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AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CIERRE PARA OTORGAMIENTO DE NUEVAS CONCESIONES DE ACUICULTURA


El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que amplía el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura, con informe y nuevo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.864-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 86ª, en 20 de enero de 2015.
Informe de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 95ª, en 4 de marzo de 2015.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (nuevo): sesión 1ª, en 11 de marzo de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es ampliar el plazo de cierre del acceso a nuevas concesiones de acuicultura y la suspensión del trámite de nuevas concesiones, que finaliza el 8 de abril próximo, con el fin de completar el proceso de ordenamiento de la actividad de acuicultura de salmones y la relocalización de las concesiones existentes.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular a la vez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señoras Goic, Muñoz y Van Rysselberghe y señores García-Huidobro y Quinteros, aprobó la idea de legislar.
Las normas del texto fueron sancionadas en particular con las votaciones que se consignan en los informes.
Cabe hacer presente que los artículos 1°, número 1); 2°, números 1) y 3); 4°; 5°; 6°, y 7° son de quórum calificado, por lo que requieren 20 votos para ser acogidos.
El texto que se propone se consigna en el nuevo informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- En discusión general y particular a la vez.
El señor PIZARRO.- Que se abra la votación, señor Presidente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.


La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, me corresponde presentar la iniciativa en debate, cuyo propósito, tal como lo expresa su nombre, es extender el plazo de cierre a nuevas concesiones y la suspensión del trámite de las solicitudes ya presentadas, que vence próximamente, de modo de finalizar el proceso de ordenamiento de la acuicultura de salmones y la relocalización de las concesiones existentes.
Para comprender a cabalidad el sentido del proyecto es necesario recordar que en el año 2010, con motivo de la crisis provocada por el virus ISA en la salmonicultura, se dictó la ley N° 20.434, cuyo objetivo fue entregar a la autoridad nuevos instrumentos legales en materia sanitaria y ambiental. El cuerpo legal modificó los deberes de los concesionarios, incorporando mejores prácticas y propiciando el ordenamiento de las concesiones para mejorar su desempeño en dichos aspectos. Por esta razón, se contempló el cierre del acceso a nuevas concesiones de acuicultura por un período de cinco años, contados desde la publicación de la ley, para permitir el ordenamiento de la actividad salmonera principalmente en las Regiones de Los Lagos y de Aisén.
Sin embargo, este último proceso se vio dificultado por serios problemas de cartografía que se resolvieron definitivamente recién en el año 2013 mediante la implementación de un sistema digital.
Además, el proceso de relocalización también sufrió retrasos de carácter administrativo, surgidos de que cada titular de una concesión debía presentar su propio proyecto en tal sentido, lo que implicó la sobreposición de solicitudes y, en algunos casos, una falta de información necesaria para poder avanzar.
Estimo importante explicar la relevancia de finalizar de buena manera la relocalización de las concesiones salmoneras, lo que constituye el fin último de la iniciativa. Con dicha medida se crean macrozonas, formadas por grupos de concesiones ubicadas en un determinado sector geográfico y que se denominan "barrios", los cuales estarán separados por corredores sanitarios, también llamados "cortafuegos". Ello permitirá aislar una macrozona ante un eventual problema sanitario, sin afectar al resto de los barrios.
Sin embargo, para implementar los cortafuegos sanitarios es necesario relocalizar 68 concesiones que se encuentran dentro de ellos, las cuales tendrán un estado de preferencia en el proceso de ordenamiento. Para solucionar el punto, el proyecto dispone que las concesiones dentro de los corredores sanitarios que no hayan solicitado su relocalización en los plazos determinados serán sometidas a una revisión de caducidad más estricta, ya que representan una amenaza para la bioseguridad de toda la industria salmonera.
Además, la relocalización de la salmonicultura con criterios sanitarios y ambientales permitirá avanzar en el ordenamiento y fortalecimiento de otros cultivos acuícolas existentes en el área y promoverá la asociatividad y la sustentabilidad de toda la acuicultura en la zona sur.
La iniciativa también busca solucionar otro problema puntual relacionado con las concesiones salmoneras. Hasta la primera década de 2000, el Estado entregó concesiones en aguas marítimas del Parque Nacional Alberto D'Agostini, en la Región de Magallanes, amparándose en que se entendía que estas últimas no formaban parte de los parques nacionales. En el año 2012, la Contraloría General de la República precisó que no es posible desarrollar actividades de acuicultura en aguas marítimas que integren parques nacionales y otorgar nuevas concesiones, pero que debían respetarse las "situaciones jurídicas ya consolidadas".
De esta forma, el proyecto de ley busca incluir en el proceso de relocalización las concesiones entregadas dentro de las aguas marítimas del Parque Nacional Alberto D'Agostini, con el mismo criterio preferente que se aplicará para aquellas que se encuentran en los corredores sanitarios.
Finalmente, me parece necesario destacar que con la iniciativa estamos aplicando la lección aprendida con la crisis del virus ISA y los mecanismos necesarios para evitar que un eventual problema sanitario afecte a todo el proceso productivo de una industria que les entrega empleo a miles de personas en varias regiones del país, así como también se regulariza la situación que afecta la preservación del Parque Nacional Alberto D'Agostini, en la Región de Magallanes.
Muchísimas gracias.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Puede intervenir la Senadora señora Goic.


