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CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES


El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8034-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 5 de junio de 2013.
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 42ª, en 30 de julio de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es crear la Superintendencia de Telecomunicaciones como servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Sus funciones y atribuciones serán las propias de un organismo estrictamente fiscalizador, resolutor y ejecutor de las normas dictadas por los órganos con competencias normativas de política pública.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Cantero, Chahuán, Girardi y Letelier.
Cabe tener presente que el inciso tercero del artículo 6°; el inciso tercero del artículo 15; el artículo 16; el artículo 41; y del artículo 48: la letra f) del numeral 9 (inciso undécimo del artículo 13 A); el numeral 10 (artículo 13 B, nuevo); la letra d) del numeral 13 (inciso quinto del artículo 15), y el numeral 14 (artículo 16) son de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en el informe de la Comisión y en el boletín comparado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Como no está presente el Presidente de la Comisión de Transportes para informar, tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, pedimos aplazamiento del debate del proyecto. Necesitamos más antecedentes y no quisiéramos discutirlo ahora.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.


El señor SABAG.- Señor Presidente, esta iniciativa trata de la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones como servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados por 96 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
Este organismo fiscalizador tendrá las funciones propias de un ente estrictamente fiscalizador, resolutor y ejecutor de las normas dictadas por los órganos con competencias normativas de política pública.
La iniciativa se funda en el crecimiento explosivo del sector durante los últimos años, especialmente a partir de la masificación de internet y de los teléfonos móviles, que ya sobrepasan incluso el número de habitantes del país, pues, de acuerdo con la Subsecretaría, hay 24 millones de celulares.
Una situación de este tipo requiere, lógicamente, un organismo encargado de supervisar el funcionamiento del sector. Se ha alcanzado tal volumen de conexiones que el mercado escapa a la capacidad fiscalizadora del Ministerio o del Servicio Nacional del Consumidor. Incluso es factible pensar que el día de mañana tendrá que dividirse esta nueva Superintendencia en lo que respecta a la telefonía móvil e internet.
En mi opinión, esa posibilidad no muy remota debemos tenerla especialmente en cuenta durante la discusión en particular, ya que requeriremos tarde o temprano órganos fiscalizadores especializados para las comunicaciones de los teléfonos móviles y de internet, pensando sobre todo en que ambas tecnologías son esenciales para el desarrollo del país e incluso para la permanente tarea de avanzar en la democratización de la economía y de la sociedad.
Del mismo modo, se debe distinguir la telefonía móvil de la fija e internet de la transmisión televisiva y radial de libre recepción y de la que se transmite por cable, porque todas ellas configuran realidades distintas, con exigencias diferentes, aun cuando tienden a sobreponerse unas con otras.
Por eso, voy a votar a favor de la idea de legislar.
Naturalmente, las indicaciones que se presenten las veremos durante la discusión particular.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Senadora señora Rincón solicitó la postergación del debate a fin de contar con un informe detallado del proyecto.
En torno de esta normativa, no hay consenso entre el Gobierno (el Ministerio) y los funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Por tanto, se recurre a una fórmula que ya hemos señalado: fijar plantas no especificadas en la ley, lo que nos hace tener fundados temores respecto de su procedimiento y tratamiento.
No sé si vamos a continuar con el debate o si, en definitiva, vamos a postergarlo. En verdad nos gustaría conocer el informe, que no se ha entregado.
Deseo consultar si es posible discutir un proyecto de ley sin la lectura del informe correspondiente. Como creo que no lo es, pido postergar la discusión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Está pedida la segunda discusión, señor Senador. Pero una cosa es solicitarla y otra distinta que los Senadores quieran intervenir en la primera.
El señor NAVARRO.- Yo pienso intervenir ahora, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, distintos servicios públicos y Ministerios han surgido por iniciativa legislativa del Gobierno y han planteado un hecho, yo diría, no inédito, que resulta preocupante y respecto del cual esperaría un tratamiento distinto.
Así lo hicimos ver durante las discusiones sobre la creación de los Ministerios del Deporte y de Desarrollo Social.
Al crearse nuevos organismos institucionales, las plantas de los funcionarios públicos constituyen una materia respecto de la cual exijo y demando debatir en el Parlamento.
¿Cuántos recursos?
¿Cuántos trabajadores?
¿Cuántas funciones?
Cuando se fusionan plantas con motivo de nuevas institucionalidades y cuando se producen traspasos de funcionarios, debe generarse un clima de paz social, de gobernabilidad ministerial. Y eso pasa por un diálogo entre la Secretaría de Estado pertinente y sus trabajadores.
