BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO PARA

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, con mucho agrado concurro a aprobar esta iniciativa, convenida con uno de los actores centrales del proceso de cambio que impulsa la educación chilena: el Colegio de Profesores.

Con este articulado se reconoce el aporte insustituible de los profesores que se han desempeñado durante décadas en el sector público. Muchos de ellos ejercieron en nuestras escuelas públicas justamente en el período de mayor precariedad de sus empleos, cuando sus remuneraciones -y acá se olvida- se acercaban al ingreso mínimo. Ellos son testigos privilegiados del proceso de destrucción de nuestra educación pública que ahora el Gobierno se ha propuesto revertir. Y son también testigos del engaño que significó el sistema previsional al que se vieron obligados a adherir millones de trabajadores, incluidos los profesores, y que ahora no les puede asegurar pensiones dignas para vivir decentemente, como acá se ha dicho una y otra vez.

Por estas razones, el proyecto de ley que estamos tratando es de total justicia, y anuncio mi voto favorable.

Sin embargo, me valgo de esta oportunidad para plantear también algunas dudas sobre la materia.

La primera se refiere al financiamiento de esta bonificación.

Es cierto que se hizo un esfuerzo con relación al proyecto original, que consideraba que el financiamiento de la bonificación era de cargo exclusivo de los sostenedores -es decir, de los municipios o sus corporaciones municipales-, habilitándolos para endeudarse a través del mecanismo de los anticipos de la subvención.

Este procedimiento se modificó con un aporte complementario del Fisco, el que a mi modo de ver aún no hace plena justicia con los municipios, que han realizado un importante esfuerzo en los últimos años para que el sistema no quebrara por la insuficiencia de la subvención y que aún deberán seguir aportando, pese a que se ha anunciado que la educación dejará de ser de su responsabilidad.

Si a lo anterior se suma que no ha habido ningún cambio al Fondo Común Municipal y que el aporte extraordinario del Fisco a este Fondo ha sido modesto, es explicable que muchos alcaldes no estén conformes con el trato recibido desde el Gobierno central.

Por otro lado, aún no existe claridad sobre el momento en que el Ejecutivo ingresará al Congreso Nacional el proyecto de desmunicipalización de la educación pública.

Este retraso fue objeto de mucha controversia el año pasado y no puede seguir siendo tema de discusión. Es inexplicable que se continúe postergando el debate acerca de la estructura que adoptará la educación pública, la cual, como todos lo han dicho, debe ser el eje de la educación gratuita y de calidad que se merecen nuestros niños y jóvenes y del respeto y reconocimiento que se merecen nuestros profesores.