PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ELÉCTRICAS
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, con segundo informe de la Comisión de Minería y Energía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8270-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 100ª, en 5 de marzo de 2013.
Informes de Comisión:
Minería y Energía: sesión 10ª, en 9 de abril de 2013.
Minería y Energía (segundo): sesión 31ª, en 17 de junio de 2013.
Discusión:
Sesiones 18ª, en 30 de abril de 2013 (se aprueba en general); 34ª, en 19 de junio de 2013 (queda pendiente la discusión particular).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La discusión particular quedó pendiente en sesión de 19 de junio último.
Por acuerdo de Comités, hoy se tratará este proyecto hasta su total despacho.
Corresponde proseguir la revisión tanto de las modificaciones introducidas por mayoría en la Comisión de Minería y Energía como de las indicaciones que se han renovado, sin perjuicio de las inadmisibilidades que están siendo objeto de replanteamientos.
De consiguiente, hay que ir a la página 7 del comparado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Prosigue la discusión particular.
Está inscrito el Senador señor Patricio Walker, quien tiene la palabra.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, más allá del acuerdo probablemente unánime que existe en nuestra sociedad respecto a la necesidad de promover las energías alternativas, las energías renovables no convencionales, las energías limpias, tiempo atrás tomé conocimiento del hecho de que un hermano mío estaba desarrollando algunos proyectos concretos en este ámbito, particularmente en materia de energía solar.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero solicitar un pronunciamiento formal del señor Secretario en cuanto a si en este proyecto de ley, sobre concesiones eléctricas, existen normas relacionadas con el área de las energías renovables no convencionales, a efectos de proceder a mi inhabilitación, y a cuáles serían las razones para explicar aquello.
El artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional establece que "Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos" o a las personas que ahí se nombran.
Y después señala, en el inciso segundo: "No regirá este impedimento en asuntos de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones o en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara.".
Entiendo que lo mismo reitera el artículo 8° del Reglamento del Senado.
Le solicito al señor Secretario que me informe si alguna de las normas que debemos votar dice relación con esa materia o no.
Lo pido, señor Presidente, para inhabilitarme si aquello ocurriese.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en la misma línea de lo que expresó el Senador Patricio Walker, quiero solicitar el pronunciamiento del Secretario, en consideración a que me he informado de que mi cónyuge (me encuentro en la etapa de cumplimiento del período de tres años para la tramitación unilateral de mi divorcio) tiene intereses en materia de energías renovables no convencionales. Por eso, necesito saber si hay algún artículo que hoy día se vote en este ámbito.
Además, le pido formalmente a la Comisión de Ética que se pronuncie sobre mi actuación en la votación general de este proyecto, pues me impuse de aquella circunstancia -la desconocía- a raíz de un artículo publicado ayer en un medio electrónico. Me hallo en régimen de separación de bienes y fuera del ámbito de participación de la sociedad de mi cónyuge.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Sobre la materia, debo señalar en primer lugar que en el proyecto que está en tabla y que se va a continuar viendo no hay disposiciones sobre energías renovables no convencionales. La única que existía obedecía a una indicación que fue declarada inadmisible en la Comisión.
Ahora bien, he de decir, además, que la aplicación del artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que deviene del artículo 8° del Reglamento del Senado -o sea, es muy posterior-, debe entenderse siempre en la relación de sus incisos primero y segundo.
En otras palabras, cuando se trata, como expresa el inciso segundo, de asuntos de índole general que interesan al gremio, profesión, industria, etcétera, no existe impedimento para votar, el que solo tiene lugar ante situaciones de índole personal, como sería el nombramiento por el Senado de un personero en una institución, o el otorgamiento de la nacionalidad chilena por especial gracia, etcétera.
En esta materia hay que tener sumo cuidado. Y así lo dice la propia Comisión de Constitución -en forma mucho más precisa y bastante más lata que la que yo voy a señalar en este momento- en un informe del año 2002, que, en el fondo, no hizo sino reiterar una doctrina proveniente de otro informe de ese órgano técnico, de 1941.
¿Por qué hay que tener bastante cuidado? Porque considerar impedidos a Senadores para los efectos de votar asuntos de índole general paralizaría el Congreso Nacional, derechamente, por cuanto los miembros de la Cámara Alta no son remplazables; y, más aún, obstaría, muchas veces, para resolver materias de quórum especial.
De consiguiente, tiene que tratarse de situaciones en que el interés es de índole personal. No lo es cuando un pariente forma parte de una institución o de una profesión o una industria sobre la cual se está legislando, porque esta última labor se efectúa en general.
La que expongo es mi opinión, en la cual me remito, en el fondo, a lo que la Comisión de Constitución ya ha dicho en informes conocidos en su oportunidad por la Sala.
Lo señalado no es óbice para que el propio Senador, si lo estima necesario, consigne el punto y resuelva no votar. Pero esa ya es una decisión individual.
Y aunque estuviera impedido de hacerlo o considerase estarlo, bastaría que lo expusiera para que pudiese participar en el debate en general.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, hago mía, exactamente en los mismos términos, la pregunta formulada por el Senador señor Patricio Walker para el efecto de una posible inhabilitación.
El señor Secretario ya ha dado una respuesta; pero quisiera dejar constancia en la Versión Oficial de la misma preocupación, por tratarse de un hermano común.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Prosigue la discusión particular.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Sus Señorías tienen en su poder el texto de las indicaciones renovadas, algunas de ellas declaradas inadmisibles en el órgano técnico y otras solo rechazadas. La petición de revisar la inadmisibilidad tiene que ser definida por la Sala.
En relación con el artículo 19 de la Ley General de Servicios Eléctricos, las indicaciones 13, 14, 15 y 15A expresan:
"Agréguese la siguiente letra h):
"h) Resolución de Calificación Ambiental favorable a la Declaración de Impacto Ambiental".
Fueron declaradas inadmisibles en la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, lo que corresponde es pronunciarse sobre la admisibilidad, siempre y cuando lo solicite algún señor Senador. Es lo que entiendo que procede si ha mediado la renovación.
El señor LARRAÍN (don Hernán).- ¿Cuáles son las opciones, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Los que estimen acertada la admisibilidad tienen que votar que sí y los que consideren lo contrario, al igual que el órgano técnico, que no.
En votación.
-(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, me parece que es preciso discutir las razones de la admisibilidad o la inadmisibilidad antes de fundamentar nuestro pronunciamiento. Pedí la palabra antes de que se sometiera el asunto a votación.
Ahora, las declaraciones de impacto ambiental, conforme a la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, son bastante simples. Se trata de adjuntar un listado de elementos con los cuales se da la garantía de que no se va a generar dicha consecuencia. No se hace referencia a un estudio de impacto ambiental.
Por lo tanto, a fin de verificar una mínima consulta y de contar con antecedentes previos a la entrega de una concesión -sobre todo, en circunstancias de que basta el hecho de pedirla para que se entienda, en relación con todos los efectos legales, que es posible actuar como si se hubiera obtenido-, es particularmente importante, a nuestro juicio, que medie la declaración. Este es el punto. Es algo que exige la ley.
No estamos pidiendo nada que le entregue una facultad adicional a la autoridad ni que comprometa fondos públicos, por lo que no veo la razón de la declaración de inadmisibilidad.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, nos ocupamos en la admisibilidad.
Uno de los elementos importantes de la normativa es que contempla taxativamente las exigencias para que la Superintendencia otorgue una concesión. Y el aspecto en examen no se encuentra dentro de los requisitos establecidos, sino que constituye una condición adicional.
En seguida, quiero ser categórico: no es que, para efectos del proyecto definitivo, se esté omitiendo el aspecto ambiental. Se trata nada más que del proceso de concesión. Pero, en el momento de ejecutarse la obra, de todas formas y a todo evento se requerirán las autorizaciones de dicha índole. Simplemente no se está colocando la condición en el momento del otorgamiento. Eso es todo.
Se está otorgando una facultad adicional -repito- a la Superintendencia.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Senador señor Gómez, ¿usted quiere fundamentar su voto?
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, solo quiero observar que la declaración de inadmisibilidad obedece a que la materia no correspondería a las ideas matrices del proyecto, no a lo señalado anteriormente. El hecho es curioso. Me parece absurdo que no se considere posible incorporar el punto al proyecto.
Es lo que quería aclarar.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Por 21 votos contra 5, se rechaza la admisibilidad de las indicaciones 13, 14, 15 y 15A.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Bianchi, Gómez, Horvath, Letelier y Tuma.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Respecto del mismo artículo, la indicación 15B se encuentra redactada en términos similares a las anteriores:
"Agréguese la siguiente letra h):
"h) Resolución de calificación favorable del Estudio o Declaración Ambiental que corresponda".
El señor PIZARRO (Presidente).- Se podría rechazar la admisibilidad con la misma votación.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación renovada número 16 apunta a agregar al artículo 19 las letras h) e i) redactadas en estos términos:
"h) La Resolución de Calificación Ambiental favorable otorgada a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y/o cualquier otro permiso o pronunciamiento de carácter ambiental que fuese legalmente exigible.".
Vale decir, el texto es similar a lo anterior.
A su vez, la letra i) expresa:
"i) Un análisis de riesgo de las obras elaborado por un profesional, consultor o experto competente.".
El señor ORPIS.- Es lo mismo.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la admisibilidad de la indicación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, antes de nada, aquí no media la misma razón. Cuando a un emprendimiento se le hace la exigencia de entregar un antecedente tan importante como el contenido en la letra i), eso es de todo sentido en un país como el nuestro, que es sísmico, volcánico, expuesto a rodados, todos ellos fenómenos además amplificados por el efecto del cambio climático.
Entonces, no veo el motivo de la declaración de inadmisibilidad, cuando, en el fondo, lo que se intenta es que el otorgamiento reúna requisitos mínimos en el caso de las obras de transmisión eléctrica.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, la causa de la inadmisibilidad es la misma que en las situaciones anteriores: se pretende otorgar una facultad adicional a la Superintendencia.
Ahora bien, en cuanto al asunto de fondo, creo que es preciso dejar claro qué es una concesión: esta habilita un trazado, básicamente. Después viene el resto de los permisos, como los ambientales, los relativos al riesgo. Es preciso presentar un proyecto que requiere todas las aprobaciones. Pero esta es una etapa distinta, que no tiene que ver propiamente con el proceso concesional.
En lo relativo a la inadmisibilidad, la razón -reitero- es que se disponen nuevas exigencias ante el organismo mencionado.
He dicho.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la admisibilidad de la indicación número 16 (21 votos contra 4 y una abstención).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte y Walker (don Ignacio).
Votaron por la afirmativa los señores Gómez, Horvath, Rossi y Tuma.
Se abstuvo la señora Pérez (doña Lily).
El señor PIZARRO (Presidente).- El Senador señor Letelier deja constancia de su intención de voto a favor.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Respecto del artículo 20, la Comisión, por mayoría de votos, recomienda suprimir, en el inciso primero sustitutivo planteado en la letra a) del número 3), la oración final, que dice: "En caso de afectación de terrenos fiscales, la Superintendencia, dentro de cinco días contados desde la declaración de admisibilidad, comunicará dicha situación al Ministerio de Bienes Nacionales.".
Por su parte, se ha renovado la indicación número 19, declarada inadmisible en el órgano técnico, la cual apunta a agregar al inciso primero propuesto el siguiente texto final:
"La solicitud se comunicará, a costa del interesado, además, por medio de tres mensajes radiales. Estos mensajes deberán emitirse dentro del plazo de 15 días en diferentes días por una o más radioemisoras que lleguen al sector que sería afectado por la concesión. El representante legal del medio de comunicación, o quien éste designe, deberá entregar al solicitante una constancia de la emisión de los mensajes, con indicación de la fecha y hora de cada emisión, reproduciendo el texto efectivamente difundido y el nombre, frecuencia y domicilio del medio radial. La Superintendencia certificará la fecha en que el solicitante acredite haber efectuado las notificaciones a que se refiere el artículo anterior y las publicaciones establecidas en el presente artículo. De la misma forma, el solicitante deberá entregar a la Superintendencia los certificados en que consten las emisiones radiales.".
El señor ORPIS.- Señor Presidente, ¿me permite exponer un aspecto de forma?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ORPIS.- Independiente de lo relativo a la admisibilidad o no, todo el contenido de la indicación renovada se encuentra establecido en el inciso primero, que fue reemplazado por el Ejecutivo. Entonces, pido que sea retirada por quienes la renovaron.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se someterá el artículo al pronunciamiento de la Sala¿
El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente, antes de la votación?
El señor PIZARRO (Presidente).- Un momento, Su Señoría.
En dicho texto, aprobado por mayoría, se registra la supresión de la oración final del inciso primero, norma esta última que quedaría en los términos que se señalan en la cuarta columna del boletín comparado:
"a) Reemplázase el inciso primero por los siguientes:
"Dentro de los quince días siguientes a la declaración de admisibilidad referida en el artículo precedente, la solicitud de concesión provisional será publicada por cuenta del solicitante tres días consecutivos en un diario de circulación nacional y tres días consecutivos en un diario de circulación regional correspondiente a los territorios comprendidos en la solicitud de concesión".
En discusión el primer párrafo de la letra a) del numeral 3) propuesto por la Comisión de Minería.
Están inscritos los Senadores señores Prokurica, Horvath y Letelier.
El señor PROKURICA.- No voy a intervenir, señor Presidente.
El señor HORVATH.- Yo tampoco.
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo que aquí hay dos temas generales.
Uno se refiere a si la radio es uno de los medios por los cuales se difunde la información. Y lo que analizamos ahora no tiene que ver con la indicación, como mencionó el Senador señor Orpis, sino que corresponde a lo que aprobó la Comisión, que incluye solamente medios escritos.
Por tanto, estamos hablando de cosas distintas.
Si hubiera una voluntad constructiva, debería permitirse la publicación por todos los medios y, en consecuencia, se tendría que aprobar la indicación.
Entiendo que la parte sustantiva del artículo que se discute no apunta a los medios a través de los cuales se difundirá la solicitud de concesión y el que sea a cuenta del interesado, tanto en diarios regionales, nacionales, radios, web, etcétera, sino a qué ocurre cuando se afectan terrenos fiscales.
La Comisión, por la mayoría de sus miembros, ha optado por dejar en una indefinición lo relativo a los bienes fiscales (un parque o una reserva nacional), en una situación igual a la de un predio particular. Y por eso se propone un texto distinto.
A mi entender, lo anterior forma parte de otro debate. Algunos dicen que se encuentra cubierto en otro artículo. Y, en tal sentido, me gustaría que los miembros de la Comisión nos pudiesen explicar por qué quieren eliminar, por voto de mayoría, que se comunique al Estado que un particular desea hacer una afectación sobre terrenos fiscales, que son bienes de los chilenos.
Yo no comprendo por qué no se desea informar al Estado, que nos representa a todos, que un privado tiene la intención de afectar una propiedad perteneciente a todos.
Como mencioné, ello corresponde a la parte sustantiva del artículo 20°. Y en cuanto a lo relativo a los medios radiales, espero que nadie se oponga. Es algo obvio.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, me gustaría que en esta discusión recogiéramos el que se pudiera avisar por medios radiales. Asimismo, quisiera que el Ejecutivo se pronunciara respecto de aquello y que nos aclarara lo expresado por el Senador Letelier, a fin de despejar este punto y avanzar en la tramitación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, no hay motivo alguno para excluir lo concerniente a la afectación de terrenos fiscales. De haber escuchado un fundamento plausible respecto de esa omisión, podría estar de acuerdo. Pero, en general, se trata más bien de esconder la pelota; de no advertir a los ya burocráticos estamentos del Estado acerca de tal situación.
Si alguien sugirió esa eliminación, sería bueno que lo defendiera en la Sala, para poder evaluar informadamente sus argumentos.
Respecto de la solicitud y del mapa incluido en esta, que se propone publicar en la página web de la Superintendencia, no sé si eso se podrá aplicar en los sectores rurales. Con la Ley Eléctrica es posible pasar por el centro de la ciudad con tendidos eléctricos, como ocurrió en la comuna de Penco, donde se instalaron cables que transportan desde 17.000 hasta 23.000 volts, y solo una vez terminadas la obras (construidas las torres e instalados los cables) se pueden presentar objeciones. La Ley Eléctrica deja todo en manos de la empresa y, particularmente, de quien ejecuta el proyecto.
En definitiva, no sé si todos nuestros campesinos, en especial los de las zonas cercanas a la cordillera, van a poder informarse por la página web u otro soporte de la Superintendencia.
Siento que lo anterior significa desconocer, básicamente, a quienes se desea informar.
Si el trazado pasa por la ciudad, no habrá necesidad de aquello. Los mecanismos ya mencionados servirán.
Y en cuanto a publicar en un lugar destacado de los municipios afectados, eso va a depender mucho de los alcaldes. Cabe recordar que, con el fin de dar a conocer los lugares de votación y las candidaturas, los municipios montaron unos paneles. Pero todos sabemos que no es el mejor mecanismo para informar debidamente. Más bien tendría que establecerse la obligación de entregar información en los medios oficiales del municipio, es decir, en sus periódicos -¡en muchos de estos aparecen cuarenta fotos con el alcalde, pero igual sirven!-, y sobre todo, debiera instruirse para que existiera una comunicación directa a los sectores en que se conociera de manera clara y concreta que pasará un tendido. Porque si ya se sabe por dónde cruzará este, lo mejor que puede hacer el municipio es comunicar a los habitantes afectados en su conjunto, y luego ellos buscarán por qué predios pasará exactamente el trazado.
En buenas cuentas, la exigencia de que se publique en un lugar destacado de los municipios no va a resultar. Un alcalde interesado en entregar información lo hará siempre. Pero habrá otro que cumpla estrictamente con la ley y que la coloque en un rincón del municipio, o en un panel olvidado en algún sector de la comuna. ¡No va a funcionar!
Creo que el derecho a la información tiene que ser claramente respaldado en esta ley en proyecto. No estoy hablando del derecho a oposición, que se encuentra bastante disminuido, sino del derecho a la información. Este tiene que ser garantizado por medios plausibles o mínimos. Y considero que estamos bajo lo mínimo.
Por último, se habla de que "el hecho de que la Superintendencia o los municipios no efectúen las anteriores publicaciones no afectará el procedimiento concesional, sino solo la responsabilidad de estos organismos".
¿Cuál es la responsabilidad de estos organismos? Ninguna. ¡Es huevo! No se contempla ni en la Ley Eléctrica, ni en esta iniciativa. Y si no dejamos expresamente consignadas las responsabilidades y en qué casos habrá de aplicarse multa, sanción, ese precepto será letra muerta.
Por lo tanto, señor Presidente, parte importante del artículo 20° constituye una declaración a la bandera, una poesía. Pero mi ejemplo es malo, porque la poesía, a la que valoro mucho, siempre está llena de sentimientos y contenido, y esta norma tiene cero contenido. Lo mencionado en los poemas puede cumplirse o no, pero esto no se va a cumplir jamás. Los municipios que no quieran informar no lo van a hacer.
En cuanto a la Superintendencia, su máxima autoridad es nombrada por la Alta Dirección Pública, que -como he dicho- no elige al mejor, sino "al mejor de los míos". Es decir, su designación es política, como ya resulta claro a estas alturas.
Por consiguiente, creo que hay insuficiencia. Si el objetivo es informar, hagámoslo adecuadamente. Y si vamos a hacer efectivas las responsabilidades, establezcamos las sanciones pertinentes.
Yo voy a votar en contra, y espero que podamos mejorar el texto. De no ser así, obligadamente seguiré votando que no.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Hay varios colegas inscritos.
Recuerden que estamos en la discusión en particular, y debemos despachar hoy este proyecto.
Podríamos abrir la votación y fundamentar el voto.
El señor NAVARRO.- No, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Es que tenemos el acuerdo de despachar esta iniciativa ahora y me interesa que podamos analizar sus normas en detalle. Porque la sesión está citada hasta las 20, y la idea no es votar todo al final, sin el debido conocimiento.
Eso estoy tratando de hacer. Nada más.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, deseo referirme a un asunto previo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacerlo, Su Señoría.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, el objetivo del proyecto es definir los procedimientos para otorgar las concesiones eléctricas, y en tal sentido, se plantearon una serie de acortamientos de plazos. Pero también queremos que haya un mínimo de equilibrio y transparencia en el procedimiento.
Por lo tanto, en la indicación la norma se liga a otras ya incorporadas en las leyes chilenas en cuanto a que la comunicación de toda información o notificación por medios públicos, como diarios de circulación nacional o regional, debe ser complementada con un aviso radial. Más del 50 por ciento de nuestro territorio se halla aún en condiciones de aislamiento. De modo que lo lógico es que, si se acortan bastante los plazos, quienes viven en esos lugares tengan la oportunidad no solo de enterarse de alguna manera, sino también de influir en el cambio del trazado, o de oponerse, en el caso que corresponda.
Por tal razón, estimamos que esta es una medida importante.
Ahora, desde el punto de vista de la admisibilidad o inadmisibilidad, quisiera solicitar a la Sala -por su intermedio, señor Presidente- votar únicamente el párrafo primero de la indicación, donde no aparece la exigencia de certificación que se hace a la Superintendencia. Así, el interesado efectuaría la comunicación por la prensa, a su costa, y, complementariamente, por radio, sin asignar la responsabilidad de certificar este hecho -como digo- a la Superintendencia, lo que allanaría el camino para que esto prosperara en forma unánime, lo cual sería de toda conveniencia.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, le recuerdo que lo que se halla en discusión es el texto aprobado por mayoría en la Comisión y no la indicación. Esta última, declarada inadmisible por dicho organismo, será vista más adelante. Ahora se está analizando el primer párrafo de la letra a), que figura en la última columna del comparado.
Luego veremos qué sucede con las peticiones formuladas para que el Ejecutivo patrocine la idea de que la comunicación sea efectuada también por medios radiales.
Entonces, voy a abrir la votación,¿
El señor LETELIER.- ¡Punto de reglamento primero, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).-¿ y ahí se seguirá argumentando.
El señor ORPIS.- ¿Qué se vota?
El señor PIZARRO (Presidente).- Se vota la supresión que aparece en la tercera columna de la página 9 del comparado. Se elimina, en el inciso primero sustitutivo que este literal propone, la oración final que reza: "En caso de afectación de terrenos fiscales, la Superintendencia, dentro de cinco días contados desde la declaración de admisibilidad, comunicará dicha situación al Ministerio de Bienes Nacionales".
La Comisión sugiere suprimir esa parte,¿
El señor ORPIS.- ¡Lógico!
El señor PIZARRO (Presidente).-¿ con lo cual la letra a) de la cuarta columna diría: "Dentro de los quince días siguientes a la declaración de admisibilidad referida en el artículo precedente, la solicitud de concesión provisional será publicada por cuenta del solicitante tres días consecutivos", etcétera.
Después se vería la indicación.
¿Estamos?
El señor ORPIS.- De acuerdo.
