VIOLENCIA EN REGIONES SUREÑAS
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- La presente sesión, convocada a solicitud de los Comités Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente y a la que ha sido invitado el Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Peñailillo, cuya asistencia agradecemos, tiene por objeto tratar los graves hechos de violencia acaecidos en las Regiones del sur, especialmente en las de La Araucanía, del Biobío, de Los Ríos y de Los Lagos, expresados en atentados contra personas, incendios y destrucción de vehículos y maquinarias, entre otros.
Varios Secretarios de Estado han enviado sus excusas por encontrarse en visitas en terreno en el norte -me llamó el titular de Obras Públicas por esa razón-, lo que estimo comprensible.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, he preparado una presentación que deseo que se exhiba en las pantallas de la Sala, pero que también se pueda ver en el terminal de cada uno de nosotros para que sea más fácil seguirla.
En primer lugar, agradecemos la celebración de esta sesión especial, que hubiéramos querido que tuviera lugar durante enero, dados los hechos de violencia rural ocurridos a partir de diciembre recién pasado en la Región de La Araucanía, sin entrar a analizar los muchísimos registrados en los años anteriores. Lo anterior muestra claramente cómo el Estado de Derecho no ha regido en extensos territorios, afectando gravemente a nuestra gente y en particular el desarrollo productivo.
A partir de ese último mes hubo un recrudecimiento de la situación, lo que parte, ni más ni menos, en Navidad, cuando se cometieron dos atentados con bombas: uno contra la Policía de Investigaciones y otro contra Carabineros. Faltaban pocos minutos para las 24 y todas las familias se encontraban reunidas esperando la celebración de Nochebuena cuando en el centro de Temuco fuimos impactados por los estallidos, lo que resultó extremadamente violento por el día en que se llevaron a cabo y porque uno de los ataques se dirigió contra las instalaciones de la Segunda Comisaría de Carabineros, en pleno centro y a solo un par de metros de la Jefatura de la Novena Zona Policial.
El día 31 de diciembre, cuando todas las familias aguardaban el nuevo año, dos atentados sacudieron violentamente la Región de La Araucanía, uno de ellos contra maquinarias destinadas a extraer áridos en una comunidad indígena, la que fue quemada muy cerca también de las 24.
Está con nosotros en la tribuna la señora Cecilia Jara Llancavil -deseo saludarla especialmente, porque sé todo lo que ella y su familia han vivido-, emprendedora mapuche que vive en una comunidad en el sector de Quepe y que con las maquinarias extraía ripio del río del mismo nombre para venderlo a empresas constructoras. De la noche de la mañana, víctima del ataque, se vio impedida de seguir ejerciendo su actividad, y, por supuesto, se halla sumida en la más completa desesperación.
Esa misma noche -reitero que era la de Año Nuevo-, entre Freire y Teodoro Schmidt, le quemaron tres camiones al señor Alejo Vielma, un pequeño parcelero de siete hectáreas. No pudo venir, pero están aquí su señora y su hija, cuya presencia les agradezco infinitamente. Es la segunda vez que viajan, porque ya lo habían hecho en enero, cuando tuvimos que suspender la sesión que se había programado, en razón de que el señor Ministro del Interior cumplía labores como Vicepresidente de la República.
También le quemaron maquinaria agrícola, obtenida con un gran esfuerzo.
Se trata de pequeños emprendedores. Y ahí los tenemos, víctimas de una violencia carente en absoluto de justificación.
Luego, un ataque incendiario destruyó instalaciones de la forestal Masisa en Collipulli.
Un agricultor de Malleco sufrió un atentado el 6 de enero pese a estar con protección policial.
El 10 de enero se registró un incendio forestal en un fundo del Diputado señor Paulsen, de Renovación Nacional.
Los siniestros que han afectado a esa familia se repitieron, durante todo el verano, no una vez, ¡sino 14 veces!
En la comuna de Padre Las Casas tuvo lugar un atentado incendiario contra una casa habitada por la señora Carmen Mella, de 65 años, su hermana Cristina, de 63, y una persona en silla de ruedas.
Se trata de una pequeña parcela, pero asimismo víctima de la violencia.
Aquí se observa cómo le queman la maquinaria a un empresario de Angol en un fundo de Loncoche.
Dos camiones fueron quemados por desconocidos el 17 de enero en la Región de La Araucanía.
Encapuchados incendiaron un galpón el 20 de enero en el sector de Pillanlelbún, comuna de Lautaro.
Un agricultor, en la comuna de Ercilla, se vio obligado a entregar dos camiones con trigo para que no le quemaran la cosecha. ¿Es eso propio de un Estado de Derecho? Al ser amenazado, se encontró en la necesidad de hacerlo precisamente para que le permitieran cosechar.
Tengo que ir finalizando.
Los hechos se han seguido sucediendo.
Por último, nosotros¿
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Cuenta con un minuto para concluir, Su Señoría.
El señor GARCÍA.- Termino diciendo que en la Región de La Araucanía simplemente le pedimos al Estado -¡al Estado!- el fin de la violencia.
Le pedimos que se encuentre a los responsables -en la mayoría de los hechos, salvo uno que recuerdo, no los hay-, porque no puede ser que exista la más completa y absoluta impunidad, y que se les aplique todo el rigor de la ley.
No más impunidad.
No pedimos, ni más ni menos, que el cumplimiento estricto del Estado de Derecho.
Muchas gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Saludo a Juan Enrique Hoffman, Presidente de Saval Federación Gremial, de la Región de Los Ríos; a Paula Simián, vocera de Mujeres por La Araucanía, y a Carlos Tenorio, abogado de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco.
Muchas gracias por acompañarnos.
Cabe considerar también a los otros dirigentes que han estado junto a las personas que efectivamente han sufrido la violencia en sus respectivas regiones.
Tiene la palabra el Honorable señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, el Senador que habla, quien representa a la Décima Región de Los Lagos, contigua a la Decimocuarta -a la que corresponde Valdivia-, la cual colinda, a su vez, con la de La Araucanía, y, en especial, todos los agricultores, campesinos y sectores que viven, por decirlo así, en la zona límitrofe entre las dos primeras, específicamente en lo referente a la provincia y área de Osorno, hemos visto con preocupación cómo en sectores aledaños se han registrado una serie de conflictos y tomas de predios, lo que ha aparecido en la prensa. El Gobierno se halla plenamente informado de los hechos. Las denuncias en los tribunales están ahí, se investigan, pero quedan solo en esta última etapa.
El Senador señor García ha sido muy explícito en exponer caso a caso.
Sé que con la presente sesión no vamos a solucionar el problema, y creo que lo que se busca con ella es tratar de sensibilizar a la autoridad de Gobierno para que recurra a la ley. Los instrumentos legales están: solo basta aplicar nuestro ordenamiento con energía.
Es preciso consignar también, sobre la base del último informe del Instituto de Derechos Humanos, que pareciera que los derechos humanos estuviesen excluidos -y es necesario decirlo- para la fuerza pública, para Carabineros de Chile, porque siempre se ataca a quien tiene que hacer cumplir la ley.
En términos generales, quisiera expresar que la situación de vulnerabilidad de miles de familias mapuches es una realidad que no debemos soslayar y de la cual hemos de hacernos cargo. Estoy convencido de que para mejorar las condiciones de vida de las que se encuentran en peores condiciones debemos partir por igualar las oportunidades, y para eso es clave centrar nuestro primer esfuerzo en apoyar la educación e invertir en ella.
Pero eso no basta, porque el Estado tiene que ser capaz de separar a quienes, por razones ideológicas o políticas, actúan con violencia en las zonas llamadas "del conflicto mapuche" de aquellos que, siendo de la misma etnia o de otra, viven respetando el Estado de Derecho y en paz. Por lo tanto, es incomprensible que los Gobiernos, de uno u otro sector político, hayan entregado en el pasado tierras u otros beneficios a involucrados en tales hechos.
