida después de la dictadura. Somos partidarios de adelantar en un nuevo pacto constitucional, pero es clave tomar posición sobre algunos de sus contenidos.
En ese sentido, es fundamental avanzar desde una democracia representativa hacia una más participativa y deliberativa.
No está en cuestión la legitimidad de las autoridades electas democráticamente, sino el ejercicio limitado de la soberanía popular por los ciudadanos.
Esas también son reformas en las que debemos trabajar.
Es necesario progresar hacia la iniciativa de ley de origen ciudadano, hacia los presupuestos participativos, hacia los plebiscitos nacionales y territoriales vinculantes.
La crisis de la democracia se resuelve con más y mejor política, con más democracia, y no solo con titulares que satisfacen el legítimo descontento. Se requieren medidas que incorporen mayores derechos y responsabilidad de los ciudadanos y, de paso, la eliminación de los vestigios de privilegios persistentes en las élites.
Finalmente, la política, como espacio fundamental para la construcción del bien común, demanda responsabilidad. Por ello, respaldamos el proyecto en debate y al Gobierno de la Presidenta Bachelet, quien ha tenido la valentía de enviar un conjunto de iniciativas que dicen relación con la probidad y la transparencia en este ámbito.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, el eje central del Gobierno de la Nueva Mayoría ha sido la igualdad.
Si bien el acento se ha puesto en derechos sociales como la educación, la salud y las relaciones laborales, es indudable que su ampliación tiene también su correlato en los derechos políticos. Es decir, la igualdad en la educación, la salud y el trabajo nos lleva inevitablemente a plantearnos más igualdad en la participación cívica y en nuestras instituciones democráticas.
Por eso, reformamos el sistema electoral a través de la ley N° 20.840, en virtud de la cual el valor del sufragio de cada ciudadano resultará en adelante más equitativo en los distintos territorios, lo que hace efectivo el principio "una persona, un voto".
Es por ello, también, que hace pocos meses se aseguró el derecho a sufragio de los chilenos en el extranjero, cuya opinión cuenta hoy tanto como la de quienes vivimos en el territorio nacional.
En el mismo sentido, con el proyecto en debate avanzaremos en condiciones más justas para el desarrollo de los partidos políticos y la competencia electoral, claves para la calidad de la democracia.
Más allá de eventuales errores en la implementación de estas reformas, el aporte perdurable del actual Gobierno y de la coalición será que los chilenos dispondremos de más posibilidades de acceder a una educación de calidad, independientemente de nuestra cuna; de más posibilidades reales de negociar colectivamente con los empleadores, y de más posibilidades de influir en las decisiones del país. En definitiva, seremos más ciudadanos, lo que significa ser verdaderos titulares de derechos y no meros beneficiarios de subsidios.
Antes de estos cambios fue preciso luchar por que a los hijos se les reconociera una misma condición, sin importar si habían nacido dentro del matrimonio o fuera de este, y, más recientemente, por que todas las parejas, cualquiera que sea su orientación sexual, sean tratadas con equidad y puedan ser reconocidas como una familia.
Así veo a Chile en los últimos veinticinco años: en un proceso ascendente de mayor igualdad y mayor dignidad, y me siento muy orgulloso de lo realizado.
Es cierto que una buena parte del proyecto de ley en discusión tiene su origen en las irregularidades del sistema político que se han hecho públicas en el último tiempo.
Pero con esta y otras iniciativas que vendrán se está haciendo el trabajo lento y perseverante de desarticular una a una todas las barreras, todas las trampas, todos los obstáculos que han impedido la expresión auténtica y plena de la voluntad ciudadana.
No importa que la gente no valore hoy estos esfuerzos en toda su dimensión, que a veces la voz estridente y mordaz de las redes sociales apague la voz pausada y reflexiva de quienes valoran cada avance.
La desconfianza, el individualismo han calado profundo en nuestra sociedad.
Seguramente, habrá quienes se quejen de que estamos aprobando más recursos para nosotros mismos, como si los parlamentarios fuéramos los dueños monopólicos de la política.
Debemos abstraernos de esta crítica fácil. Hay que dar esta batalla de las ideas en las organizaciones, en nuestros territorios.
Al menos, hoy no se escuchan las voces que promovían el cosismo, que planteaban que nos preocupáramos exclusivamente de los problemas de la gente y que la política no importaba.
Eso hizo mucho daño: de la despolitización se cayó fácilmente en la antipolítica; del desinterés se pasó a la aversión. Todas estas tendencias son profundamente reaccionarias y constituyen resabios de la dictadura que no hemos enfrentado a tiempo.
Por supuesto, la clase política también ha cometido errores.
Por muchos años, los candidatos descansaban en el voto duro y no importaba que las generaciones nuevas no se incorporaran.
Si no había acuerdo político para aumentar el financiamiento público de la política, se podía resolver ese vacío con resquicios, generándose una relación perjudicial entre dinero y política.
A través de la Agenda para la Transparencia y la Probidad, el Gobierno, la Nueva Mayoría y progresivamente también la Oposición estamos tomando el toro por las astas.
Los resultados de este trabajo se comenzarán a ver en la próxima elección municipal y con más fuerza en los comicios parlamentarios, en que debutará el nuevo sistema electoral, con nuevas reglas de financiamiento y con sanciones duras en casos de contravenciones.
Se requieren hechos para recuperar la credibilidad.
Nuevos rostros podrán construir nuevas relaciones de confianza.
Pero jóvenes o experimentados, los liderazgos políticos han de canalizarse preferentemente a través de partidos fuertes, unidos por una ideología y un programa, reservando siempre las posibilidades de acceso para colectividades nuevas o de regiones y para independientes.
Los partidos podrán estar desprestigiados, pero siguen siendo necesarios.
El proyecto de ley que nos ocupa resuelve adecuadamente tales demandas.
Resulta evidente que hay que aumentar el financiamiento público de la política, prohibir los aportes de empresas y disminuir los gastos electorales.
Algunas normas parecen excesivas, como la que impide las contribuciones de funcionarios públicos a la política. Pero, en general, las disposiciones se encuentran bien orientadas.
Hay, sí, un tema capital, que excede a esta iniciativa, pero que incide directamente en esta materia: los medios de comunicación.
Una política sana no puede sobrevivir en un marco de concentración de los medios de comunicación.
Es cierto que en estos tiempos han cobrado fuerza nuevos medios, como los diarios electrónicos o las redes sociales, pero el papel de los medios tradicionales en la formación de opinión sigue siendo clave.
Se podría decir que en materia de prensa escrita existe un binominal, en que además la minoría tiene los dos escaños.
Tenemos que abordar esa materia.
El acceso igualitario a los medios y a la difusión de las ideas constituye un bien público que el Estado ha de asegurar. De otra manera, nos estaremos haciendo trampa en solitario y se corre el riesgo de que al poco tiempo la clase política vuelva a buscar el atajo ante el escenario desigual en que se desenvuelvan las campañas y todo el trabajo político.
Señora Presidenta, sin duda, Chile ha cambiado mucho durante los últimos años. Algunas entidades se han adaptado más rápido que otras a estos cambios. Las instituciones políticas (partidos, Gobierno, Congreso) lo estamos haciendo con retraso.
Confío en que en el Senado habrá un gran consenso en el camino que estamos emprendiendo, que se expresará en la aprobación ojalá unánime de este proyecto y de todos los que integran la Agenda para la Transparencia y la Probidad.
Personalmente, lo siento como un deber frente a las nuevas generaciones.
La política dio sentido a nuestras vidas incorporándonos tempranamente a la militancia y a las luchas estudiantiles. Nos mantuvo de pie en los tiempos de la dictadura, y nos permitió recuperar la democracia y materializar innegables avances para nuestro país.
Nada de ello han vivido las nuevas generaciones. Es nuestra obligación legarles una política digna.
Heredé de mi padre un motivo, una causa noble por la cual luchar y a la cual he dedicado buena parte de mi vida, y quiero que mis hijas y mis nietos tengan esa misma posibilidad.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, yo he tenido especial interés en tratar de dejar plasmado, en una línea argumental clara y precisa, un sentimiento personal sobre lo que significa todo este proceso de transparencia, de probidad, de fortalecimiento de la democracia. Y he querido hacerlo en el contexto de mi voluntad, de mi compromiso de ir avanzando, de ir rectificando en todas estas materias.
No está de más decirlo: yo espero que nunca más nadie deba pasar por las situaciones que he tenido que vivir. Y ello, precisamente porque hoy se está insistiendo en una legislación que el país necesita, por cuanto pretende no solo regularizar sino también llenar una serie de vacíos en todo lo vinculado con el comportamiento que debe tener el mundo político y las reglas que han de existir para que haya mayor tranquilidad para todos los chilenos en el ámbito de la transparencia de la democracia.
