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BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO PARA
PROFESIONALES DE EDUCACIÓN


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga una bonificación por retiro voluntario a los profesionales de la educación que se señalan, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y certificado de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.866-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 96ª, en 10 de marzo de 2015.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, sesión 2ª, en 17 de marzo de 2015.
Hacienda (certificado), sesión 2ª, en 17 de marzo de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es otorgar una bonificación por retiro voluntario ascendente a un monto de hasta veintiún millones quinientos mil pesos, proporcional a las horas de contrato y los años de servicio o fracción superior a seis meses en la respectiva dotación docente o establecimiento, a los profesionales de la educación del sector municipal y de los establecimientos de administración delegada regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, que al 31 de diciembre de 2015 hayan cumplido o cumplan la edad legal requerida para pensionarse por vejez.
La Comisión de Educación discutió el proyecto en general y en particular a la vez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Quintana y Rossi, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados
La Comisión de Hacienda lo acogió en la misma forma también por la unanimidad de sus integrantes, Honorables señores Coloma, García, Montes, Quintana y Zaldívar.
El texto propuesto se consigna en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana, Presidente de la Comisión de Educación.


El señor QUINTANA.- Señor Presidente, haré una breve relación respecto de la iniciativa, la cual, como se ha dicho, fue analizada en el órgano técnico que encabezo y asimismo, en la mañana de hoy, en la Comisión de Hacienda.
La bonificación que se otorga se inscribe en un proceso de fortalecimiento de la profesión docente y es fruto de un acuerdo entre el Gobierno y el Colegio de Profesores de Chile, institución que representa a la inmensa mayoría de los profesionales de la enseñanza escolar. Dicha concordancia se logró en el contexto de las negociaciones para resolver las demandas planteadas por el gremio en la denominada "agenda corta".
Cabe tener en cuenta que el proyecto beneficiará, potencialmente, a más de diez mil docentes, de los cuales nueve mil 978 se desempeñan en el sector municipal y 353 en establecimientos de administración delegada, regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980.
En la Comisión de Educación, presidida hasta ese momento por el Honorable señor Rossi, escuchamos al Colegio de la Orden, representado por su Presidente nacional, señor Jaime Gajardo, y a la Asociación Chilena de Municipalidades, por la cual intervino el Presidente de su Comisión de Educación, señor Gonzalo Navarrete, Alcalde de Lo Prado.
Finalmente, es necesario destacar el esfuerzo del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet al incrementar el aporte fiscal para la bonificación por retiro voluntario, de veinte mil millones de pesos, que era la propuesta original, a ciento quince mil millones, lo que, por supuesto, resuelve muchas de las preocupaciones expresadas por la Asociación Chilena de Municipalidades. El proyecto, además, considera 37 horas semanales para otorgar el monto máximo, y a partir de ellas se calculará el bono que recibirán los docentes con menos horas de contrato.
Es lo que puedo informar sobre lo actuado por la Comisión de Educación, sin perjuicio de lo que podré agregar en el fundamento de mi voto.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, después de que el órgano técnico en la especialidad estudiara el proyecto, la Comisión de Hacienda revisó la parte financiera.
Parto por consignar que la bonificación por retiro voluntario que la iniciativa otorga a profesoras mayores de 60 años y a profesores mayores de 65 años es la repetición del contenido de normativas que el Congreso ha venido estudiando para paliar en parte el daño previsional del que se ha estado reclamando desde hace una larga data. Es la única manera de permitir cierta renovación. Se ha aprobado cada cierto tiempo un sinnúmero de iniciativas en tal sentido. Incluso, la que se encuentra en debate no es la primera respecto del sector de la enseñanza.
A lo dicho por el señor Presidente de la Comisión de Educación cabe agregar que los docentes podrán acogerse al proyecto siempre que, habiendo cumplido el requisito de edad al 31 de diciembre de 2012, formalicen su renuncia voluntaria hasta el 1° de junio de 2015, y de que esta última la presenten antes del 2 de noviembre próximo en el caso de verificarse la condición entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.
La bonificación que se promete pagar asciende a veintiún millones quinientos mil pesos para cada profesor, más el bono compensatorio aprobado en la ley N° 19.504, con relación a los empleados públicos en general, que es del orden de 60 mil pesos mensuales.
Como se expresa en los antecedentes, se favorece a nueve mil 978 docentes, a los que se suman 353 de los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, de administración delegada. Estos últimos son del Estado, pero administrados por privados.
Por primera vez -y es preciso destacarlo-, el Gobierno va a participar en forma directa y en una proporción importante en el pago del beneficio. Normalmente, cuando se ha tratado de medidas de esta índole, las municipalidades han tenido que cargar con gran parte de las indemnizaciones. En este caso, subió el aporte fiscal propuesto en el proyecto que se vio en la Cámara -es la otra rama del Congreso la que obtuvo la modificación-, del orden de 12 por ciento del costo. Conforme al segundo informe financiero, el compromiso es pagar el 65 por ciento, lo cual significa un desembolso del orden de 115 mil millones de pesos, lo que se agrega a unos 5 mil millones por los colegios de administración delegada. Ello significa que las municipalidades no van a enfrentar un gravamen con motivo del recambio.
Se puede preguntar: "Bueno, ¿y por qué no el cien por ciento?". Se nos explicó que si se lleva a cabo una renovación y se contrata personal para remplazar al que jubile, un profesor saliente, con el nivel de tiempo de servicio, significa del orden de un millón 200 mil o un millón 300 mil pesos de remuneración, mientras que quien asume representa del orden de 700 mil. O sea, se registra una baja de costo indiscutible.
Y, con frecuencia, en muchos casos es preciso adecuar la dotación de maestros, porque, como sabemos, la matrícula en los colegios municipales ha disminuido, de modo que puede tener lugar un exceso de educadores.
Creo que en este caso no va a haber, entonces, un gravamen para las municipalidades.
Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda aprobó y despachó el proyecto por unanimidad, con algunas observaciones.
La pregunta principal fue por qué no se otorgaba el beneficio a la "laguna" de profesores que no se habían acogido a retiro voluntario entre la última ley y el proyecto en debate. Al parecer, un conjunto de ellos no pudieron hacerlo y tuvieron que jubilar por razones de enfermedad u otras, habiendo cumplido la edad. Eso se le hizo presente al Ejecutivo.
Y, en segundo término, los Senadores señores Coloma y García, principalmente -la FIDE también lo planteó en la Comisión-, consultaron, tratándose de la administración delegada, por qué el beneficio del retiro voluntario no se hacía extensivo a los colegios particulares subvencionados.
Se explicó que si bien la administración delegada es llevada a cabo por privados, los establecimientos son del Estado, y que no se ha contemplado por ningún motivo hacer extensivo el beneficio a más de 70 mil profesores en los colegios particulares subvencionados, que cuentan con otro régimen laboral, porque están acogidos al Código del Trabajo y no al Estatuto Docente.
Estas fueron las razones por las cuales, en definitiva, la Comisión aprobó en general por unanimidad la iniciativa, con las observaciones formuladas por dos señores Senadores.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.


El señor PROKURICA.- Señor Presidente, existe una fuerte relación, sin duda, entre la vida laboral, el reconocimiento social y económico de las profesiones y la jubilación. Sin embargo, en el caso de nuestros docentes, lamentablemente, cada uno de estos aspectos ha ido sufriendo un grave deterioro en las últimas décadas.
En ese sentido, las cifras del Colegio de Profesores dicen que el año 2013 había más de noventa mil maestros trabajando en los colegios municipalizados. De ellos, alrededor de trece mil están o estarán en condiciones de jubilar por cumplir la edad legal entre diciembre de 2012 y diciembre próximo.
No obstante, según datos del Ministerio correspondientes al año recién pasado, unos nueve mil no se han acogido a retiro, a pesar de cumplir las condiciones, ya que no quieren pasar hambre debido a que van a jubilar con una pensión muy baja. Siete mil de estos docentes llevan más de cuarenta años de servicio, o sea, toda una vida entregada a la docencia, encontrándose en edad de poder descansar.
El proyecto en examen plantea un plan especial de retiro para los docentes del sector municipal y de los establecimientos de administración delegada regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, que hayan cumplido las edades legales para pensionarse por vejez.
Se dispone una bonificación por retiro voluntario, pagada por una sola vez, para el personal que al 31 de diciembre de 2015 haya cumplido o cumpla sesenta años de edad o más, si se trata de mujeres, o sesenta y cinco años o más, si son hombres.
Asimismo, se permite que los profesionales de la educación con derecho al bono poslaboral establecido en la ley N° 20.305 gocen de ambos beneficios, lo que quedará claro. Porque, muchas veces, los profesores nos preguntan si pierden uno en caso de optar por el otro. Creo que en esta norma al fin aclaramos el punto.
La iniciativa legal beneficiará potencialmente a más de diez mil docentes: 9 mil 978 de ellos se desempeñan en el sector municipal y 353 en los establecimientos de administración delegada regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980.
Se ha introducido una indicación que modifica la forma de financiamiento de la bonificación por retiro voluntario correspondiente al sector municipal, lo que establece el artículo 6 ° del proyecto.
Cabe precisar que se mantiene la regla general en el sentido de que la bonificación será de cargo del sostenedor del sector municipal hasta el monto que le correspondiere pagar en el caso de la indemnización establecida en el artículo 73 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Educación, y que para dicha cancelación la municipalidad o corporación podrá solicitar anticipos de subvenciones. Este es otro asunto que los alcaldes nos plantean permanentemente: no cabe aprobar beneficios que no estén legalmente financiados.
La diferencia entre la bonificación por retiro voluntario y el monto que al sostenedor municipal le corresponde pagar, si lo hubiere, será cubierta por un aporte extraordinario de cargo fiscal.
El complemento de cargo fiscal que reintegra el 25 por ciento de los aportes propios del sostenedor será entregado por el Ministerio de Educación.
Señor Presidente, el proyecto va en la línea correcta. Miles de profesores próximos a jubilar están haciendo clases en una situación de incertidumbre e insatisfacción y con la sensación de sentirse subvalorados por el Estado y la sociedad. Además, son malamente retribuidos por años de labor pedagógica.
Actualmente, los docentes están recibiendo, en promedio, una pensión de 180 mil o 200 mil pesos. Incluso hay casos en que el monto es de 120 mil pesos a pesar de haberse trabajado treinta años, lo que representa menos del 25 por ciento de la última remuneración.
En este sentido, la bonificación en examen viene a mejorar, en parte, las malas pensiones que los profesores reciben, y creo, por eso, que el proyecto va en la línea correcta, razón por la cual lo votaremos a favor.
El señor HARBOE.- Pido abrir la votación, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías abrir la votación, respetando los tiempos?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi para fundamentar su voto.


