CONDICIONES ESPECIALES PARA RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
El señor PIZARRO (Presidente).- Tal como informó el señor Secretario, en el primer lugar del Orden del Día corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga a los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario, por el período que indica, y otros incentivos al retiro, con informes de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8815-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 38ª, en 3 de julio de 2013.
Informes de Comisión:
Agricultura: sesión 47ª, en 13 de agosto de 2013.
Hacienda: sesión 47ª, en 13 de agosto de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de esta iniciativa es establecer condiciones especiales para conceder un incentivo al retiro voluntario de los funcionarios de planta y de contrata del Instituto de Desarrollo Agropecuario, y otorgar una bonificación adicional, ambos beneficios con carácter transitorio, ajustando las condiciones a la ley N° 19.882, que regula una nueva política de personal para los funcionarios públicos.
Cabe hacer presente que con fecha 3 de julio de 2013 la Sala del Senado dispuso que el proyecto fuera analizado por la Comisión de Agricultura y por la de Hacienda.
La Comisión de Agricultura discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Coloma, García y Hernán Larraín.
Luego de ello, la iniciativa pasó a la Comisión de Hacienda, que la analizó en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 30 de julio.
Dicho órgano técnico aprobó el proyecto en general y en particular en los mismos términos en que lo despachó la Comisión de Agricultura, y lo hizo por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Escalona, Lagos, Kuschel y Zaldívar.
El texto que se propone aprobar se trascribe en las páginas 14 a 17 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Pidió la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Solo para informar, señor Presidente.
Como dijo el señor Secretario, la Comisión de Hacienda aprobó la iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes.
En realidad, este proyecto es repetición de otros sobre la misma materia. No hay que abundar mucho al respecto.
Los funcionarios del INDAP nos manifestaron que negociaron y llegaron al acuerdo consistente en el otorgamiento de una indemnización por retiro voluntario a las mujeres de más de 60 años y a los hombres de sobre 65, de acuerdo con las condiciones que se consignan en las disposiciones legales pertinentes.
Se concede primero la bonificación que establece la ley N° 19.882, consistente en un mes por año, con tope de once meses; pero, además, se dispone una bonificación adicional de 395 unidades de fomento para los afiliados al tipo de previsión del decreto ley N° 3.500 -o sea, al sistema de administradoras de fondos de pensiones-, más un bono complementario, también contemplado en la ley N° 19.882.
El mayor gasto que importa el proyecto se financiará con cargo a recursos del propio INDAP. En consecuencia, no constituye otro cargo para el Presupuesto.
Por las razones expuestas, hemos creído que las normas en examen hacen justicia y vienen a llenar un vacío en lo relacionado con la posibilidad de retiro del personal de la Administración Pública, puesto que, como sabemos, estos trabajadores, por el daño previsional, sufren un deterioro muy grande en sus ingresos, muchas veces, cuando acceden a sus pensiones. Mas deseo llamar la atención, una vez más, de que la iniciativa es solo una solución parcial del problema.
Estimo que procede, entonces, el despacho del proyecto por la Sala -y ello, con urgencia- para hacer justicia en este caso.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Seré muy breve, señor Presidente, sabiendo que el asunto tiene que discutirse como si fuera de Fácil Despacho.
Solo haré hincapié en que otra vez, ahora con los funcionarios del INDAP, estamos mitigando la situación de desmedro en que quedan los trabajadores cuando se acogen a una pensión en el régimen de administradoras de fondos de pensiones. La palabra "júbilo" significa "alegría", sentimiento que nadie experimenta -más bien embarga la tristeza- cuando el ingreso se reduce a la mitad o a menos al "jubilar" conforme al decreto ley N° 3.500.
Ello confirma, una vez más, que el sistema previsional no puede continuar en los mismos términos; que no se trata de un mecanismo que reviste la calidad de tal. En realidad, constituye un ahorro forzoso para que las administradoras y las empresas vinculadas a ellas sigan generando recursos en favor de las primeras y no de los trabajadores, porque, a la hora de las pensiones, se reciben montos miserables.
