LÍMITE A REELECCIÓN DE PARLAMENTARIOS, ALCALDES, CONSEJEROS REGIONALES Y CONCEJALES
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta Fundamental para limitar la reelección de las autoridades que indica, con informe de la Comisión Especial Encargada de Conocer Proyectos Relativos a Probidad y Transparencia y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4.115-07, 4.499-07, 8.221- 07, 7.888-07, 4.701-07 y 4.891-07, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En segundo trámite, sesión 55ª, en 16 de octubre de 2012.
Informe de Comisión:
Especial Encargada de Conocer Proyectos Relativos a Probidad y Transparencia: sesión 19ª, en 19 de mayo de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los objetivos de este proyecto son limitar la reelección de los senadores, por una sola vez; la de los diputados, por dos períodos sucesivos, y la de los alcaldes, consejeros regionales y concejales, por dos veces consecutivas, y considerar como primero el período en actual ejercicio de las mencionadas autoridades.
La Comisión Especial de Probidad y Transparencia discutió esta iniciativa en general y particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Cámara Alta, por tener "discusión inmediata" en ese momento, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Guillier, Harboe, Pérez Varela, Prokurica e Ignacio Walker.
En cuanto a la discusión particular, la Comisión efectuó diversas enmiendas, todas las cuales se aprobaron por unanimidad.
Cabe hacer presente que para la aprobación de los cinco numerales del artículo único del proyecto en informe se requieren tres quintas partes de los Senadores en ejercicio (en este momento, al menos 22 votos favorables), por cuanto esas normas recaen en los Capítulos V y XIV de la Carta Fundamental.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 13 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión Especial de Probidad y Transparencia, Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, sin duda alguna, este tema es opinable, muy debatible en cuanto a si colocar o no límites a la reelección en los cargos de representación popular.
Si uno mira el informe que nos entregó la Biblioteca del Congreso Nacional, donde se revisa la política comparada sobre la materia, puede percibir que existen al menos tres visiones.
En primer lugar, en el caso de los parlamentarios -me concentraré principalmente en ellos; pero, como veremos, el proyecto es más general-, hay quienes sostienen que la reelección permite profesionalizar la carrera legislativa. Este primer argumento valora la experiencia. Por lo tanto, poner límites sería contradictorio con la acumulación de experiencia; con la profesionalización de la carrera legislativa, y, en general, con lo que significa el ejercicio de esos cargos de representación popular.
Existe otra teoría, opuesta a la anterior -estoy hablando de la legislación comparada-, que es contraria a la reelección, principalmente por la mayor probabilidad de abusos en el ejercicio del poder; por la perpetuación en los cargos -dicen algunos autores-, y, de otro lado, por la cristalización de una clase política anquilosada, sin mayor renovación. De ahí que esa teoría tienda a favorecer el límite a la reelección.
Finalmente, existen posturas intermedias, como aquella que sostiene que las restricciones a la reelección no debiesen existir en los países que cuentan con institucionalidad democrática sólida.
La verdad es que la inmensa mayoría de las democracias maduras, de las naciones desarrolladas, no contemplan límite alguno a la reelección.
Por ejemplo, en Estados Unidos no hay ninguna cortapisa a ese respecto. Ello, a nivel federal. Porque, desde el año 90 en adelante, 20 estados han adoptado la modalidad de limitar la reelección.
Sin embargo, los estudios de que disponemos sobre las consecuencias que ha producido ese experimento en el país del norte señalan que existen grandes distorsiones. Entre ellas, el hecho de que los parlamentarios abandonan el distrito en el último período.
Pero hay algo más preocupante: empíricamente, los últimos 25 años, desde que rige aquel límite a la reelección en algunos estados -no en el nivel federal, repito-, demuestran que la inmensa mayoría de los exparlamentarios se dedican al lobby, se transforman en lobistas, pues tienen la experiencia del trabajo legislativo; o sea, como después necesitan reinsertarse en el mercado laboral, abandonan los distritos y terminan de lobistas.
Estados Unidos, por consiguiente, no tiene límite alguno a la reelección ni de senadores ni de diputados.
Tampoco ponen límite Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, España, Francia, Italia.
Entonces, la evidencia comparada es categórica: la inmensa mayoría de las democracias del mundo no contemplan restricciones a la reelección.
Hay solo dos excepciones: México y Costa Rica.
México viene de vuelta, pues tenía un solo período (ya hay dos). Y Costa Rica establece alguna limitación.
Punto: no hay más excepciones.
Chile sería la tercera excepción en el mundo si limitara la reelección en los cargos de representación popular.
Los casos que di de ausencia de límite constituyen la inmensa mayoría. Repito: en Europa, España, Francia, Italia; en América Latina, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay; en Norteamérica, Estados Unidos, etcétera.
¡Estamos con mucho ánimo en la Sala...!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Les ruego a Sus Señorías guardar silencio para escuchar al Presidente de la Comisión Especial de Probidad y Transparencia.
El señor WALKER (don Ignacio).- Gracias.
Señor Presidente, ¿cuál es el gran argumento en contra del límite a la reelección? Un principio democrático: la libre expresión de la voluntad popular.
Ese es el principio para no establecer límite. O sea, que los cargos de representación popular se ejerzan mientras quienes los ostentan cuenten con el apoyo popular.
¿Por qué?
Seamos claros: lo que estamos haciendo en este proyecto al restringir la reelección es limitar la libertad del ciudadano
Evidentemente, nos estamos autolimitando como senadores o diputados y limitamos además a quienes ejercen los otros cargos de representación popular; pero también estamos restringiendo la libertad del ciudadano para elegir.
Doy un ejemplo de mi Circunscripción.
El doctor Luis Mella Gajardo, señalado recientemente en una encuesta como el mejor alcalde de la Región de Valparaíso (38 comunas), lleva siete períodos. Y en los últimos comicios fue elegido con 70 por ciento de la votación.
¿Por qué nosotros habríamos de decirles a los quillotanos y a las quillotanas: "Usted no puede elegir más al doctor Mella"? "¡Pero es que yo quiero elegirlo! ¡Es un tremendo alcalde! ¡Acaba de obtener 70 por ciento de los votos!". "No, porque puede anquilosarse, perpetuarse en el poder...".
Entonces, aquí por un lado hay una contraposición con la libre expresión de la voluntad popular, que nos debiera llevar a no establecer límites, y por otro estamos limitando los derechos a elegir y ser elegido, que emanan de la calidad de ciudadano.
En consecuencia, estamos procediendo a una autolimitación (es cierto), pero también estableciéndoles una limitación a los ciudadanos.
Por eso la inmensa mayoría de las naciones del mundo no pone restricciones a la reelección.
Ahora, en nuestro país hay un argumento a favor del límite -es el único que he encontrado- que me parece razonable: el proyecto de ley sobre financiamiento de la política -está en la Cámara de Diputados y va a venir al Senado- tiende a favorecer a los incumbentes, a quienes ejercemos un cargo de representación popular. Porque tenemos dieta, secretarías, sedes, difusión; en consecuencia, existe una ventaja con respecto al retador, para el que, con las iniciativas sobre financiamiento de la política que estamos aprobando, el solo aparecimiento en el radar va a ser muy difícil.
Entonces, hay una ventaja para quienes ejercemos cargos de representación popular.
Por lo tanto -me lo decían dos o tres académicos; algunos participaron en la Comisión Especial de Probidad y Transparencia-, fijar un límite a la reelección es un contrapeso adecuado.
Yo no quiero hablar de los climas de opinión -se dice que el actual hace impensable no establecer restricciones, en fin-, pues son muy subjetivos, muy precarios y muy débiles.
Recordemos lo que ocurrió en enero de 2010 con el voto voluntario. Clima de opinión: había que complacer a cierta candidatura. Por ende, el Congreso Nacional -yo no era parlamentario; pero habría votado en contra- resolvió a favor de aquel.
Sin embargo, hoy parece haber preocupación por el voto voluntario, pues en las últimas elecciones sufragó 40 por ciento de los ciudadanos.
No hablo de los climas de opinión, pero sí de los pesos y contrapesos, pues son un principio importante en la democracia.
De consiguiente, si el financiamiento de la política, que nos va a beneficiar a quienes ejercemos un cargo de representación popular, es tal que nos da ventaja con respecto a los retadores, pareciera razonable el establecimiento de algún tipo de contrapeso.
¿Qué dispone este proyecto de ley? Un máximo de dos períodos para senadores -es decir, una sola reelección consecutiva- y un máximo de tres períodos para diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales (o sea, dos reelecciones consecutivas).
Evidentemente, un diputado que deja de serlo puede aspirar a ser Senador, y un alcalde, a ser diputado. Pero el ejercicio del cargo se limita.
Tampoco se trata de que sea posible cambiarse de distrito o de circunscripción. No: el ejercicio del cargo es consecutivo.
Reitero: un máximo de tres períodos para diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales, y un máximo de dos períodos para senadores; es decir, dos reelecciones y una reelección, respectivamente. Ello, con un artículo transitorio que dispone que en todos esos casos el actual período se considerará como el primero.
En consecuencia, descartamos dos cosas: uno, que lo dispuesto empezara a regir desde la próxima elección, de ahí para delante -de lo contrario la presentación habría sido más difícil-, y dos, que la norma fuera retroactiva.
En el último caso habría que ver lo que significa la retroactividad en Derecho Público y en Derecho Constitucional. ¿Por qué? Porque el ciudadano que votó y eligió a su senador, diputado, alcalde, concejal, consejero regional lo hizo bajo las reglas del juego que regían en su momento.
A la Comisión, pues, le pareció razonable -la decisión fue unánime: 5 votos contra 0- establecer en un artículo transitorio que se considerará como primero el actual período, de manera que no haya retroactividad y que la entrada en vigencia de la ley no sea desde la próxima elección.
Señor Presidente, termino con una frase -no pediré la palabra de nuevo- para fijar mi posición personal.
Por principio, siempre he sido contrario a limitar las reelecciones, pues ello envuelve una restricción a la libertad de los ciudadanos para elegir; porque la norma rectora de la democracia es la libre expresión de la voluntad popular. Pero me hace fuerza el argumento de que la nueva institucionalidad que estamos construyendo, especialmente en materia de financiamiento de la política y de las campañas, nos da una ventaja a quienes estamos en el ejercicio de cargos de representación popular, por lo que pareciera razonable establecer algún tipo de contrapeso.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la verdad es que en Chile, y especialmente en política, la memoria es cada día más corta. Y es por eso que quiero recordar a la Sala que Renovación Nacional ya en 2006 le planteó al primer Gobierno de la Presidenta Bachelet -después lo hizo en 2012- el asunto que nos ocupa.
De hecho, el proyecto de ley tiene entre sus autores al Honorable señor Chahuán, en esa época Diputado; a los entonces Diputados señor Aedo y señora Valcarce, y a otros parlamentarios de mi Partido. Fue presentado el 22 de marzo de 2006.
En caso de haberse aprobado, quizás habríamos evitado muchos de los problemas actuales de la política. Preveíamos una situación adversa y proponíamos adelantarnos a ella, pero eso no fue posible por distintas razones.
Como lo ha dicho el señor Presidente de la Comisión, esta es una materia totalmente discutible, porque no se da en todas las democracias y porque, claro, a lo mejor desde la calle o desde quienes han pretendido ser parlamentarios se quiere hacer ver que poco menos que el cargo les fue regalado a quienes lo desempeñamos.
Eso no es así. Aquí nos estamos autorrestringiendo, por una parte, los propios parlamentarios que aprobaremos la iniciativa, pero, además, se está limitando la voluntad popular. Porque, como se ha expuesto, hay personas que han integrado el Congreso por mucho tiempo, o alcaldes o concejales que se han desempeñado durante largos años, y por algo la gente los sigue eligiendo.
Un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional consigna que la experiencia comparada exhibe casos en que la reelección en el ámbito presidencial se permite en forma inmediata e indefinida, como en Francia y Venezuela; inmediata, aunque limitada solo a un período, como en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador; inmediata, con dos períodos consecutivos, como en los Estados Unidos, o alterna, con la opción de repostular al cargo una vez transcurridos uno o dos mandatos, como en nuestro país, Perú y Uruguay. En México y Paraguay la reelección no es admitida.
En el ámbito parlamentario, tal como lo ha planteado el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, solo hay limitación a la reelección en Costa Rica y en México, donde los parlamentarios que culminan su período deben esperar el paso de una legislatura para volver.