El Estado debe dar una señal clara en el sentido de que, en un país democrático, quienes pretenden conseguir beneficios por la fuerza, no solo no podrán favorecerse de las demandas que plantean, sino que además se les sancionará con la aplicación de la legislación vigente, de modo de terminar con el ambiente de impunidad que se ha ido originando en el tiempo.
Y, por el contrario, debemos buscar la manera de ayudar a todos los chilenos de origen mapuche que formulen sus demandas en el marco de la legalidad y satisfacerlas en la medida en que sean legítimas.
Asimismo, Gobierno y Oposición tenemos que avanzar unidos en una legislación que permita indemnizar a las víctimas del problema. Existen cientos de familias de humildes y pequeños campesinos injustamente afectados por actos delictuales cometidos en nombre del conflicto indígena y que han quedado en la más absoluta pobreza por haber perdido todo, producto de atentados y ataques propios de conductas terroristas, como la destrucción y quema de galpones, casas, vehículos y herramientas de trabajo.
Son muy pocos los minutos de que dispongo, mas es necesario revisar las fallas o deficiencias que nuestros sistemas judicial y policial puedan presentar para enfrentar este tipo de conflicto, este tipo de delito, este tipo de actos, que revisten carácter terrorista.
Lo asumimos como un problema de Estado. Pero el que gobierna es quien tiene que ejercer el poder. Es el que tiene el poder en sus manos dentro del marco de la ley. Y para eso solo basta aplicarla.
Creo que se han ido dando en el tiempo una serie de malas señales y que no tenemos que esperar a que una Región se destruya por completo y sea parte de una ola de violencia que llegue a las demás. Aquí es donde quiero hablar en nombre de nuestros agricultores de Osorno, de nuestros trabajadores y de nuestros campesinos, que lo único que piden es seguridad. Están nerviosos, están preocupados ante la eventualidad de que el fenómeno alcance a la Región de Los Lagos. Hoy día se están generando movimientos para poder contar con un freno, en definitiva.
Esperamos que el Gobierno aplique la ley.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, una vez más esta Corporación se reúne para debatir acerca del llamado "conflicto indígena", particularmente respecto de la Región de La Araucanía, pero también en relación con otras, a las que asimismo se ha extendido.
Quiero separar la discusión en cuanto a los actos de fuerza que mi Honorable colega García ha exhibido del problema que el Estado enfrenta con los pueblos originarios y sus derechos. Hay reconocimientos de derechos que aún no se han realizado. Hay una causa: la violencia. Y si seguimos eludiendo la cuestión y solo nos damos la tarea de contar cuántas son tales acciones -porque cabría emplear una política de trincheras, que es lo peor que podríamos hacer, y preguntar: "¿A ver? ¿Cuántas hubo en los Gobiernos de un sector y cuántas en los de otro?"-, ello no nos ayudará mucho a buscar una salida, a diferencia de lo que quiere toda la Región. Una de las víctimas del conflicto es esta última, mapuche y no mapuche.
Por lo tanto, es responsabilidad de las autoridades -y nosotros, el Congreso, lo somos, al igual que el Gobierno-, así como de los actores de cada Región, el llegar a un gran acuerdo político.
Sin duda, no hay dos lecturas respecto a los actos de violencia, no hay dos lecturas. Deben ser condenados, sean de quienes sean, aunque en su nombre se invoquen causas de cualquier naturaleza. No existe razón alguna para justificar ningún tipo de práctica violentista. Y deberíamos respaldar todas las acciones que persigan la aplicación de sanciones más fuertes a quienes cometan atrocidades como las que hemos visto en la Región de La Araucanía y en otras zonas.
Sin embargo, a pesar de que el Gobierno ha estado impulsando medidas en este ámbito, como el Plan Seguridad para Todos, en etapa de implementación, y de que se están incorporando los municipios y la ciudadanía, la seguridad es tarea no solo de las autoridades gubernativas, sino también de los ciudadanos, de la comunidad. Pero ella será insuficiente, en mi opinión, si no avanzamos además en un acuerdo político que repare el daño que el Estado causó cuando se instaló en la Región de La Araucanía, sin respetar siquiera los derechos que la Corona española había reconocido a los mapuches.
Alguien podría afirmar que no se está resolviendo el problema de la violencia, pero, mientras no solucionemos el asunto de fondo y sigamos ocultando la causa que origina el conflicto, continuaremos leyendo en los medios de comunicación y siendo testigos de muchos actos de violencia. Porque esto no es de ahora: viene de hace 130 años.
Faltan instrumentos. ¿Cómo los creamos? A partir de ese gran acuerdo político entre todos los sectores. Yo celebro las propuestas que han planteado los Senadores Espina y García. Y en ese contexto deberíamos buscar un entendimiento del más amplio nivel, con todos los involucrados, con el objeto de resolver el conflicto, el cual no se soluciona solo cupularmente, sino con la participación de los ciudadanos y de los afectados, que son las comunidades indígenas. Los dirigentes de los pueblos originarios, que en su inmensa mayoría tienen la mejor disposición para lograr una salida, también son partidarios de rechazar la violencia.
Los violentistas son marginales, representan a un reducido número de personas y deben ser aislados, pero este aislamiento tiene que ser fruto de un consenso entre el Gobierno, los parlamentarios, el intendente, el gobierno regional, los actores de la Región de La Araucanía, las autoridades tradicionales, las autoridades espirituales o religiosas. Se requiere un gran acuerdo nacional, que vaya en la línea de reparación del daño causado por el Estado a las comunidades indígenas, a las que se les han quitado sus tierras, sus aguas, sus derechos, sus oportunidades de desarrollo. Se necesita un plan de verdad, para que ellas se sientan partícipes de una nación pluricultural, multiétnica, que reconoce la diversidad y los derechos de las minorías.
Y, al mismo tiempo, se deben crear instrumentos que ayuden y reparen el daño causado a tantas víctimas de este conflicto, tanto mapuches como no mapuches. Desde este punto de vista, no tenemos, como Estado ni como Gobierno -ninguno lo ha tenido-, un instrumento de ayuda y reparación, por lo que cada vez que se produce un acto de violencia sentimos incapacidad e impotencia al no poder auxiliar a las víctimas.
Por eso, creo que un gran consenso para trabajar el problema nos permitiría aprobar excepcionales medidas de reparación para la Región y para los mapuches. Y no hay que ir muy lejos, por las experiencias de Canadá, Nueva Zelanda y otros países, para saber que las democracias modernas parten reconociendo los derechos de las minorías y, particularmente, los de los pueblos originarios.
Por lo tanto, mientras eso no ocurra, no vamos a poder avanzar.
Creo que ha llegado el momento de actuar juntos, sin colores políticos, para solucionar las dificultades de una Región que se siente víctima de la impasividad e incapacidad del Estado. Este desafecto por la política que hoy se observa se debe a la inoperancia de la política para hacerse cargo de los problemas, para resolverlos. Y ningún gobierno va a tener la capacidad de asumir un fenómeno como el conflicto indígena, tan complejo y tan antiguo en el tiempo, si no es dentro del marco de un gran acuerdo político en el que todos participen y que permita lograr la paz social dentro de la Región.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, no voy a ahondar en los casos que relató en forma precisa el Senador García, que demuestran con absoluta claridad el clima de violencia permanente que impera en la zona, el cual daña y perjudica a todos los que lo sufren, en especial a quienes pierden su fuente de trabajo, su vivienda, sus vehículos, y que se ven enfrentados a muchas dificultades para seguir adelante.
En la Región que represento hay un sector en que este conflicto ha estado presente y donde la violencia también ha golpeado. En la provincia de Arauco llevamos más de 50 carabineros heridos o lesionados en menos de un año, sin que se conozca a ningún responsable o al menos a alguien que siquiera haya sido llamado a declarar.
Días atrás escuchamos al Obispo de Villarrica lanzar una frase lapidaria para referirse a estos hechos de violencia: "Cuando se trata del conflicto mapuche, no existe el Estado de Derecho".