El señor ROSSI.- Señor Presidente, este proyecto es tremendamente importante, porque de alguna manera constituye una señal muy clara de que el Gobierno está cumpliendo el compromiso adquirido con los profesores cuando se discutió la agenda corta.
Hace algunos meses despachamos el proyecto que permite el acceso a la titularidad docente a los maestros de escuelas públicas que se hayan desempeñado como docentes de aula a contrata durante al menos tres años continuos o cuatro años discontinuos.
Una gran cantidad de profesores de todo Chile que vivían en una situación de tremenda precariedad laboral hoy debiesen pasar a la planta. Espero que los municipios respeten la decisión del Parlamento.
Existen otras materias que se encuentran incorporadas en la agenda corta, como el agobio laboral, las horas lectivas y las horas no lectivas, que forman parte justamente del proyecto de carrera docente que ojalá empecemos a discutir en tiempo próximo.
Pero la iniciativa que ahora nos ocupa viene a hacerse cargo de un problema que surge al final de la carrera docente, que tiene que ver con las bajas pensiones de los profesores producto de sus bajos sueldos. Recientemente se dio a conocer un estudio que indicaba que un docente recién egresado de educación básica gana 500 mil pesos mensuales. Lo importante es cómo somos capaces de darle el estatus que debe tener el profesor. Se trata, quizás, de la carrera más importante.
La ley en proyecto permite mejorar la pensión e incentivar el retiro de 10 mil profesores en Chile.
Hoy existen 100 mil docentes que forman parte de la dotación municipal. Este proyecto va a entregarles un bono -ya se señaló- de 21 millones y medio de pesos a los profesionales de la educación que se hallen contratados por los municipios y tengan un contrato de entre 37 y 44 horas (aquellos con menos de 37 horas recibirán una cifra proporcionalmente menor).
Los profesores que no se acogieron al beneficio anterior también podrán optar a esta bonificación.
Así que se trata de una muy buena noticia para todos los docentes de nuestro país. Sin duda alguna, le dará tiraje a la chimenea.
Ahora, quiero situar esta iniciativa más bien en el marco de la discusión general de una nueva carrera docente. Porque el mejoramiento de las pensiones de los profesionales de la educación tiene que ver también con el fortalecimiento de una carrera docente que permita establecer distintos tramos. Así, los profesores, no solo por el paso del tiempo, sino también en la medida en que se capaciten, se certifiquen, podrán ir mejorando sus remuneraciones y obtener una pensión mayor al momento de jubilar.
Es lo que quería plantear, señor Presidente: una muy buena noticia para muchos profesores y profesoras de Chile. Ellos entregan su vida a la educación de nuestros hijos e hijas y, lamentablemente, al momento de jubilar muchas veces les damos la espalda.
Sé que se trata de una aspiración muy sentida de este sector. ¡Y qué bueno que hoy estemos aprobando esta iniciativa!
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Ruego guardar silencio a quienes asisten a las tribunas. Les debo hacer presente que no están permitidas las manifestaciones.


La señora VON BAER.- Señor Presidente, uno de los grandes desafíos -lo conversamos en la Comisión- para lograr una educación de calidad en Chile dice relación con los profesores, con la carrera docente, con la problemática de los muy bajos sueldos que perciben y de las pensiones con que se jubilan luego de entregar una vida a la educación de los hijos de nuestro país, las cuales no les permiten vivir dignamente.
Si hay algo en lo que a mi juicio existe acuerdo transversal es en el hecho de que, si queremos educación de calidad, debemos establecer una carrera docente digna, atractiva, con muy buenos sueldos y, además, con pensiones que permitan a nuestros profesores vivir con dignidad, en agradecimiento también a la tarea que han cumplido durante toda su vida.
En tal sentido, nos parece que este proyecto va en la dirección correcta, porque, finalmente, significa una mejora para las pensiones de nuestros profesores: hace posible que docentes que han entregado su vida a educar niños accedan, a través de este bono al retiro, a una pensión mejor.
Creemos, pues, que es una buena noticia para los profesionales de la educación. Por ello, votamos transversalmente a favor de esta iniciativa en la Comisión de Educación.
Sin embargo, señor Presidente, hay que tener claro que se trata de un paliativo. No es una legislación permanente que permita que de aquí en adelante los profesores accedan a una pensión digna. No. Esta es una medida puntual, que les permite a los profesores que hoy están por jubilar alcanzar una mejor pensión mediante una bonificación específica.
Por lo tanto, aunque saludamos esta iniciativa del Ejecutivo, sí debemos poner sobre la mesa -como lo dijeron también algunos Senadores que me antecedieron- la necesidad de una solución de fondo, que permita tener muy buenos sueldos para los buenos profesores y, además, pensiones dignas para quienes entregan su vida a educar al futuro de nuestro país, que son nuestros niños.
Esperamos que el Ejecutivo -se ha dicho a través de la prensa- ingrese pronto un proyecto de ley que se haga cargo de la problemática de fondo: cómo entregamos mejores remuneraciones a los profesores y, a través de ello, les permitimos obtener pensiones dignas. Todo ello, ciertamente, con el establecimiento de una carrera docente atractiva para los mejores.
En consecuencia, despejado el primer punto, en el sentido de que este es un proyecto que nosotros saludamos y apoyamos, la siguiente pregunta es quién financia este bono. Porque ya aprobamos la ley que pasa a planta a los profesores que se desempeñan a contrata en los establecimientos municipales. Y eso debe ser financiado por los municipios.
Aquí estaba sucediendo una cosa bastante parecida. Porque hubo una negociación entre el Gobierno central, representado por el Ministerio de Educación, y los profesores directamente. Se llegó a un acuerdo, pero quienes deben pagar, financiar esta bonificación son los municipios. Es algo así como que dos personas se juntan a comer y un tercero debe cancelarles la cuenta.
Todos sabemos que la educación municipal está subfinanciada. Uno de los grandes problemas de la descentralización en Chile es que les hemos entregado tareas a los municipios, pero el Gobierno central no les ha dado el financiamiento necesario para que puedan cumplirlas bien.
Nuestra preocupación en la Comisión decía relación con quién financia finalmente este bono de incentivo al retiro, sin que signifique un aumento adicional en el costo para los municipios.
La verdad es que al principio el financiamiento directo del Fisco era de solo 11 por ciento, y el financiamiento municipal, o sea, de los sostenedores, era de 89 por ciento. Por lo tanto, durante el trámite en la Cámara de Diputados hubo una conversación con el Ejecutivo, que en definitiva accedió a ingresar una indicación sustitutiva para que el aporte del Fisco aumentara a 65,2 por ciento.
Después de escuchar las explicaciones de la Subsecretaria en cuanto a que el financiamiento del bono por retiro voluntario no necesariamente significará un gasto adicional para los municipios (porque el costo del pago de la plantilla docente caerá en aquellos donde los profesores accedan al bono), dimos nuestro asentimiento para votar este proyecto lo antes posible, ya que, efectivamente, en ese minuto existía la posibilidad de retrasar su discusión.
Nosotros accedimos a votarlo lo más rápidamente posible, a que fuera analizado con celeridad por la Comisión de Hacienda y a tratarlo sobre tabla hoy en la Sala; por lo tanto, como Oposición, abrimos todas las puertas para que el beneficio pueda llegar cuanto antes a los profesores, resguardando, sí, que los municipios no sean los que se lleven la carga de una negociación efectuada entre los profesores y el Ejecutivo.
Resumiendo, señor Presidente, creemos que este es un paso en la dirección correcta. Saludamos este proyecto; lo aprobamos, pero, constituyendo un paso positivo, es un paliativo, por lo que esperamos que sea seguido por una solución de fondo -es lo que ansiamos todos- que permita una carrera docente que signifique mejores sueldos para los profesores y pensiones más dignas para quienes dedican su vida a educar a nuestros niños.
Por tal motivo, voto a favor.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Saludo la presencia del Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre; de la Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, y por supuesto, del Colegio de Profesores, encabezado por su Presidente, Jaime Gajardo.
Muchas gracias por acompañarnos.
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.