Hay inquietud entre quienes laboran en la Subsecretaría de Telecomunicaciones por la creación de esta Superintendencia no solo en lo relativo a los traspasos, sino en particular en cuanto a las funciones.
Los proyectos de ley ingresan con 100 artículos y salen con uno. Son modificados.
¿Qué tipo de Superintendencia va a salir luego del debate en el Senado?
¿Cuántas funciones?
¿Cuántos funcionarios se requerirán? ¿Van a ser de planta, a contrata o a honorarios?
Desde ya anuncio que no estoy disponible para aprobar proyectos de ley que aumenten los cargos a honorarios o a contrata, y continuar aumentando un vicio del Estado, que es pésimo empleador.
No se sinceran las plantas. Siguen los contratos a honorarios y a contrata, con pérdida de beneficios importantes para los trabajadores, particularmente los relacionados con la estabilidad laboral.
La Alta Dirección Pública -lo han expresado sus dirigentes- cuenta con una planta de 130 funcionarios. Casi el 70 por ciento de ellos labora a contrata. Y siguen creciendo las demandas.
En este caso particular, quiero formular una solicitud formal al Gobierno. Pero no nos acompañan ahora ni el Ministro de Transportes ni el Subsecretario de Telecomunicaciones. Resulta raro que para la creación de esta Superintendencia no se halle presente en la Sala tal Secretario de Estado.
Sobre el particular, quiero recordar, aunque parezca odioso -a pesar de que no lo es, porque constituye un ayuda memoria gratuito para nuestros colegas de las bancadas de Gobierno, de la Derecha-, que el debate para la creación de un organismo tan importante como una Superintendencia de Telecomunicaciones, en un país que tiene 23 millones de celulares y en donde la comunicación digital avanza de manera increíble, sin contar con el Ministro ni con el Subsecretario en la Sala, ya es una pésima, ¡pésima!, señal.
El señor KUSCHEL.- ¡Pero si no dejan entrar a los Subsecretarios!
El señor NAVARRO.- Al de Telecomunicaciones, señor Presidente, de quien tengo una buena opinión, lo hemos dejado ingresar al Hemiciclo. Son otros los Subsecretarios que se portan mal, que acuden a las regiones a hacer campaña y, por cierto, no invitan a los parlamentarios de Oposición. Ahí realizan inauguraciones, cortan cintas, reparten subsidios. En definitiva, hacen todo lo que quieren, y después uno se entera por la prensa de que el Gobierno estuvo presente en su circunscripción.
Ello ocurre a diario en la Región del Biobío. No ha sido el caso -debo destacarlo- del Ministro de Transportes ni del Subsecretario de Telecomunicaciones. Sin embargo, para efectos de una discusión responsable, yo demando su presencia en la Sala, pues existen dudas acerca de los esfuerzos reales que se han efectuado para llegar a acuerdo con las asociaciones de funcionarios.
Señor Presidente, yo quiero una Subsecretaría fuerte en materia de telecomunicaciones y una Superintendencia de verdad, no como la del Medio Ambiente, que en la Región del Biobío cuenta con un funcionario. ¡Esto, en realidad, es un chiste!, ¡un pésimo chiste! Es decir, en una Región de 2 millones de habitantes, la segunda más importante de Chile y respecto de un tema que, obviamente, concita amplio interés ciudadano, ¡hay un solo funcionario!
Si la Superintendencia de Telecomunicaciones será un apéndice de la Subsecretaría del ramo que estará, más que para fiscalizar, para el "timbre", para la "pantalla", deseo saberlo. Y, además, quiero discutir con el Ministro, en la Sala y luego en las Comisiones, cómo se van a conformar ambos organismos: cómo quedarán la Subsecretaría y la Superintendencia, cómo se producirá el traspaso, cómo se readecuarán sus plantas. Porque aquí, en la normativa en proyecto, la facultad pertinente queda en manos exclusivas del Presidente de la República, quien hoy día es de un signo, pero el próximo año puede ser de otro.
Y como pretendemos que la Superintendencia que se crea dé garantías a todos, deseamos debatir tal asunto abierta, transparente y libremente en el Parlamento. No queremos que sea en la oficina de Larroulet -¡Dios nos pille confesados!- ni en el Ministerio de Transportes, donde el síndrome de abandono, en general, ya es visible: renuncian los seremis, los gobernadores; todos empiezan a olfatear el sector privado, a empinarse para mirar hacia él. No sé cómo va a terminar esta Administración, pero hay muchos que, más que gobernar, están pensando en "adónde voy a ir a parar".
