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BENEFICIOS PARA PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede beneficios al personal de la atención primaria de salud, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, y urgencia calificada de "suma"
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.973-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 30ª, en 30 de junio de 2015.
Informe de Comisión:
Hacienda y Salud, unidas: sesión 33ª, en 8 de julio de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo que se persigue es mejorar las condiciones laborales de los funcionarios municipales de la Salud en lo concerniente a dos materias específicas:
1) Los artículos 5° y 6° de la ley N° 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria Municipal, establecen que quienes poseen un título de técnico de nivel superior deberán ser contratados en la categoría c) de la dotación de la entidad administradora de salud a la que pertenezcan. Sin embargo, algunas personas con dicha calificación profesional están incluidas en la categoría e), correspondiente a Administrativos de Salud.
2) El cumplimiento de la disposición del inciso tercero del artículo 14 de la misma ley, el cual determina que el número de horas contratadas a través de la modalidad de contrato a plazo fijo -esto es, por períodos iguales o inferiores a un año calendario- no podrá ser superior al veinte por ciento de la dotación de la entidad administradora.
Las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, discutieron el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 30 de junio recién pasado, y aprobaron, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Goic y Van Rysselberghe y señores Chahuán, Coloma, García, Girardi, Montes, Rossi y Zaldívar, la idea de legislar.
En cuanto a la discusión particular, ambos órganos técnicos efectuaron tres enmiendas, las cuales sancionaron por la misma unanimidad.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado en el que se consignan las modificaciones propuestas por las Comisiones unidas y el texto del proyecto de ley que quedaría de ser acogidas.
Nada más.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.


El señor TUMA.- Señor Presidente, la iniciativa es el fruto de un acuerdo alcanzado mediante extensas negociaciones entre el Ministerio de Salud y los funcionarios de la atención primaria de salud municipal y la Asociación Chilena de Municipalidades. Con ello se satisface una demanda de los trabajadores que han permanecido un largo tiempo a contrata o a honorarios.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet finalmente ha llegado a una coincidencia con el personal del sector. El costo fiscal ascenderá a 782 millones de pesos en 2016 y se favorecerá a mil 291 funcionarios, y a mil 16 millones en 2017, cuando mil 678 funcionarios, o subirán de grado, o pasarán de honorarios a planta o de contrata a planta.
Creo que esta es una solución que les dará seguridad, estabilidad, dignidad, a personas que por tanto tiempo se han mantenido en la incertidumbre con relación a su labor.
Y vale la pena decirlo: creo que uno de los asuntos más sensibles hoy día para la población es su demanda de salud. Qué duda cabe de que la atención primaria es la que recibe la primera señal de la comunidad. Si el Estado no conserva contentos a sus trabajadores en este ámbito, las posibilidades de prestar un mejor servicio son menores.
El proyecto avanza en mejorar la condición laboral y previsional de quienes se desempeñan en dicho nivel en el sector público, mas tenemos que hacer otro tanto en relación con el personal a honorarios del Gobierno Central y de los municipios. Es decir, el texto en debate se refiere a una parcialidad: dice relación con los trabajadores de la salud primaria, pero no está resuelto todo lo referente a las aspiraciones y demandas del sector público en cuanto a terminar definitivamente con la inestabilidad, con los contratos a honorarios.
Sabemos que el sector privado no puede mantener estos últimos por más de noventa días. Tiene que regularizarlos. No son labores esporádicas. El Estado, en cambio, registra casos de dos, tres, cinco o veinte años de un contrato a honorarios o de algún otro bastante precario.
En definitiva, se contempla aquí una solución, pero apenas de una parte.
La cantidad de trabajadores a honorarios en el Gobierno Central ha experimentado un incremento en el tiempo, explicado especialmente por los contratados a jornada completa. En el período de 2006 a 2013 creció en un 20,2 por ciento, esto es, de 29 mil 840 personas a 35 mil 853.
En los municipios aumentó de 22 mil 671 trabajadores a 40 mil 864 entre 2008 y 2013.
Nos hallamos, entonces, ante una situación masiva. Es de importancia para muchos chilenos y, por lo tanto, para numerosas familias. La política del Gobierno va lentamente, diría, atendiendo una demanda que siempre ha estado presente y nunca se ha resuelto. Me parece que ahora se da un paso importante para los trabajadores de la salud primaria, pero también constituye una señal inequívoca de lo que se debería seguir haciendo para regularizar los contratos y darles seguridad a las familias.
Uno de los elementos que entrega la iniciativa es estabilidad laboral, no inamovilidad. No confundamos una con otra. Si alguien desempeña mal su trabajo, va a perder el cargo.
Lo que ocurre es que las personas que prestan servicios a honorarios o a contrata no tienen una certeza de lo que va a pasar el año siguiente. En esa condición, ningún trabajador -y ninguna familia- se halla en condiciones de dignidad en el trato laboral y en la seguridad de su futuro.
La estabilidad laboral se mejora por la vía de cumplir con la ley y el porcentaje de ochenta por ciento de personas con contrato indefinido. Cabe considerar que quienes se encuentran a honorarios tienen contrato a plazo fijo por uno o dos meses y quedan en una situación de permanente amenaza por parte de sus empleadores respecto de si se les renovará o no.
Lo anterior es lo que ocurre normalmente en el sector público, donde a fin de año se ignora si se va a continuar contando con la fuente de trabajo.
Sin embargo, deseo consignar que se da un paso importante. Esta es una señal inequívoca de la voluntad expresa y del compromiso del Gobierno de la Nueva Mayoría en cuanto a regularizar la situación. Y creo que es el primero. Nos quedan muchos más en favor de la dignidad en el tratamiento que el Estado tiene que darles a sus trabajadores.
Voy a aprobar entusiastamente el proyecto.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Prokurica.


El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la salud en nuestro país sufre una de las peores crisis en los últimos veinticinco años, la cual amenaza con colapsar el sector público. Y ello radica, a mi juicio, en tres ejes principales.
El problema no solo lo sufren los pacientes, quienes padecen largas esperas, sino también los trabajadores del sector, que tienen que enfrentar a personas que exigen sus derechos, por supuesto, y están empoderadas, pero a los que el Estado no les brinda todos los medios para poder atenderlas.
El primer aspecto que cabe mencionar es el aumento de la deuda hospitalaria. En mayo recién pasado, la Ministra de Salud reconoció que podría llegar a 200 mil millones de pesos. Lamentablemente, ya se registra la crítica cantidad de 190 mil millones.