A mi juicio, ese es el desafío que debemos superar. Cualesquiera que sean sus causas, los problemas no se resuelven con violencia. Si se quiere justificar la violencia por la situación de determinado grupo de chilenos, ella no va a resolver ni ese conflicto ni la situación del Estado o de sus regiones.
Tenemos que enfrentar las dificultades, pero para ello se requiere primero un ambiente de paz y tranquilidad.
Y nosotros, señor Presidente, desde estas bancas, hemos contribuido a eso. En la Región del Biobío firmamos un acuerdo con el Gobierno para avanzar en la forma de enfrentar la violencia en la provincia de Arauco, una zona con muchas dificultades sociales y económicas y con importante presencia de pueblos originarios.
Nos sentamos con el Intendente y el Subsecretario del Interior y el domingo 4 de enero de este año todos los representantes políticos, incluidos los parlamentarios de la zona, firmamos ese acuerdo con el Gobierno, al cual se han incorporado posteriormente los alcaldes y al que también seguramente se sumarán las organizaciones sociales, porque existe voluntad política para ir resolviendo las dificultades existentes.
Y lo primero que expresa el documento suscrito, aceptado tanto por el Gobierno como por nosotros, es que quienes utilicen la violencia no podrán ser objeto después de ningún tipo de beneficio ni ser incluidos en ningún programa o acción estatal. Tienen que ser aislados y eso debe estar claramente señalado.
Tal fue el nudo central del referido acuerdo, que espero que el Gobierno reimpulse, en el próximo tiempo, con mucha fuerza y voluntad política, porque en estas últimas semanas, a lo mejor por lo ocurrido en el norte, ha estado un poco en statu quo y no se han dado los pasos que se requieren.
Pero, señor Presidente, hay que enfrentar la violencia con los instrumentos que establece la ley. Hay que aislar a los violentistas. Es la única manera de abordar las dificultades que chilenos de distinto origen pueden tener, en términos de pobreza, de anhelos, de reivindicaciones, de reconocimiento.
Y no hay duda de que en el acuerdo figura el reconocimiento de tales reivindicaciones. Pero tenemos que avanzar democráticamente, consensuadamente, para que los elementos contenidos en él sean de verdad sustantivos.
El violento, el que utiliza la violencia, el que quema un camión, el que incendia una casa, el que atenta contra carabineros, no quiere resolver el problema, sino destruir lo que la sociedad ha estado construyendo. Por lo tanto, no es un interlocutor válido.
Y quiero aclarar que en la provincia de Arauco la inmensa mayoría de las comunidades indígenas son pacíficas. De hecho, una de las dificultades de este tipo de acuerdos es que las políticas de beneficios y reivindicaciones deben estar dirigidas a las comunidades pacíficas y no a aquellas que practican la violencia. Si no, el mensaje será uno solo: las pacíficas deben usar también la violencia para lograr algún grado de avance.
La violencia y los violentos tienen que ser aislados porque nada bueno puede salir de ahí.
Y, aprovechando la presencia del señor Ministro del Interior, quiero señalar que el acuerdo firmado en la provincia de Arauco, Región del Biobío, debe tener un reimpulso potente de parte del Gobierno en las zonas de rezago, en los avances de los derechos de las comunidades indígenas, para que sea verdaderamente eficaz en el logro del gran objetivo, que es derrotar la violencia para solucionar los problemas de nuestro país.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, se ha citado a esta sesión especial para tratar los graves hechos de violencia acaecidos en las Regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.
Pienso que esta es una manera reduccionista de enfrentar un problema que es mucho más complejo, que tiene connotaciones históricas, sociales, étnicas, culturales, y que constituye uno de los principales desafíos pendientes del país.
Por cierto, hay un problema actual con situaciones de violencia, pero creo que el papel del Senado es enfrentar esta materia de manera integral, como un asunto que atañe al conjunto del país y no solo a los protagonistas, víctimas y victimarios de hechos de violencia.
Chile es un país fuertemente racista. En la construcción del país se vulneraron gravemente derechos y se usurparon territorios de nuestros pueblos originarios. Estas son verdades históricas. Sobre esta realidad se mantienen, hasta el día de hoy, situaciones injustas y se levantan demandas que no prescriben, aunque hayan pasado siglos.
Enfrentar este desafío es tan importante para el país como superar la pobreza o como lo fue en su momento recuperar la democracia. Requiere de acuerdos, de justicia, de desarrollo inclusivo, de respeto a los derechos, y todo esto no se resuelve solo con policías y Estado de Derecho.
Para ello, el Gobierno ha planteado un programa que incluye un Ministerio de Asuntos Indígenas, mayores instancias de participación y una agenda de desarrollo.
De verdad, creo que aun estas medidas ambiciosas pueden quedarse cortas si no se les asigna la prioridad política que este tema tiene. Si esto no ocurre, si seguimos dándoles la espalda a los asuntos de fondo, continuaremos enfrentando un problema sin solución, e incluso la situación puede empeorar. En el mundo de hoy existen varios ejemplos de lo que estoy señalando.
Sin embargo, el debate aquí se ha circunscrito a los diferentes hechos de violencia y de seguridad que se registran en las regiones del sur.
Respecto de Los Lagos, región que represento, debo señalar que me he reunido en varias oportunidades con representantes de los agricultores, especialmente productores de carne y de leche, con quienes hemos tratado esta y otras materias. Entre ellos existe una legítima preocupación, propiciada por lo que acontece en otros territorios del país y por algunas ocupaciones de predios ocurridas dentro de los límites regionales.
Los propios agricultores señalan que actualmente existen tres predios ocupados en la región. Estos son los fundos Colonia San Martín y La Huacha, ambos ubicados en el sector Casma, comuna de Frutillar, y el Fundo El Espejo, en la comuna de Puyehue.
También me he reunido, junto con algunos Diputados de la zona, con grupos de caciques y loncos, representantes de las etnias presentes en la Región, quienes han manifestado su preocupación y desesperanza por lo que ocurre con sus tierras y por el conjunto de sus reivindicaciones, al tiempo que han expresado su interés por encontrar soluciones sobre la base del diálogo y el acuerdo, enfatizando que sus comunidades son mayoritariamente pacíficas.
En los últimos meses hemos sostenido reuniones entre los productores agrícolas de carne y leche de la Región, el Ministro y el Subsecretario del Interior y el alto mando de Carabineros para analizar la situación y concordar medidas de acción. Una de ellas es la implementación de una mesa regional de trabajo. Y, al menos en lo que respecta a la Región de Los Lagos, resulta necesario que los cacicazgos del territorio también se incorporen a esta instancia, para avanzar en una solución integral que devuelva la paz a los campos del sur.
En general, tantos los representantes de los agricultores como los líderes de las comunidades apuntan a la existencia de una deuda histórica pendiente de parte del Estado con los pueblos originarios, situación que se agudiza en algunos sectores del sur y una de cuyas expresiones más visibles -pero no la única- es la reivindicación territorial.
Respecto de este tema, existe preocupación por el rol que le corresponde desempeñar a la CONADI, tanto en la resolución de los conflictos vigentes como en los resultados globales del proceso de compra y entrega de predios a las comunidades.
En ese sentido, y con el fin de tener claridad total frente al tema, creo necesario solicitar formalmente a dicha entidad que informe sobre el estado del proceso de compras y entregas de tierras para comunidades indígenas desde el año 1993 hasta la fecha, de modo que podamos contar con antecedentes concretos acerca de la cantidad de hectáreas adquiridas, los montos involucrados, las comunidades beneficiadas y los temas aún pendientes de resolver, así como el procedimiento de priorización de las solicitudes de compra, a fin de aclarar las acusaciones que pesan sobre la institución respecto de favorecer, en primer término, a las comunidades o grupos que hacen ocupación ilegal de los predios.