La señora GOIC.- Señor Presidente, la Presidenta de la Comisión ya ha consignado la relevancia del proyecto en el sentido de concretar el bien jurídico que se buscaba proteger con la modificación sustantiva a la normativa de acuicultura, incluida en la ley N° 20.434.
Lo anterior no se dio por la falta de información y el cierre de procesos administrativos necesarios para habilitar puntos alternativos donde instalar nuevas faenas, y porque la decisión de relocalización, en cuanto a concesiones en lugares donde ya no se cumplía con la nueva normativa sanitaria, quedó sujeta más bien a la voluntad del titular. Entonces, con la prórroga, que es excepcional -y así lo señalamos en la discusión-, se busca que efectivamente concluya el trámite y que la actividad se lleve a cabo de manera segura.
La situación de Magallanes es objeto de una mención especial. Deseo destacar el trabajo que hemos realizado y, además, la disposición tanto del Ministro de Economía como del Subsecretario de Pesca para regularizar una situación que se dio por la interpretación de que las aguas no formaban parte de los parques nacionales. Eso permitió que en la década de 2000 se entregaran concesiones -específicamente, son 19- hoy día situadas en el Parque Nacional Alberto D'Agostini. Los dictámenes números 38.429, de 2013, y 41.121, de 2014, de la Contraloría determinaron que estas no se podían instalar en parques nacionales. Por lo tanto, lo que hace el proyecto es refrendar este criterio.
Quisiera destacar el trabajo conjunto con el Diputado señor Juan Morano, con el Ministerio, que permitió el rechazo de un total de 232 solicitudes de concesión acuícola que traducían pretensiones de operar en los parques nacionales Alberto D'Agostini y Bernardo O'Higgins. Y, con eso, frenamos aquellas que se encontraban en tramitación.
Mas nos quedaba la tarea de relocalizar las 19 existentes. Tal como se reconoce por los dictámenes de la Contraloría, median situaciones jurídicas consolidadas. En consecuencia, la iniciativa más bien favorece las condiciones para que se sitúen fuera de los parques.
En la Comisión efectuamos un muy buen trabajo, a mi juicio, de revisión del texto y de perfeccionamiento.
Los cambios que es preciso destacar dicen relación con contemplarse la ampliación de cinco años en el plazo de la moratoria para otorgar nuevas concesiones de acuicultura tanto en la Región de Los Lagos como en la Región de Aisén. Ello va a permitir el término del proceso de relocalización antes de abrir la tramitación de nuevas concesiones.
Se incorpora la obligación de presentar un plan de abandono y cierre de faenas para todas las relocalizaciones de concesión, a fin de asegurar la entrega o retorno del área concesionada en forma limpia y ambientalmente sostenible, lo que hasta el día de hoy no se estaba dando.
Se establece una prioridad que permite relocalizar con preferencia las concesiones acuícolas ubicadas en aguas de parques nacionales. Y ello va a primar sobre las otras solicitudes de relocalización. Para estos casos hemos establecido un plazo de cuatro años a fin de realizar el proceso.
Una segunda prioridad se ha determinado con relación a concesiones ubicadas en una franja de distancia obligatoria entre macrozonas: los llamados "corredores sanitarios". Aquí el plazo será de tres años.
A la vez, se ha fijado un año para presentar las solicitudes de relocalización, de modo que eso permita ordenar el mapa y agilizar la tramitación administrativa.
Eliminamos la exención de pago de patente, porque parecía no justificarse al haberse contemplado un plazo suficiente -en tiempo, fueron cinco años- y, sin embargo, no completarse el proceso.
Y, además, hemos generado resguardos para que los caladeros de pesca sean respetados y se garantice a la pesca artesanal que no van a ser ocupados por concesiones acuícolas.
Termino manifestando que hay un compromiso de la Subsecretaría de Pesca y del Ministro de Economía respecto de la enmienda de la resolución exenta N° 2.353, en cuanto a sectores que presenten profundidades iguales o inferiores a 30 metros, para resguardar los bancos naturales de recursos hidrobiológicos y la existencia, muchas veces, de bancos de centollas y centollones, que están bajo los 30 metros de profundidad. Esperamos que la modificación se verifique durante la tramitación del proyecto o a la brevedad posible, para garantizarse que esta actividad sea compatible con la pesca.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Dispone de un minuto para concluir, Su Señoría.
La señora GOIC.- Solo deseo exponer que me parece necesario respaldar el proyecto, porque resuelve una situación y, sobre todo, porque en Magallanes va a permitir que nuestros parques nacionales no sean objeto de concesiones de acuicultura.
Creo que es un trabajo que se ha hecho en conjunto con todos los actores.
La entrega y la determinación de nuevos puntos es un proceso que hoy día se hace, además, incorporando la visión de todos -en las últimas ocasiones se ha considerado incluso la consulta indígena-, con resguardo de que el turismo, la pesca artesanal y la actividad acuícola no se sobrepongan y se puedan desarrollar en forma sustentable, sobre la base del respeto a nuestros paisaje y medio ambiente.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.