Hay argumentos a favor y en contra que se han señalado en muchas oportunidades.
Por un lado, algunos juzgan que la experiencia parlamentaria es un plus. Y creo que eso es cierto. Quienes hemos estado ya mucho tiempo en el Congreso nos damos cuenta de que a veces no es fácil encontrar gente con experiencia para desempeñarse en nuestra labor, o en la de alcalde o la de concejal. Muchos de los elegidos pasan períodos completos aprendiendo cómo ser jefe comunal, por ejemplo.
Y, por el otro, hay críticas de quienes afirman que se trata de una especie de "apernamiento" de personas que se profesionalizan en la política.
Me parece que es una cuestión totalmente opinable.
Estimo que el proyecto, que tiene por objeto limitar la reelección de los Senadores a un período, la de los Diputados a dos períodos sucesivos, y la de los alcaldes, concejales y consejeros regionales a dos veces consecutivas, constituye una buena medida. Creo que va a provocar un efecto en la opinión pública desde el punto de vista de que existirá una carrera con límites y que eventualmente podrá dar espacio a nuevas generaciones. Considero que la propuesta va en la línea correcta.
No es, a diferencia de lo que algunos medios han querido exponer, una fórmula con letra chica porque, supuestamente, quienes ocupamos los cargos podríamos repostular.
A mi juicio, se presentaban tres opciones. Una de ellas era determinar que el sistema empezara a regir a partir del próximo período, lo que, a lo mejor, hubiera sido más difícil presentar con el ambiente actual. Otra era disponer un efecto retroactivo, lo que presenta el problema de que mucha gente fue elegida en ciertas y determinadas condiciones, que se estarían cambiando. La Comisión adoptó el justo medio, que es decir: "Se aprueba la limitación, pero se computa el período actual como el primero para los efectos de la inhabilidad en cuanto a volver a ser candidato".
Finalmente, deseo hacer constar, en el poco tiempo que me queda, que en 2006 y 2012 nosotros no solo planteamos la limitación en la reelección de parlamentarios, alcaldes y concejales -en esa época no había elección popular de consejeros regionales, y estimo que en un tiempo más vamos a tener que agregar a los intendentes, que serán designados en esa forma-, sino también en los períodos de los dirigentes políticos.
Y aquí hay un trabajo pendiente para la Comisión. ¡Hay partidos cuyos presidentes duran treinta años! ¡Ese es un desprestigio total! Me parece que la gente percibe mal a estas colectividades por creer que se trata de un grupo de personas al que no se puede ingresar y que mantiene la llave de la posibilidad de las inscripciones o las elecciones.
Pienso que es un caso que también debiéramos estudiar en el futuro.
Finalmente, deseo comunicar una reflexión: las últimas modificaciones que hemos hecho van en una línea incorrecta. Con la modificación del sistema binominal, los parlamentarios aumentaron en 47, en circunstancias de que en las democracias se procede al revés en el mundo entero: se disminuyen.
Por eso, con varios colegas presentamos un proyecto tiempo atrás para volver a la cantidad actual. Frente a la opinión pública, estimo que hoy día es francamente impresentable incrementar en un tercio los integrantes del Congreso.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, voy a votar a favor de la iniciativa.
Sabemos que, en la actualidad, el Gobierno y todos los parlamentarios estamos empeñados en el estudio de una serie de normativas en torno a la transparencia y la probidad, y en que los índices de confianza mejoren en los chilenos.
El informante, Senador señor Ignacio Walker, ha sido muy explícito al mostrar distintas líneas de argumentación, y, obviamente, ha hecho presente por cuál se inclina.
A propósito de lo mismo, se ha dicho aquí y a través de los medios de comunicación: "No podemos legislar porque la calle quiere esto". ¡Pero si cuántas veces hemos legislado por la calle! Y hoy, más que nunca, es importante escuchar a la ciudadanía en la materia de que se trata. Y tenemos que dar señales.
Aquí no está en juego el desfortalecimiento de la democracia. Al contrario. Creo que es una forma de que el Congreso logre mejorar la confianza entre todos los chilenos.
En ese orden de cosas, se ha hecho referencia a que el voto voluntario ha sido un desastre.
El primer proyecto de ley al respecto fue presentado en 1997 -y eso se puede verificar- por quien habla y por parlamentarios de la UDI. Con el tiempo, algunos de ellos desistieron y sostuvieron otra opinión.
Hasta hoy, soy un convencido de que la iniciativa sobre el particular es una de las importantes que se han acogido.
¿Qué ha significado? Que quizás más del 50 por ciento de los chilenos no van a votar. Pero ¿por qué no analizamos las causas? El mundo político no ha tenido capacidad de convocatoria. A lo menos, nuestro deber es atraer con ideas, con proyectos.
Por eso, reivindico -y voy a hacerlo siempre- el voto voluntario.
No estoy de acuerdo con la obligatoriedad, y menos bajo apercibimiento de arresto. Porque el que no sufragaba recibía, de parte del juzgado de policía local, una conminación de esa índole si no concurría al tribunal a pagar la multa correspondiente.
El voto voluntario involucra principios relevantes, y creo que nuestra responsabilidad es ejercer la capacidad para convocar.
Ahora, aunque aquí se diga que siempre hay una renovación porque a la política ingresa un porcentaje muy considerable de gente nueva que representa un aporte -algunos de ellos, no todos-, eso no implica que tengamos que rechazar un proyecto de esta naturaleza.
No vamos a aprobar el texto solo porque la calle o la ciudadanía se manifiesten de acuerdo. En lo personal, lo estimo trascendental: se señala el tipo de reelección que se puede dar y la posibilidad de que sea una sola para los Senadores. Ello me parece tremendamente significativo.
Como lo ha expuesto el señor Presidente de la Comisión especial, el articulado forma parte de una serie de iniciativas que se llevan adelante como una forma de mejorar las confianzas, de fortalecer la democracia, y que tienen que ir acompañadas de leyes sobre el funcionamiento y financiamiento de los partidos y de algo a lo que en un momento quizás nos oponíamos muchos de nosotros: el solventar las campañas.
Si esta es la manera más transparente de lograr dicho mejoramiento y los niveles en que se encuentran el Congreso y la política, muchas veces por responsabilidad de cada uno, indudablemente votaré que sí. Celebro el proyecto. Me asiste la convicción de que el límite a las reelecciones será un instrumento para mejorar las confianzas -lo reitero una y otra vez- y la imagen de que estos cargos son prácticamente a perpetuidad.
Gracias.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, años atrás, siendo Diputada, junto a colegas de entonces -con algunos de ellos, como el Senador señor Chahuán, integramos hoy día esta Corporación- fuimos coautores de un proyecto de ley tendiente a regular e impedir las reelecciones permanentes. Y lo perdimos por varios votos.
Afortunadamente, las cosas han cambiado. Una masa crítica muy grande a nivel de la opinión pública, de los ciudadanos, de la gente, ha considerado con mucha más comprensión la necesidad de un límite, no solo en relación con los parlamentarios, sino también de cualquier persona con un cargo de representación popular: alcaldes, concejales, consejeros regionales, y el día de mañana, los intendentes.
Por conocer el Derecho comparado, sé que en muchos países no existe una norma en tal sentido.
Respeto a quienes concluyen que una disposición como la que nos ocupa a lo mejor no va a generar un gran impacto, pero estoy convencida de que le dará un enorme tiraje a la chimenea.
Me parece que lo importante, cuando uno participa en la política, que resulta tan desgastadora, es que los cargos se ocupen por motivaciones y convicciones. No es una forma de ganarse la vida, de obtener una remuneración, ni constituye una profesión. Hay profesionales de la política, sin duda, que la convierten en su modo de vida. Para la Senadora que habla, es una actividad no solo conforme a una convicción, sino también vocacional. Y las vocaciones se aman, pero asimismo se sufren. Por lo tanto, son limitadas. La motivación se va perdiendo después de muchos años de desempeño.
Recuerdo haber escuchado en más de alguna oportunidad a un Diputado que iba a una tercera o cuarta reelección expresar: "Si llego a perder, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir?". Creo que eso tiene que ver con la pérdida de motivación de muchas personas en estos cargos.
Por estas razones, estoy bien convencida de que haber cambiado el sistema electoral binominal por uno representativo; haber aprobado las cuotas para las mujeres, con muchas de las cuales sostuve en la mañana un encuentro -no concibo el liderazgo femenino sin conciencia de género, por ejemplo-, y lograr el establecimiento de un límite a las reelecciones, sumadas a otras medidas que se están tomando, sin duda contribuirán, más que a mejorar la imagen de los parlamentarios o de los políticos, en general, a que mayor número de ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes entren a la política. Porque muchos de los participantes en esta actividad vienen desde el mundo de la misma política o de grupos familiares o económicos.
Desde ese punto de vista, estoy convencida de que estamos dando un paso muy correcto.
Ahora, en lo personal, considero que la medida debiera ser retroactiva; que, en el fondo, muchos automáticamente debieran quedar fuera y no postular a la elección como Diputado o Senador. Voy a presentar una indicación en esa línea cuando corresponda formularlas.
Entiendo que la Comisión Especial votó por considerar el actual período, es decir, por no partir de cero, lo que me parece un gran paso adelante y lo saludo. No lo critico para nada. Pero estimo que ello debiera ser retroactivo.
Con todo, obviamente voto a favor de la iniciativa.
A mi entender, el Congreso Nacional está dando el gran paso adelante de predicar con el ejemplo.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorables colegas, en el contexto de las recientes acciones anunciadas para combatir la corrupción, mejorar la normativa sobre probidad y transparencia, y terminar con la relación entre política y dinero, la Primera Mandataria ha dispuesto aplicarle urgencia al proyecto de ley que limita la reelección de diversas autoridades de representación popular, aprobado por la Cámara de Diputados en octubre de 2012 y sometido ahora a la consideración de esta Corporación.
No puedo manifestar sino mi satisfacción por esa decisión, ya que el primer proyecto de ley que presenté cuando asumí el cargo de Diputado, en 2006, precisamente apuntó a establecer dicha restricción, habiendo sido ingresada la moción respectiva el 22 de marzo de ese año, con el boletín N° 4.115-07. Posteriormente se sumaron otras cinco que perseguían el mismo objetivo y que se fusionaron con la nuestra, agregándose, para este propósito, a los concejales y a los consejeros regionales.
Adicionalmente, nuestro Partido estuvo trabajando en una propuesta contenida en el Informe Prokurica, entregado en 2006 a la Presidenta de la República, y que proponía medidas con las cuales pretendíamos generar, ya en aquella época, las condiciones para mejorar el sistema político chileno, entre otras, el establecimiento de una ley de cuotas, el límite a la reelección indefinida de los parlamentarios, la modificación del sistema electoral binominal mediante un mecanismo de cupos compensatorios. Nunca obtuvimos respuesta del Ejecutivo.
Desde entonces, hemos llevado a cabo una intensa cruzada para lograr la aprobación de esta iniciativa, cuya tramitación ha durado más de nueve años. Tuvo que pasar todo ese tiempo y debió vivirse una crisis política de esta envergadura para que finalmente se le pusiera urgencia. Desde octubre de 2012 este proyecto se encontraba en la Comisión de Constitución, pero no se trataba.
Hoy en día se hace más necesario que nunca establecer este límite, ya que entre las desventajas que hacen indispensable consagrar un sistema limitado de reelecciones se encuentra un enquistamiento nocivo de las elites en el poder.
Con el sistema de reelección indefinida de los representantes de la soberanía popular, tal como lo permite actualmente nuestra Carta Fundamental, se transita a una especie de autoritarismo legislativo que por cierto es pernicioso para nuestra democracia.
Resulta indudable que debe consagrarse una igualdad de oportunidades para participar en la vida pública, lo que incidirá en que estos cargos de representación de la soberanía popular se desempeñen con verdadera vocación de servicio público. Ello redundará en una mejor calidad de la democracia y de la participación ciudadana, evitando el "clientelismo político" por parte de los incumbentes.
Asimismo, la iniciativa permite una necesaria y adecuada renovación de las autoridades en sus distintos ámbitos de acción, lo que también resulta saludable para la democracia. Entra aire nuevo al Congreso, a los concejos municipales, a los consejos regionales, y, consecuentemente, se van renovando tanto las visiones respecto de los temas como el ímpetu inicial.