Con todo, quiero insistir en el hecho de que el tema de las tierras es solo una arista de un proceso mucho más complejo, que tiene como base la contraposición de la cosmovisión de los pueblos originarios frente a lo que el resto del país espera de ellos.
No podemos esperar que el problema se solucione en la medida en que el pueblo mapuche abandone sus creencias y costumbres para abrazar las que a nosotros nos acomoden. Ese es el camino que el Estado de Chile heredó desde la llegada de los conquistadores y los resultados están a la vista: ha sido un rotundo fracaso.
La violencia -y en esto todos deberíamos estar de acuerdo- no es la respuesta ni el argumento adecuado ante los problemas históricos que enfrentan nuestros pueblos originarios. No se avanza ni se resuelve nada quemando camiones, ni militarizando el territorio, ni enfrentando a Carabineros con un enemigo invisible.
Tampoco se avanza estigmatizando de terrorista al pueblo mapuche ni alentando a los agricultores a armarse y organizar autodefensas que, tal como ya ocurrió el año pasado, terminaron con un carabinero baleado porque un agricultor lo confundió con un mapuche y supuso que era además violentista.
La violencia tiene distintas expresiones. Algunas son notorias, como los atentados, los enfrentamientos con la policía y, especialmente, la pérdida de vidas humanas. Otras subyacen en el tiempo, silenciosas, pero no menos agresivas. La negación de su historia y de sus valores espirituales; la falta de voluntad para comprender que la relación de los pueblos originarios con la tierra y el medioambiente no prioriza la productividad sino la armonía, y la dilación sistemática de su reconocimiento constitucional, supeditado al respeto por su propia cosmovisión, son también elementos que alimentan el malestar y la desesperanza de un pueblo que por siglos se ha sentido ajeno a un Estado fundado sobre su propio territorio.
En un seminario organizado recientemente por el Arzobispado de Concepción, se identificaron dos ejes principales del problema y un camino de solución:
Primero, que la violencia, como recurso político de algunas organizaciones indígenas, correspondería a una respuesta a la violencia histórica del Estado hacia ellos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Le daré un minuto adicional, para que concluya.
El señor QUINTEROS.- Gracias, señor Presidente.
El segundo eje es que la negación y apropiación también histórica del mundo mapuche, tanto material como espiritual, se radica en las bases mismas del Estado chileno.
Y que, en razón de las dos causas anteriores, la solución pacífica y definitiva radicaría precisamente en la restitución de la tierra y en el reconocimiento constitucional de sus pueblos, el cual debe incluir una reconfiguración político-administrativa con márgenes de autodeterminación importantes.
Sigo creyendo en el diálogo político y social amplio, sin exclusiones, como base para la construcción de la paz.
La resolución del conflicto pasa por ser capaces de enfrentar el fondo del problema y no por insistir solo en la búsqueda de soluciones parciales a los problemas contingentes.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, el conflicto de la Región de La Araucanía se arrastra desde hace más de cien años y en su solución han fracasado, sin excepción, todos los Gobiernos, y dentro de ellos, esta Administración.
En particular, quiero decirle aquí de frente -mirándolo a los ojos- al señor Ministro del Interior que no ha cumplido con la palabra empeñada que dio en la reunión que sostuvimos en agosto pasado con la Presidenta Bachelet respecto a una propuesta por la paz social que elaboramos junto con el Senador José García Ruminot.
¿Cuáles son los hechos?
El diagnóstico apunta a que en la Región de La Araucanía existe una flagrante violación a una de las normas básicas de la democracia: es deber del Estado garantizar la paz social.
Sus víctimas son líderes mapuches y no mapuches: han atacado a sus familias, han incendiado sus campos, han robado sus animales, han sufrido agresiones sexuales.
La respuesta del Estado ha resultado en una ineficiencia total. Y un Estado de Derecho democrático que no garantiza la paz social fracasa.
Solo en los pasados doce meses se produjeron más de 200 atentados violentistas, 1.247 en los últimos cinco o seis años, 700 ataques incendiarios a casas y la muerte de una cantidad superior a 16 compatriotas mapuches y no mapuches.
Qué hemos hecho nosotros -la Región de La Araucanía tiene claro el diagnóstico y está un poquito saturada de que sus autoridades se transformen en comentaristas y no en seres capaces de enfrentar con medidas concretas este conflicto-: con el Senador García Ruminot elaboramos un documento, que entregamos a todos los señores Senadores, llamado Acuerdo por la paz social en La Araucanía. Lo preparamos durante más de seis meses y en su redacción participaron muy importantes líderes del mundo mapuche (encabezados por el Presidente de CORE de La Araucanía, Hilario Huirilef) y de los agricultores y parceleros, entre ellos y como ejemplo emblemático, Jorge Andrés Luchsinger, cuyos padres -el matrimonio Luchsinger-Mackay- fueron víctimas de un brutal asesinato.
Además, estas propuestas tienen el respaldo de tres ex Primeros Mandatarios.
Agradezco hoy a los ex Presidentes Lagos -colaboró activamente en perfeccionar este documento-, Frei y Piñera; a los representantes de las Iglesias evangélica y católica de la Región de La Araucanía, y a los líderes mapuches que tuvieron la valentía y el coraje de decir: "El camino es la paz social y hay que seguirlo sin ambigüedades".
Le entregamos el texto al Gobierno, ocasión en que estaba presente el señor Ministro del Interior.
La propuesta contempla cuatro caminos, que son nuestro humilde aporte, pero ahí están puestos:
Definir la política de entrega de tierras, que no puede mantenerse en el limbo como hasta ahora.
Establecer mecanismos claros para derrotar la pobreza rural, que sigue siendo un drama en La Araucanía (ahí está nuestra propuesta).
Incorporar al mundo indígena (entre otros, al mundo mapuche) a la institucionalidad chilena, la cual no tiene en la actualidad un mecanismo de participación.
Enfrentar la violencia en sus tres dimensiones, con normas específicas que otorguen facultades a las policías y a los fiscales para que puedan identificar, detener y condenar a los violentistas. Como dijo el Subsecretario del Interior, se trata de delincuentes dedicados a robar madera y ganado y a extorsionar a sus víctimas con el objeto de que les entreguen sus cosechas, como ha quedado de manifiesto en reiteradas oportunidades.
Señor Presidente, no ha habido respuesta a esta proposición después de transcurridos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril: ¡Ocho meses!
Tengo en la memoria las palabras de Su Excelencia la Presidenta de la República, con la cual sostuvimos una conversación sobre el tema por más de una hora y media y quien demostró la mejor disposición para avanzar. Le dijo al señor Ministro del Interior: "Dele una respuesta al Senador Espina a la brevedad".
¡Después de ocho meses, señor Presidente, no hemos tenido noticias de políticas específicas sobre la materia!
No tengo la arrogancia, señor Ministro, de pretender la imposición de esta propuesta. De hecho, el documento señala en un comienzo: "Planteamos esta propuesta desde la humildad, conscientes de que no es la última palabra, sino al contrario, es el primer paso, el inicio de un camino hacia el entendimiento y el encuentro que permitirán la Paz Social en La Araucanía".
Les entregamos una copia a todos -¡a todos!- los partidos políticos. Y todavía estoy esperando -lo digo en el entendido de que esta situación afecta al país- los aportes y las respuestas concretas.
Hubo un esfuerzo por firmar un documento en enero con el Subsecretario del Interior, pero fue imposible hacerlo porque no hubo coincidencia -en gran parte, lamentablemente- en las bancadas de Gobierno. Si no lo creen, pregúntenle al señor Aleuy.
Señor Presidente, La Araucanía no necesita más diagnósticos, sino medidas concretas para avanzar en la solución del conflicto y en la superación de su principal fracaso. ¿Cómo? Mediante la realización de un Aukiñ (un consejo) en donde se sienten a dialogar con respeto, igualdad de oportunidades, buena fe y en las mismas condiciones los líderes del mundo mapuche, elegidos por sus pares; representantes de agricultores y parceleros, elegidos por sus pares, y personeros del Estado, a fin de que resuelvan, al igual que países como Nueva Zelandia, Canadá y Australia: mirándose a los ojos y de frente, las diferencias legítimas que puedan existir.