El señor HORVATH.- Señor Presidente, en principio, quisiera poner brevemente en contexto la acuicultura y la pesca en Chile. Por nuestra naturaleza y la parte del hemisferio sur que nos corresponde, el potencial es enorme. Ocupamos casi un cuadrante completo del océano Pacífico y, por otro lado, nuestro perímetro de costa supera casi 80 mil kilómetros. La biodiversidad natural y cultural del país determinan, para estas dos actividades, que realmente le saquemos sanamente provecho a estos recursos.
Sin embargo, la pesca se halla en riesgo de colapso casi en todas las especies, los ecosistemas se encuentran muy dañados y el borde costero está o contaminado o deteriorado.
En el caso de la acuicultura existe un inmenso pasivo, por así decirlo. Hay una falta clara de fiscalización y de medios por parte del sector público. Y hasta 2010 primaban las áreas aptas para dicha actividad -la triple A- por sobre las zonificaciones, ante un mayor rango legal.
Por estas razones, se presenta lo que se llama "crisis del virus ISA" y el "cáligus": uno externo y el otro interno.
¿Pero por qué? Por una densidad excesiva en las jaulas, por abuso de antibióticos, por falta de barreras sanitarias, por una zonificación sin vínculos, entre otras razones.
De hecho, en la Región de Aisén intentamos establecer una barrera sanitaria respecto de la Décima Región, pero fuimos acusados ante la Comisión Antimonopolios y la Fiscalía Nacional Económica y finalmente sancionados por tratar de prevenir el enorme daño que se nos venía encima.
En ese contexto, con la acuicultura en el piso, en particular la del salmón y la trucha, se dicta la ley N° 20.434, en la cual se incorporan la zonificación legal; las barreras sanitarias; la definición de las agrupaciones, para poder manejarlas como tales; una reducción de las densidades -incluso se agrega el bienestar animal-; todo lo relacionado con la regulación de los antibióticos; el respeto a los caladeros, los puertos de abrigo, y el uso de posicionador satelital.
Sin embargo, pasados cinco años, a la fecha no existe relocalización, no se han definido los caladeros, no están los puertos de abrigo, hay poca recuperación de los ecosistemas y, además, se ha producido un deterioro laboral en la pesca artesanal y también en la industrial.
Hemos obtenido un compromiso del Ministro de Economía, aquí presente, y del Gobierno para la creación rápida del INDAP pesquero. Requerimos una institucionalidad igual a la que existe en el sector agrícola y ganadero para que los pescadores artesanales, el sector intermedio, cuenten con asistencia técnica, capacitación, programas sociales, y terminar con la presión constante sobre los recursos y con los sistemas de bonos, que al final no recuperan de forma sana al sector.
Del mismo modo, necesitamos un IFOP autónomo de la industria, de las empresas, y libre de presiones de todo tipo y tamaño, a fin de que cumpla en plenitud su rol con la independencia que corresponde.
Está en trámite un proyecto de ley sobre cultivo y repoblamiento de algas, por iniciativa del Senador Baldo Prokurica, al que nos sumamos con bastante entusiasmo, el cual permite poner en actividad todo el potencial existente. El programa para las caletas pesqueras que lleva adelante el Ministerio de Economía también revitalizará el sector.
Y, de paso, debemos asegurar una investigación profunda y evitar el Dydimo, que está afectando todos los cuerpos de agua dulce de nuestro país, para lo cual hay que empoderar al SERNAPESCA de la misma manera en que se hizo con el Servicio Agrícola y Ganadero.
¿Qué pretende este proyecto? Prorrogar por cinco años la moratoria, que vence el 8 de abril próximo, para el acceso a concesiones acuícolas.
En esta iniciativa se ha logrado explicitar algunos temas, como definir dónde no se puede realizar la relocalización: parques y reservas, zonas de riesgo o de interés turístico, espacios de pueblos originarios y áreas de conservación.
Sin embargo, debemos aprovechar la oportunidad y apurar el tranco para la zonificación.
Quedan asuntos pendientes.
El fiordo de Aisén tiene que ser ocupado armoniosamente y no quedar indefinidamente no sujeto a la acuicultura.
Lo relativo a los parques nacionales requiere mejor precisión, pues los fiordos y canales no pueden estar a cargo de la CONAF. Vamos a resolver este punto, supongo, en el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Realmente, hay que regionalizar. No podemos permitir que mientras el mayor potencial de Chile se encuentra en la Patagonia, particularmente en la Región de Aisén, los recursos se procesen en la Región de Los Lagos por falta de electricidad, de precios adecuados, de capacitación, de conectividad.
Todavía queda mucho por hacer en esta materia. Sin embargo, el proyecto avanza en la dirección correcta y por eso lo vamos a votar a favor.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, fui bastante crítico con el proyecto original enviado por el Ejecutivo. No voy a repetir las expresiones de los Senadores que me antecedieron, porque coincido con ellos.
La verdad es que la iniciativa enviada solo se limitaba a ampliar el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura, debido a que los períodos de moratoria establecidos en las leyes números 20.434 y 20.583 no habían sido suficientes para que las empresas salmoneras empezasen a relocalizarse.
Todavía sigo con la idea de que van a pasar cinco años más y tampoco lo van a hacer. ¡Pero bueno! Espero que con esta normativa podamos decir que estamos dando una nueva oportunidad para salvar la situación sanitaria y ambiental, incumplida por la industria salmonera durante tanto tiempo.