Durante la tramitación en el Senado de las mociones señaladas, la Presidenta de la República introdujo una indicación, en virtud de la cual se incorporan también, entre las autoridades sometidas a límite de reelección, a los alcaldes, que podrán ser reelegidos hasta por dos períodos consecutivos.
Les recuerdo que este proyecto fue presentado junto con el que establecía el límite a la reelección de alcaldes y concejales, pero el que finalmente logró saltar la valla fue el que nos ocupa.
Hubo otras iniciativas al respecto, presentadas por innumerable cantidad de parlamentarios. Lamentablemente, en aquel entonces no pasaron la valla de la Cámara de Diputados. Recuerdo que en alguna oportunidad a una le faltaron tres o cuatro votos. Curiosamente, algunos parlamentarios se levantaron al baño o a alguna reunión y finalmente no votaron. Así, a un proyecto que obtuvo 72 votos no le alcanzó para ser aprobado.
Concordamos totalmente con la modificación que se propone, pues deja en condiciones de igualdad, para los efectos de limitar su reelección, a todas las autoridades de representación popular.
Por ello, no podemos sino felicitar la adopción de esta acertada medida legislativa, impulsada por la Primera Mandataria, que por fin acoge la reiterada propuesta de muchos parlamentarios que hoy están presentes en esta Sala, la cual le hará muy bien a nuestra democracia y que estoy convencido de que cuenta con el apoyo mayoritario de la ciudadanía.
Por estas consideraciones, anuncio mi voto favorable a este proyecto de reforma constitucional, que constituye un anhelo de larga data de quienes lo plantearon originalmente y de distintos parlamentarios que se sumaron a nuestra idea inicial.
Espero que finalmente hoy demos una señal política importante en cuanto al término de los privilegios del Parlamento, uno de los cuales es que no haya límite a la reelección.
De igual forma, ojalá este ímpetu continúe para que también sean realidad otros proyectos que hemos presentado, como el relativo al descuento en las dietas de los parlamentarios que falten injustificadamente a las sesiones o el de la renuncia al fuero parlamentario.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, probablemente voy a ser políticamente incorrecta, pero creo que en este Hemiciclo uno tiene que decir lo que piensa.
Efectivamente, la política y las instituciones en general están pasando por una crisis. Pero suponer que esta se va a resolver al limitar las reelecciones de los parlamentarios me parece francamente una ilusión. Considero que la crisis de confianza que se está viviendo en la sociedad es infinitamente más profunda que la desconfianza que la ciudadanía tiene hacia la política en particular. Existe un resentimiento hacia todas las instituciones, públicas y privadas. Las personas se sienten vulneradas en sus derechos y culpan a los políticos porque ven que estos no hacen nada por defenderlas o por cambiar la situación que están viviendo.
¿De dónde surge la idea de la no reelección de los cargos de elección popular? Del clamor de la calle.
Pero, si vemos los números, nos daremos cuenta de que nuestro sistema permite que en cada elección el Parlamento se renueve en cerca de 40 por ciento. ¿Y quiénes se quedan? Quienes hacen bien la pega; quienes de alguna manera representan a sus comunidades; quienes están en sus distritos y en sus circunscripciones; quienes tienen la capacidad de levantar temas ciudadanos. Por lo tanto, me parece absolutamente legítimo que puedan ganar sus escaños. Porque quienes no hacen aquello, o no van a la reelección, o pierden sus cargos.
Esta actitud de autocensura, de creer que nos debemos castigar porque en la calle hay una rebelión en contra de todos, y que de alguna manera se focaliza en los políticos, me parece que a lo único que ayuda es a cristalizar esta especie de profecía autocumplida.
Me llama mucho la atención que la "Comisión Engel", que justamente apuntaba en este sentido, no haya propuesto dentro de sus medidas la no reelección de los parlamentarios. Y me imagino que esta materia debe de haber estado dentro de su discusión. La reelección parlamentaria puede ser una medida popular -yo diría más bien populista-, pero no apunta al fondo del problema. Y les recuerdo que, tal como dije, el sistema actual permite la renovación de más del 40 por ciento del Parlamento en cada elección.
Creo que avanzar legislando por la superficie, con medidas que son populares y que responden a tratar de tranquilizar y dejar en una especie de statu quo a la opinión pública, sin atender el tema de fondo, es exactamente lo mismo que hizo el Parlamento con el voto voluntario y con un montón de otras materias. Y estoy segura de que a la larga, cuando se cristalicen, se darán cuenta de que son un profundo error.
Yo considero -lo digo como Senadora que está por primera vez en el cargo- que la experiencia es un bien que hay que valorar. Yo veo a colegas con experiencia, de distintas bancadas, y en verdad creo que son buenos parlamentarios, que conocen la técnica legislativa, que saben cómo avanzar.
Lo más probable es que esta iniciativa se apruebe. Y seguramente muchos de quienes voten a favor no estén muy de acuerdo con lo que estén aprobando, pero lo hagan porque es políticamente correcto, porque es impopular decir que no nos molesta la reelección de los parlamentarios.
Sin embargo, me parece que hay que ser coherente, que hay que ser valiente, que hay que ser capaz de decir lo que uno cree, y también tener la capacidad de apoyar lo que dice la calle, pero cuando creemos en ello. Tratar de ser complaciente, como una hoja al viento, con los vaivenes de los movimientos populares, pienso que de verdad no le hace bien al país.
Así que yo, aunque vaya a ser la única, me voy a oponer a este proyecto.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, agradezco poder hacer uso de la palabra después de la Senadora Van Rysselberghe, con quien probablemente, en materias culturales, políticas e ideológicas, tenemos una distancia tremenda, ¡tremenda! Y pienso que allí está el valor de este debate.
Yo creo en la democracia y en el rol que los partidos políticos juegan en ella. Y considero que es consustancial a la democracia y a los partidos políticos el lugar donde se expresan. Y estos se expresan, por excelencia, en el Poder Legislativo.
Lo que aquí se propone -repitiendo una experiencia que ha sido muy nociva en otros países- es que el eje del poder de los partidos salga del Parlamento y se traslade a un lugar oscuro.
Voy a volver sobre esto después.
En segundo término, se meten en un mismo debate cargos de elección popular, de naturaleza absolutamente distinta, y cargos de naturaleza ejecutiva, que administran recursos públicos, programas y políticas que se ejecutan, versus los de quienes fijan reglas, normas.
Creo que aquí se está mezclando agua con aceite, lo cual resulta absolutamente inadecuado.
En tercer término, señor Presidente, hay un debate sobre qué es el ejercicio profesional. ¿Es la política una actividad de desarrollo profesional, es decir, una actividad que se valora, que se considera consustancial al desarrollo democrático de una sociedad, o es un oficio?
Pienso que la limitación de los cargos de elección popular es la elección.
Yo no he visto que un abogado contratado por una firma se someta al escrutinio público. Se somete al escrutinio de quien lo contrata.
A los periodistas, que a veces plantean este tema con tanta vehemencia, ¿quiénes los eligen? Nadie. Los contratan.
Y cuando alguien desempeña mal su trabajo, ¿qué hace su empleador? Lo echa.
Nosotros, en el caso del Parlamento, al igual que otros cargos de elección popular, estamos sometidos a la soberanía popular. Por el momento que vivimos, estamos sometidos a la opinión de la calle.
Recuerdo que cuando se discutió el tema del voto voluntario, junto con el entonces Senador Longueira nos opusimos. Pero la calle y la coyuntura fueron las que se impusieron. Hoy, estoy seguro de que, si hubiese que discutir y votar nuevamente lo mismo, los resultados serían distintos.
Ahora se pretende que este debate, sobre reelección de un mandato público, se sitúe en el contexto de una ley de transparencia.
Yo quiero decir que me rebelo, porque me opongo a pensar -y hablo de esta institución y de la Cámara de Diputados- que aquí estamos rodeados de personas no transparentes, corruptas o que actúan fuera del margen de la ley.
Pero esa es la insinuación, al haber sido tratado este proyecto por una comisión especial y en un contexto inadecuado.
Este debate se debe dar en el marco de la discusión de una nueva Constitución, de cuáles deben ser las instituciones permanentes del Estado. Y evaluar si es que esta renovación, que algunos creen necesaria, se logra efectivamente con la limitación de la reelección.
La experiencia, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, muestra que se ha producido un proceso de renovación a pesar del sistema binominal, que estaba vigente hasta ayer. Hoy, con un cambio en el sistema electoral, donde se han bajado los umbrales de ingreso a esta actividad; donde, efectivamente, habrá un mayor incentivo a la renovación; donde se va a reducir el gasto electoral; donde se va a limitar las campañas y el tipo de campañas, sin duda se generará algo que muchos de nosotros queremos desde hace años: mayor competencia; menor "apernamiento", como dicen algunos. Porque se presume que quien está en un cargo tiene una ventaja comparativa. Eso es parte de la discusión de por qué se debe limitar la reelección.
Con el cambio del sistema electoral, en que la cantidad de candidatos será mayor a los cupos a elegir, se rompe uno de los principales obstáculos que había para aumentar aún más la renovación.
En la Cámara de Diputados, de los que fueron elegidos a principios de los noventa, creo que quedan cuatro; seis -voy a decir, para ser generoso- de ciento veinte. O sea, es una falacia afirmar que no ha habido renovación. ¡Una absoluta falacia!
Estas instituciones se han renovado.
Pero la pregunta es: los liderazgos políticos y el rol de los partidos en estas instituciones, ¿importan, o no importan? Personalmente, creo que aportan a la estabilidad democrática, a la representación. Y es por eso que en todos los sistemas parlamentarios, en casi todos los sistemas democráticos -con dos excepciones-, no existe un mecanismo para limitar la reelección de un parlamentario como instrumento que ayude a la transparencia o al fortalecimiento de la democracia.
Yo, señor Presidente, en verdad me rebelo.
Sé que políticamente no es correcto, en estos tiempos, expresar lo que uno piensa en esta materia. Porque, por otro lado, hay quienes están en un afán de destruir ciertas instituciones. Hay quienes -y lo quiero decir- plantean -con una cierta liviandad, a mi juicio- que la limitación de la reelección va a generar tiraje. Habría que ver cuál es el beneficio de la medida propuesta.
Con este proyecto lo que puede ocurrir es que un parlamentario salte del Senado a la Cámara de Diputados o de la Cámara de Diputados al Senado. Eso es lo que se instala como lógica.
¿Es eso bueno?
Yo, al menos, lo considero menos transparente de lo que tenemos hoy.
En lo que se refiere a los alcaldes y a otros cargos de autoridad ejecutiva, uno puede hacer una reflexión distinta, por cuanto administran recursos públicos y, por consiguiente, se puede hacer uso o mal uso de ellos para promover campañas en su favor.
Es lo que está implícito, en el plano presidencial, con la no reelección. Cuando se redujo el período de seis a cuatro años, yo manifesté en el Congreso Pleno que era partidario de la posibilidad de reelección del primer mandatario, por una sola vez, porque considero que un gobierno de cuatro años es insuficiente para sacar adelante un programa. Pero fui minoría.
Tratándose de los cargos de los gobiernos locales, estimo que la reflexión es distinta de la que debe hacerse a nivel parlamentario, por cuanto la autoridad ahí no es una autoridad exclusivamente partidaria; no tiene que ver con la esencia de la institucionalidad democrática en el sentido de los grandes acuerdos del país; tiene que ver con quienes administran recursos. Me parece que allí hay un punto.
Yo no tengo convicción en ese aspecto, señor Presidente, pero creo que se debería abrir un debate para ponderar si una situación es igual que la otra.
En verdad, para muchos de nosotros, la reflexión en torno a esta materia no se relaciona -es mi caso, señor Presidente- con si uno va a ir o no a la reelección.
Soy de aquellos parlamentarios -y no me siento acomplejado por esto, sino, por el contrario, honrado- que fueron electos en 1989. Ejercí cuatro períodos como Diputado. Siempre fui la primera mayoría en mi región, y siempre he estado entre las primeras mayorías nacionales, desde 1993 hasta la fecha. Lo mismo como Senador. Y me siento honrado de haber estado entre las tres primeras mayorías de esta Corporación en mi reelección. Son pocos los casos en que se aumenta la votación.
Yo me someto al escrutinio de la soberanía popular.
Alguien podrá decir: "Eso no es suficiente".
