REAJUSTE DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO
El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme a lo establecido por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y otros beneficios que indica, con Certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9177-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 77ª, en 4 de diciembre de 2013.
Certificado de Comisión:
Hacienda: sesión 77ª, en 4 de diciembre de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es reajustar las remuneraciones de los trabajadores del sector público y conceder los aguinaldos y beneficios que indica.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto en general y en particular en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Prokurica y Andrés Zaldívar.
En cuanto a la discusión en particular, el órgano especializado aprobó la iniciativa en los mismos términos en que fue despachada por la Cámara de Diputados, con la unanimidad señalada precedentemente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión general y particular a la vez el proyecto.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, solo quiero destacar algunos elementos de la presente iniciativa, que fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados por alta mayoría, y en determinados ítems por unanimidad.
En primer lugar, este reajuste de 5 por ciento nominal es el mismo de los años anteriores. Pero, habida consideración de que se registra 1,5 por ciento de inflación acumulada, significa un aumento real superior al 3 por ciento.
Por tanto, es el mejor reajuste que se ha entregado, en términos reales, en los cuatro años del Gobierno del Presidente Piñera.
Asimismo, es importante mencionar que el proyecto de reajuste ingresó a trámite con el acuerdo de trece de los catorce gremios, que representan aproximadamente a 400 mil trabajadores en la mesa de negociación del sector público, coordinados por la CUT y su presidenta Bárbara Figueroa.
Estos son: AJUNJI, ANEF, ANTUE, Colegio de Profesores A.G., ASEMUCH, CONFEMUCH, CONFENATS, CONFUSAM, FENAFUCH, FENAFUECH, FENATS UNITARIA, FENFUSSAP y FENTESS.
El proyecto de reajuste que comentamos no solo establece un guarismo. De hecho, hay varios elementos adicionales.
Entre ellos se encuentran varias asignaciones y bonos, que crecen 5 por ciento en el tramo superior y entre 5,3 y 5,4 en el tramo 1, que abarca a aquellos que perciben remuneraciones líquidas inferiores a 610 mil pesos. Esa cantidad es el nuevo punto de corte del tramo 1, que establece quiénes tienen derecho a los beneficios en ese segmento, o quiénes lo tienen a asignaciones más reducidas en el superior.
Cabe recalcar que, aunque el reajuste de 5 por ciento es homogéneo para todos, a través de asignaciones y bonos diferenciados (entre ellos, el de fin de negociación) se hace un reajuste que mejora a los que reciben menos en forma más que proporcional respecto de los que ganan más.
Por otro lado, considero relevante señalar los siguientes beneficios.
El primero dice relación con las zonas extremas. Al respecto, hay que indicar inicialmente que se ha incluido a la comuna de Cochamó como zona extrema, fruto de un estudio de la Universidad Católica. Y junto con esa incorporación, acordamos actualizar ese instrumento para poder contar con elementos objetivos que nos permitan designar o no una zona como comuna aislada. Queremos decidir sobre la base de criterios imparciales, provistos por el estudio independiente de una entidad de prestigio.
En segundo término, durante mucho tiempo los gremios plantearon la necesidad de establecer la imponibilidad de la bonificación de zonas extremas. Y en la iniciativa en examen esto se logra por primera vez, porque se dispone en forma gradual, en tres años, su imponibilidad: 40 por ciento en el primero, 40 en el segundo y 20 en el tercero; es decir, 40, 80, 100. Y el costo que ello implica es asumido por el Fisco, de tal manera de mantener la remuneración real que reciben los trabajadores.
En tercer lugar, se discutió largamente si las bonificaciones de zonas extremas deberían quedar o no incluidas en el punto de corte. Y, en definitiva, sumamos 30 mil pesos al tope de 610 mil de remuneración líquida, para efectos del punto de corte en la entrega de tales beneficios. De modo que para todos aquellos que perciban una asignación de zona extrema igual o inferior a 30 mil pesos, esta quedará, desde ya, excluida del cálculo para el punto de corte. Esto les permitirá permanecer en el tramo 1. Por supuesto, para los que reciben más la situación es distinta. Pero es importante señalar que este es un paso que podría conducir, en forma gradual, a una ampliación del punto de corte en las zonas extremas.
El avance en estos aspectos, señor Presidente, es relevante y creo que ha sido altamente valorado por los gremios. Y el protocolo de acuerdo que hemos firmado establece ese tipo de instrumentos.
También quiero hacer mención de dos elementos más del acuerdo.
El primero apunta a establecer que aquellos trabajadores que se hallan a honorarios en forma continua y prestando servicios en el sector público desde el 1° de enero de 2008 van a ser traspasados al sistema a contrata. Son personas que cumplirían seis años de labor a partir de la fecha señalada y que tienen la característica de desempeñarse en esas condiciones. Ello se haría en virtud de un anexo que contempla dicho protocolo.
En segundo lugar, debo manifestar que, así como el año pasado se emitió la circular 44, enviada por este Ministro de Hacienda a los distintos jefes de servicio y subsecretarios, en esta oportunidad ella fue actualizada con un nuevo número y remitida, entre el lunes y el martes, a los distintos servicios. Ella establece un procedimiento lo más objetivo y lo menos arbitrario posible para las desvinculaciones; el respeto a los derechos de los trabajadores; la uniformidad de criterios, y un mecanismo de reconsideración. Este mecanismo ha operado en el pasado y en su virtud se ha reincorporado a trabajadores desvinculados luego de estudiar los antecedentes respectivos.
Para ser preciso y no crear falsas expectativas, la circular no dispone que no habrá desvinculaciones, sino que contempla la aplicación de un procedimiento que sea lo menos arbitrario posible y el derecho a reconsideración, el cual ha estado vigente ya por más de un año.
Por último, señor Presidente, una cuestión de sensibilidad.
Ayer en la Cámara se aprobó, mediante indicación, un artículo 42 que, a juicio del Ejecutivo y de buena parte de los Diputados, es inadmisible, por introducir cambios en beneficios, cambios en la forma de otorgar remuneraciones, lo que es atribución exclusiva del Presidente de la República de acuerdo con el artículo 65, número 4°, de la Constitución Política. Además, irroga mayor gasto.
Sin embargo, a raíz de conversaciones que tuvieron lugar esta mañana en la Comisión de Hacienda, en las que participaron seis señores parlamentarios de las coaliciones de Gobierno y de Oposición -los Senadores Escalona, Zaldívar y Lagos, por una parte, y los Senadores Kuschel, Novoa y Prokurica, por otra-, el Ejecutivo quedó de estudiar el fondo del tema. Y ahora, señor Presidente, me complace anunciar que hemos ingresado una indicación relativa al concepto de permiso.
Voy a explicar la situación.
El problema se suscita por la asignación de turno para los dirigentes gremiales. Para ser franco, este es un asunto que no estaba contemplado en este proyecto de reajuste del sector público, sino que viene de más atrás y respecto del cual se han emitido dictámenes por parte de la Contraloría.
A nosotros nos parece que, fruto de las conversaciones con los parlamentarios de Gobierno y de Oposición, el punto se puede salvar si se aclara. Y el Ejecutivo lo ha hecho, entendiendo que el concepto de permiso incluye el pago de la asignación de turno. Porque ahí hay una disputa, por así decirlo, entre una ley general y una ley especial y donde la Contraloría hace primar esta última en sus dictámenes.
Pues bien, estudiamos la materia y hemos decidido presentar una indicación que resuelve el problema, sin caer, por supuesto, en la inadmisibilidad en que incurría la indicación formulada en la Cámara de Diputados.
De esta manera, señor Presidente, el problema, a nuestro entender, queda resuelto. Y por eso llamamos a votar en contra del nuevo artículo 42 incorporado al proyecto y aprobar la indicación presentada por el Ejecutivo, que interpreta en forma más amplia el concepto de permiso, estableciendo que los dirigentes gremiales también tendrán derecho a que se les pague la asignación de turno por los permisos que toman, que era lo único que no estaba claramente dilucidado o al menos generaba una disputa en Contraloría.
Gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Yo entiendo la alegría de quienes nos visitan, pero les aclaro que no se pueden hacer manifestaciones en el Senado.
El señor LARRAÍN.- ¡Primera vez que aplauden al Ministro de Hacienda, señor Presidente, y los hace callar¿!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No los estoy inhibiendo, sino dándoles una explicación de por qué ello no se puede hacer.
Señor Ministro, apenas llegue la indicación a la Mesa la pondremos en discusión.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Antes de que se retiren de la Sala, quiero saludar, en nombre del Senado, a los alumnos del Colegio Pedro de Valdivia de Providencia, que nos han acompañado esta tarde.
También saludo a don Manuel José Ossandón, Senador electo, quien se encuentra en las tribunas observando el proceso legislativo.
--(Aplausos en tribunas).
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en la mañana de hoy la Comisión de Hacienda tomó conocimiento del proyecto de reajuste, del que ahora ha hecho un relato el Ministro del ramo. Ahí escuchamos a los dirigentes de la ANEF, como también a la Presidenta y al Vicepresidente de la FENPRUSS, que es la organización gremial de los profesionales de la salud.
En virtud de lo que nos manifestaron y del texto mismo de la iniciativa, estructurada en 42 artículos, lo primero que debo destacar es que me parece positivo que el Gobierno, a través del Ministro de Hacienda, haya llegado a acuerdo con 13 de las 14 organizaciones que componen la mesa de negociación.
Al parecer, la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) tiene algunos asuntos pendientes con el Ministro del sector, que espero que en el próximo tiempo puedan aclararse. Sin embargo, plantearon el tema a que se refirió el titular de Hacienda en la última parte de su intervención, relacionado con la indicación que dio origen al artículo 42 del proyecto. Dichos trabajadores reclaman, y con toda razón, que la ley, a la luz de un informe de la Contraloría, se está aplicando en una forma que no corresponde respecto a los permisos que usan los dirigentes gremiales en relación con la aplicación de los turnos y del pago de estos. Me voy a referir a este punto más adelante, porque creo que se ha logrado el objetivo que nos planteamos en la Comisión y que reclamaron los dirigentes.