Ello es producto, entre otras razones, de la falta de materialización de un programa de salud que está enfocado en la creación de 20 hospitales -por lo demás, están atrasados-, de los problemas de gestión de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y del pago de prestaciones subvaloradas.
En segundo lugar -y creo que es otro eje que representa la problemática de la salud nacional-, está el déficit de médicos especialistas en el sistema público, tanto en hospitales como consultorios, que se suma a la falta de personal calificado, como matronas, enfermeras, tecnólogos y auxiliares. En mi Región, por ejemplo, la falta de médicos especialistas es dramática. El 36 por ciento de los médicos que salió a especializarse entre 2000 y 2010 nunca volvió a la Región de Atacama; y una gran parte de ellos, lamentablemente, está hoy día trabajando en clínicas privadas de Santiago. Es decir, se fueron becados y financiados con recursos públicos de mi Región y jamás regresaron.
En tercer lugar, se encuentra el aumento de las listas de espera.
De acuerdo con la reciente información de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para el primer trimestre de 2015, las listas de espera en el sector público siguen en su tendencia al alza. En cuanto a las patologías no AUGE, en marzo de 2015 el número de casos en espera de ser atendidos llegó a un millón 884 mil 451 personas, 77 por ciento de los cuales contempla un retraso significativo (120 días o más, tratándose de consultas, y un año o más en el caso de intervenciones quirúrgicas). Este número es 3,2 por ciento superior al de marzo de 2014.
Según el mismo informe, en marzo de 2015 había casi 240 mil personas aguardando por una cirugía. Esto muestra un aumento de 23 por ciento respecto del número de pacientes que requería una intervención quirúrgica en el mismo mes del año pasado, cuando había casi 195 mil personas en esa situación.
Señor Presidente, el objetivo de este proyecto va en la línea correcta, pues mejorará las condiciones laborales de los funcionarios municipales de la salud (a mi juicio, ello permite también enfrentar de mejor manera la realidad de la salud, porque cuando funcionan bien los consultorios no se atochan los hospitales) en lo que concierne a dos materias específicas.
En primer lugar, los artículos 5° y 6° de la ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, establecen que quienes posean un título de técnico de nivel superior deberán ser contratados en la categoría c) de la dotación de la entidad administradora de salud a la que pertenecen. Sin embargo, algunas personas que cuentan con dicha calificación profesional, en lugar de hallarse en la mencionada categoría, están incluidas en la categoría e), de administrativos de salud.
En segundo término, permite el cumplimiento de la disposición del inciso tercero del artículo 14 del mismo cuerpo legal, el cual determina que el número de horas contratadas a través de la modalidad de contrato a plazo fijo -períodos iguales o inferiores a un año calendario- no podrá ser superior al 20 por ciento de la dotación de la entidad administradora.
Señor Presidente, este proyecto cumple con ese objetivo. Un buen y mejor funcionamiento de la atención primaria ayudaría a atenuar y descomprimir, como dije anteriormente, de mejor manera los problemas que hoy enfrentan los principales centros hospitalarios públicos de nuestro país. Ello, puesto que muchas de las atenciones que debieran realizarse en la salud primaria van directamente al hospital, lo que produce más atochamiento, más listas de espera y más problemas para atender a las personas.
Los servicios de atención primaria de urgencia nacieron con la idea de descongestionar las postas de los hospitales y acercar la atención de las urgencias menores a la gente. Pero hoy, lamentablemente, las prestaciones que se debieran realizar ahí terminan no efectuándose, producto de la falta de médicos, personal técnico, infraestructura e insumos necesarios y medicamentos; pero también como consecuencia de las malas condiciones laborales y bajas remuneraciones del personal de estos centros de atención de salud.
Por eso, señor Presidente, la bancada de Renovación Nacional votará a favor, porque la iniciativa constituye un paso adelante para solucionar uno de los problemas que las personas nos plantean reiteradamente en terreno: las falencias de la salud pública primaria.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.


La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, junto con anunciar mi voto a favor, felicito a los involucrados en esta solución, que, de alguna manera, termina con un problema crónico, no solo en la administración de salud, sino en general en la administración pública, particularmente en la municipal.
Lo anterior, a pesar de que, sin duda, a ratos fue una conversación dura, directa y franca.
Se llegó a un acuerdo sin afectar a los usuarios de la salud municipal, lo que, en verdad, merece un reconocimiento, porque no sucede lo mismo en otras áreas de la administración pública.
Me parece bien el artículo 1°, que reconoce el esfuerzo tanto personal como familiar que realizan muchos funcionarios que ingresan a la administración de salud y que, fruto de aquello, obtienen un título técnico-profesional.
Esta iniciativa viene a reconocer aquel esfuerzo al encasillarlos en el escalafón que les corresponde.
Sin embargo, creo que este proyecto también tiene una letra chica, porque, si bien en las Comisiones unidas se planteó que los recursos adicionales que conlleva la ley en proyecto serán aportados por el Ministerio de Salud, también se dijo que ellos se calcularán sobre la base de una carrera referencial lineal diseñada a partir del sueldo base mínimo nacional.
Lo que sucede es que los municipios sufren de falta de personal. Por ello, muchas veces para retener a su personal -sobre todo, las municipalidades más pequeñas- le incrementan el sueldo. Y, por lo tanto, están por sobre la renta promedio nacional.
Entonces, ¿qué estamos haciendo con la ley en proyecto? Estamos castigando a aquellos alcaldes que, pese a la estrechez de su presupuesto, hacen una inversión en salud tratando de generar incentivos para retener a su personal, pues ese delta no está cubierto por esta iniciativa, se calcula sobre la base de un sueldo promedio.
En consecuencia, si bien creo que es importante que se aporten los recursos, me parece que no está suficientemente bien resuelto este punto.
El artículo 2° busca regularizar las plantas de la salud municipal, ajustándolas para que un 80 por ciento del personal sea de planta y un 20 por ciento, a honorarios. Se señaló que esto era necesario porque había municipios en donde la proporción incluso era al revés: 20 por ciento de planta y 80 por ciento a contrata o a honorarios.