El bono viene a ratificar que nadie se retira sin el aliciente que el beneficio implica. Chile es el único país en el mundo con un régimen previsional en el que es preciso crear un incentivo para que los funcionarios dejen de trabajar. Estamos obligados a terminar con un sistema que también es único en el mundo, por lo demás, al pagarse para perder la plata propia.
Gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Le pido al público asistente no hacer ningún tipo de manifestaciones, ni a favor ni en contra de una posición.
Puede intervenir el Senador señor Hernán Larraín.
Recuerdo que el proyecto en debate ha de tratarse como si fuera de Fácil Despacho. Hay varios inscritos.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, he sido uno de los que han querido apurar el trámite de la iniciativa, porque sabemos lo importante que es para el personal del INDAP. Hemos estado en contacto con quien encabeza a esos trabajadores, el que precisamente nos ha requerido para realizar todas las gestiones necesarias a fin de adelantar con rapidez en la materia.
El texto en estudio resulta muy favorable. Ha sido elaborado, con bastante consenso, entre los directivos del organismo y los distintos sindicatos y funcionarios. En consecuencia, en la Comisión de Agricultura lo aprobamos con mucho entusiasmo -creo que, al manifestarlo, represento a todos sus integrantes-, porque estimamos que es un buen ejemplo de cómo avanzar para resolver problemas que sabemos delicados.
Sin embargo, tengo que admitir que recién -hace pocos minutos- me han informado que en la Cámara se introdujo una disposición que tiene todo el perfume de ser inconstitucional, de ser inadmisible. En efecto, en el artículo segundo transitorio se agregó que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la ley "durante los años 2013, 2014 y 2015" se financiará con los recursos del Presupuesto vigente del Instituto de Desarrollo Agropecuario, en circunstancias de que el proyecto original decía "durante el presente año", sin hacer referencia a 2014 y 2015.
Si ello es así y una indicación parlamentaria hizo extensivo el gasto fiscal a los años siguientes, enfrentamos un problema. Quiero ser muy riguroso al respecto, porque hacemos el esfuerzo de lograr la mayor coherencia posible en la aplicación de la Carta.
Estamos frente a un antecedente que no fue observado en nuestra Comisión -no sé si en la de Hacienda ocurrió lo contrario-, en cuanto al origen de la norma. Dimos por sentado que esta provenía del Ejecutivo.
Por mi parte, mantengo mi aprobación al proyecto, pero me veo en la obligación de dejar constancia del hecho.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que esta es una iniciativa anhelada por los trabajadores del INDAP y que viene a hacerles justicia para un retiro menguado, pero que les favorece, evidentemente.
El propósito del proyecto es establecer condiciones especiales para conceder un incentivo al retiro voluntario de funcionarios de planta y a contrata del Instituto de Desarrollo Agropecuario y otorgar una bonificación adicional, ambos beneficios de carácter transitorio, ajustándose a las condiciones de la ley N° 19.882, que regula nueva política de personal a funcionarios públicos que indica.
Para ello, el Gobierno suscribió un protocolo de acuerdo con las asociaciones de funcionarios, en noviembre recién pasado, sobre las condiciones de retiro. La propuesta considera una bonificación con un máximo de 11 meses, igual para hombres y mujeres, y nuevos plazos para presentar la renuncia, fijándose tres períodos durante los años 2013 y 2014, conforme al cumplimiento de las edades exigidas. El límite máximo de remuneración por considerar para el cálculo de la bonificación será de 100 unidades de fomento, es decir, casi dos millones 300 mil pesos.
Adicionalmente, se concede una bonificación de cargo fiscal, ascendente a 395 unidades de fomento -es decir, unos 9 millones de pesos-, a los funcionarios de planta y a contrata que perciban la bonificación por retiro de la ley N° 19.882; que a la fecha de la renuncia registren 20 o más años de servicio, y que estén afiliados al sistema de previsión del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Por último, el proyecto dispone la cancelación de 10 unidades de fomento por cada año adicional sobre los 40 años de servicio para el personal de planta y a contrata que renuncie voluntariamente a sus cargos y perciba la bonificación por retiro de la ley N° 19.882.