Ahora bien, en cuanto al proyecto mismo, cabe destacar, en primer lugar, que establece un reajuste nominal de 5 por ciento en beneficio de todos los trabajadores del sector público, incluidos los de las municipalidades, los pertenecientes a la salud primaria y los regidos por la ley N° 15.076.
Efectivamente, como dijo el Ministro, hay una inflación de 1,5 por ciento hasta este momento, por lo que el reajuste podría ser, en términos reales, de 3,5 por ciento. Ojalá que sea así, pues pienso que la tendencia para los próximos meses indica que la inflación tenderá a equipararse a una cifra cercana al 3 por ciento. O sea, el incremento real para el año 2014 sería menor al 3,5. Tenemos que esperar lo que pase en los meses venideros.
Con respecto a los incrementos propiamente tales, fuera del reajuste del 5 por ciento, se contempla un aumento del aguinaldo de Navidad, que se traduce, para el primer tramo (remuneraciones de hasta 610 mil pesos), en 46 mil 600 pesos, lo que significa un incremento de 5,3 por ciento, y para el segundo tramo (rentas superiores a los 610 mil pesos e inferiores a 2 millones 23 mil 680 pesos), en un monto de 24 mil 650 pesos.
También, al igual que en años anteriores, se aumenta el aguinaldo de Fiestas Patrias, de 56 mil a 60 mil pesos, para el primer tramo, y de 39 mil a 41 mil 659 pesos, para el segundo.
Asimismo, se repite el bono de escolaridad del 2013, el cual se incrementa de 55 mil 526 a 58 mil 350 pesos. La novedad es que se establece un bono de escolaridad adicional. El primero, de 55 mil 526 pesos, se pagará en dos cuotas. Y el adicional se eleva de 23 mil 224 a 24 mil 650 pesos, para los trabajadores cuyas remuneraciones sean inferiores a 610 mil pesos.
Además, se establece un aporte anual para los Servicios de Bienestar por la suma de 101 mil 650 pesos.
De otra parte, se contempla, al igual que el año anterior, un bono de vacaciones, que sube de 60 mil a 67 mil pesos, para el primer tramo, y de 40 mil a 45 mil pesos, para el segundo.
Se establece también un bono por término de negociación, que se incrementa de 185 mil a 200 mil pesos, para quienes reciban una remuneración bruta menor o igual a 663 mil 500 pesos, y que será de 100 mil pesos para los trabajadores cuya renta sea superior a esa cifra y de hasta 2 millones 23 mil 680 pesos. En este último caso, el bono será pagado de una sola vez.
Igualmente, el proyecto fija remuneraciones mínimas para el sector público. Para los auxiliares será de 259 mil 543 pesos; para los administrativos, de 294 mil 340 pesos, y para los técnicos, de 316 mil 606 pesos.
Respecto a los pensionados, se reajusta el bono de invierno, que ascenderá a 51 mil pesos y se pagará en el mes de mayo. Los beneficiarios son aquellas personas que perciben pensiones mínimas de vejez, tanto en el sistema antiguo como en el de AFP.
Asimismo, recibirán un aguinaldo de Fiestas Patrias de 16 mil 170 pesos, el que se incrementará en 8 mil 295 pesos por cada causante de asignación familiar o maternal.
De igual modo, se les reajusta el aguinaldo de Navidad, quedando en 18 mil 585 pesos.
El Ministro de Hacienda se refirió también a los beneficios para las zonas extremas. Efectivamente, una aspiración de los funcionarios era que estos fueran imponibles. No voy a entrar en detalles porque el Ministro ya los dio, pero considero importante destacarlo como un logro para este sector.
Además, se amplía la bonificación de zonas extremas a la comuna de Cochamó. En el caso de Chiloé, el pago de la asignación se anticipa en un año.
A continuación, se contempla un reajuste a la planilla suplementaria.
En lo que concierne al área de la educación, se concede un bono por desempeño laboral al personal asistente de la educación.
Se extiende a los profesionales de los Servicios de Salud la asignación asociada al mejoramiento de trato a los usuarios.
Se modifica la ley N° 20.065, relativa a la modernización del Servicio Médico Legal, perfeccionando la asignación de estímulo a la función pericial. Se ajustan los porcentajes mensuales de la asignación, los que llegarán, durante el año 2014, a 85 por ciento; durante el año 2015, a 100 por ciento, y que a contar del 2016 será de 110 por ciento.
También se establece un bono no imponible para el personal de Aduanas.
Yo creo que eso sería lo más destacado del proyecto.
En cuanto a su costo, de acuerdo con el informe financiero que se ha entregado, este asciende a una cantidad equivalente a MM $1.006.794. O sea, se calcula que cada punto del reajuste bordea los 210 millones de dólares con cargo al Estado.
Ahora paso a referirme al tema que mencioné al comienzo.
Primero le quiero agradecer al Gobierno que haya aceptado lo planteado por los Senadores de la Comisión de Hacienda respecto de una materia que, a mi juicio, no debía ser objeto de discusión, pues la norma, a mi entender, no era inadmisible, aun cuando la redacción a lo mejor no procedía.
De acuerdo con la legislación vigente y, específicamente, la ley N° 19.937, todos los representantes de las asociaciones gremiales tienen derecho a que se les pague su remuneración cuando hacen uso de un permiso para cumplir funciones gremiales.
Sin embargo, la Contraloría General de la República ha interpretado, a mi modo de ver en forma equivocada, el artículo 96 del decreto ley N° 2.763, que rige el sistema de salud, el cual señala expresamente que se pagarán los turnos a los funcionarios que ejerzan funciones gremiales y lo hagan bajo permiso. Dicho precepto establece: "Esta asignación se percibirá mientras el trabajador se encuentre en funciones en los puestos de trabajo mencionados, e integre el sistema de turnos rotativos cubiertos por cuatro o tres funcionarios, manteniendo el derecho a percibirla durante los períodos de ausencia con goce de remuneraciones originados por permisos".
El problema es que se ha interpretado que la norma se refiere nada más que a permisos de orden administrativo, pero aquellos que dicen relación con el ejercicio de funciones gremiales se hallan establecidos explícitamente en la ley N° 19. 937.
Le entregamos todos estos antecedentes al señor Ministro y él realizó las consultas pertinentes. Yo, personalmente, le señalé que en caso de que el Ejecutivo no formulara indicación sobre la materia, nosotros íbamos a presentar una sustitutiva de la que llegó de la Cámara de Diputados, cuya admisibilidad era discutible.
Esperamos que la que está presentando el Ejecutivo ahora venga en los términos señalados, a fin de sustituir el artículo 42 por otro que diga que, para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entiende que el concepto de permiso incluye, entre otros, aquel a que se refiere el artículo 31 de la ley N° 19.296, que es, precisamente, el que habla de los permisos que se conceden para ejercer funciones gremiales.
Me parece que el Ejecutivo, al acceder a nuestro planteamiento, ha dado solución a un tema que, aunque discutible, es de justicia. Y me alegra que así sea para que podamos aprobar esta ley de reajuste sin ningún inconveniente.
Por todas esas razones, señor Presidente, la Comisión de Hacienda aprobó en general el proyecto por unanimidad y espera ver el texto de la indicación anunciada por el Ejecutivo para pronunciarse sobre ella.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Efectivamente, el Gobierno ha ingresado una indicación, a la que el señor Secretario le dará lectura.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Es para reemplazar el artículo 42 despachado por la Cámara de Diputados por el siguiente:
"Incorpórese el siguiente inciso tercero nuevo al artículo 96 del DFL N 1, de 2005 del Ministerio de Salud:
""El concepto de permiso a que se refiere el inciso anterior se entiende que incluye, entre otros, el permiso a que se refiere el artículo 31 de la ley N 19.296."".
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, durante 20 años se ha hecho usual que entre los meses de octubre y noviembre el Ejecutivo envíe un proyecto de reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público.
Es un rito que se ha cumplido cabalmente durante más de dos décadas. Algunas veces las iniciativas han llegado consensuadas y otras no, por lo que en ocasiones ha sido esta Corporación la que ha debido intermediar para que los funcionarios públicos puedan obtener el nivel de remuneraciones que han planteado y que en algunas oportunidades no ha sido debidamente atendido por el Ejecutivo.
De acuerdo a lo señalado tanto por el Ministro de Hacienda como por el Presidente de la Comisión técnica del Senado, estamos ante un proyecto que satisface las expectativas que los servidores del Estado se han fijado, en especial las de aquellos que se desempeñan en zonas extremas.
Efectivamente, creo que significa un importante avance y un gran logro el que el bono austral sea imponible, lo que, indudablemente, va a mejorar las cuentas de capitalización individual de las personas que lo reciben, cosa que no ocurría antes, como ha señalado el señor Ministro. Dicho beneficio, aunque se aplique de forma gradual, será positivo, porque formará parte de las remuneraciones imponibles, con lo cual se incrementarán los ahorros para pensiones futuras.
No tengo absolutamente nada más que agregar al respecto.
Solamente me resta valorar, con beneplácito, los demás beneficios que obtienen los funcionarios públicos a través de este proyecto, cuyo texto -no me cabe la menor duda- ha sido producto de las conversaciones que sostuvieron tanto los dirigentes de la ANEF, como la Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores con el Ministro de Hacienda.
Con todo, quiero señalar que ya es hora de que el sector público cuente con negociación colectiva regulada, al igual como opera en el sector privado. En la práctica, existe una negociación: se desarrolla año a año entre el Ejecutivo y los representantes de los trabajadores del sector público. Pero sería mucho mejor que hubiera un procedimiento formal en la materia, como el que se ha planteado en diversas iniciativas legales que han estado en tramitación, algunas de las cuales siguen estándolo.
