OBLIGATORIEDAD PARA CONCESIONARIAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE VELOCIDAD MÍNIMA GARANTIZADA DE ACCESO A INTERNET
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Letelier y Quintana y del ex Senador señor Uriarte, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8584-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Letelier, Quintana y del ex Senador señor Uriarte):
En primer trámite, sesión 48ª, en 11 de septiembre de 2012.
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 2ª, en 18 de marzo de 2014.
Discusión:
Sesión 11ª, en 22 de abril de 2014 (queda para segunda discusión).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que en la sesión del Senado de fecha 22 de abril se solicitó segunda discusión respecto de esta iniciativa.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió el proyecto únicamente en general y acordó proponer a la Sala proceder en iguales términos, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único.
El texto que se propone aprobar en general se consigna en las páginas 5 y 6 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, solicito autorización para que pueda ingresar a la Sala el Subsecretario de Telecomunicaciones, dado que esta es una iniciativa que también interesa al Ejecutivo.
El señor PIZARRO.- ¡Abra la votación, señora Presidenta!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos por partes.
¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso del señor Subsecretario?
--Se accede a lo solicitado.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Además, simultáneamente a la inscripción, se podría abrir la votación para que los señores Senadores fueran fundamentando sus posiciones.
El señor LARRAÍN.- ¡No, señora Presidenta!
La señora ALLENDE (Presidenta).- No todavía, entonces.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, este es un proyecto muy relevante, por la penetración actual de Internet en Chile: cerca del 40 por ciento de los hogares del país tienen red o están conectados a Internet. Y si uno suma la telefonía móvil, la cobertura del servicio de telecomunicaciones alcanza a casi el 96 por ciento de los chilenos.
Como esta es una tecnología nueva -tiene apenas diez años-, hoy, aunque parezca sorpresivo -y algunos seguramente querrán mantener esta situación, lo cual lamentaría-, la SUBTEL no posee atribuciones para regular al sector. No tiene casi ninguna facultad, salvo la que se le otorgó a través del proyecto de neutralidad en la red, muy innovador y del cual fui uno de sus impulsores, que obligó a las empresas a explicitar las coberturas y velocidades de Internet.
¿Qué sucede? Que, si bien hemos avanzado en materia de telecomunicaciones, hay una ausencia absoluta de normas de calidad de servicio. Por lo tanto, ni una Superintendencia ni la SUBTEL, que hoy cumple ese rol, puede hacer exigencias en dicho ámbito.
¿Qué ha pasado con las empresas? Dado que no existe ninguna regulación y ninguna norma de calidad de servicio, están usando la misma infraestructura, las mismas redes que utilizan desde hace diez años, para ofrecer servicios a una población de usuarios cada vez más creciente, evidentemente con mayores utilidades, pero con casi cero inversión en redes e infraestructura. Y cuando se usa la misma tecnología y no se aportan nuevos recursos, obviamente se generan vacíos.
¿Por qué es importante esto? Porque afecta a todo el país. Hace un tiempo, en Punta Arenas -lo pueden corroborar los parlamentarios de la zona- se cortó la fibra que venía de Argentina y la ciudad quedó totalmente a oscuras, al igual que la Región de Aysén.
¿Qué hace el proyecto, que es una iniciativa transversal presentada con los Senadores Chahuán, Quintana y Letelier y el ex Senador Uriarte? Establece la obligación de asegurar una velocidad mínima de Internet. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que está ocurriendo hoy, que nos afecta a todos y con mayor razón a sectores que con gran dificultad acceden a cierta cantidad de megas por segundo: que a las 10 de la noche la mayoría no dispone de la velocidad por la cual se está pagando. Esto es como si ustedes fueran a comprar un kilo de manzanas y les dieran 100 gramos.
Por lo tanto, aquí hay una absoluta irregularidad, en el sentido de que se ofrece un producto por el cual los usuarios pagan, pero que a determinada hora -lo hemos vivido todos- no funciona a la velocidad ofrecida. ¿Y por qué? Porque, en cierta manera, abusan. Ellos compran una cantidad de megas por nodo. Por ejemplo, un mega. Pero este tiene una tasa de una a diez personas, según un sistema probabilístico. Y a la hora de que a las diez se les ocurra navegar al mismo tiempo, evidentemente ese mega será totalmente degradado.
¿Y qué deben hacer las empresas si tienen a diez clientes y les ofrecen cierto número de megas? Procurar tener la cantidad suficiente para que, independientemente de la hora que sea y aun cuando todos naveguen al mismo tiempo -esto es como el peso máximo de un puente- entreguen una cantidad mínima de servicio.
Ni siquiera estamos planteando que sea el cien por ciento. Antes la ley obligaba a entregar diez por ciento; hoy día no obliga a nada. En mi casa he medido la velocidad de conexión y a veces alcanza a un mega habiendo contratado cifras muy superiores, las máximas que ofrece la compañía en que estoy suscrito. Y les aseguro que cualquiera que haga la prueba podrá demostrarlo de manera empírica.
¿Cuál es el problema hoy día? Que la SUBTEL no tiene atribuciones para regular esta materia. Y eso nos parece muy malo, porque se trata de un derecho. Incluso, nosotros planteamos que el acceso a Internet sea un derecho universal, una garantía constitucional; un servicio como el agua, la electricidad, que llegue a todas las casas, independientemente de la condición socioeconómica. Porque, en el futuro, estar conectado a redes será tan importante como la propiedad privada. Quien no lo esté se hallará fuera del mundo. Las redes determinarán los asuntos energéticos -habrá una Internet energética-, de salud; las relaciones con el Estado, con los supermercados, con las compras.
Por lo tanto, acá hablamos de un desafío de futuro que no puede quedar exento de regulación.
Pero el proyecto en discusión también establece ciertas regulaciones para Internet móvil. ¿Qué pasa con esta? Algo muy parecido: las empresas de este rubro, por ejemplo, ofrecen cierta cantidad de megas por segundo, pero degradan la cantidad de servicio. Es decir, cuando una persona que contrata dos megas -dos mil kilos- cumple determinada cuota de uso, se los rebajan a 200 kilos, o sea, casi la dejan sin Internet.
¿Qué planteamos nosotros? Que no se pueda degradar el servicio y que, si ofrecen dos megas de Internet móvil, de verdad cumplan con esto. Porque a veces ocurre que a las personas, sin saberlo, sin que lean la letra chica -muchos de estos temas están en la letra chica-, le degradan la señal.
Hoy día los contratos suscritos por casi todos quienes tienen Internet dicen textualmente: "Se va a garantizar la velocidad que se pueda ofrecer". Esto constituye un verdadero engaño, porque los usuarios de Internet pagan por determinada cantidad. Y nosotros pedimos que al menos, ¡al menos!, exista una normativa legal. Porque hay algunos que señalan que esto es materia de reglamento. No: los derechos se defienden con leyes. Evidentemente, la cantidad específica, los criterios, deben determinarse por reglamento. Pero la atribución para que la SUBTEL pueda fijar determinada cantidad mínima o determinada calidad de servicio no puede ser dejada al reglamento, sino, por muy poderosas que sean las empresas, a una ley.