El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, parto por expresar que vamos a votar a favor de este proyecto de ley. Lo digo no solo a nivel personal, sino también pensando en la conducta invariable que han tenido nuestros Diputados y Senadores. Por lo tanto, hablo por mi partido, la Democracia Cristiana, que tiene un compromiso muy importante con la reforma educacional, con la situación de los profesores, tanto del sector público como del privado, que suman cerca de 200 mil en Chile -dato que a veces se nos olvida-, y, particularmente, con los 90 mil maestros de la educación pública que la han mantenido en pie.
Además, celebro el esfuerzo que estamos haciendo, como Gobierno, en cuanto a tratar de estibar la nave de una mejor forma, lo que significa un esfuerzo especial en materia de educación pública, que el año 1990 representaba el 60 por ciento de la matrícula, y hoy, el 37 por ciento.
Por consiguiente, si queremos una educación mixta (pública y privada), como siempre lo hemos sostenido en la Democracia Cristiana, es lógico tratar de estibar la nave de una mejor forma, tratando de revertir la tendencia en perjuicio de la educación pública.
Ciertamente, este proyecto (que es parte de un acuerdo, de un compromiso de la Presidenta Bachelet con los profesores del sector público y que cuenta con todo nuestro apoyo -reitero- como Partido) contempla un beneficio muy concreto: hasta 21 millones y medio de pesos en proporción a las horas de contrato y los años de servicio, con un costo total para el erario de 177 mil millones de pesos.
Estamos hablando, solo por concepto de esta iniciativa, de unos 290 millones de dólares, que van a significar -insisto- hasta 21 millones y medio de pesos para los sectores de más horas de contrato, en los que el Fisco asume el 65 por ciento del costo. Por ende, es también un alivio para los municipios, que siempre nos han expresado su inquietud acerca de este tipo de leyes, que muchas veces hacen recaer el esfuerzo de financiamiento en ellos, que no tienen ninguna posibilidad de enfrentarlo.
En consecuencia, el 65 por ciento de los 177 mil millones de pesos, equivalentes a 290 millones de dólares, será de cargo fiscal. Y por eso vamos a votar a favor.
Sin embargo, quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con los colegas dos preocupaciones, entre muchas otras que uno podría mencionar.
Primero, ¿cómo se va a velar para que los cupos o vacantes que queden disponibles (entre comillas) sean proveídos de manera adecuada? Porque se van a retirar unos 10 mil profesores y profesoras -muy merecidamente, por lo demás; casi una necesidad, diría yo- de los 90 mil profesores del sistema público. O sea, estamos hablando de más del 10 por ciento de la dotación docente de la educación pública chilena. Ese es, potencialmente, el beneficio de este proyecto.
Pero, como el sostenedor es el municipio, que tiene personalidad jurídica de derecho público y autonomía, no sabemos qué va a ocurrir con las vacantes (entre comillas) que queden disponibles (entre comillas). Y digo "entre comillas" porque todo esto es potencial. Lo único que sabemos es que la matrícula del sector público ha ido disminuyendo en forma sistemática en los últimos 20 o 25 años. El proyecto hace un esfuerzo, pero un esfuerzo que demuestra las limitaciones que tiene el Gobierno, el Fisco, el Estado, dada la autonomía de los municipios como sostenedores.
Entonces, yo los quiero remitir al artículo 3° del proyecto, incisos quinto y siguientes. Esto es bien complejo, porque cuando se produzcan horas de vacancia los sostenedores deberán informar al Ministerio de Educación y enviarle una nómina con las vacantes producidas. ¡Nada más que informar! ¡El Ministerio no tiene ninguna posibilidad de decidir nada!
"En caso de que requieran proveer dichas vacantes" -que no es necesario pero sí posible- "deberán informar previamente al Departamento" de educación correspondiente. ¡Solamente informar! Es lo que señala el inciso séptimo. Y el siguiente agrega que "el departamento podrá realizar observaciones fundadas al informe antedicho". ¡Nada más que observaciones! No tiene ninguna posibilidad de decidir. Y en ese caso el sostenedor lo único que tiene que hacer es informar, previamente a la contratación, al concejo municipal.
Por lo tanto, manifiesto mi preocupación en esta materia. Aquí se pueden producir, potencialmente, hasta 10 mil vacantes. ¿Cómo se van a proveer, cuando sea necesario?
Y paso a mi segunda inquietud, que es más de fondo: ¿cómo engarza este proyecto, o no engarza, con el tema de fondo? Porque, finalmente, estamos llegando a los maestros, a los profesores, y viene la carrera docente.
Y ahí tenemos un problema de fondo. En la actualidad, hay 140 mil alumnos y alumnas en carreras pedagógicas. Y el sistema solo puede absorber a unos 12 mil. O sea, hay decenas de miles de estudiantes y sus familias que están siendo inducidos a error y a los cuales se les está creando una falsa expectativa. La mayoría de las carreras no están siquiera acreditadas.
Y la carrera docente que viene, que se avecina -por lo que uno ha escuchado de las intervenciones del Ministro de Educación, de las conversaciones-, va a contemplar cosas importantes.
Primero: acreditación. Los alumnos que estudien en instituciones que no tengan acreditada la carrera pedagógica no podrán recibirse ni hacer clases. ¡Algo completamente lógico!
Segundo: certificación, evaluación. ¿Por qué? Porque queremos a los mejores profesores de Chile, vocacionalmente hablando, ojalá en el sector público, o en el sector privado. Pero aquí estamos tratando de revertir esta tendencia con un esfuerzo especial en materia de educación pública.
Se habla mucho de Finlandia y Singapur. Fíjense en el dato que voy a dar, que fue entregado por el Ministerio en la Comisión hace algún tiempo. En dichos países, paradigmas de educación pública en el mundo, solo el 15 por ciento de los estudiantes que ingresan a una carrera pedagógica son en definitiva contratados como profesores e incorporados a la planta docente. ¡El 15 por ciento! El sistema es altamente selectivo. ¿Por qué? Porque ser profesor constituye un factor estimulante: primero, por las remuneraciones que se reciben, y segundo, por el prestigio social.
Entonces, obviamente, nuestros niveles de ambición respecto de la futura carrera docente tendrían que ser la respuesta definitiva.
Sin embargo, esta normativa no lo es, pues todos sabemos que se trata de un acuerdo temporal, necesario, indispensable, impostergable, que puede llegar a beneficiar a 10 mil profesores -me alegro; estupendo-, pero que no resuelve el problema de fondo.
Debemos ser capaces de insertar este proyecto, y este acuerdo, en la satisfacción de una deuda legítima que exige el Colegio de Profesores y de vincularlo a un esfuerzo de carrera docente que capte a los mejores alumnos de cuarto medio para atraerlos a las carreras pedagógicas con tales niveles de exigencia y, en contrapartida, de remuneración, que permitan avanzar hacia una educación de calidad en condiciones de equidad.
Voto a favor, pero con la doble preocupación que dejo expresada.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Solicito la anuencia de la Sala para que ingrese el señor Subsecretario del Trabajo y Previsión Social.
--Así se acuerda.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.


El señor GARCÍA.- Señor Presidente, nos pronunciaremos a favor de esta iniciativa, porque es de toda justicia que los profesores que deseen jubilar cuenten con este incentivo al retiro.
Eso sí, hubiésemos querido que este proyecto fuera más completo, que contemplara beneficios otorgados a otros gremios que en el caso de los profesores no se entregan.
Por ejemplo, cuando legislamos en favor de los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que también es un servicio público dependiente del Ministerio de Educación, establecimos que los trabajadores de la JUNJI acogidos a retiro sin recibir este incentivo pudieran beneficiarse con las nuevas disposiciones.
Lo mismo ocurrió cuando tramitamos una iniciativa para la gran mayoría de los funcionarios públicos, conocida básicamente como incentivo al retiro de los trabajadores agrupados en la ANEF.
En esta ocasión los profesores que se acogieron a retiro entre la última ley vigente y la presente iniciativa no tendrán derecho a este incentivo. Se trata de docentes que tuvieron que jubilar por razones de salud, de avanzada edad, de cansancio, en fin.
Como se había actuado así respecto de otros gremios, parecía absolutamente justo darles también a ellos este bono.
Consultamos en la Comisión de Hacienda sobre el particular, pero la verdad es que no hubo respuesta para esta grave omisión, que lamentablemente significará que quienes se acogieron a retiro en las condiciones señaladas no podrán impetrar el beneficio.
Hay otra situación importante: todos sabemos que un alto porcentaje de profesores son mujeres. En proyectos de ley similares a este se les daba a ellas la posibilidad de elegir pensionarse entre los 60 y los 65 años, atendido el hecho de que obligar a una mujer a jubilar con 60 años implica que tendrá cinco años menos de cotizaciones y que, además, deberá cubrir con sus fondos cinco años más de pago de jubilación. Y los cálculos más optimistas estiman que esa persona verá perjudicada su pensión en no menos de 30 por ciento.
Durante la primera semana de este mes Su Excelencia la Presidenta de la República promulgó la ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
Al respecto, quiero señalar que en esta normativa consagramos una vez más una discriminación que afecta todo el período que cubrirá la pensión, en este caso concreto, de las profesoras.
El Ministro de Educación dijo: "Este es un retiro voluntario". Es cierto, pero también lo es que quien no opte ahora por el beneficio lo perderá. Por consiguiente, existe una fuerza orientada a que se acoja a retiro.
Insisto, señor Presidente: lo considero profundamente injusto, ya que significará que probablemente miles de profesoras que presenten su renuncia de aquí al 31 de diciembre del año en curso quedarán, en definitiva, con una pensión 30 por ciento inferior, lo cual no solo es injusto, sino que no guarda relación con todos los pasos que el país está dando para alcanzar igualdad de género, de oportunidades, de condiciones y de trato entre hombres y mujeres.
Es preciso señalar que desde estas bancadas valoramos profundamente el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Educación y el de Hacienda para financiar con recursos de este último (117 mil millones de pesos) el presente incentivo al retiro y no con cargo a anticipos de la subvención, como se hizo con muchos otros proyectos de este tipo. Estimo que ir aliviando el financiamiento municipal de la educación termina finalmente por contribuir en gran cantidad a su mejor calidad.
Sin embargo, considero del todo necesario expresar nuestros puntos discrepantes -los hicimos ver con el Senador Juan Antonio Coloma en la Comisión de Hacienda-, y nos gustaría que la Ministra del Trabajo o el Subsecretario del ramo los tuvieran en cuenta en futuros proyectos de incentivo al retiro.
Ojalá podamos arreglar este problema que afecta a las profesoras y a los profesores ya jubilados, que no podrán beneficiarse de este incentivo por no hallarse contemplados en la normativa.
Por último, deseo expresar lo siguiente: hace pocas semanas despachamos un proyecto de ley que establecía la titularidad en el cargo de los profesores con más de tres años de trabajo ininterrumpido o con 20 horas semanales en un lapso de cuatro años, aunque fueran interrumpidos.
Esa ley, que se dictó con la confianza de que favorecería -de hecho, así fue- a muchos profesores, también tiene dificultades. Por ejemplo, los docentes con 30 horas de planta y 14 horas -por llamarlo así- con extensión horaria o a contrata no son contemplados.
Entonces, se produce el absurdo de que docentes con mucho mayor antigüedad quedan con parte de su horario en una situación de completa inestabilidad.
Lo anterior tiene bastante que ver con esta forma de legislar; con esto de que nos fijan urgencia tras urgencia, de que debemos pronunciarnos sin discutir cada una de las situaciones que surgen.
Por lo tanto, hoy existen profesores que legítimamente nos enrostran que la ley no los favorece, que los marginó, en circunstancias de que por lo general se trata de los docentes más antiguos del sistema municipal.
Me parece, señor Presidente, que como son todas materias de iniciativa del Ejecutivo, debe existir voluntad política para corregir los vacíos que van quedando en las distintas iniciativas que tramitamos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Informo a la Sala que ya hay diez inscritos y se siguen inscribiendo más señoras y señores Senadores, en circunstancias de que se hallan en tabla dos proyectos de ley importantes en materia laboral.
Si le parece a la Sala, limitaríamos las intervenciones a cinco minutos.
El señor COLOMA.- No, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio, (Presidente).- No hay acuerdo.
¿Y si hiciéramos una excepción con el Senador señor Coloma?
Tampoco lo hay.
Entonces, pido encarecidamente a Sus Señorías, apelando a la buena voluntad de cada uno, que, por favor, tratemos de ser más sintéticos para poder votar las otras iniciativas.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.