Recuerdo que tiempo atrás un proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción del Senador Hernán Larraín, lamentablemente, no reunió los votos suficientes en esta Corporación para establecer un procedimiento de negociación colectiva del sector público. Eso es urgente, necesario.
Un país moderno permite que negocien no solo los trabajadores del sector privado, sino también los del sector estatal. ¿Por qué no podría negociar el Estado, como empleador, con sus funcionarios?
En la Comisión de Trabajo existe un proyecto sobre negociación colectiva del sector público. Está en primer trámite constitucional. Al respecto, llamo la atención del Ejecutivo para que haga el esfuerzo de establecer un procedimiento de negociación, un procedimiento de regulación, un procedimiento reglado para llevar a cabo las conversaciones que sostiene con dicho sector, a fin de obtener reajustes de remuneraciones, aguinaldos y otros beneficios que, año a año, son parte de los planteamientos reivindicativos que formulan los empleados públicos.
Finalmente, señor Presidente, anuncio que apoyaré el proyecto que nos ocupa, pero insisto en que el Gobierno debiera fijar un mecanismo de negociación colectiva para el sector público. Si no lo hace, ojalá esta sea una de las grandes reivindicaciones que defiendan los representantes de los funcionarios fiscales en las futuras negociaciones.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, no quisiera reiterar lo que ya se ha señalado respecto de esta iniciativa de ley: que es fruto de un acuerdo suscrito entre la autoridad del Ejecutivo y las organizaciones sindicales, a cuya nómina dio lectura el propio señor Ministro de Hacienda; que a la cabeza de la negociación estuvo la Central Unitaria de Trabajadores, la cual actuó como secretaria de esa comisión, y que se acordó respaldar la propuesta del Gobierno, que fija un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público de 5 por ciento para el año 2014.
El conjunto del acuerdo, incluidos los bonos para término de la negociación, de vacaciones, de invierno, etcétera, representa una inversión pública que va a trascender la cantidad de un billón de pesos. En consecuencia, se trata de una inversión sumamente cuantiosa en beneficio del sector público, lo que nos ha llevado a consultar al señor Ministro de Hacienda acerca de la cantidad que señaló el Presidente de la Comisión de Hacienda, el Senador señor Zaldívar, quien sostuvo que cada punto de aumento equivale aproximadamente a 210 millones de dólares.
Esto implica, por consiguiente, un desembolso oneroso de las arcas fiscales. Y bien ganado está por parte de los dirigentes gremiales que llevaron adelante una movilización que, finalmente, dio resultados, lo que ha sido respaldado por sus bases.
Es cierto que no hay negociación en que las partes queden completamente satisfechas. Pero entendemos lo manifestado por el Presidente de la ANEF, don Raúl de la Puente, en el sentido de que para ellos esto ha constituido una buena negociación y un acuerdo que les permitió concurrir a firmar el texto respectivo, lo que facilita decisivamente al Congreso Nacional la aprobación de este proyecto.
Quisiera detenerme en un tema que fue motivo de arduo debate en la Comisión de Hacienda. Me refiero al derecho de los dirigentes gremiales -este punto de vista fue defendido por la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud- a percibir el pago no solo de la remuneración en general, sino también de la asignación de turno, cuando no puedan cumplir la tarea encomendada por estar ejerciendo funciones propias de representación gremial.
Este es un asunto muy de fondo.
Se entiende que, en especial, en el sector salud una parte esencial del sueldo está vinculada a las asignaciones de turno. De manera que, si estas no se pagan, se afectan decisivamente los ingresos de quienes ejercen la actividad gremial.
Debiésemos convenir que nuestro país necesita de las personas que asumen esa responsabilidad.
Existe un grado de indiferencia y de apoliticismo en nuestra sociedad francamente preocupante. De hecho, son innumerables los artículos en los que politólogos, opinólogos y otros "ólogos" han hecho todo tipo de disquisiciones con relación al abstencionismo en el último proceso eleccionario, que es uno de los riesgos de la segunda vuelta de la elección presidencial, ya muy cercana.
Por tanto, resultaría un contrasentido que se afectara o entorpeciera la labor de esos dirigentes gremiales al no asignarles la remuneración que efectivamente les corresponde. Y todos sabemos, además, que muchas veces realizan esa actividad sobre la base de un desembolso muy fuerte de su propio bolsillo para los diferentes gastos de representación (transporte y otros).
Nosotros hemos entendido que es esencial resolver este problema.
No era esta una inadmisibilidad como otras que hemos discutido en la Sala del Senado, en que es manifiesto que hay un desembolso de las arcas fiscales, lo que es propio de la facultad exclusiva del Presidente de la República. Acá estamos en presencia de una norma legal que ha sido interpretada en una forma, en nuestra opinión, incorrecta por parte de la Contraloría General de la República. Y lo que se está restableciendo, en consecuencia, es una conquista gremial ya consagrada en la ley.
Desde ese punto de vista, he sostenido que la disposición de que se trata no era inadmisible, por cuanto no infringe el artículo 65, número 4º, de la Constitución. No se estaba incorporando un nuevo gasto al texto del proyecto de ley.
Pero entiendo que era completamente debatible ese criterio, y el Ejecutivo ha hecho bien en proponer una solución: la indicación presentada salva la inadmisibilidad al provenir de su iniciativa, con lo cual se corrige el dictamen de la Contraloría mediante una norma legal, en este caso, de la Ley de Presupuestos.
Por lo tanto, reconozco la buena voluntad del señor Ministro de Hacienda. Yo, que protagonicé ayer un áspero debate con el Gobierno por temas relacionados con los derechos laborales, no tengo ninguna dificultad en aplaudir ahora la buena disposición del referido Secretario de Estado y señalarle que, desde mi punto de vista, en este caso corresponde aplicar plenamente una palabra: "gracias".
Señor Ministro, creo que usted ha tenido apertura para resolver este problema.
Por lo mismo, le solicito a la señora Ministra de Educación, que está en la Sala, que solucione la dificultad que expresé ayer: el término de un derecho laboral. Un proyecto sobre educación no tiene por qué meterse en un derecho laboral, como el que obliga a contar con salas cuna en todas las instituciones donde trabajan más de 20 mujeres.
La disposición que proponía eliminar ese derecho, metida de manera subrepticia en la iniciativa que autoriza el funcionamiento de jardines infantiles, como manifesté ayer, es una vergüenza. Espero que la señora Ministra corrija esa situación vía indicación, porque, paradojalmente, es facultad exclusiva del Ejecutivo poner término a esa enmienda tan equívoca que se había introducido.
También deseo darle las gracias, señora Ministra. Lo haré cuando anuncie en la Sala el envío de una indicación que ponga fin a un asunto tan inconveniente como el que estuvimos discutiendo en la sesión de ayer.
Por lo tanto, anuncio que vamos a aprobar este proyecto de ley, que ayuda a propiciar, como ya lo expresé, un buen clima social.
En momentos en que el país se apronta a elegir una nueva Presidenta de la República, en que nuevas manos van a tomar la conducción del Estado, me parece una señal positiva que el reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público para 2014 se apruebe por unanimidad en el Congreso Nacional.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¡Primera vez que le agradecen tanto, señor Ministro¿!
El señor PROKURICA.- ¡Es casi un milagro¿!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¡Así es¿!
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, también deseo remarcar ese hecho bastante inédito.
Felicitar al Ministro por su gestión, quizás, constituye un "gesto de despedida" al actual Gobierno.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¡Por la proximidad de la Pascua¿!
El señor LARRAÍN.- ¡Como regalo de Navidad¿!
¡Y eso que no es 28 de diciembre, así que debe ser cierto¿!
En verdad, solo pretendo sumarme al agradecimiento al Ejecutivo por este proyecto de reajuste. Creo que ha sido muy importante la gestión que hubo para materializarlo. A mi modo de ver, el que haya sido consensuado con representantes de los trabajadores es sumamente relevante.
Probablemente, los gobiernos no siempre llegan a acuerdo con los gremios, pero lo deseable es que así ocurra. De esa manera, la labor del Congreso se hace más fácil, aunque igual tenemos la capacidad y soberanía para resolver.
Sin embargo, nos parece que la forma de solucionar estos asuntos debe considerar siempre la participación activa y, ojalá, el acuerdo de los trabajadores.
En ese sentido, mi primer comentario es para felicitar al Ejecutivo.
El segundo busca hacer presente que el incremento real del reajuste es bastante significativo. Todos sabemos que en materia de sueldos, sobre todo los más bajos, debe existir un esfuerzo mayor para que el aumento salarial sea real y se pueda producir una nivelación en el tiempo.
Deseo reiterar, como lo he hecho en otras oportunidades, que no sería del todo desencaminado plantear que los reajustes fueran escalonados. Precisamente para dar un impacto de mayor justicia y equidad, quizás en el futuro -planteé esta idea con anterioridad, pero no fue acogida- se podría pensar que las rentas más bajas tuvieran un ritmo de crecimiento mayor que el de las más altas. Y, en ese sentido, sería factible lograr que los ingresos menores cuenten con un piso mínimo que se acerque a un sueldo ético razonable.
En todo caso, me parece que el incremento propuesto, con un reajuste real de 3,5 por ciento, ayuda mucho a producir un efecto que hace justicia en las remuneraciones de los funcionarios públicos.
Por último, también valoro el que se haya resuelto el problema de la FENPRUSS. Sus dirigentes tenían toda la razón, puesto que la interpretación de la Contraloría había excluido el beneficio del pago de la asignación de los turnos por una interpretación restrictiva de la norma.