Por último, en el poco tiempo que me queda, me referiré a la violencia.
Señor Presidente, si en Santiago ocurriera lo mismo que ahora en La Araucanía -en muchas zonas rurales la gente tiene que dormir armada porque teme que le quemen su campo, la maten o le roben sus animales-, le aseguro que ya se habrían adoptado medidas para que esa situación se solucionara, al menos en parte.
La verdad es que pasan los meses, se prometen medidas y no se cumplen. Y no nos digan que no hemos formulado una propuesta, porque la tenemos aquí y la volvemos a poner, con humildad, a disposición de la comunidad.
El señor Ministro sabe -me reuní en numerosas ocasiones con él- que más de un costo político pagué por haber dicho al comienzo de este Gobierno, durante una interpelación en la Cámara de Diputados, que a mi parecer había que trabajar el problema en alianza estratégica con el propósito de sacarlo adelante. Fui criticado por mi sector político.
¿Sabe por qué lo señalé? Porque las personas que represento en el Senado, las de La Araucanía, mapuches y no mapuches, quieren de nosotros liderazgo para resolver problemas, no para diagnosticarlos.
Hoy seguimos empapados con la idea de que el diagnóstico va a traer la solución. Pero este se encuentra en los informes de los ex Presidentes de la República que nombré.
¿Dónde se hallan las respuestas a la situación regional? En los cuatro puntos que señalé.
Por esas consideraciones solicitamos la realización de esta sesión especial: para escuchar respuestas y no diagnósticos.
Muchas gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Le aclaro a la gente en tribunas que el Reglamento no permite las manifestaciones.
Agradecemos su comprensión.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, lamento que el título de esta sesión especial apunte exclusivamente a la violencia, pues eso circunscribe nuestras intervenciones en circunstancias de que a mi entender debiéramos preocuparnos, junto con este tema, que también es una consecuencia, de la relación inadecuada entre el Estado y sus pueblos originarios.
Ella tiene una historia de más de 200 años y, lamentablemente, por diversas consideraciones, a pesar de los esfuerzos de Gobiernos de uno y de otro lado, democráticos y dictatorial, no se ha podido solucionar probablemente porque no se han dado pasos concretos para hacer un cambio cultural de inclusión social, de inclusión cultural, de inclusión política, de inclusión económica, de inclusión territorial de los pueblos originarios.
Esa es una realidad. En algún minuto de la vida hay que pasar de entender a los pueblos originarios como una "minoría" -entre comillas- a entender que son parte fundamental de nuestros orígenes y de nuestra nación. Y como tal tenemos que darles reconocimiento en nuestra Carta Fundamental; reconocer nuestro origen pluriétnico. Ser indígena debe ser materia de orgullo en nuestro país como lo es en Perú, en Bolivia, en Ecuador.
Eso requiere políticas públicas de mediano y largo plazo. Corresponde a una política de Estado. Doscientos años de falta de relaciones adecuadas no se solucionan en cuatro, cinco o diez años o con cinco o diez medidas concretas. No se trata de entregar más o menos tierra, sino de entender el concepto de la necesidad de crear un mecanismo de inclusión y un cambio cultural.
¿Son legítimas las reivindicaciones? Muchas de ellas, sí. Otras no las comparto. Por de pronto, el separatismo no lo comparto. Pero ninguna de ellas, por legítima que sea, justifica hechos de violencia. ¡Nunca nadie en el sistema democrático debiera apelar a la violencia como forma de levantar su reivindicación, como forma de hacerse escuchar!
Y, como señal de Estado, a aquellos que utilicen la violencia se les debe marginar de manera inmediata de todo tipo de beneficios. Por eso hemos planteado a las autoridades del Gobierno que persona o comunidad que participe en hechos de violencia debe quedar automáticamente al margen de cualquier beneficio, porque tenemos que favorecer a la gran mayoría de las comunidades de pueblos originarios que se sumen al diálogo.
Ya lo decía un Senador que me antecedió: en la provincia de Arauco tenemos una amplia población de pueblos originarios que forman parte del desarrollo productivo, que sufren precariedad social tal como otras personas que no pertenecen a aquellos. Y tenemos un Intendente que ha liderado un proceso y ha logrado llegar a acuerdos con más del 80 por ciento de esas comunidades, completamente en paz y tranquilidad, aislando a quienes hacen del robo de madera, de los incendios, su actividad habitual. Hay que aislarlos, porque son los menos y estigmatizan a las comunidades en general.
De igual forma, en el caso de Alto Biobío un gran alcalde de origen pehuenche, don Nivaldo Piñaleo, ha liderado un proceso de inclusión, y hemos trabajado con el Ministerio de Vivienda para construir casas que recojan su tradición cultural, no que impongan la del -entre comillas- "chileno", o del "santiaguino" en las zonas de pueblos originarios.
Se trata de dar un reconocimiento. Sin embargo, este tiene que ser apoyado por todos.
Creo que aquí tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional para trabajar en los próximos cinco, diez y veinte años a fin de eliminar los brotes de violencia, pero, a su vez, también¿
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Le daremos un minuto adicional.
El señor HARBOE.- Gracias, señor Presidente.
Decía que, junto con eliminar los brotes de violencia, hay que aplicar como corresponde la ley, porque igualmente importante que los derechos de los pueblos originarios son los de todos los ciudadanos, independiente de su origen étnico, religioso o cultural. Nadie puede sentir que tiene un mejor derecho.
Por eso, tenemos que avanzar a través del Gobierno con el objeto de que en la próxima sesión discutamos políticas públicas para dar mayor inclusión con una mirada obviamente menos acotada a los hechos de violencia, que, por de pronto, hay que condenar sin ningún miramiento.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, quiero partir mi intervención agradeciéndoles a los representantes de los distintos gremios de las regiones del sur que nos acompañan, especialmente a los de movimientos de mujeres, porque sé que no es fácil llegar hasta Valparaíso, el viaje no es corto, sino al revés, muy largo, pero, sobre todo, porque siento que muchos de ellos enfrentan la sesión de hoy -y también aquellos que nos escuchan en las regiones del sur- con un sentimiento de tristeza y de profunda frustración.
Ellos se preguntan: "¿Por qué vamos a ir de nuevo al Senado? ¿Por qué vamos a ir de nuevo si hemos ido tantas veces al Congreso, a La Moneda, con Gobiernos de distintos colores políticos?".
Este tema se ha discutido en numerosas ocasiones y ha salido mucho en los diarios de circulación nacional y en la televisión, pero hasta el día de hoy lo que menos tenemos son respuestas y soluciones.
Lo peor que nos puede pasar en el país es que hechos como los que vemos en las imágenes que figuran a continuación nos dejen indiferentes, como si nos dieran lo mismo, como si no pasaran en Chile.
Quiero decir que fotografías como esa revelan familias, niños que no pueden dormir tranquilos en sus casas, hechos frecuentes en el sur del territorio.
¡Eso no debiera ser normal! Y cuando la ciudadanía siente que da lo mismo ir a conversar con representantes de sus regiones, que da lo mismo escuchar las respuestas del Ministro del Interior, porque "total, igual no van a hacer nada", eso tiene que preocuparnos como representantes de nuestro país. ¡Tiene que preocuparnos! Porque quiere decir que a una parte importante de Chile no le estamos dando respuestas.
Y eso genera frustración respecto a la democracia.
Señor Ministro, quiero invitarlo a escuchar lo que hoy se dice desde las distintas bancadas, porque este tema -señor Ministro, le pido que me escuche, al igual que al Senador Girardi, quien es Senador por Santiago- a nosotros nos importa de verdad.