El señor LETELIER.- ¿Se vota la supresión?
El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, señor Senador. Lo he explicado ya como cuatro veces. ¡Parece que no he estado muy lúcido...!
Se abrirá la votación y, si alguien desea hacer uso de la palabra, podrá fundamentar el voto.
El Honorable señor Prokurica está inscrito primero. Y hay muchos interesados.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, lo que estamos analizando no es la bondad de lo que se plantea en la indicación, sino su admisibilidad, porque¿
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, vuelvo a señalar que se encuentra en votación la modificación propuesta por la Comisión, no la indicación; tampoco la admisibilidad de esta.
El señor PROKURICA.- De acuerdo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se está votando la supresión que detallé, la que, si se aprueba, dejará el inciso primero en los siguientes términos: "Dentro de los quince días siguientes a la declaración de admisibilidad referida en el artículo precedente, la solicitud de concesión provisional será publicada por cuenta del solicitante", etcétera.
Después veremos la indicación, si es admisible o no y si el Ejecutivo la patrocina para los efectos de permitir los avisos radiales.
El señor PROKURICA.- Muy bien.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede proseguir, señor Senador.
¿No hará uso de la palabra?
Entonces, la tiene el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Le doy una interrupción a la Senadora Rincón, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos en votación, Su Señoría. Y la señora Senadora se halla anotada después. Ahora, si usted le quiere ceder el derecho¿
El señor ORPIS.- Le cedo el derecho, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
El señor ORPIS.- Y después retomo el uso de la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).- No, no puede.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.
He estado conversando con el Ejecutivo después de escuchar a los Senadores. Y en la última parte de la letra a), parece lógico lo que plantean mis colegas en orden a que no se puede imponer una obligación y, al mismo tiempo, excepcionar de hacer las publicaciones a la Superintendencia y a los municipios.
En consecuencia, resulta razonable sacar esa parte de la norma. Y el Gobierno estaría dispuesto a acoger esa petición.
El señor PIZARRO (Presidente).- Lo que pasa, Su Señoría, es que todavía no estamos discutiendo esa parte de la disposición. Estamos recién en el primer inciso.
El señor NOVOA.- ¡Ponga orden, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).- Ahí se propone suprimir la oración final que señala: "En caso de afectación de terrenos fiscales, la Superintendencia, dentro de cinco días contados desde la declaración de admisibilidad, comunicará dicha situación al Ministerio de Bienes Nacionales".
Con esa supresión, el inciso primero de la letra a) quedaría en los términos que aparecen en la última columna.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, el propósito del proyecto es agilizar el proceso de concesiones. Y aquí yo trataría de retomar el contexto del artículo 20°.
Estamos frente a un precepto que otorga una concesión provisional que en la actual ley tiene exactamente las mismas exigencias que la concesión definitiva, en circunstancias de que lo que se busca con ella es, por sobre todas las cosas, efectuar un estudio para determinar cuál va a ser el futuro trazado.
De ahí que pienso que se están confundiendo dos elementos. En general, las indicaciones presentadas apuntan a establecer las mismas condiciones para la concesión provisional y la concesión definitiva. Y de lo que se trata aquí es de agilizar un proceso, que es de estudio, para verificar el trazado. La idea es avanzar más rápido.
En tal perspectiva, no tiene sentido notificar al Estado respecto de una fase de mero estudio en lo que dice relación con terrenos fiscales. Además, la información se hallará publicada en la página web, como corresponde.
Ese es el objetivo de la supresión de la oración final, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Gracias.
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, entiendo que lo que se está votando aparece en la segunda columna y no en la tercera. Y es la eliminación de la oración que dice: "En caso de afectación de terrenos fiscales, la Superintendencia, dentro de cinco días contados desde la declaración de admisibilidad, comunicará dicha situación al Ministerio de Bienes Nacionales".
Para que no nos enredemos, eso figura en la segunda columna, según el comparado que yo tengo, porque se ha dicho que está en la tercera.
Ahora, si va a haber afectación de terrenos fiscales, ¿por qué no se le va a comunicar dicha situación a quien los posee, que es el Ministerio de Bienes Nacionales, para que formule sus observaciones?
No entiendo por qué el Gobierno quiere eliminar esa oración, cuando lo más razonable es decir: "Mire, vamos a pasar por acá, que es terreno fiscal".
Tal vez lo podría explicar el señor el Ministro, porque yo no lo comprendo.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, le recuerdo que estamos en votación. No le puedo dar la palabra al Ministro. Pero, efectivamente,¿
El señor LETELIER.- Para rectificar, sí.
La señora ALLENDE.- Para aclarar, puede.
El señor PIZARRO (Presidente).-¿ ambas posiciones se hallan en lo correcto. En la segunda columna se establece el caso de afectación de terrenos fiscales. Si se fijan bien, ello aparece en negrita, porque lo que la Comisión propone es suprimir toda esa parte, y es lo que aparece en la tercera columna.
Por lo anterior, hay que referirse al acuerdo adoptado por mayoría en la Comisión, donde se registraron tres votos a favor y dos en contra. Y cada uno de nosotros debe evaluar si se evita el trámite contemplado en ese precepto.
Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- ¿Puedo concedérsela al Senador Rossi, y después retomarla?
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Cómo?
El señor NAVARRO.- Así como se le cedió la palabra a la Senadora Rincón, yo se la quiero ceder al Senador Rossi, y después retomarla, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Le agradezco la deferencia al Senador Navarro.
Seré muy breve.
Yo, la verdad, tengo la misma duda que el Senador Gómez. Aquí se ha dicho que estamos pasando un momento difícil desde el punto de vista energético y que este proyecto justamente busca agilizar las concesiones eléctricas para resolver los problemas que enfrenta el país.
Todos entendemos eso. Pero, aun así, siento que hay cierta burocracia que no necesariamente es mala.
Como bien lo señaló el Senador Gómez, es de Perogrullo y totalmente lógico que cuando se concesiona un bien nacional no se puede omitir un trámite que a mí me parece muy necesario. O sea, no podemos legislar bajo el argumento de que, porque hay que hacer todo rápido, se deben dejar de lado cosas que son absolutamente imprescindibles. Es decir, hay ciertos procedimientos.
Y lo digo no solamente respecto de este punto, sino también en relación con el derecho a la información, porque la comunidad en general -no solo la directamente afectada- tiene el derecho de estar informada sobre asuntos relevantes que afecten su vida cotidiana.
Entonces, aquí surge un cuestionamiento en cuanto a muchos aspectos del proyecto. Este es uno más. Después veremos otros en los cuales también tenemos reparos.
Escuché que la Senadora señora Rincón había conversado con el Ministro y que, al parecer, habría acuerdo tocante a la información y lo relativo a la radiodifusión. De modo que sugeriría a los representantes del Gobierno que respalden igualmente la necesidad de rechazar esta indicación que pretende suprimir un trámite que, a mi juicio, es necesario.
¿Cómo Bienes Nacionales no va tener la posibilidad de efectuar observaciones respecto a una materia que le es propia y que le compete directamente? Estimo que un Ministro de esa Cartera estaría faltando a sus deberes si no se hace cargo de observar, para bien o para mal, una decisión como esta, que afecta directamente a algo que pertenece a todos los chilenos, lo que, por lo demás, pertenece a Bienes Nacionales.
Entonces, en esa lógica, hay algo que no logro entender, y me hago la misma pregunta que el Senador señor Gómez, por lo que sería muy interesante que el Ministro pudiese aclararnos la duda.
El señor PIZARRO (Presidente).- En la página 9 del último boletín comparado, se consigna la norma en discusión; y en el anterior, en la página 6.
Se encuentra en votación el texto aprobado por mayoría en la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, insisto en que el tenor del artículo ya contiene un elemento raro: se pretende eliminar que se den antecedentes sobre la afectación de terrenos fiscales. En verdad el Ministerio de Bienes Nacionales debe ser informado al respecto.
Otra situación se produce con la fusión de los Ministerios de Vivienda y Bienes Nacionales. Sin embargo, espero que eso fracase, porque, en mi opinión, carece de sentido el seguir concentrando.
Con la eliminación antes señalada, solo se da lugar a suspicacias el no avisar al Estado cuando se atraviesan sus terrenos. Bienes Nacionales es propietario de más del 50 por ciento del territorio chileno. O sea, con esa supresión se plantea que, cuando se afecte la mitad del territorio, no regirá la obligación de informar a tal Secretaría de Estado.
El artículo establece el requerimiento de publicar por tres días consecutivos en un diario de circulación nacional la solicitud de concesión provisional. Esto me recuerda mucho las peticiones de concesiones de acuicultura en Puerto Montt, Chiloé y Magallanes, donde se publicaba en el diario por coordenadas. ¡Pero esos eran jeroglíficos y datos ilegibles!
Prefiero que en esta solicitud de concesión provisional se especifique la toponimia, es decir, el nombre del lugar afectado y no los grados al este, oeste, norte o sur, porque eso no es lectura fácil para la inmensa mayoría de los propietarios. Solo es comprensible cuando hay toponimia y se indica el lugar territorial referenciado, según el nombre que el uso y la ley les conceden. Si no, tendremos una lectura referencial que, con suerte, va a entender únicamente quien ha pedido la concesión provisional, porque no hay experticia al respecto.
Por lo tanto, la indicación sirve para confundir, porque no aclara, sino que confunde. Deja al libre albedrío cómo se explica la solicitud de concesión provisional.
Por otra parte, resulta absurdo dejar que la Superintendencia y los municipios libremente puedan informar los lugares más destacados. Simplemente es dictar una norma para que no se cumpla. Peor aún, si no se acata, el procedimiento concesional sigue adelante sin problema.
De modo que se trata de determinada responsabilidad de esos organismos que no figura en parte alguna, porque no hay sanción.
Señor Presidente, esta es una definición hecha a la medida de quienes quieren pasar por predios privados y fiscales sin que nadie sepa. Cuando los afectados se den cuenta, será demasiado tarde para apelar a los tribunales. ¡Digámoslo francamente! ¡Ese es el objetivo de este artículo que, lamentablemente, fue aprobado con la eliminación de los elementos a que me he referido y con la ratificación de otros!
Me llama la atención la actitud de los adalides de la defensa de la propiedad privada. En Chile, un asesinato involuntario tiene cinco años de presidio; un robo con escalamiento, diez. Sin embargo, para algunas bancadas que defienden a morir la propiedad privada, la penalización va más allá, incluso, que la protección de la vida. En nuestro país, tiene menos años de cárcel un asesinato que el robo a una propiedad privada. Así es la legislación nacional. Me extraña la actitud de quienes la han defendido siempre de manera absoluta.
Nosotros respetamos la propiedad privada, pero como lo establece la Constitución. Creemos que se debe regular cuando se trata de un elemento relativo a la seguridad nacional, de un bien común o del interés superior de la patria. De modo que tanto a los dueños de predios fiscales como a los de terrenos privados, no pertenecientes a las grandes empresas -porque las forestales en las Regiones Novena y Octava van a saber de inmediato-, a los pequeños agricultores o propietarios, se les tiene que informar para que defiendan su propiedad. Sin embargo, este artículo no cumple ese objetivo.
Por eso, voto en contra, señor Presidente, esperando que la indicación que hemos presentado sea aprobada para poder discutir de verdad un mecanismo de información.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi, para fundamentar el voto.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, intervendré en el mismo sentido.
Considero lamentable que haya tan precaria voluntad de proteger el patrimonio; en este caso, el bien nacional de uso público que, a mi juicio, merece ser defendido y resguardado, con una actitud razonable.
Por lo tanto, en un país como Chile, no dar aviso de los bienes nacionales de uso público que se afectan, lo único que va a permitir es un verdadero estatus de precariedad de zonas que revisten un valor arqueológico, ecológico o de biodiversidad.
Pienso que aquí solo se busca generar un verdadero fast track. Lo mismo sucede con la falta de voluntad de comunicar a las comunidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
En el país tenemos una inmensa desigualdad, en todos los planos: económico, territorial, político y de poder.
¿Qué fuerza tiene una pequeña comunidad frente a las grandes empresas de transmisión? Y acá se quiere mantener esa brecha y conservar tal desigualdad. Muchas veces, cuando se habla de entregar información a través de medios de comunicación escrita, aquella no llega a las pequeñas comunidades que, justamente, son los lugares afectados por esas concesiones.
Entonces, aquí se confecciona un traje a la medida para, en cierta manera, silenciar e impedir el legítimo derecho de las comunidades y también de nuestro patrimonio, en especial de los bienes nacionales de uso público, de ser resguardados debidamente.
Por lo tanto, me parece que debe cambiarse el eje y la relación de poder. Pero hay que otorgar un poder no equivalente sino razonable a las comunidades y al bien nacional de uso público, para que alguien los pueda resguardar adecuadamente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma, para fundamentar el voto.
El señor TUMA.- Señor Presidente, permanentemente los sectores campesinos y agrícolas nos preguntan por qué razón ellos no tienen derecho a usar el agua que pasa por sus tierras. Y les explico que, en algún momento de nuestra historia nacional, el año 1981 -en un "Congreso" integrado por cuatro personas-, se definió que las aguas había que inscribirlas. Y dieron 30 días para hacerlo. Se informó a través de una publicación en el Diario Oficial. Quienes no la leyeron, perdieron.
Aquí está ocurriendo más o menos lo mismo, porque, en definitiva, no protegemos los terrenos fiscales al no establecer que se comunicará a Bienes Nacionales la aceptación de la solicitud de concesión provisional, para que el Ministro tome las precauciones del caso o haga las recomendaciones ya sea por sí o por no. Y tampoco se dispone expresamente que se informará de ello a los propietarios.
Con relación a estos últimos, ¿en qué momento van a saber que su área está siendo afectada? ¿Cuándo tendrán la oportunidad de oponerse o de presentar un recurso ante los tribunales? Porque los plazos van a estar absolutamente vencidos una vez que se halle autorizada la concesión provisional, y luego, construida la línea.
Por lo tanto, quiero consultar si en algún otro artículo del proyecto se considera que los pequeños agricultores y las comunidades indígenas recibirán esa información; si efectivamente van a saber si sus terrenos están siendo objeto de una concesión provisional que en definitiva se convertirá en permanente.
Por las razones expuestas, creo que este artículo no representa lo que desearíamos proteger: por una parte, agilizar el procedimiento para establecer una línea de transmisión, pero, al mismo tiempo, que ello sea compatible con el derecho de propiedad, particularmente de los pequeños agricultores y de las comunidades indígenas.
Señor Presidente, no obstante que ya se rechazó la posibilidad de hacer la consulta a los pueblos originarios, porque quienes en la votación general nos pronunciamos en contra no tuvimos éxito en imponer que primero se llevara a cabo, quiero puntualizar que ahora, en el debate en particular, nos preocuparemos de qué manera las comunidades rurales, sean indígenas o no, pueden tener conocimiento de la aprobación de una solicitud de concesión provisional en sus propiedades.
En este momento estamos votando la supresión del párrafo final del inciso primero de la letra a) del artículo 20° del proyecto, de modo que ni siquiera el Ministerio de Bienes Nacionales puede conocer que se están afectando sus territorios mediante una concesión provisional. Y mucho menos queda establecido -al menos en este precepto; no sé si en otro- el envío de alguna comunicación oficial, directa y precisa, a cada uno de los propietarios del área cuya afectación se autoriza en dicha concesión.
Por eso, al menos en este artículo, votaré en contra de la supresión propuesta por la Comisión de Minería y Energía. Pero voy a ver el modo de lograr que los pequeños propietarios reciban información respecto de cómo les va a afectar ese trazado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, a veces es fácil explicarse por qué el Congreso y los parlamentarios tenemos tan mala fama. Porque aquí en las argumentaciones que se hacen siempre se trata de poner un manto de duda. En este caso, por ejemplo, se señala que se quiere regalar terrenos fiscales para proteger a las transnacionales.
¡Eso no tiene nada que ver con el artículo que nos ocupa!
Lo que consigna este precepto -lamento que no se pueda otorgar la palabra al señor Ministro, para que lo explique- es una obligación que la Superintendencia no podrá cumplir. ¡Así de simple! ¿Y por qué? Porque se refiere a la concesión provisional en un área, no al trazado.
Entonces, como se trata de un área, no es posible que la Superintendencia diga: "Va por aquí o por allá".
Hago ver al Senador señor Navarro por su intermedio, señor Presidente, que la concesión provisional solo tiene por objeto el ingreso al predio a fin de realizar los estudios, no para efectuar construcciones.
En consecuencia, ¿cómo va a contestar la Superintendencia a eso? ¡Es imposible!
Entonces, solicito que, por favor, se pueda conceder la palabra al señor Ministro sobre la materia, para que lo aclare. Porque he escuchado diversos argumentos que no guardan relación con esta norma ni con el proyecto. Y es más, ¡siembran una serie de dudas totalmente ajenas a él!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
No se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, no sé cuántos colegas han tenido la experiencia práctica de ver cómo se aplica la actual legislación respecto de las comunidades indígenas cuando se entregan concesiones provisorias o se aprueban proyectos.
En verdad, la forma de comunicación, que es uno de los puntos abordados acá, es muy deficiente. A veces se proporciona información a los municipios, pero como ellos no se la traspasan a las comunidades afectadas, estas de repente ven aparecer torres de alta tensión que se construyen en su patrimonio, que es el vecindario.
En esta ocasión se mantiene el criterio de que se debe informar -es cierto- no sobre un trazado, sino sobre un área que va a ser afectada y donde se hará un trazado futuro.
En cuanto a lo señalado por el colega señor Prokurica, entiendo que uno pueda tener diferencias en esta materia. Yo no estoy hablando de transnacionales ni nada por el estilo, sino del derecho de las personas a saber que en un área del país se pretende hacer un trazado.
Sin embargo, ese trazado se podría hacer en forma más inteligente, si es que algún día en nuestro país zonificáramos los trazados a pie de cordillera. Ello, por supuesto, resultaría un poco más caro, pero contribuiría a defender algo que es muy escaso: el uso del suelo agrícola en particular.
De eso se habla poco. Y mediante este proyecto vamos a destruir miles de hectáreas, siguiendo la práctica de facilitar los trazados para las empresas y no de defender un bien escaso como son las tierras productivas.
Por sobre todo, lo que se está diciendo es que por ser un área donde se podrá definir un trazado y entregar una concesión provisoria, ¡no es tan importante informar!
De haber interés por informar a todos, en forma contundente, también debería incluirse al Estado, porque este no cuenta con un procedimiento de comunicación fluida entre sus distintas reparticiones.
Asimismo, el que la Superintendencia o algún organismo fiscal reciba la información no significa que se diga al seremi de la Sexta Región que el trazado va a pasar por un terreno que se encuentra afectado.
Señor Presidente, lo que llama la atención -independiente de que las concesiones sean de un trazado específico o de un área-, es que prioritariamente no tengamos como cultura y objetivo principal el masificar la discusión. Aquí el criterio es minimizarla, porque en tanto ello ocurra es más favorable para un actor.
Nadie quiere demonizar a los actores de la industria eléctrica. A todos nos gusta prender la luz. Pero hay formas y formas para definir trazados; existen áreas y áreas donde hacer ese trabajo. Y el artículo que se refiere de modo esencial a cómo generar y garantizar información, debería concitar amplio consenso. Pero, curiosamente, algunos Senadores no quieren informar a todo el mundo, y otros estamos interesados en que esa labor sea hecha al máximo. Porque en información, lo que abunda no daña. ¡Es absurdo que alguien se oponga a que se informe a Bienes Nacionales! Es absurdo, también, que se opongan a que se informe a los interesados, o que ello se satisfaga porque aparece en una página web. ¡Como si en el mundo de hoy todos se entendieran por correo electrónico y plataformas digitales!
Aquí se necesita masificar medios y generar las instancias para que todo el mundo se informe.
Señor Presidente, si hubiésemos tenido más tiempo, habría pedido incluir una indicación tendiente a que se informe también a la totalidad de las organizaciones de esas áreas. Pero eso es distinto.
Al respecto, tenemos una diferencia con el colega que me antecedió en el uso de la palabra. Yo prefiero, si es necesario, pecar de sobreinformación que de minimizarla.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, he seguido con interés la discusión, como todos los presentes.
Estimo que aquí no hay intención alguna de ocultar el proyecto que se intenta desarrollar. Porque se aumentan los requisitos de publicidad. Se multiplican por tres.
Así se consigna en el inciso primero del artículo 20°, que expresa que la solicitud de concesión provisional deberá publicarse en un diario de circulación nacional y otro de circulación regional.
Efectivamente se trata de una concesión provisional, que sirve solo para realizar estudios. En todo caso, si es necesario acceder a un terreno ajeno, habrá que obtener el consentimiento del propietario o tendrá que disponerlo un tribunal.
Aquí nadie propone saltarse el modo en que se cumplen las sentencias o dejar de respetar la propiedad, sea esta privada o fiscal. Esta última es una forma de propiedad. Tampoco es de todos. Tiene un dueño: el Estado.
Acá se prevé la notificación por parte del tribunal ante cualquier avance en la tramitación del respectivo proyecto.
Ahora bien, lo propuesto en la oración que se sugiere eliminar quizás le imponga un gravamen excesivo a la Superintendencia, porque no será fácil identificar el terreno que cubre la concesión provisional. Esto es muy similar a la manifestación minera, en cuanto a que ambas usan sistemas de coordenadas UTM, las que no son precisas. No contienen deslindes, como los que normalmente se registran en los títulos individuales de propiedad. Hay que considerar eso también. En definitiva, son cuadrículas en un mapa.
¡Por qué, entonces, poner una exigencia excesiva! Ese es mi punto de vista. Luego, por incumplir tal obligación, puede echarse abajo la concesión provisional.
Lo planteado no es para favorecer a ninguna transnacional, ni para sacar los ríos de la Patagonia, ni para que los ricos sean más ricos. El asunto propuesto nada tiene que ver con algunos de los "sesudos argumentos" -¡todos originales¿!- que hemos oído en la última media hora.
Como una manera de salir del paso, sugiero que, en el inciso segundo, nuevo, donde se habla de que la Superintendencia deberá enviar copia de la solicitud de concesión provisional a los municipios, también se incluya al Ministerio de Bienes Nacionales, simplemente a título de información general.
El señor GARCÍA.- Sería bueno.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Así quedaría en la ley.
De ese modo, se terminarían el escrúpulo horroroso de que seguimos trabajando para los chupasangre y las demás cosas. Podríamos votar más tranquilos y acelerar el despacho de esta iniciativa, cuya discusión, así como va, demorará más que la tramitación de un proyecto sobre una hidroeléctrica en Aysén.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa, para fundamentar su voto.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, entiendo que pueda haber opiniones diferentes en relación con este proyecto. Pero pido que el debate se haga sobre la norma en análisis y no respecto de vaguedades.
El inciso que nos ocupa establece que, dentro de los quince días siguientes a la declaración de admisibilidad, se publicará la solicitud de concesión provisional por tres días en un diario de circulación nacional y por tres días en un diario de circulación regional. En esto todos estamos de acuerdo. Esa es la publicidad que se dispone para informar a todo el mundo de la petición respectiva.