Asimismo, el texto original proponía modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura ampliando en cinco años la causal de caducidad de la concesión para los casos de concesiones de peces que se encontraran ubicadas en franjas de distancia obligatoria entre macrozonas y que hubiesen solicitado relocalizarse al 8 de abril de 2015.
En definitiva, me parece que el proyecto presentado por el Ejecutivo era una mera prórroga para enfrentar el pobre eco que han tenido las leyes dictadas en los últimos años para la industria salmonera. A partir de una consulta que efectué al Subsecretario de Pesca el 20 de enero, se reconoció que, después de cinco años, no ha culminado ninguna solicitud de relocalización.
Por otro lado, la iniciativa no se hacía cargo de las imperfecciones e incumplimientos en que incurrió la administración pesquera durante igual período.
La ley N° 20.434, de 2010, establecía, entre otros requisitos, la consulta a los pescadores artesanales en los procesos de relocalización, pero solo este año se ha iniciado una ronda de consultas respecto de solicitudes de relocalización en particular. Es evidente que ello produce molestia generalizada, ya que prácticamente se está consultando sobre hechos consumados.
Además, a la fecha no se ha dictado el reglamento para el establecimiento de caladeros, a pesar del plazo de seis meses dispuesto por el artículo décimo octavo transitorio de la ley N° 20.657. Este es un requisito indispensable para saber cuáles áreas están disponibles para relocalizar concesiones de acuicultura de peces.
Por último, la misma ley N° 20.434, que hoy modificamos, consagra en su artículo 14 transitorio que, "En el plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, se establecerá el estatuto de la acuicultura de pequeña escala". Pues bien, dicho cuerpo legal fue publicado el 8 de abril de 2010 y hasta la fecha no pasa nada.
Omisiones e incumplimientos como estos minan la confianza de los pescadores artesanales en el funcionamiento de la institucionalidad del sector y dan pie para el surgimiento de posiciones antisalmoneras.
Mi propósito es que las cosas se hagan bien, para darle a esta importantísima industria sostenibilidad ambiental, sanitaria, social y -es preciso relevarla también- sostenibilidad política, siendo esta última el factor de conflicto mayor, ya que no se ha reconocido en los hechos la trascendencia del sector pesquero artesanal como un factor indispensable de estabilidad en todas las actividades pesqueras y acuícolas del país.
Por eso puse estas preocupaciones como centro del debate en la Comisión. Y ahora se presenta a la Sala un proyecto sustantivamente mejor -agradezco al Ministro de Economía, aquí presente, su buena disposición para que ello fuera posible-, aunque todavía no es ideal, pues hemos concordado establecer una protección general a los caladeros de pesca en el proceso de relocalización, enmendando el desequilibrio consagrado en la ley N° 20.434, que no solo había entregado las concesiones por 25 años, sino que también había diseñado un proceso de protección sanitaria que consideraba exclusivamente la salmonicultura, en perjuicio de otros usos del mar, como la pesca artesanal, la mitilicultura, el turismo y el uso que le dan los pueblos originarios.
Además, esta nueva propuesta fija un plazo de apenas un año para que las empresas soliciten relocalizar algunas de sus instalaciones y, conjuntamente, elimina el incentivo -inútil, a mi juicio- de la rebaja de la patente que contemplaba la ley.
Otro mejoramiento incorporado a esta iniciativa es la obligación de presentar e implementar un plan de retiro o abandono de las concesiones que se dejan, ya que es de justicia que se entreguen estos bienes de uso público limpios y libres de contaminación.
Estoy seguro de que con este proyecto, mejorado, estaremos dando señales fuertes en el sentido de valorizar el sector de la pesca artesanal, restableciendo los equilibrios con respecto al tratamiento de otras actividades.
También se requiere cumplir, a la mayor brevedad posible, el compromiso de la Presidenta Bachelet en cuanto a iniciar una revisión completa de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Es imprescindible apurar el paso para el envío y discusión del proyecto que crea el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, de la ley de bonificación de algas y de la tan esperada ley de regularización de caletas, que entregará la titularidad de estos espacios a la pesca artesanal y sus organizaciones.
Por todas estas razones, anuncio mi voto favorable a la presente iniciativa, la que, en conjunto con las otras que he mencionado, permitirá asegurar un marco de estabilidad para el desarrollo de la pesca artesanal y también de la industria salmonera, de manera que el aporte económico y social de ambos sectores, de gran relevancia en las regiones australes, particularmente en la región que represento, tenga sustentabilidad y permanencia en el tiempo.
He dicho.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.


El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero desearle éxito en su gestión como Vicepresidente del Senado.
El objetivo del proyecto es ampliar el plazo de cierre a nuevas concesiones de acuicultura y la suspensión del trámite de nuevas concesiones, que finaliza el 8 de abril de este año, con el fin de completar el proceso de ordenamiento de la actividad de acuicultura de salmones y la relocalización de las concesiones existentes.
El 2010, con motivo de la crisis del virus ISA, que afectó a los salmones, se dictó la ley N° 20.434, cuyo objetivo era completar, con nuevos instrumentos legales, la potestad de la autoridad en materia sanitaria y ambiental.
Dicha ley modificó los deberes de los concesionarios, incorporando mejores prácticas ambientales y propiciando el ordenamiento de las concesiones, para lo cual contempló el cierre del acceso a nuevas concesiones de acuicultura por el plazo de cinco años -que ahora se prorroga por cinco años más-, contados desde la publicación de la ley, para permitir el ordenamiento de la actividad acuícola de salmones.