Y los chiitas que todavía quedan en el Gobierno, como los de la Gobernación de Concepción, se dedican a lanzar panfletos en contra de Bachelet, a pagar activistas para que rayen las murallas de la Municipalidad de Talcahuano con las expresiones de "Bachelet asesina", en una acción absolutamente intolerable y por la cual hemos recurrido a los tribunales.
Pero volviendo al punto, señor Presidente, esta iniciativa es de vital importancia. Los abusos que hay en materia de telecomunicaciones, en particular respecto a los usuarios de telefonía móvil, no han parado y, por cierto, para abordarlos se requiere una Superintendencia independiente, con un Superintendente nominado de manera absolutamente autónoma y no a través de la Alta Dirección Pública.
Ya lo he dicho: ese mecanismo de selección vale 40, 50, 60 millones de pesos. ¡Eso cuesta, estimados colegas, nominar a un superintendente, a un director! Pero si de repente este no se aviene con su jefe superior -como ya ha ocurrido-, lo echan, ¡y de nuevo a usar tal mecanismo!, ¡y de nuevo a gastar 40, 50, 60 millones de pesos!
Conforme a ese sistema, lo más importante es que se elija a uno bueno, pero "a uno bueno de los míos". Y eso no significa que sea el mejor. Por tanto, se requiere una revisión profunda.
Para estos cargos yo pido autonomía; quiero un superintendente por diez años, que incluso sea nombrado por el Senado, de manera que no tenga que responder ni al Gobierno de turno ni a las empresas que le ofrezcan pega para cuando deje su cargo, porque, si no, quedará atrapado.
¡Deseo que haya un superintendente con plena independencia para que defienda los derechos de los usuarios en igualdad de condiciones!
Ciertamente, se defienden los intereses de la empresa, pero también los de los usuarios. Y un Estado regulador debiera preocuparse más de resguardar los intereses de estos últimos, los cuales tienen escasa y nula protección, que los de las grandes compañías, pues todos sabemos que estas disponen de recursos humanos y financieros para una gran defensa.
Y en ese proceso, el proyecto en estudio presenta una debilidad estructural: la falta de acuerdo entre el Ministerio y sus funcionarios.
Sin consenso, señor Presidente, sin diálogo, nada bueno va a quedar.
Este es un Gobierno que dice que va a dialogar, y el Presidente Piñera, cuyo padre era un funcionario público, les prometió a los servidores estatales que no habría persecución política. No obstante, todos sabemos que ya van más de 10 mil despidos en la Administración Pública en estos cuatro años. Y mi preocupación estriba en que se puedan producir discriminaciones, perjuicios, en el traspaso de los funcionarios de la SUBTEL a la Superintendencia.
Por eso yo apelo al diálogo.
Dichos funcionarios, que en este momento se encuentran en las tribunas, que han concurrido de manera periódica a informar muy responsablemente a los Senadores sobre las condiciones en que quedarán, solo dicen: "Queremos conversar con la autoridad y llegar a un acuerdo". Porque hay profesionales que llevan bastantes años en la Subsecretaría que sienten legítimamente temor, y otros que llevan menos, que desean legítimamente pertenecer a una carrera funcionaria.
Sin ese acuerdo, veo difícil que al menos la Nueva Mayoría, que es mayoría en el Senado, pueda aprobar la iniciativa en análisis.
Es necesario contar con una Superintendencia, pero con una de verdad: armónica y, ojalá, producto de un acuerdo luego de un debate sobre las plantas, para no dejar la manga ancha ni dar la libertad absoluta en esta materia a la "monarquía presidencial" que nos rige. Esta no tiene signo, pues todos quienes se hallan fuera del Gobierno primero sostienen que quieren ser integradores, propiciar una amplia participación, pero cuando llegan a ocupar un cargo ello se les olvida rápidamente y les encanta -por así decirlo- la "monarquía vertical".
Espero que el Ejecutivo integre a los funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones a una discusión que permita arribar a una propuesta que sea conocida y aprobada por todos. Porque esta Superintendencia es necesaria, pero no debe tratarse de cualquier institución, sino de una que cuente con financiamiento, con personal de planta y con acuerdo para el traspaso de sus funcionarios sin provocarles menoscabo.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor PIZARRO (Presidente).- En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
--El proyecto queda para segunda discusión.