Vuelvo a plantear lo que manifesté en las Comisiones unidas. Yo fui alcaldesa por más de 10 años, y durante ese período -y acá hay varios exalcaldes que podrán corroborarlo- la Contraloría se dejaba caer casi anualmente para pesquisar que cumpliéramos con esas normas. No sé si eso ocurría por tratarse de la Municipalidad de Concepción, o por algún color político de los funcionarios de la Contraloría, no tengo la menor idea. Pero nos fiscalizaban. Y si en algún momento pasábamos el porcentaje, nos amenazaban con las penas del infierno si no regularizábamos esa situación.
Por lo tanto, me llama tremendamente la atención la falta de fiscalización que existe en este minuto.
Creo que hacer una ley para lograr que se cumpla otra es bastante absurdo. Es decir, si existe un cuerpo normativo que obliga a los municipios a tener 20 por ciento de los funcionarios a contrata y 80 por ciento de planta, debiera cumplirse sin necesidad de estar legislando de manera adicional. Sobre todo si esto ya se hizo el año 2005 -se llamó la "Ley de Alivio"- para poder regularizar la situación.
Entonces, me parece que hay también una responsabilidad del Ministerio de Salud y de los organismos fiscalizadores en orden a evitar que esto se repita cada cierta cantidad de años, porque es bastante absurdo.
Si bien voy a concurrir con mi voto favorable -y felicito a quienes llegaron a este buen acuerdo-, creo que a los dos puntos mencionados hay que ponerles atención, pues no me parece justo castigar a los alcaldes que invierten en salud -precisamente en la que está más cercana a la gente, que es la salud primaria- no entregándoles los recursos necesarios para suplir completamente lo que está escrito en este proyecto de ley.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.


El señor ORPIS.- Señor Presidente, sin duda, como señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, lo propuesto representa un importante avance.
Sin embargo, pedí votación separada del último párrafo del primer inciso del artículo 1°, y voy a explicar por qué.
En la norma mencionada se establecen dos condiciones para acceder a la categoría c): por un lado, acreditar que se está en posesión de un título de técnico de nivel superior, bajo las leyes respectivas; y por otra parte, realizar "funciones pertinentes a la categoría en que se desempeñarán y a la formación por la que se les ha otorgado dicho título". Y agrega la disposición que por el solo ministerio de la ley pasarán a tener dicha categoría.
¿Ante quién se debe acreditar el cumplimiento de esos requisitos? Ante la entidad administradora de salud municipal. Y, habiendo cumplido con tal trámite, por el solo ministerio de la ley los funcionarios entran a la categoría c).
Por lo tanto, no me parece correcto que, acreditadas tales condiciones ante la entidad administradora municipal, el servicio de salud competente pueda objetar la calificación. A mi juicio, el único organismo llamado a impugnarla es la Contraloría General de la República.
¿Por qué el servicio de salud va a entrar a objetar lo resuelto por un organismo llamado por ley a efectuar esa certificación?
En consecuencia, señora Presidenta, solicité la separación de la votación para impedir que el servicio de salud respectivo pueda objetar la mencionada calificación.
Si no se cumplen las condiciones que establece la ley, no es el servicio de salud competente, sino la Contraloría General de la Republica la que tiene que impugnar el cumplimento de las dos condiciones estipuladas en el artículo 1° para acceder a la categoría c) por el solo ministerio de la ley.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.


La señora VON BAER.- Señora Presidenta, todos tenemos clara la necesidad de fortalecer la atención primaria de salud en nuestro país. Y esto es especialmente importante si pensamos en las regiones donde muchas veces los hospitales quedan muy alejados.
Por eso, resolver los problemas de salud en la atención primaria resulta tremendamente relevante.
Por ejemplo, si consideramos lo que cuesta llegar en una Región como la de Los Ríos desde Coñaripe hasta Valdivia, donde está el hospital base, uno se da cuenta de lo significativo que es que la atención primaria de salud tenga mayor capacidad de resolución que en la actualidad.
Eso reviste especial importancia también cuando ponemos sobre la mesa la realidad de hoy en las regiones.
En la Región de Los Ríos se postergó la construcción de todos los hospitales, lo que también incluye las reposiciones y los estudios de preinversión. Ejemplo de esto último es el hospital de Panguipulli, cuyo estudio se iba a efectuar en 2014, pero finalmente se dejó para 2019. Las mejoras en infraestructura hospitalaria de la Región se encuentran retrasadas en dos, tres o cuatro años.
En tal sentido, resulta tremendamente trascedente que, dada la falencia hospitalaria que tendremos en regiones como la de Los Ríos, podamos fortalecer la atención primaria de salud. Porque, cuando miramos la realidad que ella presenta, observamos muchos déficits, especialmente de financiamiento.
Por eso, nosotros vamos a concurrir con nuestro voto favorable a este proyecto, pues significa un avance al reconocer la importancia de la atención primaria de salud, al incrementar su financiamiento y al mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.
Sin embargo, señora Presidenta, creemos que, dada la realidad especialmente en regiones -ya la comenté anteriormente-, debemos fortalecer aún más la atención primaria de salud.
Por eso, expreso mis felicitaciones al municipio de Valdivia y a los funcionarios de la atención primaria de salud de la comuna por haber entregado hace un par de meses un completo análisis y una propuesta acerca de lo que se debería hacer para fortalecer este sector, al objeto de que cuente con mayor capacidad de resolución.
Uno de los temas importantes cuando hablamos de cómo fortalecer la atención primaria de salud se refiere al déficit de médicos.
La falta de dichos profesionales se ha calculado en mil 300, que representa un déficit de 37,1 por ciento, de acuerdo a los estándares definidos por el sector salud en función de la cantidad de médicos que debería existir por habitante.
Eso significa, finalmente -según los cálculos que figuran en un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile-, que se deja de atender o se deja de atender bien a 20 personas por día.
Por lo tanto, las personas no concurren a los centros de atención de salud primaria, o a los consultorios, o a los CESFAM porque no hay médicos y no tienen la posibilidad de resolver.
Adicionalmente, tenemos un problema cultural, y los decanos de las facultades de medicina de nuestro país así lo han señalado: "Existe un problema cultural en el sentido de que la gente no va a los consultorios para solucionar sus dificultades de salud".
Pero, al mismo tiempo, si no hay médicos suficientes que permitan mayor capacidad de resolución en la atención primaria, es obvio que la gente no irá. Por eso, la recarga laboral a la que están sometidos hoy día los funcionarios, los médicos de la atención primaria de salud es realmente tremenda.