Yo veo que todos a veces caemos en la excusa de quejarnos por lo que está pasando. Creo que todos -unos más, otros menos- hemos aprendido la lección de las situaciones de desconfianza que se han registrado en nuestro país.
Aún más, siento que debemos dejar de quejarnos. Y pienso que la mejor forma de hacerlo es ir avanzando en proyectos de ley, como este y otros que vendrán, destinados justamente a corregir los errores cometidos por unos u otros. Pero claro está -y ha quedado de manifiesto- que las prácticas eran transversales, lo que, por cierto, de ninguna manera exculpa a nadie.
Señora Presidenta, me parece que ya está bueno de seguir hablando de lo que pasó hace más de 25 o 40 años con respecto a la democracia. Porque no se puede continuar insistiendo en lo que sucedió antes de que esta volviera, pues ya han transcurrido 25 años.
Yo me admiro de que muchas veces quienes hablan del pasado no valoren lo que todos juntos hemos construido en el último tiempo a los efectos de lograr una democracia con estabilidad política. Porque ya han pasado 25 años, y nuestro país ha avanzado en todo orden de cosas.
Entonces, no menospreciemos lo bueno que se ha realizado.
Por eso, siempre debemos estar alertas a las amenazas que puedan desestabilizar nuestra democracia y, al mismo tiempo, estar abiertos para introducir los ajustes pertinentes. Y hoy nos hemos dado cuenta de que muchas de las normas que regulan las campañas electorales y las vías de financiamiento de la política adolecen de vacíos que es imperioso cubrir con la ley en proyecto.
Como ya mencioné, me parece que hemos sacado las lecciones necesarias para corregir y rectificar.
Así, por ejemplo, considero una buena política en aras de la transparencia que se exija a los candidatos una declaración de patrimonio e intereses; que se defina con mayor precisión qué se entiende por "propaganda electoral"; que las radios entreguen información ciudadana respecto a los candidatos que se están presentando; que se ordenen de mejor manera los espacios públicos para el uso de propaganda; que se establezcan límites a los aportes de los privados, etcétera.
De esa manera un proyecto como este apunta a que, en la actividad de que se trata, todos tengamos las reglas del juego de forma mucho más clara y transparente, lo que va a simplificar la acción política, sobre todo en época de campaña.
Sin embargo, esta iniciativa de ley todavía es susceptible de mejoramiento, principalmente en lo relativo a la intervención de organismos del Estado en actividades políticas electorales.
Son muy comunes las denuncias que hacen los propios vecinos, quienes ven cómo en las campañas se ocupan recursos públicos: uso de vehículos municipales o fiscales; funcionarios públicos haciendo operativos proselitistas en horario de trabajo; abuso en la contratación de personas a honorarios, lo que al final se traduce en favores políticos; empleo de infraestructura pública para actividades electorales, en fin. Y lo mismo ocurre en las empresas públicas, las que, como se sabe, a veces son instrumentalizadas para propósitos distintos de sus fines propios.
Entonces, estimo que no se puede dejar pasar esta oportunidad sin abordar de manera más global el flagelo de la falta de la probidad y transparencia en la política, que muchas veces emana de los propios órganos del Estado.
Si vamos a emprender una reforma profunda en esta materia, hagámosla de una vez por todas. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy.
Alguien decía: "No podemos cometer errores".
No tenemos espacio para cometer errores. Por lo tanto, la legislación en proyecto debe estar cercana a la perfección.
Así las cosas, señora Presidenta, este proyecto de ley cuenta con todo mi apoyo. Pero velaré para que en él se contemple la solución a todos los vacíos legales existentes en materia de financiamiento de campañas y de la política, abordando con mayor precisión y detalle lo relativo a los gobiernos de turno, a las municipalidades y a las empresas del Estado.
Por cierto, este es un proyecto de ley con ventaja. Y es un proyecto de ley con ventaja porque, obviamente, nos va a favorecer "a los que estamos", debido a la escasez de tiempo para dar a conocer nuevas figuras.
Quizás el contrapunto sea la iniciativa que aprobamos en relación con el término de las reelecciones indefinidas. Tal vez esa sea la puerta que va a permitir la existencia de muchas otras personas que nos puedan suceder.
Sin embargo, claramente -repito-, estamos frente a un proyecto con ventaja: "el que está" tiene las mayores posibilidades de quedarse, si bien (como dije) el límite a las reelecciones va a ser un contrapeso.
Creo que el límite del gasto en cada circunscripción, en el caso de los Senadores, y en cada distrito, en el de los Diputados, va a evitar que se incurra en excesos y, por tanto, redundará en que las campañas se hagan -permítanme usar este concepto- con cierto grado de austeridad.
Todos sabemos que la ley nunca es perfecta; que hemos tenido una democracia llena de imperfecciones; que se han cometido errores; que existe -todos lo han dicho- una crisis de desconfianza.
Opino, pues, que lo mejor es avanzar con rapidez, con dedicación, en la línea de mejorar este proyecto de ley, para que no queden vacíos. Y, en este sentido, es fundamental que nos coloquemos en todos los escenarios posibles, a fin de no volver a cometer errores y no quedar expuestos a la crítica permanente de quienes se sienten cada día más alejados de la política.
Señora Presidenta, termino expresando que voy a votar a favor convencido de que esta es una propuesta de un camino importante para nuestro país en la idea de fortalecer la democracia y seguir avanzando sin olvidar los errores del pasado.
Eso es lo que requiere Chile.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, siendo bien franco, debo decir que lo mejor de este proyecto es el nombre, que me parece impresionante: "Ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia".
Creo que, tras esa idea, uno puede entender varias cosas, lo que me anima a tratar de seguir por el rumbo que nos plantea la propia iniciativa.
Entiendo que tras una aspiración de tal naturaleza hay ideas matrices múltiples, las que dan lugar a una serie de indicaciones; y yo al menos voy a presentar algunas.
Hablando con la misma franqueza, señora Presidenta, debo señalar que me parece correcto decir que las circunstancias influyen en las legislaciones que han de darse los países. Uno no puede estar aislado de la realidad, de las cuestiones contingentes.
Pero ¿sabe, señora Presidenta? Tampoco uno puede ser rehén.
Pues bien: yo siento que parte de esta legislación es sentirse rehenes de las redes sociales, de los planteamientos destructivos, de una sensación de que el mundo de la política debe terminarse.
Por mi parte, modestamente, voy a seguir defendiendo aquello en lo que creo, más allá de que pueda ser popular o impopular; pero es lo que pienso.
Desde mi perspectiva, este proyecto equivoca -espero que pueda corregirse en la discusión particular; por eso, vamos a hacer un esfuerzo, en función de su nombre, para rectificarlo- el rumbo.
A mi juicio, en el año 2003 se logró en nuestro país un gran avance, un potente avance a favor de la democracia y de la transparencia en materia electoral. Ello significó -lo digo para los escépticos- que Chile sea actualmente una de las naciones que tienen el mayor cambio de parlamentarios en cada elección.
Es bueno que se diga que hoy, con un sistema tan vilipendiado, hay un cambio, en promedio, de 38 por ciento de parlamentarios en cada período, cifra muy superior a la de casi todos los países de la OCDE, organismo al que algunos colegas se refieren con tanto gusto.
Ello, con el mencionado sistema, del cual el Ministro Eyzaguirre fue parte muy importante.
No sé -lo decía antes- qué siente ahora el Ministro Eyzaguirre, quien fue padre de la criatura precedente, al ver que ahora se desmiembra y queda una cosa bastante diferente.
Yo por lo menos contribuí a ese sistema, que me parecía correcto.
Personalmente, ¿qué habría hecho yo?
Desde el 2003 hasta ahora, ¿dónde están los problemas básicos o la falta de modernización?
A mi entender, había a lo menos tres temas -son varios más- que no estaban bien resueltos.
Primero, el período de precampaña.
Digámoslo por su nombre: la precampaña no estaba considerada dentro del sistema, y, desde el punto de vista legal, solo se podía hacer propaganda en los últimos treinta días.
Esta es una gran oportunidad para sincerar lo que son las campañas.
Todos los que estamos aquí hemos sido candidatos: no sé quién pudo ser electo si hizo campaña en los últimos treinta días. Eso es impensable en una democracia como la nuestra, que es grande, que es potente.
Aquel era un tema.
¿Y qué se resuelve? ¡Nada! ¡Porque ahora van a ser sesenta días...!