Nosotros estamos en una orfandad total frente a una ciudadanía que requiere cada vez más de Internet, cada vez más penetración en la red, pero que hoy día se encuentra en absoluta orfandad.
Y el que nuestro Estado, nuestra SUBTEL, no tengan casi ninguna atribución en un tema tan importante como la conectividad, las redes -salvo las que establecimos en el proyecto de neutralidad en la red, totalmente insuficientes-, resulta inadecuado y revela una asimetría total que hace que las personas sean altamente vulnerables frente al accionar de las empresas: la venta de determinada cantidad o velocidad de servicios -ustedes lo ven en las promociones, en la publicidad- que no son tales.
Así que esta iniciativa es primordial para un ámbito nuevo: Internet, que será el espacio más importante en la vida de las personas. Ya lo es para los jóvenes. Si ustedes ven la cantidad de tiempo que estos pasan conectados a Internet, se darán cuenta de que serán ciudadanos digitales por completo.
Consideramos muy relevante que esta materia se regule y no se rija por la ley de la selva, como lo es ahora, en que el más grande, el más poderoso sea quien gane, producto de que las personas ni siquiera tienen acceso a la información, de que los contratos ni siquiera resguardan derechos mínimos para los usuarios.
Por eso, señora Presidenta, esperamos que este proyecto, que fue aprobado por la unanimidad de la Comisión de Transportes, que es transversal, que no tiene color político, ideología política, sino que solo busca establecer derechos básicos fundamentales, sea respaldado por el Senado.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le corresponde intervenir al Senador señor Tuma. Pero primero le daré la palabra al Honorable señor García-Huidobro, quien le solicitó a la Mesa poder formular un planteamiento.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, se halla presente en la discusión de este proyecto el señor Subsecretario de Telecomunicaciones, y creo que resultaría muy relevante saber cuál es la opinión del Ejecutivo.
Porque hay dudas respecto de si esto es materia de reglamento o si necesariamente requiere una ley.
Entonces, le pido al señor Subsecretario -por su intermedio señora Presidenta- que nos dé a conocer el parecer del Gobierno a fin de ilustrarnos respecto de esta iniciativa. Hay que considerar que la velocidad en Internet es muy importante porque hoy día es un instrumento de la ciudadanía para informarse, para compartir.
Es discutible si esto es materia de ley.
Por eso -reitero- pido que, si es posible, el señor Subsecretario nos entregue la opinión del Ejecutivo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Subsecretario de Telecomunicaciones.
El señor HUICHALAF (Subsecretario de Telecomunicaciones).- Señora Presidenta, en primer lugar, muchas gracias por aceptar que dé a conocer el parecer del Ejecutivo.
Y a fin de dar respuesta claramente a lo que nos preguntaba el Senador señor García-Huidobro, debo decir que para el Gobierno este proyecto es bastante positivo.
Efectivamente, tal como lo mencionaba el Honorable señor Girardi, se trata de un complemento de la ley que estableció el principio de neutralidad de la red, que fue la primera en el mundo que se aplicó en este ámbito. Hace unos días estuve en Brasil cuando en el Parlamento de esa nación se votó a favor de la iniciativa que consagra tal principio.
La neutralidad de la red impulsa lo relativo a la conectividad en el país; establece condiciones de no bloqueo ni intervención por parte de las empresas en el acceso de las personas a Internet.
Sin embargo, en el caso de Chile la ley de neutralidad estableció la transparencia en el mercado. El que las empresas fijaran, por ejemplo, las velocidades y cualquier persona pudiera conocerlas.
No obstante, quedó al debe -y creo que este proyecto es necesario desde ese punto de vista- que se determinen, por principio, las facultades de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para disponer normas de calidad de servicios de telecomunicaciones.
En ese mismo sentido, señora Presidenta, la SUBTEL, dentro del mandato legal inserto en el concepto de disminución de la brecha digital, también debe tener en consideración el acceso a Internet y la calidad de servicio de las telecomunicaciones.
Internet es uno de los servicios respecto a los cuales no consideramos garantías a través de la reglamentación de normas técnicas. Es mucho más propio a fin de que haya más claridad para la industria, para las personas usuarias de telecomunicaciones, que se establezca a través de una normativa este principio en forma explícita con respecto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones en este caso, para que después también lo sea para la Superintendencia, sin perjuicio de lo cual también valoramos que se establezca la prohibición de la degradación de servicios de Internet móvil.
Debemos decir que en este caso hoy en día existe un desarrollo exponencial. Sin embargo, hay una diferenciación entre el acceso a Internet fijo, donde uno consume todo el plan (10 megas, por ejemplo), y el acceso a Internet móvil, en que existe una cuota de servicio: uno navega cierta cantidad, por ejemplo ve 20 videos y al 21 baja la calidad de servicio. Y estas son condiciones comerciales que las personas están obligadas a aceptar, porque de no hacerlo, no pueden usar tal servicio.
Por tanto, esta iniciativa prohíbe esa degradación.
Incluso, hoy día existen planes comerciales que ofrecen Internet móvil ilimitado. Y ello no es real, porque tienen límites, cuotas.
Por eso, a raíz de la dictación de la ley de neutralidad en la red, la Subsecretaría de Telecomunicaciones estableció sanciones, pero estas contemplan multas bastante bajas; las de la Superintendencia de Telecomunicaciones son mayores.
Pero por lo menos el Ejecutivo tiene claro este punto. Y solicito a los Senadores que consideren aprobar este proyecto, de tal forma que en la Comisión se formulen las indicaciones precisas para que, a través de una norma reglamentaria, consagrada explícitamente a través de este principio legal, podamos fijar en la Subsecretaría las condiciones de velocidad mínima, no tan solo de Internet -es necesario ponerlo de manifiesto-, sino también de otros servicios de telecomunicaciones, como los de telefonía móvil y fija, e incluso el de televisión digital, cuya ley respectiva será próximamente promulgada y publicada en el Diario Oficial.
Por último, agradezco nuevamente a la Sala por permitirme intervenir, y espero que mi respuesta haya sido clara.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Creo que el Ejecutivo ha contestado la consulta formulada por el Senador señor García-Huidobro.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señora Presidenta, en primer lugar, felicito a los autores de la iniciativa y también al señor Subsecretario que nos acompaña.
Quiero decir que este proyecto atiende lo que hace años era el derecho de los consumidores al acceso a bienes y servicios telefónicos, y ahora lo es a la red informática, cuya neutralidad -lo dijo el Subsecretario-, debe garantizarse a fin de que cualquiera pueda acceder a ella.
Y, como lo señaló uno de los autores de la iniciativa, en este servicio existe un problema de sobreventa: las empresas que lo prestan venden una velocidad que no tienen capacidad de cumplir. Por eso la bajan y los ciudadanos perciben que existe un mal servicio.