Se calcula -en el mismo estudio ya mencionado- que habría alrededor de 30 mil personas que no acceden a consultas médicas por dicho déficit de profesionales.
Por otra parte, el Presidente del Colegio Médico ha dicho que los médicos de la atención primaria de salud se quejan en forma reiterada de la falta de tiempo para dedicar a sus pacientes; de la falta de tiempo para realizar reuniones clínicas; de la falta de tiempo para asistir a cursos, y de la imposibilidad muchas veces de acceder a mayor tecnología o a exámenes de laboratorio.
En tal sentido, señora Presidenta, creemos que se debe avanzar mucho más en el fortalecimiento de la atención primaria de salud y en la reducción de la brecha de médicos y de profesionales en general.
¿Por qué los médicos no se quedan más tiempo en la atención primaria y se van? Primero, porque los sueldos no son competitivos, al compararlos con los del sector privado o los de otros ámbitos, a pesar del esfuerzo importante -lo mencionaba la Senadora Van Rysselberghe- de muchos municipios, especialmente los más alejados, por mejorar la remuneración de sus médicos, de sus funcionarios, con la finalidad de retenerlos.
Pero el Gobierno central, como ocurre tantas veces en el caso de los servicios que entregan los municipios, no traspasa los recursos suficientes para cubrir las brechas de salarios o de suministros.
Eso lo conversamos en la discusión de la última Ley de Presupuestos.
El actual per cápita en salud es muy bajo. El Gobierno lo aumentó muy poco, porque al calcularlo sumó los programas que de todas maneras pagaba. Los municipios no pueden sacar esos programas, por lo tanto, se hallan desfinanciados. Reitero: el aumento del per cápita en salud fue muy pequeño en el proyecto de Ley de Presupuestos presentado el año pasado. Al final, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos logramos subirlo un poco, pero no lo suficiente.
Por eso, por su intermedio, señora Presidenta, le pedimos al Gobierno que se haga cargo de la brecha de médicos, del problema de los sueldos, y de que, ojalá, en el proyecto de Ley de Presupuestos de este año sea posible aumentar el per cápita de manera más importante.
Por otra parte, señora Presidenta, para que podamos tener mejores profesionales y que permanezcan el suficiente tiempo en la atención primaria, en la misma propuesta que entregó el Municipio de Valdivia junto con los funcionarios se decía: "Acá hay un tema de asignación de becas de especialización para los médicos de atención de salud primaria a fin de que, de hecho, tengamos médicos de familia, por ejemplo, para quienes sea atractivo irse a este sector".
De otro lado, se tiene que reconocer de mejor manera la antigüedad y, en consecuencia, incrementar los salarios. Estos son muy bajos, por lo que no hay una permanencia suficiente de los funcionarios, de los médicos, de los técnicos en la atención primaria de salud, que realmente nos permita disponer de personal con experiencia que pueda solucionar los problemas en este sector.
En tal sentido, señora Presidenta, debemos poner bastante más énfasis en la atención primaria de salud. Esto es especialmente importante para regiones como la nuestra (la de Los Ríos), en que se observa retraso en todos los hospitales, porque hay sectores que quedan muy muy lejos, cuyos habitantes tienen que viajar muchísimo para llegar a ellos.
Es ahí donde esperamos que el Gobierno pueda recoger especialmente el tema de las brechas de los médicos, de las brechas salariales planteado durante el día de hoy.
Además, tenemos que terminar con lo relativo a los funcionarios a honorarios. En este punto existe un problema en la Ley de Plantas Municipales, y precisamente ayer aquellos en tal condición planteaban que hay muchos más funcionarios a honorarios de lo que se ha reconocido. Esperamos que el Gobierno también pueda recoger esta temática, a través del aumento del financiamiento para los municipios.
En consecuencia, señora Presidenta, creemos que este proyecto va en la dirección correcta; pero, asimismo, que debemos realizar un esfuerzo mucho mayor para fortalecer nuestra atención primaria de salud.
Anuncio que votaré a favor.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señora Presidenta, obviamente hay numerosos aspectos comprendidos en el tema de la salud.
A propósito, no sé si estoy disfónico o afónico, doctor Rossi...
El señor QUINTEROS.- ¡Sinfónico...!
El señor COLOMA.- ¡Disfónico, no eufórico...!
Particularmente, quiero decir que comparto lo planteado por la Senadora Von Baer.
Hay un conjunto de complejidades derivadas de los problemas anunciados.
La Presidenta de la República anunció hace poco que habrá una reingeniería -no quiero usar un lenguaje de otro tipo- que, entre otras cosas, va a afectar lo referido a la salud, lo cual puede provocar un retraso muy significativo en los avances de esta Cartera, especialmente en zonas como el Maule o Los Ríos, muy carentes de estructuras hospitalarias.
Eso es parte del tema.
No obstante, deseo abocarme muy brevemente a un asunto distinto.
Aquí se trata de hacer, básicamente, dos cosas.
Primero, dar un sentido de estabilidad en el cargo a funcionarios administrativos de salud.
¿Y qué se hace?
Quiero explicarlo.
Concretamente, se establece que "Los funcionarios administrativos de salud que, a la fecha de publicación de esta ley, estén clasificados en la categoría e)" -de los administrativos de salud- "y que, a dicha fecha o hasta el 31 de agosto de 2016, acrediten estar en posesión de un título de técnico de nivel superior" (...) "y que, además, realicen funciones pertinentes a la categoría en que se desempeñarán" -letra c), técnicos de nivel superior-, pasarán por el solo ministerio de la ley a esa nueva categoría.
Eso es lo medular de esta primera idea fuerza, en la cual se da -no sé si es la palabra exacta- una especie de fast track obligatorio respecto de los administrativos de salud: si tienen el título adecuado para ser técnicos de nivel superior y desempeñan una tarea de esa naturaleza, automáticamente ejercerán ese cargo.
Me parece que eso constituye un avance. Uno podrá decir que no es suficiente, pero creo que debemos compartirlo y señalarlo.
Eso sí, quiero agregar que las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud hicieron un aporte relevante. Porque este mismo artículo disponía originalmente que, si en un momento determinado el municipio, las entidades administradoras de salud municipal hacían uso de los recursos adicionales que les entregaba el Estado a este efecto para otros fines, se perdería el beneficio otorgado.