Yo me pregunto cuál es el concepto de democracia que tenemos.
Yo me someto a que sean los electores de un territorio los que digan si quieren que uno siga o no, tal como dijo la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra.
Yo me pregunto si todos quienes cuestionan la reelección tienen la convicción -y me refiero a personas que no pertenecen a esta institución- de que un ejercicio profesional debe estar limitado: que los médicos sean médicos por diez años, que los abogados lo sean por doce años, y así sucesivamente.
Me parece que lo que está en discusión aquí es si hay una defensa, no corporativa, sino de las instituciones de la democracia y los partidos.
Yo, señor Presidente, creo que los partidos son esenciales para la democracia, y que la representación y los límites a la reelección los definen las elecciones, la soberanía popular.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, voy a concurrir con mi voto a la aprobación de este proyecto de reforma constitucional que limita la reelección de las autoridades.
Esta misma idea fue recogida en una iniciativa que presentamos junto con los Senadores Ossandón y Guillier.
Es claro que no se trata de un tema de principios. Hay democracias que funcionan bien con o sin reelección. Hay autoridades que cumplen cabalmente sus funciones sin importar el número de períodos que ejerzan.
El verdadero problema de fondo del que nos hacemos cargo es la crisis de confianza ciudadana en el sistema político.
No cabe debatir si las autoridades reelectas lo han hecho bien o mal, pues eso se mide precisamente en las elecciones. Es justo decir que quienes han sido reelectos por varios períodos, entre los cuales se encuentran algunos Senadores presentes, lo han hecho por sus méritos, después de enfrentar el escrutinio ciudadano. Y son acreedores, por tanto, al reconocimiento de todos nosotros.
En consecuencia, señor Presidente, el objetivo de esta reforma no es provocar un cambio en los representantes de elección popular, sino en las instituciones a las cuales ellos pertenecen.
Serán este Congreso Nacional, los gobiernos regionales, los municipios los que cambiarán con esta reforma, en cuanto a la manera en que se relacionan los ciudadanos con estos organismos, su imagen y su gestión interna.
Desde luego, esta proposición no asegura que tendremos mejores instituciones. Eso, al final, dependerá de las personas que sean electas. Pero sí será una oportunidad para que tales entidades se renueven con mayor frecuencia que la actual.
Por otra parte, esta iniciativa fortalecerá a los partidos políticos, en perjuicio de los liderazgos caudillistas, que se basan en una política clientelista y pueden instalarse en algunas ciudades o regiones. Este proyecto, por tanto, también tiene un objetivo de prevención.
Aquello es particularmente importante si pensamos que próximamente contaremos con intendentes surgidos del voto popular.
Por último, hay una razón de coherencia en esta iniciativa. Todos los altos cargos de servicio público tienen límites tanto en el período de duración como en la edad de sus autoridades.
En conclusión, si bien sus efectos solo podrán medirse de verdad en diez años más, esta reforma es necesaria hoy, porque es sana para nuestras instituciones: permitirá la renovación de autoridades; ayudará a cambiar la deteriorada imagen del sistema y a prevenir focos de caudillismo; fortalecerá a los partidos políticos, y dará mayor coherencia a nuestra institucionalidad.
Como dije esta mañana en la discusión del proyecto sobre probidad en la función pública, los problemas de la política se resuelven con más y mejor política.
Un paso importante en ese sentido es el término del sistema binominal. Sin embargo, se requiere además modificar el mecanismo de financiamiento electoral y el régimen de partidos políticos.
Otro elemento está dado por la formación cívica de la gente, que confunde roles ejecutivos y parlamentarios, lo que genera expectativas equivocadas y, al final, condiciona la acción de las respectivas autoridades.
Ninguna medida por sí sola nos sacará de la crisis, pero pienso que esta reforma ayudará a recomponer en parte la deteriorada autoridad de las instituciones.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, observo con bastante agrado este proyecto de ley, sobre todo porque al menos mi realidad hace que tenga una mirada tremendamente distinta de quienes han participado toda su vida dentro de las estructuras partidarias, muy necesarias, por lo demás, para una democracia sana en cualquier Estado.
No obstante, quienes venimos absolutamente desde afuera, quienes hemos sido los invitados de piedra en este proceso, quienes no tenemos familias con cargos importantes, quienes éramos personas comunes y corrientes, podemos decir con satisfacción y orgullo que hemos llegado desde la calle al Senado. La Senadora Lily Pérez me señala lo mismo. Ambos fuimos concejales. Y, con la mayor honra, puedo manifestar que he conocido el mundo municipal, el mundo más cercano a la ciudadanía.
Creo que es bueno expresarlo porque muchas veces aquí todos somos vistos por igual, pero hay situaciones de vida que claramente marcan la forma en que uno actúa, hace su trabajo y representa a quienes lo eligieron.
Señor Presidente, yo también elaboré varias iniciativas previamente a este proyecto de ley, que lo que busca precisamente es oxigenar, producir cambios.
Sin embargo, el problema no está en lo político. Aquí se comete un error al señalar que existe una crisis política. No la hay, desde mi óptica. Lo que se aprecia es una crisis de las "instituciones políticas": la política habitacional, la política de salud, la política educacional, la política laboral.
Todo ello, obviamente, dice relación con el ordenamiento de un Estado en lo que respecta a su administración.
Por cierto, el problema radica en que hay una crisis de credibilidad, de representación. De ahí que no solo el recambio sea tan necesario. Los propios partidos políticos están llamados, hoy más que nunca, a dar mayor confianza, a reinventarse, a fortalecerse, porque es lo único que nos permitirá tener una democracia estable, sana, y que evitará la aparición de individualismos que, a la postre, puedan producirle un daño a la política nacional.
Eso lo digo desde mi perspectiva como Senador completa y absolutamente independiente. Con todo, aun cuando no he militado nunca en las estructuras partidarias, las respeto y las creo del todo necesarias para la sanidad de la democracia.
Y quiero agregar algo más.
A mí me preocupa la estabilidad de las políticas del Estado en la siguiente lógica.
En Chile existen períodos presidenciales de cuatro años, que en la práctica se traducen en dos y un poco más: alrededor de tres años. ¿Y estos períodos presidenciales de cuatro años permiten que tengamos políticas públicas más allá del tiempo durante el cual se gobierna? ¡No lo permiten!
Entonces, junto con la discusión que hoy sostenemos, sería bueno realizar ese otro debate: revisar en algún momento si es conveniente un período presidencial de seis años, para establecer políticas públicas de largo plazo, políticas necesarias en materia laboral, de salud, previsional, donde no se actúe para el titular de la prensa de mañana, donde no se trabaje para la opinión inmediata, sino para establecer políticas de mucha más larga extensión.
Podrá considerarse un período presidencial de seis años o uno de cuatro con una sola reelección.
A mi juicio, ese debate está pendiente, es necesario, y tenemos que realizarlo en el país para empezar a generar políticas públicas serias, políticas públicas responsables, pero no en función de estos cortos períodos que, al final, no nos permiten llevar a cabo lo que señalé.
Con respecto a este proyecto -lo dijeron Senadoras y Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra-, debo expresar que cumplí un período como Senador y después gane la reelección. Y la gané -aprovecho de mencionarlo- con tres querellas de mis eventuales y permanentes contrincantes políticos. Ahora por lo menos estoy viviendo la etapa final del último proceso. La situación es tremendamente difícil.
En esta Sala he escuchado argumentos en un sentido y en otro. Y quiero señalar con gran fuerza que estos cargos no se nos regalan a quienes venimos desde afuera. Uno compite, con los grados de desigualdad que he mencionado, pero compite.
¡Aun así, soy partidario de la renovación absoluta!
Yo habría sido mucho más transparente en esta materia: simplemente hubiese contado el período en el que estamos ejerciendo. Como lo dijo la Senadora Lily Pérez, habría aplicado esa retroactividad. Porque -sinceremos el tema-, a la postre, todos los que estamos acá recién en dieciséis años más podremos ver un cambio. Antes no.
Ahora bien, ¿es esa la solución para la situación de crisis que estamos enfrentando? Obviamente que no.
Hoy todas las instituciones están en crisis: las iglesias, el Poder Judicial, el propio Gobierno, el Congreso. Es decir, existe una crisis institucional.
Lo que hacemos acá es enviar una señal al país, a la gente, de que a lo menos nosotros tenemos la voluntad de no apernarnos, de no perpetuarnos en el cargo, sino de dar tiraje a la chimenea para que ojalá participen muchas personas que ven tan lejos un cargo de esta naturaleza, que ven tan distante la posibilidad de ser Diputado, Senador, Alcalde, o lo que sea.
Queremos que se entienda -como yo lo hago- que existirá la posibilidad de hacer cambios en el sentido de que no vamos a ocupar un cargo de por vida o a valernos, a aprovecharnos, para hacer de esto una profesión permanente que, después de tantos años, conduzca a que el entusiasmo inicial ya no sea el mismo.
Por eso, es necesario llevar adelante este proyecto de ley. Sin embargo, lamento que no se haya considerado el cargo que hoy desempeñamos, lo cual, en el fondo, hará que recién en bastante tiempo más comience a haber una verdadera renovación.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, si hay algo más complicado que vivir una crisis política, es resolverla mal. Esto generaría una situación de complejidad mucho mayor, de peores efectos y de bastante daño para nuestro país.
Más allá del interés de quienes están detrás de esta iniciativa, no alcanzo a entender -lo digo con franqueza- la forma de tramitarla, pues tiene urgencia calificada de "suma", y podría tener vigencia en dos años y medio más. Esto es bastante raro, por cuanto aborda un tema complejo.
No llego a comprender las razones para defender una idea como la que se propone.
Y déjenme mostrar un pequeño estándar de los efectos que uno le pediría a una reforma de este tipo para considerar adecuada su realización.
Primero, ¿esto es más democrático o no?
Me parece esencial plantearlo. Incluso, el Presidente de la Comisión, al explicar esta iniciativa -de la que es partidario-, hizo una reflexión muy profunda. Esto limita la soberanía democrática. Se les dice a los ciudadanos que no les será posible elegir a quienes deseen, como lo consagra un principio esencial, porque habrá determinados ciudadanos que no podrán optar a ser electos al impedirlo la Constitución, en este caso, y no por creerse que no harán bien la tarea.
Yo creo en la democracia representativa, noción que ha tenido una larga discusión desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, en 1776. Y lo que hacemos acá es introducir excepciones al concepto profundo de la democracia representativa.
¿En qué descansa esto? En el derecho a votar por quién a uno le parezca, por creer en esa persona, por confiar en ella y por sentir que el país estará mejor con su elección. Esa es una realidad consustancial a la democracia.
No sé si los chilenos somos tan geniales en esta materia como para ser casi los únicos a quienes se les ocurre una fórmula que supone que "limitando la democracia" habrá mejores resultados.
Se decía que hay dos naciones -¡dos de doscientas!- que tienen límites a la reelección. Les quiero informar que no es así: ¡es una! Costa Rica lo mantiene, pero México no, pues acaba de modificar la no reelección de sus autoridades por los malos efectos que produjo.
Tengo el informe de la revista jurídica de la Universidad Nacional de México que explica las razones del cambio del sistema.
¡Acaba de ocurrir ahora!
Se consideró que justamente el desprestigio del Parlamento mexicano se debía a la falta de experiencia de los parlamentarios. Eso expresa ese informe.
En definitiva, la importancia de la estabilidad política y legislativa, la responsabilidad de los legisladores, el mejor contacto y nexo entre representantes políticos y electores, el fomento -lo mencionaba un Senador- de proyectos legislativos coherentes a largo plazo, son las razones por las cuales México acaba de cambiar lo que Chile ahora quiere imponer.
Entonces, señores Senadores, desde un punto de vista conceptual, o en Costa Rica son unos genios únicos en el mundo, o nosotros estamos cometiendo un error gravísimo, puesto que otros países van en sentido inverso.
Algunos han señalado: "bueno, pero aquí hay un problema".
Debo decir que personas como Eduardo Frei, Salvador Allende, Arturo Alessandri, Francisco Bulnes o Mario Palestro -busqué las cinco personas más transversales-, no habrían podido ser parlamentarios en los períodos en que lo fueron porque habrían excedido lo que esta iniciativa plantea, y casualmente se trata de los ex Presidentes o los dirigentes políticos de mayor valoración ciudadana y democrática de Chile.