El señor TUMA.- Señor Presidente, intentaré reducir mi intervención a cinco minutos, al objeto de tratar los otros proyectos que también benefician a los trabajadores.
--(Aplausos en tribunas).
Quiero señalar que me gusta la iniciativa porque ayudará a que muchos profesores que por más de treinta años han dejado sus pulmones en las aulas de clases reciban algunos recursos para poder mejorar su situación económica a la hora de retirarse.
Aquí se mencionó que algunos docentes perciben una renta mensual de un millón 300 mil pesos, dada su antigüedad, y resulta que ahora los municipios podrán contratar profesores más económicos.
El tema de fondo que debemos debatir no es cuánto ni cómo aprobamos un incentivo al retiro (lo hemos hecho con tantos gremios y en diversas oportunidades en el Congreso).
Cabe destacar que Chile es el único país del mundo donde periódicamente el Parlamento despacha leyes con ese tipo de incentivos.
¿Por qué no se jubilan los trabajadores chilenos?
¡Esto es el reflejo del fracaso del sistema previsional!
¿Hasta cuándo seguiremos legislando con parches y entregando bonificaciones, subsidios e incentivos al retiro para los distintos gremios?
Quienes se acogerán ahora a retiro lo harán obligados, pues deberán aprovechar una oportunidad que, a lo mejor, después no tendrán.
¡Es lo que hay! Sin embargo, no es lo que esperan los trabajadores ni mucho menos los profesores y las profesoras después de haber entregado toda una vida a la docencia. De tal manera que esta iniciativa no es para sentirnos contentos, ni para celebrar, ni para hacer un desfile.
Estoy seguro de que si se aprueba el proyecto ninguno de los profesores que va a recibir el beneficio saldrá a festejar. ¡Esto no es para un festejo! ¡Es la confirmación del empobrecimiento de los pensionados, en general, y de los profesores, en particular!
Aquí no se da cuenta del daño previsional. No nos hacemos cargo del perjuicio causado a los trabajadores durante tanto tiempo con un sistema previsional que expropia sus recursos. Además, los mismos fondos por los cuales les pagan una rentabilidad de 5 por ciento anual luego los prestan a las mismas familias de los trabajadores a un interés cercano a 50 por ciento.
Es un negocio redondo para los grupos económicos que administran las AFP, y es el peor daño que se hace a los trabajadores de Chile.
Señor Presidente, voy a votar favorablemente el proyecto, pues -repito- es lo que hay.
Es la única oportunidad de los profesores para recuperar algo de los recursos que inmerecidamente no han recibido. Pero seguirán teniendo pensiones de hambre. Es decir, se les entregará un incentivo al retiro, pero no se les mejorarán sus pensiones, las cuales continuarán siendo del orden del ingreso mínimo.
Constituye una vergüenza para el Congreso...
--(Aplausos en tribunas).
... que continuemos parchando legislaciones sin resolver el tema central.
Acá hay un asunto de fondo, que tiene que ver con el mercado laboral precario y mal pagado de los profesores, y no con el argumento de que: "Mire, con esto los municipios van a poder contratar profesores más baratos".
¡Estamos debatiendo una reforma educacional donde el punto de fondo es cómo creamos una carrera docente con sueldos dignos y cómo logramos una previsión decente con pensiones dignas!
--(Aplausos en tribunas).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Solicito a los asistentes a las tribunas que escuchen la sesión sin realizar ningún tipo de manifestaciones.
Señalo lo anterior ajustándome así a lo que indica el Reglamento.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero puntualizar algunas materias respecto a la iniciativa que nos ocupa -al igual como lo hizo el Senador García-, y partir por asumir que, más allá de quién sea su autor, es una buena noticia.
Entiendo que el proyecto puede constituir una solución parche para un tema histórico, que tiene que ver con muchos asuntos. Por ejemplo, que por muchas décadas, transversalmente, no hayan sido imponibles una serie de recursos que se entregaban a los trabajadores del Estado. Eso forma parte muy importante de un problema que se sigue presentando en cada ley en que se dispone: "Este bono no será imponible". Porque, como al final lo que termina siendo imponible es muy poco, se genera una jubilación paupérrima.
Tal situación trata de revertir el proyecto, de alguna manera, por la vía del parche. Y, como declaración inicial, debo decir que eso, que permite que por lo menos 10 mil trabajadores puedan optar al retiro voluntario, es una buena noticia y, obviamente, vale mucho.
En segundo lugar, cabe hacer presente que, si bien en materia de financiamiento aquí hay un cambio relevante respecto a la fuente, en cuanto a que todo lo que se refinanciaba vía municipios se transfiere en parte al Estado, definitivamente debe ser un camino no solo en una línea, sino en una más amplia.
Lo razonable y lógico es que, cuando supuestamente el Estado toma decisiones en esta materia, el financiamiento también debe dirigirse en la misma dirección. Yo entiendo que la DIPRES siempre cuida los recursos -a veces pone un empeño salvaje en ello, cuidándolos a cualquier evento-, y explica que esta iniciativa puede significar un ahorro respecto de los municipios hacia adelante.
Veamos esto en forma seria y calmada: ¿cuál es el objetivo final del proyecto? ¿Generar una renovación del profesorado? Esa sería la alternativa uno. ¿O entregar a los docentes que se retiran una pensión digna?
¡Pongámonos de acuerdo en el objetivo final! Porque si es lo primero, obviamente el beneficio puede tener una vinculación. Pero si es una política pública, cargarle la mano a los municipios, los cuales generalmente suelen recibir todo tipo de imposiciones legislativas, sin una adecuada contraprestación económica no parece ser una lógica virtuosa al momento de legislar.
Como dijo la Senadora Von Baer, el acuerdo a que se llegó con el Gobierno en una negociación, de pasar del financiamiento público de 11 a 65 por ciento, obviamente avanza en una línea correcta. No obstante, hay que preguntar por qué no se llegó a cien por ciento.
Esa interrogante debe ser acuciante para quienes hoy manejan las finanzas públicas. Porque, si es un tema de Estado -como se plantea-, debería tener un correlato equivalente en esta misma línea.
La tercera reflexión, señor Presidente, tiene que ver con el ánimo real de llegar a la igualdad.
No advierto, ni puedo entender, ni aun a la luz de las distintas resoluciones del Ministerio de Educación, dónde radica la diferencia entre un profesor de 65 años que se ha desempeñado en el mundo de la educación particular subvencionada -que, como muchos, dada la edad, se formó en un establecimiento público-, y otro de la municipalizada. No veo motivos para que no tengan los mismos derechos.
En esto se produce una desigualdad enojosa, objetiva. No advierto cuál es la razón de esa discriminación: los dos son profesores; los dos enseñan; y, probablemente, puestos uno frente al otro, ambos tienen el mismo grado de dedicación.
Entonces, no comprendo esta situación sin asumir que ese tipo de beneficios se pueden extender a los profesores de escuelas particulares subvencionadas.
He visto una resolución del mismo Ministerio de Educación, de 6 de marzo de 2015, mediante la cual se responde a una consulta acerca de la naturaleza jurídica de esos profesionales. Y ahí se indica que ellos son responsabilidad del Estado y, por tanto, este es el sostenedor final.
Entonces, en mi opinión, este proyecto no le hace bien a un grupo de educadores, que son importantes para el país. Yo revisé las cifras: cerca de 2 mil trabajadores mirarán pasar por el lado, de refilón, el beneficio que entregará esta futura ley, pues a ellos no les va a llegar.
Y a mí eso no me parece justo.
Le planteé mi inquietud al Ministro e, incluso, pensé en presentar una indicación al respecto, pero no lo hice porque siempre trato de respetar las normas que rigen nuestra institucionalidad, y esa materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
No obstante, debo consignar que me resulta injusto el criterio propuesto, pues perjudica a un sector social relevante: profesoras y profesores que, teniendo más de 60 o 65 años de edad, según el caso, no son favorecidos con el bono de incentivo.
Dejo planteado el punto, ya que -insisto- no me parece justo.
Por último, señor Presidente -lo expresó el Senador García y, quizás, es lo más relevante-, considero que es un error profundo obligar, especialmente a las mujeres que cumplen 60 años, a renunciar a su trabajo como condición para recibir el beneficio en comento.
En días pasados estuve en Talca con profesores que han cumplido esa edad y para ellos esa decisión representa una duda muy trágica. Se trata de gente que tiene vocación de enseñar; que realiza bien su labor -no todo es juventud; también la experiencia constituye un elemento sustancial en cualquier orden de la vida-; que hace un esfuerzo, y que es querida por sus colegas y alumnos.
Sin embargo, dada la forma como está formulada la iniciativa, la única manera en que esas personas obtengan el bono, el cual puede llegar hasta 21 millones de pesos, es renunciar al trabajo este año. ¡No existe una alternativa diferente! Y todos sabemos que si laboraran dos, tres, cuatro, cinco años más, según el caso, su jubilación podría ser muy superior por la otra vía.
Entonces, aquí se está coartando la opción de hacer algo más razonable, y quiero llamar la atención sobre ello.
¡Porque esto es voluntario! ¡Nadie está forzado!
Por lo mismo, para la obtención de este bono, ¿por qué obligar a una docente a no seguir trabajando una vez cumplidos los 60 años?
--(Manifestaciones en tribunas).
Y esa persona que me pifia -no tengo idea quién es- probablemente no conoce a la profesora con la que he conversado y que me dijo: "¿Por qué para recibir el beneficio de este proyecto debo irme ahora, en circunstancias de que podría hacerlo en dos o tres años más?".
Fíjese en un detalle, señor Presidente.
La ley Nº 20.374 -aprobada en su oportunidad por el Parlamento y publicada en septiembre de 2009-, que faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica, preceptúa que podrán acogerse al bono las mujeres "desde que cumplan 60 y hasta los 65 años de edad", según su propia voluntad.
Esa es una forma diferente de ver el mismo problema. Se dice: "Usted reúne los requisitos para recibir el bono porque ya tiene 60 años. Pero, si no quiere renunciar ahora, siga trabajando hasta los 65 años". Este es el plazo máximo que se establecería: cinco años más de docencia sin perderse el beneficio que entrega esta futura ley. En ese período labora; genera desarrollo social; ayuda a la comunidad.
Ese es el tipo de cosas que debemos analizar, pues dicen relación con un mejoramiento en la institucionalidad pública.
No me parece adecuado poner a una persona entre la espada y la pared para otorgarle un bono, obligándola a no continuar trabajando. Esa decisión debe ser voluntaria. Todos los casos no son iguales.
Obviamente, hay gente que está desesperada, angustiada, que quiere retirarse y que carece del incentivo suficiente para hacerlo. Sin embargo, otros profesores aún se sienten en condiciones de seguir laborando. ¡Pero nadie sabe si va a venir otro bono después!
Entonces, este tema es superrelevante.
Por ello, le hemos pedido al Ministro que se haga cargo de este problema. Reconozco que dijo que iba a estudiar la idea. De hecho, se comprometió en la Comisión de Hacienda a plantear una alternativa en esta materia.
Espero que las leyes en Chile sean buenas para todos, no solo para algunos, y que no inhiban el ejercicio de la libertad de otros.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.


