AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CIERRE PARA OTORGAMIENTO DE NUEVAS CONCESIONES DE ACUICULTURA

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, fui bastante crítico con el proyecto original enviado por el Ejecutivo. No voy a repetir las expresiones de los Senadores que me antecedieron, porque coincido con ellos.

La verdad es que la iniciativa enviada solo se limitaba a ampliar el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura, debido a que los períodos de moratoria establecidos en las leyes números 20.434 y 20.583 no habían sido suficientes para que las empresas salmoneras empezasen a relocalizarse.

Todavía sigo con la idea de que van a pasar cinco años más y tampoco lo van a hacer. ¡Pero bueno! Espero que con esta normativa podamos decir que estamos dando una nueva oportunidad para salvar la situación sanitaria y ambiental, incumplida por la industria salmonera durante tanto tiempo.

Asimismo, el texto original proponía modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura ampliando en cinco años la causal de caducidad de la concesión para los casos de concesiones de peces que se encontraran ubicadas en franjas de distancia obligatoria entre macrozonas y que hubiesen solicitado relocalizarse al 8 de abril de 2015.

En definitiva, me parece que el proyecto presentado por el Ejecutivo era una mera prórroga para enfrentar el pobre eco que han tenido las leyes dictadas en los últimos años para la industria salmonera. A partir de una consulta que efectué al Subsecretario de Pesca el 20 de enero, se reconoció que, después de cinco años, no ha culminado ninguna solicitud de relocalización.

Por otro lado, la iniciativa no se hacía cargo de las imperfecciones e incumplimientos en que incurrió la administración pesquera durante igual período.

La ley N° 20.434, de 2010, establecía, entre otros requisitos, la consulta a los pescadores artesanales en los procesos de relocalización, pero solo este año se ha iniciado una ronda de consultas respecto de solicitudes de relocalización en particular. Es evidente que ello produce molestia generalizada, ya que prácticamente se está consultando sobre hechos consumados.

Además, a la fecha no se ha dictado el reglamento para el establecimiento de caladeros, a pesar del plazo de seis meses dispuesto por el artículo décimo octavo transitorio de la ley N° 20.657. Este es un requisito indispensable para saber cuáles áreas están disponibles para relocalizar concesiones de acuicultura de peces.

Por último, la misma ley N° 20.434, que hoy modificamos, consagra en su artículo 14 transitorio que, "En el plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, se establecerá el estatuto de la acuicultura de pequeña escala". Pues bien, dicho cuerpo legal fue publicado el 8 de abril de 2010 y hasta la fecha no pasa nada.

Omisiones e incumplimientos como estos minan la confianza de los pescadores artesanales en el funcionamiento de la institucionalidad del sector y dan pie para el surgimiento de posiciones antisalmoneras.

Mi propósito es que las cosas se hagan bien, para darle a esta importantísima industria sostenibilidad ambiental, sanitaria, social y -es preciso relevarla también- sostenibilidad política, siendo esta última el factor de conflicto mayor, ya que no se ha reconocido en los hechos la trascendencia del sector pesquero artesanal como un factor indispensable de estabilidad en todas las actividades pesqueras y acuícolas del país.

Por eso puse estas preocupaciones como centro del debate en la Comisión. Y ahora se presenta a la Sala un proyecto sustantivamente mejor -agradezco al Ministro de Economía, aquí presente, su buena disposición para que ello fuera posible-, aunque todavía no es ideal, pues hemos concordado establecer una protección general a los caladeros de pesca en el proceso de relocalización, enmendando el desequilibrio consagrado en la ley N° 20.434, que no solo había entregado las concesiones por 25 años, sino que también había diseñado un proceso de protección sanitaria que consideraba exclusivamente la salmonicultura, en perjuicio de otros usos del mar, como la pesca artesanal, la mitilicultura, el turismo y el uso que le dan los pueblos originarios.

Además, esta nueva propuesta fija un plazo de apenas un año para que las empresas soliciten relocalizar algunas de sus instalaciones y, conjuntamente, elimina el incentivo -inútil, a mi juicio- de la rebaja de la patente que contemplaba la ley.

Otro mejoramiento incorporado a esta iniciativa es la obligación de presentar e implementar un plan de retiro o abandono de las concesiones que se dejan, ya que es de justicia que se entreguen estos bienes de uso público limpios y libres de contaminación.

Estoy seguro de que con este proyecto, mejorado, estaremos dando señales fuertes en el sentido de valorizar el sector de la pesca artesanal, restableciendo los equilibrios con respecto al tratamiento de otras actividades.

También se requiere cumplir, a la mayor brevedad posible, el compromiso de la Presidenta Bachelet en cuanto a iniciar una revisión completa de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Es imprescindible apurar el paso para el envío y discusión del proyecto que crea el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, de la ley de bonificación de algas y de la tan esperada ley de regularización de caletas, que entregará la titularidad de estos espacios a la pesca artesanal y sus organizaciones.

Por todas estas razones, anuncio mi voto favorable a la presente iniciativa, la que, en conjunto con las otras que he mencionado, permitirá asegurar un marco de estabilidad para el desarrollo de la pesca artesanal y también de la industria salmonera, de manera que el aporte económico y social de ambos sectores, de gran relevancia en las regiones australes, particularmente en la región que represento, tenga sustentabilidad y permanencia en el tiempo.