FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMA TRIBUTARIA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República y en segundo trámite constitucional, que fortalece al Servicio de Impuestos Internos para implementar la reforma tributaria, con certificado e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.898-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 31 de marzo de 2015.
Informe de Comisión:
Hacienda (certificado): sesión 12ª, en 22 de abril de 2015.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es modernizar y fortalecer los estándares de eficacia, eficiencia y probidad del Servicios de Impuestos Internos, para alcanzar los niveles de recaudación y disminución de la evasión necesarios para cumplir los compromisos contraídos en el marco del proceso de implementación de la reforma tributaria. Para ello, se considera un aumento gradual de cargos en la planta de personal; un fortalecimiento de la carrera funcionaria; la actualización y modernización de las condiciones de ingreso al organismo; el mejoramiento de la organización funcional, y la reestructuración de las remuneraciones.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo de la Sala de fecha 1° de abril recién pasado. Por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, Montes, Tuma y Andrés Zaldívar, acogió la idea de legislar. En cuanto a la discusión particular, efectuó diversas enmiendas, todas ellas acordadas también por unanimidad.
Es preciso hacer presente que los artículos 1°; 2°, inciso segundo, y 3°, permanentes, y el artículo segundo transitorio, nuevo, son de rango orgánico constitucional, por lo que su aprobación requiere 21 votos.
El texto que se propone sancionar se consigna en el informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Cabe informar que el Honorable señor Prokurica ha presentado una indicación al artículo 6°, número 3).
El señor ZALDÍVAR (Presidente accidental).- En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Su Señoría, en su condición de Presidente de la Comisión, me pidió que hiciera la relación de la iniciativa, porque ya se tomó la testera de la Sala...
El proyecto se enmarca dentro de los desafíos que asumió el Servicio de Impuestos Internos para la implementación de la ley N° 20.780, de septiembre de 2014, la cual introdujo cambios en nuestro sistema tributario con el objeto de lograr el justo pago de los impuestos, la disminución de la evasión y el aumento de la recaudación. Ello, a fin de utilizar dichos recursos en las políticas públicas prioritarias del país, principalmente en la reforma educacional.
La meta de la reforma tributaria es recaudar anualmente, en régimen, un tres por ciento del producto interno bruto, del cual el 0,5 proviene de una menor evasión y elusión. Para lograrlo, es fundamental fortalecer el organismo.
La normativa en examen refleja el cumplimiento del protocolo de acuerdo suscrito el 27 de enero de 2015 entre el Gobierno y las dos asociaciones de funcionarios del Servicio, el cual se refiere al fortalecimiento y modernización de este para abordar los desafíos de la reforma tributaria.
La iniciativa busca modernizar y fortalecer los altos estándares de eficacia, eficiencia y probidad que han caracterizado a Impuestos Internos, para así alcanzar los niveles de recaudación y disminución de la evasión que se esperan.
Los principales objetivos que se persiguen son la actualización y modernización de las condiciones de ingreso a la institución; el mejoramiento de la organización funcional; el fortalecimiento de la carrera funcionaria en todas las plantas, y la reestructuración de las remuneraciones.
¿Cuáles son los principales contenidos?
Primero, se establece un mecanismo de ingreso a las plantas que garantice que el personal participante en un concurso haya registrado un buen desempeño previo en el Servicio. Para ello, se exige que haya estado a contrata y contado, a lo menos, con dos calificaciones en lista 1, de Distinción, o en lista 2, Buena. Solo las contratas seleccionadas mediante concurso público podrán entrar a la planta.
En consecuencia, el funcionario deberá aprobar dos concursos: primero, el de carácter público de ingreso a la contrata, y luego, el de carácter interno para entrar a la planta.
Para lo anterior, se establecen normas de difusión en cuanto al ingreso a la contrata.
Segundo, se reestructuran las remuneraciones variables a que tienen derecho los funcionarios y se reduce en un 12,2 por ciento su variabilidad. Actualmente, el 33,7 por ciento de las remuneraciones del personal son variables. Con el proyecto de ley pasan a un 21,5 por ciento. Los ingresos que representan este último porcentaje se centran en el cumplimiento de metas de recaudación y de reducción de la evasión y elusión tributarias, incluyéndose indicadores de fiscalización y facilitación del cumplimiento tributario.