¡Díganme ustedes qué posibilidad de alternancia hay si se aumenta de treinta a sesenta días el espacio para realizar campaña electoral!
Y, a diferencia de lo anterior, en que las sanciones no estaban claras, ahora ellas serán estrictísimas. Hay multa, y se puede llegar a la destitución.
En resumen, un candidato que quiera cumplir la ley perfectamente no podrá hacer campaña sino en los últimos sesenta días.
¿Implica eso enfrentar bien el problema? A mi juicio, significa enfrentarlo en forma equivocada.
El otro punto es la poscampaña.
¿Qué pasa con las deudas de campaña?
No se resuelve una materia que, a mi juicio, pudo haberse solucionado con una correcta interpretación, mediante la fijación de plazos, en fin. Ya tendrá que verse cómo se resuelve, porque desde mi perspectiva tampoco se enfrenta de manera correcta el punto.
El gran aporte de esta iniciativa tiene que ver con el SERVEL, pues contempla un sistema de fortalecimiento del Servicio Electoral que espero sea equivalente al del TRICEL, que deberá cumplir roles muy relevantes. Es así como se va a poder controlar una realidad que resultaba incontrolable con el esquema anterior. No obstante, esto supone un aumento significativo de la planta del SERVEL y contar con un talento y una inteligencia notables para fiscalizar la gran cantidad de cosas en las que deberá ocuparse: por ejemplo, medir los letreros de todos los candidatos y cronometrar los segundos que se usen en la propaganda radial. En todo caso, no será un desafío ciclópeo.
El señor LAGOS.- ¡Tiene que garantizar que la foto le haga justicia al candidato...!
El señor COLOMA.- Y que sea correcta, no trucada. Se va a tener que emplear un ingenio muy notable.
Sin embargo -quiero hacerme cargo de esto también-, el proyecto yerra en otros temas muy importantes, que son conceptuales.
Sé que en este punto muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero no hubo problemas con el sistema de financiamiento que ahora queremos terminar. Las dificultades no se debieron a los gastos reservados. Ese no fue el tema de fondo.
El señor LAGOS.- ¡Los aportes reservados!
El señor COLOMA.- Ese no fue el problema que hoy nos tiene contrariados, complicados, enredados, con grados de histeria mayores o menores. ¡No lo fue! El sistema funcionó razonablemente. Uno podría decir "Mire, hagámoslo menor". Pero, en mi opinión, él permitió incorporar al mundo privado en ámbitos como el de la educación o de la pobreza, a fin de hacerlo partícipe con sus ideas en materias políticas.
No veo que haya existido una razón de mal funcionamiento para que hoy se lo derogue y creo que esto más bien será fuente de numerosos conflictos, porque se lo reemplaza por el Estado. Es decir, este rol que desempeñan ciertas personas se hará omnipresente. El Estado no proviene de la Santísima Trinidad: está integrado por seres humanos...
El señor LAGOS.- ¡A Dios gracias!
El señor COLOMA.- ¡Sí! Por personas con ideas políticas, generalmente mucho más estrictas, mucho más ideológicas que las existentes en el mundo privado, pues por algo están en el ámbito público.
Entonces, aquí se anula la capacidad de opción. Se trata de impedir lo más posible algo que me parece que en todos los países del mundo se fomenta. A los que sacralizan la OCDE les quiero decir que el 65 por ciento de las naciones de esa benemérita institución facultan al mundo privado para que pueda participar. Y lo estimulan para que lo haga en la política, en la generación de ideas, al igual que en la educación y la cultura, y para enfrentar los problemas de la pobreza.
Al final, este conjunto de disposiciones crea un gran subsidio para los que ya estamos -me incluyo- en este ámbito.
Este sistema va a dificultar cualquier cantidad la competencia, las posibilidades de alguien que quiera emerger.
¿Cómo va a quedar un joven en esta pasada? Pienso en uno no conocido y cuya única forma de serlo sea mediante una campaña previa, cuestión que actualmente se prohíbe a machote, para lo cual debe disponer de recursos que le permitan realizar una más importante. Pero esta se encuentra igualada y le será imposible hacerla. Entonces, les aseguro que el 38 por ciento de cambio de la vilipendiada ley de 2003 se va a modificar sustancialmente, en forma inversa a lo deseado, a través de esta iniciativa.
Se establece una cantidad excesiva de burocracia: hay que definir cada lugar donde se podrá hacer propaganda, cuestión que deberá decidir el concejo municipal. Imaginen el interés que puede sentir el alcalde o el concejo municipal por contar con hartos lugares para instalar la propaganda, para que muchos otros compitan con ellos. Me parece absurdo, con todo respeto. Creo que es una defensa adicional del tema.
Señora Presidenta, aquí estamos legislando con un lindo nombre -ojalá que lo hagamos con ideas fuertes-, pero, desde mi perspectiva, no estamos fortaleciendo ni transparentando más la democracia. Lo que hacemos es generar una cantidad de problemas y trabas para que las personas puedan competir leal y democráticamente. Y eso va a significar una gran ventaja para aquellos que no tengan que soportar las nuevas cargas que el Estado plantea.
Además, se violentan principios importantes, como la libertad de conciencia. Si alguien quiere aportar cinco mil pesos a un candidato, va a tener que dejarlo registrado por esta especie de obsesión.
Si bien es cierto el voto es secreto, va a ser bonito andar buscando quiénes financiaron, aun con el más mínimo efecto, a las personas que incluso pudieron haber sido contrarias al Gobierno. Piensen en lo que eso va a provocar.
En resumen, señora Presidenta, voto a favor del proyecto con una gran duda. Y lo hago solo porque su nombre me sugiere que podrían presentarse indicaciones más potentes. Pero, objetivamente, aquí se equivocó el rumbo y no estamos haciendo las cosas bien para fortalecer verdaderamente la democracia.
La señora MUÑOZ.- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, la iniciativa para cuya discusión se nos convoca en esta oportunidad reviste suma importancia y constituye una de las medidas relevantes para avanzar en probidad y transparencia, que tanto necesita actualmente la actividad política nacional.
Si bien precisa algunos perfeccionamientos en sus disposiciones, especialmente en lo que respecta a las mayores facultades que deben otorgarse al Servicio Electoral para fiscalizar en forma efectiva el cumplimiento cabal de su normativa, estoy cierto de que existe consenso en la Corporación para aprobarlo en general.
De igual modo, estimo que deberán adecuarse algunas de sus normas al nuevo procedimiento electoral que nos rige, y que reemplazó al sistema binomimal, que imperó en todas las elecciones parlamentarías efectuadas hasta ahora, desde el año 1990.
Por otra parte, se introducen modificaciones sustantivas y sustanciales a todo el sistema de propaganda electoral, que también es susceptible de mejorar, en especial en lo que respecta a las campañas y a las denominadas "precampañas".
Pero lo importante es que debemos tener el espíritu y entusiasmo de compartir esta iniciativa legal, porque forma parte del conjunto de medidas destinadas a dar mayor transparencia a nuestro sistema electoral, especialmente al financiamiento de las campañas, todo lo cual, tal como señala el título del mensaje, fortalecerá nuestra democracia, al darle mayor transparencia.
Por ello, doy mi voto favorable a este proyecto de ley, que espero sea aprobado en forma unánime, al igual como lo fue en la Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a Probidad y Transparencia, que estuvo a cargo de su debate.
Aprovecho de felicitar a todos los integrantes de ese órgano técnico, particularmente a su Presidente, don Ignacio Walker, por haber sacado adelante esta agenda legislativa de probidad y transparencia.
Creemos que es muy importante dar señales para ir recuperando las confianzas en nuestro país.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, cuando escucho a algunos señores Senadores referirse al coraje del Ejecutivo por haber presentado estos proyectos o a que esto es negativo, debo decir que, en verdad, no es ni lo uno ni lo otro. Aquí hubo un estrellarse con la realidad cuando se supo que algunas empresas, burlando la ley, financiaban de manera ilícita campañas políticas o actividades de los partidos. Asimismo, se reveló que partidos políticos antiguos estaban llenos de operadores políticos que recibían pagos y que más bien parecían sucursales o filiales políticas de estas empresas. Así ha ocurrido con SOQUIMICH, Penta y CORPESCA.
Repito: aquí hubo un estrellarse con la realidad y eso fue lo que provocó que ahora estemos viendo estos proyectos de ley. En efecto, si nada se hubiera sabido y el Ministerio Público o el Servicio de Impuestos Internos no hubieran actuado, no estaríamos debatiendo estas iniciativas.