¿Qué se propone suprimir? La oración final, que dice: "En caso de afectación de terrenos fiscales, la Superintendencia (¿) comunicará dicha situación al Ministerio de Bienes Nacionales.".
¿Por qué se elimina ese texto? A mi juicio, porque, cuando se presenta una solicitud de concesión provisoria, no se sabe por dónde pasará el trazado y, por lo mismo, se desconoce quiénes serán los dueños afectados.
Pensemos en un proyecto con un trazado posible de 500 kilómetros. Primero, se requiere hacer un estudio. Para iniciarlo, se pide la concesión provisional. Después de ello, sabré quiénes son los propietarios.
Esa es una primera hipótesis.
La segunda: ¿Por qué darle más derechos al Ministerio de Bienes Nacionales que a los propietarios indígenas o a las comunidades? ¡A estos no! ¡Que se informen por el diario! ¡Pero los señores del Ministerio no pueden leer el diario¿!
Es absurda la discusión, señor Presidente.
Reitero: yo respeto las opiniones distintas.
Si alguien no quiere que haya trazados eléctricos en Chile, tendrá todo el derecho a oponerse. ¡Capaz que ahí digamos que, seguramente, esa persona está coludida con los fabricantes de velas¿! Y nos enrostraremos todo tipo de intenciones malévolas.
Pero, por lo menos, en las argumentaciones tratemos de atenernos a la norma que está en votación. Aquí se propone suprimir una oración, por una razón lógica: no se sabe quiénes son los propietarios de los miles de terrenos que comprende el área en estudio.
Además, tampoco sería razonable exigir que se notifique solo al Ministerio de Bienes Nacionales y no a los demás propietarios -indígenas o cualquier persona-, sean pequeños o grandes.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, vuelvo a recordar -el Senador Orpis hizo una presentación sobre esto en la sesión pasada- los cuellos de botella del Sistema Interconectado Central. Están hechos los estudios a este respecto. Incluso, el Ministerio de Energía está llamando a licitación para que los proyectos se lleven a cabo. La iniciativa que nos ocupa pretende que ello se haga más rápido. Sin embargo, eso no debe materializarse a costa de atropellar otros derechos.
En una posible línea de transmisión y franja de seguridad, siempre existen alternativas de trazado. Es correcto que no se sabe de modo exacto por dónde pasará, pero claro que se conoce el área por dónde va a cruzar. Hoy en día, en un mundo con tecnología GPS, la información es muy abierta.
No veo cuál es la razón para que la Superintendencia no informe dicha situación, dentro de cinco días contados desde la declaración de admisibilidad -se están acortando los plazos-, al Ministerio de Bienes Nacionales. De hecho, la ley vigente lo contempla al final del inciso primero del artículo 20o. Dice: "y previa comunicación al Ministerio de Bienes Nacionales en el caso de afectar terrenos fiscales".
¡Y hay muchos terrenos fiscales en nuestro país!
Además, en esto no operan oscuras intenciones, señor Presidente.
¡Qué tiene de malo avisarle de esto a alguien que posea un parque, una reserva forestal, un santuario y que pueda verse afectado por la concesión provisional! Así podrá reclamar con anticipación: "Oiga, busque un trazado por otra parte".
Aquí no hay nada oscuro.
A mi juicio, el asunto se oscurece cuando se pretende hacer las cosas a la rápida y saltándose bases de información. En esto no existe colusión con los fabricantes de velas ni cosa parecida. ¡Nada que ver!
Sabemos que hoy día existe una alta concentración de los actores de la energía en Chile. Y se busca seguir en esa misma línea. ¡Eso sí que es oscuro!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, estoy a favor de la eliminación de la oración en análisis, que dice: "En caso de afectación de terrenos fiscales, la Superintendencia, dentro de cinco días contados desde la declaración de admisibilidad, comunicará dicha situación al Ministerio de Bienes Nacionales.". Ello, porque, como aquí han dicho colegas que han intervenido directamente en el estudio del proyecto, la Superintendencia no tiene cómo saber que existen terrenos fiscales involucrados.
Por lo tanto, me parece razonable eliminar esa expresión.
Sin embargo, quiero sumarme a la propuesta que hizo el Honorable señor Carlos Larraín.
Creo que, en el inciso segundo propuesto, perfectamente se podría incluir una referencia a la Cartera mencionada. La norma dice: "Tanto la solicitud como el mapa incluido en ésta serán publicados en la página web u otro soporte de la Superintendencia y en un lugar destacado de los municipios afectados. Para este último efecto, la Superintendencia deberá enviar" -y aquí viene la proposición formulada por el Senador Carlos Larraín- "al Ministerio de Bienes Nacionales y a los respectivos municipios, dentro de un plazo de tres días contado desde la declaración de la admisibilidad de la solicitud, copia de ésta y del mapa del área solicitada, las que los municipios deberán exhibir dentro de los tres días siguientes a su recepción¿".
Señor Presidente, de esa forma dejamos incorporado al Ministerio de Bienes Nacionales y no obligamos a la Superintendencia a entregar una información que no conoce.
Si hubiera unanimidad para ello, podríamos resolver lo que estamos votando.
El señor LETELIER.- Que se informe a las juntas de vecinos también.
El señor GARCÍA.- Ya están contemplados los municipios.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición de la Comisión de Minería y Energía para suprimir la oración final del nuevo inciso primero del artículo 20o (22 votos a favor y 9 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Pérez (doña Lily) y los señores Girardi, Gómez, Horvath, Letelier, Navarro, Quintana, Rossi y Tuma.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra al señor Ministro para que aclare algunos de los conceptos que tenía intención de precisar mientras se desarrollaba la votación.
Y también, señor Ministro, sería bueno que la sugerencia hecha por los Senadores señora Rincón y señores Carlos Larraín y García fuera patrocinada por el Ejecutivo, porque corresponde a una materia de su iniciativa.
El señor BUNSTER (Ministro de Energía).- Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que hacia el final de la discusión se fue clarificando el asunto.
En la ley vigente tanto la concesión provisional como la definitiva contemplan un trazado. En el proyecto en análisis se las diferencia: la concesión provisional define un área y la definitiva, un trazado específico. Por lo tanto, la primera considera una superficie más amplia, que abarca a muchos propietarios. Se opera de esa manera para estudiar distintas opciones de trazado.
Aun así, está previsto que esa área extensa se publique en la página web de la Superintendencia y en un lugar destacado de las municipalidades. Acogemos el planteamiento de que se incorporen también los avisos radiales y, asimismo, la sugerencia de los señores Senadores de comunicar tal situación al Ministerio de Bienes Nacionales, de manera que dicha Cartera pueda chequear si algún terreno fiscal será afectado. Todo ello, por supuesto, además de las publicaciones en los diarios.
Sin embargo, al tratarse de una superficie tan grande, no hay manera de saber con exactitud cuál será el trazado final y a qué propietarios va a afectar. Eso recién se conoce cuando se plantea la concesión definitiva, que es donde se verifica todo el proceso de notificación individual a cada uno de ellos.
Por lo tanto, al definir una concesión provisional con un área más amplia, la iniciativa busca precisamente darle uso a un mecanismo que, en la práctica, no se está utilizando, porque a dicha concesión hoy la ley le exige los mismos requisitos que se contemplan para una concesión definitiva.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Considerando que el Ejecutivo tiene la voluntad de patrocinar lo propuesto, pido a los colegas que han planteado el asunto que redacten la indicación pertinente y la hagan llegar a la Mesa. Ello significa que, mientras seguimos la tramitación del proyecto, deben conseguir las firmas correspondientes.
Sugiero que los Senadores señor García y señora Rincón, quienes hicieron las proposiciones concretas, escriban la indicación para que el señor Ministro la patrocine.
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, entendiendo el curso del debate que se acaba de realizar -lo expresó también el Senador Horvath-, si se elimina el último párrafo de la indicación renovada, referido a la facultad de la Superintendencia para certificar la fecha que indica, la propuesta deja de ser inadmisible. Al suprimir esa parte, el resto es absolutamente admisible.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, estimo que existían razones muy claras para eliminar la obligación de la Superintendencia de informar al Ministerio de Bienes Nacionales cuando hubiera bienes fiscales involucrados en alguna concesión provisional. Si dejamos tal exigencia, estaremos discriminando, a mi juicio, en contra de los bienes no estatales. ¿Por qué no se les avisa a los dueños de estos también?
La información se halla disponible mediante publicaciones en diarios, en lugares destacados de los municipios, en avisos, etcétera.
No tengo ningún problema, señor Presidente, en que se logre un acuerdo en torno a una indicación en esta materia y que ella se presente. Pero entiendo que ya se aprobó la supresión de la oración referida.
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es.
El señor NOVOA.- Si después hay unanimidad, bueno; si no, seguimos analizando la iniciativa.
El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos hablando de otras indicaciones al artículo 20º, complementarias a lo ya resuelto.
Una de ellas fue declarada inadmisible en la Comisión y ahora fue renovada.
El señor NOVOA.- Perfecto.
Entonces, lo que ya votamos quedó zanjado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero hacer un comentario en la misma línea planteada por usted.
Queda un rato largo de sesión (son las 17 y está citada hasta las 20, y tal vez se alargue); por tanto, hay tres a cuatro horas para redactar la indicación que el señor Ministro ha señalado, con la cual concuerdo. Y quizás se podría incluir un par de cosas, que no debieran significar mayor problema.
Si es posible, pido que se deje pendiente la votación de esta parte del artículo y que avancemos, porque...
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, el inciso primero del artículo 20º ya fue votado.
Lo que estamos viendo ahora es la posibilidad de que la indicación renovada Nº 19, que fue declarada inadmisible en la Comisión, sea patrocinada por el Ejecutivo. Y en aquellas áreas en las que hubo cierto acuerdo,...
El señor NAVARRO.- También el Gobierno puede mandar una nueva indicación, que contenga los elementos recién planteados y que modifique lo ya votado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Mientras seguimos el debate del proyecto, pido a los señores Senadores que hicieron la sugerencia respectiva que redacten una indicación para que sea patrocinada por el Ejecutivo y que la hagan llegar a la Mesa antes del despacho de la iniciativa.
En razón de lo anterior, si le parece a la Sala, vamos a dejar pendiente la indicación Nº 19 hasta que se presente la mencionada indicación.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Secretario, sigamos con la tramitación del proyecto.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, en el mismo artículo 20º, la Comisión de Minería y Energía propone incorporar un inciso segundo, nuevo, que establece lo siguiente:
"Tanto la solicitud como el mapa incluido en ésta serán publicados en la página web u otro soporte de la Superintendencia y en un lugar destacado de los municipios afectados. Para este último efecto, la Superintendencia deberá enviar a los respectivos municipios, dentro de un plazo de tres días contado desde la declaración de la admisibilidad de la solicitud, copia de ésta y del mapa del área solicitada, las que los municipios deberán exhibir dentro de los tres días siguientes a su recepción, por un plazo de 15 días seguidos. El hecho de que la Superintendencia o los municipios no efectúen las anteriores publicaciones no afectará el procedimiento concesional sino sólo la responsabilidad de estos organismos.".
Esta enmienda fue aprobada por mayoría de votos en la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la propuesta de la Comisión de Minería y Energía.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende, para fundamentar el voto.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, si hubiera acuerdo con el Ejecutivo o con la mayoría de la Comisión, quisiera hacer una sugerencia.
La primera parte de la modificación, relativa a la publicación de la solicitud y el mapa, así como la obligación de la Superintendencia para enviar copia de dicha petición a los respectivos municipios dentro en un plazo de tres días, la encuentro muy bien.
Sin embargo, no estoy de acuerdo con la última oración del inciso, que dice: "El hecho de que la Superintendencia o los municipios no efectúen las anteriores publicaciones no afectará el procedimiento concesional sino sólo la responsabilidad de estos organismos". A mi entender, ese hecho sí afecta la claridad y transparencia de dicho procedimiento. Por tanto, debiera suprimirse ese texto.
Pido el acuerdo para eliminar esa parte. Si bien es cierto que la enmienda se aprobó por mayoría, no corresponde que aparezca la oración final.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, adelantándome a esta materia, conversé sobre el punto con el Ejecutivo, después de haber escuchado lo planteado por los Honorables colegas.
En tal virtud, solicito que votemos por separado la parte final de este inciso, para poder rechazarla.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señora Senadora, lo lamento, pero ya estamos votando la enmienda de la Comisión de Minería y Energía.
Además, tengamos cuidado: lo que aparece como extraño es que un municipio no efectúe las publicaciones pertinentes...
La señor RINCÓN.- Señor Presidente, lo que pasa es que...
El señor PIZARRO (Presidente).-... y que ese hecho no podría afectar todo el proceso concesional.
La señora RINCÓN.- Resulta que, por un lado, se estableció la obligación de efectuar las publicaciones y, por otro, estamos exceptuando a la Superintendencia y a los municipios de la validez del procedimiento concesional si no hacen tales publicaciones, dejándoles solo una responsabilidad administrativa por ello.
Entonces, es incoherente el inciso.
Y al Ejecutivo le parece adecuado acoger la indicación planteada por los Honorables colegas.
En consecuencia, si no se puede dividir la votación, pido que el Ejecutivo reponga la indicación con el cambio señalado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señora Senadora, se halla en votación el inciso segundo tal como viene redactado desde la Comisión. No se pidió antes votación separada. No puedo pasar a llevar el Reglamento.
Sin embargo, al proyecto le falta otro trámite. Ahí se puede eliminar la oración correspondiente.
El señor PROKURICA.- Así es.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada....
El señor LETELIER.- No, señor Presidente. Quiero intervenir.
El señor PIZARRO (Presidente).- Le ofrezco la palabra, señor Senador.
¡Es que usted me hacía unos gestos como diciendo "después"...!
El señor LETELIER.- Disculpe, señor Presidente, pero entendí, cuando usted puso en votación el inciso -de ahí, tal vez, mi error-, que nos debíamos pronunciar solamente por la primera parte de este, pues interpreté que se había acogido la petición de la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- La hice antes.
El señor LETELIER.- Que la formuló antes. Por eso me había omitido en un primer momento.
Considero que hay que rechazar este inciso si no se puede separar la votación, basado en lo siguiente.
En el fondo, aquí estamos haciendo gatopardismo. Y me imagino que el Ministro que nos acompaña en la Sala compartirá que es gatopardismo el disponer en la primera parte de la norma que se debe entregar información para que haya validez en un proceso de concesión, aunque sea provisoria, sobre un territorio amplio -esto es más preocupante para algunos de nosotros que para él (para mí es sumamente preocupante); el Ministro señala que aquella es provisoria, que no es para hacer el trazado-, y, por otro lado, más adelante establecer, por un texto del Ejecutivo, que si la Superintendencia -organismo del Estado- o los municipios -presuntos representantes de la comunidad- no informan, ello no importa. Dado que ninguna ley sanciona a la Superintendencia, a los municipios por no realizar aquello. Pero es más grave. Porque se indica que esta situación no afecta el procedimiento concesional.
Es preciso valorar en todas sus etapas el derecho básico de la información. Aquí estamos generando una ley que no pretende -a diferencia de lo que nos ha manifestado el Ejecutivo- acortar plazos, hacer el proceso más eficiente, eliminar burocracia, sino algo distinto.
Si existe la voluntad -como yo creía- de reunir los votos para tener un sistema más eficiente, con plazos adecuados, sin burocracia, pero sin violentar ciertos derechos -entendía que ese había sido siempre el principio-, pido que se demuestre aquí, separando la votación o rechazando la norma.
Si partimos pronunciándonos en contra del derecho a la información de una comunidad, el resto del proyecto no vale nada. Y aquí se nos cae todo el debate.
Por muy amplio que sea el territorio por donde se quiera llevar a cabo un trazado y se desee entregar como provisorio, la comunidad no lo sabrá. ¿Ustedes creen que la gente lee los diarios especializados? ¿Ustedes piensan que las comunidades de Huilquío, en Rengo; o de Pimpinela, en Requínoa; o de Colla, en Machalí, o de La Blanquina, en Codegua, van a estar leyendo los periódicos para saber por dónde pasa el trazado? Por consiguiente, si a eso agregamos que los municipios no cooperan, esto es una farsa. Yo ya no hablo de tierras indígenas, de parques, sino de la comunidad.
En consecuencia -por su intermedio, señor Presidente-, pido al señor Ministro que haga algún gesto en este punto, para que exista alguna viabilidad de diálogo. Porque es aberrante que el Ejecutivo haya planteado esto. Quiero pensar que fue un error de redacción. Y para que lo entendamos así me encantaría escuchar al Ministro o a sus representantes o voceros potenciales llamar a rechazar la disposición en comento, reponiendo un artículo de mejor manera en otro trámite. De lo contrario, es muy difícil pensar que existe buena fe en esta norma y en el resto del proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, entiendo que cuando el Ministro señaló la posibilidad de redactar una indicación lo hizo solo sobre el primer inciso de la letra a) y no respecto del segundo, particularmente de la frase final en cuestión.
¿El Ministro tiene voluntad -por su intermedio, señor Presidente- de eliminar lo relativo a que si la Superintendencia o los municipios no informan no les pasa nada y sigue el proceso? Porque esa última frase anula todo lo dicho anteriormente y deja en la indefensión a las personas.
El señor ORPIS.- No.
El señor NAVARRO.- Suponemos que algunos están interesados en no informar, ya sea por omisión o por abierta intención.
Si el Secretario de Estado accediera a incorporar este elemento en la indicación que se va a presentar al final del debate, votaríamos de manera distinta. De no ser así -entiendo que no ha habido acuerdo para eso-, nos obliga una vez más a pronunciarnos en contra, lamentando profundamente que en definitiva no se comprenda cuál es esta posición.
A los campeones de la transparencia, a quienes postulan que siempre hay que informar y que los actos del Estado deben ser conocidos, tal vez porque están en el Gobierno, hoy día aquello se les olvida. Pero durante casi veinte años la Derecha exigió siempre transparencia de los actos de gobierno. Y la concesión provisional corresponde a un acto de gobierno. Por lo tanto, establecer estas condiciones de oscurantismo respecto de las concesiones no concuerda con el discurso que mantuvieron durante veinte años ni con lo dispuesto por la propia Ley de Transparencia.
Reitero: si hay voluntad del Ministro, estoy dispuesto a cambiar mi voto; si no, anuncio mi rechazo.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, si uno lee el artículo 20º actual, los señores Senadores podrán advertir cuál es la transparencia que existe hoy para otorgar las concesiones provisionales, cuál es la publicidad. Se publica en el Diario Oficial del 1 al 15 de cada mes. Básicamente eso.
¿Y por qué es muy importante esta referencia a la frase final?
La obligación en materia de publicidad recae en el solicitante, el que debe publicar en diarios de circulación nacional y en diarios de carácter regional.
Constituye un elemento adicional el que la Superintendencia les entregue los antecedentes a los municipios y que estos, a su vez, los publiquen durante quince días.
Si eliminamos la frase final, lo que va a ocurrir -eso es lo delicado- es que si un municipio no publica se viene abajo la concesión. Así de simple.
Por lo tanto, esta referencia al párrafo final es absolutamente esencial en el artículo. Porque perfectamente la Superintendencia podría negarse a entregar los antecedentes a los municipios y estos, a publicar durante quince días. Y la consecuencia sería, tal como está redactado, que se cae una concesión provisional. Esta última se orienta básicamente a estudiar un trazado en un área respectiva, porque el trazado final se lleva a cabo a través de la concesión definitiva.
Entonces, la situación es absurda. Porque lo que ocurrirá en la práctica, si estamos colocando este tipo de exigencias, es que no se optará por las concesiones provisionales, sino directamente por las definitivas, porque una no es condición de la otra. Y para poder tener un buen trazado, desde todo punto de vista, es positivo hacer estas áreas de estudio. Pero no hay que poner este tipo de obstáculos. Porque, tal como está redactado -repito-, al borrar la frase final, si un municipio se niega a publicar -puede hacerlo-, se cae la concesión, directamente.
Por lo expuesto, resulta fundamental mantener tal cual la parte final del segundo inciso.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, creo que este no es un tema fácil.
Como se ha planteado, lo que se pretende es separar, definir de manera distinta, una concesión provisional de una definitiva. Y la provisional tiene un objetivo determinado, que es ingresar, llevar adelante los estudios, pero no tomar posesión del terreno, ni hacer las instalaciones ni construir la línea. Es algo diferente.
Ahora, tiene razón el Senador Orpis al sostener que, si eliminamos la parte final del inciso, bastaría que un municipio que esté en contra de un proyecto no publicara, no cumpliera con la obligación establecida en el artículo, para bloquear al país entero con la línea de transmisión, impidiendo que se efectúe el estudio. De esa forma, no podrá ingresar al terreno la empresa encargada, quedando imposibilitada de construir la línea.
Entonces, digamos las cosas como son: esta fórmula hace que la iniciativa sea viable. De lo contrario, muchas personas podrían ir poniendo problemas para que estos proyectos no resulten. Y eso lo queremos resolver a través de esta normativa.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, el objeto de este artículo -en sus distintos incisos, más los que se han agregado- es informar para que los posibles interesados o afectados no solo se enteren, sino que también puedan efectuar observaciones o reclamos.
Esa es su finalidad.
Por lo tanto, el que se informe de distintas maneras complementarias nos parece positivo.
Y esta norma también se liga con el inciso segundo actual, que después se pretende modificar. Porque esta ley, que data del año 1981, solamente exige la publicación en el Diario Oficial. Es decir, las personas se enteraban no de manera fácil. El agregar los diarios de circulación nacional y regional constituye un avance. Y añadir las radios -propuesta que, a nuestro juicio, resulta perfectamente admisible, porque el aviso es a costa del interesado- también es conveniente.
Pero aquí se pretende modificar -como vamos a ver- el inciso segundo actual, que señala: "los dueños de las propiedades que ocuparen o atravesaren las obras proyectadas, u otros interesados, podrán formular a la Superintendencia los reclamos en aquello que los afecte.". Se propone reemplazar la frase "los reclamos en aquello que los afecte" por otra que señala que las observaciones "deberán fundarse en el incumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo anterior".
O sea, solo si hubiera algún antecedente que se olvidó entregar en la solicitud de concesión provisional podría declararse admisible el reclamo. Es decir, esta iniciativa va en una línea absolutamente restrictiva. Lo vamos a ver más adelante en las concesiones: cuando se dice "u otros interesados", estos tienen que cumplir los requisitos del todo excluyentes que establece este proyecto de ley.
En consecuencia, este artículo va amarrado a un conjunto de normas.
Por esa razón votamos en contra de esta fórmula que se nos propone.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 20 votos a favor y 8 en contra.
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, quedaría aprobado el inciso segundo, nuevo.