Pero me parece que la justicia de la disposición contenida en la indicación presentada por el Ejecutivo no fue bien resuelta por la Cámara de Diputados. Y no es la primera vez que ello ocurre. Ha sucedido antes que, por lo justo de una causa, por la validez de un punto de vista, se propongan normas saltándose el orden constitucional.
Debemos tener mucho cuidado sobre el particular, incluso los que menos quieren la Constitución. Al final, es la normativa que nos rige. Si no nos gusta, cambiémosla, aunque en la parte que nos ocupa no hay dos opiniones.
La experiencia en este ámbito viene en Chile desde hace demasiadas décadas. Los principios que modificaron la iniciativa parlamentaria en materia de recursos fiscales provienen de la década del 40, cuando ya se advirtió el abuso que se hacía de esa norma. La demagogia, sobre todo en tiempos electorales, se prestaba para resolverle los problemas a todo el mundo. Era muy generosa tal disposición, sobre todo cuando implicaba el uso de platas ajenas, de todos los chilenos.
A mi juicio, se resolvió lo tocante a la FENPRUSS, pero estamos frente a un mal precedente, que se ha venido repitiendo en el último tiempo con mucha frecuencia.
Quienes muestran mucha voluntad y ganas de ser gobierno en el futuro próximo deben tener especial cuidado al respecto, porque, si valoran y sancionan favorablemente esos precedentes, podemos correr el riesgo de que la demagogia que amenaza iniciarse aquí se multiplique en la Administración que viene.
En consecuencia, considero muy relevante lo ocurrido en el Senado, tanto en el proyecto de Ley de Presupuestos, cuando se corrigió una enmienda sobre la JUNAEB, como ahora con la indicación del Ejecutivo, que modifica lo relativo a la FENPRUSS.
Aclaro que la justicia de lo solicitado por esa entidad gremial es indiscutida, es total. Pero la manera de resolverlo no era la que se planteó.
En ese sentido, el Senado está procediendo bien. Hemos de sentar este precedente, pues vale la pena siempre respetar las normas constitucionales, particularmente en materia de disciplina fiscal. Porque los gustitos que algunos se quieran dar al final los pagan todos los chilenos, producto de una demagogia mal entendida.
Repito: agradezco la indicación formulada por el Ejecutivo, que resuelve la situación.
Por lo tanto, anuncio que vamos a votar a favor del reajuste del sector público propuesto por el Gobierno, con las modificaciones a que he hecho referencia.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que esta iniciativa de reajuste, bonos y aguinaldos ha merecido el reconocimiento al trabajo del Ministro de Hacienda, por cuanto logró un acuerdo con casi todos los trabajadores del sector público: 13 de 14 gremios. ¡Esa es una inmensa mayoría!
Eso le ha valido los aplausos en tribunas y el reconocimiento de todos los Senadores presentes.
Como este es el último proyecto de reajuste que él nos presenta y que a mí me toca votar, deseo valorar la labor de los Ministros de Hacienda que ha habido.
Afortunadamente, desde 1990 hemos tenido muy buenos Secretarios de Estado en este ámbito, quienes han liderado la economía del país con fortaleza, con mucha energía. No conozco ninguna organización o ministerio que vaya a ofrecer recursos a esa Cartera. Por el contrario, todos van a pedirlos, siempre más y más.
Todo Ministro de Hacienda debe contar con la fuerza para decir: "Esto es lo que podemos dar; esto es lo que el país resiste".
Debido a la fortaleza de todos los Ministros de Hacienda, hoy día -¡gracias a Dios!- nuestro país es acreedor del mundo y posee gran prestigio en todas las naciones.
Evidentemente, todavía nos queda mucho que avanzar en la parte económica, pero, sin duda, tenemos una base muy sólida para seguir creciendo.
El reajuste de 5 por ciento, más los bonos y los aguinaldos -que explicaré más adelante- significan un gasto para el país de 1.006.794 millones de pesos, que equivalen a 1.921 millones de dólares. Se trata de una cantidad muy importante, a la cual debemos agregarle el bono de marzo, que representa más de 300 millones de dólares.
En consecuencia, observamos que tales gastos son importantes en este aspecto. Afortunadamente, estos no serán objeto de crédito ni de endeudamiento, sino que son cubiertos por los ingresos del país, producto del crecimiento y, por supuesto, de los recursos provenientes de las actividades productivas de nuestra patria.
Por eso, es grato aprobar el reajuste, los bonos y aguinaldos que van a beneficiar a miles de servidores públicos.
Cabe mencionar que se propone un aguinaldo de Navidad de 46.600 pesos para los trabajadores activos cuyas remuneraciones líquidas fueren iguales o inferiores a 610 mil pesos, y de 24.650 pesos para aquellos con rentas superiores a esa cantidad.
En el caso del aguinaldo de Fiestas Patrias, será de 60 mil pesos para los trabajadores que ganen hasta 610 mil, y de 41.650 pesos para los que reciban una cantidad mayor.
Junto a estos aguinaldos se entrega un bono de escolaridad, por una sola vez, por cada hijo entre 4 y 24 años de edad, que sea carga familiar y se encuentre estudiando, de 58.350 pesos, pagados en dos cuotas iguales en marzo y junio. Y se agrega una bonificación adicional de 24.650 pesos, por cada hijo, para los funcionarios con ingresos líquidos iguales o inferiores a 610 mil pesos.
Por otra parte, el proyecto concede, por una sola vez, un bono de invierno a los pensionados, de 51.971 pesos. Para el sector pasivo se considera también un aguinaldo de Fiestas Patrias, de 16.170 pesos, que se incrementará con 8.295 pesos por cada persona acreditada como carga familiar. Y se entrega también un aguinaldo de Navidad para el 2014, de 18.585 pesos, que aumenta en 10.500 pesos por cada causante de asignación familiar.
También se propone una bonificación extraordinaria trimestral para las enfermeras, matronas, enfermeras-matronas y otros profesionales de colaboración médica, a lo largo de un año y a partir de enero de 2014, por 214.153 pesos, de acuerdo a la ley N° 19.536 sobre profesionales que se desempeñan en trabajos con sistemas de turnos rotativos, nocturnos, fines de semana y festivos, incluyendo a los profesionales de estas carreras que se desempeñen como directivos y supervisores.
Del mismo modo, se otorga un bono de acuerdo, que se pagará por una sola vez este mes de diciembre, de 200 mil pesos para los trabajadores cuya remuneración bruta sea menor a 663.500 pesos, y de 100 mil para aquellos cuyos ingresos sean superiores a esa cantidad.
Asimismo, se concede un bono de vacaciones, por una sola vez, a pagarse en enero próximo, de 67 mil pesos para los trabajadores que ganan hasta 610 mil pesos, y de 45 mil pesos para los que perciben una renta mayor a esa suma.
El proyecto entrega también un bono extraordinario para los asistentes de la educación, según evaluación. Este es de 230 mil pesos para quienes tienen una evaluación superior al 80 por ciento; de 176 mil, para los que superen el 65 por ciento, y de 135 mil para los evaluados con un porcentaje menor al antes señalado.
Todos estos beneficios acumulados equivalen a 1.921 millones de dólares.
Por otra parte, deseo llamar la atención de los colegas acerca del hecho de que aquí estamos aprobando un reajuste que también beneficia a Senadores y Diputados.
Se ha hablado mucho de los conflictos de interés, en el sentido de que aprobamos proyectos de ley que nos benefician a nosotros. Y esta es una iniciativa legal que favorece también a los parlamentarios. Entonces, ¿cuál es el conflicto de interés? Se trata de una normativa general y, según entiendo, esta beneficia a todos por igual; somos todos chilenos.
En una ocasión se buscó involucrar a parlamentarios, sobre todo a Diputados, que eran dueños de camiones, con motivo de la aprobación del proyecto de ley que rebajó el pago del impuesto específico al diésel a los transportistas, que era una legislación de aplicación general. Y ello tenía relación con el pago de peajes. Entonces, se originó un escándalo por el hecho de que esos Diputados rebajaran también dicho tributo. Pero se trataba de una normativa general, al igual que la que ahora debatimos.
Aquí se juega mucho con los conflictos de interés. Por eso, se debe entender que esta es una iniciativa general que beneficia a todos los trabajadores públicos del país, por lo que, evidentemente, están incluidos Diputados y Senadores. Si no fuera así, es claro que nosotros no podríamos votar el proyecto. Y si no votamos, no hay reajuste.
¿Existe o no un conflicto de interés? ¿Es legítimo lo que estamos haciendo y lo que hemos efectuado durante todos estos años?
Ojalá que el Presidente de la Comisión de Ética o el de la Comisión de Hacienda o el Ministro de Hacienda nos puedan dar una respuesta al respecto.
Naturalmente, vamos a aprobar con agrado la iniciativa en debate, porque significa justicia para los trabajadores públicos de nuestra patria y, sobre todo, alegría porque ha habido un amplio acuerdo con la inmensa mayoría de ellos.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, por acuerdo unánime de la Comisión de Defensa, solicito recabar el asentimiento de la Sala para fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que modifica aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, hasta hoy, a las 18.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si no hay objeción, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, ante todo, deseo felicitar al Ministro Larraín. Yo llevo varios períodos aquí, en el Congreso, y nunca había visto que lo aplaudieran, no por cumplir su último año de gestión a modo de despedida, como ha ocurrido en otros casos, sino, más bien, por hacer bien la pega.
A mi juicio, llegar a acuerdos con 13 de los 14 gremios de trabajadores del sector público demuestra la existencia de una buena labor, de haber abierto la posibilidad de dialogar con sus representantes, como ocurrió en esta oportunidad.
Hoy escuchamos al Presidente de la ANEF y a directivos de la CUT en la Comisión de Hacienda del Senado, y la verdad es que hemos recogido gran parte de lo que ellos nos plantearon.