La importancia de las buenas comunicaciones en materia de Internet cobra relevancia hoy al conocer el modo en que la ciudadanía se ha incorporado a su uso. Se debe considerar que esta red se ha convertido en la gran plataforma del desarrollo económico, político, cultural, social. No existe ninguna comunidad donde no se utilice crecientemente este medio de comunicación. Creo que ha aportado en forma significativa al modo de desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
En tal sentido, la FAO sostiene que el servicio de Internet a nivel local ha implicado un avance para las comunidades rurales y un soporte para el desarrollo agrícola.
En fin, existe un crecimiento exponencial de este servicio. Y tenemos que reconocer las cifras entregadas por el SERNAC y la SUBTEL, en su ranking de reclamos entre enero y noviembre del 2013.
Durante ese período, los reclamos recibidos por ambas instituciones fueron 106 mil 482. De estos, el 17,3 por ciento tuvo relación con la Internet fija y móvil. Por tanto, existe una gran cantidad de consumidores y usuarios que se sienten mal atendidos. Y la mayoría de ellos en cuanto a la velocidad de Internet.
El Senador García-Huidobro preguntaba: "¿Es necesario este proyecto de ley?; ¿no basta con las facultades de la Subsecretaría?". ¡Claro que es necesario! Esta iniciativa establece un marco. En él se garantiza el cumplimiento de un derecho permanente: que este servicio tenga un mínimo. Cualquiera de las Administraciones puede ir cambiando ese piso. A mí me parece que a través de la ley podemos consagrar ese derecho.
Esta iniciativa se inspira en el mismo espíritu que el proyecto de ley respecto al consentimiento en materia de contratos financieros, es decir, estos se pueden suscribir por vía masiva, pero deben cumplir con un mínimo, con un piso de conocimiento y de consentimiento por parte del cliente respecto del servicio que le prestan y su costo.
El nivel de penetración y de crecimiento de Internet en Chile ha pasado de 13,7 por ciento, en 2009, a 34,2, en 2012. Y sigue creciendo. Pero no podemos permitir la existencia de publicidad engañosa, que se disminuya la velocidad, que no se cumpla con los servicios esperados y que quienes los presten sigan haciendo un buen negocio, en circunstancias de que los que lo reciben se sienten vulnerados en sus derechos.
Los derechos de los consumidores son resguardados en este proyecto de ley.
Por eso, señora Presidenta, reitero mi felicitación a sus autores y anuncio mi voto favorable.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, este proyecto de ley, del cual soy coautor junto con otros Senadores, se basa fundamentalmente en las disposiciones de la ley N° 20.453, promulgada en 2010, que consagra el Principio de Neutralidad en la Red, cuyo reglamento se fijó por el decreto supremo N° 368, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el mes de diciembre de ese mismo año, en el que solo se establecen normas de publicidad de los servicios ofrecidos.
No obstante la dictación del reglamento, con posterioridad a su entrada en vigencia la misma Subsecretaría realizó un estudio en el que se concluye que los proveedores de servicios de Internet no cumplen con la calidad razonable en la velocidad de acceso a dicha red. Esta alcanza solo a treinta por ciento en la conectividad internacional, que corresponde a la de mayor acceso por parte de los usuarios.
Por lo tanto, se ha producido una situación que se puede denominar "publicidad engañosa de los proveedores". Este punto debe estudiarse. No está absolutamente claro.
A fin de solucionar tal problema, se elaboró esta moción con el fin de establecer que, en lo que respecta a la red fija de Internet, se garantice una velocidad de acceso de setenta por ciento con respecto a la conexión nacional y de cincuenta por ciento si se trata de planes de acceso a conexión internacional.
A su vez, en lo referido a la red de Internet móvil, se propone que se garantice una velocidad de acceso de sesenta por ciento para una conectividad de carácter nacional y de cuarenta por ciento para una conexión internacional.
Para el evento de incumplimiento de dichas disposiciones, se deberán aplicar las penas contempladas en la ley ya citada, debiendo compensarse tal incumplimiento mediante la rebaja del respectivo plan contratado hasta el porcentaje mínimo garantizado.
La iniciativa contempla, asimismo, la dictación de un reglamento, para fijar un catastro de sitios y servicios de Internet con el objeto de efectuar las mediciones de velocidad de acceso, tanto a nivel nacional como internacional, de modo que se pueda garantizar en forma efectiva el cumplimiento del porcentaje mínimo ofrecido por los proveedores de este servicio.
Creemos que este proyecto persigue una idea de toda justicia y que protege plenamente a los usuarios del sistema, al evitar que sean víctimas de publicidad indebida, por lo que amerita su aprobación.
Adicionalmente, señora Presidenta, pienso que esta materia debiera ser vista por la Comisión, para efectos de poder incorporar algunos servicios adicionales aparte de los de Internet (por ejemplo, los de telecomunicaciones) y, adicionalmente, para buscar fórmulas que nos permitan instaurar que los pisos mínimos deben contenerse en un reglamento.
Creo que, en su redacción, esta iniciativa es absolutamente perfectible. Y solicito que se apruebe en general, a fin de que se abra un plazo para presentar indicaciones con el objeto de que en la discusión en particular se pueda mejorar su texto, que, a mi juicio, es perfectible.
Además, los índices de cobertura que hemos señalado debieran ser más bien reglamentarios y no establecerse en virtud de un texto legal.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la iniciativa informada por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones propone, como lo mencionó también el señor Subsecretario, regular y garantizar la velocidad mínima de acceso a Internet, estableciendo un parámetro de porcentajes mínimos entre 40 y 70 por ciento, de acuerdo a las condiciones que en el mismo proyecto se expresan, e imponiendo sanciones en el caso de incumplimientos.
Soy partidario de aprobar la idea de legislar, pues considero que la propuesta legislativa va en la línea, por un lado, de fortalecer la posición de los usuarios, en el marco de una relación inequitativa entre empresas proveedoras y clientes, y por otro, de incorporar elementos reguladores en este mercado, tal como lo hizo la ley Nº 20.453, de 2010, que consagró el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet.
En general, en este tipo de iniciativas, pienso que, en contrapartida a las obligaciones de los proveedores de servicios, deben reconocerse expresamente los derechos de los usuarios o consumidores finales. De esa manera, en este caso se explicitaría el objetivo del proyecto de ley, abordándose desde la perspectiva de los derechos, tal como lo viene reclamando la ciudadanía en las más diversas materias.
En segundo término, es mi parecer que la Comisión de Transportes, en un nuevo informe, debería explicitar las razones técnicas en virtud de las cuales se fijaron entre 40 y 70 por ciento los topes mínimos de velocidad garantizados de acuerdo al plan ofrecido.
Me pregunto, señor Subsecretario: ¿Esos porcentajes no pueden ser mayores? O bien, ¿no debiera quedar entregada su determinación a la autoridad administrativa, la que puede resolver más oportunamente estas materias, conforme a los cambios tecnológicos que en ese rubro son muy acelerados?