Tercero, se perfecciona el instrumento de medición de la percepción de los usuarios respecto de la administración tributaria que en la actualidad realiza el Servicio. Esta evaluación será realizada por una empresa externa contratada por la Subsecretaría de Hacienda.
Y cuarto, se faculta al Presidente de la República para dictar un decreto con fuerza de ley que fije la nueva planta de la institución.
En la tramitación del proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado se presentaron indicaciones con el objeto de precisar diversas materias, tales como los procedimientos de difusión y realización de los concursos y las normas de encasillamiento del personal en la nueva planta que se fije.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Muchas gracias, señor Senador.
Muy bien cumplido su mandato.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la reforma tributaria aprobada el año pasado introduce numerosos cambios al sistema de recaudación chileno, cuyo fin, entre otros objetivos, es evitar la evasión, la elusión, y conseguir, como un efecto secundario, el aumento de la recaudación, para utilizar y focalizar estos recursos en los compromisos que el Gobierno tiene en orden a implementar políticas públicas como la reforma educacional.
En tal sentido, entiendo que el proyecto de ley viene a sellar un acuerdo entre el Gobierno y las asociaciones de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, sobre el fortalecimiento y modernización de este organismo, producto de los desafíos de la implementación de la reforma tributaria, cuestión que no es menor.
Según los datos de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, Chile tiene 4.137 habitantes por cada funcionario del Servicio, es decir, 2,5 veces la cantidad promedio de los países miembros de la OCDE -organismo con el que nos gusta compararnos-,...
El señor COLOMA.- ¡A algunos!
El señor PROKURICA.-... donde dicho parámetro llega a 1.631 habitantes por cada funcionario de las administraciones tributarias. Además, Chile es el tercer país con mayor carga relativa de habitantes sobre el número de funcionarios de las administraciones tributarias, lo que gráfica el arduo trabajo que realiza el SII, el cual tiene un prestigio ganado desde el punto de vista de la eficiencia y también del profesionalismo, elementos reconocidos en todas partes.
Esta iniciativa, tal cual manifestó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, propone la actualización y modernización de las condiciones de ingreso a la institución; el mejoramiento de la organización funcional de este; el fortalecimiento de la carrera funcionaria en todas sus plantas, y la reestructuración de las remuneraciones. Respecto de esto último, se plantea, a mi juicio, un sistema mucho más justo y menos perverso que aquel que significa premiar al funcionario por cursar mayores multas, lo cual resulta contrario a todas las normas existentes en la materia.
Creo que el proyecto va en la línea correcta. La reforma tributaria aprobada el año pasado le exige una compleja y pesada tarea al Servicio, como es la de recaudar, vía impuestos, 8 mil 300 millones de dólares y, fundamentalmente, disminuir la evasión en 0,5 por ciento del PIB, lo que implica un mayor esfuerzo y una sobrecarga laboral que afectará a los fiscalizadores con que cuenta.
En tal sentido, me parece que la iniciativa apunta a fortalecer al SII, algo indispensable para enfrentar el importante desafío de lograr una mayor recaudación y, a la vez, disminuir la evasión, como dije anteriormente. Además, se busca avanzar en el desarrollo y promoción de la carrera funcionaria, objetivo fundamental para dar seguridad a los funcionarios que allí laboran, adecuándolos a las exigencias que trae aparejada la reforma. Por ejemplo, en la sede regional de Copiapó 20 de los 25 funcionarios están a contrata, lo que debilita la función del Servicio, especialmente la de los fiscalizadores, quienes cumplen una labor muy relevante.
Señor Presidente, sería bueno introducir, en la medición de la percepción para dar el incentivo correspondiente, un índice de cumplimiento por parte de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos a lo que yo denominé, en un proyecto presentado por mí y que hoy es ley, "Decálogo de derechos del contribuyente", incorporado en el artículo 8° bis del Código Tributario.