En segundo término, junto con felicitar al señor Ministro, le agradecemos por acceder a lo que le pedimos en la Comisión de Hacienda parlamentarios de todos los sectores políticos, en cuanto a resolver el problema de los dirigentes de FENPRUSS, consistente en que se les permitiera realizar su labor gremial cuando cumplieran turnos.
A mi juicio, esa es la forma en que el Senado debe solucionar los diferentes asuntos.
La tramitación de una indicación claramente inadmisible, como lo hizo la Cámara de Diputados, me parece que no es un buen camino. Cuando se hace por esa vía, estamos transgrediendo las normas que nosotros mismos hemos dicho que debemos respetar.
Siento que el Ministerio ha realizado un trabajo importante y, por supuesto, también la Comisión de Hacienda.
Por otro lado, no puedo dejar de plantear al señor Ministro de Hacienda la situación de los trabajadores estatales de la Región de Atacama.
A la mayoría de la gente del sector privado le ha ido bien, principalmente a la del sector minero; sin embargo, los funcionarios públicos se encuentran en la misma o casi igual situación que antes, porque les han subido los arriendos, la movilización, todos los servicios.
En la Comisión de Hacienda le informé sobre este problema al Ministro de la Cartera, y lo vuelvo a hacer aquí, en la Sala, ya que los trabajadores del Estado aspiran a tener una mejor calidad de vida. Y para ello es necesario declarar Zona Estratégica a la Región de Atacama, tal como se hizo con la de Antofagasta, donde se produjo anteriormente este mismo fenómeno.
Solicito lo anterior no solamente por los funcionarios del Estado, sino también porque de esa manera será más atractivo irse a la región; será más atractivo ingresar a sus servicios públicos, y no como ha ocurrido hasta ahora, en que, lamentablemente, muchos de los mejores trabajadores se han ido a la minería y el resto, que se ha puesto la camiseta del sector público, tiene que sufrir una situación muy compleja.
Por lo tanto, reitero mi solicitud -que por lo demás ha sido firmada por todos los parlamentarios de la Región de Atacama; por el Intendente, y por los representantes de la ANEF y de la CUT- de que podamos revisar esa situación en este Gobierno, del Presidente Piñera, que ha propuesto un mejoramiento salarial para los servidores del Estado con acuerdo de sus dirigentes y en muy buena forma.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, deseo expresar que por supuesto todos en la Sala vamos a votar favorablemente el proyecto de reajuste, y señalar, una vez más, la importancia de que nuestros trabajadores se encuentren organizados. Quisiéramos que esta capacidad de asociarse se extendiera mucho más; que en nuestro país se respetara en plenitud el fuero sindical y se ampliara la negociación colectiva.
Mi colega Muñoz Aburto hablaba de regular de algún modo la negociación colectiva para los empleados públicos. Yo coincido por completo con esa idea, porque al final se da esta suerte de negociación que hubo ahora, pero que carece de reconocimiento legal. Creo que hace mucha falta. No hay justificación para que los servidores públicos no puedan acceder a negociar colectivamente.
Por otro lado, aquí diversos Senadores han felicitado al Ministro de Hacienda. Me alegro. Este no es un Gobierno que haya dialogado muchas veces o que haya sabido dialogar bien. Y para recordar lo poco que ha dialogado, basta mencionar el prolongado paro de los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación y muchos otros conflictos que se han producido. Sin embargo, me alegro de que en esta oportunidad haya sido capaz de sostener un diálogo y de lograr este acuerdo, que sin duda es relevante.
Pero de alguna manera yo me siento dolida, señor Presidente -lo digo con toda claridad-, porque yo hablé con el Ministro Chadwick y le manifesté mi inquietud por algo a lo que se acaba de referir el Senador Prokurica: cómo hoy día los trabajadores de los servicios públicos de la Región de Atacama ven seriamente afectada su calidad de vida porque, como es obvio, debido a las inversiones mineras y a ciertos proyectos potenciales que pueden desarrollarse allí, se ha encarecido en forma notable el costo de la vida.
En efecto, en la actualidad el costo de la vida es altísimo; se especula con los arriendos, en fin. Y en este ámbito existe también un tremendo problema con el subsidio habitacional, pues este se entrega pero claramente no es sinónimo de una casa, ya que las empresas incluso dejan de construir porque el subsidio no alcanza.
Por lo tanto, la situación de la Región de Atacama para aquellos que no están incorporados al sector minero se vuelve muy compleja en términos del alza del costo de la vida, la presión sobre los servicios, y para qué entrar en detalles como los pasivos ambientales y otros.
¿Qué ocurrió? Al Ministro Chadwick le planteé que en junio del año pasado la totalidad de los parlamentarios de la Región de Atacama habíamos tenido una reunión en la cual nos comprometimos a impulsar un proyecto de ley y a solicitar al Ejecutivo que lo patrocinara, para declarar Zona Estratégica -no "Zona Extrema"- la Región de Atacama, que entrega una importante cantidad de recursos no renovables y a cambio recibe, como antes he dicho, solamente algunos pasivos. En consecuencia, merece que se pueda mejorar o al menos mitigar el impacto que ellos tienen sobre la vida de sus habitantes, a través del beneficio que conlleva dicha declaración.
Pues bien, en esa oportunidad el Ministro Chadwick se comprometió a ver el asunto con motivo del reajuste de remuneraciones al sector público; que por un año y por una vez se podría entregar un bono, y que después se vería si efectivamente se debía establecer o no una asignación, por la vía de una ley, si el Ejecutivo estuviera dispuesto a mandar al Congreso el proyecto pertinente.
Yo quedé bastante conforme con ello.
Resulta que el sábado pasado me reuní en mi oficina con los dirigentes regionales de la ANEF, encabezados por su Presidente, señor Sartori, quienes me informaron que habían ido a Santiago a entrevistarse con autoridades de la DIPRES y que estas se habían comprometido formalmente a que se les iba a entregar el bono mencionado. Pero -¡oh sorpresa!- el proyecto no contempla ese bono.
Quiero expresarle al Ministro de Hacienda -por intermedio de la Mesa- que me siento profundamente desilusionada. No corresponde que cuando existe una promesa, un compromiso o se da una esperanza, no se cumpla.
Eso no está bien.
Ayer se lo hice presente al Ministro Chadwick. Le dije que me había dolido ese incumplimiento, porque cuando salí de la entrevista con él, comuniqué a la ANEF regional la buena noticia de que el Ministro del Interior me había señalado que iban a analizar el asunto con ocasión del reajuste al sector público y que al menos recibirían un bono por una vez.
Como eso no se concretó, creo que los trabajadores sienten, legítimamente, que no fueron escuchados o que se les dijo algo que al final no se cumplió.
Y así como esta tarde estamos celebrando -yo también me sumo- el que este año, de modo casi excepcional, haya habido un buen diálogo, lo que no aconteció en otras ocasiones, quiero manifestar aquí, en forma pública, mi disconformidad, mi frustración.
Yo creí sinceramente en la palabra empeñada por el Ministro del Interior. Es más: cuando conversamos ayer, demostró mucha sorpresa. Me dijo que iba a hablar con los personeros de la DIPRES, dado que él no sabía lo que había pasado.
Sea cual fuere lo sucedido, yo simplemente quiero decirle al señor Ministro de Hacienda -por intermedio de usted, señor Presidente- que de repente estas políticas nacionales que nosotros hacemos se entienden, pero hay que ver cómo se aplican en la realidad de las regiones. Y hoy día la realidad de la Región de Atacama nos está demostrando -por eso todos sus parlamentarios suscribimos el documento a que aludí hace un rato, en el mes de junio último, con más de 84 asociaciones gremiales- que nuestra petición es un clamor. Porque es cosa de estar en la zona un par de días para darse cuenta lo que está costando vivir en ella.
Por eso, señor Presidente, he querido evidenciar mi absoluta disconformidad con lo acaecido. Y lamento mucho que no se haya cumplido lo que se prometió.
A continuación, no puedo dejar de decir algunas palabras acerca de una situación planteada ayer a través de un proyecto de acuerdo -no es la primera vez-, que el Senado aprobó por unanimidad y que afecta al personal civil de la Dirección General de Aeronáutica.
Yo comparto lo señalado en el proyecto de acuerdo -lo digo públicamente acá-, porque a los trabajadores de ese organismo que ingresaron a partir del año 1985 se les indicó que deberían afiliarse a alguna AFP, lo que ha constituido una injusticia. Solicitan adscribirse al régimen de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y que exista claridad en la alternativa que se les dé para no seguir perjudicándolos como ha sucedido a lo largo de todos estos años.
Señor Presidente, hay otro problema que, como país, arrastramos y arrastramos. Y tenemos que ser sinceros: no podemos seguir afectando la situación de muchas personas que trabajan a honorarios; no se puede seguir abusando de gente que lleva 10, 15, 20 años bajo tal sistema y simplemente no se la quiere cambiar al régimen de contrata o incorporar a las plantas.
Ya es hora de resolver, aunque sea gradualmente, ese tema, que tiene que ver con la estabilidad laboral, con la dignidad, con los derechos, con la previsión.
Todo lo expuesto contribuye a aumentar la presión de una caldera que en cualquier momento va a estallar. Porque si ya tenemos problemas previsionales que afectan a mucha gente; si ya tenemos problemas con una tasa de reemplazo bastante baja; si ya tenemos problemas con la situación general de la previsión en Chile, calculen Sus Señorías lo que va a pasar con quienes a partir de este año tendrán que incrementar su ahorro de capitalización individual obligatorio, incluidos los trabajadores independientes.
Sin embargo, seguimos permitiendo que muchas personas trabajen a honorarios y, por tanto, negándoles los derechos básicos, mínimos que involucra un contrato indefinido.