Obviamente, esa no puede ser la idea. Entonces, de buena manera se cambió a que, si ocurre lo anterior, ello acarreará las sanciones administrativas correspondientes.
En este punto los administrativos de salud sentían una legítima inquietud. ¿Qué pasaría si una organización administrativa de salud, que recibe recursos para financiar esta nueva categoría de personal -la c) tiene más remuneraciones que la e)-, destinara a otro fin parte de esos dineros? Lo que no podría ocurrir sería que el funcionario perdiera el ascenso -por así decirlo-, o el cambio.
La situación se resuelve de buena manera, a mi juicio, mediante el establecimiento de la sanción en la entidad administrativa, no en el funcionario, que por efecto de esta ley pasa a tener un derecho que no por una mala práctica ha de ser conculcado.
Así que me parece una buena decisión. Y, por lo mismo, la apoyo.
Segundo, esto también busca -quiero hacer una pequeña puntualización- que "Las entidades administradoras de salud municipal que, a la fecha de publicación de esta ley, tengan un porcentaje superior al veinte por ciento de su dotación en calidad de contratados a plazo fijo, deberán llamar a concurso interno para incorporarlos a dicha dotación en calidad de contratados indefinidos".
Al respecto, hice una consulta acerca de si el nuevo concurso tenía que ser por el veinte por ciento o por el total, y se aclaró que hasta el veinte por ciento. En el fondo, se trata de exigir el cumplimiento íntegro de la norma legal, que -debemos decirlo- suele no ser cumplida por diversas entidades administradoras de salud.
Con esto, se fuerza a aquellas al cumplimiento de la ley o a entender que el exceso tiene que conllevar un contrato indefinido, y a no continuar con una mala práctica y a seguir ininterrumpidamente con más del veinte por ciento de la dotación en calidad de contratados a plazo fijo, sin pasar estos a plazo indefinido, como siempre estuvo en el espíritu de la ley.
Por ello, señora Presidenta, entendiendo que, en comparación con el ascenso al Everest que tenemos que hacer en materia de salud esto es como escalar un pequeño monte, prefiero hacer esto último y abocarme con fuerza a otros temas.
No cabe duda -estuvieron presentes los representantes de los distintos gremios- de que esto era un compromiso. Y siento que en el Parlamento se planteó que es lo que podía entregar el Gobierno. Es un problema de este en su relación con los gremios.
En lo que a mí respecta, se lo pregunté a los gremios. Y me señalaron que se trata de un primer paso con el cual concuerdan. Esto no significa que se acaben los problemas en materia de salud. Pero es un avance significativo, y así me lo hicieron ver los gremios de la Región del Maule que me contactaron.
Ahora nos queda la otra tarea, que es mucho más relevante, en cuanto a cómo puede tener lo relativo a la salud, que siempre será una prioridad ciudadana, un correlato en la modernización de sus esquemas, de sus formas de trabajo, de su estructura, de sus especialistas, que nos haga ver el futuro en forma muy distinta.
Es indudable, señora Presidenta, que aquí radicará el tema eje en los próximos años. Y espero que nos aboquemos con seriedad a enfrentarlo de una vez por todas.
He dicho.
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Deseo saludar a los vecinos y a las vecinas de la población Santa Lucía, de Casablanca, invitados por la Senadora señora Lily Pérez.
¡Sean muy bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Reciban también nuestros saludos los trabajadores de Casablanca.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Además, demos un gran saludo a los dirigentes de la CONFUSAM.
¡Sean muy bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García.


El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, por supuesto, votaré a favor de esta iniciativa, al igual como lo hice en las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda.
Espero que este proceso, que parte con el despacho de la presente iniciativa de ley, termine bien a través del encasillamiento de los funcionarios administrativos que, por haber estudiado y obtenido un título de técnico de nivel superior, pasen a la categoría c) del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, que precisamente corresponde a los profesionales de ese tipo.
¿Por qué digo que anhelo que este proceso termine bien? Porque no todos los funcionarios administrativos de la salud municipal que hayan estudiado pasarán a la categoría correspondiente a los técnicos de nivel superior, ya que para ello tendrán que realizar -leo textual- "funciones pertinentes a la categoría en que se desempeñarán y a la formación por la que se les ha otorgado dicho título".
Es decir, existen dos requisitos adicionales a estudiar y obtener un título, con gran esfuerzo personal y familiar -como aquí se ha reconocido-: realizar funciones pertinentes a la nueva categoría y que las tareas por cumplir sean correspondientes a la posesión del título de técnico de nivel superior.
Esas exigencias muchas veces producirán roces, conflictos. Y, según entiendo, esto tendrá que ser supervisado, primero, por el municipio como entidad administradora, y luego, por los servicios de salud, a fin de resolver si alguien está bien o mal encasillado.
Hay que hacer presente que esta iniciativa tendrá un costo fiscal en 2016 de 782 millones de pesos, año en que beneficiará a 1.291 funcionarios -según consigna el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos-, y que se estima que para 2017 el mayor gasto fiscal será de 1.016 millones de pesos destinados a 1.678 personas.
Es muy importante precisar esos números, ya que los alcaldes siempre reclaman que despachamos leyes sin financiamiento, que luego les representan a ellos mayor desembolso, más gasto fiscal, debido a que en el Parlamento no tenemos la rigurosidad de asegurarnos de que tales recursos estén.
En este caso concreto, tanto el Ministerio de Salud (a través de la Subsecretaria de Redes Asistenciales y del Subsecretario de Salud Pública) como la Dirección de Presupuestos nos manifestaron -así, por lo demás, lo consigna el informe- que estos recursos estarán disponibles en la Ley de Presupuestos de 2016, y también, por supuesto, desde 2017 en adelante de manera perfectamente identificada.
Otra cosa que igualmente resulta de gran relevancia es que ningún municipio podrá darles a estos recursos otro destino que no sea el reencasillamiento en la categoría correspondiente a técnicos de nivel superior.
La segunda medida que contiene este proyecto es el establecimiento de la relación 80/20. Es decir, que en toda dotación de funcionarios de la salud municipal siempre se mantenga 80 por ciento de planta y 20 por ciento a contrata.
¿Por qué es importante esta iniciativa y por qué se debe legislar al respecto, a pesar de que las normas generales dicen que siempre tiene que existir la relación 80/20? Porque en este caso se permiten concursos internos.