El señor LETELIER.- Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, como yo pensé que se iba a votar la primera parte -estoy de acuerdo con ella- y no el inciso segundo completo, pido que se cambie mi voto. Dado que cuando se debatió el inciso entero me manifesté en contra de la segunda parte, deseo que quede consignado mi voto negativo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Así se hará, señor Senador.
--Se aprueba el inciso segundo, nuevo, del artículo 20° (19 votos a favor y 9 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Pérez (doña Lily) y los señores Girardi, Gómez, Horvath, Letelier, Navarro, Quintana, Rossi y Tuma.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable del Senador señor Chahuán.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En las páginas 10 y 11 del boletín comparado, la letra b) del numeral 3) del proyecto propone efectuar modificaciones al actual inciso segundo del artículo 20°.
Ahora bien, las enmiendas se hallan presentadas en ordinales.
Se ha renovado la indicación número 23, que tiene por objeto suprimir el ordinal iii.
La letra b) se aprobó durante la discusión en general y no fue objeto de modificaciones por parte de la Comisión. Sin embargo -reitero-, la indicación renovada número 23, que solo fue rechazada y no declarada inadmisible, elimina el ordinal iii.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación renovada número 23.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en primer lugar, el iii es un número 3 romano en minúscula, por si acaso.
Lo que quiero señalar es justamente que la ley vigente establece que, una vez conocida la solicitud, "los dueños de las propiedades que ocuparen o atravesaren las obras proyectadas, u otros interesados, podrán formular a la Superintendencia los reclamos en aquello que los afecte".
Este numeral iii romano en minúscula plantea restringir los reclamos, pues expresa: "Sustitúyese la frase `los reclamos en aquello que los afecte.' por `sus observaciones a la solicitud de concesión, las que deberán fundarse en el incumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo anterior.'.".
Es decir, acota la posibilidad de recurrir a la Superintendencia a lo que la persona informó en su minuto. Si se ve afectada en otro sentido -por ejemplo, porque es dueña un hotel por el cual probablemente va a atravesar la línea-, no tiene ningún derecho a presentar un reclamo.
Entonces, para evitar la judicialización o que después se entrampen los estudios de impacto ambiental, a nuestro juicio, es mucho más amplio señalar "u otros interesados afectados".
Eso constituye transparencia, una mínima igualdad ante la ley.
En tal sentido, adelanto que existe una reserva de constitucionalidad. Porque, de no prosperar esta indicación o restringirse absolutamente la probabilidad de efectuar una observación o reclamo, se estaría afectando las posibilidades de otros emprendimientos. Y el numeral 26° de la Carta Fundamental preceptúa: "La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.".
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra para fundamentar el voto el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, si buscáramos una definición más exacta del espíritu del proyecto la encontraríamos en este artículo, pues lo que se pretende es abreviar no importando nada. Porque se pasa desde lo señalado con claridad por la ley -que efectivamente se realicen los reclamos por aquello que afecte a las personas- a observaciones burocráticas y administrativas que deberán estar fundadas en requisitos contenidos en el artículo anterior, que son meramente burocráticos.
La solicitud de concesión debe ser publicada en el Diario Oficial; se debe verificar si se ha cumplido alguno de los requisitos. Se trata de debates que efectuamos respecto de los artículos anteriores. O sea, nada tiene que ver lo que le pase a la comunidad, sino que estamos más bien ante un burocratismo propio del trámite administrativo.
Eso va a obligar a la gente a contratar abogados. Y este Gobierno, cada vez que presenta un proyecto de esta naturaleza, les da más y más pega a ellos; todos requieren abogados.
Lo discutíamos el otro día en una iniciativa sobre aduanas cuando se pretendía eliminar funcionarios. Recuerdo claramente que dije: "Entonces, después de cinco millones tiene que ser con abogado". Y alegábamos respecto de la cifra para evitar la contratación de tales profesionales.
Tengo hartos amigos abogados. Y no quiero que mi argumento sea interpretado como un ataque a ellos, sino como una defensa a los pequeños propietarios, que cada vez que deban cumplir los requisitos alguien los tendrá que asistir para decirles: "Este trámite se ha cumplido o no".
Porque dudo, señor Presidente, que exista el conocimiento necesario para hacer referencia a estas observaciones acerca del fundamento de incumplimiento de "los requisitos señalados en el artículo anterior".
Por lo tanto, la pregunta para el Ministro -por cierto, desde ya anuncio mi voto en contra de este ordinal- es si esta iniciativa, digámoslo francamente, se constituirá en "la ley del pase libre" para que los concesionarios puedan ingresar, hacer todas las mediciones y generar un área, como ha dicho el Ministro. Y no van a elegir el mejor trazado, que respete el medio ambiente, los parques nacionales o los derechos de los pequeños propietarios, sino un área grande donde podrán decidir el diseño que más les convenga.
Y apuesto que doy en el clavo: van a escoger el trazado más económico, el que más se acomode a los costos. Porque a algunos gerentes no les pagan precisamente por respetar los derechos de terceros: les pagan por productividad, por ahorros. Y uno tiende a pensar que en esta área grande el trazado no va a ser el que quieran de consenso la comunidad, el país, los interesados, sino el que desee la concesionaria, sobre la base de, fundamentalmente, razones de costo.
Por tanto, el numeral propuesto, que elimina la frase "los reclamos en aquello que los afecte", viola el sagrado "derecho al pataleo", el sagrado derecho de una persona a denunciar algo que la afecta.
Será la Superintendencia o un tribunal quien determine si existe fundamento legal para emprender una acción. Pero aquí, tratándose de la concesión provisional, se les impide a los afectados reclamar, ya que sus observaciones deben referirse solo a si se ha cumplido el requisito burocrático administrativo. Y las empresas lo van a cumplir.
O sea -digámoslo claramente-, acá no estamos innovando en nada.
Ahora, si una concesionaria se equivoca en el procedimiento, mejor que se vaya para la casa. Porque, si es incapaz de presentar correctamente los papeles vinculados con la forma de llevar a cabo el proceso de aviso, comunicación y precaria información, sus abogados debieran ser despedidos.
Esto lo van a hacer bien. Porque se halla establecido qué es, y en ningún caso implica más información.
Esta proposición refleja claramente el espíritu de la ley en proyecto, que en definitiva constituye un pase libre para entrar, medir. Y a la gente que quiera reclamar se le va a decir: "Cumple con todos los requisitos: ha publicado en el Diario Oficial, están establecidas las frases en el diario local y en el regional". Ello, aunque el diario regional no lo lean ni en las ciudades.
Entonces, señor Presidente, aquí existe una disminución de derechos. Se afecta el derecho a la información. Y es evidente que hay que hacer reserva de constitucionalidad, porque los pequeños propietarios, las comunidades indígenas y las comunidades rurales agrícolas tenían claro que podían reclamar. Ahora, en este numeral, inserto en la concesión provisional, se está eliminando tal derecho.
Por lo tanto, voto en contra.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, yo creo que debe votar que sí, porque está en votación la indicación renovada número 23 y usted argumentó a favor de ella.
El señor PROKURICA.- ¡Para qué le explica¿!
El señor COLOMA.- Votó que no.
El señor NAVARRO.- Entonces, señor Presidente, consecuente con mi argumentación, voto a favor de la indicación y en contra del numeral sugerido por la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Eso es.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, tanto en la concesión provisoria como en la definitiva (ahora nos hallamos en la provisoria), esta es una de las disposiciones fundamentales. Aquí se encuentra la médula del proyecto que estamos tramitando. Y esta es la razón por la cual se retrasaban ambos tipos de concesiones.
Yo quisiera que los señores Senadores fueran al artículo 20 actual, que en su inciso segundo señala que, una vez que se ha hecho la publicidad, pueden reclamar los dueños de las propiedades afectadas y otros interesados. Pero no se define quiénes son los "otros interesados" (por ende, puede ser cualquiera), ni tampoco, qué se entiende por reclamo y en función de qué causales; es decir, puede haber cualquier causal.
Partamos por lo segundo.
En el caso de los reclamos, ocurre que muchas materias no son competencia de la Superintendencia, que es la que debe otorgar las concesiones.
¿Y qué hace, con sentido común, la norma actual?
En el artículo 19 se establecen taxativamente los requisitos. Por consiguiente, ¿sobre qué deben versar las reclamaciones? Sobre los requisitos contemplados en ese precepto que no se cumplieron.
¿Qué hace, sabiamente también, este proyecto? No define a cualquier interesado, sino que se remite a los consignados en el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Quiénes son? Los que tienen derechos, no cualesquiera.
¡Esta era la puerta abierta para obstruir todos los proyectos! ¡No había límites en materia de reclamaciones y de interesados!
¿Y qué se hace en las concesiones definitivas y en las provisorias? Se define quiénes son los interesados y se determinan las causales.
Hay, por ejemplo, materias medioambientales. Se tramitarán cuando se ejecute la obra en la concesión definitiva y se respetarán todas las normas vinculadas con el medioambiente.
Pero, señor Presidente, esta es la disposición fundamental: acotar el número de causales a lo que señala el artículo 19 y definir quiénes son los interesados. Ese es uno de los aspectos esenciales de este proyecto, y se aborda tanto en la concesión provisoria, que estamos viendo ahora, como en la definitiva.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, yo voy a votar a favor de esta indicación justamente porque creo que el Senador Orpis describió muy bien la cuestión de fondo: la completa anulación o el cercenamiento absoluto a quien desee ir en apoyo de un asunto de interés ecológico, arqueológico o patrimonial, llámese tercer sector, o sociedad civil, u ONG, o agrupaciones ambientalistas.
La idea es dejar a la concesionaria, con todo su poder, con toda su fuerza, con todos sus abogados y asesores, frente a un afectado en soledad absoluta. O sea, la mayor y más extrema unilateralidad; la profundización de la desigualdad, y el aumento de la posibilidad de abuso e injusticia.
¡Esto constituye una paradoja!
He escuchado muchos eslóganes en el último tiempo: "Chile justo", "Contra el abuso y contra la desigualdad". Bueno, aquí estamos estableciendo una norma que solo va a ahondar la desigualdad, incrementar la factibilidad de abuso e impedir que instituciones de bien común se sumen, por ejemplo, a la defensa en situaciones como las de HidroAysén, Pascua-Lama y muchas otras.
Un Senador preguntaba en esta Sala el porqué de nuestra sospecha y por qué enfrentamos estos problemas con una actitud cuestionadora. Bueno: porque la aprobación de todos estos proyectos ha sido fraudulenta, con vejámenes, con violaciones a los derechos humanos de comunidades indígenas.
Pero su aprobación no solo ha sido fraudulenta, sino también ilegal. Castilla se aprobó, y debió echarla abajo un tribunal de la república: la Corte Suprema.
Quiero recordar un solo episodio de esa Central: en la modificación del cambio de uso de suelo que se presentó al municipio iban hasta los membretes de la empresa. ¡Ni siquiera se dieron cuenta de eso! Y fue justamente una de las cosas que objetó la Corte Suprema. ¡Porque había un fraude!
¡Y qué decir del proyecto Pascua-Lama, que tuvo que ser intervenido y está detenido por violar todas las normas y cláusulas ambientales! Ayer fue visitado por un tribunal, por el juez.
¿Cómo se aprobó ese proyecto? Con triquiñuelas, con mentiras, con engaños.
¡Y qué decir del proyecto HidroAysén, en que los derechos de agua los concedió, casualmente, quien después se fue a trabajar a la Dirección de Aguas...!
Entonces, ¿le asiste a la comunidad derecho a tener suspicacias respecto a cómo se aprueban los proyectos en Chile? ¡Por supuesto que sí!
Señor Presidente, para las comunidades y para los afectados, antes había redes de solidaridad. Lo que se está haciendo acá es impedir la existencia de redes de apoyo, evitar toda posibilidad de que una ONG u otra institución respalde a quien se sienta perjudicado.
Considero que esto ya tiene un nivel extremo. Esta será la ley de la injusticia, y va a pasar a la historia de nuestro país. Se parece a las leyes que crearon las AFP, las isapres, pero con una diferencia: estas se hicieron a sangre y fuego, entre cuatro paredes, sin democracia; y este artículo vergonzoso, así como la iniciativa que lo contiene, van a ser aprobados en democracia.
Yo espero al menos que en la gente exista conciencia sobre lo que se está aprobando hoy día y que pueda haber también una opinión ciudadana en particular sobre este punto, que me parece medular, porque es expresión, en cierta manera, del espíritu de la legislación que estamos haciendo.
Este es un buen ejemplo de lo que significa el proyecto que nos ocupa. Y espero que cada uno de nosotros sea evaluado por sus electores al momento de tomar esta decisión, pues se está cometiendo un atentado contra el derecho de las personas a reclamar.
Aquí -insisto- hay una asimetría de poder, casi siempre, entre quienes solicitan las concesiones y los afectados. Estos últimos pertenecen normalmente a pequeñas comunidades campesinas, a comunidades indígenas.
Cuando los sectores perjudicados son poderosos, tienen abogados y se defienden; no necesitan de las ONG ni de las redes de solidaridad, pues disponen de recursos propios.
¡Acá se está afectando a los más débiles!
¡La ley en proyecto favorece a los poderosos!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, se nos ha dicho que esta iniciativa tiene por finalidad posibilitar el desarrollo del sector eléctrico, ya que para aprobar los diversos proyectos presentados sobre la materia existen problemas a causa de reclamaciones, de dificultades para ocupar los terrenos. Y se ha aplicado el criterio de, prácticamente en cada norma, facilitarles todo lo que requieren a aquellos que van a realizar esa actividad.
Pero es de tal magnitud la facilitación que resulta inentendible que no reparemos en la necesidad de establecer cierta simetría entre la realización de una actividad económica de esta dimensión y las personas que se verán afectadas. Y, respecto de estas, uno podría pensar que son grandes propietarios; pero no es así: muchas veces se trata de pequeños propietarios, o incluso, del Estado, o de comunidades indígenas, en fin.
Por ejemplo, la limitación de las reclamaciones a lo que señala "el artículo anterior" impide que las formulen los afectados tangencialmente.
Lo dije en la Comisión y lo repito en la Sala: si se quisiera evitar la existencia de litigios carentes de razón, podrían establecerse otros criterios. Pero no hay motivo para conculcar el derecho de un pequeño propietario a reclamar más allá de lo que preceptúa "el artículo anterior", pues existe la posibilidad real de que el trazado propuesto afecte su vida, su propiedad, sus bienes.
Entonces, esta iniciativa cumple todos los objetivos que llevan finalmente a no respetar los derechos de aquellos a quienes deberíamos defender: los más pequeños. Porque los grandes se protegen solos, tienen capacidades propias para hacerlo.
En cuanto a las notificaciones relativas al proceso inicial, se dice que se fijará un área -ello no se le comunicará a Bienes Nacionales, por no haberse determinado todavía el trazado-, la cual quedará supeditada a lo que indiquen los estudios.
Ahora, en esa área hay otros propietarios pequeños. Pero, con las condiciones técnicas disponibles hoy, no cuesta nada conocer su identidad; basta mirar Google Earth para darse cuenta de quiénes están en la zona. Entonces, será factible comunicarles a ellos y a aquellos que puedan verse afectados que hay una prepetición -no es la petición final-, al objeto de que puedan hacer los análisis que les permitan defenderse.
Sin embargo, los plazos para formular las reclamaciones son muy pequeños, señor Presidente; no se trata de un período extenso. Y se deben tener condiciones económicas y capacidad para enfrentar a las empresas.
A mi juicio, la ley en proyecto será una de las peores en cuanto a protección de los ciudadanos y a posibilidad de evitar la comisión de abusos.
Estamos, pues, legislando para que finalmente se registre lo que muchos chilenos alegan: insuficiencia de derechos para defenderse cuando son sobrepasados por los grandes consorcios.
Se dice que la iniciativa es para los pequeños propietarios. ¡Ese es un cuento! Son los grandes quienes en definitiva lograrán pasar por encima de los pequeños.
Por lo expuesto, votaré a favor de la indicación que plantea eliminar el ordinal iii.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, insisto en el planteamiento que hice con anterioridad.
Algunos señores Senadores plantean aquí que, de no aprobarse esta indicación, los propietarios quedarán indefensos.
¡Eso no tiene nada que ver con la realidad!
Nos encontramos frente a un procedimiento que establece una fórmula para determinar por dónde pasará la línea de transmisión.
Es cierto que se han limitado las causales de reclamación, pero no las posibilidades de reclamar ante un trazado.
¿Quiénes pueden hacerlo? Los propietarios afectados y aquellos que se sientan perjudicados. Pero no por cualquier causal. ¿Por qué? Porque no se afectan el derecho de propiedad ni la factibilidad de reclamar cuando sigue vigente el recurso de protección.
Un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra señaló que la sugerencia de la Comisión termina con la posibilidad de que los pequeños propietarios reclamen. No es así. Ese mismo colega, en su discurso, reconoce que hay enormes proyectos de empresas internacionales multimillonarias que están parados porque pequeñas comunidades han apelado, no al procedimiento ante la Superintendencia, sino al recurso de protección. ¿Y qué mecanismo han utilizado los propietarios? La denuncia de obra nueva.
Señor Presidente, nadie ha mencionado acá el peor de los problemas que tenemos cuando se construye este tipo de obras: las eventuales demoras, que no afectan a las empresas, sino a los consumidores, sobre quienes aquellas hacen recaer el encarecimiento del proyecto, los mayores costos.
¡Esa es la realidad!
Ahora, digamos las cosas como son: nadie pretende afectar a los pequeños propietarios; y menos yo, porque he sufrido en carne propia el problema. Y lo manifiesto derechamente: en la práctica, un tercio de los proyectos en mi Región se encuentran paralizados, no por la causa indicada, sino por los recursos de protección, que siguen vigentes para todos los propietarios y para todo aquel que sienta amagadas sus garantías constitucionales.
Lo señalo enfáticamente: aquí no se está afectando la posibilidad de que aquellos propietarios reclamen. En el hecho, estamos proponiendo aprobar en esta iniciativa un procedimiento que evite la multiplicidad de rifleros y piratas que, no siendo propietarios ni teniendo nada que ver con el proyecto pertinente, contratan abogados -todos sabemos quiénes son- con el objeto de suspender obras de miles de millones de dólares. ¿Para qué? ¿Para cuidar el medio ambiente? ¿Para proteger a las comunidades indígenas? No, señor Presidente: ¡para protegerse ellos!
Eso es lo que estamos procurando: evitar que un puñado de personas que conocen todas las martingalas termine paralizando proyectos que implican mucho dinero y afectando a los consumidores. Porque, en la práctica, no persiguen defender los intereses que aquí se han señalado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, el objetivo de esta indicación es que, respecto a las concesiones provisional y definitiva, toda persona, por cualquier razón, pueda oponerse administrativamente ante la Superintendencia.
¿Cuál es el problema? Que, a la fecha, eso ha generado especulación, y junto con ello, demora en la aprobación de las concesiones y, por ende, retraso en la aprobación de proyectos eléctricos.
Lo que hace esta iniciativa, modificatoria de una ley vigente en nuestro país, es clarificar quiénes son titulares de derechos: no solo los propietarios -reviste gran importancia aclararlo-, sino cualquier interesado (y hay que ser tremendamente riguroso sobre el particular; porque estamos en el Senado de la República -somos legisladores- y nos está viendo la ciudadanía-, quienes pueden concurrir "por sí o debidamente representados"; es decir, cualquier organización, cualquier abogado, cualquier persona que quiera representarlos puede hacerlo.
Aquí no se veta a nadie. Con el proyecto de ley se está introduciendo expresamente esta parte de la normativa.
Cuando uno observa la realidad de nuestra matriz energética, se da cuenta -en el debate de los últimos días lo escuchamos en el caso de todos los candidatos presidenciales- de que la energía con que contamos es mala, cara y, además, insegura, sucia.
¿Cuál es el problema? Si no avanzamos en el ordenamiento que nos ocupa -y el artículo de que se trata es importante-, a lo único que estaremos tendiendo es a concentrar y perpetuar la actividad en dos grandes empresas. ¡Y no estoy por ello! He sido clara en cuanto al punto.
Permítame extenderme en este minuto, señor Presidente, respecto de lo que aquí estamos haciendo. Los que han emprendido una campaña para que no avancemos en la legislación en debate están haciendo posible justamente que megaproyectos como el de HidroAysén sean estimados una salvación en el ámbito energético. Y la Senadora que habla no está por abrirle espacio a ese tipo de iniciativas.
Creo que tenemos que permitir la diversificación de nuestra matriz energética. ¿Cómo? Reglamentando, regulando, aclarando, dictando normas. Eso es lo que lleva a cabo, en particular, la disposición en examen. Por dicha razón es tan relevante.
Y tenemos que ser cuidadosos en lo que transmitimos a la opinión pública.
Se determina quiénes pueden proceder -no cualquiera-, pero no se limita el derecho, y se facilita la actuación por sí o debidamente representado y se establecen las causales. ¿Por qué? Porque necesitamos que exista claridad, certeza. Ello incide significativamente en el desarrollo de Chile.
La situación que vive el país es grave. No podemos seguir esperando. Se proyectan enormes diferencias de costos entre diferentes partes del territorio nacional, las más afectadas de las cuales serán el Norte Chico y toda la zona central.
El escenario se mantendría en los próximos tres y cuatro años, producto de las limitaciones en el sistema de transmisión. En efecto, si consideramos los problemas de transporte de energía que actualmente enfrenta y enfrentará el sistema interconectado central, es posible observar que menores costos en algunas zonas denominadas "polos de generación" no pueden ser traspasados a otras, lo que genera pequeños subsistemas y redunda en pérdidas sociales. La Región que represento se ve afectada por la situación descrita.
Por eso, señor Presidente, creemos que no es recomendable aprobar la indicación y que es necesario avanzar en la normativa en particular.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, este es un articulado plagado de desconfianza. Es algo que no hace más que poner en evidencia, a mi juicio -disculpe si ofendo con lo que voy a decir-, lo deficiente que ha sido el Ejecutivo en el debate del proyecto de ley al no ser capaz de crear la sensación contraria.
Y la desconfianza existe por una razón: en nuestro país hay mucho abuso de parte de quienes son más grandes, más fuertes; de quienes imponen criterios a los demás.
Somos una sociedad que está cambiando. Por eso han salido miles y miles de jóvenes a las calles. Imagino que el señor Ministro es consciente de ello.
Resulta muy fácil despachar hoy una ley, y podemos cambiarla el próximo año. Si esto último ocurre, recordaremos que el motivo radica en que el titular de la Cartera hizo mal su trabajo en el año en curso, porque fue incapaz de generar acuerdos más estables.
Y deseo exponer con mucha franqueza el planteamiento no por manifestar una objeción a que se proceda más rápido, es decir, a que se acorten los plazos. No es eso. Sucede que, como nuestra geografía es muy distinta, el debate tiene una lógica para un nortino metido en el desierto y otra para quienes representamos el Valle Central, porque el valor de la tierra y los impactos son diferentes.