Señor Presidente, dejo constancia de que voy a apoyar el proyecto con mi voto favorable, pero -repito- quería manifestar mi profunda disconformidad con lo ocurrido. No me gusta que en principio se ofrezca acoger una propuesta de los trabajadores que suena enteramente razonable, y que después, cuando estos se han forjado ilusiones, se los deje de lado.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, abramos la votación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Espere un momento, por favor.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, por encargo de la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pido recabar la autorización de la Sala para analizar en general y en particular a la vez un proyecto sobre maltrato a menores, que trataremos el próximo lunes en la sesión que efectuaremos en la sede de Santiago.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si les parece a los señores Senadores, se accederá a lo solicitado.
--Se autoriza.
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El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Abramos la votación, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Me han solicitado abrir la votación.
Si hay acuerdo, lo haré.
¿Mantenemos los tiempos de las intervenciones o reducimos la fundamentación a cinco minutos?
El señor WALKER (don Ignacio).- A cinco minutos, señor Presidente.
El señor PROKURICA.- Mejor si podemos abreviar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Conforme.
No obstante, tenemos un problema: hay que votar por separado el proyecto y la indicación, a menos que se acuerde resolver en un solo acto ambas situaciones.
¿Le parece a la Sala?
Acordado.
En votación la idea de legislar y la indicación del Ejecutivo.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero sumarme a quienes durante sus intervenciones han felicitado tanto a los dirigentes de la mesa del sector público que participaron en el proceso de negociación y llegaron a un acuerdo cuanto al Ministro de Hacienda, don Felipe Larraín, y a la Dirección de Presupuestos, que también concurrieron a su logro.
Siempre para los dirigentes es más fácil rechazar un acuerdo y decirles a sus bases que ellos querían un reajuste mayor y que no fue posible.
Por eso son tan tan destacables la seriedad, la responsabilidad, el espíritu con que los dirigentes participaron en la negociación y llegaron a un acuerdo, lo que nos permitirá, probablemente, despachar por amplia mayoría, o tal vez por unanimidad, el proyecto que reajusta las remuneraciones del sector público, hecho que, por lo demás, también ocurrió el año pasado.
Por consiguiente, considero de plena justicia hacer un reconocimiento tanto a los dirigentes que participaron en la negociación de este año -y también en la de 2012- en materia de reajuste para el sector público y otros beneficios cuanto al Ministro de Hacienda, don Felipe Larraín, porque ello le facilita enormemente al Congreso, y en particular al Senado, el pronto despacho de la iniciativa que estamos votando.
Señor Presidente, deseo recordar lo que fue a fines de los años 2010 y 2011 la tramitación de proyectos similares: a decir verdad, se transformó en un verdadero drama, en un enorme conflicto.
Me parece bueno señalarlo, porque eso nos permite aquilatar en su justa medida lo significativo y positivo del acuerdo alcanzado entre las organizaciones que conforman la mesa del sector público y el Gobierno del Presidente Piñera, representado por su Ministro de Hacienda.
Asimismo, quiero destacar lo que se resuelve a través de la indicación que el Ejecutivo hizo llegar a la Mesa esta tarde.
¡Créanme: era una aspiración de años -¡de años!- de los dirigentes de las organizaciones gremiales de los trabajadores de la Salud!
La fórmula aplicada a los permisos sindicales dejaba, por un dictamen de la Contraloría General de la República, fuera de la base de cálculo beneficios a los que los dirigentes tienen derecho de manera permanente.
Por eso, mediante la referida indicación se satisface una antigua aspiración de los dirigentes de los trabajadores de la Salud.
Creo que eso, además, debe ser motivo de complacencia tanto para los dirigentes del sector Salud y el Gobierno cuanto para el Congreso Nacional, y en particular para el Senado, que estoy seguro respaldará la medida propuesta.
Señor Presidente, la semana recién pasada estábamos despachando el proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para el año 2014, y una de las preocupaciones incidía en los fondos de libre disponibilidad para la Administración que asumirá la conducción del país a partir del 11 de marzo próximo. Y gran parte del debate tenía relación tanto con los referidos fondos cuanto con los recursos susceptibles de generar transferencias, flexibilidad presupuestaria para llegar a los 600 o 700 millones de dólares planteados.
Por eso, quiero resaltar lo que señala el artículo 31 de la iniciativa de ley que reajusta las remuneraciones del sector público: que el mayor gasto que represente la aplicación de la ley en proyecto tanto en 2013 cuanto en 2014 se financiará con los recursos contemplados en el subtítulo 21 de los presupuestos de los respectivos órganos y servicios.
¿Qué significa eso? Financiamiento con recursos que están en el subtítulo Gastos en Personal. Es decir, parte importante del reajuste ya está debidamente provisionada en ese subtítulo.
Ello implica que se requerirá usar mucho menos las operaciones complementarias del Tesoro Público, los recursos allí contemplados.
Por lo tanto, la disponibilidad de dineros para hacer transferencias, contar con mayor flexibilidad presupuestaria y allegar los recursos necesarios para la próxima Administración se facilita enormemente.
¡Qué más clara demostración de buen manejo fiscal! ¡Qué más clara demostración de manejo responsable de los recursos públicos, los que siempre son escasos!
Por eso, me alegro del acuerdo; me alegro del contenido del proyecto de reajuste para el sector público; me alegro de que los dirigentes de los trabajadores de la Salud hayan resuelto por fin un problema que arrastraban por tantos años, y me alegro de que, si es necesario tocar los fondos de libre disponibilidad y de flexibilidad presupuestaria para el 2014, ello sea de manera muy mínima, permitiendo aumentar los recursos de libre disposición para el Gobierno venidero.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, como todos los años en esta misma fecha, volvemos a llevar a cabo el "rito" de ver cómo reajustamos las remuneraciones de los trabajadores del sector público.
Desde hace mucho tiempo se ha venido planteando en esta Sala la posibilidad de llegar a una fórmula objetiva que establezca los parámetros para que, sin necesidad de este debate parlamentario, los servidores estatales arriben a acuerdo con el Ejecutivo en cuanto a un reajuste que abarque más de un año, tomando en consideración indicadores de inflación, de pérdida de poder adquisitivo, de satisfacción a los usuarios del sector público.
Desgraciadamente, parece que la discusión que damos año tras año continuará repitiéndose.
Creo también que, a pesar de que hay consenso -y uno lo escucha en los discursos de los diversos Senadores- en que es necesario fijar una institucionalidad laboral para los servidores del sector público, no se avanza en ella.
Algunos han recordado el proyecto de ley del colega Hernán Larraín sobre el particular.
El fuero, la negociación colectiva, la asociación, el derecho a huelga son materias de las que se habla pero de las que, lamentablemente, no nos hacemos cargo como legisladores.
Señor Presidente, nadie puede desconocer que estamos ante un gran acuerdo. Y me sumo, por cierto, a las felicitaciones a los gremios y al Gobierno por haberlo alcanzado.
En años anteriores costó mucho el debate, precisamente porque no había acuerdo en la materia.
Me alegro, pues, y congratulo al Ministro de Hacienda y a su equipo; a los trabajadores y a los dirigentes del sector público; a la ANEF; a los dirigentes de la Salud, por lo que han obtenido.
Ello derriba mitos y da cuenta de que cuando los trabajadores y los empleadores se sientan a conversar en condiciones de igualdad se arriba a acuerdos que benefician a ambas partes.
Y este es un acuerdo que, además, beneficia a nuestro país.
Nadie puede desconocer lo relevante que es recibir un porcentaje de reajuste de la magnitud planteada en la iniciativa sometida al debate parlamentario. Y, obviamente, me sumo a lo que han dicho mis colegas y anuncio mi voto favorable.
Sin embargo, señor Presidente, creo que debemos detenernos en la precariedad laboral existente en el mundo de los funcionarios públicos.
Primero, en aquello de lo que hemos hablado en más de una oportunidad -por ejemplo, con motivo de la discusión presupuestaria-: el daño previsional, problema que debemos asumir como país.
Tenemos en seguida la situación de los trabajadores del sector público.
Es factible que muchos sustenten una opinión distinta sobre el particular. Pero yo creo que, si comparamos la situación de Chile con la de otros países, debemos concluir que nada justifica que nuestros servidores públicos no tengan derecho a huelga, carezcan de derecho a negociación colectiva.
Digamos las cosas tal cual son. En naciones como Nueva Zelandia, Francia, Reino Unido los trabajadores estatales tienen garantizada una serie de derechos: a huelga, a asociación, a sindicalización, a emitir opinión libremente.
Lo ocurrido en estos días evidencia que nuestros servidores públicos también tienen derecho a huelga, pero por el lado impositivo y no por el del reconocimiento legal.
Como nación, nos haría muy bien conseguir dar un paso para que a los trabajadores estatales se les reconocieran derechos existentes en democracias avanzadas.
Y cuando hablo de "precariedad" me refiero también a algo que han vivido numerosos servidores fiscales en el último tiempo.
Muchos de ellos fueron despedidos: llevaban más de 18 años laborando en el sector público y tuvieron que irse sin derecho a indemnización.
Eso es algo que debemos discutir en nuestro país.
Señor Presidente, en el ámbito estatal, una importantísima cantidad de trabajadores cumplen funciones estratégicas, o desarrollan labores fiscalizadoras, o atienden público, o se desempeñan en el área de la salud, pero no nos hacemos cargo de la precariedad en que se desenvuelven.
Sistemáticamente hemos ido aprendiendo a respetar y reconocer el servicio que prestan nuestros empleados fiscales.
Yo soy hija de un funcionario que trabajó en la Administración Pública hasta el golpe militar. Y me parece que debemos recuperar el respeto que se dispensaba antaño a los servidores del Estado.
Me gustaría llamar la atención en tal sentido.
También quiero aplaudir el acuerdo alcanzado en esta oportunidad; expresar mis felicitaciones al Ministro de Hacienda y a los funcionarios y sus dirigentes, y reiterar que el diálogo es la herramienta principal que hemos de utilizar cuando existe un conflicto entre dos partes.