Como complemento del cierre del acceso, se incorporó la figura de la relocalización de las concesiones existentes a mejores sectores desde los puntos de vista ambiental y sanitario.
Lamento, señor Presidente y señor Ministro, que se le haya puesto "discusión inmediata" a un proyecto que es muy complejo y respecto del cual no pudimos escuchar a todos los actores involucrados en la actividad y que podrían habernos ilustrado con su opinión: los trabajadores, los ambientalistas, etcétera.
Creo que esa no es la mejor manera de legislar.
Tanto es así, que la iniciativa tuvo que volver ayer a la Comisión, donde terminó de analizarse apenas hoy día. Pienso que esa no es la mejor forma de legislar para no cometer errores. Había información con la cual no contábamos y que recién logramos obtener esta mañana.
Aprovecho la oportunidad para felicitar a los miembros de la Comisión de Pesca, por el trabajo realizado, y valorar la labor que efectuó su Presidenta, la Senadora Jacqueline van Rysselberghe, quien hoy presentó su renuncia al cargo y que permanentemente se ha preocupado del sector pesquero del país, especialmente de su Región, la Octava.
Por otro lado, introdujimos algunos temas que a mi juicio son fundamentales. Es así como el Gobierno se comprometió a trabajar en una ley sobre cierre y abandono de faenas acuícolas.
Tal como ocurre en la minería, en el rubro acuícola también es fundamental contar con un plan de cierre y abandono de faenas. Por eso, junto con la Senadora Muñoz, formulamos una indicación para que, además de la solicitud de relocalización, exista la obligación de presentar un plan de cierre, a fin de que los lugares de centros de cultivo se entreguen como corresponde, tanto en lo que dice relación con la parte ambiental como en todo aquello que pueda tener efecto sobre el turismo y otras actividades fundamentales de la zona.
Por eso, esperamos que el Ejecutivo plantee a la brevedad un proyecto de ley sobre cierre y abandono de faenas acuícolas que complemente la norma ya aprobada sobre el particular.
En algunos casos, las salmoneras han dejado todo tirado. Tenemos el borde costero contaminado de porquerías y desechos. ¡Y no ha habido fiscalización! Esa es la verdad. Es cosa de que ustedes recorran los fiordos para que se den cuenta de que allí existen porcentajes importantes de plumavit, cabos sueltos, boyas, tubos y plásticos, afectando muchas veces hasta la navegación por el sector. Se produce el acorbatamiento de embarcaciones y otros serios problemas.
En ese sentido, hago un llamado a la responsabilidad de la industria acuícola, que ocupa un bien nacional de uso público que tiene que ser respetado y no ser abusado.
Es por eso que con la Senadora Muñoz presentamos la referida indicación, esperando que el Ejecutivo apure el ingreso de un proyecto sobre la materia que dé tranquilidad y, de ese modo, se haga buen empleo de un bien nacional de uso público que implica el respeto por el medio ambiente de parte de un sector al que se le ha dado la posibilidad de ejercer una actividad económica en él.
Es importante destacar, señor Presidente, que el problema se ha suscitado no porque haya habido un mal trabajo del Ministerio o de la Subsecretaría de Pesca, ni mucho menos.
El punto es por qué ha sido necesario ampliar el plazo. Y es porque originalmente las concesiones acuícolas no se daban con GPS. Son muy antiguas. Y ahora resulta indispensable proceder a un ordenamiento para que pueda empezar a operar la relocalización, que es un proceso lento, donde se requiere efectuar estudios de impacto ambiental y cumplir una serie de obligaciones.
Por lo tanto, hay que entregar un plazo adicional, que no nos gusta, pues hubiésemos preferido que la relocalización ya se hubiera producido, pero es necesario.
Por último, respecto del fiordo de Aisén, llegamos a acuerdo con el Ejecutivo y presentamos una indicación con el objeto de que las concesiones allí otorgadas en razón del accidente y el tsunami ocurridos años atrás a lo más puedan subdividirse en dos. No podemos permitir que se subdividan más allá de las posibilidades y se hagan negocios que no corresponden.
Por todo lo anterior, señor Presidente, vamos a aprobar este proyecto, confiando en que la Cámara de Diputados actuará en la misma forma.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.


La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, Honorables colegas, el proyecto en trámite, qué duda cabe, soluciona aspectos prácticos vinculados a los plazos y procedimientos de relocalización aprobados anteriormente, como ya señalaron acá la Presidenta de la Comisión y los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, tras la severa crisis que afectó a la industria.
En lo formal, coincido con el Senador García-Huidobro, lamentando que esta iniciativa haya sido presentada tan cerca del plazo perentorio que se busca extender y se haya circunscrito a dicho aspecto, evitando una discusión conjunta con otras materias vinculadas a esta actividad.
Como indicó el Senador Horvath, no debemos olvidar que estamos frente a una industria que generó su propio colapso, con prácticas ambientales, sanitarias, laborales y económicas muy reprochables.
Considerando el descalabro social que se produjo en diversas regiones del sur del país, particularmente en Los Lagos y Aisén, fue el Estado y, por tanto, todos los chilenos los que concurrieron a su salvataje, aprobándose concesiones susceptibles de ser transferidas e incluso hipotecadas, para favorecer el refinanciamiento de las empresas.