En relación con el asunto específico en análisis, señor Presidente, solo deseo traer a colación lo que pasó acá, en la Región de Valparaíso -se encuentran con nosotros Senadores que la representan, pero es algo que también podría haber ocurrido en la Sexta, la Séptima-, donde se frenó la inversión de un empresario en el rubro porcino por el impacto que se iba a registrar en otra industria: la vitivinícola, sumamente importante, generadora de empleo y que es alternativa.
La Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra puede expresar, conforme a su lógica, que rechaza la indicación por querer que solo a los interesados les sea posible referirse a la cuestión puntual del artículo anterior. Este último tiene que ver con formalidades de la presentación, no con los impactos que puede provocar el seguir transformando nuestro país en una guitarra, con cableados por todos los valles, al no ser el Estado capaz de generar una imposición de zonificar por dónde hacer los trazados sin dañar el patrimonio limitado con que contamos, en particular en los valles productivos.
En el cardinal iii) se apunta a cambiar el concepto de "reclamos en aquello que los afecte", es decir, los de personas que pueden sufrir las consecuencias de un trazado, sobre la base de la belleza patrimonial, o de un tipo de industrias que enfrenten la posibilidad de entrar en conflicto con los intereses de la que opera en el rubro de la electricidad. Ello, por poner solo dos ejemplos.
Se contempla una restricción en las reclamaciones, en cambio, al hacerse referencia a "sus observaciones a la solicitud de concesiones, las que deberán fundarse en el incumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo anterior". Ello solo tiene que ver con el proceso formal de las peticiones.
¿En qué minuto cabe defenderse cuando hay intereses confrontados de industrias o diferentes intereses patrimoniales? Porque los trazados irán, muchas veces, por donde resulte más barato, no por donde le conviene a Chile. En eso media una responsabilidad. Y lo planteo mirando al señor Ministro de Energía, cuya intención puede ser buena. Pero se le puede hacer un daño al país si se evita que algunos puedan plantear intereses legítimos.
Y no me refiero a esos grupos de abogados que hacen negocio al plantear una oposición, que es lo que imagino que preocupa al titular de la Cartera, en lo cual lo apoyo. A mi juicio, es preciso evitar que se armen intereses corporativos de otra índole. Pero la solución que nos propone es pésima. La lucha contra grupos que solo cobran¿
Necesito un minuto para terminar, señor Presidente.
Y lo digo sinceramente: el problema es que se le quitan los instrumentos a una comunidad que podría ser patrimonio de la humanidad, como Coya. Si le trazan un cableado por el medio, a la gente no le será posible reclamar por nada que no sea formal.
Una instalación podría pasar también por el medio de una viña con un impacto en el turismo interno. Más allá del interés en fuentes de empleo importantes para regiones, podría tratarse de una inversión sumamente relevante en la generación de polos de desarrollo turístico.
No es posible reclamar, sin embargo, porque, ¡para defender a unos pirañas!, se les quita a algunos un instrumento que sirve para causas nobles. Me parece que se equivocan con el texto.
Voy a votar a favor de la indicación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, un señor Senador que hoy día cumple años expuso en algún momento que muchas de las intervenciones en el Hemiciclo desprestigian al Congreso. Por mi parte, sostengo que lo que desprestigia al Congreso es que sus integrantes no representen adecuadamente los intereses para cuya defensa fueron elegidos; es que se queden callados o aprueben normas que en definitiva son abusivas de las personas.
Ya hemos conocido en el último tiempo el desequilibrio enorme que afecta a consumidores y usuarios de los sistemas financieros, del retail y de servicios básicos. La ciudadanía percibe a menudo, en consecuencia -y a eso obedece parte del descontento-, que rigen normativas legales absolutamente a favor de quienes prestan servicios, de los grandes y de los que sacan provecho de sus capacidades, negocios, inversiones. No existe un equilibrio adecuado, razonable, para que los usuarios ejerzan efectivamente sus derechos.
Estos últimos, en el caso que nos ocupa, de acuerdo con las disposiciones que se están aprobando -el Senador que habla las ha rechazado, junto con otros colegas-, son solo para aquellos en cuyo favor legisla el Estado.
¿Son necesarias las inversiones? Sí. ¿Es preciso legislar para mejorar las condiciones en que se pueden llevar a cabo? Sí. Pero eso no puede ser a costa de los derechos de las personas ni de la gente más humilde.
Recién se dijo que si un propietario pequeño, cuyo derecho estaría resguardado, ve que una norma lo afecta, tendrá que reclamar en los tribunales, ya que el rechazo de la indicación le impedirá hacerlo en la Superintendencia o en otra instancia. Así se argumentó: existe el recurso de protección.
O sea, ¿los ciudadanos han de judicializar siempre sus derechos? ¿Van a disponer constantemente de defensa jurídica? ¿A qué costo? ¿Cómo lograrán equilibrar el enorme poder de grandes empresas que cuentan con estudios de abogados especializados para enfrentar a una oficina modesta que tal vez cobrará poco?
¿Y qué se pretende con la indicación? No es cuestión de que los afectados no reclamen. Ellos solo podrán hacerlo, según el argumento, cuando el concesionario no cumpla con alguna norma de publicación u otra que establece de manera bastante feble el proyecto de ley.
Entonces, un pequeño propietario dueño de un cuarto de hectárea -en mi zona hay muchos-, si resulta afectado, deberá acudir a un tribunal.
El señor ORPIS.- ¡No!
El señor TUMA.- Así lo confirmó nuestro Honorable colega Prokurica al manifestar: "No es necesaria alguna instancia de reclamación, ya que para eso está el recurso de protección".
Es decir, ¿vamos a judicializar todos los derechos de los usuarios, de los consumidores, para los efectos de que puedan defenderlos?
El señor ORPIS.- También está la Superintendencia.
El señor TUMA.- A ese organismo solo se puede recurrir si existe un incumplimiento, no una afectación. En este último caso sería preciso interponer un recurso de protección en los tribunales de justicia.
En definitiva, señor Presidente, creo que estamos reconfirmando una legislación de injusticia, una sociedad de injusticia, un modelo de injusticia que va en contra de usuarios, consumidores y los más pequeños. El proyecto, como alguien dijo, será calificado en esa forma. Dado que no estoy dispuesto a aprobar situaciones de esa índole, voy a votar a favor de la indicación, pues mejora en parte los derechos de los más débiles.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, precisamente porque hay que proteger a los pobres, a los débiles, me pronunciaré en contra de la indicación y de tantas otras.
Continuaré mi intervención de la vez anterior. Los días 18 y 19 de junio manifesté que actualmente el costo de la energía para los chilenos era de 230 dólares el mega. La última semana subió a 245, y en el caso de algunos precios spot, se vendió hasta en 290.
¿Quién paga eso? Los pobres. Los pequeños. No lo hacen los grandes.
Hace poco -otro punto-, el señor Alejandro Jadresic, exdirector de la Comisión Nacional de Energía y Ministro de Energía, dijo que el país iba a sobrepagar este año, por concepto de energía, del orden de mil millones de dólares, lo que en cinco años subiría a 2 mil 500 millones.
Respecto a la geotermia, a la que tanto hemos hecho referencia en el último tiempo, les recomiendo a todos leer la publicación Pulso, del día de hoy. En la página 16, titula: "Tras dos años, Gobierno aún no logra licitar estudio para la geotermia en Chile a 2050". Puntualiza, en cuanto a la materialización de las inversiones, que "todavía no se desarrolla el primer proyecto".
¡Llevamos 50 años hablando de geotermia y no tenemos ninguna iniciativa en operación!
Las próximas licitaciones del sistema interconectado central ya establecen que los precios por pagar subirán del orden del 60 por ciento para los consumidores.
Desde el año 2000 en adelante se han desarrollado en Chile más de 40 plantas térmicas. Hoy somos los más grandes emisores de CO2 en América Latina, con todo lo que ello significa. No he escuchado defender otras alternativas a ninguna organización no gubernamental, ni a los abogados que se han mencionado, ni a nadie. Parece que el grupo de presión de las termoeléctricas es realmente superior, porque ha permitido que a partir de dicho año se hayan aprobado más de 40 instalaciones (entiendo que son 45), mientras que todos los demás proyectos se hallan paralizados.
¿Y quiénes pagan la cuenta? Los pobres, los comerciantes, las pequeñas, medianas y grandes empresas.
La iniciativa en debate ingresó hace más de un año a la Cámara de Diputados y lleva cuatro meses en el Senado. Todo lo que hemos discutido hoy día es sobre las concesiones y lo único que nadie ha querido expresar es que revisten el carácter de provisionales. No son definitivas.
Por último, les recomiendo a todos mis colegas leer la edición latinoamericana del diario "El País" de hace pocos días, la cual contiene un apartado acerca de las inversiones en Perú. De 24 páginas, cinco o seis están dedicadas a dicho rubro y a la energía, cuyo costo oscila entre 50 a 100 dólares, o sea, un tercio del nuestro. Cuando estamos tan preocupados de las inversiones y la desaceleración de la economía que informó ayer el Banco Central, el país vecino registra ¡65 mil millones de dólares destinados a la minería!
Esos recursos no se fueron por los discursos de tal o cual candidato en las primarias. Se fueron porque no es posible pagar la energía al costo a que llega en nuestro país. Y la situación no tiene visos de arreglo, porque, aunque aprobáramos el proyecto mañana, no tendría lugar efecto alguno en al menos los próximos cuatro a seis años. Y, mientras tanto, ¿adónde se van a ir todas las inversiones mineras? A Perú. En realidad, ¡ya se están yendo! Porque se sabe que el precio de la energía no va a poder bajar en Chile en los próximos seis años y los índices de hidrología dicen que los próximos cuatro van a ser similares a los actuales.
Esta es la situación. No nos sigamos engañando. Aquí tienen que pagar la cuenta los pobres y las pequeñas y medianas empresas. Y no pueden hacerlo. Al final, tenemos una de las energías más caras en el mundo, como lo señalé el otro día, y los precios continúan subiendo.
En consecuencia, creo que es preciso apoyar tanto el proyecto como otras iniciativas.
Y es preciso entender la realidad internacional en la materia. Por eso, recomiendo leer el suplemento de "El País" de la semana pasada, donde se pueden ver todas las cifras energéticas y de inversión en todos los sectores económicos que se están yendo de Chile, porque no pueden pagar el costo a que he hecho referencia.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación renovada N° 23 (20 votos contra 11).
Votaron por la negativa las señoras Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa la señora Pérez (doña Lily) y los señores Cantero, Girardi, Gómez, Horvath, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana, Rossi y Tuma.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, a continuación, la Comisión sugiere reemplazar el ordinal iv aprobado en general por el Senado, que aparece en la segunda columna, por el que figura en la tercera y cuarta columnas.
El texto sustitutivo es el siguiente:
"Reemplázase la oración `La Superintendencia pondrá al solicitante en conocimiento de los reclamos para que los conteste en un plazo máximo de treinta días.' por `La Superintendencia pondrá al solicitante en conocimiento de las observaciones para que las conteste en un plazo máximo de treinta días, debiendo desechar de plano aquellas alegaciones distintas de éstas'.".
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, esta norma es plenamente congruente con lo que acabamos de aprobar. Lo que ella establece es fundamental, y ya lo hemos acogido en forma previa. Se trata de indicar de manera taxativa las causales por las cuales se pueden formular observaciones. Y lo que hace este precepto es señalar que la Superintendencia tiene que rechazar de plano todas aquellas que no digan relación con lo taxativamente aprobado.
Es uno de los avances más significativos del proyecto y se encuentra absolutamente dentro de la línea que este persigue, tanto para las concesiones provisorias como para las definitivas. Es decir, se crea una facultad, que la Superintendencia no tenía hasta ahora, para desechar de plano todo lo que no se relacione con las causales enumeradas taxativamente.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, justamente la idea es que se considere a los afectados. Y estos se encuentran claramente definidos por ley. No se trata de cualquier persona que estime que ha sido afectada, sino de quien realmente lo esté.
Si les parece, voy a mostrar una imagen.
Me voy a saltar el tipo de energía mencionado en la intervención del Senador Frei, porque en realidad la geotermia tiene potencial en Chile, pero sabemos que su desarrollo cuesta. No es fácil.
El señor FREI (don Eduardo).- ¡De adónde va a salir si no es por ley!
El señor HORVATH.- En segundo lugar, quiero señalar que las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas -entre la cota mil y la cota quinientos; es decir, sin inundar ningún valle- producen 33 mil megawatts. Y, claro, requieren líneas, pero pequeñas, no grandes. Además, deben confluir en una sola, para no afectar el sector.
Luego figura algo que alteró mucho al Senador Frei la vez pasada: el potencial mareomotriz. Sin embargo, los 50 megawatts que aparecen en la tabla son un dato; está estudiado. Se habla de "potencial", pues corresponden a unidades demostrativas. Y un país como el nuestro, con un borde costero de 80 mil kilómetros, al menos debe dar un paso para construir una central piloto en este ámbito.
Fíjense en la energía termosolar, que permite -lo comprobamos con el Presidente en ejercicio en España- tener turbinas funcionando las 24 horas del día, porque se calientan las sales y estas liberan calor en la noche. Para la zona austral se plantea un potencial de 100 megawatts, pero en el desierto más árido del mundo no hay 100 mil, sino un millón de megawatts. Y nosotros estamos proyectando solamente un décimo de esa cantidad.
Para la energía eólica se prevén 5 mil megawatts.
En la imagen siguiente aparecen los costos.
Esto es un aspecto importante, pues uno tiene que hacer la combinación entre el costo de inversión, el costo de operación, el factor de planta. Siempre se dice: "Bueno, ¿y qué pasa cuando no hay viento?". Por eso se castiga con un 0,3 o un 0,4, cuando corresponde.
Todo lo que figura a la izquierda de las ordenadas estaba, en su minuto, bajo los precios del Sistema Interconectado Central. Hoy en día compite.
Pero vamos al tema de los afectados. Y me voy a saltar el acuerdo que firmamos con el señor Ministro.
¡Si esto no es afectar a alguien¿!
Obviamente, se trata de un montaje en un sector del lago General Carrera, donde existe un potencial turístico enorme. A la Patagonia argentina llegan un millón de turistas al año. Y nosotros tenemos ese mismo potencial. Estamos creciendo en ese sentido. Todos los predios ubicados ahí se han valorado, y mucho. Se han instalado numerosos lodges; se ha desarrollado la hotelería, el sector inmobiliario. Y aunque la franja no pase por estos terrenos, sus dueños serán sus vecinos, ¡cómo no van a ser afectados!
Este punto es vital.
Nosotros propiciamos que el paisaje se preserve y se busquen alternativas de trazado cuando existan. Pero cuando se pretende tender una línea de 2 mil 300 kilómetros de longitud, con un costo del orden de los 6 mil millones de dólares, a cuenta de todos los chilenos, hay que poner en juego el resto de las energías.
Concluyo señalando que lo que nosotros estamos votando en este minuto es que no se desechen de plano alegaciones que, aunque distintas, provengan de personas efectivamente afectadas.
Lo que hace esta modificación es restringir al máximo la posibilidad de observar, reclamar y oponerse, acciones que, desde luego, se hallan garantizadas por nuestra Carta Fundamental, por lo cual, de prosperar la sustitución que se propone, hago expresa reserva de constitucionalidad.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- A pesar de la petición del Honorable señor Girardi, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente.
Yo he sido acusado de bastantes cosas: de díscolo, de chavista, de terrorista¿
La señora RINCÓN.- ¡De penquista¿!
El señor NAVARRO.- Con orgullo, señora Senadora, también de penquista. No obstante, ser acusado de lobbysta de las termoeléctricas ya lo considero un poquito excesivo, señor Presidente.
Para mí, el precepto en debate es un juicio abreviado. ¡Juicio abreviado! Claramente, lo que se persigue es que las observaciones distintas, como ya están acotadas, ni siquiera se vean. La Superintendencia deberá desecharlas "de plano". Y reitero el argumento que di para la norma anterior: solo se analizarán requisitos administrativos.
Está claro el sentido de lo que se propone, señor Presidente.
Respecto a lo planteado, con justeza y legitimidad, por el Senador Frei, considero que debemos entrar en el debate de fondo, en el de la demanda energética de nuestro país, del costo que tiene, de las fuentes de energía a las cuales nos debemos abocar. Porque, según una información que aparece en Internet: "Si la generación de energía en Chile tiene rentabilidades que son de la minería, tendremos que entrar a ese negocio". Eso dijo hace unos meses Diego Hernández, Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals, aludiendo a los altos costos de la energía y a la falta de competencia.
O sea, las mineras van a entrar al negocio de la energía. Y Diego Hernández era hasta hace poco Presidente de CODELCO. Es otro caso de los "ministros yogur", que son desechables, están un tiempo y luego vuelven al sector privado, con todos los secretos del Estado.
Señor Presidente, ¡entremos al tema de fondo! ¿Cuál va a ser la matriz energética del país? ¿Cuánto le asignaremos a la hidroelectricidad, como planteó el Senador Horvath? ¿Cuánto vamos a obtener de los pequeños caudales, que poseen un potencial de megawatts ilimitado?
No podemos dejar que esto lo definan las grandes empresas. Porque aquí el punto no es que no haya interés por invertir en pequeños o medianos proyectos de generación eléctrica; lo que sucede es que, al igual que las tres farmacias, que los tres supermercados, que las tres AFP, que los tres bancos (todo lo cual concentra más del 80 por ciento de la actividad en Chile), aquí también hay tres grandes generadoras, y las barreras de entrada para los pequeños siguen siendo elevadas. El negocio de la energía es un buen negocio, pero los grandes lo quieren para ellos.
En consecuencia, el asunto es cómo generar condiciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan constituirse en generadoras alternativas de las grandes.
Acá a veces se ha ridiculizado la alternativa de usar energías renovables no convencionales. Se ha señalado que es imposible instalarlas, por su alto costo. Sin embargo, Alemania ha dispuesto que para el año 2050 ellas constituyan el 50 por ciento de su matriz, triplicando la energía que hoy produce Chile (actualmente están por encima de los 20 mil megawatts de consumo). Entonces, tendríamos que decir que los países más desarrollados están completamente equivocados.
Por cierto que hay dificultades para la implementación de las energías renovables no convencionales. Pero la tarea de este Senado no es seguir impulsando buenos negocios para las grandes generadoras. Nuestra responsabilidad es fomentar alternativas para que efectivamente exista diversidad y más generación eléctrica.
Y yo, señor Presidente, estoy por evaluar todas las acciones para conseguirlo.
Si es necesario, habrá que discutir con Bolivia con respecto a su gas. Porque lo absurdo, lo irracional, lo inaceptable es que se vaya a comprar gas natural a Indonesia, para traerlo y procesarlo.
Soy de los que han dicho claramente: tenemos que buscar una salida al problema con Bolivia. ¡Porque tenemos un problema! Y he sostenido de manera reiterada: salida al mar sin soberanía, pues entregar esta hoy día no es posible. Pero la factibilidad de explorar el uso del gas de ese país -esto se lo hemos planteado formalmente al Presidente de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores- es algo que no hay que desechar.
El norte de Chile es el mayor consumidor de energía eléctrica. Ahí se encuentran las empresas mineras. Y estas tienen el deber de autoresolver el problema. Por eso me alegra cuando aquellas emprenden iniciativas en tal sentido. Su demanda de energía eléctrica le está significando al país pagar un precio mayor, debido a que el gran consumo de las mineras hace subir el valor de la electricidad a todos los chilenos, a los pequeños empresarios y a los más humildes.
Estoy por explorar todas las alternativas. Estoy por que lo discutamos abiertamente, y espero que en el próximo Gobierno ese sea el debate. Que no nos quedemos con las tres grandes generadoras que no piensan en la patria, en el país, o en el bienestar de los ciudadanos, sino en cuántas utilidades obtienen. De acuerdo con esto les pagan bonos a los gerentes generales, y a los que no cumplen la meta los echan.
Por lo tanto, señor Presidente, voy a votar en contra del literal iv propuesto, pues creo que no cumple ningún requisito de transparencia.
El señor GIRARDI.- Abra la votación, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en abrir la votación?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, he sido aludido por los Honorables colegas Horvath y Navarro, por lo que tengo derecho a hacer algunas reflexiones.
Estoy dispuesto a discutir sobre la matriz energética. Pero no todos lo quieren hacer. Por eso en los últimos diez años solo se han levantado termoeléctricas. ¿Cuánto CO2 estamos emitiendo? Somos lejos el primer país latinoamericano en materia de emisión, con 400 partes por millón.
¿Qué hicimos en nuestra Administración? Con la oposición de todos, construimos centrales hidráulicas. Y ahí están operando, si no, no tendríamos energía hoy día.
Construimos generadoras de ciclo combinado; trajimos gas natural desde Argentina; instalamos centrales térmicas en el SING; iniciamos las operaciones del puerto de Mejillones, que actualmente abastece a gran parte de la minería del norte.
Mi distinguido colega Navarro cita a Alemania. Acabo de estar en ese país y conversé con el Ministro del ramo. Ocurre que en Alemania la energía hidráulica es considerada renovable. Por ende, de ese 50 por ciento que menciona, las que nosotros entendemos por renovables -las energías eólica, solar, etcétera- corresponden solo al 12 por ciento. El resto es energía hidráulica. O sea, esa nación y Europa, en general, la consideran renovable.
El Senador Navarro pregunta por qué no tenemos miles de pequeñas plantas generadoras. Es lógico. Pero resulta que con las leyes que nos rigen -lo digo con conocimiento-, las plantas de 8 y 10 megawatts que se han instalado en la zona sur, en Valdivia y en Osorno, no se pueden conectar, porque existe una barrera de entrada. ¡Y eso hay que terminarlo!
Por consiguiente, en el debate hay que hablar también de la carretera eléctrica. No me cabe la menor duda de que debemos tratar ese tema.
Asimismo, el señor Senador se refirió al gas de Bolivia.
Trajimos el gas natural de Argentina por casi ocho años. Ello significó para Chile un ahorro de 3 mil a 4 mil millones de dólares. Lo cortaron por otras razones. Pero uno tiene que trabajar con la realidad, y si ellos dejan de enviar gas, ¿qué podemos hacer si hay un contrato firmado?
Por eso le decía al Senador Horvath que hay que trabajar con la realidad.
Llevo 50 años hablando de energía geotérmica. En un diario de hoy se informa que en Chile no hay ni una sola planta; ¡ni una! ¿Por qué será? Porque cuando hay que perforar un volcán, se produce un escándalo. Y lo mismo ocurre con la energía mareomotriz: no hay ninguna generadora de ese tipo en el mundo.
Entonces, hablemos de realidades.