Acá hay más acuerdo transversal de lo que se cree. Y lo digo porque durante la discusión de la Ley de Presupuestos con el Senador José García presentamos una indicación respecto a la entrega de tierras por parte de la CONADI. Y nos encontramos con la existencia de una grata transversalidad, porque el Senador Tuma había formulado una indicación muy parecida.
Y en ese debate el Senador Zaldívar y, si no me equivoco, también el Senador Lagos Weber -me puede corregir-, dijeron que era importante apoyar esta indicación. ¿Qué decía? Algo que es compartido acá, lo mencionó el Senador Harboe: "Las comunidades violentas no deben ser favorecidas con la entrega de tierras".
¿Por qué, señor Ministro? Porque, como nosotros vemos en esta fotografía, están sufriendo no solamente grandes agricultores, como se piensa, sino también pequeños agricultores, carabineros de origen mapuche, parceleros de origen mapuche que son afectados por este tipo de atentados que nosotros vemos ahí, mujeres que no pueden dormir tranquilas en la noche porque tienen susto por sus hijos.
Señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, si usted observa este mapa se dará cuenta de que esto no solamente se produce en La Araucanía, sino que se esparce hacia la Región de Los Ríos (que yo represento), hacia la Región de Los Lagos y, desde hace mucho tiempo -usted lo sabe bien, porque fue Gobernador de esa provincia-, a la Región del Biobío.
¿Qué le pedimos al señor Ministro? "Mire, acá hay transversalidad respecto a la problemática y necesitamos una respuesta concreta. Este es un problema de Estado, no de Gobierno. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Qué plan tiene el Gobierno para enfrentarlo? Eso nos gustaría escuchar acá".
Sabe, señor Ministro, pienso que todos nosotros podríamos ser parte de la solución, y quizás ayudaríamos a que la ciudadanía no solo del sur de nuestro país, sino en general de Chile, recuperara un poco la confianza en sus representantes tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
Necesitamos una solución desde las regiones del sur, porque de otra manera, señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, seguiremos teniendo este problema, y esos puntos rojos que vemos hoy, que representan a personas, familias afectadas, no simples puntos rojos en un PowerPoint, los veremos esparcidos hacia el sur.
Nosotros no queremos que ello ocurra en nuestra región.
Quiero terminar diciendo lo siguiente.
Me preocupa que el Subsecretario del Interior haya dicho en diciembre del año pasado: "Los que ataquen a carabineros, cometan delitos o amedrenten a la gente no serán priorizados en la política de tierras del Gobierno". Y resulta que en marzo de este año, en Malalhue, Región de Los Ríos, una comunidad se tomó un campo, y semanas después el Intendente anunció que compraría ese predio para dicha comunidad.
Ya termino, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Le concedo un minuto más, señora Senadora, para que concluya.
La señora VON BAER.- Gracias.
Yo creo que esa no es una buena señal, señor Ministro.
No sé -por eso cursé oficios al respecto- si esa comunidad cumple los requisitos para aquello. Imagino que sí.
Se llegó a un acuerdo con el agricultor. ¡Perfecto!
Todos están contentos. ¡Bien!
¡Pero cuál es la señal que estamos dando, señor Ministro!
Y lo mismo está ocurriendo con terrenos del Obispado de Villarrica: también se los tomaron comunidades mapuches, y el Gobierno anunció que los iba a adquirir a través del Ministerio de Bienes Nacionales, no de la CONADI, para entregarlos a los comuneros.
No me preocupa que se vayan solucionando problemas puntuales -¡eso está perfecto!-, sino que se traspasen tierras a comunidades que se las han tomado o que han actuado en forma violenta. Ante ello, las comunidades que son pacíficas ven que sus necesidades son pospuestas, en beneficio de las que han procedido con violencia.
Eso, señor Ministro, es preocupante.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, Honorable Sala, parto señalando que condeno y deploro los actos de violencia como forma de solución de los conflictos en este país.
A nadie le gusta que la violencia dañe a los pequeños, medianos o grandes agricultores, a los uniformados, a los ciudadanos, a los pueblos originarios o a cualquier ser humano.
¡No me gustan los hechos de violencia! Los condené antes y los condeno ahora.
Sin embargo, para hacer un debate serio y profundo en el país, cabe reconocer que muchos de los que intervienen en esta Sala no comprenden ni conocen la realidad del sur, la realidad de las comunidades indígenas, la realidad que se vive en esas zonas.
Al recorrerlas, uno se da cuenta del nivel de pobreza y abandono que sufren muchas localidades.
Cuando en el sur de Chile uno ve la apropiación de los recursos naturales por parte de las empresas (hidroeléctricas, forestales); cuando uno ve avanzar el desierto verde (plantaciones de bosques), expulsando a las comunidades y a los pequeños agricultores, y secando los cursos de agua; cuando uno ve que se acaba con la biodiversidad; cuando uno ve que un porcentaje enorme de la provincia de Arauco hoy pertenece a una empresa forestal; cuando las llamadas "comunas forestales", casualmente, son las más pobres de Chile, entonces uno comprende que existe un conflicto latente por la tierra, por la identidad, por los recursos naturales.
En el debate se nombró la localidad de Malalhue. Pero sería bueno preguntar también a las autoridades si conocen la situación de Lumaco y Puquiñe: ¿cómo viven ahí los pueblos originarios?
Cuando los visito, ellos me señalan: "Senador, estamos encerrados acá entre los grandes propietarios y las enormes extensiones forestales".
¿Qué espacio queda para las comunidades indígenas?
¿Qué espacio queda para su desarrollo como seres humanos?
¿Qué espacio queda para que realicen sus actividades productivas, de cultivo, si están las empresas forestales por un lado y los grandes propietarios por el otro?
La negociación, la conversación, el diálogo, el parlamento, es la solución. No me gustan los hechos de violencia.
Pero entendamos que el Estado de Chile tiene una deuda con muchas comunidades. Y esa deuda sigue aumentando. Porque de las grandes extensiones forestales nadie habla en este país, ni de cómo las empresas del sector se han apropiado del territorio, expulsando a la gente. ¡No hay biodiversidad; no hay agua, y permanentemente estas grandes empresas invaden los caminos!
¿Y qué dejan estas en el territorio? Nada.
Las comunas más pobres de Chile son las que tienen las mayores plantaciones forestales. De hecho, la Región de Los Ríos, que yo represento, es la tercera más pobre del país.
Para que haya soluciones, se requieren más inversiones y más dinamismo, y un protagonismo mayor de la CONADI. No puede ser que para reivindicar un territorio y comprar predios para comunidades indígenas, el proceso tarde largos años.
Ahí hay un problema.
Entonces, no reduzcamos el conflicto solo a la violencia.
Reitero: ella no me gusta y la voy a condenar siempre.
Pero hagámonos cargo del abandono que sufren importantes segmentos de nuestra población en dichos territorios. Y eso es porque el Estado no quiere reconocer que somos un país plurinacional. Necesitamos enmendar la Constitución para que se reconozca a los pueblos originarios.
Además, señor Presidente, es bueno que se sepa qué parlamentarios no estuvieron de acuerdo con tener representación indígena en el Congreso Nacional, cuando hace un par de meses votamos la reforma al sistema electoral binominal. Quiero destacar acá, en la vereda de enfrente, la decisión del Senador Espina, con quien presentamos indicaciones en ese sentido. Hoy nuestro Estado no acepta aún tal planteamiento.
Entonces, seamos claros.
¿Qué ocurre con los derechos de agua?
Se me acaba el tiempo, señor Presidente. ¿Me permite un minuto adicional para terminar?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Continúe, señor Senador.
El señor DE URRESTI.- Gracias.
¡Cómo es posible que en una de las regiones donde más llueve, donde más disponibilidad de agua existe, como la de Los Ríos, los derechos de agua estén inscritos a nombre de empresas o de especuladores santiaguinos que nunca han estado en nuestro territorio!