El señor MONTES.- Señor Presidente, seré muy telegráfico, porque sé que los trabajadores del comercio esperan que las dos primeras iniciativas que figuran en la tabla se aprueben en esta sesión.
--(Aplausos en tribunas).
En primer lugar, debo consignar que cada cierto tiempo debemos aprobar esta clase de proyectos de ley -esta "muleta"-, porque el sistema previsional no está funcionando. La Ministra del Trabajo y el Subsecretario del ramo deben asumir esa realidad. Por eso tenemos que crear estos bonos de excepción para incentivar a las personas que ya cumplen los requisitos a jubilarse.
Este tipo de legislación es solo una constatación del problema, lo que nos obliga a modificar lo antes posible nuestro sistema previsional.
En segundo término, hago presente que detrás de la iniciativa en análisis parece subyacer la idea de que los profesores mayores no ayudan en la educación, en circunstancias de que, en la mayoría de los casos, ellos son muy talentosos y poseen muchas condiciones para enseñar. Por lo mismo, se hace imprescindible definir su rol y la forma de insertarlos en el proceso educativo.
Yo conozco profesoras de 60 años que, luego de jubilar, se van a trabajar a colegios particulares subvencionados, y ahí se convierten en las mejores docentes.
¡Pero, con este tipo de medidas, en el sistema público se las obliga a jubilar!
Por eso le hemos pedido al Ministro que busque alguna alternativa en ese ámbito.
Asimismo, se ha insistido bastante en el planteamiento de que hay profesores de más en el sistema o, al menos, en que no existe suficiente claridad sobre la cantidad de docentes que se requiere.
En el marco de la transición hacia un nuevo sistema público de educación, debemos contar con normas más flexibles.
No voy a argumentar al respecto, pero creo que hay que suspender el PADEM. Este instrumento surgió en un contexto distinto y se pensó para otros objetivos. Hoy no ayuda mucho, pues impone una dotación, lo que impide hacer ajustes más realistas en la cantidad de docentes que precisan los establecimientos, en función de los diversos roles que deben cumplirse.
Necesitamos profesores ayudantes.
Necesitamos tutores con mucha experiencia para guiar la labor de los docentes jóvenes.
Necesitamos un diseño distinto.
El PADEM no está cumpliendo ese papel desde hace mucho rato. Es más, cabe recordar que se creó cuando a un subsecretario se le ocurrió que sobraban profesores. En efecto, hubo tres huelgas nacionales y, al final, dicho plan se implementó como un mecanismo de ajuste, que nunca ha funcionado bien.
De otro lado, me parece bien incorporar en estos beneficios a los establecimientos regidos por el decreto ley Nº 3.166, toda vez que esos colegios son públicos, aun cuando tengan administración delegada. Efectivamente, se hallan bajo un control detallado del Estado, el cual fiscaliza hasta el último gasto que hacen.
Muchos de esos establecimientos son muy buenos y, necesariamente, formarán parte de la nueva organización de la educación pública.
Por lo tanto, considero adecuado que los profesores que se encuentren en ciertas condiciones puedan aprovechar los beneficios que se proponen.
Ese modelo es muy parecido al que existe en Holanda, y deberá ser parte de la estructura del nuevo sistema público.
En cuanto a los colegios particulares subvencionados, creo que los argumentos se exageran. Hasta hace poco esos establecimientos ni siquiera querían que se controlara la subvención. Sin embargo, ahora nos dicen: "Deseamos recibir los mismos beneficios que el resto".
¡Cuidado! En otra época, cuando estos colegios eran parroquiales, los sueldos de los docentes los pagaba el Estado. Después pasamos a un sistema subvencionado, en que ellos debían cubrir una parte del costo. Y, a partir de la reforma que hemos aprobado, hemos entrado a un período de transición.
Si los profesores de dichos establecimientos serán o no parte de la nueva carrera docente es algo que está en discusión. En ese marco, deberemos resolver cómo se los va a tratar.
Finalizo -dado el ahorro de tiempo- insistiéndole al Ministro en mi planteamiento: que se les permita a los profesores capaces aprovechar este incentivo sin ser sacados del sistema, porque ellos cumplen un papel muy importante en sus colegios, especialmente las mujeres. Ellas a los 60 años cuentan aún con grandes potencialidades y condiciones para educar (y podría dar muchos ejemplos al respecto).
Ojalá el Ministerio de Educación encuentre una fórmula para que esos profesionales no tengan que dejar de trabajar.
Voto a favor del proyecto. Creo que es una medida muy importante para incentivar el retiro de muchos profesores que necesitan jubilarse ya, quienes han debido postergar esa decisión en razón de las condiciones existentes.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.


El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, también seré muy sintético, pues esperamos que los dos primeros proyectos de la tabla, que benefician a los trabajadores, sean aprobados hoy.
A mi juicio, la iniciativa que nos ocupa va en la dirección correcta, por cuanto favorecerá potencialmente a más de 10 mil docentes. De ellos, 9.978 se desempeñan en el sector municipal y 353, en los establecimientos de administración delegada regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980.
Claramente este proyecto nos obliga a debatir sobre el daño previsional.
En la actualidad los docentes que jubilan reciben, en promedio, una pensión de entre 180 y 200 mil pesos, lo que es una vergüenza. Incluso, hay casos de profesores que, a pesar de haber trabajado treinta años, terminan con pensiones de 120 mil pesos, monto que representa menos del 25 por ciento del último sueldo percibido.
Por lo tanto, debemos hacernos cargo de esa realidad.
Además, nos parece importante que se haya contemplado finalmente un financiamiento de 290 millones de dólares, 65 por ciento de los cuales es aporte del Estado. Tal decisión apunta en la dirección correcta.
Sin embargo, si bien vamos a aprobar esta iniciativa, que beneficiará potencialmente a más de 10 mil profesores, estimo muy relevante discutir respecto de dos asuntos centrales. Quiero aprovechar la presencia del Ministro de Educación para plantearlos.
El primero dice relación con la Ley sobre Titularidad Docente, que aprobamos hace unas semanas, iniciativa de la cual yo fui uno de sus impulsores.
Deseo señalarle al Ministro -por su intermedio, señor Presidente- que se están generando dificultades en los municipios en cuanto a la interpretación de dicha normativa.
En primer lugar, se está desconociendo como sujetos beneficiarios de esa ley a las profesionales de educación diferencial contratadas bajo el régimen de las leyes SEP y PIE.
Tampoco se están considerando las horas desempeñadas en aulas de recursos (Enlaces, horas no lectivas y centros de medios audiovisuales, entre otros).
Además, se desconocen los remplazos realizados por docentes al mismo empleador para contabilizar los años discontinuos de servicios, cuestión muy bien establecida en el artículo 25 del Estatuto Docente, sobre el ingreso al servicio y la definición de horas de contrata.
Otra dificultad dice relación con la rebaja de horas en los contratos para el año escolar 2015, lo queimpide que se cumpla el requisito de la cantidad de horas que el docente debía tener al 31 de julio del 2014. La asignación de horas queda al arbitrio del DAEM respectivo y de las corporaciones municipales.
A ello se suman distintas situaciones de menoscabo profesional y de absoluta indefensión que sufren los trabajadores.
Si bien la Subsecretaria ha señalado que tales inconvenientes no son de compleja solución, cabe consignar que los municipios no están acatando el instructivo de la división jurídica del MINEDUC.
Ante ello, pido al Ministro -por su intermedio, señor Presidente- que canalice las medidas pertinentes para que los profesores puedan gozar de efectiva titularidad.
Al hablar de mejorar la calidad de la educación, es muy relevante darles certeza a los docentes.
La situación que han vivido hasta ahora los profesores a contrata constituye un verdadero abuso del sistema. Ellos tienen completa incertidumbre si siguen trabajando al año siguiente.
Por eso es tan importante que los municipios no vulneren el espíritu de la ley que aquí aprobamos sobre titularidad docente.
Por otra parte, señor Presidente, cabe señalar que nosotros les propusimos al Ministerio y al Subsecretario de Previsión Social establecer una pensión mínima docente, como una forma de hacerse cargo de la deuda histórica.
Por dicho propósito -aunque ya está desgastado- hemos luchado durante largo tiempo un grupo significativo, transversal, de parlamentarios, junto con el Colegio de Profesores y la Corporación de Profesores Jubilados.
Más allá de la demanda que enfrenta el Estado de Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta causa -hay que hacerse cargo de ello también-, creemos muy relevante que se establezcan fórmulas de solución al problema, como la propuesta que hicimos llegar al Ministerio y a la Subsecretaría de Previsión Social -aquella se encuentra en la Comisión pertinente- a efectos de modificar el sistema previsional. Para el fin indicado, se debe buscar un instrumento que no obligue a un Gobierno a asumir toda la carga de pagar la pensión mínima docente o la deuda histórica, sino que permita repartir esa obligación a través del tiempo.
En ese sentido, se requiere efectuar un estudio sistematizado con el objeto de generar un sistema que dé cumplimiento a uno de los puntos que estaban en el acuerdo firmado entre el Colegio de Profesores y el MINEDUC.
Los bonos de reconocimiento podrían, efectivamente, ser una alternativa de solución. Esperemos que tal medida sea analizada.
Muchos profesores asignatarios de la deuda histórica se están muriendo; otros no demandaron oportunamente, razón por la cual se aplica la prescripción.
Por lo tanto, es necesario hacerse cargo de esa situación.
Señor Presidente, vamos a aprobar el proyecto de ley que nos ocupa, dado que, al darles dignidad a los docentes, apunta en la dirección correcta. Si bien establecer un incentivo al retiro es un aliciente, claramente no soluciona los temas pendientes relativos al daño previsional que todos los trabajadores -particularmente, los profesores- sufren en nuestro país.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.