Debemos tener presente que nos encontramos frente a un caso en que el usuario ha de soportar una práctica que corresponde a un modelo de negocios que está determinado por el nivel de inversión de la industria o el avance de la tecnología, todo lo cual no depende de aquel.
Cabe preguntarse, entonces, por la legitimidad de que el usuario soporte esta mayor onerosidad o, en definitiva, por el estándar de perjuicio tolerable para el consumidor.
Frente a esta realidad, pienso que debemos ser cautelosos al imponer, finalmente, al usuario restricciones en la satisfacción de los servicios contratados, dadas las prácticas comerciales de los proveedores.
En mi opinión, la masividad que ha alcanzado la cobertura del servicio de Internet y la limitada competencia que existe en este mercado, como en tantos otros, obligan a ser cuidadosos a la hora de regular la relación asimétrica que se produce entre proveedores y usuarios.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, después de estudiar el proyecto y luego de oír las intervenciones sobre la materia, particularmente de los autores de la moción, no puedo menos que compartir el diagnóstico hecho con relación a la baja calidad de los servicios de Internet que se ofrecen hoy día.
Yo no soy usuario de ellos, pero sí mi familia. Y el reclamo al respecto es generalizado. No me cabe la menor duda de que en otros ambientes, en otros sectores, esta queja se repite y multiplica con mayor razón.
Por lo tanto, estamos frente a un diagnóstico que da cuenta de que los servicios de esa naturaleza dejan mucho que desear y de que las velocidades mínimas comprometidas o garantizadas en los contratos no se cumplen.
Hasta ahí, estoy de acuerdo con la iniciativa.
¿Dónde me surgen las inquietudes?
En primer lugar, por la naturaleza de su contenido, me da la impresión de que lo propuesto no es materia de ley, sino propiamente de un reglamento.
La Subsecretaría de Telecomunicación debería elaborarlo. Quizás, parte del problema es que esta repartición carece de facultades para ello, como precisó uno de los autores de la moción (el Senador Girardi). En tal caso, lo razonable sería que el proyecto concediera a la Subsecretaría las atribuciones pertinentes.
De lo contrario, ¿qué estaríamos aprobando si diéramos curso al proyecto tal cual viene? Lo siguiente: "Las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones que presten servicio a los proveedores de acceso a Internet a través de conectividad fija, deberán garantizar al menos un 70% de velocidad de acceso ofrecido en sus distintos planes comerciales, respecto a conexión nacional y deberán cumplir con al menos un 50%", tratándose de conexión internacional.
Cabe preguntarse: ¿Qué pasa si mañana, por el avance de la tecnología, esta norma queda obsoleta? Y es muy probable que así sea. Puede que las velocidades que se requieran en cinco años más precisen porcentajes mínimos distintos del 70 o 50 (tal vez, 80, 90 u otra cifra); o bien, que cambien los órdenes de magnitud. Pero nosotros estaremos amarrados por una ley respecto a la fijación de estos mínimos.
Creo que ese es un error.
Por eso digo que el contenido específico de esta iniciativa es propio de un reglamento. Este no necesita de las formalidades de la ley para cambiar su contenido. La autoridad administrativa puede enmendarlo cuando las circunstancias así lo requieran, simplemente porque cuenta con la facultad para ello.
Entonces, me haría sentido que un proyecto de esta naturaleza otorgara a la Subsecretaría de Telecomunicaciones la atribución para fijar los mínimos de velocidad de acceso a Internet en redes fijas y móviles respecto a conexión nacional e internacional. Porque eso mantiene el objetivo de asegurar que las concesionarias cumplan con prestar el servicio que comprometen y, al mismo tiempo, permite que se cambie o adapte el parámetro cada vez que la tecnología nos ponga en una dimensión distinta, por cuanto los cambios en materias tecnológicas no son aritméticos, sino geométricos.
Por lo tanto, rigidizar esta medida por una situación coyuntural no me parece que sea el camino adecuado.
Insisto: me parece muy razonable el objetivo planteado. Y no puedo estar más de acuerdo con el diagnóstico. Es eso lo que ocurre. Sin embargo, creo que la forma como se está enfrentando el problema no corresponde a la solución de una ley.
Quería expresar este punto de vista antes de que se votara para saber si el Ejecutivo está dispuesto a patrocinar -no podemos hacerlo nosotros- una indicación sustitutiva que disponga que le corresponderá al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a la Subsecretaría del ramo o al organismo pertinente la determinación de los porcentajes mínimos de velocidad de acceso a Internet que las concesionarias de servicio público deben ofrecer.
Si convenimos en ello, este será un gran proyecto, pues resolvería el asunto, y con perspectiva de futuro. De lo contrario, vamos a solucionar un aspecto coyuntural, pero en pocos años más, cuando la tecnología avance, nos quedaremos presos de una ley obsoleta, que no se adaptará, ni podrá hacerlo, a los cambios de los nuevos tiempos.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, a propósito de una de las últimas opiniones del colega que me antecedió en el uso de la palabra -y también de las exposiciones de otros señores Senadores-, le pregunté al Subsecretario de Telecomunicaciones si el Gobierno está dispuesto a acoger lo planteado para avanzar en acuerdo.
Entiendo que la primera idea -y me hace mucho sentido- es enviar la iniciativa de vuelta a la Comisión para que haya mayor discusión. Entiendo que los sectores involucrados han participado poco o nada en el debate de esta propuesta.
Otra opción consiste en aprobar ahora la idea de legislar y resolver el asunto en la discusión particular. El Ejecutivo, en voz del propio Subsecretario, ha señalado que tiene toda la voluntad, el ánimo y el deseo de llegar a un acuerdo para mejorar el proyecto. En esa instancia, a través de indicaciones, se perfeccionaría el texto legislativo.
Ahora bien, señor Presidente, aunque tal vez piense que hay poca lógica entre el multirrut y el tema que estamos tratando, quiero hacer presente un caso específico de la región que me honro en representar.
Mediante la figura de los RUT distintos, uno va entendiendo cómo personas que no aparecen dentro de determinadas sociedades tienen el control de las telecomunicaciones en regiones geográficamente relevantes, como la de Magallanes.
En efecto, en el caso de la Duodécima Región, toda la conectividad de Internet está en manos de un particular, de una empresa que vende este servicio a las compañías telefónicas. Pero lo grave del negocio de este empresario de las comunicaciones es que la red de Internet que ofrece viene conectada desde Argentina. Por tanto, la Región de Magallanes está de rodillas frente a la imposibilidad de evitar los frecuentes cortes que sufre el servicio.
El sistema de las comunicaciones en la Región que represento, fundamentalmente el de Internet, opera con una compañía que no solo entrega un servicio monopólico, sino que también presenta permanentes interrupciones. Magallanes, en este ámbito, depende totalmente del muy mal servicio que se presta, y a costos tremendamente altos.
¡Y no hay ninguna sanción por ello!