Lo que queremos no es para 30 o 50 años más, cuando, seguramente, habrá energía mareomotriz y de todo tipo, hasta marciana. ¡Pero hoy día no existen! ¡Y tampoco las habrá en los próximos diez años! Y de aquí al 2020 los chilenos seguiremos pagando sobre 200 dólares por megawatts, lo cual destruirá la industria, las pequeñas empresas y a todos los chilenos, especialmente a los más necesitados. Porque cuando a nosotros nos llega una cuenta de luz por 40, 50 o 60 mil pesos no tenemos problema en pagarla. Pero ¿qué hace con esa cuenta el pequeño empresario? ¡Está liquidado! Las pequeñas empresas están liquidadas con esos precios.
Por su parte, las grandes empresas y los inversionistas se están yendo de Chile. Les recomiendo que lean un folleto sobre Perú, publicado esta semana en el diario "El País". ¿Qué hace esta nación en materia energética? Actúa de modo muy distinto a como lo realizamos nosotros en este y en muchos otros temas. Ellos dicen que al año 2020 quieren superarnos como país, producto de las políticas que llevan a cabo.
¿Y nosotros qué queremos hacer?
Repito que hablemos de la verdad tal como es. No nos autoengañemos.
El régimen de lluvia, como señalan todos los especialistas, a lo menos se va a mantener durante los próximos 3 o 4 años.
Por lo tanto, todos sabemos que la inversión eléctrica más rápida -la de ciclo combinado- demora como mínimo tres años en entrar en funcionamiento, desde que se toma la decisión de ejecutarla hasta que comienza a operar. Y para qué hablar del resto de las generadoras, que toma 4, 5, 6 o 7 años.
En consecuencia, debido a la situación de escasez y de alto costo de la energía, estamos condenados por los próximos cuatro años. Porque no hay manera de avanzar, salvo que sigamos quemando -como dije el otro día- no 3 mil millones de dólares en petróleo, sino 5 mil a 6 mil millones. Y el costo será de 300 a 400 dólares el megawatts.
Si vamos a debatir sobre la materia, hagámoslo en serio. Llevamos tres horas discutiendo sobre una cosa que es provisional; no se trata de la adjudicación definitiva.
Y aquí hay máquinas y organizaciones -no voy a dar nombres; todos sabemos a qué se dedican- que hacen negocios con esto. ¡Que realizan grandes negocios paralizando todo!
Más de 45 plantas termoeléctricas se han construido en los últimos diez años -y sabemos de qué Gobierno estamos hablando-, ¡45 plantas termoeléctricas!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Dispone de un minuto adicional, señor Senador.
El señor FREI (don Eduardo).- Gracias, señor Presidente.
Y las demás, ¿nunca se construyen? ¿Por qué? ¿No hay intereses cruzados? Claro que los hay, y grandes. Por algo será. Esa es la realidad.
Estamos dispuestos a conversar y a discutir todos los temas. Pero con la verdad. No nos sigamos pasando películas sobre asuntos que no podremos cumplir ni siquiera en los próximos 10 o 20 años.
A lo mejor, como dice el Senador Horvath, en 30 o 40 años tendremos energía geotérmica. No voy a estar vivo para verlo; pero ojalá sea así. Sin embargo, aquí estamos legislando para los próximos 5 a 10 años, cuando existirá la crisis eléctrica.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, es importante ir al debate de fondo, tal como lo han planteado los Senadores Navarro y Frei.
Comparto el diagnóstico efectuado por el Senador Frei, porque, evidentemente, tenemos un problema. Uno debiera preguntarse por qué hemos llegado hasta este punto. A mi juicio, la gran responsable es una causa que sigue totalmente activa. Y mientras no la resolvamos, difícilmente vamos a poder avanzar.
Lo que aquí hacemos es poner un parche. Es decir, estamos profundizando un modelo totalmente ineficiente e ineficaz. Y lo digo de esta manera: mientras no tengamos una política nacional energética; mientras el país no diseñe una estrategia energética; mientras las decisiones de inversión y de políticas energéticas se definan en la oficina de una empresa en función de sus rentabilidades, vamos a seguir siendo rehenes de esos intereses, de esa rentabilidad de corto plazo, sin que se tome en cuenta el interés del país.
Entonces, hoy día, estamos discutiendo una iniciativa de ley sobre concesiones eléctricas, pero no en el marco de la concreción de una estrategia, de una política, ya que esta no existe. Por tanto, uno no sabe si se debate en función de los intereses de corto plazo de siempre, de HidroAysén o de quien sea, o si se responde al interés nacional. Y no lo podemos saber debido a que no están explicitadas la política y la estrategia.
Las políticas tienen contexto, ¿y cuál es el contexto de lo que estamos viviendo? Eso habla mucho más de nuestra precariedad y, en cierta manera, de nuestro anacronismo respecto a cómo pensar el futuro.
Estamos viviendo la crisis del petróleo, pues se está terminando. Se consumen 90 barriles al día. Por cada barril que se usa, se descubre un tercio. Es decir, diariamente se consumen tres barriles y se descubre uno. Y todos los estudios pronostican que en 20 años más se incrementará dicha crisis. La civilización del petróleo, la nuestra, estará en pleno apogeo y los precios del petróleo van a ir subiendo progresivamente.
Entonces, hoy todo país está tratando de salirse de la estrategia de energía relacionada con los hidrocarburos (carbón, gas, petróleo) y pasar a otras fuentes. Se ha discutido muchas veces, salvo en Chile.
Y lo paradójico en nuestro país es que, al quemar carbón -es lo que ocurre-, que es un commodity no muy caro, tenemos los precios más onerosos del mundo.
Si se usara puro petróleo, uno lo entendería. Pero explíquenme por qué, pese a quemar carbón, tenemos uno de los precios más altos del planeta. ¿A qué se debe? A que las utilidades que se obtienen en el ámbito nacional no se dan en otra nación -lo planteó el Senador Navarro-, porque aquí prevalece una política que ha permitido monopolios vergonzosos. Y, mientras se den tales monopolios, no vamos a poder cambiar esa situación.
Por lo tanto, ¿qué debe hacer Chile? Primero, definir una política energética. Y ella puede constituirse con elementos sencillos. Si tenemos consumidores intensivos, como los mineros, establezcamos, por ejemplo, que el 20 por ciento de sus requerimientos tiene que consistir en energía renovable no convencional; o que por cada dos megawatts convencionales que se generen, uno sea renovable; o uno y uno.
O sea, hay distintas opciones. Pero no hay intención real de avanzar en esta materia.
¡Eso es lo paradójico!
¡Ya quisieran Alemania, Francia y España tener el sol que tenemos!
¡Ya quisiera Italia o cualquier otra nación disponer la geotermia nuestra!
¡Ya quisiera alguno de esos países contar con los recursos eólicos o mareomotrices de nosotros!
Entonces, es una vergüenza lo que sucede en Chile. No hay ni siquiera un proyecto piloto mareomotriz serio ni una estructura real de política fotovoltaica o termosolar. ¿Saben por qué, Sus Señorías? Porque aquí han ganado el lobby y el monopolio y ha perdido la política nacional.
Por eso, mientras no se imponga una política nacional; mientras no elaboremos leyes en función de una orientación y una estrategia energéticas de país y no de los intereses económicos, estaremos subordinados a esta discusión un tanto mediocre y que tiene que ver con muchas suspicacias. Porque nadie sabe para dónde va.
Entonces, ¿qué necesita el país, aunque ya no se va a hacer en este Gobierno? Una gran estrategia nacional, construida como una política de Estado acordada por todos.
Chile es el país más rico del planeta en energías renovables no convencionales. En efecto, tiene el desierto más irradiado; la mayor base geotérmica de recursos del planeta; las mejores olas y corrientes marinas del mundo. ¿Y qué estamos haciendo? ¡Nada! Cada vez que se han hecho intentos, ellos fracasan, porque -¡claro!- finalmente se imponen los intereses de corto plazo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, en verdad, a veces indigna un poco escuchar ciertos argumentos y en particular el último.
Aquí se alcanzó un acuerdo político transversal acerca de dos proyectos de ley que están absolutamente ligados. Y la Cámara Baja acaba de despachar el relativo a energías renovables no convencionales.
¿Cómo que no se ha hecho nada?
Repito: se logró un acuerdo político transversal, en que el proyecto de concesiones eléctricas está absolutamente ligado a contar con el 20 por ciento de energías renovables al año 2025, cosa del todo inédita.
Me habría gustado que quienes reclaman ahora se hubiesen hecho parte del acuerdo. Porque se habla contra el sistema, contra los precios, en fin, como se mostraba en imágenes la semana anterior. No yendo tan lejos, en Charrúa (Concepción), hoy día el precio del megawatt/hora es de 50 o 60 dólares. Y en Santiago cuesta 120 o 130; en Copiapó y Atacama, 180¿
El señor PROKURICA.- No: 220.
El señor ORPIS.-¿ o 220.
¿Por qué se registran esas diferencias de precio? Porque no hay transmisión. ¿Y por qué no la hay? Porque en la Ley de Concesiones Eléctricas hay barreras de entrada para poder desarrollar esos proyectos y trasladar la energía de un lugar a otro del territorio.
¡Eso es lo que estamos resolviendo en esta iniciativa!
La legislación actual tiene barreras de entrada. ¿A quién le conviene más esto? ¡Cuando hay barreras de entrada no pueden entrar nuevos actores!
El texto que nos ocupa facilita el ingreso de nuevos actores; evita la judicialización y agiliza los procesos. Ello para que no se presenten estas crisis. Y así lo hemos hecho, responsablemente, en los dos proyectos a que aludí, los cuales -como señalé- se encuentran muy ligados, pensando en el futuro y el desarrollo que han tenido las energías renovables no convencionales.
El artículo en votación -al que menos nos hemos referido, pese a que estamos en la discusión particular- ¡evita la especulación!
Porque cuando las causales son enteramente abiertas, en las que no se define quiénes son los afectados, al final ¿quiénes salen ganando? ¡Los especuladores!
Por ende, si hay claridad en cuanto a que los interesados son los afectados y se establecen taxativamente las causales por las que se puede reclamar, parte de esa especulación se va a terminar. Y si, además, se agilizan los procedimientos mediante este conjunto de normas, es evidente que el cuello de botella que hay en materia energética se va a despejar de manera importante.
En consecuencia, urge avanzar. Todos señalan que tenemos una crisis energética y, por lo tanto, debe estarse a la altura para despejar estos temas. Y el gran mérito de todo lo que hemos discutido es que se basa en un acuerdo transversal entre el Gobierno y representantes de distintas sensibilidades políticas, que se logró sobre la base de que los proyectos energéticos deben tener una mirada de mediano y largo plazo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, lo primero que quiero precisar es que tanto quien habla como varios de los Senadores de estas bancadas no participamos en el acuerdo a que se ha hecho referencia. Así que cuando se hable de él, debe especificarse claramente quiénes lo firmaron.
Yo, por lo menos, no lo suscribí. Y no soy partidario de dicho acuerdo.
La señora RINCÓN.- ¡O sea, está en desacuerdo!
El señor GÓMEZ.- Y lo segundo, tiene que ver con lo siguiente.
Aquí algunos tratan de explicar quiénes defienden a los consumidores y otros, al mercado. Pero la realidad es que lo que estamos haciendo es, en definitiva, continuar con el sistema en que hemos vivido hasta el día de hoy y que es malo.
En efecto, la iniciativa implica seguir con un sistema en el que solo se considera la competencia de las empresas. ¡Pero en Chile el mercado está completamente concentrado¿! Y no me digan que esta futura ley abrirá el campo a la competencia. ¡No lo va a hacer! Va a permitir que las empresas grandes sigan haciendo sus negocios.
¡Las empresas chicas no van a poder participar en estos proyectos! Porque el acuerdo sobre las energías renovables no convencionales solo sería posible si hubiera conexión directa con el sistema, cosa que tampoco se encuentra establecida. Ello significa una inversión de 10 millones de dólares en cada uno de los conversores, lo que finalmente eleva el costo de las energías renovables no convencionales, porque no se pueden conectar en forma directa a la línea central.
Si se estuviera hablando en serio de los problemas de hoy, el Gobierno debería haber presentado con urgencia de cualquier tipo alguna iniciativa sobre conexión del SING con el SIC, de lo que hemos conversado muchas veces. Eso posibilitaría, sin duda, contar con energía rápida en lugares donde se supone que está subiendo el precio de ella.
En el norte, la energía está a 80 dólares el megawatt/hora. Y no entiendo por qué eso no es más importante que lo que analizamos ahora, porque eso sí haría posible una conexión inmediata y una rebaja de costos instantánea, al menos para un sector del país. Y eso no se realiza.
Entonces, ¡de qué estamos hablando! Porque lo que estamos haciendo, en último término, es permitir que los proyectos a que se refiere la normativa en debate se aprueben lo más rápidamente posible.
¡Ese no es un asunto que tenga que ver con el aumento de los costos en materia de energía! Dice relación con algo clarito: con que no hay competencia. Y no hay regulación del Estado. Jamás se ha planteado, por ejemplo, la posibilidad de que exista una Empresa Nacional de Energía, que es lo que debiera haber. Y probablemente avanzaríamos con la energía geotérmica y otras más. Pero ello no se aborda. Aquí solo vemos el mercado.
Se supone que si hay competencia bajarán los precios. ¡Pero no van a bajar! ¡Los precios, en definitiva, están concentrados!
Cuando se trata de repartir la energía, los que están en las empresas son los mismos ubicados en esa central de despacho. Cuando se trata de lograr la conexión entre los sistemas SING y SIC, quienes están en las empresas son los mismos que dicen que no.
Entonces, se mandó esta iniciativa de ley. ¡De qué competencia estamos hablando, si al final lo que en ella se consigna contribuye a la concentración del mercado!
Por eso, en mi opinión, el camino es otro y tiene que ver con que se implemente una política energética. Y aquí no está; no la tenemos; no existe.
Entonces, no digamos que esta normativa es la solución del problema.
Yendo al artículo sobre el que nos estamos pronunciando, me preocupa mucho que disponga que la Superintendencia tomará la resolución "debiendo desechar de plano aquellas alegaciones distintas de éstas.".
En Chile no hay organismo -¡ninguno!- que tenga una facultad como esta. Siempre aparece una forma de reclamo sobre lo que diga una institución como la Superintendencia. Sin embargo, aquí se desecha de plano.
Lo lógico sería incluir una fórmula de reposición u otra, porque si se comete una injusticia o se resuelve el problema en forma equivocada, debe haber una manera de reponer lo que injustamente decidió la Superintendencia. Pero aquí suponemos que esta es infalible. Y no lo es.
También hay error en la forma como se plantea esta materia. Si queremos proteger a los terceros, establezcamos procedimientos. No puede imponerse esta facultad omnímoda de la Superintendencia de "rechazar de plano las alegaciones distintas de estas".
Entonces, se supone que somos robots, mecánicos, que tomamos decisiones directamente en relación con lo que diga el papel. Pero puede haber diferencias en la presentación y en la opinión. Pero aquí no hay un procedimiento adicional para impugnar lo que resuelva la Superintendencia.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, cuando uno escucha las intervenciones de los colegas de repente entra en dudas respecto de lo que se quiere lograr.
La Comisión de Minería y Energía del Senado trabajó durante seis meses con el objeto de elaborar un diagnóstico y una propuesta integral en materia energética para el país, que entregamos al Presidente de la República. Fue el resultado de un consenso transversal de sus miembros.
En dicha proposición, hablábamos de la importancia de las energías renovables no convencionales, de hacer una planificación, en fin, de diversas consideraciones.
Cuando analizamos la situación actual de nuestro país -el Senador Frei entregó los datos; lo propio hizo el colega Orpis- vemos que tenemos (insisto en lo que dije) una energía cara, mala, sucia y, además, insegura. Y la pregunta es cómo enfrentamos eso.
¿Lo abordará el país metiendo competencia al sistema, o evitará la posibilidad de que se desarrollen otros proyectos, lo cual significa que sigan operando los mismos, con un mercado concentrado, con idénticas características a las actuales en materia energética?
¿Qué busca esta iniciativa en particular? Permitir que proyectos aprobados desde el punto de vista ambiental y de evaluación técnica, puedan ejecutarse.
Si no lo hacemos, continuaremos concentrando el mercado energético en los mismos actores de siempre, con todas las falencias existentes.
Entonces, uno se pregunta: ¿Para quién estamos trabajando?
Primero, estamos permitiendo que siga concentrado el mercado, y segundo -lo dije ya en mi intervención anterior y vuelvo a reiterar el punto- que debemos recurrir a proyectos de emergencia, como HidroAysén.
Yo no estoy dispuesta a aquello. Pero si nos seguimos demorando, esa será la situación a la que nos veremos enfrentados.
Señor Presidente, el país nos demanda destrabar la tramitación de los procesos administrativos en materia de concesiones. Creo que la responsabilidad al abordar esta discusión también obliga a ser precisos. No es efectivo que se deje en indefensión; que no existe posibilidad de reponer. Siempre la hay, y lo sabemos quienes hemos estado, además, en el aparato administrativo. Porque, obviamente, la autoridad no es infalible. Lo que la norma establece es que respecto de aquellos puntos no considerados la Superintendencia no puede pronunciarse.
Pero invariablemente está el órgano judicial.
Entonces, entendamos que aquí hay una materia que nos obliga desde la perspectiva de país. Si seguimos insistiendo en argumentos como los que hemos escuchado, mantendremos una situación de concentración, de inestabilidad y de alto costo para las personas más sencillas y de clase media del país. Al final del día, seremos responsables de que aquellos proyectos que muchos de nosotros no queremos, terminen imponiéndose por la emergencia.
Por todo lo expuesto apruebo la proposición de la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, a mi juicio, aquí ha habido algún grado de abuso con respecto al acuerdo político transversal.
Quiero recordar que el 30 de abril nosotros firmamos un acuerdo con el señor Ministro de Energía -incluso, lo puedo mostrar-, en el cual planteamos cuatro puntos.
El primero, en el que hemos avanzado, pero sin que todavía esté resuelto, es la concreción de un reglamento atractivo para la ley sobre cogeneración residencial o net metering.
El segundo dice relación con agilizar el proyecto de ley 20/20.
El tercero tiende a asegurar en las leyes eléctricas y en este proyecto una expedita conexión y transmisión de las energías renovables no convencionales al sistema.
Y el cuarto implica hacer un amplio análisis de las indicaciones formuladas a este proyecto con los equipos técnicos de los Senadores.
Sucede que en el intertanto los equipos técnicos de los Senadores señora Rincón y señor Orpis establecieron un propio acuerdo y llegaron a avanzar para, por así decirlo, destrabar este proyecto en algunos puntos que, a nuestro juicio, resultan imposibles de aceptar.
Primero, que el proyecto de ley 20/20 se haya transformado en 20/25.
En nuestra opinión, eso es impresentable, porque hoy en día los mismos que han intervenido ahora en la Sala reconocen que hay una enorme cantidad de proyectos disponibles para echarlos a andar. Y distintas organizaciones así lo han demostrado. Incluso privados han llamado a licitación con el fin de saber cuánta energía renovable no convencional está disponible para inyectar en el sistema del país. Por lo tanto, se trata de un objetivo que no solo se puede cumplir, sino también -como lo hemos demostrado- llevarse a cabo en forma económica.
Pero para eso debe romperse este círculo, en el que tenemos una alta concentración; se participa en el financiamiento del panel de expertos que verifica las tarifas; están en el centro despacho de carga, que regula quiénes entran y quiénes salen, y además, hay 10 por ciento de utilidad garantizada.
Por eso proyectos como el de HidroAysén se hacen -entre comillas- viables. Y cuando se tornan muy caros, pretenden dictar una ley especial para que el Estado se haga cargo de aquello.
Yendo al punto propiamente tal, el referido acuerdo tiene cuatro elementos bien sensibles.
Primero, consultar a las organizaciones o comunidades de pueblos originarios una vez que se aprueba la concesión y antes de iniciar la construcción de las obras. Pero, ¡para qué les consultan! Porque se trata de averiguar con anticipación, para que si ellas atraviesan su territorio pasen por otro lado o por el lugar que menos los afecta.
En seguida, se establece una declaración en el sentido de que van a cumplir con la ley, la reglamentación y los tratados internacionales vigentes en materia de áreas silvestres protegidas.
Señor Presidente, ello es obvio. Si las leyes y los tratados internacionales ya aprobados por el Congreso y ratificados por el Estado chileno deben ser cumplidos.
Lo que queremos es evitar esa situación, porque es posible. Es cosa de ver un mapa. Y si no fuera factible, porque se planteó en el caso de las geotérmicas, habrá que buscar una fórmula. Pero por lo menos hagamos el ejercicio.
El tercer punto, que es en el cual estamos, es el de los interesados afectados. No se trata de hacer negocio con ellos. En su momento mostré una imagen. Este punto es muy importante, porque más adelante veremos un artículo ligado estrictamente con lo que ahora estamos votando.
La indicación acordada establece que las observaciones u oposiciones que se hagan dentro de 30 días y que "solo podrán basarse en la errónea identificación del predio afectado (¿) en el hecho de que la franja de seguridad abarque predios no declarados (¿) en el incumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 25°.
"Las oposiciones deberán fundarse en alguna de las circunstancias establecidas en los artículos 53° y 54°". Es decir, cuando uno no aprovecha los postes existentes o cuando pasa por un corral o un huerto.
Agrega luego: "Las observaciones u oposiciones que presenten tanto los dueños de las propiedades afectadas u otros interesados" -porque debe cumplir con los artículos que mencioné- "que no cumplan con lo señalado en los incisos anteriores, en cuanto a las causales en que estas deben fundarse y al plazo del cual deben formularse, serán desechadas de plano por la Superintendencia". De nuevo la misma reacción e igual mano.
Finalmente, dispone: "Para efectos de este Capítulo, se entenderá por interesados a aquellos señalados en el numeral 2 del artículo 21° de la ley 19.880".
Y esa ley establece: "Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.".
Pero deben cumplirse los requisitos que señalé. Es decir, es absolutamente restrictivo.
Se trata, pues, de un acuerdo que consideramos claramente lesivo.
Señor Presidente, no dispongo de más tiempo (me referiré al punto más adelante), pero la entrega material del predio, la manera en que se notifica y se toma posesión de él, con uso y abuso de la fuerza pública, es el far west puesto en una ley.
¡Eso es inaceptable! ¡Ese es el tema de fondo!
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, desde luego voy a votar a favor de la enmienda de la Comisión de Minería y Energía. Pero quiero señalar que las materias que nos ocupan son de mucha importancia para el desarrollo de nuestro país. La energía es la base del crecimiento de la nación.
Por eso se han buscado acuerdos con el fin de desentrampar los proyectos sobre energías renovables no convencionales y carretera eléctrica. Y se alcanzaron acuerdos para el despacho de ambas iniciativas. Estos no fueron por unanimidad, pero las democracias operan por las mayorías.
Las iniciativas mencionadas son necesarias y convenientes, por las razones que se han dado latamente aquí. Entre estas, se encuentran las esgrimidas por el Senador señor Frei, quien sabe harto acerca de la materia porque la ha estudiado por muchos años. Durante su período como Presidente de la República, fue consecuente e impulsó las centrales hidroeléctricas de Pangue y Ralco, pese a que todo el mundo marchaba en oposición a tales proyectos. Sin embargo, las sacó adelante. Si no hubiésemos contado con esas dos grandes generadoras, seguramente el racionamiento eléctrico nos habría afectado por muchos años y se habría postergado nuestro crecimiento económico.