La práctica ha demostrado que estos derechos no son conocidos por los contribuyentes ni tampoco generalmente aplicados por los funcionarios del Órgano Fiscalizador, quienes, por un problema cultural, siguen empleando el criterio anterior en su relación con los contribuyentes, esto es, suponer que ellos solamente tienen deberes y no derechos.
Señor Presidente, vivimos en un país curioso. En Chile hasta al peor de los delincuentes (el que mata a un hijo, por ejemplo) el Fisco le pone un abogado para que lo defienda. Sin embargo, si el contribuyente (que es quien paga los impuestos, el motor del Estado y de todo su funcionamiento) tiene un problema, debe arreglárselas por su cuenta. Me refiero al contribuyente pequeño, al contribuyente pyme, que hoy también debiera preocuparnos.
Y aprovechando que nos acompaña aquí el Ministro de Hacienda, le quiero formular la misma solicitud que ya le he efectuado a otros funcionarios de su Cartera, a quienes les he hecho ver que en los países de la OCDE, con los que nos gusta compararnos -el Senador Coloma me aclara que no a todos, pero yo le digo que a algunos de nosotros sí, para tratar de mejorar y de crecer-, existe el derecho a defensa del contribuyente, no para pagar menos impuestos, sino para que pague aquellos que le corresponden por ley.
Y eso, señor Presidente, de alguna manera también debiera reflejarse en legislaciones de este tipo: respetar el "Decálogo de derechos del contribuyente", que el Servicio de Impuestos Internos debería tener a la vista, al igual que las comisarías lo hacen con el "Décálogo de derechos de los detenidos". Yo he concurrido a varias de sus oficinas y no lo he visto en ninguna parte. Y me gustaría que esta obligación se cumpliera, señor Ministro, porque -le repito- es justo que haya que pagar impuestos y que los funcionarios tengan facultades para su recaudación, pero no lo es que se siga incumpliendo una ley que está vigente.
Aparte, me quiero detener en el tema de la "probidad" de este importante Servicio.
Durante los últimos días hemos sido testigos de los cuestionamientos que se le han hecho a su Director, Michel Jorratt, recientemente ratificado en su cargo por el Gobierno tras finalizar un proceso de Alta Dirección Pública, por cuanto habría emitido una serie de boletas, entre enero de 2012 y marzo de 2013, por supuestos trabajos particulares a la empresa Asesorías y Negocios SPA.
Si lo que el Gobierno pretende es dar a la ciudadanía una señal potente de probidad y transparencia, me parece que esta ratificación no es un buen precedente, teniendo en cuenta la importante labor que el Servicio de Impuestos Internos desempeña.
He dicho.
El señor HARBOE.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
El señor MONTES.- Sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Señores Senadores, les quiero plantear lo siguiente.
El proyecto fue aprobado en general y en particular en la Comisión de Hacienda. Todas y cada una de sus disposiciones fueron despachadas por unanimidad, aun cuando cuatro o cinco de ellas -que el señor Secretario indicará- requieren quórum de ley orgánica constitucional.
El señor MONTES.- ¡Que se abra la votación!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Lo que la Mesa desea sugerir es hacer una sola votación.
Se ha presentado una indicación, del Senador señor Prokurica, sobre la cual me voy a pronunciar de inmediato.
La voy a declarar inadmisible, porque va en contra de lo que dispone el número 2° del artículo 65 de la Constitución. Sin embargo, la encuentro buena, por lo que se la voy a entregar al señor Ministro, para que la revise.
El señor PROKURICA.- Es muy simple.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
El señor COLOMA.- Pero manteniendo los diez minutos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Así es.
Por lo tanto, en votación el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, simplemente quiero plantear tres puntos precisos respecto del proyecto en análisis que considero relevantes. No voy a repetir el informe que entregó el Senador Montes, cuyo contenido ya se conoce.
Voy a concentrarme en un acto de fe que de alguna manera la Oposición hará respecto del Ministro de Hacienda, en el entendido de que junto con el Servicio de Impuestos Internos han tomado una buena decisión.
¿Cuál es el objetivo de fondo? Tener una mejor fiscalización y, de esa manera, junto con el sano ejercicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias, contar con recursos suficientes para encarar los desafíos de nuestro país en materia de políticas públicas.