El costo total de la iniciativa es de cerca de cuatro millones de dólares e implicaría a más o menos 266 trabajadores.
Deseo consignar que, por nuestras actividades relacionadas con campesinos pequeños y medianos, hemos mantenido una relación muy estrecha con todos los funcionarios del INDAP. Sabemos de la abnegada labor que estos han desarrollado para orientarlos, y creemos que el nivel de vida de los más modestos se ha levantado con las indicaciones que les han dado en forma permanente.
Por eso, me alegra acoger el proyecto. Pero una vez más quiero resaltar en el Congreso que algunas personas se irán con 40 años de servicio y que si recibirán 18 millones o 20 millones de pesos, al sumarlo todo, será mucho. Cabe observar el contraste con el hecho de que trabajadores del cobre, solo por concepto de término de conflicto -se trata de un período de dos años-, obtienen 20 millones o 25 millones de pesos. Aquí los funcionarios del INDAP hasta nos aplauden cuando estamos dando nuestra aprobación a un beneficio muy menguado y que es, por supuesto, lo que puede darles el Estado en estos momentos.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, seré muy breve.
Deseo valorar la iniciativa que nos ocupa. He escuchado algunas apreciaciones previas en las que, junto con votarse a favor, se plantea una serie de objeciones respecto del significado del texto. Por lo menos, quiero ser positivo.
En la Comisión de Agricultura, que me tocó presidir el año pasado, recibimos en muchas ocasiones a dirigentes de los trabajadores del INDAP, al representante del Gobierno, cuando se buscaba una fórmula de solución en orden a generar incentivos especiales para el retiro voluntario. Sé que también se ha trabajado en otras instancias, pero lo valioso es que ello aquí ocurrió, tal como todos fuimos testigos en el órgano técnico, en un ambiente y un escenario de labor conjunta que habla muy bien de la institución.
Me permito felicitar por lo que han hecho al respecto el Ministerio de Agricultura y el Director del INDAP, señor Ricardo Ariztía.
Los dirigentes, en nombre de los trabajadores, buscaron fórmulas que no parecían fáciles en un momento determinado, pero que obviamente van a permitir una mayor dignificación de la persona que ha dedicado muchos años de su vida al organismo y se encuentra en condiciones de retirarse.
Así que mi intervención, señor Presidente, es para valorar lo que se ha hecho; para generar un espíritu de mayor optimismo ante un conjunto de intervenciones más bien pesimistas o trágicas que, de repente, tienden a manifestarse en este tipo de proyectos.
Ojalá que lo mismo que se está haciendo por el INDAP se pueda ampliar en el ámbito de la agricultura, donde observo que mucha gente ha realizado esfuerzos durante mucho tiempo y no siempre con buenas condiciones de retiro.
Con entusiasmo, voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, estamos ante aquello a lo cual han hecho referencia los señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra: lo que en estos últimos años se denomina "incentivo al retiro" y que no es más que un mea culpa de un Estado que sigue siendo uno de los peores empleadores, si no el peor.
Una mujer o un hombre que han trabajado más de 20, 25, 30 años en el sistema público terminan, como usted y todo el país bien lo saben -y, lo que es peor, como lo viven los propios funcionarios-, con pensiones de 190 mil, de 240 mil o de 280 mil pesos, cuando mucho.
El promedio de las que obtienen las mujeres bordea más o menos 111 mil o 115 mil pesos, en tanto que el de las que reciben los hombres es de 127 mil.
¡Chile es una fábrica de pobreza! Y estamos fabricando pobreza, desgraciadamente, en el caso de quienes le han entregado toda una vida de trabajo al Estado.