A eso, entonces, decimos "No".
¿Se equivocaron todos? Por favor, lo único que pido es sentido común en la reflexión.
Alguien dice que hay un problema de renovación. Tengo aquí un informe acerca del porcentaje de renovación que existe en Chile cada cuatro años: 32,5 por ciento. Es uno de los más altos estándares de renovación periódica del mundo parlamentario.
Les pido que busquen si existe un sistema con índices mejores.
Las democracias más consolidadas, como la estadounidense o la inglesa, tienen indicadores muy elevados de reelección, y eso no es sinónimo de que estén equivocados.
Otro argumento pudo haber sido que le cuesta mucho a quien quiere optar a un cargo obtener un cupo. Ese pudo haber sido un argumento, pero ya cambió el sistema electoral. Y hoy existen básicamente espacios de competencia amplios: de siete, nueve, once, dependiendo del número de lugares.
Entonces, eso tampoco es una buena argumentación.
Si alguien cree que se trata de un tema ético y no político, bueno, tomará su decisión en ese sentido como le parezca, y de igual forma si se piensa que no puede mantenerla. No obstante, aquí estamos haciendo políticas públicas.
Un Senador que me antecedió en el uso de la palabra manifestó: "No hay nada peor que tratar de personalizar a partir del rol de uno".
Señor Presidente, en Chile, ¡en Chile con mayúsculas!, tenemos que construir entre todos los mejores escenarios para producir un proceso legislativo coherente. Y no los he encontrado en los estudios -este tema me gusta- de Ciencia Política. Según estos, los sistemas de Costa Rica y de México son ejemplos del paraíso de cualquier Gobierno, no de este.
El Ejecutivo disfruta intensamente si logra ir armando y alterando a quienes hacen el seguimiento a las políticas públicas o tienen alguna experiencia en materia legislativa. Además, ahí hay procesos en donde las coaliciones se van manteniendo.
Esto se encuentra en toda la Ciencia Política. No estoy diciendo nada diferente de lo que he leído, y no he encontrado opiniones en sentido contrario.
Señor Presidente, entiendo que uno diga: "Oiga, es muy complicado no apoyar esto, porque la crisis política...". Pero será complicado si resolvemos una crisis política y después debemos reponer algo, o reclamar que no hay coherencia en políticas públicas de largo plazo; que se impide votar por el alcalde lejos más realizador, del partido A, B o Z, que ha sido un baluarte en el progreso de una región; o que no se puede reelegir al Senador o a cualquiera otra autoridad que haya establecido en su región políticas públicas potentes, pues así lo decidió el Parlamento.
Señor Presidente, este debate es profundo, es de fondo, y no alcanzo a entender el estándar que se busca con este proyecto en materia democrática, en materia de renovación de autoridades, en materia de políticas serias a largo plazo, en materia de dificultad de cupos.
Yo sé que esta función es ingrata, incómoda, pero para pasarlo bien hay otros escenarios. Aquí uno viene a cumplir un deber público.
Para la Administración Pública -en particular, respecto de la Alta Dirección Pública-, suelo pedir que haya coherencia de largo plazo. Lo solicito permanentemente. No me gusta cuando un gobierno cambia todo.
¡Pero es lo que estamos haciendo!
Le decimos a la ciudadanía que vamos a terminar con un espacio de continuidad, lo cual, bien entendido, es sano, aunque implica ya no creer mucho en la democracia. Equivale a decir: "Es que la gente no tiene la capacidad de decidir quién lo está haciendo bien y quién, mal".
Eso es como una capitisdiminutio social, lo que me parece completamente impresentable en una sociedad madura como la nuestra.
Necesitaba hacer estas reflexiones.
No se trata de una materia cualquiera: es importante; no contingente, sino de largo plazo; no del pasado, sino de futuro. Y no hay nada peor que resolver mal los desafíos en políticas públicas.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, va a ser bien compleja la tramitación de este proyecto en el Parlamento.
El Senador informante, el colega Ignacio Walker, señaló que no se dejaba llevar por la opinión pública. Puede ser, pero creo que esta sí va a pesar muchísimo a la hora de abordar esta materia, por cuanto existe una percepción negativa hacia quienes estamos en la cosa pública, en especial los que estamos en el Congreso.
Según la última encuesta que hizo en la Región de Valparaíso la Fundación Piensa, a través de una empresa muy conocida a nivel nacional, las tres instituciones peor evaluadas son: el Poder Judicial, el Congreso y los partidos políticos. Y yo pertenezco a dos de ellas, igual que ustedes.
Hablando en castellano, la cuestión podría traducirse de la siguiente forma: "Si usted está a favor de la reelección, lo va a pasar mal. Si usted limita la relección, está en la senda correcta y va a tener apoyo".
Como el asunto está en discusión, digo con franqueza que no estoy en condiciones de respaldar la propuesta que se nos presenta; sobre todo, su disposición transitoria.
Algo de peso debe hacernos el hecho de que solo dos países en el mundo han restringido la reelección de autoridades.
Dicho eso, el artículo transitorio -lo expreso con mucho respecto- me parece un poco hipócrita.
Para explicarles a los que nos ven por la tele -porque esta materia se va a discutir también afuera-, hago presente que el proyecto establece limitaciones a la reelección de Senadores y Diputados, entre otras autoridades. En el caso de los Diputados, podrán ser reelegidos hasta por dos períodos (doce años en el ejercicio del cargo como máximo), y en el de los Senadores, por una sola vez (dieciséis años como máximo).
La pregunta es desde cuándo se cuenta.
En general, las leyes que aprobamos en el Congreso rigen a partir del día de su publicación, desde ahí hacia adelante. Sin embargo, acá parece que la opinión pública sí pesa, porque se dice: "El actual período hay que imputarlo".
Yo podría apretar los dientes y manifestar mi acuerdo a legislar para limitar la reelección. Pero con la disposición transitoria propuesta me parece que caemos en una hipocresía.
Me plantean ser hipócrita. ¡Mejor seamos populistas completos...! En tal caso digamos: "Se imputan todos los períodos, desde el año 90 hasta la fecha".
¡Eso es populismo!
Yo encuentro muy injusta la norma transitoria, en especial para quienes están cumpliendo su primer período parlamentario. Y ni siquiera saben si van a un segundo, porque para eso hay que tener la voluntad de competir y ganar la reelección.
Se los empata a todos: a los que están en su primer período con los que llevan bastante tiempo. Y muchos de los que tomaron la decisión de presentar esta iniciativa -ya vi quiénes son- llevan varios períodos en el cuerpo.
¿Cuál es la hipocresía?
En el informe aparecen todas las mociones presentadas. Figuran mi compañero Chahuán, Navarro, Fuad Chahín, De Urresti, entre varios más. Todos propusieron límites a la reelección cuando eran Diputados. Entonces, ellos no requieren ley. ¡No requieren ley!
El 3 de diciembre del año pasado presenté dos proyectos de ley: uno, para establecer la elección complementaria como procedimiento de provisión de los cargos parlamentarios vacantes, y otro, para impedir el nombramiento de parlamentarios en cargo de Ministros.
Sí, presenté dichas iniciativas. Porque creo en ello.
En consecuencia, si alguien me pidiera prestar servicios o colaboración en el Ejecutivo, le iría mal. ¡Yo quedé inhabilitado a partir de ese momento, pues! ¡Porque en eso creo!
Entonces, con todos los que están acá convencidos de lo que plantea la iniciativa en estudio, ya tenemos una buena renovación. Basta que anuncien que no van a la reelección. De lo contrario, dejémonos de hipocresías.
Reitero: no comparto el artículo transitorio propuesto.
Estoy considerando qué hacemos ahora con el límite a la reelección. Me parece que será muy difícil aprobar este proyecto, desde el punto de vista de la experiencia internacional.
Ahora, yo sabía lo que iba a pasar con este argumento en las redes sociales: "¡Se quiere quedar!"; "¡Apitutado!".
Uno no se reelige, lo reeligen. Y el aseguramiento de una mejor calidad de la política no pasa por la reelección.
Vamos a cosas más concretas.
Harto discutimos hoy sobre el tema del patrimonio, de la transparencia, de los intereses que algunos tenemos. Tal vez habría que ser más exigentes en eso.
¿Qué pasa con las fundaciones? ¿Un parlamentario puede ser miembro de una fundación? Consideremos que una fundación recibe donaciones de empresas privadas -con rebaja tributaria, por supuesto- y, con esos recursos, aquella puede entregar donaciones y ayuda a los electores.
No sé si esto se halla regulado en el proyecto que aprobamos hoy. Lo digo porque me llegó dicha información hace poco.
¿Qué les parecería a ustedes si alguno de nosotros tuviera una fundación y saliera en los medios entregando sillas de ruedas, las que fueron donadas por un empresario, quien por ello rebajó tributos?
La señora PEREZ (doña Lily).- ¡Mal!
El señor LAGOS.- ¡Mal, pues!
¿Y si una fundación beca a un joven para estudiar? Este es el sueño de todo papá. Pero ¿de dónde salió la plata? De las donaciones. ¡Ah, qué bien! Entonces, ¿quién otorgó de verdad esa beca: el parlamentario o el que hizo la rebaja tributaria?
El señor TUMA.- ¡El Fisco!
El señor LAGOS.- ¡El Fisco! ¡Todos nosotros!
Entonces, revisemos esa situación.
Si queremos mejorar la política, sugiero que el Servicio Electoral regule las elecciones internas de todos partidos políticos. ¡Eso quiero yo! Porque es ahí donde se decide quiénes son los candidatos al Parlamento, sobre todo en el sistema binominal.
El señor COLOMA.- ¡Ya no existe!
El señor LAGOS.- Cierto. Hoy no tenemos binominal -¡afortunadamente!-, lo cual va a ayudar a dar representatividad.
Si se trata de recuperar la confianza, de terminar con el hastío que hay contra la clase política, lo primero es que den un paso al costado todos los que no están a favor de la reelección, que presentaron mociones para limitarla y que han cumplido hartos años en el cargo.
Me da lo mismo si fueron dos períodos como Senadores, tres como Diputados. "Mi amigo, sume cuántos años lleva y, si es partidario de restringir la reelección, solito dígalo; pronúnciese". Aquí cualquiera lo puede hacer, al igual que en la Cámara de Diputados. Basta explicitarlo: "Mire, yo presenté tal moción". En esa situación está Chahín, De Urresti.
¡Que lo digan! "Llevo quince años de parlamentario, y no voy más". ¡Bien!
Ahora, ¡por qué hay que dictar una ley para eso, con lo cual se arrastra a todo un sistema!
Yo quiero mejorar el sistema político.
Estamos en esta situación debido a que algunos -y aquí les voy a pasar la cuenta- no quisieron modificar el sistema binominal antes.
Se ha podrido todo y no se alcanzó a ver ningún cambio al respecto. Como el binominal producía un empate permanente, era noticia cuando había una ventaja para alguien. Salía en los diarios: "Doblaron en la Cuarta Región"; "En el distrito 9 se dobló". Porque no era habitual. Y ahí lográbamos la mayoría.
Entonces, hay responsabilidad cuando uno estira el chicle.
Una persona que ya no está acá, cuando conversábamos acerca de la necesidad de introducir reformas a tiempo, me dijo: "Ricardo, no te preocupes; el sistema aguanta una vuelta más de tuerca". Esto fue cuatro años atrás. Sin embargo, creo que llegamos tarde. Se melló el hilo de la tuerca.
Entonces, debemos abordar los problemas reales. Los relativos al financiamiento de la política, por ejemplo. En medio de ellos, lo concerniente a la reelección cabe en el paquete completo.
Y como bien indicó el Senador Letelier, quien me interpretó en muchas de las cosas que expuso, ahora resulta que el asunto de la reelección pasa por la probidad. De hecho, este proyecto se encuentra radicado en la Comisión Especial de Probidad y Transparencia. O sea, si alguien desea ser reelegido, cumpliendo con la Constitución, que lo permite, ¿deberá responder ante dicho órgano técnico? ¡No, pues! ¡Modifiquemos la Carta Fundamental entonces! Que ahí se establezca cuánto duran los Presidentes, quiénes se reeligen y de qué forma.
Esto de legislar ad hoc ocurre porque algunos están escuchando la opinión de la calle, aunque acá manifiesten lo contrario.