Para ese efecto el Gobierno ha dispuesto una importante cantidad de recursos. Si miran al 2018, estamos hablando de 18.282 millones de pesos adicionales. No es menor.
¿Dónde está el acto de buena fe? En que técnicamente hoy, según el informe de la Comisión de Hacienda, Impuestos Internos tiene 4.304 funcionarios, y se va a llegar a 5.044. O sea, este proyecto, más otro que ya aprobamos, implica un incremento de 740 funcionarios.
Había dos opciones.
Algunos sostenían que, para una mejor fiscalización en los tiempos que corren, en los tiempos modernos, había que invertir mucho en material técnico, en todo lo que supone un control más directo de las contabilidades de empresas y de particulares. Era una alternativa gastar esos recursos en ello y en mejorar las remuneraciones de los actuales funcionarios de Impuestos Internos. Esto último me parece razonable, a la luz de los comparados que conocimos. Soy de aquellos que creen que los fiscalizadores deben estar bien remunerados. Lo considero una sana política pública, porque de otra manera es mucho más complejo fiscalizar con transparencia y probidad. Siempre habrá excepciones, pero pienso que esa es la lógica.
En cambio, el Gobierno propone -ustedes lo plantean, ustedes tienen la bonita pero áspera responsabilidad de tomar decisiones en materia de gasto público- aumentar la dotación. Se estima que es más eficiente contar con más funcionarios que darle a la institución un carácter técnico, en lo que también se avanzó el año pasado. No digo que no se haya avanzado. En el Presupuesto se incluyó una partida importante para modernización tecnológica del Servicio. Ahora, adicionalmente, se está aumentando de manera significativa el número de funcionarios. Entendemos, porque están a cargo del Gobierno, porque fueron elegidos en democracia, que esa es una decisión correcta. Alguno considerará que el otro camino hubiera sido mejor. Suponemos que el primero es el correcto. Las asociaciones de funcionarios -también hay que destacarlo- concurrieron a la Comisión para manifestar su conformidad con esta línea.
Eso es lo primero que propone la ley en proyecto: un aumento sustancial del número de trabajadores en Impuestos Internos, pasando de 4.304 a 5.044.
La segunda lógica -a mi juicio esto es bien importante, señor Presidente- es un cambio a la Ley de Bases Generales de la Administración de Estado en materia de contrataciones. Si ustedes la leen, constatarán que todos los concursos deben ser abiertos. Esa es la norma legal existente hoy: cualquier ciudadano puede concursar para ingresar a la planta de un servicio si reúne los requisitos, y una comisión evaluadora definirá quién accede al cargo. Esta sería la segunda vez -entiendo que en la ley que modernizó el Servicio Nacional de Aduanas se hizo algo similar- que se modifica la Ley de Bases en ese aspecto. Y por eso se exige el quórum especial de cuatro séptimos, pues los concursos no serán públicos como se entiende normalmente, sino que en ellos solo participarán quienes se encuentren a contrata en Impuestos Internos.
Yo pregunté -porque me chocaba la situación- por qué los concursos no estarían abiertos a cualquiera. La explicación es interesante. Se señala que en un organismo fiscalizador de esta naturaleza se requiere un mayor grado de experiencia, una cierta expertise. Y eso es lo que se pretende al darles una carrera funcionaria a quienes se encuentran a contrata. Pero esta es -seamos conscientes de ello- una excepción a la normativa general en materia de contrataciones en la Administración Pública. Es una gran excepción. Por eso requiere un quórum especial.
Adicionalmente, el Director del Servicio de Impuestos Internos manifestó que con esto se acabarían -me parece bien- los honorarios. Ojalá fuera una política general en la Administración Pública. O sea, se quiere terminar con ese concepto, que sabemos que es un híbrido que ha ido surgiendo con los años. Están la planta, la contrata y los honorarios. Los que se hallan en esta última condición han ido proliferando, con un grado de inseguridad laboral muy importante. Al menos en Impuestos Internos se desea que solo haya planta y contrata. Creo que se trata de una modernización relevante.
Espero que este sea el camino correcto, que se esté tomando la mejor decisión. Hacemos fe en las palabras del Director de Impuestos Internos, que es un organismo profesional, y confío en que será la mejor opción para realizar un trabajo eficiente.