Por lo tanto, coincido con su planteamiento y respaldo todas sus palabras en este ámbito. Es un hombre que ha estudiado mucho el asunto; por ende, lo que señala son cosas absolutamente reales. En lo posible, se deben buscar soluciones para avanzar.
Voy a relatar una situación que viví -esto ya lo conté el otro día- en una reunión cerca de Santa Bárbara. Una señora me mostró una cuenta de la luz -la energía se produce cerca de esa zona-: ¡72 mil pesos! ¡Cómo es posible! La energía eléctrica se genera en la región, va al sistema central y vuelve a los usuarios. Sin embargo, por ese servicio la gente no debería estar pagando más de 5 o 10 mil pesos.
¡Todas las consecuencias de las cosas que nosotros no manejamos bien las pagan los consumidores, fundamentalmente!
Hoy día tenemos la energía eléctrica más cara de gran parte del mundo. Por lo mismo, se están cerrando muchas empresas: ya no pueden competir con esos precios, con esos costos, cuando en otros países cuesta 30 por ciento menos de lo que se paga aquí.
A mi juicio, es necesario sacar adelante el proyecto en debate. Por eso estamos apoyando lo propuesto.
Señor Presidente, aprovecho de llamar la atención sobre otra materia.
A las 15:30 partió la discusión de la iniciativa y hasta ahora hemos avanzado desde la página 9 del boletín comparado hasta la 12. ¡Y son 52! Si no llegamos a acuerdo, ¿cuándo despacharemos el proyecto? ¡Oiga, si ya se están yendo los colegas! Hay varios Senadores enfermos. Algunos, incluso de mi propio sector, se hallan pareados. ¿Cuándo vamos a terminar el debate particular? El acuerdo de Comités es analizar la iniciativa hoy hasta su total despacho. Pero, ¡hasta qué hora! ¡Con cuántos parlamentarios se va a quedar en la Sala, señor Presidente, para concluir esta tarea!
Por eso pregunto: ¿cómo podemos agilizar el trámite?
La norma que nos ocupa viene aprobada desde la Comisión de Minería y Energía por mayoría de 3 por 2...
El señor PROKURICA.- Y hay un acuerdo político.
El señor SABAG.- Efectivamente.
La Cámara de Diputados ya respondió a ese acuerdo y sacó adelante el proyecto sobre energías renovables no convencionales. Nosotros, en cambio, estamos en deuda. Ojalá despachemos la iniciativa en debate lo antes posible.
Por ello, voto favorablemente la enmienda propuesta.
E insisto, señor Presidente: se va a quedar sin quórum si no buscamos una manera de agilizar el trámite. Hemos avanzado solo 3 páginas, y nos restan 40.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la modificación propuesta por la Comisión de Minería y Energía en el ordinal iv de la letra b) del número 3) del artículo único del proyecto (20 votos a favor y 6 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Navarro y Tuma.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, corresponde abocarse a la modificación planteada por la Comisión de Minería y Energía para suprimir el ordinal v de la letra b) del número 3), cuyo tenor figura en el texto aprobado en general.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la propuesta de la Comisión.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Que se apruebe con la misma votación anterior.
El señor SABAG.- Sí, con la misma.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se procederá.
El señor NAVARRO.- ¿Qué se vota?
El señor PIZARRO (Presidente).- La supresión del ordinal v, enmienda que fue aprobada por mayoría en la Comisión. Es la proposición que sigue al inciso que estuvimos debatiendo largamente recién.
El señor LARRAÍN.- Que se acoja con la misma votación.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar dicha modificación con la misma votación anterior?
El señor PROKURICA.- Sí, señor Presidente.
El señor SABAG.- Sí.
El señor LARRAÍN.- De acuerdo.
--Se aprueba, con la misma votación anterior, la supresión del ordinal v de la letra b) del número 3).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, en la letra c) del numeral 3), la Comisión propone eliminar la expresión "o su prórroga" en el nuevo inciso final del artículo 20º. Ello se refiere a la posibilidad de prorrogar "el vencimiento del plazo señalado en el inciso anterior", esto es, de treinta días para las reclamaciones.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para acoger lo planteado?
El señor GÓMEZ.- No.
El señor NAVARRO.- No.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación, entonces, la supresión de la expresión "o su prórroga".
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, para fundamentar el voto.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, entiendo que se quiere establecer la facultad de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para otorgar mayor tiempo: "resolverá fundadamente acerca de las solicitudes de concesiones provisionales", así como de "su prórroga". Entiendo que esto también será resuelto fundadamente.
Lo que se está haciendo con ello es dar a las concesiones provisionales pase libre de manera indefinida, perenne, absolutamente perpetua. ¿Cuál es el tope? Porque "provisional" implica un tiempo acotado. ¿Hasta cuándo tal autorización puede ser prorrogada? ¿Quién lo determina? El texto establece: "previa autorización de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado".
Señor Presidente, ¡de qué estamos hablando!
Las concesiones provisionales deben tener fecha de término. Si no, son absolutamente perpetuas.
Esta discusión ya la sostuvimos cuando se analizó la reforma a la Ley de Pesca, en lo relativo a la renovación de la concesión acuícola.
Seamos francos: claramente, se pretende que la concesión provisional se parezca lo más posible a una concesión definitiva. ¡Por eso se otorga la posibilidad de prórroga ad infinitum!
Si no es así, que alguien me aclare el punto. Lo estoy leyendo: "La Superintendencia resolverá fundadamente acerca de las solicitudes de concesiones provisionales (...) o su prórroga".
Se trate de la solicitud o de la concesión misma, en un plazo determinado las cosas cambian, señor Presidente. No sé cuál es la salvaguardia que pone el Estado para proteger los intereses colectivos. Se requiere establecer la mayor cantidad de condiciones a ese efecto.
Señor Presidente, este Gobierno, a través del señor Golborne como Ministro de Energía, promovió y firmó acuerdos por energía nuclear con Japón. A causa del terremoto de marzo de 2011, la central de Fukushima hoy le cuesta a dicho país 40 mil millones de dólares.
Claramente, aquí la energía renovable es más bien un discurso. Porque, al inicio de su período, el Gobierno intentó -le duró poco, en realidad- explorar opciones con energía atómica. Pero, como Chile es un país sísmico, esa posibilidad se diluyó.
En Chile se puede crear una empresa nacional de energía. Pero tenemos un problema: los conflictos de intereses.
Y, con todo respeto, lo vuelvo a reiterar: el actual Ministro de Energía es el sexto de la actual Administración, quien también es Presidente del Directorio de la ENAP (Empresa Nacional del Petróleo), compañía que en este Gobierno ha terminado con una deuda -la Concertación la entregó endeudada, en todo caso- de 6 mil millones de dólares. Aquí hay interesados en que dicho organismo se privatice a través de la compra de acciones y del aumento de capital. No existe ningún interés en hacer que el Estado tenga un rol regulador en una materia tan esencial como la energía. Y si el mercado es el que va a regular, eso a mí me preocupa.
Y he manifestado que existen conflictos de intereses. Lo sostengo con todo respeto, señor Presidente. Cuando el Ministro de Energía actual ha estado veinte años en la Gerencia General de Copec, el principal competidor de la ENAP, hay conflicto de intereses, más allá de la persona del señor Ministro. ¡Y Senadores de Derecha se horrorizan por lo que señalo! Pero no digo sino la verdad. ¡Es así!
¿Por qué no se quiere discutir una política nacional energética ahora, en este Gobierno de Derecha, que está de salida? Pero sí se busca dejar amarradas esta ley de concesiones y una normativa de carretera eléctrica.
En definitiva, siento que no hay ningún interés en abordar la materia de fondo.
El colega Frei señaló: "Abramos este debate". Pero ello no depende del Senador Frei ni del Senador Navarro. Depende de si el Gobierno está dispuesto a discutir el asunto en los escasos meses que le quedan; más aún, cuando el síndrome del "pato cojo" se empieza a acentuar con mucha fuerza. Solo basta ver lo que pasó cuando votó la candidata Michelle Bachelet y cuando lo hizo el Presidente Sebastián Piñera. Quedó claro que este Gobierno tiene cada día menos poder, particularmente el Primer Mandatario.
Entonces, no hay espacio para debatir el tema de la matriz energética de Chile, y solo lo hay para defender lo que tenemos. Quiero advertir que vamos a defender a la ENAP en poder del Estado hasta que sea posible analizar el rol de esta empresa en materia energética.
Por ahora, señor Presidente, me parece excesivo eliminar este elemento, que permite que sea autorizada la prórroga de la solicitud de concesión provisional. Este aplazamiento tiene que ser siempre fundado. Deben reunirse condiciones muy particulares para que se produzca. De lo contrario, habrá prórroga infinita.
¡Patagonia sin represas!
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la enmienda propuesta por la Comisión a la letra c) del número 3) del artículo único del proyecto (17 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Sabag.
Votaron por la negativa los señores Gómez, Horvath y Navarro.
Se abstuvieron los señores Letelier y Tuma.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Quiere dejar constancia de su opinión, Senador señor Lagos?
El señor LAGOS.- Sí.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Cómo hubiese votado?
El señor LAGOS.- Me habría abstenido.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se deja constancia de la intención de abstenerse del Senador señor Lagos.
El señor NAVARRO.- ¡Muy significativa la abstención del Senador Lagos¿!
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Es muy relevante¿!
En todo caso, Senador señor Navarro -si bien ya no vale la pena, pues la norma se aprobó-, la enmienda recién votada hacía referencia no a los plazos de las concesiones, sino a los de la Superintendencia para resolver fundadamente.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, corresponde ahora tratar las modificaciones al artículo 22o.
Se han renovado las indicaciones Nos 32, 33, 34 y 34 A. Todas ellas proponen suprimir la letra a) del número 5) del artículo único del proyecto. Esta letra señala:
"a) En el inciso segundo:
"i. Intercálase, entre la coma que sigue al término `determinará' y la expresión `cuando', la frase `en conformidad al procedimiento contemplado en el Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil,'.
"ii. Sustitúyese la palabra `afectados' por la frase `dueños de las propiedades afectadas u otros interesados'".
El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las indicaciones renovadas Nos 32, 33, 34 y 34 A.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en esta propuesta llamamos la atención sobre el cambio de la palabra "afectados" por la frase "dueños de las propiedades afectadas u otros interesados". Esos "otros interesados" están definidos más adelante.
Según el acuerdo que hemos señalado, cualquier otro afectado, en la medida en que no cumpla los requisitos de los artículos 25o, 53o y 54o, no tendrá derecho a solicitar las indemnizaciones que se consideran en el artículo 22o. A nuestro juicio, ello resulta tremendamente lesivo para otro tipo de emprendimientos. Es lo que hemos planteado desde un inicio.
Nuestro afán no es oponernos, sino, de alguna manera, poner en equilibrio otros emprendimientos y otorgarles a esos afectado los mismos derechos ante la ley.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, en estricto rigor, parece que la indicación está mal formulada, por cuanto propone suprimir la letra a). Esto implica eliminar toda la letra; o sea, los ordinales i y ii.
El señor HORVATH.- Me refería a los dos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Su Señoría manifestó que el espíritu de la indicación es rechazar la sustitución de la palabra "afectados" por la frase "dueños de las propiedades afectadas u otros interesados".
El señor HORVATH.- Nosotros nos referimos a ambos puntos. Por eso sugerimos suprimir toda la letra a).
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, está bien la indicación. Se vota la letra en su conjunto. Pensé que iba separada.
El señor PROKURICA.- Votemos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ya están en votación las indicaciones renovadas.
Quienes estén por aprobar la eliminación de la letra a) votan que sí y quienes estén por rechazarla votan que no.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro, para fundar el voto.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ojalá haya una contraparte que pueda explicar exactamente cuál es la incidencia de agregar la frase "en conformidad al procedimiento contemplado en el Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil,".
Si no estoy equivocado -tengo dicho Código en mis manos-, esto dice relación con las cuestiones de competencia. En ese cuerpo legal se abordan también títulos sobre las apelaciones, los incidentes y, después, las implicancias y recusaciones.
Cuando los jueces determinen, tendrán que someterse a lo que preceptúa "ese ladrillo". Todo el procedimiento se va a regular por él. Esto es la judicialización absoluta del proceso. Y lo único que se hace es entorpecer la defensa de quienes debieran ser respaldados por el Senado, que son, desde el principio del bien común, los más débiles. Lo hemos dicho: los poderosos se cuidan solos. ¡No hay para qué protegerlos! ¡Tienen plata, tienen abogados, tienen poder!
Entiendo que este proyecto no pasó por la "sacrosanta" Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (lo digo con todo respeto, señor Presidente). Dicho órgano podría ilustrarnos acerca de cuál es la implicancia jurídica y judicial de incorporar expresamente en esta norma el título aludido del Código de Procedimiento Civil en los términos que he señalado. Porque ello abre un marco muy exacto y preciso de las condiciones ya descritas en mi intervención, lo que lleva a preguntarse: ¿a qué deberán atenerse los jueces?
También me referiré al cambio del concepto "afectado" por los "dueños de las propiedades afectadas u otros interesados".
Si bien la frase "u otros interesados" repone el debate que ya habíamos sellado en el sentido de que otros involucrados efectivamente pueden iniciar acciones, claramente deja fuera a los que viven en los terrenos de que se trata.
Muchos dueños no residen en sus predios. Cuentan con gente que trabaja y vive en estos por veinte, treinta años. En definitiva, los propietarios no siempre se verán afectados. Incluso, pueden considerarse beneficiados. En efecto, si se les pagara una justa indemnización por la expropiación de esa franja de transmisión, podrían hasta llegar a estar interesados. El problema es qué pasa si se ven afectados quienes habitan en ese terreno, que es su medio natural de vida.
El cambio de "afectados" por "dueños de las propiedades afectadas" significa que los propietarios podrán reclamar y no la ciudadanía que se vea perjudicada.
Señor Presidente, con esa propuesta nuevamente se merman los derechos de la gente. No es necesario que sea dueño para verme afectado. Si el trazado pasa a diez, a cinco metros de mi predio (no soy el propietario del terreno expropiado; soy un vecino), ¡no me pueden dejar fuera!
Estuve en Chaimávida. Hace 14 años me opuse tenazmente, junto con la comunidad del sector, a ese vertedero. Advertimos todo lo que iba a ocurrir. Ahora fue comprado por Hidronor, que lo tiene prácticamente abandonado, y los incidentes de la laguna de percolados han dejado a la gente durante 7 u 8 días sin agua y con graves problemas de contaminación.
Las cosas se demoran, pero pasan; no obstante que las advertimos a tiempo, pasan.
Me parece extraordinariamente discriminatorio, ofensivo, que al final solo sea el propietario el que puede reclamar.
Es como la ley de condominios.
¡Si una línea de transmisión no afecta únicamente al dueño del terreno, sino también el entorno!
¿Cuánto disminuye el valor de un predio en el cual existe una línea de trazado eléctrico o torres de alta tensión? ¿En cuánto se devalúan las propiedades colindantes o adyacentes a aquel?
Esta será la "ley del mal vecino", "la ley del egoísmo total".
En suma, solo podrá reclamar el dueño del predio y no sus vecinos o la comunidad colindante.
Señor Presidente, una vez más, estamos ante una normativa que va a traer nefastas consecuencias para las personas. Va a enfrentar a vecinos contra vecinos, a propietarios contra propietarios.
Por lo tanto, voto en contra.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
Si hubiera un nueva Carta, otro sería el debate sobre este proyecto de ley.
¡No más AFP!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo que se necesite un equilibrio distinto; que, como muchas veces planteé en mi intervención anterior, existen conjuntos de abogados dedicados a presentar oposiciones y a entrampar procesos necesarios, acciones detrás de las cuales se esconden otros intereses.
Hay incluso grupos que se dedican a esto profesionalmente para generar ingresos, para llegar a acuerdos extrajudiciales después.
Ninguno de los que hemos cuestionado ciertas normas acá amparamos ni defendemos a esos inescrupulosos, que solo dañan el progreso del país.
Sin embargo, restringir el ámbito de quiénes pueden emitir una opinión y acotar las materias a las que les es posible referirse no constituye el camino para terminar con ciertos abusos procesales que se conocen a diario.
Esta nueva redacción, que propone cambiar el concepto "afectados" por "dueños de propiedades afectadas u otros interesados", pareciera ser más amplia. Pero la verdad es que hay un documento firmado donde se explica el significado de "los otros interesados" y se acota a qué materias pueden referirse, se restringe a cosas formales de la presentación.
Y si bien comparto el espíritu de lo que planteó el Senador Frei en una intervención reciente en cuanto a que debemos abordar con decisión la generación de una política para bajar los costos de la electricidad en nuestro país, eso no significa que lo hagamos sin consultar a las comunidades interesadas, ni que en la consulta a estas, pudiendo reaccionar, no se vayan a construir o se obstaculicen los acuerdos. Lo que se pretende es poner a las comunidades y a los afectados en una situación de mayor equilibrio.
Pero en este caso se dificulta, se perjudica, la defensa de comunidades locales pequeñas.
Represento a un Región que se encuentra entre las que probablemente cuentan con mayor presencia territorial de comunidades por kilómetro cuadrado, donde existen muchas localidades muy propias de zonas que vivieron la reforma agraria.
El que las comunidades no puedan reclamar o que a alguien no le sea posible defenderlas -no necesariamente para parar proyectos, pero sí para que ellas no paguen los costos, las externalidades negativas- es malo. Porque existen tres ámbitos: las áreas silvestres o parques, las tierras indígenas y las comunidades rurales, que pueden verse afectados y quedar desprotegidos.
Insisto en poner de ejemplo a la Región que represento, porque todas las líneas de transmisión atraviesan por ella; porque toda la generación eléctrica de la zona sur pasa por ahí hacia los grandes centros de consumo, y porque algunos quieren que llegue al norte del país, hasta la zona minera.
Nosotros tenemos líneas de transmisión que parecen una guitarra, pero que ahora se asemejarán a un sitar. No se ha hecho una zonificación mediante un debate político de mayor alcance. Si se hace el trazado a pie de cordillera o por los cerros podría significar un costo mayor en una primera fase, no obstante sería muy distinto a lo que tenemos hoy.
No entiendo por qué se quiere restringir a quienes pueden opinar. Sé que estamos debatiendo las concesiones provisorias, pero refleja una actitud. Porque el acuerdo firmado no hace más que limitar y no ampliar el espectro de quienes pueden participar.
En virtud del ordinal, la frase quedaría así: "dueños de las propiedades afectadas u otros interesados".
Y la duda está en la definición "otros interesados", más allá del acuerdo existente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, esta norma se refiere a dos órdenes de materias.
En primer lugar, esta disposición establece una ayuda a las personas afectadas. Porque, de acuerdo con la actual legislación, todas las reclamaciones que den lugar a indemnizaciones se tramitan conforme al juicio ordinario (20 años). Y esta propuesta de juicio sumario acorta el proceso.
Es decir, la gente se va a ver beneficiada.
En segundo término, me gustaría volver al asunto en debate.
En efecto, en esta disposición se define quiénes son los interesados y cuáles son las causales. Y lo que se está proponiendo es eliminar esas dos cosas.
Al respecto, señor Presidente, deseo desmitificar el problema, porque se ha dejado entrever que la comunidad no va a ser consultada. Y, en realidad, sí lo será, pero en otra instancia: cuando se presente el proyecto de construcción, porque incluye un procedimiento ambiental en virtud del cual se requiere realizar ese trámite.
En este caso estamos viendo solo lo referente a la concesión.
Y me atrevería a decir lo siguiente: esta fase resulta fundamental para considerar esa consulta, que después va a ser tramitada sobre la base de la Ley Ambiental, en donde habrá participación, porque es obvio que un concesionario no va a querer tener problemas ni con comunidades, ni con otras entidades como parques; va a tratar de evitar conflictos en el trazado que proponga.
Por eso la concesión provisional fija un área amplia para que se estudien distintas opciones, a fin de no dar lugar a confrontaciones. Y, por ende, se acota el procedimiento a los dueños y a los interesados.
¿La comunidad va a tener participación? Sí, porque, con posterioridad al otorgamiento de la concesión, antes de ejecutarse el proyecto debe contar con todos los permisos ambientales, dentro de los cuales se encuentra esa consulta.
En consecuencia, está todo previsto. Se busca acelerar los estudios, determinar sobre la base de un área amplia cuál es el mejor trazado y evitar los conflictos.
Eso persigue esta disposición.
El primer ordinal -reitero- beneficia porque acorta los procesos; y el segundo establece que las observaciones, las oposiciones, están acotadas a los interesados y por causales taxativamente numeradas.
Y la comunidad debe ser consultada en una instancia posterior al otorgamiento de la concesión y antes de ejecutarse la obra, para así obtener los permisos ambientales.
He dicho.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: por las indicaciones renovadas 32, 33, 34 y 34A, 2 votos a favor, 18 en contra y una abstención.
El señor NAVARRO.- Excúseme, señor Presidente, pero mi voto era a favor de las indicaciones. ¡Estoy pegado con los artículos¿!
El señor PIZARRO (Presidente).- Está bien. El Senador señor Navarro votó en contra y lo que él debía hacer era votar a favor de las indicaciones. Entonces, dejamos 3 votos "sí", 17 votos "no" y una abstención.
--Se rechazan las indicaciones renovadas números 32, 33, 34 y 34A (17 votos contra 3 y una abstención).
Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Sabag.
Votaron por la afirmativa los señores Gómez, Horvath y Navarro.
Se abstuvo el señor Lagos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien. Seguimos, señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, a continuación, en la página 15 del comparado, la Comisión propone eliminar los incisos cuarto y quinto, nuevos, que figuran en el texto aprobado en general.
Ellos dicen: "En caso que la concesión atraviese territorios pertenecientes a indígenas o comunidades indígenas, se deberá aplicar el procedimiento de consulta contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
"En el evento de que la concesión traspase territorios de áreas silvestres protegidas del Estado se deberá siempre buscar alternativas de trazado.".
En contraposición a esa propuesta está la indicación renovada número 43, que fue rechazada en la Comisión y que tiene por objeto intercalar en el inciso quinto propuesto, a continuación de la locución "alternativas de trazado", la frase "fuera del área protegida".
Ahora bien, la Secretaría sugiere que se vote la enmienda de la Comisión, puesto que, si se aprobara, naturalmente la indicación renovada caería por su propio peso.