El señor BIANCHI.- Señor Presidente, volvemos a constatar que el Estado de Chile es el peor empleador. ¡Lejos, el peor empleador!
Cada vez que discutimos este tipo de proyectos, votamos a favor del bono propuesto, pero, en el fondo, lo que estamos haciendo de alguna forma es legalizar algo inmoral: que mujeres y hombres que han dado toda una vida de trabajo tengan que llegar al final a pedir un bono como un "incentivo" al retiro.
¡Eso dista mucho de ser un incentivo! ¡Es el enorme abuso que el Estado ha cometido por siempre con sus trabajadores!
--(Aplausos en tribunas).
Tal realidad, señor Presidente, irrita, molesta, y la verificamos ahora con las maestras y los maestros; luego, con las trabajadoras y los trabajadores, privados o públicos. Porque esto se repite y se repite.
Y se agrava cuando escuchamos intervenciones que pretenden hacernos creer que se debe aumentar la edad de jubilación en este país. ¡Eso es inaceptable!
--(Aplausos en tribunas).
Debiera plantearse aumentar el aporte que reciben las AFP: al 10 por ciento que imponen los trabajadores, tendrían que adicionarse recursos para completar una cotización total de 20 o 25 por ciento. Así, no sería necesario pedir limosnas de bonos y se entregarían pensiones dignas y justas a los jubilados.
--(Aplausos en tribunas).
Ese debiera ser el asunto de fondo a tratar.
Aparte del 10 por ciento que se descuenta al trabajador, debería establecerse la obligación de que el saldo para llegar a 20 o 25 por ciento fuera de cargo del Estado de Chile y del empleador.
De ese modo se obtendrán pensiones adecuadas a los 60 años, en el caso de las mujeres, y a los 65, en el de los hombres, sin que ronde cierto fantasma que ha estado apareciendo en el último tiempo. Me refiero al argumento que algunos han descubierto, respecto a que la mujer se va a retirar "más feliz" si trabaja hasta los 65, 68 o 70 años de edad, porque en ese lapso logrará aumentar su pensión en un 15, en un 20, en un 30 por ciento.
¡Eso es de una falsedad absoluta!
Es tan falso, señor Presidente, que ni siquiera el Estado ni el propio sistema da garantías para que una persona mayor de 60 años encuentre un trabajo digno. Si no somos capaces de asegurar un trabajo digno en edades anteriores a la de jubilar, ¡menos en edades posteriores!
Creo que tenemos que ser francos y sinceros. Hoy, aprovechando la presencia de una parte de las maestras y los maestros de Chile, es bueno pedir perdón por el hecho de que el Estado y nosotros mismos -pese a que apoyamos a las organizaciones gremiales, que han luchado largamente por sus reivindicaciones- no hemos sido capaces de garantizar a cada mujer y a cada hombre que trabaje en este país -sea en el sector público; sea en el privado; sean maestras, profesores, funcionarios, trabajadores del retail, etcétera- la mínima dignidad al momento de jubilarse.
Hoy nos estamos alegrando porque vamos a pasar de una pensión mínima de 120 mil a otra de 180 mil, 200 mil pesos. ¡Pero si esto es una vergüenza, señor Presidente! ¡Es una vergüenza para personas que han percibido rentas sobre 600, 700, 800 mil pesos y que han trabajado más de 30 años! ¡Hemos dado múltiples ejemplos de gente que estando dentro del sistema público jubila con pensiones de hambre! ¡Basta ya, señor Presidente!
Ahora nos encontramos entre la espada y la pared. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si esto queda solo en manos del Ejecutivo. Es el Gobierno el que nos trae el proyecto, y nosotros debemos decir sí o no.
Sería bueno que alguna vez en el Congreso todos nos atreviéramos a decir que no frente a un incremento como este, porque no es más que alargar la agonía de estas personas.
Nos veremos en la obligación de pronunciarnos a favor de una iniciativa que no queremos votar de esa forma porque sabemos que con ello vamos a profundizar el daño.
Un Senador o una Senadora que me antecedió en el uso de la palabra preguntó si alguien cree que las personas van a salir de aquí con júbilo, felices. Efectivamente, van a recibir entre 21 millones y 13 millones de pesos. ¿Cuánto les durará esto si su pensión, en lo que les reste de vida, fluctuará entre 280, 320 o 340 mil pesos? Hablo de gente que tenía una forma de vida mucho más digna al momento de trabajar.
Entonces, señor Presidente, siento que tenemos que decir "basta ya" a este sostenido y permanente abuso, donde el peor empleador en Chile es nuestro Estado.
--(Aplausos en tribunas)
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.