Un tercer elemento es la reestructuración de remuneraciones. Me parece que muestra cierto grado de novedad y que está bien pensada.
Se aumenta la remuneración fija, pero se modifican los componentes de la asignación especial de estímulo por desempeño en el cumplimiento de metas. ¿Cómo? Por un lado, la parte variable se asocia al cumplimiento de metas vinculadas a la reducción de la evasión y la elusión tributarias, incluyendo indicadores de fiscalización y facilitación en el cumplimiento tributario. Por otra parte, el componente por cumplimiento de meta institucional de disminución de la evasión se transforma en uno asociado a la gestión tributaria, fijo y de pago mensual. ¿Qué significan estas dos cosas? Que, más que el premio individual de un fiscalizador respecto de un contribuyente particular, lo que se busca son metas asociadas, lo que me parece bien, más sano. Así lo plantearon los representantes de Impuestos Internos, que estudiaron el tema.
A la vez, se perfecciona la asignación de jefatura. Quienes perciban este beneficio tendrán la calidad de jefe directo para todos los efectos legales, en especial para calificar al personal. El total de recursos destinados al pago de esta asignación será proporcional a los incrementos de dotación de personal.
En cuarto lugar -también importante-, se establece que el Servicio de Impuestos Internos deberá definir anualmente un instrumento de medición de la percepción de los usuarios respecto de la administración tributaria, que será realizada por una empresa externa contratada por la Subsecretaría de Hacienda.
Me parece bien que los servicios públicos puedan medir la percepción de los usuarios, que son, al final, los ciudadanos, y por tanto, los grandes acreedores de las políticas públicas en nuestro país. Instalar este esquema, que además será descentralizado, lo considero bueno, sano. A todos nos ayuda: al país; a quienes llevan a cabo las funciones; a quienes toman decisiones legislativas; al Ministerio de Hacienda. Es bueno tener esta percepción, esta contravisión por parte de los usuarios.
Por último, se establece un bono por experiencia calificada de apoyo a la gestión tributaria, el cual está dirigido a los titulares de cargos de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares cuando tengan 10 años de servicio en el grado tope.
Señor Presidente, para terminar -parece que me va a faltar un minuto-, quiero decir que aquí uno hace fe, pues no es tributarista. Uno trata de elaborar leyes que manden, prohíban o permitan. En este caso se está haciendo algo distinto: se está aumentando de manera sustancial la dotación -probablemente era necesario-; se está cambiando la forma de elegir, premiando a quienes se encuentran a contrata; se está terminando con los honorarios, y se está modificando el modo de fijar la parte variable de la remuneración.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto adicional, para que pueda terminar.
El señor COLOMA.- Es decir, señor Presidente, no estamos frente a un cambio cosmético, menor, sino ante un cambio que tiene sentido.
Yo oí algunas inquietudes en cuanto a si no era mejor llevarlo a cabo con los mismos funcionarios, con una mejor remuneración y con una mayor dotación técnica. Bueno, la decisión de la autoridad, que se respeta -tiene sus obligaciones- es buscar por el lado del aumento del personal. Esperamos que esto sea bueno para todos. ¿Y cuándo podrá serlo? Cuando el país cumpla con sus obligaciones, cuando tenga tranquilidad, cuando se brinde una buena atención y, también, cuando el funcionario se sienta acompañado.
Así que, señor Presidente, tengo la esperanza -iremos midiendo su cumplimiento año a año en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos- de que esta ley en proyecto efectivamente cumpla con los objetivos para los cuales fue diseñada.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como se insistió muchísimas veces durante la tramitación de la reforma tributaria, para la realización del Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, que se ha hecho cargo, entre otras, de demandas históricas en materia de educación y salud, se requiere un importante aumento de la recaudación fiscal, lo que se pretende obtener a través de cambios en la normativa tributaria y de una disminución de la evasión y la elusión.
Para ambos objetivos se precisa un fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos. Ello, a fin de adaptarse a los cambios impositivos y, también, de aumentar su capacidad fiscalizadora.