Hoy, las mujeres y los hombres del INDAP no son la excepción. Ellos han venido acá a escuchar cada una de las intervenciones, a conocer nuestro pronunciamiento, y nosotros, con angustia, tenemos que reiterarles que estamos obligados a votar lo que no queremos. En efecto, estamos obligados a votar lo que mal se denomina "incentivo al retiro" y que es el gran mea culpa -repito- de un Estado que, si no lo aporta, finalmente dejaría en absoluta pobreza a quienes han dado toda una vida de trabajo al servicio público.
Este ya es un cuento sobre el cual tenemos que pronunciarnos permanentemente. No tenemos atribuciones para poder hacer algo distinto. Vemos que la gente se va con 10 millones, 15 millones, 20 millones de pesos, lo que a simple vista puede parecer una enorme cantidad de dinero, pero que, como consecuencia de enfermedades, o de estudios de hijos, o de la ampliación de la casa, o de darse un gusto al final de los días, se agota muy rápidamente. Y lo que queda es la pensión, respecto de la cual hemos venido reclamando insistentemente que no supera 180 mil, 190 mil, 220 mil, 240 mil pesos mensuales.
Pienso que es hora de que el Estado entienda, señor Presidente, que cada uno de los bonos que les ha dado a los trabajadores en la vida productiva tiene que ser imponible. Es preciso reconocer que los Gobiernos, cada vez que han de negociar la jubilación de quienes han dado muchos años de su vida a la función pública, llegan al vicio eterno de lo que se disfraza con el nombre de "incentivo al retiro". Insisto en que aquel que nos ocupa no es tal, sino el mea culpa que el Estado tiene que hacer por entregar una pésima jubilación al final de la vida laboral de estos funcionarios.
Voy a votar a favor, pero haciendo esta profunda crítica, la cual, en definitiva, no recoge ningún Gobierno. Considero que hoy día esta gente, por mucha felicidad que experimente, tiene que entender que dio demasiado y recibió muy poco a cambio.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, he aprobado el proyecto, porque así me lo pidieron los funcionarios del INDAP de la Región de La Araucanía, en especial sus dirigentes gremiales. Y lo hicieron, entre otras razones, porque durante estos últimos meses muchos de ellos lo han pasado muy mal como consecuencia de tomas de oficinas y de situaciones difíciles que han tenido que enfrentar con algunos beneficiarios de programas del organismo.
La iniciativa les hace justicia a dichos trabajadores, particularmente este año, cuando están celebrando los cincuenta años de tan importante servicio público.
Sin embargo, no nos engañemos. A mi juicio, una cosa son las modificaciones que le podamos hacer al sistema previsional, y otra, el incentivo al retiro. Soy de los que creen que siempre tiene que existir este último, porque, más allá del sistema previsional, es enteramente justo, legítimo, que las personas, cuando llegan al término de sus respectivas carreras funcionarias, reciban un beneficio económico con el cual retirarse. Ello, por supuesto, sin perjuicio también de obtenerse una buena pensión. Pero los recursos de que se trata permiten hacer muchas cosas: quizás adquirir una vivienda, a lo mejor pagar aranceles universitarios, en fin, así como también, sin duda, que cada funcionario, en conjunto con su familia, tome decisiones con miras a una vida mucho más tranquila.
Por último, señor Presidente, no cabe olvidar que el antiguo sistema previsional quebró. Y estimo justo tener presentes todas las consideraciones en la materia cuando formulamos críticas, porque a partir del estudio serio que podamos hacer de las dificultades del régimen actual será mucho más verdadero y concienzudo nuestro análisis, así como también todos los aspectos en que estemos de acuerdo con relación a las modificaciones y mejoras que tengamos que introducir.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, tal como lo hice en la Comisión de Hacienda, ciertamente aprobaré el proyecto de ley, sobre la base de todas las razones que han expuesto mis colegas.
Solo expresaré una breve reflexión a partir de lo que han señalado algunos de ellos.