Ese hecho nos permite exigirles a estas, señor Presidente, la máxima rigurosidad. Sin embargo, vemos que muchas de las prácticas cuestionadas aún persisten.
En consecuencia, sin perjuicio de aprobar en lo sustantivo normas que favorecen la relocalización, debo hacer presente que, tal como ya expresaron el Senador García-Huidobro y la Presidenta de la Comisión, urge una discusión profunda y seria sobre esta industria.
Esperamos que la Subsecretaría del ramo presente una iniciativa más completa y se promueva un debate más global. Y en esa discusión de mayor contenido quisiéramos abordar, con mayor profundidad, lo referido al cumplimiento de los estándares sanitarios y ambientales. Estas plantas dejan un daño irreparable al entorno, desechos industriales y orgánicos en el fondo marino, alteraciones del ecosistema.
Con este proyecto damos un paso. Como dijo el Senador García-Huidobro, ambos, junto a la Honorable señora Goic, presentamos una proposición para incorporar la necesidad de que las empresas cuenten con un plan de abandono y cierre similar al de las faenas mineras, que permita precaver y garantizar que se devuelvan los fondos marinos y el borde costero a su estado anterior a las explotaciones.
Debemos complementar esa disposición, pero, sin duda, puede transformarse en un importante avance.
Asimismo, hay un gran desafío pendiente en lo laboral.
Hubo un compromiso para elaborar un estatuto. Ello aún no se ha abordado y resulta imperioso hacerlo. Sigue existiendo mucho abuso y maltrato hacia los trabajadores del sector y sus organizaciones sindicales.
En materia económica, nos parece que deben incorporarse normas que eviten la concentración. En los últimos meses ha habido diversas fusiones. Ello implica riesgos en materia laboral y también en el funcionamiento de los mercados de insumos, al concentrarse los poderes compradores.
La ley actual incorporó una tímida y mal planteada norma sobre concentración, establecida como porcentajes solicitados sobre el área concesionable de una región y no sobre la titularidad de áreas aptas en ella para la acuicultura.
Por tanto, señor Presidente, concurro a aprobar el proyecto, pero en el entendido de que es una solución a un tema puntual que quedó pendiente en la ley vigente, cuyo plazo ha resultado insuficiente.
En consecuencia, insisto en la necesidad de efectuar una discusión global y, muy especialmente, de fortalecer las exigencias ambientales y laborales para una industria que sobrevive gracias a todos los chilenos y las chilenas mediante la utilización de recursos naturales que nos pertenecen a todos.
Voto que sí.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, seré muy breve.
No puedo desconocer mi desagrado con este proyecto.
Debo manifestar, al inicio de mi intervención, que siento que esta industria tuvo un comportamiento por momentos deplorable tanto en el ámbito ambiental como laboral. A ella, ante una crisis sanitaria que trascendió las fronteras de nuestro país, se le dio una mano y se le facilitaron créditos y un marco institucional para apoyarla en la emergencia que vivía, con un altísimo impacto en algunas regiones, y su actuación no honra a la industria en su conjunto.
Resulta tremendamente molesto que capitales extranjeros que operan en nuestro territorio se comporten en este como no se les ocurriría hacerlo en sus países.
Por ende, señor Presidente, aquí hay una situación de hecho que molesta profundamente. Y más aún al ver la propuesta inicial. Valoro y reconozco la tremenda rectificación realizada por la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado, que, a mi juicio, ha ayudado a atenuar una cosa aberrante. Pero no tengo la convicción de que esté todo resuelto.
Me gustaría que el plazo fuera de seis meses, o de un año, para que tuviéramos la posibilidad de precisar ciertos conceptos. Porque, en verdad, el Senado ha tenido que estudiar el proyecto a un ritmo que tampoco se condice con la importancia del sector económico a que pertenece esta industria. Nos han pedido que en menos de un par de semanas abordemos un tema de tremenda magnitud.
Personalmente, no tengo la garantía de que todas las concesiones quedarán fuera de los parques y reservas nacionales y de las aguas interiores de las Regiones de Aisén y de Magallanes.
No sé si me podrán dar garantías de que mañana las industrias que operan en esos territorios y que se subdividirán en dos o que serán ubicadas en otros lugares finalmente permanecerán en fiordos y en lugares que son patrimonio nacional y de la humanidad. No hemos tenido tiempo suficiente para tratar el tema, y de ahí que lo haga presente.
Señor Presidente, yo tenía la voluntad plena de votar en contra del proyecto original, porque el texto que se presentó acá era muy malo. Tuve un intercambio de palabras con el señor Subsecretario -gran amigo-, Raúl Súnico. Pero él no es responsable per se de la propuesta que se trajo. Se trataba de una situación de hecho; en mi concepto, improvisada, o a lo menos carente de una planificación adecuada.
Por ello, pienso que la iniciativa se ha mejorado, pero no sé si nos da garantías a todos los chilenos. Porque aquí se amplía el plazo de cierre, y no sé por qué tendríamos que hacerlo. Debería caducarse todo ipso facto, ¡punto!, como se hace con todos los chilenos que no cumplen la ley y no respetan los plazos, si no terminamos generando el concepto de "no igualdad ante la ley".