A mi juicio, una de las cosas más positivas que tiene la discusión de estos proyectos es la incerteza. Es decir, estamos llenos de incertezas de aquí para adelante. Tenemos voto voluntario y, por tanto, ya no existen padrones electorales conocidos, ni votos duros: que los señores de aquí o los de allá van a votar de determinada manera... ¡No!
Hay menos gasto electoral, lo cual es fantástico: habrá menos computadores; menos circos con aire acondicionado que recorran las regiones; menos lentes para la presbicia para repartir a destajo en las juntas de vecinos y en los clubes de adultos mayores; menos canastas familiares, regaladas como forma de cohecho.
Yo siempre les digo a las personas que reciban todo, pero que voten con el corazón. El voto es secreto, así que acepten todos los regalos.
Por una parte, está la gente cercana al Estado, que apoya al Gobierno de turno y que recibe favores de este. De ahí que los empleados públicos hacen campañas puerta a puerta y usan recursos estatales. Y, por otra, están los amigos de las empresas, las filiales políticas de estas, que reciben un financiamiento brutal. Entonces, cuando se ven los millones de dólares gastados en la calle, uno se pregunta "quizás con qué empresa estoy compitiendo".
En definitiva, tenemos voto voluntario, menos gasto electoral, cambio del sistema electoral.
Y, como representante de Amplitud, me siento orgullosa de que hayamos sido fundamentales para modificar el sistema electoral; pues, sin nuestro voto, seguiríamos con el binominal, que a algunos, a muchos o a todos, de uno y otro lado, les era supercómodo.
Quiero hacer un llamado a la conciencia en la Sala, aprovechando que está presente el Ministro, en el sentido de que no se puede mantener el binominal por secretaría. Porque lo eliminamos. Pero el asfixiar a los independientes o a los partidos nuevos o regionales al no darles recursos públicos en la práctica significará mantener lo existente.
Hay algunos que persiguen que eso pase. Resulta que la mayoría de los partidos antiguos, tradicionales, no quieren reempadronar, no quieren reafiliar a sus partidarios. Parece que le tienen miedo a que nadie quiera firmar la ficha de nuevo.
Entonces, ¡seamos honestos en esta cuestión! Creo que, si estamos generando incertezas y cosas fuertes para la política, ¡tienen que ser fuertes de verdad! Y la incerteza es competir. Yo al menos siempre he competido, a mí nunca me han puesto "galletas" al lado para hacerme ganar; al revés, siempre me han hecho la vida muy difícil en política.
Considero que estos proyectos son una gran prueba de fuego para quienes se dicen republicanos, demócratas y hacen gárgaras con ello, pero que "a la hora de los quiubos" intentan con subterfugios e indicaciones que todo cambie para que todo siga igual.
Aquí debe cambiar el sistema de financiamiento. Las empresas no votan, sino nosotros. En consecuencia, la libertad de conciencia es el bien más preciado que ha de tener un representante popular, sea concejal, core, alcalde, Senador, Diputado o -es obvio- Presidente de la República.
Por lo tanto, los partidos nuevos, los partidos regionales, el mundo independiente tiene que recibir el mismo trato. No puede ser de otra manera.
Por tal razón, voto a favor la idea de legislar, y anuncio que veremos bien, en su mérito, todos los proyectos que vengan más adelante.
Sin embargo, recuerdo -con esto concluyo- que la gente está mirando, está cada día más informada. Muchos creen que a los electores se los sigue comprando con regalos y que la ciudadanía es tonta; entonces, van y les regalan cosas, les dan una palmadita en la espalda. Las personas se encuentran muy informadas, miran a los ojos y saben perfectamente a quién creerle y a quién no.
Espero que el Senado al menos pase esta prueba de fuego y supere la vara, la "prueba de la blancura", pues el país nos está observando y requerimos tener transparencia y, sobre todo, vocación en la política.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la verdad es que estamos discutiendo el presente proyecto de ley porque nos encontramos en medio de una crisis. No es una situación delicada. No es un desapego de la ciudadanía. ¡Estamos en una crisis política! Y esta se ha ido agravando con el paso de los días, de las semanas, y aún no conocemos su destino final.
Tengo serias dudas de que esto se vaya a resolver mediante leyes regulatorias. Siento que lo que hacemos es generar condiciones para ello. No obstante, quiero traer a la memoria de mis colegas que el año 2003 realizamos un debate similar, y nos equivocamos. ¡Nosotros instalamos el dinero privado en la política! ¡A SOQUIMICH, a Penta, a CORPESCA nosotros los instalamos en la política! Y dimos esta discusión en la Cámara de Diputados cuando veníamos saliendo de la crisis MOP-Gate. Otra crisis de la relación dinero-política.
Y no puedo dejar de preguntarme si este debate se asemeja al que tuvimos el 2003. Porque en esa oportunidad, con gran humildad, advertimos acerca de lo que iba a ocurrir. Dijimos que "se va a pervertir la política. No hay que permitir el ingreso de las donaciones de privados y, menos aún, de las empresas". Pero se hizo, y estamos viviendo las consecuencias.
Repito: en Chile hay una crisis política, hay una crisis de legitimidad. El 90 por ciento de la ciudadanía cree que este Congreso es ilegítimo, ¡el 90 por ciento de los chilenos cree que es ilegítimo! No lo digo yo. Se lo aclaro a algunos que me han criticado y que consideran ofensivo que se afirme que este Parlamento es percibido así. En la reciente encuesta Adimark no superamos los nueve puntos.
Entonces, hay una crisis de legitimidad, de participación y de representación. ¿Por qué de legitimidad? Ahí están las encuestas. De participación, ¿por qué?, porque en las últimas elecciones seis de cada diez chilenos, ¡seis!, no participó en las elecciones municipales. Votó el 39 por ciento. O sea, el 61 por ciento de la ciudadanía no participó.
Hay quienes planteamos que el tema de fondo de esta situación -yo no fumo opio- es hacer una nueva Constitución y convocar a una asamblea constituyente que aborde de verdad, de abajo hacia arriba, y no al revés, la solución de la crisis. Esto no se resuelve sino con una nueva Carta Fundamental. Lo que hacemos ahora es colocar un buen parche o uno parcial, pero la herida va a seguir sangrando.
Estamos discutiendo esta ley en proyecto debido a la crisis existente. Y considero que el aporte privado no va a terminar con ella. Se permite el aporte de hasta siete millones de pesos -¡siete millones!- de personas particulares no jurídicas. ¡Ojalá yo tuviera un amigo que fuera capaz de donarme siete palos para la campaña...!
Creo que aquí se establece una directa desigualdad. Quiero preguntar a muchos candidatos que van a ser independientes si tienen algún amigo que les pueda donar siete millones (trecientas quince unidades de fomento), que es lo máximo permitido. En la iniciativa se dice que con ello se busca emparejar el piso: que exista mayor equidad, igualdad, para acceder a ser un candidato de elección popular.
Yo sostengo que este proyecto no toca las ventajas de los parlamentarios electos. A nosotros no nos hacen renunciar a nuestros cargos un año antes de la elección para entrar en campaña o treinta días antes como a los alcaldes. Los consejeros regionales, los alcaldes y los concejales que quieren ser parlamentarios tienen que renunciar a su cargo con treinta días de anticipación. Y, por cierto, seguimos percibiendo asignaciones, remuneraciones, incluso durante la campaña.
Entonces, esta iniciativa no es una que nos vaya a doler. Porque, en los hechos, los treinta días de campaña los financiamos con un sueldo y con un pago de asignaciones para todos nuestros asesores. ¿Alguien podría llamar a eso "competencia igualitaria con el resto de los candidatos"?
Esta es una segunda oportunidad para modificar este punto; tal vez no tengamos otra. Si nos equivocamos ahora, esto se va a ir al carajo, de verdad. Porque, de caer bajo el treinta por ciento la participación ciudadana en la próxima elección, significará una señal irreversible. La ilegitimidad será el elemento rector de todo este proceso.
Se dice que este proyecto busca regular la relación dinero-política y mejorar la calidad de la política. La pregunta es ¿lo señala su texto? No. Se toman medidas que -según se cree- tienden a aquello.
Quiero señalar que la disposición extrema -entiendo que lo han discutido los partidos, pero ahora viene la hora de la verdad- es dotar al SERVEL de un conjunto de atribuciones: que supervise, que haga auditoría, que cite a declarar, que solicite informes, que formule cargos. No obstante, el Servicio Electoral actual es apenas un sabueso bien viejito, sin dientes ni olfato, que no tiene ninguna experiencia, y hasta donde sabemos, su director es nombrado por el Presidente de la República...