Me parece que lo que estamos haciendo hoy acá -y lo hemos llevado a cabo en repetidas oportunidades, con distintos funcionarios del sector público- viene a reflejar de cuerpo entero que nuestro sistema registra en alguna parte una falencia, porque disponemos un incentivo al retiro que incluso conlleva elementos de permanencia en el tiempo. No solo se otorga de una vez un bono, sino que también se establece un pequeño suple, si se quiere, a una jubilación relativamente baja. Entonces, la pregunta es qué queda de un régimen en el que, como lo planteaba el Senador señor Tuma, la gente prefiere seguir trabajando si no le dan el bono. Esa es la tesis, en alguna medida.
Pero lo subyacente es más grave: lo que estamos haciendo es reconocer que, en un sistema en el cual los trabajadores han contribuido en forma permanente -aquí no hay lagunas previsionales, prácticamente: en muchos casos, se ha estado imponiendo por 15, 20...
La señora ALLENDE.- ¡Y más!
El señor LAGOS.-¿ o 30 años de manera consecutiva, con un descuento mensual por planilla- la pensión, desde el punto de vista de la tasa de remplazo, es ridícula por lo baja.
Y lo otro -lo digo sin ningún ánimo de ofender a nadie, ya que, por el contrario, ¡qué bueno que podamos dar una ayuda!- es que son privilegiados, entre grandes comillas, los que pueden contar con una ley que va a permitirles suplementar en algo una jubilación magra, ya que el resto de los trabajadores no conoce ni incentivos al retiro, ni bonos, ni mitigación, ni 50 lucas al mes. ¡Nada!
Lo que hacemos acá, en el fondo -no digo que para callado, porque la ley es pública, mas con bien poca información para el resto de los chilenos-, es que a un sector de personas que han trabajado, que han recibido una remuneración, que han impuesto permanentemente, que no registran lagunas previsionales, que están al día en todos sus pagos, les manifestamos que la pensión que obtendrán es tan baja, que recurrimos a la martingala del incentivo al retiro para suplementarla en algo.
En consecuencia, ello importa un diagnóstico claro: ¡qué le queda al resto de los trabajadores, que no cuentan con un empleo permanente, que no han podido imponer durante 20 o 25 años de manera corrida! Y no estamos haciendo referencia a remuneraciones particularmente bajas. Muchas de estas son razonables. Podrían ser superiores, obviamente. Pero, comparadas con las de otros chilenos, son mejores. No se trata de decir que estos funcionarios son privilegiados. Sin embargo, aquí podemos hacer una diferencia a partir de la martingala. Y lo que está de por medio es un sistema de financiamiento que requiere, a lo menos, ser repensado.
Creo que hará falta ver mayor expresión ciudadana, tal vez más elecciones presidenciales para que los chilenos vayan incorporando los temas en la agenda. Se puso el de la educación; quedó instalado, y se ha asociado a una tremenda reforma tributaria y, quizás, a una importante y sustantiva reforma de la Constitución para llevar adelante muchos de estos cambios. Me parece que el tema de las pensiones y el energético serán los problemas que deberemos enfrentar en los próximos ocho o diez años con la mayor seriedad posible.
Hoy nos encontramos ante una mitigación. Me alegro de que podamos entregarla. Lo hemos hecho respecto de muchos funcionarios del sector público, incluidos los de la salud. ¿Pero a quiénes les otorgamos estas bonificaciones? A todos los que están asociados al aparato público. A la mayoría de los chilenos, que no trabajan en él, a los emprendedores, como les gusta llamarlos a algunos, los dejamos caer y no les damos ni bonos, ni incentivo al retiro, ni mitigación, ni nada, y decimos que el sistema funciona.
Todos sabemos, en la parte de atrás de nuestras cabezas, que tenemos un problema serio en esta materia. Y es cuestión de tiempo el que debamos abordarlo como corresponde. Pero cuando uno deja pasar el tiempo las soluciones a veces son más extremas y tal vez no las óptimas, como consecuencia de la irresponsabilidad de haber mirado para el techo un rato largo.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, a propósito de mirar para el techo -como menciona el Senador Lagos-, creo que efectivamente este incentivo es bastante limitado. No constituye un gran estímulo para abandonar la función activa que se lleva adelante en el Ministerio de Agricultura, en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, e irse a una vida placentera, porque es plata que se acaba pronto.