En esta materia debemos tener mucha responsabilidad. Sé que implica un costo. Algunos están recién elegidos; les quedan seis años todavía como Senadores, y otros tenemos que enfrentar la decisión de ir a una reelección en el corto plazo. ¡Y esto seguramente va a pesar!
Mientras estoy hablando acá, hay gente que me dice: "No digas esas cosas, Lagos".
Pese a ello, pienso que esta no es la forma de abordar el Parlamento que requerimos.
Regulemos el modo en que se designan a las autoridades al interior de los partidos. ¡Son estos los que deciden quién será candidato a concejal, a core, a Diputado y a Presidente de la República! ¡Ahí está el meollo! ¡Ahí se resuelve quiénes son los que se sientan acá al final de día! Porque de ahí salen los postulantes por los cuales los ciudadanos se van a pronunciar y la soberanía popular se va a ejercer.
Y si pido al sistema público la plata para financiar a los partidos, como contrapartida exijo transparencia full al interior de estos -¡full!-, no con cojines en las ventanas para que no se sepa cómo se eligen las autoridades. ¡No, señor! Hay que transparentar todo si queremos recursos públicos.
En consecuencia, esto de la reelección debiera incorporarse en un conjunto de reformas más integrales y globales, y no quedar supeditada a la crisis de confianza que se vive hoy -con razón, por lo demás- ni a esta forma de legislar.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en mi opinión, se ha realizado un debate y una reflexión muy profundos respecto de esta propuesta de reforma constitucional.
Quienes estamos aquí ingresamos por una decisión de vida, por vocación y no por conseguir una pega.
En ese sentido...
Por favor, pido a mis colegas que me permitan intervenir.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Solicito a los señores Senadores que guarden silencio.
Continúe, señor Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias.
Se ha dicho que el promedio histórico de renovación del Parlamento es superior a 33 por ciento cada cuatro años. Y con el cambio del sistema electoral lo más probable es que ese porcentaje se acerque a 50. Cabe concluir, por tanto, que ha existido renovación permanente.
Voy a ser muy sincero: noto que los autores de estas mociones, que son presentadas siempre en períodos cercanos a procesos eleccionarios, son personas que, en su mayoría, han ganado elecciones desde 1989. ¡Están acá desde el 89, y firmaron estas mociones! ¡Por qué mejor no se retiraron en forma voluntaria! Eso habría sido mucho más auténtico y transparente.
Por otra parte, al limitar las reelecciones, se plantea que los alcaldes podrán tener máximo tres períodos, al igual que los concejales, los cores y los Diputados. Los Senadores, dos períodos. Me pregunto: ¿Por qué no tres en vez de dos? o ¿por qué no cuatro en vez de tres? Argumento: ¡ninguno!
En mi opinión, quien realiza bien su trabajo y cumple con lo que ha ofrecido a su gente es elegido permanentemente. En cambio, el que pierde la reelección es probablemente el que no hizo bien su labor. Aquí se propone dejar sin opción al primero por secretaría -porque eso es lo que se está planteando-, impidiendo la decisión de la voluntad popular.
Debemos sacar esto a la luz pública.
Lo peor que puede ocurrir -lo han manifestado varios colegas que me antecedieron en el uso de la palabra- es que votemos una iniciativa de esta índole. Por lo mismo, estoy seguro de que mi jefe de bancada pedirá segunda discusión para este proyecto.
Debemos hacer las cosas bien y reflexionar como corresponde.
Somos un país que está interesado en seguir a la OECD. Pues bien, no veo a este organismo planteando recomendaciones de este tipo. Ni siquiera lo hizo la Comisión Engel, como recordó el Senador Letelier o el Senador Coloma.
Por lo tanto, creo que se está actuando de una manera precipitada.
Voy a agregar un problema más complejo: ¿cómo actuarán las autoridades que dejaron sus profesiones para insertarse en la política, una vez que sean reelegidas en su último período? Porque entonces empezarán a analizar cómo reinsertarse en el mundo laboral. Me pregunto si durante el período final en el cargo van a realizar su trabajo como el país necesita.
Pido una mayor reflexión al respecto. Tenemos que ser supertransparentes y examinar con mayor tranquilidad esta materia.
Y comparto plenamente lo dicho por el Senador Lagos: ¡cómo este proyecto puede estar radicado en la Comisión Especial de Probidad!
¡Si este asunto ha sido permanentemente presentado cerca de momentos electorales! ¡Y luego se olvida!
¡No sé cuántas mociones ha habido sobre el particular!
Por primera vez -me imagino- se habla de esta forma aquí, en el Senado.
Señor Presidente, este será el único país del mundo, como ya dije, que va a impedir al pueblo reelegir a un alcalde, a un concejal, a un consejero regional -cargo recién instalado por votación popular- o a un parlamentario.
Lo que podría ocurrir a futuro es que tengamos una "sillita musical": de Diputado a alcalde; de Senador a Diputado, etcétera.
Creo que este proyecto causa más daño a la imagen de la política y a la del Parlamento.
Insisto: les pido una reflexión en esta materia.
Pienso que ninguno de nosotros está aquí por conseguir una pega, sino por vocación de servir a la gente que más lo necesita. Entregamos nuestras vidas en esta función para que a nuestro querido país le vaya mejor.
En consecuencia, señor Presidente, conforme a la solicitud que formulará mi jefe de bancada, creemos que debemos tener una segunda discusión.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Señor Senador, ¿es efectivo que su jefe de bancada va a pedir segunda discusión?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Sí.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Okay.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, estamos debatiendo un proyecto para limitar la reelección de autoridades, a raíz de una crítica que se ha planteado al sistema con relación a cómo se ha generado el Parlamento.
En todo caso, la responsabilidad de dicha crítica no se encuentra en el Congreso.
Las normas que rigen el proceso de elección parlamentaria se fijaron en una Constitución, la cual no contó con participación democrática (tres generales y un almirante). Se generó gracias a un acuerdo político pero dentro de un clima muy complejo: saliendo de una dictadura.
Entonces se instaló un sistema único en el mundo: el binominal, mediante el cual 33 por ciento era igual a 66 por ciento, produciendo una distorsión, una anomalía, una situación absolutamente descompensada, en el pronunciamiento de la soberanía popular.
Dicho sistema -maligno, perverso- sacrificó la legitimidad democrática en pos de la estabilidad política.
Este largo andar ha devenido en crisis: crisis de legitimidad, crisis de participación, crisis de representación.
De esto último padece hoy el Congreso Nacional. Ello se expresa en que solo cuatro de cada diez chilenos vota en las elecciones para determinar quiénes llegan a este Hemiciclo. Es decir, ¡el 60 por ciento de los chilenos no quiere participar o no puede!
Por lo tanto, lo primero es asumir que estamos en una crisis de participación, de legitimidad y de representación.
En ese sentido el problema global de la política no es entre Izquierda y Derecha; no es entre Gobierno y Oposición; no es entre liberales y conservadores. Es entre ciudadanía e institucionalidad.
A la ciudadanía le da exactamente lo mismo -se lo digo al colega Víctor Pérez, por su intermedio, señor Presidente- si será reelecto un Senador de la UDI o un Senador del MAS. Como aquella tiene una bronca acumulada con la política, no distingue a unos y otros, solo ve rostros de poder. No identifica bien de dónde provienen, pero percibe que representan el poder.
Por eso, señor Presidente, ante esta crisis profunda el Parlamento ha de efectuar un aporte. El Gobierno ya lo hizo cuando la Presidenta sacó completamente a su equipo político y descabezó al equipo económico.
Esa acción, que causó dolor, dio una señal clara de que se quiere enmendar las cosas.
La ciudadanía está expectante respecto de cómo actuará el Congreso, de si hará un acto de contrición, de si enviará una señal que le posibilite advertir que los parlamentarios han entendido que esta situación de cuestionamiento, de descrédito, debe comenzar a ser subsanada.
Se eligió el camino de limitar la reelección. Pudo haber sido otro, pero se escogió este.
Señor Presidente, el año 2003 en la Sala de la Cámara de Diputados se aprobaron las donaciones secretas a las campañas y no se estableció la pérdida del cargo para el parlamentario.
En esa oportunidad advertimos -fuimos tratados de desleales, de díscolos, de traidores- que ese sistema era perverso, que legitimaba y legalizaba la intromisión del dinero en la política.
A pesar de eso, la normativa se aprobó igual.
Como dije, hemos resuelto que el acto de contrición que la ciudadanía nos está pidiendo lo haremos sobre la base de limitar nuestro mandato.
El sistema binominal y, particularmente, medidas como el castigo a los independientes posibilitaron la falta de legitimidad. Es cierto: competimos para ser elegidos; sin embargo, la mayoría no participa.
La Comisión Engel propuso 236 medidas.
Si las cumpliéramos -pedí en más de una ocasión en este mismo Hemiciclo que fueran vinculantes-; si le hiciéramos caso al informe del Consejo Asesor Presidencial, 173 alcaldes y 91 parlamentarios no podrían ir a la reelección en 2017.
Hay planteado un debate sobre la efectividad del cambio.
En México -ya se señaló- no existe reelección, y el resultado ha sido un desastre: alta rotación, escasa preparación, gran inexperiencia. Están de vuelta. El 85 por ciento de sus parlamentarios no tiene experiencia legislativa.
Ciertamente, ello en nada se compara con el Senado de Estados Unidos, donde 26 de sus miembros son multimillonarios que acaparan fortunas por 195 mil millones de dólares, que equivalen a lo que percibe el 43 por ciento más modesto de la población, es decir, cerca de 50 millones de estadounidenses.
Allí también existe el dinero. Y hay reelección infinita, indefinida.
El problema, entonces, radica en el camino elegido.
Tenemos distorsionada la presencia de parlamentarios en ambas Cámaras por el sistema binominal.
Ese sistema no le permitía a la gente participar en igualdad, con derecho a elegir y ser elegido.
Se vino la crisis.
¿Cómo salimos de ella? La Presidenta pagó el costo.
La ley que nos proponen dice que en diez años más veremos el resultado de esta medida, en el caso de los Senadores y Diputados.
Me parece un período muy largo.
Señor Presidente, el numeral 1 del artículo único del proyecto propone sustituir el inciso segundo del artículo 51 de la Constitución por el siguiente: "Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente. Los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo sólo por una vez; los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos.".
Eso abre la posibilidad de que haya un período de descanso y de que, después, la persona vuelva a ser elegida por la misma cantidad de tiempo. Es decir, un Diputado dura tres períodos en su cargo; deja pasar cuatro años, y se postula de nuevo para estar 12 años más. Lo mismo ocurriría con los Senadores.
La norma dispone que "podrán ser reelegidos sucesivamente".
Si existe alternancia entre Diputado y Senador o si media un período de receso, se retoma todo el proceso.
Si esa fuera la norma permanente, ¿cuál sería, entonces, la señal de contrición?
Yo habría preferido una normativa que estableciera por única vez la retroactividad.
Le pregunté al Secretario del Senado dónde está la norma de la ley en proyecto que impide la retroactividad; por qué no podemos limitar la reelección a tres períodos para los Diputados y a dos para los Senadores a partir de hoy y decir: "Se limita ahora, y la norma definitiva la discutiremos cuando tengamos una nueva Constitución; que la ciudadanía decida".
Porque nuestra principal limitante en este debate es que somos incumbentes: en la crisis, en la decisión que nos afecta directamente.
Quisimos evitar que determináramos nuestros sueldos, y creamos una Comisión especial. Hoy los parlamentarios en Chile no deciden cuánto ganan: el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias lo hace.
Pero, en este caso, la ciudadanía observa que los incumbentes deben resolver sobre sí mismos: "¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare?".
Carecemos de legitimidad para opinar sobre esta materia.
Señor Presidente, creo tanto en hacer efectiva la no reelección en diez años más, como incluso (es lo que pienso) en una ley que permita establecer la retroactividad y limitar ahora -¡ahora!- la reelección a tres períodos como máximo para los Diputados y a dos para los Senadores, lo que provocaría el recambio de 91 parlamentarios.
Lo que hay aquí es una decisión adoptada entre cuatro paredes. No hubo debate con la ciudadanía; no le hemos dado la oportunidad de participar.
Siento que solo una nueva Carta, y en particular una Asamblea Constituyente, pueden determinar el mecanismo que los chilenos quieren para elegir parlamentarios y permitir su reelección.