¡Cómo el habitante de esa zona no se va a sentir agredido en su ecosistema si, además de tener poca tierra, carece de agua y está rodeado de plantaciones forestales!
Efectuemos una reflexión de fondo para buscar una solución en esta materia. El conflicto en el sur de Chile no se arregla con más o menos policías. Se resuelve con el reconocimiento por parte del Estado del origen de los problemas; con el desarrollo de una política de tierras adecuada; con la plena incorporación y el reconocimiento de los pueblos originarios, y con un trato no abusivo, especialmente, de las grandes empresas forestales de nuestro país.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en los tres minutos de que dispongo, quiero señalar, como dijo recién el Senador De Urresti, que quien desee ver alguna diferencia de postura frente a los actos de violencia se equivoca profundamente. Nadie en este Senado -y seguramente en el Parlamento- está por avalar los hechos violentos ocurridos en La Araucanía, que es lo que nos convoca hoy a esta sesión, o en cualquier otro lugar del país.
Frente a la violencia hay que actuar de la manera más categórica y enérgica posible, pero, también, de forma más eficaz. A mi juicio, ahí se han manifestado diferencias.
Si se piensa que la problemática de la Región de La Araucanía es solo un asunto policial, entonces tenemos una profunda diferencia.
Varios colegas aquí lo han mencionado: ha habido propuestas de Senadores, de Diputados y de distintos Gobierno. Nosotros mismos hemos formulado muchas proposiciones en este ámbito. Pero esto no se arregla solo con una propuesta.
Y tampoco se soluciona creyendo que un Gobierno, cualquiera que este sea, intentando diferenciarse del anterior o estigmatizando otro tipo de políticas, tiene la solución. Ese camino ya lo transitamos.
De la primera Administración de la Presidenta Bachelet al Gobierno del Presidente Piñera, los hechos de violencia se incrementaron en un 67 por ciento, ¡en un 67 por ciento!
Por tanto, el peor remedio es considerar que el sector político gobernante, en una materia tan compleja -cabe tener presente que el Estado llegó setenta años más tarde a ese territorio-, puede resolver solo el asunto.
En 2010 se fijó el Plan Araucanía 7, que buscaba poner a dicha Región en el séptimo lugar de competitividad entre las regiones del país.
¿Cuál fue el resultado? No lo digo yo, sino la Universidad del Desarrollo, cuando entregó el índice de competitividad de 2013: La Araucanía se ubicó en el último lugar. Bajó 14 puntos, y no quedó en el séptimo lugar, sino en el décimo quinto: ¡último lugar!
Entonces, es muy fácil generar propuestas y creer que se encontró la solución, la panacea, cuando el conflicto en realidad no puede ser resuelto por un solo Gobierno.
Además, hay que hacer consultas.
Entonces, creo que en esta materia debemos actuar con mucha humildad, como dijo recién un señor Senador, y también con mucha claridad y definición política, tal cual lo manifestó el Ministro del Interior, quien se halla presente en la Sala, cuando declaró que una legislación tan ineficaz como la Ley Antiterrorista, que data de 1984 -aunque se le han introducido modificaciones, lo sustancial sigue siendo de esa fecha-, no puede ser utilizada para enfrentar la conflictividad social, toda vez que solo un 10 por ciento de las personas acusadas termina con condena.
De otro lado, durante el primer año del actual Gobierno se ha incrementado la fuerza policial en 15 por ciento. Pero eso no basta, pues este problema no es solamente de carácter policial. Con todo, se requiere más equipamiento y mayor capacidad de inteligencia.
Desde luego, la autoridad juega un rol importante, pero el asunto no compete solo al Ejecutivo.
También se han implementado medidas importantes con relación a la consulta indígena, aun cuando hemos enfrentado debilidades, ya que esta no es una materia fácil abordar.
Yo sé que los señores Senadores han presentado diversas propuestas y que hay diferencias entre unas y otras.
Algunos plantean -se ha expresado en determinadas reuniones- terminar con la entrega de tierras en virtud de la letra b) del artículo 20 de la Ley Indígena, en circunstancias de que en los últimos cuatro o cinco años esas transacciones estuvieron paralizadas.
Por eso, apenas llegado el Gobierno de la Presidenta Bachelet, el Ministro Peñailillo a la cabeza, en conjunto con la CONADI, tuvo que aumentar los 22 mil millones de pesos del Fondo para Tierras suplementándole 23 mil millones, porque hubo carpetas, títulos de merced para ciertas comunidades que estuvieron descansando durante cuatro años. ¡Ahí no se avanzó nada!
Entonces, se habla de propuestas, pero poco se dice de reformar la normativa sobre aguas o lo relativo al tema forestal.
En comunas como Los Sauces...
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto más.
El señor QUINTANA.- Gracias, señor Presidente.
En la comuna de Los Sauces, provincia de Malleco, de un censo a otro -si le podemos creer al último-, la población disminuyó en 18 por ciento. Sin embargo, las plantaciones forestales aumentaron en 18 por ciento. ¡O sea, más bosques y menos gente!
Y no hemos resuelto el problema del agua.
Uno ve los fundos por todos lados, y me alegro por su capacidad hídrica. Pero durante la Administración anterior, con subsidios estatales, se aumentó en un 400 por ciento la cobertura de riego predial en grandes extensiones de tierra.
Si Sus Señorías recorren las Regiones de La Araucanía y de Los Ríos, podrán ver que están llenas de pivotes. ¿Cómo? Con cargo a los fondos destinados a riego. En efecto, se modificó el tope de 40 mil UF a 300 mil para las grandes zonas de riego. ¡Y al productor chico apenas le damos, por el PDTI (Programa de Desarrollo Territorial Indígena), 200 lucas: un rollo de alambres!
Esa inequidad es la que debemos abordar con políticas serias, como las que se han empezado a proponer en el último tiempo.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Finalmente, tiene la palabra el señor Ministro del Interior, don Rodrigo Peñailillo.
El señor PEÑAILILLO (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Muchas gracias, señor Presidente.
Lo primero que hago presente es que una sesión siempre permite seguir debatiendo sobre el tema en cuestión, y me alegra mucho que en este caso se diga que el problema no es solo de orden público, sino más de fondo. Ello refleja una evolución de parte de algunos sectores políticos del país, lo que me alegra. Me parece muy importante.
Reitero: el conflicto en La Araucanía no es solo de seguridad pública. Si bien hay situaciones de esa índole, que todo el país conoce -con estadísticas bien complejas en las últimas décadas-, el asunto va mucho más allá.
Se trata de una problemática de larga data -todos sabemos lo que sucedió a fines del siglo XIX-; por tanto, no es posible resolverla mágicamente ni en un corto plazo.
Se requieren medidas muy puntuales y específicas y, también, una visión de Estado, como varios señores Senadores lo han expresado acá, además de una mirada integral.
Y en ese sentido debemos avanzar.
En cuanto a las propuestas a que se ha hecho mención acá o a las que figuran en algunos documentos, cabe señalar que la Presidenta de la República el 23 de junio del año pasado delineó una visión, una mirada global respecto a cómo enfrentar la deuda histórica del país con los pueblos originarios, a cómo abordar esta problemática en general.
Nosotros como Gobierno tenemos convicción sobre los siguientes asuntos.
Primero, se precisa una institucionalidad que esté a la altura de la situación y que se haga cargo de una deuda no resuelta hasta el día de hoy: aún no se reconoce en la Constitución Política que Chile a lo menos es un país pluricultural, ¡a lo menos es pluricultural! ¡Más de veinte votaciones en este Congreso Nacional y todavía no ha sido posible hacer ese reconocimiento!
Por lo tanto, necesitamos llevar adelante una consulta indígena para tener, por un lado, un Ministerio de Asuntos Indígenas, que se haga cargo del sector más allá de lo que hoy la CONADI puede hacer, y, por otro, el Consejo de Pueblos Indígenas. Ello permitirá de alguna manera contar con las contrapartes necesarias para establecer un nivel de conversación adecuado. Si bien muchas veces hemos dialogado, lamentablemente, no hemos tenido la legitimidad desde las mismas bases, tanto de las organizaciones indígenas como del resto de las entidades regionales.