Pienso que el Senador Tuma tiene toda la razón cuando vincula este tema con el daño previsional. Aquí efectivamente lo hay. Estos trabajadores fueron engañados en su momento. Se les impulsó a cambiarse a un sistema que no garantiza pensiones dignas. Y, por lo tanto, permanentemente debemos suplir con este tipo de instrumentos e incentivos a distintas áreas de la Administración Pública. Porque está claro que en el mundo privado -no en todos lados; el Senador Sabag mencionaba muy bien el caso de la minería- no se entregan incentivos como este. Muchos trabajadores del sector privado jubilan en muy precarias condiciones, similares a las que poseen hasta este minuto los trabajadores de INDAP.
Uno de pronto se extraña de que nunca hayamos tenido a los funcionarios de las Fuerzas Armadas en una discusión de este tipo. Y es porque cuentan con un sistema distinto. El de los funcionarios de esas instituciones no tiene uno sino muchos incentivos como este. Y se retiran no a los treinta o cuarenta años, sino a los veinte años de servicio. Entonces, tampoco es pareja la situación para todos los empleados del sector público. Porque dentro de este sector se encuentran los efectivos de las Fuerzas Armadas, que son funcionarios públicos, que pertenecen a todos los chilenos, pero que poseen un tratamiento absolutamente privilegiado.
Por supuesto, vamos a aprobar la iniciativa.
Yo represento a una región donde el INDAP es muy importante, donde los trabajadores la pasan mal, no sé si -como señaló el Senador García- porque a veces les toman las oficinas. Yo creo que la pasan mal porque durante toda su carrera profesional, de técnicos, de administrativos, de funcionarios, deben recorrer largas distancias. Son pocos los que trabajan en una oficina. En este último tiempo lo están haciendo bajo la nieve en muchos lugares de La Araucanía, en Lonquimay, en Curarrehue, en Melipeuco, bajo el frío, en condiciones muy adversas.
Me parece que ese es el tema central. Aquí tenemos trabajadores mal pagados, que jubilan en pésimas condiciones, pero que, aparte, se desempeñan en condiciones muy desfavorables durante todo su ejercicio laboral.
Considero que en alguna medida este incentivo viene a hacer justicia a funcionarios a los que, además, vamos permanentemente recargando de programas. Y sé que ellos los asumen con profesionalismo y dedicación, pues se trata de programas beneficiosos para aquellos a quienes les han destinado la vida: el mundo del campesinado.
Creo que constituye una gran noticia este incentivo. Es un paliativo. Y lo aprobamos con gusto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, ya lo han señalado mis colegas. Este es un proyecto que se ha negociado entre los funcionarios y el Ejecutivo.
Solo quiero reiterar una idea que se repite a lo largo del tiempo. La mencionaba el Senador Tuma. Tratamos de ir paliando una realidad que se ha instalado en nuestro país, que tiene que ver con la diferencia en las pensiones de nuestros trabajadores del sector público.
Recuerdo que esta materia la discutimos con intensidad cuando analizamos la extensión del posnatal: la diferencia entre lo que los funcionarios ganan realmente y su renta imponible. Ahí existe una brecha que no se logra cubrir y que genera, al final de la vida laboral, una discrepancia que afecta a todos los trabajadores entre lo que ganan en su período activo y lo que reciben de pensión -no de jubilación, sino de pensión-. Pero en el caso de los trabajadores del sector público esto es aún peor, porque la cotización se realiza sobre una renta distinta de la que ellos perciben. Este es un problema que no logramos resolver en el Estado y que dice relación con la calidad de las remuneraciones, con la forma en que se impone y cómo al final del día esto perjudica a hombres y mujeres del sector público, aunque en el caso de estas últimas la situación es aún más dramática.