Es de toda lógica que una Administración que pretende elevar las condiciones de vida de nuestra población, para lo cual requiere mayores recursos, además esté preocupada por el fortalecimiento del Servicio encargado de la fiscalización tributaria.
Y eso no ha sido así siempre.
A partir de 1973, el Estado subsidiario, cada vez más más pequeño y ausente, dio lugar a una intervención pública crecientemente débil en la economía, lo que se tradujo en una disminución de las capacidades de los servicios fiscalizadores en general.
Si bien esta situación cambió a partir del año 90, cuando el Servicio de Impuestos Internos se posicionó como una institución de excelencia, persistieron falencias en la administración tributaria. Estas, junto con el retroceso vivido durante el Gobierno anterior, son la base de muchos problemas que hoy cobran actualidad y que provocan el justo rechazo de la población.
Es cierto que ahora toda la atención está puesta en la arista política, con las serias repercusiones en la confianza ciudadana por todos conocidas. Pero, a propósito de esta iniciativa de ley, me parece relevante destacar el grave perjuicio al erario provocado a partir de mecanismos de evasión que se generalizaron en especial en las grandes empresas.
Probablemente, la pérdida histórica para el Fisco equivale a varias reformas tributarias si consideramos que desde hace décadas venían produciéndose las prácticas evasivas que se han revelado, desde las más complejas, como la compra de empresas en quiebra, hasta el uso de boletas y facturas falsas para justificar el pago de bonos de ejecutivos y las compras personales que se hacen pasar como gastos de las empresas.
Durante todo este tiempo, más allá de la voluntad de fiscalizar que tuvieron las diferentes autoridades que han pasado por el Servicio, es evidente que este no tenía las capacidades suficientes para enfrentar estos fenómenos pues, entre otras razones, no crecía a la par de la economía, que se modernizaba aceleradamente y se hacía más compleja
No obstante, miro el futuro con una óptica positiva. Todo lo ocurrido deberá incidir en un cambio en la actitud de fiscalizados y, también, de fiscalizadores.
Este no es solo un imperativo para fines de recaudación, sino además una exigencia de equidad.
El ciudadano común que trabaja como dependiente no tiene ninguna capacidad para evitar el pago del IVA por todas las compras que realiza o el impuesto al trabajo que se le descuenta de su remuneración, mientras que el poderoso compra a través de su empresa a fin de evitar el pago del IVA o recurre a la ingeniería tributaria para hacerlo con respecto al del impuesto a la renta.
Por lo tanto, la importancia de este proyecto de ley no se restringe solo a lo relativo a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, quienes por cierto merecen mejores condiciones laborales. Lo más relevante es que los cambios ayuden a viabilizar las reformas sociales que requiere el país y a corregir la escandalosa inequidad tributaria que ha quedado en evidencia en el último tiempo.
Una última observación.
Celebro que el Ministerio de Hacienda patrocine esta iniciativa, que se basa en un acuerdo con las Asociaciones de Funcionarios del Servicio y que reconoce derechos a los servidores a contrata en los concursos a que se llamará.
Espero que esa misma disposición se advierta cuando legislemos sobre otros sectores de funcionarios públicos. De una vez por todas debemos hacer justicia con los miles de empleados que carecen de estabilidad y de carrera funcionaria, pero que tienen las mismas obligaciones de quienes ejercen cargos de planta y que demuestran, a pesar de esta desigualdad, una misma vocación de servicio.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, al igual que el Senador Coloma y la propia Comisión de Hacienda, yo valoro el paso que se da en este proyecto de ley.
Si hay algo que, a mi juicio, caracteriza a quienes trabajan en el sector público es la precariedad en sus empleos, especialmente en materia de contratación.
Hay servicios fundamentales para el país, como aquí se ha señalado. Y, sin duda, uno de ellos es el Servicio de Impuestos Internos, sobre todo por la función fiscalizadora que cumple en materia de recaudación tributaria para todos los planes y programas que se deben financiar en las distintas Administraciones.
No cabe la menor duda, señor Presidente, de que en servicios tan importantes como este debería tenderse a la profesionalización. Y, por lo tanto, a privilegiar especialmente a quienes han tenido permanencia dentro del propio servicio para efectos de incorporarlos a la planta.