El señor HARBOE.- ¡Ya no es así!
El señor PROKURICA.- ¡Hay que leer el proyecto, Senador...!
El señor NAVARRO.- Ahora lo nombra el Senado.
Pero el SERVEL no sirve para este objetivo. Necesitamos una Contraloría Electoral, al igual que la Contraloría General de la República, al igual que el Fiscal Nacional. Una Contraloría Electoral que dé garantías, sin importar el Gobierno de turno, y que tenga facultades de verdad.
Ampliar sus atribuciones será un fracaso. Y lo quiero repetir: ¡será un fracaso! El Servicio Electoral no va a fiscalizar, no va a supervisar, no va a hacer nada de lo que la iniciativa en discusión le pide, porque no tiene las condiciones institucionales para hacerlo. Por lo tanto, esto es un bluf: decimos que va a haber fiscalización, pero no será así.
Se establece, además, que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ante el Director Regional del SERVEL. Yo presenté una al juzgado de policía local de mi Región pues había candidatos que se tomaban los postes de todas las calles para colocar letreros enormes. Y tuve que ir con una grúa arrendada de mi bolsillo, pararme frente a la Prefectura de Carabineros respectiva y decirles a sus funcionarios "si ustedes no los sacan, los voy a sacar yo". Porque lo hace Carabineros si se presenta la denuncia ante el juzgado de policía local.
Ahora se incorpora la denuncia ante el Director Regional del Servicio Electoral y, además, mediante un correo electrónico.
Eso no va a funcionar. Son facultades extremadamente débiles para un Servicio que no está capacitado.
La norma que establece que los resultados de las encuestas podrán divulgarse solo hasta el cuarto día anterior al de la elección me parece bien. Pero regulemos quién las hace. Porque si a cualquier organismo le será posible difundir encuestas cuatro días antes, ¡ello sí podrá generar una incidencia electoral!
Yo no estoy en contra de que se lleven a cabo encuestas; solo digo que las entidades que las efectúan debieran al menos estar acreditadas, para que la ciudadanía cuente con información veraz y no distorsionada.
Por otro lado, considero muy injusto que este proyecto de ley, que busca la igualdad para acceder a los cargos de elección popular, establezca aportes para los candidatos y no para los electores. Señor Ministro, esta iniciativa quedará absolutamente truncada si no hay un fondo conforme al cual se determine un peso para quienes postulan y otro peso para la ciudadanía organizada, como son las asociaciones de consumidores.
La idea es contemplar un mecanismo de contraloría ciudadana a través del cual la gente pueda agruparse, de modo regulado, para decirles a los candidatos: "¡Yo no quiero su jingle! ¡Yo no quiero su gigantografía! ¡Yo no quiero sus volantes! Necesito que usted me responda si va a cumplir el programa que planteó, y lo invito a un foro donde estarán todos los demás postulantes". Es decir, menos cháchara, menos gigantografías, menos pancartas y más contenido.
Otro punto.
Si se deja al elector absolutamente a su arbitrio, por lo menos debiera financiarse el transporte público el día de la elección. Para las familias de escasos recursos -algunas son numerosas y votan cinco o seis integrantes-, aquello puede significar algo muy importante para su presupuesto.
Si queremos igualdad de acceso, debe haber transporte público gratuito, para que todos los ciudadanos, incluidos los pobres y, particularmente, los jóvenes, puedan ir a votar. No se les puede decir a estos últimos: "Vayan a sufragar, pero páguense la micro de ida y vuelta".
Si el Estado busca favorecer la participación, debe entregar todas las facilidades del caso, y siento que el transporte público gratuito el día de la elección es una de ellas.
Por otra parte, no me queda claro lo relativo a la pérdida del cargo. Se dice que habrá sanciones penales, pero eso debiera estar explícito: ¡el parlamentario que viole la ley perderá el cargo!
Si un deportista olímpico gana con doping, pierde la medalla y dejar de ser campeón. Sin embargo, conforme a esta propuesta, al candidato que gana la elección con trampa solo se le aplica una multa. Es como decirle a un campeón olímpico: "Usted, pese a descubrirse que estaba dopado, seguirá siendo campeón. Pague la multa y listo".
Reitero: aquí no se explicita con claridad cómo el parlamentario va a perder el cargo. De hecho, siento que va a haber temor de aplicar una norma como esa.
¡Debe existir certeza absoluta al respecto! ¡Lo dijimos el 2003!
El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Eso está contemplado.
El señor NAVARRO.-Si así es, señor Ministro, quisiera verlo incorporado de manera más nítida.
Señora Presidenta, observo que me quedan diez segundos.
¿Son diez o cinco minutos de intervención?
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Diez, señor Senador, pero ya se han cumplido.
Le concedo un minuto adicional para que concluya.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, pienso que es necesario sancionar el hábito de ciertas autoridades de apropiarse de las obras que llevan a cabo los gobiernos. Por ejemplo, los alcaldes en campaña de reelección suelen imprimir volantes que dicen: "Tal obra la hice yo", en circunstancias de que fue desarrollada por un Ministerio. Las obras públicas, o sea, las financiadas por el Estado, no se las debiera atribuir ningún candidato.
De otro lado, noto que queda fuera de la normativa el financiamiento de las precampañas. ¡Pero si la crisis que estamos viviendo hoy es por las precampañas! Y tampoco se contemplan aportes a las primarias. En mi opinión, todo ello debería estar incluido en la fiscalización no del SERVEL, sino de una contraloría electoral.
Asimismo, pienso que se debe obligar a los partidos a poner su logo en toda propaganda que emitan, para que no traten de pasar gato por liebre.
Por último, es necesario empadronar a todas las brigadas de campaña y establecer que no haya propaganda pagada en televisión abierta. En el proyecto se habla de propaganda en TV, pero entiendo que esa corresponde a la franja electoral.
Voto a favor de la iniciativa en general, con todas las observaciones que he formulado.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Hago presente a la Sala que hay once oradores inscritos y el Orden del Día termina a las 7 y media.
El señor MONTES.- Sigamos mañana, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- No es posible, Su Señoría, porque el artículo 168 del Reglamento dispone que, una vez abierta la votación, no se puede suspender por ningún motivo.
El señor LARRAÍN.- Reduzcamos el tiempo de intervención, entonces.
El señor MONTES.- No.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Propongo disminuir a cinco minutos el fundamento de voto.
No hay que olvidar que tenemos que rendir un homenaje al Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales, y ya están en las tribunas nuestros invitados, encabezados por el señor Embajador de Estados Unidos. ¡Aprovecho de saludarlos!
Además, al inicio de la sesión, a solicitud del Senador señor Horvath, se resolvió someter a votación dos proyectos de acuerdo.
Por todo ello, insisto en mi sugerencia de acortar las intervenciones.
El señor MONTES.- ¿Cuántos inscritos hay, señora Presidenta?
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Once.
El señor LARRAÍN.- Reduzcamos a cinco minutos el fundamento de voto.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- ¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, gran parte de este debate ha girado en torno a los hechos que nos han llevado a discutir hoy un proyecto cuyo objetivo central es el fortalecimiento y la transparencia de la democracia.
Por cierto, muchos podrán indicar que esto es consecuencia solo de la llamada "crisis de desconfianza" que se ha generado a raíz de la serie de hechos irregulares que el país ha conocido durante el último año.
La verdad es que anticipos e indicios de una crisis de credibilidad tan profunda como la que se observa hay varios. Para no ir muy lejos, podemos mencionar el Informe de Auditoría a la Democracia de 2014, del PNUD, que muestra exactamente el nivel de descrédito que presentan la política y los partidos, y el distanciamiento que existe entre estos y la ciudadanía.
Todos quienes hemos intervenido hemos dicho que valoramos la actividad política. La consideramos nuestra pasión y es indispensable para Chile, sin lugar a duda. Esto lo tenía claro Aristóteles hace 2.400 años. Sin embargo, todos también somos responsables del sitial en que finalmente ella ha quedado.
El Senador Navarro tiene razón en un aspecto, más allá de que en un episodio reciente ha contribuido al desprestigio de la política. Cuenta con un punto a favor: el 2003 fue, probablemente, una de las voces más claras en criticar la institucionalidad que estábamos fijando...
El señor MONTES.- No fue solo el Senador Navarro.
El señor QUINTANA.- Cierto. No lo fue. Pero estoy recordando sus intervenciones. Él hizo la advertencia en su oportunidad, y están las votaciones de varios de nosotros.