Por ello, reconociendo el valor de esta iniciativa y el que los trabajadores y el Ejecutivo hayan llegado a un acuerdo satisfactorio, dejo constancia de que se repite una vez más algo que no es nuevo, que se ha visto en otras normativas de esta misma naturaleza, y que nos negamos a reconocer con una legislación que regule la forma en que el Estado remunera a sus trabajadores.
Dejo planteado el asunto a propósito de este proyecto de ley, junto con la necesidad de abordarlo en la Comisión que preside el Senador Tuma, que está analizando todo el tema de las pensiones en nuestro país, en el cual debe haber una mirada especial hacia los trabajadores del sector público.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, seré breve, pues creo que será bastante claro el apoyo unánime que brindaremos a este acuerdo alcanzado entre los trabajadores y el Gobierno.
Sin embargo, quiero reiterar lo que se ha señalado profusamente en el sentido de que esta no es la primera vez que debemos aprobar iniciativas de este tipo. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir arrastrando un sistema que es extraordinariamente injusto? Incluso en el caso de los trabajadores del sector público, que no han tenido lagunas previsionales, es tan bajo lo que van a recibir luego de toda su carrera funcionaria, que lo que se prometió -una tasa de reemplazo cercana al 70 por ciento- es de una total falsedad.
Esta situación no da para más. Espero que la Comisión que preside el Senador Tuma haga propuestas concretas. Y me asiste la convicción de que un próximo Gobierno se tendrá que hacer cargo del asunto. Porque -repito- no da para más este sistema, donde seguimos y seguimos arrastrando jubilaciones o pensiones que son del todo inadecuadas y que resultan extraordinariamente injustas para gente que por años se ha entregado con vocación al servicio público, no siempre con buenas remuneraciones y sí con bastante sacrificio y muchas veces siendo maltratada verbalmente o sin que se reconozca su trabajo.
Lo queremos decir de una vez por todas: el actual sistema no da para más y queremos un cambio profundo, que tenemos claro que no se producirá en este Gobierno, sino en el siguiente.
Pero deseo dejar constancia de que estar haciendo estos suplementos -en hora buena que sean con acuerdo-, un poco por la ventana, para tratar de paliar en parte el nivel de pensión que resulta al final de más de treinta años de entrega al servicio público nos parece completamente inadecuado.
Tengo la convicción de que esto tiene que cambiar. Y esperamos que así sea.
Voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, en primer lugar, manifiesto mi pronunciamiento favorable. Creo que este acuerdo es justo, razonable, y corresponde a lo que se ha venido haciendo con los distintos sectores de la Administración Pública.
En segundo término, culpar al sistema previsional de esta situación me parece una falacia. Si hay que buscar responsabilidades, muchas veces lo debemos hacer entre nosotros mismos. La cantidad de proyectos sobre entrega de bonos o de aumentos no imponibles que ha aprobado este Congreso explican por qué la situación previsional de los funcionarios públicos es desastrosa. Y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir.
Durante varios años hemos manifestado -y muchas veces hemos votado en contra por eso- que los bonos, bonificaciones o aumentos que se entregan con carácter de no imponibles son pan para hoy y hambre para mañana. De manera que venir ahora a rasgar vestiduras en circunstancias de que se ha sido partícipe de esa forma de remunerar a los funcionarios del sector público me parece algo inadecuado.
En tercer lugar, estimo razonable modificar algunos aspectos del sistema previsional. Se fijó un monto imponible que a lo mejor ahora debiéramos subir. Porque, si establecemos por ley que las cotizaciones previsionales tienen un tope, después no reclamemos si la pensión obtenida no es equivalente al último ingreso del trabajador, pues nosotros mismos fijamos ese tope.
Debemos considerar también que cuando se crearon las administradoras de fondos de pensiones, hace ya treinta años -creo-, las expectativas de vida eran bastante más bajas que las actuales.
Por lo tanto, hay que reformular completamente nuestro sistema previsional.