Nosotros vamos a legislar este año sobre el particular -¡vamos a legislar!-, y crearemos el Ministerio de Asuntos Indígenas.
Luego avanzaremos en las otras materias.
Ahora quiero señalar una segunda convicción del Gobierno.
Ya se aprobó la reforma al sistema electoral. Nuestro compromiso desde el primer día, cuando estuvimos presentes en la discusión (primero en de la Cámara de Diputados y después en el Senado) sobre participación política de los pueblos indígenas, fue colocar a Chile en el lugar que corresponde en esta materia.
¡Y vamos a legislar sobre eso!
Al respecto, hay bastante consenso político, por lo que me han dicho en privado. Espero que ese compromiso se exprese también en público.
La idea no es establecer un modelo extraño donde los pueblos indígenas tengan participación política asegurada, como sucede incluso en algunos estados norteamericanos. ¡Y ni hablar de aquellos países que enfrentaron situaciones complicadas, complejas, que las resolvieron mediante la creación de espacios para que la institucionalidad se haga cargo de los desafíos en esta materia!
Entonces, existe convicción del Gobierno en esos dos aspectos: vamos a avanzar en institucionalidad; vamos a avanzar en participación política.
Ya hemos aprobado la reforma al sistema electoral binominal, y nuestro compromiso siempre fue que, con posterioridad a ello, iniciaríamos el debate para la participación política de nuestros pueblos indígenas en el Parlamento. Eso irá acompañado, por supuesto, del reconocimiento constitucional y de una discusión muy profunda en este ámbito que debemos llevar adelante como país.
Por ello, me alegra que se reconozca que este tema no solo involucra el orden público.
En ese sentido, voy a comentarles algunas estadísticas que muestran que el Gobierno sí ha tomado medidas sobre la base de su competencia.
Les entregaré algunos datos a los señores Senadores.
Este año tenemos el presupuesto más alto que históricamente se ha asignado a la Región de La Araucanía: más de 92 mil millones de pesos para su Fondo de Desarrollo Regional, esto es, un 22 por ciento más que el año pasado. Y tenemos una ejecución presupuestaria del presupuesto global regional bastante buena: superior a 93 mil millones de pesos.
En materia de compra de tierras, tuvimos que rehacer lo que se desarmó hace pocos años a través de un decreto y ordenar el proceso respectivo, no solo en La Araucanía, sino también en la Región del Biobío, entre otras. Se hizo preciso ordenar, priorizar y establecer ciertos criterios.
Les cuento que los recursos que destinamos a ese fin el 2014 y los que vamos a ocupar el 2015 son equivalentes a lo que se gastó entre el 2010 y el 2013. Es decir, en materia de adquisición de terrenos hemos dado un salto enorme. Ejemplo: en el año 2013 se gastaron 24 mil millones de pesos. Este año llevamos ¡72 mil millones de pesos!
¿Por qué estamos haciendo esto?
No andamos comprando tierras porque sí. Existe un listado de terrenos (alrededor de 80 mil hectáreas), que forma parte de un compromiso que asumió el actual Gobierno, aunque se trate de algo que viene de anteriores Administraciones. Da lo mismo cuál sea el Gobierno -no me estoy refiriendo a uno en particular-, porque para nosotros este es un compromiso de Estado. Consideramos esencial resolver lo que ha prometido el Estado, a través de las autoridades de los distintos Gobiernos, a las diferentes comunidades indígenas.
Por eso hemos triplicado el presupuesto para el proceso de compra de tierras. Y los antecedentes están a la vista, por cuanto son públicos, razón por la cual cualquier persona puede acceder a ellos.
Hemos avanzado en procesos de compra de tierras para comunidades que han esperado 17, 18, 20 años. Estamos atendiendo ese problema recién ahora -¡recién ahora!-, al momento de realizar un balance general para determinar cómo salir adelante en esta materia.
Y, al mismo tiempo, han existido hechos de violencia. ¡Quién puede estar de acuerdo en esta Sala con los hechos de violencia! Quiero decir que hemos presentado 120 querellas en la zona de La Araucanía: 36 por ciento más que en los últimos años. ¡120 querellas!
Se ha aumentado el personal policial en 16 por ciento.
Hemos modificado la estructura de inteligencia en la zona.
Hemos designado prefectos especiales para que se hagan cargo de esto.
Hemos fortalecido nuestros equipos jurídicos. Por eso se han presentado tantas acciones legales.
Asimismo, hemos solicitado al Ministerio Público la designación de los fiscales preferentes, que ya se está concretando.
Entonces, yo quiero decir lo siguiente: desde el primer día que llegamos al Gobierno nos hemos hecho cargo de esta situación, dado que ningún Estado de Derecho puede tolerar hechos de violencia. Ningún gobierno -el que sea- puede permitir que haya personas violentadas. Eso no corresponde. Eso no es aceptable.
Hemos tomado todas las medidas que están al alcance de nuestras atribuciones. Porque el Gobierno no investiga, quisiera aclarar. ¡El Gobierno no investiga!
El Gobierno tiene la obligación de brindar seguridad a través de las fuerzas policiales. Tiene la obligación de hacerse parte de estas acciones. Tiene la obligación, por supuesto, de establecer la coordinación con el Ministerio Público y hacer presente la preocupación del Estado. Pero el Gobierno no investiga.
Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestras atribuciones, hemos tomado todas y cada una de las medidas de orden público que se han requerido.
Esto va de la mano de algunos hechos puntuales.
Hemos pedido muchos refuerzos al Ministerio Público y a las policías con el fin de investigar a fondo situaciones que han afectado no solo a La Araucanía, sino también a la provincia de Arauco, como el robo de madera, el abigeato y, en especial, la quema de camiones. Hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario y eficaz para que las personas que se hallan detrás de estos hechos sean drásticamente sancionadas.
Les decía que estamos aumentando la presencia policial. Y vamos a seguir velando por el respeto del Estado de Derecho. Pero queda claro que la solución en este caso no se puede mirar desde un solo ángulo. Eso lo han dicho aquí Senadores, lo que me alegra mucho. Hay propuestas también. Muchas de ellas están en nuestro Programa de Gobierno y fueron planteadas posteriormente por la Presidenta de la República el 23 de junio del año 2014.
Dicho lo anterior, estamos absolutamente convencidos de que aquí no solo se trata de aumentar presupuestos para la compra de tierras; no solo se trata de incrementar la fuerza policial; no solo se trata de presentar querellas; no solo se trata de ocupar todas las herramientas que la ley dispone; no solo se trata de tener una institucionalidad acorde, porque claramente a la CONADI le falta mucho más para poder cumplir su rol, un rol que se vio a principios de los noventa.
Todo ello no es suficiente. Obviamente, es necesario crear una contraparte como el Consejo de Pueblos Indígenas, un organismo que sea legitimado por las propias comunidades. Pero faltan también dos cosas esenciales, y qué bueno que estemos en el Senado para decirlo: la participación política de nuestros pueblos originarios en el lugar, en la institucionalidad que corresponde y, más importante aún, que nuestro país reconozca su condición pluricultural.
Creo que avanzando en esa línea -y me anima mucho advertir que contamos con un amplio consenso al respecto- vamos a encontrar una salida de fondo para una problemática que afecta a tantas personas y que ha generado situaciones de violencia que, insisto, son inaceptables.
Frente a eso, nosotros vamos a seguir presentando acciones legales, fortaleciendo todo lo que sea necesario nuestra presencia policial en la zona, y brindando todas las herramientas que están al alcance del Gobierno para que el Estado de Derecho impere en la Región de La Araucanía.
Muchas gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Agradecemos a todas las autoridades que nos han acompañado en esta oportunidad.