El señor QUINTANA.- Señor Presidente, como se señaló, esta discusión la sostuvimos en la Comisión de Educación y también en la de Hacienda, y creo que hay que ponerla en el contexto que corresponde: el ámbito de la educación, en línea, además, con lo que se conoce como "reforma educacional".
Se trata de una materia de la máxima importancia.
Muchas veces, durante la discusión de 2014, escuchábamos -majaderamente a ratos- que se decía: "Cuándo se verá la educación pública", "no hay preocupación por la educación pública", "no se acuerdan de la educación pública, de los profesores".
Bueno, esto va directo a la educación pública, a los profesores que están en el sistema. Como se manifestó hace un rato, va dirigido a cerca de 100 mil profesores que hoy están en el sistema público y a otros 140 mil jóvenes que se preparan bajo el esquema actual de formación pedagógica.
Por tanto, hay que mirar esto en un contexto más amplio, que es el de la educación. Este no es un debate sobre el tema previsional. Por supuesto, todos quisiéramos que el sistema de capitalización que se diseñó hace cuatro décadas se pudiera terminar de una vez por todas. Y al efecto ha habido muchos planteamientos, especialmente de la Concertación en su momento, Nueva Mayoría hoy día. También existe un compromiso de la Presidenta Bachelet en el sentido de que durante este Gobierno vamos a tener una propuesta para enfrentar esta materia.
Sin embargo, no podemos cruzarnos de brazos. Debemos ver cómo hacemos justicia con los miles de profesores que hoy no pueden jubilar, y si lo hacen es en condiciones absolutamente indignas -como se ha dicho-, con pensiones de hambre, miserables. Y eso lo vemos todos los días en nuestras regiones cuando conversamos con los docentes.
Me alegro del rol activo que en este aspecto ha jugado el Colegio de Profesores, del diálogo que ha sostenido, el cual no significa un apoyo a la reforma ni mucho menos al Gobierno. Pero se ha sentido su voz en esta materia cuando señala que no se trata de un logro menor cuando hablamos de 300 millones de dólares. Ese es el costo del retiro de cerca de 10 mil maestros, entre quienes se encuentran en el sistema municipal y aquellos que están en el sistema de administración delegada.
Insisto: esto hay que mirarlo en un contexto más amplio, como fue la reforma iniciada el año pasado, cuando sacamos, como sostuvo el Senador Ignacio Walker, el proyecto de titularidad de los profesores a contrata, el fin al lucro y a todo el sistema de discriminación, lo relativo al administrador provisional, la autorización de funcionamiento para los jardines infantiles, la nueva institucionalidad preescolar, que creó la Subsecretaría. En ese contexto hay que verlo. Esto no es una respuesta aislada.
El proyecto en análisis resulta fundamental a fin de despejar el camino para lo que varios Senadores han señalado con relación a la carrera docente: tiene que ser continua, debe dar cuenta de un perfeccionamiento constante, hay que preocuparse por los jóvenes que hoy estudian pedagogía. Además, el sistema ha de contemplar pruebas, como la Inicia o algo similar, en algún momento de la carrera, a fin de que la universidad sepa efectivamente si está cumpliendo o no con los indicadores de calidad y tenga la posibilidad de mejorar el proceso de formación de los estudiantes. Y deberá existir en algún momento una certificación habilitante para que el joven entre al sistema escolar como profesor.
Me parece que esa es la discusión de fondo. Y para posibilitar aquello es fundamental ofrecer las mejores condiciones posibles a estos 10 mil maestros.
En mi concepto, aquí se ha hecho un esfuerzo serio. Lo ha reconocido el Colegio de Profesores, y también la Asociación Chilena de Municipalidades en su capítulo de Educación. Porque originalmente se hablaba de que del costo total de este proyecto -del orden de los 177 mil millones de pesos- el Gobierno estaba dispuesto a financiar solo un porcentaje, que alcanzaba a 20 mil millones, ¡20 mil millones de pesos! Sin embargo, se halla financiando 115 mil millones.
A mi juicio, ese no es un dato menor, y por eso se ha destrabado la discusión con la Asociación Chilena de Municipalidades.
El aporte de 65 por ciento fiscal no es rígido, porque se descompone en un aporte ordinario y un aporte extraordinario. El aporte extraordinario va a permitir cumplir con la cantidad de meses y, en definitiva, con el bono.
Respecto del 35 por ciento que van a colocar los municipios, aquellos que realicen dichos aportes con recursos propios también tendrán un incentivo de hasta 25 por ciento, siempre y cuando no estén en el tope de endeudamiento. Es decir, no habrá incentivo a los municipios que se encuentren endeudados en cualquier cosa. Aquel que esté endeudado por anticipos de subvenciones, es decir, que ha pedido recursos para ir abordando estos problemas, contará con una mayor comprensión de parte del Ministerio de Educación.
Nos parece que la fórmula escogida es bastante justa. Además, el que se haya flexibilizado la norma para considerar no solo 44 horas de clases, sino 37, es algo muy bueno. Porque la gran mayoría de los profesores no están contratados por 44 horas, sino por 37. Y esto, efectivamente, al ser considerado como tope, permitirá que un número importante de docentes accedan al bono de 21 millones 500 mil pesos.
Señor Presidente, este proyecto de ley lo sacamos en la Comisión de Educación votando en general y en particular, con un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque se nos vienen plazos encima. El 1° de junio vence el plazo para aquellos profesores que no se acogieron a un mecanismo similar que legislamos hace algunos años. Además, existe una gran cantidad de docentes, tanto hombres como mujeres, que actualmente se hallan con este apremio.
Por otra parte, no he escuchado a nadie decir aquí que se busca aumentar la edad para jubilar. Creo que ese no es el debate. La discusión aquí es muy clara y estriba en poner el acento, la preocupación, en los profesores y las profesoras de Chile que legítimamente necesitan acogerse a jubilación, porque ya han entregado toda una vida, y, al mismo tiempo, se estaría permitiendo que otra generación acceda al sistema.
Un último tema -también planteado por la Asociación Chilena de Municipalidades- dice relación con otro de los proyectos estructurales que va a ingresar al Congreso: el de nueva educación pública, más conocido como "desmunicipalización".
Los alcaldes señalaron algo que me hace mucho sentido, en cuanto a que las deudas que se contraigan como consecuencia de los pagos que habrá que efectuar no pueden formar parte de los pasivos cuando se produzca el proceso de desmunicipalización. Cuando tengamos una nueva institucionalidad educacional, estos temas deben quedar completamente saneados.
Por todo lo señalado, porque efectivamente aquí hay una preocupación hacia el mundo de los profesores, especialmente hacia quienes se encuentran en edad de jubilar, por el acuerdo alcanzado, por el rol que tuvo en esto el Colegio de Profesores, vamos a votar a favor del proyecto.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, trataré de ser extremadamente breve porque creo que nuestros trabajadores del comercio también merecen que les demos tiempo en respuesta a la paciencia que han tenido.
--(Aplausos en tribunas).
Tenemos que ocuparnos en dos proyectos de entera justicia. Por cierto, les adelanto que los vamos a votar a favor.
--(Aplausos en tribunas).
En forma breve, quiero señalar mi voto a favor.
A mi juicio, este incentivo representa un paso importante para quienes, obviamente, sienten la necesidad de jubilar.
A la vez, deseo destacar que esta iniciativa forma parte de una agenda corta que el Gobierno ha estado conversando con los profesores, y sin duda es importante que se cumplan los compromisos en esta materia: los docentes que pasaron a la titularidad, este bono al retiro y dos o tres puntos más que, según entiendo, siguen en conversación y diálogo. Pero hay que celebrar que exista un acuerdo y que se avance en la agenda corta entre el Gobierno y los profesores.
Por lo tanto, creo que el proyecto es positivo, y por ello lo aprobaré.
Solo quiero reiterar lo que de alguna manera hemos manifestado todos aquí: Chile debe de ser el único país del mundo que cuenta con un sistema estrictamente de capitalización individual, en el que el empresario no pone un peso: solo aportan los trabajadores. Esa es la razón de fondo por la cual tenemos jubilaciones miserables después de muchos años de trabajo. Ya es hora de que enfrentemos este problema, que cambiemos el sistema y que, de una vez por todas, hagamos que empresarios, Estado y trabajadores contribuyan, si realmente queremos ser serios en materia de jubilaciones.
Así que, señor Presidente, voto a favor. Y espero que sigamos avanzando como corresponde en la reforma educacional, con los profesores, dignificándolos y dándoles la remuneración y el reconocimiento que se merecen.
--(Aplausos en tribunas).
)--------------(
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- La señora Ministra del Trabajo pide que se recabe la autorización para que ingrese a la Sala el asesor señor Francisco del Río.
--Se accede a lo solicitado.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, con mucho agrado concurro a aprobar esta iniciativa, convenida con uno de los actores centrales del proceso de cambio que impulsa la educación chilena: el Colegio de Profesores.
Con este articulado se reconoce el aporte insustituible de los profesores que se han desempeñado durante décadas en el sector público. Muchos de ellos ejercieron en nuestras escuelas públicas justamente en el período de mayor precariedad de sus empleos, cuando sus remuneraciones -y acá se olvida- se acercaban al ingreso mínimo. Ellos son testigos privilegiados del proceso de destrucción de nuestra educación pública que ahora el Gobierno se ha propuesto revertir. Y son también testigos del engaño que significó el sistema previsional al que se vieron obligados a adherir millones de trabajadores, incluidos los profesores, y que ahora no les puede asegurar pensiones dignas para vivir decentemente, como acá se ha dicho una y otra vez.
Por estas razones, el proyecto de ley que estamos tratando es de total justicia, y anuncio mi voto favorable.
Sin embargo, me valgo de esta oportunidad para plantear también algunas dudas sobre la materia.
La primera se refiere al financiamiento de esta bonificación.
Es cierto que se hizo un esfuerzo con relación al proyecto original, que consideraba que el financiamiento de la bonificación era de cargo exclusivo de los sostenedores -es decir, de los municipios o sus corporaciones municipales-, habilitándolos para endeudarse a través del mecanismo de los anticipos de la subvención.
Este procedimiento se modificó con un aporte complementario del Fisco, el que a mi modo de ver aún no hace plena justicia con los municipios, que han realizado un importante esfuerzo en los últimos años para que el sistema no quebrara por la insuficiencia de la subvención y que aún deberán seguir aportando, pese a que se ha anunciado que la educación dejará de ser de su responsabilidad.
Si a lo anterior se suma que no ha habido ningún cambio al Fondo Común Municipal y que el aporte extraordinario del Fisco a este Fondo ha sido modesto, es explicable que muchos alcaldes no estén conformes con el trato recibido desde el Gobierno central.
Por otro lado, aún no existe claridad sobre el momento en que el Ejecutivo ingresará al Congreso Nacional el proyecto de desmunicipalización de la educación pública.
Este retraso fue objeto de mucha controversia el año pasado y no puede seguir siendo tema de discusión. Es inexplicable que se continúe postergando el debate acerca de la estructura que adoptará la educación pública, la cual, como todos lo han dicho, debe ser el eje de la educación gratuita y de calidad que se merecen nuestros niños y jóvenes y del respeto y reconocimiento que se merecen nuestros profesores.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.