Se nos condiciona por el impacto laboral de las medidas que se adoptan. Por momentos uno podría sentirse casi chantajeado: "o aprueban esto o se destruye la industria".
Señor Presidente, por lo menos en señal de molestia, no votaré en contra ni a favor, sino que me abstendré.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Solicito a la Senadora señora Muñoz que me remplace en la testera, con la autorización de la Sala, para poder hacer uso de la palabra.
--Pasa a presidir la sesión la Senadora señora Muñoz, en calidad de Presidenta accidental.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la discusión habida sobre la iniciativa que se transformaría en la actual Ley de Pesca y Acuicultura, que beneficiaba a un sector importante de esta actividad, claramente fue tensa, debido a que se refería a una industria que puso a Chile en el lugar número uno de la producción mundial de salmones -era un gigante con pies de barro-, a un costo ambiental cuyo saldo aún estamos pagando.
En esa oportunidad, lejos de castigársela por el despido de 40 mil trabajadores y la contaminación de todos los sectores donde efectuó su actividad acuícola, cuyo desarrollo se detuvo por la infección de los peces con el virus ISA, se la premió, dándole la opción de utilizar nuevas áreas, ahora en Magallanes, las cuales son totalmente gratuitas, sin pagar costo alguno por el daño causado.
Es decir, a una industria que comete el gravísimo error de dejar al desnudo el sistema de producción de salmones en el mundo, donde llegó a tener el primer lugar, no se le castiga, sino que, por el contrario, se la premia. Y, además, con concesiones de carácter indefinido, porque la ley estableció -me opuse y voté en contra de ello- que se entregaran concesiones por 25 años, salvo que la industria beneficiaria hubiera recibido tres sanciones por faltas a la ley laboral en el curso de 10 años, situación que no va a ocurrir jamás y la empresa tendrá preferencia para continuar con la concesión. Es decir, se trata de concesiones perpetuas, renovables cada 25 años.
Aun así, esta industria hoy incumple la ley.
¿Es acaso necesario un incentivo más para que se relocalicen?
Me pregunto, ¿por qué se mantendrán las concesiones si se termina el plazo?
O sea, señor Ministro -por su intermedio, señora Presidenta-, si se vence el plazo y no se han relocalizado, las empresas perderán la concesión.
En definitiva, lo peligroso es, en mi opinión, que se presenten solicitudes de concesión de acuicultura en aguas marítimas que formen parte de parques nacionales no susceptibles de aquellas por respeto a la Convención de Washington. Eso es así. Entonces, no veo por qué se habla en el informe respecto de estas últimas, cuando las concesiones fueron otorgadas antes de la resolución de la Contraloría. El derecho de permanencia se establece por tratarse de situaciones jurídicas consolidadas.
Cabe preguntar -no sé si hay algún miembro de la Comisión especializada; aquí está la Presidenta, la Senadora Van Rysselberghe-, ¿qué significa "situaciones jurídicas consolidadas"? Si contaban con una concesión, tenían un mandato de relocalización y no lo han cumplido.
Si la ley prescribe y mandata, y no la cumplen, se termina la concesión.
Tal como puntualizó el Senador Rabindranath Quinteros, este proyecto es una prórroga velada, camuflada de las concesiones. Se les otorga más plazo para que mantengan el derecho, en circunstancias de que se pudo haber realizado sin necesidad de prorrogar la aplicación de la ley.
El informe de la Comisión indica que es necesario establecer alguna preferencia para la relocalización. ¡O sea, más concesiones! Y me pregunto si mi Gobierno hizo una evaluación de los beneficios y de los cumplimientos a que se comprometió la industria.
El señor PROKURICA.- No hay más concesiones.
El señor NAVARRO.- Es cierto. Solo digo que las que ya fueron entregadas debieron haber cumplido el plazo.
Entonces, ¡digamos las cosas por su nombre! No estamos ampliando un plazo por el hecho de que las empresas no pudieron relocalizarse. ¡No quisieron hacerlo!
Además, hemos fijado otro elemento respecto del cual quiero llamar la atención, señor Ministro, en el sentido de que estamos ante una situación jurídicamente consolidada. ¡Si la Convención de Washington es clarísima! No podemos modificar un parque nacional si no es mediante una ley, y claramente no pueden otorgarse concesiones en aguas marítimas que le pertenezcan.
Por lo tanto, el peligro de esta iniciativa es que establece situaciones jurídicas consolidadas, es decir, derechos adquiridos.
En segundo lugar, tal como lo dijo el Senador Juan Pablo Letelier, a cualquier comerciante que se le vence la patente y no la renueva, ¡chao! ¡Se terminó el permiso! A cualquier ciudadano que debe cumplir con un trámite y se le acaba el plazo, no se le renueva.
Sin embargo, cada vez que la industria salmonera tiene un problema, debemos dictar una ley de la república. ¡O sea, el Senado está al servicio de las salmoneras y me pregunto qué beneficio dan ellas al país!
Asimismo, por cierto, quiero conocer las condiciones de empleo que ofrece la industria, toda vez que el cumplimiento de la legislación laboral fue uno de los requisitos que incorporamos en el proyecto anterior. El informe no contiene línea alguna sobre el cumplimiento de las relaciones laborales, el respeto a la reglamentación laboral o al Código del Trabajo.