Cada vez que ese servicio se corta, lo que es recurrente -ello sucede por el lado sur de Argentina-, se cae todo el sistema de telecomunicaciones en la Duodécima Región. Imagínese, señora Presidenta, lo que significa, geográficamente, estratégicamente, geopolíticamente, depender en esta materia de un país vecino, producto de que alguien dedicado a las comunicaciones encontró en ello un negocio más, una veta más. Todo esto tiene de rodillas a mi Región, que, al igual que el resto del país, necesita una velocidad de acceso garantizada y un servicio de primera calidad.
Ante ello, el Subsecretario de Telecomunicaciones me ha entregado hoy buenas noticias. El Gobierno me manifiesta que no es admisible que una Región geopolíticamente estratégica como Magallanes tenga precariedad de conexión y un servicio de Internet malo y monopólico. Por tanto -este es el compromiso del Subsecretario-, se buscarán los recursos, a través de la Ley de Presupuestos o de la reforma tributaria, para permitir la conectividad submarina desde la Décima Región. De este modo, será posible conectar el sur de Chile mediante un sistema que dé garantías; que otorgue un servicio serio, responsable, y que no ponga en manos de una sola persona la administración de las comunicaciones de una Región como la que represento.
En esa línea, señor Presidente, felicito al Ejecutivo por tomar la decisión de intervenir en el asunto. Ojalá, antes de fin de año, exista un anteproyecto o una iniciativa concreta en la materia para que Magallanes pueda ofrecer prestaciones de calidad en multiplicidad de servicios: turísticos, empresariales, comerciales, bancarios, médicos, etcétera. La idea es garantizar no solo calidad, sino también velocidad de acceso, tan necesaria y demandante por parte de empresas y personas que llegan a nuestra Región.
Con esa observación, valoro y respaldo el proyecto absolutamente, entendiendo que lo dicho por el Subsecretario apunta a mejorar la conexión en todo el país.
Hoy día no hay sanciones para quienes no cumplen lo pactado. Las compañías entregan un mal servicio, a velocidad "chancha", como se le denomina muchas veces, en lugar de "ancha". En realidad, la conexión no anda a ninguna velocidad; no se mueve. ¡Y el servicio hay que pagarlo igual!
Por lo tanto, se pretende mejorar la prestación; establecer sanciones para cuando se otorgue un mal servicio, y normar el mercado para que dejen de existir estos monopolios en manos de algunos poderosos que manejan las telecomunicaciones en nuestro país.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, las opiniones de los oradores que me han antecedido evitan que me refiera a muchos de los temas que en principio iba a abordar.
Efectivamente el servicio de Internet funciona mal. Es el típico caso en que, por compañías que operan de modo deficiente, se desprestigia, lamentablemente, la empresa privada en general.
Además, ello obliga a fijar mayores grados de regulación, porque, a mi juicio, nadie que contrata hoy un servicio garantizado de acceso a Internet objetivamente logra obtener aquello que supuestamente le ofrecieron.
Pero quiero hacer dos observaciones sobre esta iniciativa.
En primer lugar, por su intermedio, señora Presidenta, deseo representarles, amistosamente, a los miembros de la Comisión una omisión que me parece que no corresponde a un informe del Senado: para esta materia, lisa y llanamente, no se invitó a nadie a opinar.
Cuando llega un proyecto a la Sala del Senado, uno supone que los integrantes del órgano técnico que lo analizaron -y lo digo con respeto y cariño hacia ellos-, con el objetivo de que quienes no formamos parte de la Comisión conozcamos los distintos puntos de vista involucrados, invitaron a las autoridades de Gobierno, a los afectados, a los especialistas en el tema; adjuntaron los antecedentes acerca de cómo opera este asunto en otros países; en fin. De esa manera, podemos tomar una decisión informada.
No puedo comprender -y no es mi ánimo generar conflicto ni siquiera con los autores de la moción pertinente- que se someta a la consideración de la Sala una iniciativa respecto de la cual en la Comisión no se invitó absolutamente a nadie a hablar del asunto.
Entiendo que son especialistas o conocedores de la materia los colegas en este caso, pero igual se debe invitar al órgano especializado a los interesados a dar su opinión, incluso si se tratara de proyectos que se han revisado varias veces. Así se ha procedido en las Comisiones en las que me ha tocado participar. Basta considerar la conocida "Ley Emilia". Los miembros de la Comisión que estudia dicha materia hemos presentado una nueva moción. No obstante ser ya expertos en el tema, abogados que conocemos todos los detalles, igual invitamos nuevamente a los involucrados para ilustrar a la Sala sobre los distintos puntos de vista.
Por lo tanto, pienso que tenemos que presentar a la Sala propuestas legislativas que se sustenten por sí mismas. Ello significa incluir la versión de las personas partidarias de la moción; el parecer de los especialistas técnicos; los antecedentes de la jurisprudencia o, a lo menos, de la legislación comparada; lo ocurrido en Chile sobre el particular, y la opinión de los afectados.
Entonces, creo que ahí hubo una gran omisión.
Como ya señalé, a mi juicio, el servicio de Internet funciona mal. Ahora bien, cuando uno dice esto, se suele pensar que uno es objeto de lobby. Aclaro que a mí no me hace lobby ninguno de estos señores. ¡Cero! Y, si lo intentaran, me daría exactamente lo mismo -¡exactamente lo mismo!-, porque, gracias a Dios, voto como se me ocurre y no como me lo indiquen.
En segundo lugar, la fórmula que se usa no es la adecuada. Y quiero fundamentar por qué.
Si yo fuera una empresa de telecomunicaciones y me exigieran garantizar el 70 por ciento de velocidad de acceso en conectividad fija, garantizaría el 70 por ciento, y nunca el 75. ¿Para qué el esfuerzo en dar más si la propia ley dispone que basta con el 70 por ciento?
Y en el caso de la red móvil, vale el mismo argumento. La norma dice: Las concesionarias "deberán garantizar al menos un 60% de velocidad de acceso ofrecido en sus distintos planes comerciales". De igual modo, si el dueño de una de estas empresas quiere incumplir la exigencia, ¡ofrecerá el 60 por ciento¿!
Pero el argumento, a mi juicio, lapidario respecto de la fórmula propuesta lo entregó el Senador Hernán Larraín al preguntarse lo siguiente: "¿Qué ocurrirá si hoy establecemos un porcentaje mínimo de velocidad por ley y después, dado el avance de la tecnología, resulta razonable solicitar que se garantice el 95 por ciento?". ¿Vamos a dictar una nueva ley?
Entiendo que aquí se plantea una buena idea: regular un mercado que lo requiere. Pero la forma en que se materializa no me parece la correcta.
Ante ello, comparto la opinión de que la iniciativa vuelva a la Comisión, para que se invite a las personas que corresponde; para que se llegue a la Sala con una información más completa; para que el Gobierno participe en definir una proposición más adecuada.
Por esas razones, considero inoportuno votar en este momento. Creo que la fórmula que se está sugiriendo es profundamente equivocada. ¡Equivocada!
Insisto: las empresas de telecomunicaciones, con este proyecto, van a garantizar en conectividad móvil solo el 60 por ciento. Y puede que ese porcentaje sea absolutamente inferior a lo que se requiere. ¿Por qué no el 70 por ciento?