Entonces, no me gusta el proyecto como viene planteado; no tendrá efectividad ni impacto.
Yo habría querido -espero debatir sobre esta materia, pues se va a pedir segunda discusión- una ley que permita la limitación ipso facto, ahora; que se sienta y duela ahora...
El señor TUMA.- ¡Para todos!
El señor NAVARRO.- O sea, que no haya reelección.
Algunos dicen: "Claro, yo tendría un período y medio totalmente disponible".
Hay que interrumpir el período parlamentario. Y esta es una posición del Movimiento Amplio y Social (MAS); lo discutimos.
Si no, como hay elecciones el 2017, algunos tendríamos hasta el 2021.
Yo manifiesto mi completa disposición a que el período llegue hasta el 2017, independiente de que falten algunos años para completar el mandato. Pero lo que no podemos hacer...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Continúe, señor Senador.
El señor NAVARRO.-... es dictar una norma que regirá en diez años más y todo va a continuar igual.
Yo digo: una norma que limite la reelección a tres períodos para los Diputados y a dos para los Senadores a partir de 2017 por única vez, y que luego la Constitución, tras un debate ciudadano amplio, no de este mismo poder parlamentario, defina la norma general.
Es decir, cuando se fije la normativa que aúne el sentimiento del Chile del futuro allí se discutirá, no por nosotros mismos.
Lo señalo porque, a mi entender, no tenemos ahora legitimidad para legislar y autorregularnos a través de una legislación que la ciudadanía va a rechazar.
De aprobarse la ley en proyecto, no surtirá ningún efecto en el mejoramiento de la imagen del Congreso; no habrá ningún resultado respecto de lo que la ciudadanía espera, y nos habremos autoimpuesto una limitación que podría ser muy antidemocrática, pues la gente tiene el derecho a elegir y ser elegida.
Estoy por la alternativa que indiqué, señor Presidente.
Me voy a abstener en este proyecto.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, tal como lo anticipó el Senador García-Huidobro, quiero partir pidiendo, en nombre del Comité Unión Demócrata Independiente, segunda discusión, toda vez que aquí se ha generado un debate muy superior al que tuvimos en la Comisión Especial de Probidad y Transparencia.
Se trata de una discusión que, sin duda, debemos realizar. Porque la falta de confianza y de credibilidad hacia nosotros por parte de la ciudadanía debe ser analizada en el Senado, con los parlamentarios elegidos por ella.
La ley en proyecto abre un amplio debate sobre esta materia, lo cual me parece sano, oportuno y necesario.
Desde que empezó a agudizarse la situación que estamos viviendo, en esta Alta Corporación no hemos conversado ni discutido sobre sus aspectos fundamentales.
Considero extraordinariamente positivo y sano que aquí se genere un debate al respecto.
Pero es muy importante que leamos bien los documentos, que compartamos los mismos datos y que podamos tener distintas opiniones.
Yo discrepo del Senador Navarro, quien dice que este proyecto empezará a surtir efecto en diez años más.
¡Este proyecto comenzará a regir desde el momento en que la ley se publique en el Diario Oficial, no en diez años más: inmediatamente!
A Su Señoría, a mí y a los demás Senadores nos computarán un período desde ya.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Dos más ocho.
El señor PÉREZ VARELA.- No nos empezarán a computar en diez años: el proceso se inicia ahora.
Por lo tanto, tenemos la más absoluta competencia para discutir sobre esta materia.
El Senador Navarro señalaba que no podemos legislar porque carecemos de legitimidad y que sí tendría legitimidad la Asamblea Constituyente.
Ese dato no guarda ninguna relación con una evidencia democrática: en la última elección, siete candidatos a Presidente de la República plantearon la Asamblea Constituyente como una bandera de lucha, ¡y todos fueron derrotados!
En consecuencia, nadie puede sostener que la ciudadanía está detrás de la Asamblea Constituyente. Si estuviera, los candidatos que plantearon públicamente que iban a realizarla habrían tenido una adhesión popular en el voto.
Entonces, lo que Su Señoría afirma no es efectivo: aquí, en el Senado, nosotros tenemos perfecto derecho a debatir esta materia y a tratar de ser eficaces en las soluciones.
Ahora bien, no se puede discutir el límite de las reelecciones solo en la perspectiva de determinado proyecto. Ello debe debatirse en el contexto nacional en que nos encontramos, en la situación política en que nos hallamos, en la que la ciudadanía cuestiona nuestro actuar básicamente en función de la falta de eficacia. Por ende, hay que analizar esta iniciativa en tal dimensión.
Algunos hablan de que deben limitarse las reelecciones para permitir la renovación.
Yo quiero decirles que tienen que empezar a buscar otro argumento.
Aquí alguien señalaba: "De los parlamentarios que van a la reelección, 32 por ciento no se reeligen. Si se suman los que no van, la renovación sube al 40 por ciento".
¡No hay en el mundo desarrollado, en el mundo democrático occidental, otro Congreso que tenga ese nivel de renovación!
Por consiguiente, llamo a quienes buscan renovar que cambien de argumento, porque el indicado carece de validez.
La renovación ha sido una fuente permanente cada cuatro años en nuestro país. El Parlamento se renueva.
Cuando uno quiere saber si hay o no renovación, debe comparar con Parlamentos de países a los cuales quiere acercarse: los de las naciones del mundo occidental, los de las democracias europeas, donde la renovación difícilmente llega al diez por ciento.
Ahora, el Senador Navarro sostiene que nuestro problema de falta de legitimidad emana del sistema binominal.
Según lo que dice Su Señoría, ya tendríamos la solución, porque cambiamos el referido sistema. No habría necesidad de hacer nada más: ya remplazamos el binominal, y la próxima elección será con un sistema proporcional.
Pero le quiero decir al Senador Navarro que ponga ojo a lo que afirma en cuanto a que en la siguiente elección la gente irá a votar. Yo tengo mis dudas. Me gustaría apostar a cuánto llegará la participación ciudadana en ese acto.
En todos los países democráticos donde existe el voto voluntario -en todos- los umbrales de votación más altos no superan el 60 por ciento.
Hace pocas semanas el Parlamento inglés tuvo una elección extraordinariamente reñida, y votó el 66 por ciento de las personas con derecho a sufragio. ¡El 66 por ciento!
En España -y no se puede decir que estamos hablando de democracias decadentes, ilegítimas, en fin- la cifra más alta de votación alcanzó a 75 por ciento 48 horas después del atentado de Atocha. Nunca más se ha alcanzado ese nivel. Las otras votaciones han estado incluso bajo el 50 por ciento.
Por lo tanto, Senador Navarro, habiendo en Chile voto voluntario, tendrá que esperar que la gente concurra a las urnas. Pero es parte de la libertad de las personas decidir a ese respecto.
Por ende, debemos empezar a buscar en nuestros datos y en nuestras discusiones qué tenemos que hacer para superar la crisis de credibilidad y confianza que nos afecta.
Para ello hay un solo camino: la eficacia en nuestra acción.
Debemos ser eficaces para resolver los problemas de los ciudadanos, para darles cauce a los anhelos de la gente. Así la ciudadanía podrá mirarnos de mejor manera.
Eso significa tomar una serie de medidas que hace cinco, diez años eran absolutamente impensadas -muchos otros Parlamentos están pensando en tomarlas-: transparencia, probidad, declaración de intereses, cesación en el cargo. Y otra puede ser limitar la reelección para buscar elevar la calidad de la política.
Considero que nuestro gran desafío -y nosotros podemos hacer una contribución- es elevar la calidad de la política.
En la medida que tengamos mejores políticas públicas y mejores políticos a lo largo de toda la institucionalidad estaremos aportando de manera más eficaz.
Por cierto, eso significa debatir y analizar todo: la duración del régimen presidencial y el régimen presidencial en sí.
Pienso que últimamente todos nos hemos dado cuenta de que un período presidencial de cuatro años es extraordinariamente breve.
Por consiguiente, de acuerdo a nuestra tradición y cultura, a lo mejor debemos llegar nuevamente a los seis años sin reelección. Porque, además, en Chile existe la tradición de que no haya reelección de Presidente de la República. Ello puede deberse a que tenemos un régimen presidencial con una dimensión extraordinariamente influyente en la vida ciudadana.
De otro lado, alguien dijo aquí que cuando la Comisión Asesora de la Presidenta de la República habló del límite de las reelecciones lo hizo solo con relación a los alcaldes; no lo recomendó tratándose de los Senadores y Diputados.
Por lo tanto, Senador Navarro, no es efectivo lo que usted dijo en el sentido de que si aplicáramos el Informe Engel noventa y tantos parlamentarios no podrían ir a la próxima elección. Y la Comisión Engel estableció un límite a la reelección de los alcaldes únicamente por el eventual riesgo de corrupción: por los recursos, por los programas, etcétera.
Por ende, hay que tener especial cuidado a ese respecto.
Ahora, pienso que el debate no podemos hacerlo a base de descalificaciones, de peyorar a quienes piensan distinto.
Si queremos ser de verdad una generación política que contribuya a salir de la crisis de confianza y credibilidad, hemos de actuar con la mayor responsabilidad posible, con la máxima seriedad.
En mi concepto, establecer un límite a las reelecciones es una prueba importante para procurar mejorar la calidad de la política.
Puede que a la larga eso no se dé; puede que cuanto se haga no sea suficiente. Pero debemos realizar un esfuerzo.
Lo que a mí me insta a apoyar esta medida y otras es el mejoramiento de la calidad de nuestra política, de nuestras políticas públicas. Porque eso es, en definitiva, lo que espera la ciudadanía.
La gente está indignada, está molesta, está insatisfecha, porque no hemos sido eficaces en nuestro accionar.
¿Qué ocurre en el norte de nuestro país: en Copiapó, en Atacama, en Antofagasta?
Yo he conversado con la gente. He estado en contacto con muchas de las personas que salen a protestar, amigos míos...
Se acabó mi tiempo.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional.
El señor PÉREZ VARELA.- Gracias.
Señor Presidente, el problema estriba en la ineficacia de la acción gubernamental para resolver un problema angustiante de aquella gente.
¿Qué vivíamos nosotros luego del 27 de febrero cuando demorábamos un año, dos años en reconstruir poblaciones enteras? ¿Por qué estaba indignada la gente? Porque quería más rapidez, más inmediatez en las soluciones.
Es la calidad de la política la que hemos de conjugar.
Esta materia es opinable, discutible. Y debemos hacer un debate como el que hemos esbozado hoy.
Lo peor que podríamos haber hecho, señor Presidente, habría sido llegar y votar esta iniciativa a rajatabla para cumplir: "Hemos despachado un proyecto más, y mañana se anunciará con bombos y platillos en el Congreso Pleno".
¡Sería el error más grande que podríamos cometer!
Senadores de ambos lados han manifestado aquí opiniones contrarias al límite a la reelección. Y tienen argumentos.
Por lo tanto, esto no es algo en lo que vamos a clavar la rueda de la fortuna.
Ahora, lo que no podemos hacer es decir que no tenemos legitimidad para enfrentar esta materia, y usar datos absolutamente erróneos, falsos o inexistentes para resolver, pues así no vamos a contribuir a que el país, la democracia y la política salgan de la crisis de confianza y credibilidad en que se encuentran.
Este debate debe continuar. Hay que ampliarlo, hay que hacerlo realidad para ver si logramos adoptar medidas claras al objeto de avanzar en la materia.
Yo he escuchado plantear muchas medidas populistas: "¡Que se vayan todos altiro!", "¡Rebaja de sueldos!", etcétera.
Solo quiero expresarles lo siguiente: en la última reforma tributaria nos subimos los impuestos, en comparación con los demás. ¡Pero a la ciudadanía eso le importó absolutamente nada!
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Debo recordar que el Senador señor García-Huidobro, del Comité UDI, pidió segunda discusión.
Por lo tanto, en esta sesión no va a haber votación sobre este proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, Honorable Sala, hemos escuchado una serie de intervenciones, y me alegra que la discusión se vaya reconduciendo hacia un debate de fondo encaminado a entender cómo mejoramos la política, de qué manera transparentamos, pero sin discursos para la galería.
Por convicción personal, creo que uno no debe permanecer largo tiempo en un cargo. Sin embargo, no soy de los que pontifican sobre esta situación, porque considero que hay grandes parlamentarios, de todos los colores, de todos los sectores, de la Oposición y del Gobierno, que llevan largo tiempo en el Congreso Nacional y son un aporte. Otros, teniendo poco tiempo, un período o dos, no han aportado mucho.