Cabe mencionar también lo que planteó Eduardo Engel hace cien días, cuando presentó a la Presidenta Bachelet un conjunto de propuestas en esta materia. Nos dijo que efectivamente lo del 2003 fue un esfuerzo insuficiente -¡creíamos que lo estábamos haciendo excelente!- y que esa regulación favoreció la llegada de platas negras a la política.
De eso tenemos que hacernos cargo.
Fue así como se pusieron en brazos de determinados sectores productivos -no quiero apuntar a nadie porque las investigaciones todavía no están cerradas y pueden incluso aparecer más empresas involucradas- ciertas candidaturas y algunos partidos.
Todo ello originó la crisis que hoy conocemos.
Frente a eso, creo que aquí no cabe mirar para el techo, sino actuar con voluntad política firme.
Debo agregar, además, que tal asunto la Presidenta Bachelet lo consideró dentro de su Programa de Gobierno. En efecto, cuando se firmó el acuerdo con Amplitud, se contempló un conjunto de disposiciones en orden a mejorar la calidad de la política.
Los temas de transparencia para la Primera Mandataria -también intentó avanzar en ellos en su primer Gobierno (en 2006)- son parte de las materias que se deben abordar.
En consecuencia, poder aprobar hoy en general un proyecto que busca relevar la función pública constituye una buena noticia. En definitiva, después de mucho tiempo, se está considerando como bien público la política y no como un problema, no como un ejercicio ajeno a la convivencia democrática.
Repito: Aristóteles esto lo tenía claro hace 2.400 años, cuando las relaciones entre sociedades y dentro de ellas eran la principal preocupación de la polis y constituían el motor fundamental para el desarrollo de las comunidades. Sin embargo, parece que eso se nos fue olvidando.
Siento que todos debemos colaborar en la solución: desde luego, el mundo político, que ha sido interpelado a propósito de las situaciones irregulares que se han conocido; pero también el ámbito académico y muchas otras instituciones que, según distintas y sucesivas encuestas, han perdido credibilidad. Porque esta crisis de confianza no es solo de la política.
Por supuesto, es el vínculo entre dinero y política lo que ha hecho colapsar el sistema actual y lo que hoy nos convoca frente a este proyecto.
En la discusión en particular habrá que analizar muchos aspectos.
Terminar con los aportes reservados a las campañas electorales, como plantea esta iniciativa, sin lugar a dudas constituye un tremendo avance.
También lo es establecer un financiamiento público trimestral a los partidos, con un nivel de exigencia alto, y fijar recursos públicos para las campañas y un aporte superior para fomentar la participación de candidatas mujeres.
Para todo ello, dos instituciones se verán altamente exigidas: el Servicio Electoral y los partidos políticos.
Creo que las medidas propuestas...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor QUINTANA.- Necesito unos segundos para terminar, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Le concedo un minuto adicional para que redondee su idea.
El señor QUINTANA.- Gracias.
Señalaba que este proyecto representa un avance importante.
Sería muy presuntuoso, en todo caso, suponer que con la sola aprobación en general de este proyecto nuestra democracia va a recuperar su color y la confianza ciudadana, perdida hace ya mucho tiempo.
No.Este paso significativo deberá ser complementado con, al menos, otras veinte iniciativas, lideradas por el Ministro Eyzaguirre, las cuales requerirán el respaldo del Parlamento.
Lo que no puede darse es una legislación que abra paso a irregularidades. Como alguien dijo: "hecha la ley, hecha la trampa".
Por ello, deberemos mirar con detenimiento, con mucho detalle, lo que pasa durante una campaña electoral en los medios de comunicación y en los lugares privados. Respecto de estos, algunos ya relativizaron el asunto, diciendo que no deberían regularse, con lo cual habrá todo tipo de libertinaje para instalar carteles.
En definitiva, no podemos ponernos nuevamente una venda en los ojos. ¡Este tema hay que resolverlo!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Debo informar que varios Senadores no se encuentran en la Sala, porque se hallan en las Comisiones que están funcionando en paralelo. Cabe recordar que muchos proyectos están con urgencias.
Doy excusas a quienes nos acompañan hoy en las tribunas por el tiempo que han tenido que esperar para el homenaje que rendiremos luego al Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales. Veo a exministros, a exalcaldesas, a alcaldes, a personas que trabajan en distintos centros de estudios, en fin.
Les pido paciencia.
Tal vez este debate sea de interés para ustedes.
Aún quedan diez inscritos, con cinco minutos cada uno. Por eso les solicitamos un poquito más de paciencia.
¡Ojalá mañana El Mercurio no nos critique por esta espera...! Porque todos estamos comprometidos con el homenaje.
El señor MONTES.- ¿Hay gente de El Mercurio...?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Sí, ¡así que tenga cuidado con lo que dice...!
Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, a propósito del rechazo inicial del Senador Montes a disminuir los tiempos de intervención, quiero recordar a Winston Churchill, quien decía: "Las palabras antiguas son las mejores, y las breves, las mejores de todas". Creo que en cinco minutos uno alcanza perfectamente a plantear las ideas de una discusión en general.
Este proyecto de ley nos lleva a debatir sobre el establecimiento de estándares más exigentes de transparencia y control de la actividad política. Cómo no hacerlo si desde el advenimiento de la creciente judicialización de la política se ha puesto en tensión la actividad misma y, lo que es peor, se ha determinado un clima ciudadano de desdén por la noble actividad que implica representar y ocuparse de los asuntos públicos.
En efecto, podemos afirmar que la iniciativa en cuestión es el resultado de la encrespada evolución del sentir nacional en los últimos meses, cuyos preocupantes resultados todos aquí conocemos.
Por consiguiente, iniciamos la discusión sobre nuevas normas y procedimientos administrativos que -partiendo por regular el proceso y el financiamiento de campañas, candidatos y partidos políticos- buscan mayor equidad y competencia en la política, una mejor canalización de los intereses generales de la sociedad, una mejor vinculación entre dinero y política, una mejor prevención de los conflictos de intereses y estándares más altos de transparencia y control.
Si bien el proyecto resulta ser de reciente inspiración -de hecho, tiene su origen en un mensaje presidencial del 15 de diciembre de 2014-, este responde a un problema y a una necesidad presentes desde hace ya algún tiempo en la contingencia nacional e internacional.
Los temas de transparencia y probidad van y vienen con la premura de la urgencia, que desplaza lo importante.
Recuerdo que en agosto del 2014, junto con el Senador Hernán Larraín, propusimos una agenda para mejorar la calidad de la política. En esa oportunidad solo un medio de comunicación, El Mercurio, cubrió la conferencia de prensa que dimos, en la que planteamos muchos de los puntos que ahora están recogidos en este proyecto de origen presidencial.
Señor Presidente, esta iniciativa es muy relevante.
Me parece fundamental, para aportar mayor claridad a quienes nos miran a través del canal de televisión del Senado, hacer ciertas precisiones respecto de lo que señaló un colega con anterioridad.
Este proyecto es uno más en la arquitectura jurídico-administrativa constitucional, legal y reglamentaria que vamos a estructurar para mejorar los estándares regulatorios de la relación dinero y política, disminuir el gasto electoral y establecer una institucionalidad mucho más eficiente.
Esta propuesta legislativa no es como alguien dijo por ahí: "Solo derecho sustantivo, sin institucionalidad".
El texto que nos ocupa supone el compromiso del Gobierno, en la discusión en particular, de establecer una modernización profunda del Servicio Electoral, el cual, en la práctica, pasará a ser constitucionalmente un órgano autónomo, con facultades y patrimonio propios y con capacidad de fiscalización. Incluso tendrá titularidad exclusiva -el monopolio de la acción- para pedir ante el Tribunal Calificador de Elecciones la cesación en el cargo de un senador, diputado, alcalde, consejero regional o concejal que haya infringido gravemente las normas de financiamiento y control de gasto electoral.
Es una buena noticia que el presente proyecto sea parte de esa estructura. En él -insisto- no estarán recogidas todas las materias. El rol del legislador es comprender esa arquitectura jurídico-administrativa como un todo y no elementos parciales.
Sin perjuicio de mi apoyo a esta iniciativa -la voté a favor en la Comisión Especial sobre Probidad y Transparencia, y haré lo mismo en esta oportunidad-, pienso que deberemos perfeccionar algunos elementos.
Es inexplicable que la Cámara de Diputados haya permitido que se financie la campaña con aporte propio sin ningún límite de gasto. Es decir, los que poseen patrimonio suficiente podrán financiar sin ningún tipo de restricción sus campañas electorales, en desmedro de los candidatos que deberán conseguir aportes de otra forma. No parece razonable esa disposición, porque privilegia a las grandes fortunas.