Entonces, alguien dice: "Aprobemos el proyecto en general y después lo mejoramos". Pero lo que ocurre es que la fórmula sobre el porcentaje a mí no me gusta.
Yo prefiero una superintendencia con todas las facultades fiscalizadoras, interventoras, que se requieren para este tipo de servicios y con potestad para pedirles a las empresas que otorguen todo lo que prometieron, no un porcentaje, salvo que medie fuerza mayor o caso fortuito, situaciones en las cuales nadie está obligado a cumplir.
Si mañana un servicio de velocidad mínima garantizada de acceso a Internet no cumple lo que me ofrece, hay dos posibilidades: o me indemniza y recibe una sanción por mala atención al usuario, o simplemente se caduca ese servicio por estar engañándose a la gente.
Por lo tanto, no comparto la fórmula, a la luz de los antecedentes que tengo aquí.
Yo cambiaría de parecer si hubiera un caso similar. Porque Chile no debe de ser el único país del mundo donde se legisla sobre esta materia.
¿Dónde están los datos para comparar?
Por lo expuesto, señora Presidenta, solicito que la iniciativa vuelva a Comisión, en el ánimo de mejorarla. Y propongo, en consecuencia, que no la aprobemos ahora, pues considero que el criterio seguido para fijar el porcentaje puede estar profundamente equivocado.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, ya se han dado los argumentos que explican por qué este proyecto de ley, aunque de hecho todos compartimos su finalidad de propiciar la fiscalización a un servicio que no funciona bien en muchos lugares, especialmente en la zona rural, genera bastante duda en lo que respecta a la fórmula que utiliza para llevar a cabo ese fin.
Tal como puntualizaron los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, se dice que deberá garantizarse al menos 70 por ciento de la velocidad de acceso ofrecida en el caso de la conectividad fija. ¿Y por qué no 65, 80, 90 por ciento?
Y, asimismo, cabe preguntarse por qué tratándose de la conectividad móvil se exige solo 60 por ciento.
La verdad es que provoca numerosas dudas la fórmula que establece este proyecto de ley para garantizar un servicio de calidad.
Adicionalmente, cuando revisé el texto de la iniciativa me llamó la atención el último artículo -el 24 M-, que dispone: "Para la determinación del cumplimiento del porcentaje mínimo garantizado por los proveedores de acceso a Internet, se fijará un catastro de sitios y servicios basados en Internet a través de un Reglamento, considerando especialmente los más visitados y utilizados por usuarios de Internet, respecto a los cuales se efectuarán las mediciones de velocidad de acceso a Internet, tanto a nivel nacional, como internacional.". O sea, esta disposición entra específicamente en la forma de fijar ese porcentaje mínimo garantizado.
Ahora bien, como la tecnología avanza tan rápido, pienso que establecer a través de una ley cómo se medirá la calidad de un servicio puede terminar provocando que él no sea bueno, que sea de menor calidad que la que ofrece el mercado.
En tal sentido, me parece mucho mejor el camino planteado por el señor Subsecretario de Telecomunicaciones, quien afirmó que la entidad a su cargo no tiene hoy día mandato legal para fiscalizar este tipo de servicios. Entonces, debemos entregarle a la Subsecretaría el mandato pertinente para que, a través de un reglamento, determine cómo se va a garantizar técnicamente un servicio de calidad.
Claramente, no es materia de ley -lo explicó el Senador Larraín- el establecimiento de la manera en que se hará técnicamente la medición del servicio.
Por lo tanto, si el Ejecutivo va a presentar una indicación sustitutiva sobre la materia, me gustaría que el señor Subsecretario, a quien me dirijo por intermedio de la señora Presidenta, se comprometiera en tal sentido y, a la vez, nos aclarara en qué línea irá la enmienda. De lo contrario, yo tampoco votaré a favor de la idea de legislar, porque, tal como el Senador Espina, no estoy de acuerdo con el mecanismo que se utiliza para garantizar la calidad del servicio.
Si con este proyecto de ley -como señaló el señor Subsecretario- vamos a facultar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que dicte un reglamento, okay: es un camino completamente distinto del que sugiere la iniciativa que nos ocupa esta tarde.
Si no fuera esa la vía, yo votaría en contra de la idea de legislar o por lo menos me abstendría.
Si el camino fuera el que planteó el señor Subsecretario y el Ejecutivo se comprometiera a presentar una indicación sustitutiva en la línea señalada para que la fórmula técnica derivara del reglamento y no de la ley, a mí me resultaría más factible aprobar la idea de legislar.
Por lo tanto, me gustaría que el señor Subsecretario de Telecomunicaciones adoptara un compromiso en esa dirección.
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El señor ROSSI.- ¿Me permite plantear un asunto reglamentario, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ROSSI.- Señora Presidenta, está citada la Comisión de Educación a las 19:30.
Le solicito recabar la autorización necesaria para que dicho órgano técnico sesione en paralelo con la Sala a contar de esa hora.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Esta sesión concluirá a las 19:30, señor Senador. Por lo tanto, no habrá problema.
El señor ROSSI.- Gracias, señora Presidenta.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Subsecretario de Telecomunicaciones.
El señor HUICHALAF (Subsecretario de Telecomunicaciones).- Señora Presidenta, el Ejecutivo le está pidiendo al Senado que apruebe en general este proyecto con el propósito de que una vez que vuelva a la Comisión, ya con la idea del principio en comento, que es necesario, se escuche a todos los actores -a los técnicos en la materia, en fin- y se reúnan los antecedentes del caso para presentar una indicación sustitutiva que modifique el mecanismo de evaluación.
Es efectivo que casi ninguna empresa cumple el porcentaje. Pero estamos de acuerdo en que establecer un guarismo por ley puede presentar complicaciones, por las distintas tecnologías existentes. Porque hay Internet fibra, Internet móvil, Internet cable, Internet ADSL, cada cual con su singularidad al momento de determinar el porcentaje de velocidad mínima garantizada.
Sí, estamos en condiciones de garantizar que, aprobado en general el proyecto, en la Comisión vamos a presentar una indicación sustitutiva para consignar normas de calidad claras, fijar la atribución a través de un reglamento.
Eso podemos garantizarlo acá.
Muchas gracias, señora Presidenta.
El señor BIANCHI.- ¿Puede abrir la votación, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Es posible, señor Senador.
Antes de darle la palabra al Senador señor De Urresti, creo que, después de la explicación que acabamos de oír, estamos en condiciones de abrir la votación. Porque existe un compromiso del Gobierno, expresado a través del señor Subsecretario de Telecomunicaciones, en el sentido de presentar una indicación sustitutiva destinada a resolver los puntos que han suscitado polémica.
El señor ORPIS.- Abra la votación, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- El señor Secretario me indica que, teóricamente, tendría preferencia la petición que formuló el Honorable señor Espina.
Sin embargo, pienso que Su Señoría puede retirarla, dado que el señor Subsecretario de Telecomunicaciones anunció que el Gobierno mandará una indicación sustitutiva.