Los municipios no tendrán que llamar a concursos abiertos, sino que primero se llenarán las vacantes en forma interna, de manera que puedan participar los funcionarios contratados a plazo fijo que hayan laborado durante tres años continuos o discontinuos, al igual que el personal a honorarios, siempre que acrediten haber cumplido funciones durante tres años continuos.
Por eso, señora Presidenta, este proyecto es necesario, trascendente, y nosotros confiamos en que signifique mayor bienestar y que los funcionarios se sientan más reconocidos por su importante labor en la atención primaria de la salud municipal.
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, tal vez tendría que haberlo hecho después de la Cuenta, pero quiero solicitar que se recabe unanimidad a fin de ampliar el plazo, hasta el próximo lunes 20 de julio, a las 12, para presentar indicaciones a la iniciativa que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales (boletín N° 10.000).
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Si le parece a la Sala, acogeremos esa propuesta.
--Así se acuerda.
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El señor TUMA.- ¿Podría abrir la votación, señora Presidenta?
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- ¿Habría acuerdo para ello?
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, efectivamente, las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud aprobaron este proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes.
La presente iniciativa es fruto -lo consigna el informe- de un acuerdo tripartito entre el Ministerio de Salud, los funcionarios de la atención primaria de salud municipal y la Asociación Chilena de Municipalidades.
Su texto, cuyo contenido ya se dio a conocer, persigue dos finalidades.
El artículo 1° tiene por objeto pasar a la categoría c) a todos los funcionarios que, teniendo título técnico de nivel superior, hoy se encuentran en la letra e), lo cual les significa un detrimento en sus funciones y en sus remuneraciones.
De acuerdo con lo que pretendemos aprobar, el número de funcionarios que estarán en condiciones de acceder a aquello al momento de la publicación de la ley en proyecto -estimamos que en un plazo breve- será de 1.291, a contar de agosto de 2016, cantidad que aumentará en más o menos 387 personas en 2017.
Con esta iniciativa el Gobierno establece un mecanismo de mejoramiento para dicho personal en términos absolutamente objetivos, puesto que, además de fijar la fecha -lo hace de pleno derecho-, les exige estar en posesión del título en el momento que determina la ley en proyecto.
Además, el artículo 2° dispone que los funcionarios contratados a plazo fijo pasen a plazo indefinido cuando la dotación exceda el 20 por ciento.
El costo de la iniciativa, en régimen, es de 1.016 millones de pesos, y beneficiará en total a 1.678 personas.
Los recursos no se entregarán -es importante dejarlo aclarado- con cargo a los presupuestos de las municipalidades, sino que se contemplarán en la Ley de Presupuestos, de tal manera que el financiamiento no provocará un deterioro en las arcas municipales.
Por todas esas razones, me parece que no estamos haciendo otra cosa que hacer justicia a un importante sector de trabajadores de la salud que, por las razones aquí señaladas, cumplen una función determinante en la atención a nivel comunal.
Todos estamos de acuerdo en que la atención primaria es vital dentro del sistema de salud chileno. Sin embargo, también reconocemos que falta financiamiento o que se requieren más recursos al objeto de fortalecer dicha atención.
Por todas esas consideraciones, las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda -como señalé- aprobaron en forma unánime el proyecto.
Esperamos que este se transforme en ley a la brevedad posible, por cuanto brinda una solución a un sector de funcionarios que cumple tan alta labor.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, no puedo sino respaldar una iniciativa que apunta a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios municipales de la salud.
Quienes hemos tenido la responsabilidad de conducir municipios conocemos en detalle la realidad de la atención primaria y las dificultades que implica su administración.
Muchas veces hemos atestiguado con desaliento cómo el nivel primario, a pesar de poseer una importancia prioritaria en materia de prevención y resolutividad de los problemas de salud de la enorme mayoría de la población, arrastra notorias falencias, las cuales o son resueltas con recursos propios de los municipios o, sencillamente, se agravan en el tiempo sin solución alguna.
Ciertamente, este proyecto no resuelve los problemas centrales de la salud primaria. Pero constituye un avance y una mejora para los funcionarios y las funcionarias que hoy se desempeñan en los establecimientos de salud primaria.
En primer lugar, la iniciativa contempla el traspaso de funcionarios desde la categoría e), que corresponde a administrativos, a la categoría c), que equivale a técnicos de nivel superior, siempre que aquellos cuenten con el título pertinente.
Con esta enmienda se da una salida a funcionarios administrativos que han estudiado una carrera vinculada al ámbito en que se desempeñan en un centro de formación técnica.
Ello es muy válido desde el punto de vista del sacrificio efectuado personalmente por muchos administrativos que han optado por continuar estudios en el área de sus funciones. Es justo reconocer ese esfuerzo.
Pero el proyecto no dispone de recursos adicionales para aquellas funciones dedicadas a la atención de salud propiamente tal.
Si la preocupación principal, como ha dicho la Presidenta de la República, es resolver las necesidades de las personas, quisiera ver iniciativas de ley que, además de solucionar las reivindicaciones legítimas de los trabajadores, permitan que los municipios contraten más especialistas, más enfermeras, más técnicos médicos, que son los profesionales que hoy se requieren con más urgencia en los establecimientos.
Eso solo será posible con la revisión del per cápita. Pero esta materia está siendo estudiada por una Comisión, y no conocemos cuándo se presentará un proyecto de ley sobre el particular.
Ahora que se habla de revisar, reorientar, priorizar, a propósito de que se ha reconocido que no será posible cumplir todos los objetivos del programa de Gobierno, me parece que los esfuerzos en salud deberían, con mayor fuerza, orientarse a reducir las listas de espera, tanto de consultas médicas como de intervenciones quirúrgicas, que generan malestar e incertidumbre en miles de pacientes a lo largo de todo el país.
Solo en la Región de Los Lagos hay 59.937 personas en lista de espera por una consulta en los tres servicios médicos y 14.200 pacientes aguardando por una intervención quirúrgica.
Si el realismo evidencia la dificultad de construir todos los hospitales comprometidos, al menos no renunciemos a la idea de disminuir sustancialmente las listas de espera en los centros de salud del país, y resolver así un problema concreto y urgente de una parte importante de la población.
Por cierto, el apoyo a la atención primaria puede permitir avanzar fuertemente en la reducción de la lista de espera para especialistas. Sin embargo, en vez de dar ese respaldo, estamos aumentando la carga financiera a su administración, que desde hace años arrastra un fuerte déficit.