Tampoco es adecuada la norma que propuso la Cámara Baja en orden a prohibir el aporte reservado de persona natural. ¿Qué va a ocurrir cuando un trabajador quiera contribuir a una campaña con una cantidad limitada de dinero y su empleador lo amenace con sacarlo del empleo si concreta ese aporte?
Teniendo en cuenta que la Ley de Protección de Datos Personales considera las afiliaciones políticas y las inclinaciones religiosas como datos sensibles, no susceptibles de ser divulgados, me parece una contradicción lo planteado por la otra rama del Parlamento.
Señor Presidente, también será esencial introducir mejoras a la definición de propaganda electoral, con el fin de evitar lo que hoy sucede en lo relativo a las precampañas, que, en estricto rigor, no quedan reguladas de buena forma en esta propuesta legislativa.
El proyecto es un avance, y tenemos que apoyarlo.
Pero, sin duda, habrá que incorporarle perfeccionamientos para lograr los objetivos planteados: disminuir la influencia del dinero en la política y circunscribir las campañas a debates de contenido.
A su vez, debemos evitar un incentivo perverso: que la excesiva regulación lleve a una involución -es decir, a la situación anterior al 2003-, en la que las campañas comienzan a financiarse con dineros que no entran en el sistema.
Por eso, señor Presidente, será necesario realizar una discusión particular muy acuciosa.
Deberemos también revisar las experiencias comparadas para que finalmente contemos con un mejor estándar de transparencia en el financiamiento de esta noble actividad, que es la política.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en aras del tiempo y por las consideraciones que usted señaló, no me voy a extender en el análisis de esta iniciativa.
Solo quiero subrayar que estimo que este paso es absolutamente necesario dentro del proceso de modernización de la política en nuestro país.
Como bien lo recordaba el Senador Harboe, esta es una inquietud que varios teníamos desde hace mucho rato.
Bastaba ver las encuestas -antes de todos los procesos judiciales que se han abierto en el último tiempo- para darse cuenta de la reprobación ciudadana y de la falta de confianza de la gente en el funcionamiento de los partidos políticos; en particular, en su opacidad, en su falta de transparencia.
Frente a ello, se produce una situación bastante compleja.
Por una parte, el Parlamento avanza de forma muy rápida y efectiva en la entrega de su información a la opinión pública, a cualquier ciudadano. Hemos generado como parlamentarios -algunos quizá hemos tenido incluso la iniciativa en esto- un espacio muy distinto, al promover este cambio de cultura en Chile: del secretismo a la transparencia.
Sin embargo, por otra parte, ese proceso no lo hicimos en el ámbito de los partidos políticos, del financiamiento de las campañas. Por eso, no obstante lo positivo del avance realizado el año 2003, fue completamente insuficiente en el tiempo. Y esos vacíos han generado espacios para situaciones de irregularidad que tienen al país todavía más complicado y consternado.
En consecuencia, la necesidad de corregir, de restablecer y de crear una normativa que permita asegurar un financiamiento transparente y un control eficaz era absolutamente imperiosa.
En ese sentido, nosotros apoyamos la iniciativa en debate.
Más aún: aunque ella propone al final suprimir los aportes de personas jurídicas a la política y nosotros, incluso como partido, hemos planteado que eso es algo absolutamente legítimo, que se aplica en la mayoría de los países de la OCDE, y que, por lo tanto, no vemos ninguna razón de fondo, de principios, para impedirlo, desistimos, en atención a la sospecha ciudadana que hay sobre el financiamiento de la política, de imponer o de exigir ese punto como elemento central en el financiamiento de la política. Porque creemos que, como ocurre hoy, a la gente le da lo mismo si el aporte de una empresa se hace por la vía legal o por un medio irregular: igual lo condena.
Por lo tanto, para terminar con toda sospecha, decidimos no perseverar en el financiamiento de la política por parte de personas jurídicas, más allá de su legitimidad, y aceptar solo el proveniente de aportes fiscales y de personas naturales, de manera de garantizar en forma transparente que el sistema funcione.
No obstante, todo lo que se propone no funcionará, y tampoco será posible implementar siquiera la legislación que modificó el sistema electoral binominal, si acaso no tenemos un Servicio Electoral eficiente y ajustado a la nueva realidad.
Hoy día, dicho organismo no tiene la capacidad de controlar el gasto de las campañas. Y eso ha permitido, al final, que respecto de ellas no exista ningún tipo de límite de gasto real.
Eso es lo que tenemos que cambiar con la mayor brevedad posible.
Este proyecto no funcionará, y tampoco lo hará el nuevo sistema electoral para los comicios parlamentarios, si el Servicio Electoral no se reforma y moderniza completamente.
Sin embargo, la iniciativa sobre ese particular aún no es conocida por este Congreso. El tiempo pasa, y si no la tenemos antes de las elecciones municipales, no se podrá controlar el financiamiento de esas campañas.
Por lo tanto, junto con darle mi aprobación a la normativa que nos ocupa -ya veremos en detalle cómo la corregiremos-, solo me queda insistir en la urgente necesidad de contar, a la brevedad, con un Servicio Electoral adecuado a las demandas del nuevo sistema de transparencia y fortalecimiento de la democracia que va incorporado o implícito en esta iniciativa.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, el año 2003 enfrentamos una crisis de confianza de la ciudadanía respecto del Gobierno, del Parlamento, de los partidos políticos similar a la que estamos atravesando hoy.
Quizás en esa época la ciudadanía tenía un poco más de aguante, pues había transcurrido menos tiempo desde la recuperación de la democracia. Sin embargo, hoy está más cansada y los estándares de exigencia hacia nosotros son mucho más altos.
Por eso, a pesar de que legislamos el 2003 para hacer más transparentes los aportes a las campañas políticas, hoy, solo doce años después, debemos volver a legislar, apresuradamente, como consecuencia de los hechos que ha conocido la ciudadanía y que rechaza categóricamente.
Ello obedece, entre otras razones, a que en esa oportunidad no regulamos el financiamiento de los partidos políticos, y -digámoslo también- a que nunca pensamos que las campañas electorales adquirirían tal ritmo y dimensión que se saldrían de los marcos de financiamiento contemplados en la actual legislación.
Por eso hoy día estamos de nuevo en esa tarea.
Por eso este proyecto de ley dice: ¡No al aporte de las empresas! ¡Sí al aporte de las personas naturales!
Y por eso esta iniciativa reclama con tanta urgencia un Servicio Electoral fuerte, que pueda fiscalizar, que pueda observar lo que ocurre con las campañas en terreno, para dimensionar si se está cumpliendo o no el límite máximo de gasto electoral.
Pero digamos las cosas con mucha franqueza: yo creo que esta es una nueva oportunidad para el Gobierno; una nueva oportunidad para hacer transparente y fiscalizable el financiamiento de la política, de los partidos y de las campañas electorales, y todos debemos comprometernos a hacer el mayor de los esfuerzos para dar cumplimiento estricto a la nueva legislación sobre límite y control del gasto electoral.
No obstante, ese esfuerzo no es gratis, señor Presidente.
Para el próximo año, en que habrá elecciones municipales, se contempla un mayor gasto fiscal de 16 millones de dólares; y para el 2017, año de elecciones presidenciales y parlamentarias, de 23 millones de dólares.
Se trata de un esfuerzo de la ciudadanía para que haya mayor gasto público, y, por tanto, mayor financiamiento a los partidos políticos y a los candidatos; pero, también, más transparencia y más compromiso con el estricto cumplimiento de la normativa electoral y de los límites máximos de gastos en campañas.
Yo comparto esos objetivos, señor Presidente.
Por eso, voto a favor de la idea de legislar.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, este proyecto se construyó a partir de otras iniciativas presentadas con motivo de la reforma al sistema electoral binominal, en la que se planteó claramente la necesidad -incluso mucho antes de que se generaran todos los casos hoy día conocidos- de separar el dinero de la política a través de la fijación de un techo para gastos de campaña; de la supresión de los aportes reservados; del financiamiento estatal, para nivelar las posibilidades de los distintos candidatos.
Esta separación del dinero de la política reviste particular importancia en un país como el nuestro, tan centralista en lo público y tan concentrado económicamente, porque su influencia es bastante clara.
En segundo lugar, comparto la necesidad de tener un Servicio Electoral empoderado, porque no sacamos nada con prohibir o regular determinadas prácticas de campaña si no existe la capacidad de un ente público descentralizado y coordinado con otros, con la autonomía suficiente, para hacer cumplir las normas.