¿Estaría de acuerdo, Senador Espina?
El señor ESPINA.- Entiendo que existe acuerdo sobre la indicación sustitutiva. ¡Pero hay que preguntarle a Girardi si la van a enviar o no¿!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entiendo que está de acuerdo, señor Senador.
El señor ESPINA.- Si el colega Girardi garantiza que vendrá la indicación sustitutiva.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, es el Subsecretario quien debe garantizar eso. Estamos hablando del Ejecutivo.
El señor ESPINA.- No estoy afectando al señor Subsecretario, señora Presidenta, sino simplemente preguntando si el Senador Girardi coincide. Porque si no coincide, es probable que no haya indicación sustitutiva.
Lo digo con el mayor respeto, señora Presidenta. Estoy dando a conocer mi punto de vista.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Yo debo hacerme cargo de que tenemos aquí al Ejecutivo, representado por el señor Subsecretario, quien nos dio su palabra.
Y es el personero que corresponde.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, no estoy discutiendo sobre la palabra del señor Subsecretario, sino simplemente consultando si el Senador Girardi coincide con el compromiso contraído.
Lo digo absolutamente en serio.
Si el señor Subsecretario promete una indicación -y recuerdo que nosotros somos minoría- pero el Senador Girardi, quien lidera al Gobierno en estas materias, expresa que no está de acuerdo con ella, yo cambio mi voto, legítimamente.
El señor GIRARDI.- ¡Estoy de acuerdo!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Su Señoría ya expresó su acuerdo.
El señor ESPINA.- Entonces, si el colega Girardi -Su Señoría lidera estas materias en el Senado- está de acuerdo con lo que expresó el señor Subsecretario, voto a favor, en la creencia de que se presentará la indicación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- El Senador señor Girardi acaba de manifestar su acuerdo.
Creo, entonces, que ya estamos claros.
En consecuencia, abriré la votación, considerando además que algunos Senadores deberán retirarse para concurrir a la Comisión de Educación.
Se tocarán los timbres y, por supuesto, se les avisará a los integrantes de la Comisión Especial Valparaíso, la cual -entiendo- todavía está sesionando.
El señor PROKURICA.- Sí, señora Presidenta. ¡Por favor!
El Senador Horvath me encargó que los llamaran.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Así se hará, Su Señoría.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, me parecen bien el acuerdo logrado y el compromiso que contrajo el señor Subsecretario respecto al envío de una indicación sustitutiva en materia de normas de calidad.
Más allá de la discusión sobre si existe potestad reglamentaria para determinar la velocidad y los porcentajes mínimos de acceso -en eso coincido con lo planteado por el Senador Larraín-, considero fundamental concentrarnos en el propósito de garantizar por ley -y constitucionalmente también- el acceso a las nuevas tecnologías.
En nuestro país tenemos una distribución inequitativa en materia de acceso a las nuevas tecnologías.
Por eso, me gustaría pedirle al señor Subsecretario, por intermedio de la señora Presidenta, que en sus próximas concurrencias a la Comisión o a la Sala nos informara acerca de la cobertura existente en Chile a aquel respecto.
Asimismo, existen situaciones totalmente inequitativas en el ámbito de la velocidad. De ellas se hace cargo bien este proyecto de ley, para evitar que el plan de Internet que se contrata sea distinto de lo que las empresas proveen según la hora de conexión.
Hay también una enorme inequidad en cuanto a capacidad de acceso a las nuevas tecnologías en sectores rurales. ¡Y qué decir de algunas localidades de regiones apartadas!
En tal sentido, sería importante que el señor Subsecretario nos informara en qué estado se halla el proyecto que posibilita la cobertura en todo Chile.
En la primera Administración de la Presidenta Bachelet se llevó a cabo una importante iniciativa con el propósito de permitir la conexión a Internet de una serie de localidades rurales de nuestro territorio. Se las identificó para proveerlas del servicio, pero en muchas de ellas él ya no existe.
Entonces, estimo importante una actualización a ese respecto.
Señora Presidenta, por su intermedio le pido al señor Subsecretario poner atención a nuestros planteamientos.
El señor NAVARRO.- ¡Lo tiene rodeado la Derecha¿!
La señora ALLENDE (Presidenta).- El Honorable señor De Urresti, con razón, pide la atención del señor Subsecretario, quien está absolviendo algunas consultas.
Sería conveniente que Sus Señorías lo ayudaran a prestar la atención requerida.
Muchas gracias.
El señor DE URRESTI.- ¡Imagino que los colegas deben de estar preguntando por las localidades de sus circunscripciones en las Regiones de Atacama y de O'Higgins...!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Prosiga, señor Senador.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, mi pregunta principal al señor Subsecretario, en el marco de esta discusión, apunta a que diga de manera clara y precisa qué equidad territorial existe tanto entre las distintas regiones como al interior de ellas. Porque las capitales regionales, provinciales, muchas veces tienen buena cobertura.
Para que tome nota, señor Subsecretario: población Irene Daiber (comuna de La Unión). Sector popular, de viviendas sociales, integrado dentro de la ciudad, pero carece de cobertura.
¡Eso es impresentable!
¡Eso es inequidad en materia de acceso a las nuevas tecnologías, independiente de si la velocidad está garantizada o no!
La gente de la población Daiber -le aviso que tiene un oficio pendiente; se lo despachamos a¿
La señora ALLENDE (Presidenta).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Le recuerdo que estamos en votación, lo que significa que dispone de cinco minutos para fundamentar su pronunciamiento.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, yo pregunto por qué la referida población no tiene cobertura, por qué las empresas discriminan entre un sector y otro.
Estoy absolutamente de acuerdo con el concepto que se plantea en esta iniciativa, que votaré a favor. Esperaremos, sí, la indicación sustitutiva en materia de normas sobre calidad y velocidad mínima garantizada.
Y a propósito de la discusión que tendremos para aprobar una nueva Carta Fundamental: ¡ojalá que el acceso a las nuevas tecnologías esté garantizado y consagrado constitucionalmente!
Creo que esa es una forma de evitar los inconvenientes de que se ha hecho mención.
Por último, como indiqué, concedo el punto del Senador Larraín en el sentido de que los conceptos que vayan cambiando año tras año -nuevas tecnologías, velocidades, en fin- debe regularlos por la vía reglamentaria la Subsecretaría del ramo.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación está inscrito el Senador señor Navarro.
Sin embargo, solicitó la palabra el señor Subsecretario.
Como nos encontramos en votación, para concedérsela debo recabar la unanimidad de la Sala.
Si Sus Señorías me la dan, no tengo inconveniente.
¿Hay unanimidad para tal efecto?
El señor DE URRESTI.- Que hable al término de la votación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Muy bien: concluida la votación le daré la palabra al señor Subsecretario.
Puede intervenir el Senador señor Navarro, último orador inscrito.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la industria ha hecho varios estudios para intentar demostrar que la velocidad se ajusta a lo contratado.