Insisto en que las reivindicaciones de los funcionarios me parecen muy legítimas, pero su financiamiento debe ser de total responsabilidad de la autoridad central, lo que una vez más no se cumple en este proyecto.
El Gobierno dice que se financia el mayor gasto producto de este traspaso de categoría. No obstante, para calcular el aporte solo consideró el valor fijado en la carrera lineal, que no se aplica en la realidad, puesto que la gran mayoría de los municipios ha mejorado las plantas para poder atraer al personal calificado necesario, lo que es más claro aún en comunas alejadas o de difícil desempeño.
Es decir, el Ejecutivo plantea financiar solo la diferencia nominal, no la real. Esta última deberá ser asumida por cada municipalidad, restando recursos al mejoramiento de las acciones directas de salud.
Por otra parte, en cuanto a la obligación de llamar a concursos internos para llenar los cargos de la dotación cuando no se cumpla la relación 80 por ciento de planta y 20 por ciento a contrata, el Gobierno tampoco asume todos los efectos financieros.
El proyecto contempla que el personal a honorarios también podrá participar de tales concursos. Pero ¿qué pasa si el cargo es llenado por alguien a honorarios? ¿Qué pasará con el funcionario a contrata? ¿Perderá su cargo? ¿Pasará a desempeñarse a honorarios, precarizando su condición? ¿O simplemente se aumentará la dotación?
En el primer caso, muy probablemente, con la nueva doctrina de los tribunales, habrá que pagar indemnización por años de servicios. En el segundo, simplemente aumentará el costo de la dotación. Ninguno de estos mayores costos está considerado en los informes financieros.
Señora Presidenta, en un escenario de restricción fiscal como el que se ha señalado, es aún más importante la focalización del gasto en aquellas necesidades más urgentes de la población.
La salud es una de esas prioridades y la atención primaria constituye una herramienta eficaz para cumplir los objetivos sanitarios fundamentales del Gobierno y dar respuesta a las demandas de la mayoría de la población.
Confío en que, a corto plazo, discutiremos los proyectos dirigidos a fortalecer directamente este nivel de atención.
Tales iniciativas deberán ir acompañadas de otras que busquen mejorar las condiciones de los trabajadores y reconozcan sus legítimos derechos.
No se puede avanzar en las prestaciones de la atención primaria sin mejorar las condiciones de trabajo de sus funcionarios. Así también, no se puede avanzar en atender estas demandas laborales sin satisfacer las urgentes necesidades de salud de la gente, que, como ya he dicho, pueden y deben ser cubiertas en buena parte por los centros de atención primaria.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.


El señor ROSSI.- Señora Presidenta, seré mucho más breve que mis colegas.
Es muy interesante hacer un análisis sobre la realidad de la atención primaria en Chile y los desafíos que hay por delante. Pero este proyecto es muy sencillo. Ha sido fruto de un diálogo y un proceso de negociación entre los trabajadores, las trabajadoras, el Ministerio de Salud y los municipios.
Es más, hoy la Comisión de Salud realizó una sesión para abordar el tema de la atención primaria y cómo hacerla más resolutiva, a través de la capacitación del recurso humano y la incorporación de especialistas.
Con relación a la iniciativa que nos ocupa, quiero destacar los dos aspectos centrales contenidos en los dos artículos que la conforman.
Lo primero se relaciona con valorar el esfuerzo personal, familiar -como dijo también un colega-, de funcionarios y funcionarias de la atención primaria que han estudiado mientras trabajan, logrando sacar su título de técnico de nivel superior. Al encasillarlos en la categoría pertinente se les reconoce ese esfuerzo en formación, en capital humano, lo que, evidentemente, mejorará sus condiciones labores, su remuneración. Ello constituirá un premio a ese sacrificio. De ese modo se respeta la dignidad del trabajador.
Este primer aspecto tiene que ver con el encasillamiento, lo cual permitirá valorar la inversión en formación y capital humano de cada funcionario y funcionaria de la atención primaria que haya hecho ese esfuerzo.
El otro elemento que deseo resaltar muestra grandes implicancias para el resto de la Administración Pública. Llevamos años criticando lo mal empleador que es el Estado, toda vez que no cumple con la ley que establece el porcentaje de trabajadores de un servicio público que debe estar contratado bajo la modalidad a plazo fijo versus la calidad de contratados indefinidos.
Efectivamente, en el acuerdo que se plasma en el presente proyecto se establece con total claridad que las entidades administradoras de salud municipal deberán ajustarse a las normas legales en esta materia. Alguien decía que no es necesario hacer una ley para que se respete otra, pero acá, a través del artículo 2º propuesto, se consigna una salvedad: efectuar un concurso interno para ese efecto.
O sea, las corporaciones municipales que administran la atención primaria, cuando tengan más de un veinte por ciento de funcionarios o funcionarias en modalidad a contrata, deberán llamar a concurso interno para resolver el problema y cumplir con la ley.
Por lo tanto, este no sería, estrictamente, un proyecto innecesario, como aquí se ha señalado.
Insisto, sí, en resaltar la relevancia de la iniciativa que nos ocupa, porque espero que represente el primer paso de muchos para resolver la situación crítica que afecta a la Administración Pública, donde se desempeñan funcionarios tanto a contrata como a honorarios.
Además, estos últimos, al final de cuentas, son falsos trabajadores a honorarios, porque en realidad operan en una relación de subordinación y cumplen horarios. Debiesen disponer de una calidad administrativa distinta, que les garantice estabilidad laboral.
En este caso, vamos avanzando en esa dirección: habrá una carrera funcionaria, y muchos trabajadores y trabajadoras de la atención primaria podrán ingresar a la planta.
Desde ese punto de vista, celebro el acuerdo alcanzado, y evidentemente anuncio mi voto favorable.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero hacer una consulta para clarificar un punto. Y si me equivoco en su formulación, es por ignorancia.
Uno conoce la realidad de muchos auxiliares paramédicos, quienes cumplen ciertas funciones. Tal vez la calificación de sus títulos dependa de las horas que se exigían antes en comparación con las que se piden ahora. De hecho, muchos recibieron formación dentro del servicio de salud respectivo y no en los institutos profesionales y centros de formación técnica. Esas personas, quienes tuvieron la universidad de la vida o del hospital -para ser concreto-, son, a mi juicio, tremendos profesionales. Pero, al momento de encasillarlos, quedan adscritos al escalafón de administrativos.