Pero, al mismo tiempo y con igual fuerza, debo denunciar que miles de servidores públicos (trabajadores del Estado, de las municipalidades, de los servicios de salud) luchan por reivindicaciones laborales y puntualizar que, pese a que este es un paso significativo, seguimos en deuda con ellos.
¡Reciban la solidaridad, la comprensión y las felicitaciones de esta Senadora por lo logrado!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, al igual que las Senadoras y los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, quiero expresar mi satisfacción por los resultados del proceso de negociación habido, pero también, y sobre todo, por los resultados del trabajo realizado en nuestro país, especialmente desde el Gobierno (Ministerios de Hacienda y del Trabajo); desde la Cámara de Diputados y el Senado, y en particular, desde el sector económico nacional.
En los últimos cuatro años las remuneraciones se han reajustado en 21 por ciento nominal y 9,4 por ciento real. La inflación ha sido de solo 11,6 por ciento. El sueldo mínimo se ha aumentado en 29,6 por ciento nominal y 18 por ciento real sobre la inflación.
Por otro lado, tenemos un alto nivel de empleo.
En mi Región estamos en un rango récord de ocupación; la cesantía llega a solo 2,7 por ciento y, obviamente, las remuneraciones están creciendo debido a la presión que se ejerce al efecto. Hay muy pocos trabajadores, y los empresarios disponen de buses que recorren nuestro territorio, de comuna en comuna, para trasladarlos de una ciudad a otra.
Reviste importancia la gran generación de empleos que se ha registrado. En los últimos cuatro años se han creado aproximadamente 880 mil nuevos puestos de trabajo.
Por otra parte, han surgido casi 200 mil nuevas pequeñas y medianas empresas.
Si somos capaces de mantener tal situación, es factible que dentro de muy poco tiempo en Chile haya menos cesantía y lleguen muchos más trabajadores provenientes de otras naciones.
En cuanto al proyecto en debate, creo que tiene aspectos importantísimos.
El primero de ellos -ya lo señalé- es la enorme entrega de poder adquisitivo a los trabajadores: en el caso del empleo mínimo, casi 30 por ciento más, y en el de los funcionarios públicos, 21 por ciento.
Seguimos creando empleos directos e indirectos, y también, empresas, y nos enmarcamos plenamente en la responsabilidad fiscal, en la que nuestro país se encuentra encaminado desde hace tiempo.
¿Qué aspectos considera el proyecto que estamos aprobando?
Primero, un reajuste general de remuneraciones, ascendente a 5 por ciento.
Segundo, un cambio en el punto de corte para el cálculo de los beneficios que se otorgan.
Tercero, un mejoramiento especial, de 5,37 y 5,5 por ciento, en los dos tramos fijados para el cálculo del aguinaldo de Navidad, y un reajuste parecido en el caso del aguinaldo de Fiestas Patrias.
Cuarto, un bono de escolaridad, no imponible ni tributable, de 58 mil 350 pesos, pagadero en dos cuotas iguales, en marzo y junio del próximo año.
Quinto, bonificaciones adicionales, a las que ya se refirieron colegas que me precedieron en el uso de la palabra.
Sexto, un aporte a los servicios de bienestar, de aproximadamente 101 mil pesos.
Séptimo, un bono de vacaciones y un bono de acuerdo.
Octavo, un reajuste de remuneraciones mínimas, según distintas categorías laborales: auxiliares, administrativos y técnicos.
Noveno, beneficios de tres tipos para los pensionados (no me extenderé al respecto).
Y décimo, beneficios para las zonas extremas.
En este punto, tras ingentes esfuerzos, se acoge una petición muy antigua en el sentido de incorporar -luego de un estudio de la Universidad Católica, me dicen- a Cochamó. Ello, porque en muchos aspectos esta comuna se halla más marginada y alejada que otras de diversas provincias del sur de Chile, por la distancia de los caminos de acceso a Cochamó mismo o a Río Puelo, Llanada Grande y Segundo Corral.
Por lo expuesto, señor Presidente, anuncio mi voto favorable a este proyecto de ley y expreso mis agradecimientos a los Ministros de Hacienda y del Trabajo y a los dirigentes de las distintas agrupaciones gremiales de los trabajadores del sector público.
En todo caso, pienso que cuanto he señalado es cosecha de una siembra que se viene realizando desde hace bastante tiempo. Y a mi juicio, si somos capaces de mantener año tras año resultados como este, nos iremos acercando a la puerta para el desarrollo de nuestro país y de nuestra gente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, los acuerdos son buenos. Pero la situación es mejor cuando hay una práctica permanente.
En estos años uno ha echado de menos un proceso de diálogo más permanente del Gobierno con los trabajadores del sector público.
En el caso del Servicio de Registro Civil hubo un paro innecesariamente prolongado. Lo mismo ocurrió con los trabajadores municipales. Lo sucedido en años anteriores no fue positivo. Y algunos sí tenemos memoria para recordar lo conflictivo de la relación con el sector público.
La actual Administración ha sido responsable de despedir a más de 10 mil funcionarios por razones políticas. Por desgracia, no ha desistido de ello y sigue en ese proceso hasta el día de hoy. Y, encima, está convocando a una cantidad de concursos para dejar amarres de última hora en todos los servicios.
Por lo tanto, sin perjuicio de que votaré a favor del reajuste, deseo expresar que este se da en un clima contradictorio. No soy de aquellos que, fuera de contexto, aplauden el momento de una foto. La relación del Gobierno del Presidente Piñera con los trabajadores del sector público ha sido lamentable; ha faltado, a mi juicio, a la que debe ser la tradición de respetar la carrera funcionaria.
Quizás estoy condicionado por el hecho de que el Intendente de la Sexta Región tuvo la desafortunada actitud de aseverar que los funcionarios públicos tienen los pulmones vírgenes, a lo que se podría agregar otra cantidad de brutalidades. Pero no se trata solo de eso. Como si fuera niño de primaria -y no quiero ofender a los menores-, recurrió para estos efectos, en horas de oficina, a publicaciones en facebook.
Es decir, algunos han caído en prácticas lamentables.
Solo deseo consignar que el reajuste se fue conversando; pero se dio en un contexto que no quiero desconocer y que me hubiera gustado que fuese distinto.
Espero que en el futuro seamos capaces de generar un mecanismo plurianual, tal como ocurrió en el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle. Es algo que subrayo cada vez que discutimos el proyecto respectivo, porque me parece que fue una muy buena práctica, al haber permitido generar estabilidad y planificar en forma diferente las relaciones y la gestión de recursos humanos dentro del Estado.
Es importante destacar también, con todo lo positivo que puede sonar el que personas en régimen de honorarios pasen a contrata -eso lo aplaudimos-, que más o menos a uno de cada cinco de los que laboran en el sector público conforme a ese primer sistema no le tocan los beneficios a los cuales se hace referencia. Juzgo que este es un aspecto del que debemos hacernos cargo, porque todos sabemos que, en el caso de mucha gente a honorarios, el Estado simula un contrato a partir de la forma de pago. ¡Mas el contrato no es a honorarios: el método de pago es contra boleta de honorarios!
Muchas de estas personas tienen derecho a vacaciones -el Estado lo reconoce-, lo cual, de hecho, importa admitir que la naturaleza del contrato es distinta y no está determinada por la forma de pago. En los derechos laborales debe regir el principio de la realidad.
Con relación al sector público, el Congreso, cuando se llevan a cabo estas discusiones, por desgracia todavía no hace lo que corresponde: exigir al Ejecutivo que el principio de la realidad impere al momento de definir muchos de estos beneficios.
La precariedad laboral determina que quien está a honorarios no pueda hacer más, pues uno ya se encuentra en un estado de necesidad.
En el presente planteamiento quiero expresar mi conciencia de que nos hallamos en un contexto de debate complejo. El Estado se encuentra en deuda con sus funcionarios -y no me refiero solo a un Gobierno de turno-, particularmente con quienes se desempeñan conforme al sistema mencionado, que están en la peor situación.
Deseo destacar que sí se ha avanzado, con el tiempo, en ir considerando el caso de diferentes trabajadores del sector público, lo que resulta positivo.
Hoy quiero levantar la voz en representación de unas cuarenta mil personas, la gran mayoría de ellas mujeres, que de hecho se desempeñan para el Estado, pero que probablemente se hallan en una de las condiciones más precarias por el proceso de externalización de una función que este último debería asumir como propia. Me refiero a las manipuladoras de alimentos en el sistema educacional. Si bien realizan una labor tremendamente importante, son objeto de contratos de plazo corto, reciben el ingreso mínimo en su función pública -en verdad, se llevan a casa, no 210 mil pesos, sino apenas 164 mil o 166 mil- y no les corresponden todos estos derechos ni tienen la posibilidad de acceder a ellos.
Años atrás logramos que progresivamente se reconociera a las asistentes de la educación, en ese tiempo trabajadoras no docentes. Hoy se hallan contempladas. Pero existe una deuda con otras personas que cumplen funciones públicas. Porque aseguro que si se presentara un problema con los alimentos en un colegio o un jardín infantil públicos, el director de la JUNAEB tendría que dar explicaciones de inmediato, ya que la entrega de productos no es externalizable en lo que dice relación con responsabilidades.
Con todo respeto, le hago presente al Ministro señor Larraín que más vale tarde que nunca en la llegada de un buen clima para lograr el reajuste. Algunos malpensados estimamos que ello obedece a lo que pasará en diez días más: la segunda vuelta electoral, ya que no habría sido bueno mantener conflictos. No tengo la menor duda de que eso incidió.
También ha mediado la capacidad de los dirigentes de la mesa pública, de los representantes de diversos gremios ahí presentes, coordinados por la CUT, la ANEF, y de todas las instituciones -no puedo mencionarlas a todas-, y los felicito por el logro.
