BENEFICIOS PARA PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, no puedo sino respaldar una iniciativa que apunta a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios municipales de la salud.

Quienes hemos tenido la responsabilidad de conducir municipios conocemos en detalle la realidad de la atención primaria y las dificultades que implica su administración.

Muchas veces hemos atestiguado con desaliento cómo el nivel primario, a pesar de poseer una importancia prioritaria en materia de prevención y resolutividad de los problemas de salud de la enorme mayoría de la población, arrastra notorias falencias, las cuales o son resueltas con recursos propios de los municipios o, sencillamente, se agravan en el tiempo sin solución alguna.

Ciertamente, este proyecto no resuelve los problemas centrales de la salud primaria. Pero constituye un avance y una mejora para los funcionarios y las funcionarias que hoy se desempeñan en los establecimientos de salud primaria.

En primer lugar, la iniciativa contempla el traspaso de funcionarios desde la categoría e), que corresponde a administrativos, a la categoría c), que equivale a técnicos de nivel superior, siempre que aquellos cuenten con el título pertinente.

Con esta enmienda se da una salida a funcionarios administrativos que han estudiado una carrera vinculada al ámbito en que se desempeñan en un centro de formación técnica.

Ello es muy válido desde el punto de vista del sacrificio efectuado personalmente por muchos administrativos que han optado por continuar estudios en el área de sus funciones. Es justo reconocer ese esfuerzo.

Pero el proyecto no dispone de recursos adicionales para aquellas funciones dedicadas a la atención de salud propiamente tal.

Si la preocupación principal, como ha dicho la Presidenta de la República, es resolver las necesidades de las personas, quisiera ver iniciativas de ley que, además de solucionar las reivindicaciones legítimas de los trabajadores, permitan que los municipios contraten más especialistas, más enfermeras, más técnicos médicos, que son los profesionales que hoy se requieren con más urgencia en los establecimientos.

Eso solo será posible con la revisión del per cápita. Pero esta materia está siendo estudiada por una Comisión, y no conocemos cuándo se presentará un proyecto de ley sobre el particular.

Ahora que se habla de revisar, reorientar, priorizar, a propósito de que se ha reconocido que no será posible cumplir todos los objetivos del programa de Gobierno, me parece que los esfuerzos en salud deberían, con mayor fuerza, orientarse a reducir las listas de espera, tanto de consultas médicas como de intervenciones quirúrgicas, que generan malestar e incertidumbre en miles de pacientes a lo largo de todo el país.

Solo en la Región de Los Lagos hay 59.937 personas en lista de espera por una consulta en los tres servicios médicos y 14.200 pacientes aguardando por una intervención quirúrgica.

Si el realismo evidencia la dificultad de construir todos los hospitales comprometidos, al menos no renunciemos a la idea de disminuir sustancialmente las listas de espera en los centros de salud del país, y resolver así un problema concreto y urgente de una parte importante de la población.

Por cierto, el apoyo a la atención primaria puede permitir avanzar fuertemente en la reducción de la lista de espera para especialistas. Sin embargo, en vez de dar ese respaldo, estamos aumentando la carga financiera a su administración, que desde hace años arrastra un fuerte déficit.

Insisto en que las reivindicaciones de los funcionarios me parecen muy legítimas, pero su financiamiento debe ser de total responsabilidad de la autoridad central, lo que una vez más no se cumple en este proyecto.

El Gobierno dice que se financia el mayor gasto producto de este traspaso de categoría. No obstante, para calcular el aporte solo consideró el valor fijado en la carrera lineal, que no se aplica en la realidad, puesto que la gran mayoría de los municipios ha mejorado las plantas para poder atraer al personal calificado necesario, lo que es más claro aún en comunas alejadas o de difícil desempeño.

Es decir, el Ejecutivo plantea financiar solo la diferencia nominal, no la real. Esta última deberá ser asumida por cada municipalidad, restando recursos al mejoramiento de las acciones directas de salud.

Por otra parte, en cuanto a la obligación de llamar a concursos internos para llenar los cargos de la dotación cuando no se cumpla la relación 80 por ciento de planta y 20 por ciento a contrata, el Gobierno tampoco asume todos los efectos financieros.

El proyecto contempla que el personal a honorarios también podrá participar de tales concursos. Pero ¿qué pasa si el cargo es llenado por alguien a honorarios? ¿Qué pasará con el funcionario a contrata? ¿Perderá su cargo? ¿Pasará a desempeñarse a honorarios, precarizando su condición? ¿O simplemente se aumentará la dotación?

En el primer caso, muy probablemente, con la nueva doctrina de los tribunales, habrá que pagar indemnización por años de servicios. En el segundo, simplemente aumentará el costo de la dotación. Ninguno de estos mayores costos está considerado en los informes financieros.

Señora Presidenta, en un escenario de restricción fiscal como el que se ha señalado, es aún más importante la focalización del gasto en aquellas necesidades más urgentes de la población.

La salud es una de esas prioridades y la atención primaria constituye una herramienta eficaz para cumplir los objetivos sanitarios fundamentales del Gobierno y dar respuesta a las demandas de la mayoría de la población.

Confío en que, a corto plazo, discutiremos los proyectos dirigidos a fortalecer directamente este nivel de atención.

Tales iniciativas deberán ir acompañadas de otras que busquen mejorar las condiciones de los trabajadores y reconozcan sus legítimos derechos.