Entonces, señor Ministro, si estamos entregando una nueva excepcionalidad, tal como lo hicimos en la iniciativa que aprobamos con mi voto en contra mediante el cual les exigimos el cumplimiento de la ley laboral, a lo menos el Gobierno debió evaluar el cumplimiento de estas empresas de las leyes laborales bajo la legislación vigente, antes de darles una prórroga para nuevas concesiones o, en este caso, una relocalización. De lo contrario, dejaremos de lado el gran debate que realizamos. Si estas empresas lo hacen bien, ¡bienvenido sea! ¡Un aporte al desarrollo y al crecimiento económico! ¡Un buen trato para los trabajadores!
Sin embargo, el informe de la Comisión no consigna evaluación alguna acerca del cumplimiento de las exigencias que en el proyecto anterior les impusimos.
En segundo término, claramente la industria se dejó estar. Me reuní ayer con Felipe Sandoval, actual presidente del sector salmonero, quien es un hombre que sabe de estos temas -además fue Subsecretario de Pesca y miembro de la anterior Concertación-, y me indicó que las empresas van a cumplir, que se encuentran comprometidas.
Con todo, la experiencia indica que el sector no cumplió...
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto más.
El señor NAVARRO.- Muchas gracias, señora Presidenta.
Decía que este sector no cumplió y hoy día nos pide más facilidades, una nueva flexibilidad. Sin embargo, siento que en el informe no están dados los argumentos para confiar y creer que sí lo va a hacer.
Estoy dispuesto a apoyar a la industria salmonera en condiciones medioambientales y laborales adecuadas, tal como lo exigimos en la ley.
No obstante, el informe de la Comisión de Pesca no es convincente, y me habría gustado que estos aspectos hubieran estado presentes en el debate de la Comisión para haber votado favorablemente.
En consecuencia, me abstengo en virtud de las dudas que surgen de las situaciones que he señalado.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos favorables y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido, y, por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Letelier y Navarro.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señora Presidenta, en primer lugar, agradezco el trabajo de la Comisión de Pesca, que fue muy significativo para perfeccionar el texto ingresado por el Ejecutivo.
Tal como indicaron varios Senadores, hemos obtenido una iniciativa que, sin lugar a dudas, ha sido perfeccionada en comparación con la que presentó el Gobierno.
Quiero ser muy claro en cuanto al objetivo del proyecto, que apunta a enfrentar uno de los aspectos que hicieron presente todos los Senadores que intervinieron con anterioridad: mejorar el desempeño ambiental y sanitario de esta importante industria para nuestra economía.
Efectivamente, no prorrogar la relocalización generaría, en los hechos, la entrada de nuevas solicitudes -por lo tanto de nuevas concesiones-, haciendo aún más complejo el escenario sanitario en materia de acuicultura, en circunstancias de que esta industria es tremendamente relevante para Chile.
Me parece primordial señalar que la industria salmonera debe cumplir con los más altos estándares ambientales. Eso forma parte de lo que se discutió en la Comisión de Pesca y del compromiso asumido por el Gobierno para un desarrollo sustentable de la actividad.
También debo puntualizar que una de las materias que habíamos incorporado durante la discusión parlamentaria en el Senado: la mantención de un beneficio tributario que se le dio a la industria el año 2010 fue eliminada...
El señor PROKURICA.- ¡Escuche, Senador Navarro!
El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).-... y, por lo tanto, eso no está presente en el texto que acaba de ser aprobado por la Sala. Y considero sumamente importante dejarlo muy en claro.
De otro lado, es menester hacer presente que la relocalización de los centros de cultivo no podrá sobreponerse con áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos; parques y reservas marinas y parques nacionales; espacios costeros marinos de los pueblos originarios; áreas donde haya presencia de banco natural o un caladero de pesca; y a sectores de interés turístico definidos en la zonificación respectiva.
Ello también avanza en la dirección de hacer que las distintas actividades económicas puedan convivir de manera razonable y sustentable.
Ese desafío tenemos en el país, donde nuestros recursos naturales, por una parte, y el desarrollo del sector turístico y de la pesca, por otra, son tremendamente relevantes.
Nuestro compromiso como Gobierno, sin lugar a dudas, es profundizar en aquellas materias en que nos comprometimos en las diversas discusiones, especialmente en lo que respecta al cierre de las concesiones que se han relocalizado, de manera de lograr un remedio efectivo a los pasivos medioambientales que se pudieron haber generado.
Ese es nuestro compromiso como Gobierno y, ciertamente, en un ámbito tan importante como el de la pesca artesanal, seguiremos trabajando en todos aquellos proyectos en que nos hemos comprometido.
Debo comentarles que hoy me retiré un poco antes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, y estaba casi finalizando la aprobación del proyecto de ley sobre cultivo y repoblamiento de algas. Esa es también una muy buena noticia, Senador Prokurica, toda vez que usted presentó una moción en esa línea. Es decir, estamos avanzando en esa materia.
Asimismo, hemos comprometido una iniciativa para impulsar la regularización de las concesiones de caletas pesqueras, con el objeto de poder implementar todos los instrumentos de desarrollo productivo para agregarle valor a esas caletas y a la pesca, de forma tal de superar la difícil situación que enfrentamos como país en materia de cuotas, y seguiremos trabajando como Gobierno en todas las áreas que hemos asumido dentro de nuestro programa de Gobierno.