El tercer punto de la reforma al binominal decía relación con la apertura de espacio a expresiones políticas distintas de los dos grandes grupos consolidados políticamente en el país -estoy hablando de la Alianza y de la Nueva Mayoría, o ex Concertación-, para darle la posibilidad cierta a independientes, a partidos políticos regionales y a partidos emergentes. Por algo las cifras de abstención son cada vez mayores; eso demuestra la falta de sintonía respecto de las posibilidades de cualquier persona de entrar a ocupar cargos de elección popular.
En cuanto a la entrega de aportes del Estado solo a los partidos que tengan representación parlamentaria, debo señalar que ello frena la posibilidad de las colectividades emergentes y perpetúa nuevamente, de manera indirecta, el sistema binominal.
En ese sentido quiero ser muy claro, pues los que contribuimos a esa reforma plantemos que no se puede borrar con el codo lo que se aprobó con la mano en un momento determinado. Eso implicaría desnaturalizar, incluso, la difícil participación de los independientes, los liberales, el movimiento Amplitud y las distintas organizaciones regionales.
Otro punto es que no se vote solo por la persona o el grupo político, sino también por un compromiso y un programa. Es decir, se debe lograr que este último tenga un grado de vinculación y pueda ser exigido por los electores. Creo que eso permite avanzar en la línea correcta.
Vinculado con lo anterior está el tema del voto voluntario. No podemos escabullir el problema que involucra la cantidad cada vez menor de personas que sufragan. No se trata de volver al voto obligatorio -no es tan fácil como eso-, pero sí de asociar algún beneficio a los ciudadanos que ejercen este deber.
Pienso que hay cosas simples que se pueden hacer, y las hemos analizado con algunas organizaciones y personas. Por ejemplo, entregar un carné a la gente que vota, de manera que quede identificada y, luego de ello, pueda participar en consejos comunales, regionales o nacionales de distinta naturaleza. Asimismo, el carné podría permitirle, en igualdad de condiciones, acceder a un cargo público, a una beca, a un subsidio. Creo que por la vía de los incentivos podemos llegar bastante más lejos.
Es también la oportunidad de evitar todo tipo de intervencionismo electoral. Inaugurar obras atribuyéndolas a la gestión de determinada persona es verdaderamente abusivo y un mal uso de los fondos públicos y municipales.
Señor Presidente, debemos aprovechar esta oportunidad para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos y compromisos, conscientes de que en la discusión en particular podremos hacerlo.
Por esas razones, voto a favor.
)---------------(
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se me ha solicitado autorización para que la Comisión de Probidad y Transparencia, que está viendo el proyecto de reforma constitucional que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, pueda funcionar simultáneamente con la Sala.
¿Les parece?
--Se accede a lo solicitado.
)---------------(
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Pido que se les avise a los señores Senadores que están en Comisiones que muy pronto se iniciará el homenaje. Sé que todos están viendo proyectos muy importantes, pero esta actividad también es relevante.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, tal vez lo más fácil sería guardar silencio frente a un proyecto como este y aprobarlo en general, ya que a mi juicio va en la línea correcta.
Sin embargo, luego del debate que ha habido, me gustaría hacer algunas precisiones.
Primero, creo que todos debemos estar de acuerdo en que es necesario legislar sobre esta materia.
Efectivamente, hasta el año 2003 no había reglamentación sobre el financiamiento de las campañas. En ese tiempo se hablaba del "maletín" u otras formas bastante irregulares. Sin embargo, no existía un descrédito tan grande de la política como el que existe hoy. En ese momento se hizo un esfuerzo; nadie puede negarlo. Pero no estábamos en una situación de crisis tan profunda como la que enfrentamos ahora.
El año 2003 se trató de superar las críticas que se hacían al financiamiento de las campañas, las cuales muchas veces eran inequitativas, ya que unos candidatos podían contar con mayores recursos y otros, no. Sin embargo, transcurrido el tiempo se ha llegado a la conclusión, por las denuncias que hemos conocido recientemente, de que debemos adoptar medidas diferentes de las anteriores y terminar con los aportes reservados, porque han caído en descrédito y, además, en la sospecha permanente sobre su origen. Es preferible hacer transparencia sobre el tema.
Creo que todos tenemos que hacer aportes a este proyecto.
Primero, se debería regular y limitar el gasto de las campañas y controlar que ello no se infrinja. Para eso, deben establecerse sanciones drásticas, que esperamos que lleguen por la vía de la indicación anunciada por el Ejecutivo y que incluyan la posibilidad de perder el cargo si acaso se comprueba que hay una infracción grave en el gasto de la campaña en relación con los límites que impone la ley.
Por otro lado, para restringir el gasto tenemos también que reglamentar y acotar los elementos de publicidad de la campaña.
Quiero hacer un llamado de atención respecto a una norma que viene en el proyecto. El artículo 32 bis que se propone agregar, dice: "Podrá efectuarse propaganda en espacios privados mediante carteles, afiches adheridos, avisos luminosos o pintura".
¡Eso no debe hacerse! Sabemos que muchos candidatos concurren a lugares privados y pagan una cantidad de recursos para que se ubique su propaganda. ¡No! Tenemos que ir a un sistema como el de los países modernos. En parte, eso está recogido en las disposiciones, pero se requiere una mejor regulación para determinar los lugares donde se podrá instalar la propaganda.
En muchos países, para que la propaganda sea equitativa, se encomienda a los consejos electorales la determinación de los sitios en que ella se puede poner: "Mire, en tal plaza, en tal bandejón, en tal parte se pondrá la propaganda de los candidatos". Incluso, en algunos casos las propias municipalidades colocan y cuidan la propaganda exhibida.
Ahora, en cuanto a la limitación del gasto que promueve el proyecto, cabe señalar que uno de los grandes desembolsos que se han hecho en las últimas campañas son las famosas gigantografías, que tienen un costo muy alto y que muchas veces son aprovechadas en forma irregular por quien autoriza su instalación.
Más aún, en las últimas campañas -no lo olvidemos- nacieron empresas que pusieron gigantografías en determinadas partes, con bloques de cemento, y que le preguntaban a uno: "¿Dónde quiere usted que se coloque la propaganda?".
¡Eso hay que prohibirlo!
¡Debe haber una regulación que sea equitativa para todos!
Me parece bien lo que se ha dicho aquí sobre la radio, que exista alguna capacidad de control sobre este tipo de publicidad.
Por otra parte, creo que hay que corregir un punto, precisamente para que exista más equidad y posibilidad de conocimiento: en los lugares de votación debiera haber publicidad el día de la elección -regulada, por supuesto-, en la cual aparezcan la foto del candidato, sus propuestas, el logo del partido que lo presenta, de tal manera que cuando el elector entre pueda ver una galería de fotos e información que le ayude a resolver por quién quiere votar.
Encuentro razonables algunos aportes que se han hecho aquí en el sentido de que el sistema de control tiene que ser mucho más descentralizado. El Servicio Electoral no puede supervisar. Las municipalidades debieran estar obligadas a hacerlo. Incluso, con la posibilidad de remover al alcalde en caso de que no cumpla con las obligaciones que le correspondan en cuanto al control de la campaña, para que efectivamente esta se lleve a cabo de acuerdo con la reglamentación que tengamos.
Al Servicio Electoral debe dejarse el control del nivel de gasto, el juzgar si realmente hay infracción. Pero el control de la publicidad, en el terreno mismo, no puede hacerlo ese organismo, sino la municipalidad, a través de un sistema que habrá que determinar.
Ahora, en cuanto a los aportes, quiero llamar la atención respecto de otra norma del proyecto: la letra c) del número 3 del artículo 2°. Ella señala que las personas podrán hacer aportes de hasta quinientas unidades de fomento en un caso y hasta mil unidades de fomento en el otro. O sea, alguien podría donar 22 millones de pesos. ¿A quién? ¿A un solo candidato? Aquí se está partiendo de la base de que pueda hacerlo a varios candidatos, pero podría acumular los recursos en uno solo.
¡Eso no es posible! ¡No puede ser!
En Estados Unidos creo que el límite de aportes es de dos mil dólares, o sea, un poco más de un millón de pesos.
Eso tenemos que revisarlo.
Por tanto, señor Presidente -y con esto termino- creo que debemos tomar este proyecto y construir uno mejor, con la participación de todos nosotros, aportando nuestra experiencia en las campañas, de tal manera que haya realmente un financiamiento equitativo y que en las futuras contiendas electorales no existan diferencias entre el candidato nuevo y el candidato incumbente. Esa es la manera en que podemos colaborar para sacar una buena legislación, propósito en el que todos tenemos el deber de participar.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.