¿Quién sabe cómo se califica ese título? ¿Será de técnico de nivel superior?
Como muchos de esos funcionarios cumplen labores extraordinariamente importantes en el ámbito municipal y suelen provenir de localidades apartadas -por lo mismo, no se hallan en condiciones de buscar otras fuentes de empleo-, pido que en el reglamento que deberá dictar el Gobierno se precise esta materia. A través de esta vía, se podría hacer justicia con tales personas; a menos que, para la definición de "técnico de nivel superior", el Ministerio de Salud se base en otra norma. Pienso que la diferencia radica en cuántas horas son necesarias para ser considerado en tal calidad.
En todo caso, como la fijación de los criterios pertinentes quedará entregada a un reglamento, este asunto sí podrá resolverlo el Ministerio de Salud y no la Cartera de Educación ni la Contraloría General de la República.
Por ende, entendiendo el espíritu del presente proyecto de ley, que es tan valioso y que hace justicia a tantos trabajadores de la salud primaria -en la Región de O'Higgins, que represento, donde hay 33 comunas pero una sola reúne el 25 por ciento de la población y el resto son intermedias o medianas o pequeñas, mucha gente sacrificada labora en los centros de atención primaria-, considero justo que incluyamos en el reglamento a esos profesionales, quienes entregan su trabajo en forma muy leal, a efectos de que no se vean perjudicados.
Señor Presidente, valoro la iniciativa que nos ocupa.
Es una conquista de los trabajadores de la salud municipal, a través de sus organizaciones gremiales (la CONFUSAM) tanto de nivel nacional como regional. Estoy seguro de que ellos comparten plenamente la inquietud manifestada y por eso me atrevo a dejar constancia en la Versión Oficial de que es importante que nos preocupemos de todos los técnicos o de las personas que posean cierta formación, independiente del escalafón que ocupen. Deberían estar en la categoría respectiva a la labor que realizan. Porque a veces existen distorsiones a nivel municipal.
Con todo, asegurémonos de que esos trabajadores sean valorados y reconocidos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor GIRARDI.- Pido que se considere mi pronunciamiento afirmativo.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable del Honorable señor Girardi.
Como se recordará -ya en la discusión en particular-, el Senador señor Orpis pidió votación separada de la parte final de un inciso.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ORPIS.- Quisiera fundamentar mi posición.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Pero primero se explicará sobre lo que hay que pronunciarse.
El señor ORPIS.- Muy bien.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor LABBÉ (Secretario General).- El Senador señor Orpis ha solicitado votar separadamente la oración final del inciso primero del artículo 1°, que dice: "El Servicio de Salud competente podrá objetar dicha calificación si considera que no se ajusta a la normativa que la hace procedente.".
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión el texto leído.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.


El señor ORPIS.- Señor Presidente, quiero fundamentar por qué he pedido esta votación separada.
El artículo 1° establece dos condiciones.
La primera, acreditar que se está "en posesión de un título de técnico de nivel superior, de aquellos a los que se refiere el artículo 54 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2010, del Ministerio de Educación".
Y la segunda, realizar "funciones pertinentes a la categoría". Este requisito es más subjetivo y se presta para distintos criterios.
En mi opinión, no le corresponde al Servicio de Salud pronunciarse respecto de la calidad de técnico de nivel superior, porque tal calificación se halla definida en el artículo 54 del decreto con fuerza de ley Nº 2.
Sí le compete ocuparse sobre lo relativo a la pertinencia. Y eso aparece en el inciso segundo, que señala: "Un reglamento dictado por el Ministerio de Salud dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de esta ley, fijará los criterios y el mecanismo para establecer la pertinencia de las funciones.". Por tanto, dicho asunto está salvado.
Insisto: no le concierne al Servicio de Salud pronunciarse acerca de la posesión de un título de nivel superior. Eso se encuentra acreditado directamente por el Ministerio de Educación. Sí puede establecer la pertinencia de las funciones, y eso está consignado en el inciso segundo al entregarle la obligación de dictar un reglamento para fijar los criterios respectivos.
Al incluirse las dos condiciones señaladas en el inciso primero, me parece que está de más la oración final.
El Servicio de Salud estaría asumiendo una competencia que no le corresponde: pronunciarse respecto de los títulos que emite el Ministerio de Educación. Sí puede abocarse a la pertinencia, tema que se aborda en el inciso siguiente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la señora Subsecretaria de Redes Asistenciales.


La señora VERDUGO (Subsecretaria de Redes Asistenciales).- Señor Presidente, agradezco a los señores Senadores el interés por apoyar un proyecto que fortalece la atención primaria de la salud municipal.
Al Honorable señor Orpis le precisé el espíritu de la norma en debate, que dice relación con que el Servicio de Salud competente puede objetar la calificación de si para el desempeño de la función se considera pertinente o no el título de técnico de nivel superior que ostente un funcionario. Ello, a los efectos de ser beneficiario de la ley en proyecto.
Me parece relevante que sea así, dado que los títulos técnicos de nivel superior son otorgados por los institutos técnicos.
Evidentemente, el servicio de salud no puede objetar eso, pero sí la pertinencia o no, para el desempeño de su función, del título que ostenta el funcionario.
Eso es parte de la supervisión técnica de los servicios sobre las entidades administradoras de salud municipal. Y ese fue el espíritu con el que se redactó la referida oración.
Es lo que puedo señalar sobre el particular, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Están claros los dos puntos de vista.
Entonces, procederemos a votar la parte final del inciso primero del artículo 1° del proyecto (página 1 del comparado), que dice: "El Servicio de Salud competente podrá objetar dicha calificación si considera que no se ajusta a la normativa que la hace procedente.".
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Como ya se indicó, corresponde votar separadamente la oración que se consigna en la parte final del primer inciso del artículo 1° propuesto por las Comisiones unidas.
Quienes estén de acuerdo con que dicha oración quede tal como viene aprobada en el proyecto deben votar que sí, y aquellos que deseen eliminarla, que no.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la oración "El Servicio de Salud competente podrá objetar dicha calificación si considera que no se ajusta a la normativa que la hace procedente" (15 votos a favor, 7 en contra y una abstención) y, por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, García, Girardi, Guillier, Letelier, Montes, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Orpis, y Pérez Varela.
Se abstuvo el señor Moreira.