Entonces, la cuestión no radica en la reelección o en la no reelección, sino principalmente en qué tipo de Parlamento queremos tener, cómo incluimos -fue una de las indicaciones que formulé en el proyecto de reforma al sistema binominal- mayor proporcionalidad, pero también mayor diversidad.
A este último respecto, con algunos Senadores presentamos una indicación para establecer la representación indígena en el Congreso Nacional. Y eso no se logra cambiando el binominal o estableciendo límites a la reelección, sino teniendo la voluntad, tanto la Cámara de Diputados cuanto el Senado y la política en general, de incluir la mayor representatividad y la mayor diversidad territorial, política, étnica, cultural de nuestro país.
El Parlamento continúa siendo muy homogéneo. Sigue habiendo, no los mismos de siempre, sino una casta, un tipo de parlamentario.
Hay barreras de entrada desde el punto de vista del financiamiento de la política. Espero que con el límite a los gastos tengamos más capacidad de acceso. Eso va a significar mayor integración: más gente joven, más gente de la periferia, más gente de los pueblos originarios asegurando su representación en el Poder Legislativo.
¡Con qué autoridad el Parlamento puede muchas veces discutir grandes temas vinculados a los pueblos originarios, a su reconocimiento constitucional, a la tenencia de tierras, a la devolución de territorios, cuando en él no hay representación indígena!
Entonces, claramente, el Congreso Nacional no representa a toda la sociedad. Y en ello debiéramos avanzar.
Por eso creo en una Asamblea Constituyente. Por eso creo que el gran debate va más allá del límite de la reelección, de si son dos períodos o uno, de si existe retroactividad. ¡No! ¡Eso es populismo!
Algunos Senadores hicieron hoy buenos discursos para la galería. Sin embargo, ahora no están presentes para defender su posición. Y eso no es correcto.
Nosotros debemos pensar en cómo mejoramos la política, en cómo logramos que el Parlamento represente a todos y a todas: diversidad territorial, diversidad de origen.
En el Congreso Nacional, habiéndose establecido ya las elecciones primarias, tenemos mayor inclusión. No tenemos barreras de entrada.
Lo señalaba el Senador Lagos Weber, sin ir más lejos: la gran barrera de entrada al Parlamento no es la reelección indefinida o el sistema binominal, sino lo que ocurre dentro de los partidos, la forma de definir los candidatos.
Y lo digo por experiencia.
Creo ser el único Senador -al menos de los que estamos en este momento- que se halla aquí producto de una elección primaria, la que hizo el Partido Socialista, con la oposición de muchos conservadores, los que existen en todas las instituciones.
Ganamos una primaria del Partido Socialista en la que quienes teníamos una visión regional y habíamos construido fuerza parlamentaria desde Los Ríos enfrentamos a un señor hijo de un conde, quien quería ir a esa Región a heredar un cupo.
¡Gente que nunca se ha mojado y que jamás se ha embarrado en el territorio!
¡Gente que cree que desde Santiago puede estar disponible para ser representante en otra región!
¡Gente que no vive en Los Ríos y que con suerte tiene casas de veraneo allí!
¡Esos son los que distorsionan la realidad!
¡Y le ganamos en la elección primaria!
¡Y estoy presente aquí, tras obtener la primera mayoría en la Región de Los Ríos luego de romper las barreras de entrada, para representar con legitimidad a quienes votaron por mí!
Señor Presidente, hago esta alegación porque, en mi concepto, el tema de fondo no es cuántos límites se ponen a la reelección, si hay o no efecto retroactivo.
¡Por favor! ¡Eso es para la galería!
La cuestión de fondo es cómo renovamos el Parlamento; cómo logramos mayor integración; cómo hacemos mejor política; cómo establecemos barreras fuertes y claras en materia de intereses y de patrimonio, en términos de lo que apoyamos y aprobamos esta mañana.
Hago esta alegación, señor Presidente, porque considero importante ver este proyecto, para el cual se solicitó segunda discusión, dentro del marco constitucional.
Esta iniciativa fue despachada por la Comisión de Probidad y Transparencia. Me parece bien haberla tratado allí. Pero hay que discutirla también en el marco constitucional.
Por eso, creo relevante debatirla además en la Comisión de Constitución.
En tal sentido, para quienes pregonamos la necesidad de una Asamblea Constituyente existen temas de fondo.
Primero, qué tipo de Parlamento queremos.
¿Por qué no discutimos en torno a un Congreso unicameral?
¡Ese es un debate central!
Hay que preguntarles a los ciudadanos si luego de 200 años se explica, se entiende, se justifica tener un Parlamento bicameral.
Propongo el tema para su discusión.
No voy a fijar una posición única y exclusiva. Pero que sea la ciudadanía, que sea el pueblo en su conjunto, que sea la mayor cantidad de ciudadanos la que diga si el país está disponible para tener un Parlamento unicameral; si debemos avanzar hacia un sistema político semipresidencial; si tenemos capacidad para reestructurar y remirar nuestros ordenamientos regional y político.
Me parece bien -reitero- que se abra debate sobre ese tipo de situaciones. Pero fijemos la discusión en un contexto mayor, no en el contexto fácil de sacar una ley antes de tal o cual fecha para decir "Hemos cumplido y con esto se arregla el problema".
Este problema no tiene arreglo si no hay una repolitización en nuestro país, si no existe una valorización de la importancia que revisten los partidos políticos.
Me parece bien que la Derecha se haya abierto a la discusión sobre una nueva Constitución.
Algunos postulamos la Asamblea Constituyente. Y si la Alianza propone otra fórmula, veamos qué es mejor. Pero debemos arribar a una Carta Fundamental que nos represente a todos; con un sistema político que nos integre a todos, no autoritario y sin estos cambios cosméticos de plazos, pues simplemente son una golondrina que no hace un verano.
Esos cambios no me interesan. Yo quiero tener mejor política, mejor representación del territorio, mejor identificación de los parlamentarios con sus electores.
¡Ahí está el fondo de la discusión!
Por eso, señor Presidente, me parece bien la solicitud de segunda discusión.
Estimo relevante, asimismo, considerar lo que señalé en el sentido de que la Comisión de Constitución pueda ver esta materia a la luz de la discusión constitucional. Y espero que el 21 de mayo la Presidenta de la República haga un anuncio en cuanto a esa discusión y al proceso de Asamblea Constituyente, que anhelo sea una realidad un nuestro país.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, este proyecto no se explica sino por las circunstancias que estamos viviendo.
En mi concepto, estamos asistiendo a una crisis general de las instituciones, agravada por ciertas prácticas, probablemente basadas en la costumbre y la tradición, pero que, ante los nuevos estándares, cada vez más críticos y de mayor demanda ciudadana por transparencia y probidad, se nos presentó abruptamente y se procura resolver sobre la marcha.
Ahora, discutir sobre las instituciones bajo una presión de tal índole generalmente es complicado, sobre todo cuando uno debe autolimitarse o legislar para sí mismo.
Evidentemente, existen problemas complejos. Pero quiero decir que la opción que estamos planteando no es un drama.
En la situación que nos ocupa, se pretende proteger un bien público por la vía de mejorar -se supone- la probidad y la transparencia a través de iniciativas como la que estamos analizando esta tarde.
Quizá, dados los momentos que vive nuestro país, el segundo de aquellos principios sea particularmente significativo.
Más allá de si hemos incurrido o no en conductas inapropiadas, la gente quiere más transparencia y, de alguna manera, asocia la continuidad en los cargos por períodos prolongados a algo negativo para la democracia.
Esa opinión ya está instalada. Por consiguiente, modificarla resulta difícil y nos obliga a emprender acciones.
Si los postulantes a un cargo de elección popular -y en el proyecto hay cierta racionalidad- ven que determinadas figuras copan el escenario o que la competencia frente a un incumbente es singularmente difícil, la ciudadanía empieza a tratar de poner límites a situaciones como la reelección o el ejercicio del poder.
Me queda claro que en el desempeño de los cargos que implican que las autoridades administren recursos públicos la prudencia también se asocia a la probidad.
El manejo de fondos públicos durante períodos prolongados probablemente motiva que muchas veces se relajen normas básicas de gestión pública y se aumente el riesgo.
En el caso de las autoridades cuya labor tiene que ver más con la administración de justicia también existen límites. Recordemos que pusimos restricciones de edad para los miembros de los tribunales de justicia, en circunstancias de que varios jueces podrían seguir ejerciendo sus cargos por varios años más; sin embargo, colocamos limitaciones, pues estimamos necesaria una renovación de estilos y de visiones.
Asimismo, numerosos académicos de universidades, al llegar a cierta edad -salvo situaciones muy excepcionales, como la de los premios nacionales-, se ven impedidos de continuar ejerciendo sus funciones.
Lo mismo pasa en otros ámbitos.
Ahora, es evidente que nuestra experiencia reciente hace aconsejable que haya mayor transparencia y algunos límites en muchas instituciones afectadas por la crisis generalizada que existe.
De hecho, quiero recordar que el propio Congreso redujo el período presidencial de seis a cuatro años después de haberse registrado una elección: una Presidenta elegida para gobernar por seis años finalmente gobernó por cuatro. Y ese proceso no provocó ningún trauma.
Por consiguiente, el Parlamento debe ver el autolimitarse, no como un trauma, sino como una respuesta frente a un hecho coyuntural. Y, debido a que ella tendrá permanencia en el tiempo, hay que reflexionarla.
En todo caso, me parece que no es un drama la reforma que estamos discutiendo. Al contrario, debemos mirarla como un sacrificio que hacemos frente a una ciudadanía particularmente decepcionada de los estilos políticos y que quiere, entre otras cosas, ver la renovación y rotación de sus representantes en diversas instituciones, las que, por lo demás, adolecen de debilidades derivadas de la burocracia, de la jerarquización, del hecho de ser organismos representativos en momentos en que la gente parece querer avanzar hacia un concepto de democracia más participativa, con mayor presencia en la toma de decisiones, por lo cual asocia la renovación permanente a una virtud, y la permanencia en los cargos, a un defecto.
Eso también debe analizarse.
Habría que ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los movimientos y las organizaciones estudiantiles, cuyos dirigentes rara vez son reelectos, pues los jóvenes sienten que de alguna manera la reelección transforma a sus líderes en figuras políticas autónomas de la ciudadanía y los pone a creciente distancia de ella en la medida que se constituyen en parte de la institucionalidad.
Eso explica por qué en este momento estamos discutiendo algo respecto de lo cual en otras circunstancias simplemente habríamos defendido, para la mantención en determinado cargo, la suficiencia tanto del voto popular cuanto de la confianza ciudadana.
Pero la verdad es que en nuestro país hay cambios muy profundos, que recién estamos empezando a sopesar. Y ellos exigen una renovación efectiva.
De hecho, dicha renovación ocurre. En cada elección la Cámara Baja se renueva prácticamente en un tercio, lo que está a tono con los doce años considerados como límite para la reelección de los Diputados.
Empero -repito-, también se exigen formas nuevas. Y este proyecto, sin duda, las plantea.
Nuestro país, que está cambiando, en el futuro va a mirar de manera diferente nuestra historia política, nuestra institucionalidad política. En ese contexto, va a querer mayor rotación de las figuras que lo lideran, en los distintos ámbitos, pero sobre todo en el de la representación popular. Y va a querer también acciones políticas más transparentes, especialmente en lo que respecta a la toma de decisiones.
Todo eso es parte de una institucionalidad nueva, a la que deberemos acostumbrarnos.
Por lo tanto, no le veo drama a este proyecto de reforma constitucional.
Entiendo que hay otras opiniones sustentables y serias. Pero creo que llegó la hora de acoger el sentimiento ciudadano en cuanto a que las virtudes públicas requieren transparencia y se asocian a una rotación en el poder más que a una permanencia indefinida en él.
En tal sentido, opino que esta iniciativa será una pequeña contribución junto a muchas otras reformas que están por desarrollarse.
Anuncio mi voto favorable.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- A continuación tengo inscritos a los Senadores señores Tuma, Araya y Horvath, quienes no se encuentran en la Sala.
La discusión, conforme a lo solicitado por el Comité de la UDI, continuará en la sesión que determinen los Comités, manteniéndose el orden de inscripción señalado.