Según ellos, Chile se encontraría en el lugar 58, entre 200 naciones del mundo. La lista es liderada por Hong Kong, que tiene la mayor velocidad.
En septiembre de 2012, en el programa Esto no tiene nombre, de Televisión Nacional, se estableció que la velocidad contratada por muchos usuarios era de 28 megas y que la velocidad real solo alcanzaba a solo 1,93.
¡Claramente, no había cumplimiento del contrato!
Aquí ocurre lo mismo que con las carreteras concesionadas, que han ofrecido una solución rara y dispar. Porque, a pesar de que uno paga para ir más rápido y seguro por las autopistas, en las horas peak, durante las cuales se transita a una velocidad mucho más lenta y con mayor inseguridad, aumenta el valor del peaje. Es decir, el usuario paga por ir más rápido, pero las carreteras concesionadas no satisfacen ese objetivo.
Yo advierto que sería impresentable que para cumplir un contrato que asegurara determinada velocidad las empresas agregaran costos adicionales.
Entiendo que todo el debate se centra en que se cumpla lo contratado. Y Chile lidera los costos más altos a nivel mundial. No está entre los más baratos.
En Coronel -por nombrar una localidad de mi circunscripción-, muchos contratos de Movistar que aseguran 6 u 8 megas apenas tienen medio mega durante las tardes. Es decir, la conexión colapsa completamente.
Las empresas se defienden diciendo que en Internet nacional cumplen el 70 por ciento de velocidad de acceso. Pero en conexión internacional no alcanzan ni al 30 por ciento.
Este proyecto busca el cumplimiento de la obligación contraída. A tal efecto, establece un mínimo de servicio dentro de un área a la que cada día acceden millones de personas.
Dudo de que a los usuarios les interese el debate en torno a si la velocidad se garantiza por medio de una ley o de un reglamento. Lo que ellos quieren es velocidad, la que, además, pagan.
En tal sentido, el planteamiento de si esto es materia de ley o de reglamento debe ceder ante la exigencia de una normativa que garantice transparencia, cumplimiento de los contratos y velocidad, para que el usuario sepa dónde contratar. Porque algunos trabajan con Internet -no solo la usan por diversión- y requieren alta velocidad para hacer bien sus labores.
Por lo tanto, si la industria no está en condiciones de dar certeza sobre la velocidad del servicio, hay que, a lo menos, obligarla a cumplir los contratos. Y al respecto debe operar la libre competencia.
El señor Subsecretario planteó una propuesta relacionada con el otorgamiento de mayores facultades a la Subsecretaría para hacer cumplir los contratos.
Mi pregunta a dicho personero se vincula con los tiempos: ¿con qué velocidad la Subtel podrá dictar un reglamento sobre fiscalización que no se traduzca en simples multas? Porque a los usuarios -y hablo de todos los niveles- nos les interesa que a las empresas se les apliquen multas. Lo que quieren es velocidad.
Entonces, un sistema que opere a base de penas tampoco es suficiente.
Ahora, si nos dijeran que una parte de cada multa irá a un fondo concursable para educar a la gente sobre cómo revisar su velocidad o cómo hacer mejor uso del contrato de acceso a Internet, esas sanciones tendrían sentido.
Sin embargo, las multas van al Tesoro Público. Y, por cierto, no se mejora la calidad ni se respetan los derechos de los usuarios aplicando multas. Además, dados el enorme volumen de contratación y las suculentas utilidades que obtienen las empresas, los montos fijados -y lo señaló el propio Subsecretario- resultan insignificantes, no les duelen; entonces, prefieren pagar las multas y seguir vendiendo contratos que no se cumplen.
En consecuencia, el problema no está en las multas ni en las sanciones, sino en lo que realmente les duele a las empresas.
En tal sentido, el debate sobre los mecanismos no es parte de la ley en proyecto, porque en ella solo se establece una velocidad mínima y se pone de manifiesto la necesidad de una política de incentivo para los usuarios...
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Por favor, redondee la última idea.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, esta iniciativa nos permite al menos colocar en debate el tema señalado, que se halla presente.
Por tanto, creo que el nuevo Gobierno tiene el deber de actuar a gran velocidad para resolver la situación.
¿La fórmula? Disponible para conversarla.
Este proyecto tiene el gran mérito de detectar un problema e intentar una vía de solución. Pero si la cuestión es reglamentaria, que haya un reglamento de peso e invulnerable.
La fórmula no importa. Lo relevante son el cumplimiento de los contratos y el otorgamiento de buenos servicios a los usuarios de Internet.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Prokurica, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Debemos fijar plazo para presentar indicaciones.
¿Le parece a la Sala el lunes 2 de junio, a las 12, para que el Ejecutivo pueda mandar el texto pertinente?
--Así se acuerda.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor HUICHALAF (Subsecretario de Telecomunicaciones).- En primer lugar, señora Presidenta, agradezco tanto la votación registrada cuanto la confianza que nos entregaron los señores Senadores.
No vamos a defraudarlos: cumpliremos lo pactado.
Quiero ahora hacer un par de referencias y reflexiones.
Estoy completamente de acuerdo con lo expresado en esta Sala.
Cuando la Presidenta Michelle Bachelet me pidió ser Subsecretario, yo trabajaba en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Por consiguiente, conocía un poco la normativa reglamentaria y estaba al tanto de la forma como la Subsecretaría podía encomendar la acción de dar mayor conectividad, que es uno de los primeros objetivos.
En seguida, debo puntualizar que se trata de una serie de acciones.
Si yo dijera que con una ley sobre velocidad mínima garantizada se soluciona el problema, estaría mintiendo.
Al mismo tiempo, quiero comentar que pronto vamos a presentar una modificación al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, porque su actual estructura no satisface la conectividad de todas las localidades: por ejemplo, población Daiber, zonas de bajos ingresos, etcétera.
Por consiguiente, estamos intentando enfrentar aquella realidad con una solución mediante la ley en proyecto, que va a establecer el principio en comento a través del reglamento, de las normas sobre calidad del servicio, de la infraestructura crítica de fibra y de la conectividad en zonas extremas, a las cuales hoy día las empresas simplemente no llegan, pues no les interesa.
Durante la Administración anterior, con la mejor de las intenciones, se presentaron proyectos al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Yo también estaba de acuerdo con ellos. Sin embargo, por una cuestión de costos y por otra vinculada con el interés de las industrias, no se complementaron todos.
No fue culpa de los ingenieros del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Tampoco, en cierta forma, de las empresas, que persiguen el lucro y no tienen un interés adicional. Pero sí es misión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones hacer todos los esfuerzos posibles, a través de distintas acciones, para dotar de conectividad y garantizar la calidad del acceso a Internet.
Señora Presidenta, presentaremos nuestras indicaciones dentro del plazo fijado y vamos a recibir todas las opiniones, para que haya un debate informado sobre la materia.
Muchas gracias.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Usted se ha comprometido ante la Sala del Senado, señor Subsecretario. Así que no tenemos dudas de que va a cumplir.
Me alegra mucho que finalmente se haya llegado a acuerdo.