Por otra parte, quisiera hacerme cargo de un punto que se ha tocado acá, pues, a mi modo de ver, vale la pena dejar claramente establecido lo siguiente a su respecto.
El artículo segundo transitorio del proyecto original señalaba que el mayor gasto fiscal que representara la aplicación de esta ley durante el año 2013 sería de cargo del presupuesto del INDAP y que, para la parte que no se pudiera financiar con esos recursos, se suplementaría con la Partida Tesoro Público.
Mediante una indicación parlamentaria, la Cámara agregó que en los años 2014 y 2015 pasaría lo mismo. Y uno podría pensar que hay ahí una inconstitucionalidad en la iniciativa, pero en realidad estimo que solo se trata de una mala forma de legislar, porque el mayor gasto se halla establecido en los artículos permanentes de la ley. ¿Y por qué se debió poner una norma transitoria para el 2013? Porque la ley no estaba vigente cuando se aprobó el Presupuesto para este año. ¿Qué va a pasar el 2014 y el 2015? Al aprobarse una ley que obliga a ello, los Presupuestos para esos años deberán hacerse cargo de tal obligación. Pero hacer extensiva su aplicación a dichos períodos, por iniciativa de un parlamentario, en realidad es una técnica defectuosa, una norma innecesaria. Sin embargo, yo no pararía la tramitación del proyecto por eso, que es un tecnicismo.
Así que quiero dejar muy claro que la modificación planteada por un Honorable señor Diputado no implica mayor gasto, ni tampoco intervenir en la administración financiera del Estado, ambos asuntos reservados al Poder Ejecutivo. Sencillamente, es un planteamiento que no debió haberse hecho.
Por lo tanto, pediría despachar el proyecto lo antes posible, porque en definitiva no hay, a mi juicio, una norma que adolezca de inconstitucionalidad. Y por lo menos que quede claro el espíritu de todos nosotros en el sentido de entender que no existe, en ese caso, un mayor gasto que obedezca a una iniciativa parlamentaria, materia reservada, como acabo de decir, a la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¡Estará el espíritu de todos nosotros...!
No hay más inscritos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, yo había planteado el tema de la inconstitucionalidad.
He estado revisando el asunto, porque lamentablemente me llegó recién esta inquietud y no había tenido mucho tiempo para estudiarla, y creo que lo planteado por el Senador Jovino Novoa resuelve la cuestión que advertimos al conocer que el artículo segundo transitorio había sido modificado en la forma en que se había hecho.
Y, en verdad, la explicación que se ha dado ayuda a entender que, si bien se trata de una norma innecesaria, no cambia el compromiso de gasto fiscal que venía en el proyecto. Porque, así no lo dijera, se subentiende que en los años siguientes -incluso más allá del 2015-, cuando haya que cumplir este compromiso, aquello que falte del presupuesto propio del INDAP necesariamente tendrá que suplementarse con la Ley de Presupuestos.
En consecuencia, no hay un incremento del gasto propiamente tal, sino, en definitiva, una norma que no se debió haber presentado y que en cualquier caso no cambia el fondo de lo asignado.
Por eso, en el interés de avanzar rápido con este proyecto -en lo cual estoy de acuerdo-, no voy a formular indicación y, por tanto, pido que se dé por despachado desde ya.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Me está solicitando la palabra el Senador señor Zaldívar, pero no quiero abrir debate sobre el punto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No es para abrir debate, señor Presidente, sino para reafirmar el argumento de que la norma modificada es innecesaria y redundante, porque, de acuerdo con la normativa legal existente, en toda Ley de Presupuestos, año a año, tienen que adicionarse los recursos determinados por leyes permanentes. Y esta va a ser una ley permanente. Por lo tanto, en los próximos Presupuestos deberán contemplarse los recursos indispensables para financiar el gasto establecido en ella.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Atendido lo anterior, solicito a la Sala dar por aprobada la iniciativa también en particular, con la misma votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
--Se aprueba en particular el proyecto (32 votos).
--(Aplausos en tribunas).