Sin embargo, quienes somos parlamentarios sabemos -y no dejo de recordarlo- que, durante el mes en curso, junto a un montón de gente que sonríe por la aprobación del proyecto, otra ha sido notificada de que no será objeto de renovación, ya que nuevamente se verifica un proceso de purga y se intenta dejar amarrados contratos para el próximo tiempo.
Por ende, mientras la iniciativa constituye un avance, sin duda, ocurren cosas poco correctas bajo cuerda. Ello, en opinión de quienes creemos que en el sector público tiene que existir una carrera y garantizarse en el futuro, posiblemente por ley, que un Gobierno no puede modificar la situación de contrata en el año en que se va, ni precarizar aún más el empleo, ni llamar a concurso en sus últimos ocho meses en el poder. Porque, en el fondo, quizás la naturaleza humana es tal que lleva a actuaciones poco afortunadas.
Votaré a favor de la iniciativa, porque el reajuste y los beneficios me parecen adecuados; pero lamento que eso se haya dado en un contexto demostrativo de que aún queda mucho por hacer para lograr un trabajo decente en el sector público.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, en primer lugar, felicito a los gremios y al Gobierno del Presidente Piñera, que finalmente logró un acuerdo y consolidar un reajuste de 3,5 por ciento real y del orden de 5 por ciento nominal, muy superior al promedio de los otorgados durante los años noventa y la década de los 2000.
Se ha llegado a un Protocolo de Acuerdo, como ha sido la tónica, al cual el Gobierno ha podido sumar, en forma importante, a los gremios: trece, en principio, de catorce. Lo mismo ocurrió el año recién pasado.
Por lo tanto, destaco el esfuerzo, el empuje de los funcionarios del sector público, pero también la disposición de la Administración actual.
Sin embargo, no quiero dejar pasar dos asuntos que me parecen relevantes.
El primero es la precariedad en la función pública.
Claramente, el peor empleador es el Estado. Y, cuando uno lo plantea, ello dice relación con la enorme cantidad de trabajadores a honorarios y a contrata en ese ámbito, sin que se haya efectuado un análisis sobre la necesidad de pasar a estos servidores a la planta.
El Senador que habla recurrió a la Contraloría General de la República, que realiza un estudio acerca del cumplimiento de la proporción 80/20. Y lo lleva a cabo por servicio. Espero que ese trabajo demuestre las divergencias, irregularidades o ilegalidades que finalmente se presentan en la función pública, ya que ninguna entidad cumple con lo establecido en la ley. Ojalá que el Contralor tome la decisión pertinente y presente a la brevedad posible un informe que permita percatarse de esa realidad.
El segundo se refiere a la inseguridad laboral.
Es posible observar que gran número de trabajadores a honorarios o a contrata viven año a año la incertidumbre en la renovación de sus contratos. En el mismo orden de cosas, muchos funcionarios a honorarios que se desempeñan en la función pública no tienen derecho a vacaciones y sufren un problema dramático fundamentalmente en lo que dice relación con la dignidad de su labor, pero, además, en lo concerniente a la responsabilidad profesional.
En consecuencia, es preciso poner estas cuestiones sobre la mesa.
Por último, respecto de la solicitud de descuento a los funcionarios públicos movilizados, le pido al Gobierno retrotraer la situación para evitar que ello tenga lugar, sobre todo si se cumplió con la tarea y se aplicaron turnos éticos, como en salud. Tal como lo hicimos ver al Ministro de esta última Cartera hace unas pocas horas, junto con la multigremial del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, deseo hacer este planteamiento para el efecto de que se les dé una señal a los trabajadores del sector público.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, es un hecho político relevante que el Gobierno se haya sentado con los gremios, al igual que el año pasado, y se haya llegado a un buen acuerdo, lo que nadie discute. Y tanto es así que lo que hemos escuchado son críticas que se le formulan por otras razones. En consecuencia, nadie puede desconocer que estamos frente a un elemento que debemos valorar, saludable y necesario para el ejercicio democrático.
Muy distinto es lo que a muchos de nosotros nos tocó pasar en años anteriores -y no solo durante la Administración actual, sino también en el período de la Concertación-, cuando el debate del reajuste para los funcionarios públicos se hallaba cruzado por discusiones políticas muy fuertes. Se obligaba a los trabajadores a realizar movilizaciones, y en más de una ocasión el debate se realizó escuchando las que se llevaban a cabo alrededor del Congreso, lo que no les hacía bien ni a los funcionarios, ni al país, ni al Senado, ni a nadie. Por lo tanto, se generaba una tensión más allá de lo razonable sobre una cuestión que sin duda marca siempre, durante el mes de diciembre, el rumbo de la vida política del país.
Este, que ha sido un buen arreglo, al que llegó el Gobierno con trece gremios -hay que valorar a sus dirigentes y particularmente el trabajo del Ministro de Hacienda-, le da fluidez a la vida política en un contexto de acuerdos, de negociación de las dificultades que se enfrentan.
Y quiero refutar el cuadro dramático que un señor Senador expuso hace breves momentos dando cifras absolutamente antojadizas y no ciertas. Estas resultan desmentidas incluso por conflictos extraordinariamente complejos que hemos debido superar, como el de los funcionarios municipales, que era de larga data y no se había generado en la Administración actual, pero en el que, a pesar de la extensión de la movilización, se pudo llegar a una solución completamente razonable. Y, como lo dijimos en esa ocasión, esperábamos que ello fuera el punto de partida para afrontar las cuestiones municipales.
El marco en que se da el presente acuerdo, entonces, es bueno para el país: de conversación, de diálogo, de avance, contemplándose un reajuste real para los trabajadores del sector público superior a cualquiera con el cual se pueda comparar en los años inmediatamente anteriores. En consecuencia, tratándose del poder adquisitivo de los funcionarios, sin duda esta es una noticia, junto con otras materias acerca de las cuales se han explayado tanto el Ministro de Hacienda como varios de mis colegas.
Creo que el mismo debate en la Sala y la misma actitud de los Senadores muestran que nos encontramos frente a un avance significativo en un asunto decisivo e importante.
Pero quiero poner un especial énfasis en el contexto de acuerdos, en que esa es la vía para resolver los problemas. No se trata aquí de ejercer o no mayorías, de pasar o no aplanadoras, sino de verdaderamente escuchar y poder avanzar.
Y ayer, sin duda, también fue un día importante -lo digo aprovechando la presencia de la señora Ministra de Educación-, en la medida en que, durante la discusión general del proyecto sobre jardines infantiles, se advirtió reiteradamente la necesidad de acogerlo. Las modificaciones que se puedan proponer se plantearán en la discusión particular.
Muchas veces, se da la paradoja de que, al debatir en particular las iniciativas legales, los discursos son en general. En esa ocasión se dio una en sentido inverso.
Para quien conoce la forma en que se tratan los distintos proyectos, no hay razón -no la hubo ayer y espero que no la haya hoy- para no aprobar una normativa cuyo objeto es que los jardines infantiles, donde se inicia la educación en la primera infancia, requieran la aprobación del Ministerio de Educación y la fiscalización de una entidad creada durante la Administración actual: la Superintendencia de Educación.
Insisto en que el que nos ocupa es un buen arreglo. Valoramos la actuación de los dirigentes y la preocupación del Gobierno. No es casualidad que un Ministro de Hacienda sea aplaudido por primera vez en la tribuna. El camino que se siguió, de diálogo, de acuerdo, de convencimiento, y las buenas cifras que el país exhibe demuestran que estamos, no solo frente a la materia puntual del reajuste, sino también en un contexto que lleva a mirar el futuro del país con optimismo.
En virtud de lo expuesto, voto a favor.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban el proyecto en general y la indicación del Ejecutivo (29 votos a favor y un pareo), quedando despachado el primero también en particular.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareada, la señora Von Baer.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- El Honorable señor Cantero deja constancia de su intención de voto a favor.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, solo me referiré a tres puntos.
En primer lugar, quiero agradecer las palabras conceptuosas que han emitido hacia el Gobierno y mi persona algunos parlamentarios en sus intervenciones.
En segundo término, si bien es cierto nos alegramos de que hayamos llegado con un proyecto de reajuste del sector público concordado, debo decir que este es el tercer año consecutivo en que lo hacemos. Únicamente en 2010 iniciamos el trámite sin acuerdo. En 2011 llegamos a él con 11 gremios; el año pasado, con 14 de 14; y ahora con 13 de 14, por razones que no tienen que ver con el reajuste mismo.
Un Senador manifestó que tenía malos pensamientos respecto a por qué habíamos alcanzado este acuerdo. Pero si en tres años consecutivos lo hemos logrado, se despejan -creo- esos malos pensamientos.
Se ha hablado, también, de la precariedad de los trabajadores a honorarios, que llevan ya varios años con dicho régimen y prestan servicios por un período largo.
El protocolo de acuerdo firmado con los gremios dispone que aquellos funcionarios que han estado a honorarios desde el 1° de enero del 2008 serán pasados a contrata. Es decir, vamos a resolver un alto porcentaje del problema, que abarca a aquellos que llevan un lapso importante bajo tal modalidad, pero que ya laboran en forma permanente en el sector público.
Y por último, señor Presidente, quiero refrendar lo que mencionó el Senador García.
Una parte significativa del financiamiento de la presente iniciativa, cuyo costo supera el billón de pesos chilenos, se halla contenida en el Subtítulo 21 de las Partidas de los Ministerios. Y el inflactor, es decir, el supuesto de inflación usado en aquellas es de 3 por ciento. Ese porcentaje ya se halla incluido en los presupuestos ministeriales. De tal manera que solo 2 puntos, de los 5 de reajuste, vienen en Provisión para Financiamientos Comprometidos de la Partida Tesoro Público.
Gracias.