El señor HORVATH.- Señor Presidente, quiero comenzar con una experiencia de carácter personal: soy hijo de profesora y hermano de una profesora. La diferencia es que mi madre se recibió en Europa y su primer sueldo fue más alto que el de su padre, que trabajaba en el Instituto Geográfico Militar como cartógrafo; mientras que mi hermana debía trabajar en tres establecimientos en Santiago -entre ellos, en el Liceo Carmela Carvajal- para lograr hacerse un sueldo digno.
Entonces, más allá de la experiencia personal, hay un problema de fondo aquí.
Ahora, esta bonificación por retiro voluntario desde luego es bienvenida y está dentro de una "agenda corta", por así decirlo, que se suma a la titularidad de los profesores que se encontraban a contrata, medida que se originó en una iniciativa parlamentaria y que estuvo virtualmente trancada hasta que esta agenda finalmente se acordó con el Colegio de Profesores.
En segundo lugar -y lo hemos conversado en el Comité Independientes-, esta es también la oportunidad para reflejar lo que queda por delante en materia de reforma educacional: dignificar la carrera docente, hacer las capacitaciones como corresponde e impulsar una educación de carácter integral -fue una indicación que nosotros introdujimos en el debate-, a fin de salirnos de este modelo competitivo en el cual los ciudadanos dejan de trabajar de manera colaborativa y, en el fondo, se disminuyen como personas y se nos cae la sociedad. Este es un anhelo profundo de los apoderados, de los alumnos y, desde luego, de los mismos docentes.
En tercer lugar, deseo resaltar que la reforma tributaria permite empezar a dar estos pasos, y no estoy pensando solo en la bonificación, sino también en otros beneficios. Nosotros no podemos seguir tapando el ojo con un dedo, ni tampoco el sol con una mano. Hay una deuda histórica y los profesores merecen no morir con ella. Ese es un problema social profundo que debemos comenzar a resolver con responsabilidad y, al mismo tiempo, con gradualidad.
Por estas razones, no podemos seguir permitiendo que los trabajadores del sector de la educación -profesores incluidos, desde luego- vivan de manera indigna y jubilen en condiciones de miseria. Eso es imposible de sostener. Este es un paso que procura enmendar esa situación, y por eso con la Senadora Lily Pérez y el Senador Alejandro Guillier votaremos a favor.
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, trataré de ser breve para poder ver los proyectos laborales que vienen a continuación. Aunque este es un proyecto laboral también, porque busca hacer justicia con trabajadores, como son los profesores.
Está claro que, al igual que el bono de marzo instaurado por la Presidenta Bachelet y transformado en aporte permanente después, el que estamos aprobando aquí parece ser de carácter permanente. El señor Ministro de Hacienda, el señor Ministro de Educación tendrán presente, me imagino, que no habrá ningún profesor que jubile sin que se le dé este bono. Porque sería una gran injusticia que se les otorgara a los que este año cumplan 64 o 65 años, en el caso de los hombres, o 59 o 60 años, en el de las mujeres, y a los que vienen atrás, no.
Lo que estamos haciendo es reparar un daño. Ciertamente no solucionamos el daño previsional completo, la deuda histórica que reclaman los profesores, en torno a la cual existe absoluta unanimidad en el Senado en cuanto a su solución. Todos estamos de acuerdo en que hay que reparar la deuda histórica, el daño previsional.
Claramente, el bono propuesto es más bien un parche, para un número reducido de profesores (10 mil), en circunstancias de que existen 140 mil.
Esta va a seguir siendo una política permanente del Estado, por lo que quiero advertir que en algún minuto deberemos abrir el debate sobre si hacemos una ley y fijamos requisitos y condiciones permanentes o si nos conformamos con legislar a pedacitos, como lo estamos haciendo ahora: un "bonito" para que se vaya la gente de la salud, otro para que se vaya la gente de la educación, negándonos, por esa vía, al debate de fondo, que es el fracaso del sistema previsional.
Porque si hubiera un sistema previsional que otorgara una jubilación digna, no nos hallaríamos discutiendo en esta sesión. Y, al final del día, estamos supliendo lo que se llevan las AFP, parchando una responsabilidad que se les entregó a los privados.
Por eso digo nuevamente ¡No más AFP!
Esta solución que da el Estado -repito- es un parche a lo que las AFP, que son entidades privadas, les debieran haber otorgado a los profesores. El año 80 la inmensa mayoría de ellos fueron prácticamente obligados a entrar al nuevo sistema previsional. Porque en ese momento a la gente no le preguntaban si quería ingresar: o entraba o no entraba y se iba para la casa; había coerción.
Señor Presidente, un porcentaje de los 183 mil millones de pesos que va a costar el bono para los profesores será asumido por las municipalidades.
Yo solo espero, señor Ministro de Educación, que los alcaldes, quienes deberán poner un tercio (61 mil millones) no hagan uso de recursos destinados a los niños.
¿Me explico o no?
En definitiva, quiero que no se les exija a los municipios usar parte de la subvención, que está destinada a mejorar la educación. Por tanto, tendrán que hacer los ahorros, la previsión adecuada para enfrentar la nueva situación.
Ahora, debo puntualizar que, si bien existirán retiros, ello no significa que sobran profesores.
¡Ojalá pudiéramos tener dos por aula!
En Iquique, Jorge Soria tiene dos profesores por aula, de primero a sexto básico.
Es imposible lidiar en un aula con 32, con 35 alumnos. Esto no sucede, por ejemplo, en Finlandia.
En consecuencia, la señal no es que sobran profesores, sino que a aquellos que van a jubilar les estamos haciendo una retribución por un daño previsional originado en un mal régimen: el de las AFP. Pero está claro que el sistema educacional chileno seguirá requiriendo más y buenos profesores, ojalá para educar en aulas con un tope máximo de 18 a 20 estudiantes, como ocurre en Finlandia y en los países de la OECD, club del cual Chile forma parte pero sin cumplir ninguno de sus requisitos, particularmente los existentes en materia de enseñanza.
Voy a votar a favor de este proyecto de ley, pero subrayando que sigue pendiente el pago de la deuda previsional, la que es de larga data.
En tal sentido, estamos dando una oportunidad histórica a 10 mil profesores. El resto, que habrá de jubilar en algún minuto, deberá tener un trato igual o mejor; de ningún modo inferior al que brindamos ahora. En el caso máximo se recibirán 21 millones de pesos; pero la media de las 37 horas, según los cálculos, estará entre 14 y 18 millones.
Esas cifras podrían parecer atractivas. Sin embargo, tras el esfuerzo de toda una vida, ¡son cantidades ínfimas!
Consideremos las deudas contraídas por el profesorado y, especialmente, que numerosas personas que en el mundo laboral docente ganan 800 mil pesos mensuales recibirán jubilaciones (aquí se ha dicho) de 230 mil -o sea, sus ingresos van a caer en más de dos tercios-, con las cuales no van a sobrevivir.
¡Los profesores se están muriendo!
Yo voto a favor con gusto. Porque si alargamos esta agonía muchos profesores, producto de enfermedades profesionales no reconocidas o de condiciones de salud desfavorables, quedarán sin la posibilidad de optar a un beneficio de esta índole.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Les advierto a las personas que se hallan en las tribunas que está estrictamente prohibido hacer manifestaciones.
Así que les pido que levanten las manos o algo por el estilo, y que se abstengan de aplaudir.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.


El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, yo llevo varios períodos como Senador, y en esta materia he podido ver reiteradamente que distintos gobiernos plantean una solución a través de bonos de retiro para que los profesionales de la educación, nuestros profesores, tengan la posibilidad de jubilar con un mínimo de dignidad.
A mi entender, más allá de las causas que provocan el problema, deberíamos tener un sistema permanente de retiro. No es razonable cada cierto tiempo llegar a una fórmula como la que estamos analizando ahora. Es necesario que cuando se hallan en condiciones, en edad o con voluntad de jubilar puedan hacerlo. Me parece inadecuado que cada dos o tres años generemos un mecanismo con limitaciones en el tiempo y que no se hace extensivo a otros por no tener carácter permanente.
Así que, aprovechando su presencia, le solicito al señor Ministro de Educación el estudio de un mecanismo con modalidad cambiante, según los distintos requisitos exigidos por las circunstancias. La idea es que haya un momento de definición con respecto a un mecanismo que no dependa de las circunstancias coyunturales, o de la ocurrencia de algún ministro, o de la presión que deben ejercer los profesores para darle tiraje a la chimenea.
De otra parte, en las unidades educativas se registra una situación de -por así expresarlo- inequidad desde el punto de vista de los asistentes de la educación, quienes trabajan en las escuelas o en los liceos de la misma forma como lo hacen los profesores pero sin los beneficios de estos.
Creo que los profesores tienen muy bien ganada tal situación. Pero, también, a lo largo de estos años me ha tocado ver el gran esfuerzo desplegado por todos los trabajadores del sector -docentes, paradocentes, asistentes-, quienes se sienten integrados en una sola unidad. Sin embargo, las remuneraciones de los asistentes de la educación son, lamentablemente, muy malas; por lo tanto, a la hora de jubilar estos trabajadores enfrentan problemas similares que los profesores.
En consecuencia, es justo que cuando se plantean modificaciones de esta índole se piense no solo en los maestros, sino además en los asistentes de la educación, considerando que estamos en una unidad educativa donde quienes realizan el trabajo central de educar reciben un trato distinto del que se otorga a aquellos que, cohabitando bajo el mismo techo, hacen posible aquella labor.
Finalmente, quiero reiterar -ya lo han señalado distintos Senadores- la necesidad de hacerse cargo de la deuda histórica del magisterio.
En mi caso, llevo 16, 18 años bregando por esa causa. Espero que alguna vez aquella deuda se salde.
Sé que don Nicolás Eyzaguirre, cuando se hallaba al frente de Hacienda, tenía ante esta situación una actitud más dura, propia de los Ministros de Hacienda. Pero ahora es Ministro de Educación.
Esperamos, pues, que frente a proyectos de esta índole fluya asimismo la sensibilidad que se advierte al conocer tanto la situación de los profesores cuanto la historia de la pérdida de una asignación que le significó al magisterio una merma de ingresos muy significativa, la que también afecta a la hora de jubilar.
No me parece admisible que pasen los años y aquella deuda siga pendiente.
Yo espero, señor Ministro, que usted pueda hacerse cargo de tales inquietudes: un sistema permanente de retiro voluntario; un mecanismo que incluya además a los asistentes de la educación, y que finalmente se zanje la deuda histórica que Chile tiene con sus profesores, a estas alturas, de más edad.
Por todas las consideraciones expuestas, voto que sí.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Finalmente, tiene la palabra el Senador señor Lagos.


El señor LAGOS.- Seré en extremo breve, señor Presidente.
Ciertamente, voy a votar a favor de este proyecto de ley.
Quiero hacer mías las intervenciones que escuché. En particular, la del Senador García, quien habló de todas las bondades que tiene esta iniciativa, pero al mismo tiempo identificó una serie de deficiencias, las que tal vez se podrían abordar de mejor manera si hubiera más tiempo y se preparara mejor el texto, para no dejar a algunos profesores fuera. No me cabe duda de que el Gobierno quisiera incorporarlos; pero, por la forma como se estructura el proyecto, hoy no son beneficiarios.
Dicho eso, efectuaré mi única contribución a este debate.
Lo que aquí hacemos va a tener unanimidad; no me cabe ninguna duda. Pero quiero llamar la atención sobre lo siguiente.
Si esta sesión, que es televisada -se transmite vía streaming, por lo demás-, la vieran algunos de los 5 millones de trabajadores que no laboran en el sector público y están contribuyendo a un sistema de pensiones, se preguntarían cuándo les va a llegar a ellos el bono de 21 millones de pesos.
Acá se pone esfuerzo por los profesores de Chile porque podemos hacerlo. Pero hay un doble estándar con relación al resto de los trabajadores. Y por eso la afirmación de que esta es una política de parche resulta razonable: es un parche que le sirve al que le llega. Pero tenemos un sistema de pensiones desfinanciado, injusto. Y el mejor reflejo de que no funciona es lo que estamos hacienda acá.
Las Fuerzas Armadas disponen de un sistema especial y al sector público lo tratamos de compensar a través de este tipo de proyectos de ley.
En cinco años he votado un número infinito de iniciativas sobre incentivo al retiro. ¿Y qué establecen? No constituyen un estímulo para jubilar. ¡Aquello no es verdad! Lo que hacen es, de alguna forma, suplementar un sistema de pensiones malo.
¡Esa es la firme!
Yo apoyo gustoso este proyecto de ley. Sin embargo, llamo la atención acerca de qué pueden pensar los trabajadores que hoy no están en el ámbito público -pueden hallarse con contrato en el retail o en otros sectores de la economía- y no recibirán el bono en comento.
¡Ojalá pudiéramos dar los 21 millones de pesos al resto de los trabajadores!
Este es un nuevo llamado de atención respecto a un sistema que está haciendo agua.
Esperamos ansiosos el informe de la Comisión Bravo (entiendo que se le renovó el mandato por seis meses), para que nos entregue su opinión sobre cómo proceder con el sistema de pensiones existente en nuestro país.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (37 votos favorables), el que, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
--(Aplausos en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Saludamos de nuevo tanto a los profesores y profesoras de Chile que están siguiendo este debate cuanto a su directiva, encabezada por don Jaime Gajardo.
Muchas gracias por su presencia.
--(Aplausos en tribunas).