Y como se ha señalado en esta oportunidad, el artículo 1° da un paso muy importante al establecer que "El ingreso a los cargos de las plantas de fiscalizadores, de técnicos, de administrativos y de auxiliares del Servicio de Impuestos Internos se efectuará mediante concursos en los cuales sólo podrán participar los funcionarios a contrata de dicho Servicio asimilados a la planta respectiva".
Tal como se ha informado en el curso del debate, solo en el Servicio Nacional de Aduanas se había dado anteriormente este paso.
Ojalá que esto se siga multiplicando en los distintos servicios. Pero a mí me habría gustado dar un paso adicional, consistente en lo siguiente.
Se ha informado por parte de distintos señores parlamentarios que en el Servicio de Impuestos Internos se habrían acabado los contratos a honorarios.
Sin embargo, eso solo depende de la buena voluntad de quien está a cargo de un Gobierno o de un servicio, y ello no queda expresado en el texto en parte alguna.
En tal sentido, el Ministro de Hacienda actual puede expresar el compromiso de que no se van a aceptar personas a honorarios, pero el día de mañana es posible que llegue otro Gobierno, otro Ministro de Hacienda, y se cambie radicalmente la política.
Cuando uno quiere implementar políticas públicas, no basta la mera y buena voluntad de quienes son actores en un momento determinado. La ley está llamada a permanecer en el tiempo, independiente de qué Gobierno se trate. Y, si se quiere cambiar esa política pública, habrá que modificar la ley, con la tramitación correspondiente.
Ese paso, que me habría gustado que se diera en esta iniciativa, implica lo siguiente.
El gran problema de la Administración Pública es que muchas personas contratadas a honorarios cumplen funciones permanentes. ¡Eso no debería ser!
Distinto es cuando se requiere la opinión de expertos con respecto a materias específicas y estos no se encuentran en el propio Servicio, por lo que hay que recurrir al contrato a honorarios.
Pero lo que debe ir desterrando definitivamente la Administración Pública es el hecho de que las funciones de carácter permanente sean asumidas por personas contratadas a honorarios.
Eso no queda claro en el texto del proyecto.
A mí me gustaría que el asunto se estableciera en la Versión Oficial. Porque en el informe correspondiente se incorporó el compromiso del Ministro de Hacienda en el sentido de que no habrá funcionarios a honorarios. Pero, tal como lo decía anteriormente, esa es una expresión de mera voluntad. El día de mañana puede haber un Ministro de esa Cartera con una visión distinta, y perfectamente se podría contratar bajo dicha modalidad.
Yo habría dado el paso, si existiera tal voluntad política, de dejar expresamente consignado en el texto de la iniciativa que las funciones permanentes del Servicio de Impuestos Internos no podrán ser asumidas por personas contratadas a honorarios. Y -repito- eso no queda especificado ahora.
Se avanza respecto de que a las plantas de fiscalizadores, de técnicos, de administrativos y de auxiliares del Servicio solo podrán postular los funcionarios a contrata, pero no se consagra que las labores permanentes no podrán ser asumidas por personas a honorarios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
No se encuentra en la Sala.
No hay más inscritos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Terminada la votación.
--Se apruebaen general y en particular el proyecto (30 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, voy a ser muy breve.
Hace un año avanzamos en el Senado en un acuerdo transversal durante la tramitación del proyecto de reforma tributaria, en el cual el Ejecutivo comprometió proyectos que tenían que ver con tribunales tributarios aduaneros, inversión extranjera, institucionalidad y fortalecimiento de nuestra administración tributaria a través del Servicio de Impuestos Internos, que esta Corporación acaba de aprobar en forma también transversal.
Solo quiero agradecer el apoyo unánime para que una institución tan importante en el Ministerio de Hacienda y en el país realice una eficiente y transparente administración tributaria, a efectos de que alcancemos los objetivos que aquí nos hemos planteado: reducir la evasión y la elusión y que en Chile -como efectivamente todos queremos- los impuestos se paguen como corresponde.
En tal sentido, agradezco el apoyo transversal que ha obtenido el presente proyecto de ley y la eficiencia con que se ha tramitado.
Muchas gracias.