El señor PIZARRO (Presidente).- Procederemos, entonces, a votar el informe de la Comisión, que elimina los incisos cuarto y quinto, nuevos. Y partimos de la base de que, si se aprueba esto, se rechaza la indicación.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, simplemente para aclarar algo respecto a la indicación anterior, que fue suscrita por quien habla. En ella se establecía la eliminación del juicio sumario. Y, claramente, me percaté de que acá lo que queremos es pagarles prontamente a las personas a las que se les expropia. Por eso, finalmente voté en contra.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Lo que está en votación -reitero- es la propuesta de la Comisión de eliminar los incisos cuarto y quinto, nuevos.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, este es un tema más que sensible. El acuerdo alcanzado entre la UDI, la DC y el Gobierno, al cual se sumaron otros parlamentarios de Renovación Nacional, echa atrás lo que se había avanzado en la Cámara de Diputados. Tal como se ha leído, el texto propuesto por esa Corporación dice: "En caso que la concesión atraviese territorios pertenecientes a indígenas o comunidades indígenas, se deberá aplicar el procedimiento de consulta contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo", del cual Chile es parte.
La propuesta alternativa que se nos ofrece es que se les consulte a las comunidades indígenas por las cuales pretenda atravesar una concesión una vez entregada esta y antes de iniciar la construcción. Es decir, como hemos señalado, eso no es una consulta, no cumple con los parámetros ni los estándares mínimos que exige este Acuerdo internacional, que son: información previa, participación, buena fe, en fin. Eso está en el mismo Convenio.
Creemos que ello es grave, porque en el fondo no va a facilitar la concreción de los proyectos: los va a judicializar y los va a llevar a tribunales de otra naturaleza. Porque las personas afectadas sí tienen que ser consultadas en forma previa, y no solamente para saber si están de acuerdo o no, sino para que puedan influir en las decisiones. O sea, uno puede buscar, en acuerdo con las comunidades, que los trazados exploren rutas alternativas que las afecten menos o que derechamente las eviten.
El segundo punto es: "En el evento de que la concesión traspase territorios de áreas silvestres protegidas del Estado se deberá siempre buscar alternativas de trazado.".
Eso es del mínimo sentido común. El acuerdo alternativo que se nos propone es: "El concesionario o los órganos de la Administración del Estado, deberán dar debido cumplimiento a las normas legales, tratados internacionales debidamente suscritos y ratificados por Chile y reglamentos vigentes en materia de áreas silvestres protegidas del Estado.".
Eso es así y no puede ser de otra manera. Los tratados internacionales ratificados por nosotros son materia de ley y deben ser cumplidos. Por lo tanto, poner esto en una normativa en el fondo es declarativo o hacernos una suerte de trampa en el solitario.
Ahora, si uno revisa las áreas protegidas que tenemos en el país, advierte que siempre existen alternativas de trazado. Y somos más explícitos, porque acá se ha tratado de ningunear alguna energía renovable no convencional, en circunstancias de que ellas no son tan difíciles de entender. Estamos hablando de las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas que pueden generar hasta 40 megawatts. Y, si deben pasar por una reserva forestal porque no hay otra opción, lo importante es que se estudie siempre la alternativa de trazado, no la que el concesionario pretende. Eso es.
Por lo tanto, a nuestro juicio no solamente es un tema de votación. Porque, de suprimir lo que avanzó la Cámara y aprobar las propuestas alternativas, estaremos vulnerando derechos constitucionales.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, esta semana se realiza lo que se supone es la tercera y última mesa de consenso entre los representantes del Ministerio de Desarrollo Social y las organizaciones de los pueblos originarios que han participado en el proceso de consulta organizado por el Gobierno. El señor Marcial Colín es la contraparte y el vocero de las organizaciones que han tomado parte en dicho proceso. Hay otras organizaciones de los pueblos originarios que no fueron -o no se sintieron- convocadas, como son las Autoridades Tradicionales y los Pueblos Indígenas Autoconvocados.
Es grave constatar que en aquellos ámbitos donde existe consenso -y no me refiero a las tres o cuatro materias donde aún no lo hay, porque se está trabajando en ello, como se nos informó y como le consta a una colega de las bancas del frente, que estuvo presente en esos debates- curiosamente los acuerdos del Gobierno van más allá del texto que aquí está presentado.
Es más, el Gobierno nos informó que el procedimiento del proceso de consulta va a ser sectorial, a cargo de cada Ministerio en forma previa, no posterior; a priori, no ex post; e incluirá todo lo que, de acuerdo al Convenio 169, pueda "afectar". Ese es el concepto, el verbo rector de dicho instrumento internacional.
Llama la atención, señor Presidente, que aquello que está siendo acordado, por un lado, aquí se esté eliminando.
En otra materia, también un Senador de las bancadas de enfrente -en este caso, es un colega de Región-, ha sido muy activo en plantear que se tiene que respetar la Convención de Washington respecto a lo que es afectar parques nacionales o reservas.
Lo señalo, porque los dos incisos que se quieren eliminar dicen relación, precisamente, a cómo amparar dos situaciones: cuando se afectan tierras indígenas -lo que debe ser regido por el Convenio 169- y cuando se afectan áreas silvestres protegidas o parques.
Yo no entiendo por qué se eliminan conceptos que se habían acordado en la Cámara de Diputados. Y eso es tal vez lo que genera hoy las mayores desconfianzas.
He insistido a lo largo de este debate en que aquí no se han hecho esfuerzos para construir confianzas. Y una muestra es la eliminación planteada.
Entiendo la lógica -aunque no la comparto- cuando nos dicen: "No se preocupen. Eso lo veremos, no en las concesiones provisorias, sino en otro momento".
Sin embargo, el problema radica en que, habiendo una concesión provisoria, no faltará el abogado que señale la existencia de un derecho adquirido; entonces, si el trazado no se puede hacer por una orilla del terreno, podrá efectuarse por otra.
Y surge la pregunta: ¿Por qué la inquietud de iniciar antes los procesos de consulta? Para que todos puedan participar. Porque nadie está diciendo que no haya trazado; nadie busca perjudicar con mayores costos y, por ende, con electricidad cara. Todos queremos, por el bien y el progreso de nuestro país, compatibilizar diferentes intereses.
Lo que llama la atención al eliminar criterios básicos es que se pone en una situación de debilidad o de falta de igualdad a personas o a grupos que también deberían participar en similares condiciones a lo largo del proceso.
Señor Presidente, cuando aprobé en general el proyecto indiqué que lo hacía con tres reparos: uno, el Convenio 169; dos, las áreas silvestres protegidas; tres, que otros interesados pudiesen representar a comunidades afectadas por concesiones.
El señor PIZARRO (Presidente).- Perdón, Su Señoría, pero finalizó su tiempo.
El señor LETELIER.- Termino de inmediato, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos en la fundamentación del voto. Y si todos exceden el tiempo reglamentario, no alcanzaremos a despachar el proyecto.
Le agradezco su comprensión, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esta es una normativa con apellido: "Ley HidroAysén". Así será conocida, y no como una legislación sobre concesiones eléctricas.
Pues bien: aquí se busca eliminar -esta es una de las votaciones cruciales-, en caso de que la concesión atraviese territorios pertenecientes a indígenas o a comunidades indígenas, la aplicación del "procedimiento de consulta contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo".
En segundo lugar, también se suprime el inciso que expresa: "En el evento de que la concesión traspase territorios de áreas silvestres protegidas del Estado se deberá siempre buscar alternativas de trazado".
¿Y la Convención de Washington?
Señor Presidente, tanto el deber de consultar a los pueblos indígenas cuanto los requisitos esenciales de la consulta se hallan claramente establecidos en el artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT.
Aquí, en este Senado, votamos a favor de la ratificación de dicho instrumento internacional.
Su artículo 6 dispone:
"1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
"a) consultar a los pueblos interesados, (...).
"2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, (¿)".
De acuerdo a la OIT, la consulta es una negociación, un procedimiento de diálogo con los indígenas, con los pueblos originarios, acerca del texto de las medidas administrativas (concesiones) o legislativas (ley, norma constitucional, etcétera). Es previa a las medidas. Es informada, en igualdad de condiciones (asesores para los indígenas, pagados por el Estado, para aconsejar a las comunidades), en sus idiomas, en plazos razonables, al objeto de dar lugar a un texto consensuado.
¡Nada de eso ocurre hoy en el Senado!
Señor Presidente, la consulta no es una encuesta; no es una mera entrega de información; no es un "complete la oración"; no es una sola reunión.
Quiero señalar lo que ha planteado sobre el particular Víctor Toledo Llancaqueo, Director del Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas de la Universidad ARCIS:
"El Tribunal Constitucional de Chile" -el señor Presidente y los miembros de nuestra Comisión de Constitución debieran poner atención- "en su sentencia Rol 309, de 20 de agosto de 2000, determinó que la obligación de consultar a los pueblos indígenas establecida en el Art. 6 del Convenio 169 de la OIT es una norma autoejecutable y que modifica tácitamente a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional 18.918.".
Textualmente, dicha sentencia expresa:
"Esta norma, a juicio del Tribunal, tiene el carácter de autoejecutable o de aplicación directa, tanto por los términos perentorios en que se encuentra redactada como, porque, como bien lo afirma el Presidente de la República en su contestación, el artículo 22 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional regula "La facultad de las comisiones" -se refiere a las comisiones legislativas- "para solicitar informes u oír a las personas o instituciones que estimen convenientes en el procedimiento legislativo, es un procedimiento apropiado".
"En efecto, la norma versa sobre una materia relativa a la tramitación de una ley que si bien, por cierto, no tiene la entidad o alcance de reformar los preceptos de los artículos 62 a 72 de la Carta Fundamental, sí está modificando las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ya sea, por la vía de introducir una norma nueva que deberá observarse en el tratamiento interno de la ley". (Tribunal Constitucional, sentencia Rol 309, considerando 7°).
Señor Presidente, es en virtud de aquello que la norma propuesta me parece aberrante. Su efecto será que el Senado deje de cumplir dicho Convenio al negar la posibilidad de la consulta.
Cuando en el Congreso Nacional se aprobó el proyecto de acuerdo sobre el Convenio 169 de la OIT, los parlamentarios se hallaban plenamente informados de que estaban aprobando una modificación a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional e incorporando una nueva regla en el proceso fundamental de formación de la ley: la consulta a los pueblos originarios.
En consecuencia, señor Presidente, la consulta previa a las comunidades indígenas es una norma nueva que imperativamente debe observarse en la tramitación de la ley.
Y el Senado no solo no está observando dicha disposición: además, está eliminándola. Porque la consulta no se ha hecho. Y ella no es una reunión, no es un relleno de espacios vacíos.
El año pasado se creó una Comisión Bilateral de Consulta (Cámara y Senado) para debatir un reglamento sobre consulta de las leyes.
Mientras tanto, avancemos.
Sin embargo, ¡lo importante es aprobar la ley en proyecto, dejando atrás los derechos de las comunidades indígenas...!
Aquí no hay una falta grave al Reglamento, sino una falta de voluntad política.
Se está violentando el Convenio 169. Y yo no voy a ser cómplice de la violación del derecho allí consagrado.
Creo que se está cometiendo un profundo error. Y los errores a veces se pagan caro.
Señor Presidente, por cierto, voy a votar para que los incisos cuya eliminación se propone consten en la ley en proyecto.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, yo le pediría al Senador Navarro que leyera el artículo 34°, inciso segundo, que se propone incorporar mediante el número 12 bis).
Aquí se ha sostenido que esta iniciativa no contempla la consulta indígena. Pero debo señalarle a Su Señoría que la ley en proyecto será la primera en consignar de forma expresa esa consulta. ¡Primera ley de la república en hacerlo!
Voy a leer al referido inciso segundo: "En el caso que las obras de una concesión ya obtenida atraviesen tierras pertenecientes a comunidades indígenas, antes de comenzar su construcción se deberá acreditar" -o sea, de manera previa- "haber realizado el procedimiento de consulta contemplado en el artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por una sola vez, en la oportunidad y forma que establezca el reglamento correspondiente.".
Lo primero que tengo que aclarar respecto a la consulta indígena es que no se establece un plazo: se debe acreditar. ¿Y por qué se procedió de esta manera? Porque la magnitud del efecto que puede tener un proyecto será apreciada mejor mientras más definido se encuentre este, pues ahí existirá certeza.
El riesgo que se corría -y hay que decirlo- al establecer la consulta en la concesión provisoria era que, al final, se obligaba a hacer dos consultas: en dicha instancia y en la concesión definitiva.
Señor Presidente, con esas dos consultas indígenas -o eventualmente con tres: porque este era el riesgo inicial-, el proyecto que nos ocupa no tendría sentido. O sea, los plazos derivados de la norma pertinente imposibilitarían acortar el procedimiento para el otorgamiento de las concesiones.
¿Qué es lo relevante? Que se contempla la consulta a los pueblos originarios.
Ahora, ¿cuándo se puede conocer la magnitud de lo que se va a hacer, a quiénes afectará y en qué proporción? En la etapa en que el proyecto esté más definido.
Por eso en el artículo 34°, incorporado mediante el numeral 12 bis), se señala que antes de iniciarse la construcción se debe efectuar la consulta. Ello, porque ahí se puede saber con certeza por qué predios va a pasar el trazado, a qué comunidades se perjudicará, en fin.
En ese momento se realiza la consulta.
El señor LETELIER.- ¡De qué sirve!
El señor ORPIS.- Señor Presidente, con la norma aprobada por la Cámara de Diputados -y eso es lo que se pretende remediar- nos arriesgábamos a hacer dos consultas.
Por ello, la disposición del artículo 34° es categórica al señalar que antes de empezar la construcción se deberá acreditar que se llevó a cabo la consulta, la cual tendrá que efectuarse por una sola vez.
Reitero: la ley en proyecto será la primera que contemple la consulta a los pueblos originarios.
Por tanto, se ha cumplido ¡íntegramente! el artículo 6 del Convenio 169.
Como me indica el Senador Víctor Pérez, si la consulta no se realiza, no se puede construir. ¡Así de simple!
En consecuencia, hemos cumplido plenamente con la referida disposición del Convenio 169.
Y respecto a las áreas silvestres protegidas, el Senado ya aprobó la incorporación al artículo 11° de una norma que dispone que deberá respetarse toda la legislación vigente, dentro de la cual se incluyen por cierto los tratados internacionales.
Así que los dos elementos que se están oponiendo para tratar de evitar la proposición que formuló la Comisión están plenamente resueltos con la mencionada disposición y con la incorporación en el artículo 34° de la consulta a los pueblos indígenas, sin cuya realización no podrá iniciarse ninguna obra definitiva.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, el domingo recién pasado me llamó la atención una publicación de "El Mercurio" donde se replica un artículo del diario "O Globo", de Brasil, de Cristovam Buarque, titulado "No nos dimos cuenta".
No se dio cuenta la sociedad brasilera de lo que quería la ciudadanía, y siguieron avanzando en un modelo de construcción, aparentemente exitoso, de crecimiento, y sin embargo de gran infelicidad para la gente.
Nosotros tampoco nos damos cuenta de lo que está ocurriendo con los pueblos originarios cuando continuamos vulnerando sus derechos, sin respetar ni siquiera los convenios internacionales que ha suscrito el propio Estado de Chile; cuando expresamente violentamos un acuerdo al eliminar un precepto ya aprobado en general y que disponía: "En caso que la concesión atraviese territorios pertenecientes a indígenas o comunidades indígenas, se deberá aplicar el procedimiento de consulta contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.".
¿Qué estamos haciendo ahora? Recogiendo un acuerdo (un supuesto acuerdo) de algunos parlamentarios con el Gobierno, que se habría suscrito para eliminar, entre otras normas, la relativa a la consulta.
Pero, curiosamente, ninguno de los parlamentarios que firmaron dicho acuerdo participó en los diálogos con el mundo indígena cuando se registró la crisis.
El señor QUINTANA.- ¿Con este Gobierno?
El señor TUMA.- Con este Gobierno, en el mes de enero.
Tuvimos reiteradas conversaciones con el mundo indígena. Escuchamos a alcaldes, a los loncos, a los concejales, a los dirigentes tradicionales. Hubo un gran debate. Los ministros fueron seis veces a la zona.
Yo no vi a ningún parlamentario de los que aparecen en el acuerdo participar en los diálogos, ni siquiera a modo de información.
Y ahora nos dicen "Hemos llegado a un acuerdo para eliminar la consulta en materia de concesiones".
¿La consulta no va, entonces? ¿No se respeta el Convenio 169, ni tampoco los compromisos del propio Gobierno?
El Presidente Piñera dijo el 30 de abril: "Voy a mandar un proyecto que establece una normativa en orden a que siempre siempre se les consultará a los pueblos originarios".
Sin embargo, ahora, cuando tenemos la oportunidad, antes de que exista una ley, previo a que se contemple un procedimiento, sin que el Primer Mandatario haya enviado todavía la iniciativa de ley prometida (porque, bueno, están pidiendo acuerdo en el mundo indígena; entendemos que eso ha provocado la demora), no se respeta el compromiso de consultar siempre a los pueblos originarios.
Ahora, la consulta, que no es vinculante, tiene que ver con la capacidad tanto del Estado como de las empresas y del mundo indígena de llegar a acuerdos.
Porque el Convenio 169 dice relación con eso.
La consulta no es vinculante -reitero-, no implica prohibiciones, pero permite crear condiciones para conseguir acuerdos.
¿A qué acuerdo se va a arribar cuando la concesión ya esté otorgada?
Por consiguiente, de nuevo se disfraza una legislación para aparentar que se respetan los derechos, cuando, en definitiva, aquí se está borrando con el codo lo que se escribió con la mano.
Señor Presidente, el Gobierno suscribió un compromiso con los pueblos originarios. Empero, ahora firmó otro con parlamentarios que no tienen nada que ver con el mundo indígena.
Y se dice que hay un acuerdo.
¡No existe ningún acuerdo que involucre a los parlamentarios que representamos a la Región de La Araucanía!
Nosotros no nos sentimos parte del referido acuerdo. Creemos que con él se vulnera claramente el principio que el Estado de Chile acordó defender.
Ahora bien, se ha planteado en esta Sala que las consultas se cumplieron a través de visitas informativas.
Las visitas informativas no revisten el carácter de consulta. Y eso lo tienen claro.
El otorgamiento de una concesión sin haber consultado a los pueblos originarios basta para sellar una vulneración de sus derechos.
Por tanto, voy a votar en contra de la eliminación propuesta por la Comisión, señalando que este es un testimonio de cómo el Gobierno y la Derecha no respetan sus propios compromisos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palaba el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, algunos señores parlamentarios han planteado la idea de que cada vez que se tramite un proyecto de ley, sobre cualquier materia, incluyamos la norma del Convenio 169 atinente a la consulta a los pueblos originarios.
Yo, a pesar de que no soy partidario de aquello, porque la referida disposición está vigente en Chile -por lo tanto, no es necesario incorporarla en cada iniciativa que se tramite-, acepté el acuerdo de incluirla en esta iniciativa.
Ahora, al Senador que me antecedió quisiera tratar de convencerlo de que no es cierto lo que plantea en el sentido de que aquí se vulneran los derechos de los pueblos originarios.
Digo aquello porque el acuerdo político a que llegamos establece que, antes de construir, la empresa concesionaria deberá probar haber realizado la consulta. ¿Cuándo? Cuando el proyecto parte, previo a construir.
Sobre el particular, yo pregunto derechamente: ¿Puede una empresa saber a ciencia cierta si lo que se le va a dar, primero provisionalmente y después como definitivo, pasará por un territorio indígena en circunstancias de que aún no se le ha otorgado la concesión?
¡Ese es el plazo mínimo!
En verdad, no creo que con el acuerdo suscrito se vulnere el Convenio 169. Al revés, pienso que se ratifica al incorporarse una norma como la señalada.
Por otro lado, se critica que a los pueblos indígenas se les está preguntando tarde. Pero eso no es real, por lo que estoy diciendo en este minuto.
Por supuesto, se les deberá consultar antes de construir. No hacerlo sí que sería vulnerar sus derechos. Si ya se construyó, ¡para qué preguntarles...!
De otra parte, aquí se ha planteado que a través del acuerdo estamos vulnerando la legislación sobre áreas silvestres protegidas.
Yo, sinceramente, no puedo entender esa argumentación, pues en el acuerdo político que suscribimos se dispone que se deben respetar las normativas vigentes hoy día en Chile. ¿Y cuáles son? El Convenio de Washington y la ley N° 18.362, que establecen justamente resguardos, prohibiciones y sanciones. Por ejemplo, conforme al artículo 25 de dicha ley, se prohíbe causar deterioro en las instalaciones existentes; ingresar a las áreas sin autorización; remover o extraer suelo; intimidar a ejemplares de la fauna, destruir nidos, recolectar huevos, etcétera.
Hay una serie de normas que están vigentes. ¿Tendremos que ponerlas en cada uno de los proyectos de ley que tratemos en este Parlamento?
Yo no comparto eso, señor Presidente. Por el contrario, creo que al llegar a un acuerdo de varios sectores políticos no hemos vulnerado el Convenio N° 169 ni mucho menos lo referente a áreas silvestres protegidas.
Y voy a decir más.
Cuando aquí se plantea que el mercado de la electricidad se halla concentrado y se establecen estas restricciones, no quiero volver a exhibir, ¡por favor!, los planos de las áreas silvestres protegidas y de qué manera se afecta a toda la Segunda Región y a otras donde existe la energía geotérmica que todos quieren. Si queremos que ella sea aprovechada, no podemos poner estas exigencias. Solo las empresas "con espaldas" van a poder soportar todos estos plazos, todas estas demoras. Las pequeñas y medianas, para que haya un mercado más atomizado, no van a ser capaces de hacerlo.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, hace dos semanas, aproximadamente, escribí una carta abierta al Consejo de Defensa de la Patagonia para explicar varios aspectos que dicen relación con el proyecto de ley en debate.
Quiero leer parte de ella, además de la respuesta que he recibido hoy.
Cito textual: "Por su parte, estoy convencida de que se requería mejorar el procedimiento administrativo y judicial de las concesiones para enfrentar la "especulación", que entraba de manera artificial el desarrollo de la infraestructura de transmisión eléctrica, lo que afecta a millones de chilenos que deben soportar un sistema eléctrico caro y con problemas de seguridad en el suministro. Las mejoras que se introducen al procedimiento, las que en ningún caso dejan en la "indefensión" a los ciudadanos, permitirán materializar los proyectos de transmisión troncal que en el año 2011 se definieron en el respectivo Estudio de Expansión Troncal, los cuales ya se licitaron y adjudicaron. Entiendo que el CDP no ha expresado reparos respecto de estos proyectos de expansión. Es más, a mi juicio con estas líneas se solucionarán los problemas de mediano y largo plazo de la transmisión troncal de Chile, por lo que se hace completamente innecesario el proyecto de carretera eléctrica tal como lo presentó el Gobierno, el que SÍ es un traje a la medida de HidroAysén, y respecto del cual he expresado mi rechazo. Aún más, como lo han expresado en el Senado los propios desarrolladores de medios de generación renovable no convencional, tales como proyectos solares, eólicos, y también pequeños proyectos hidroeléctricos, los problemas que evidencia el actual procedimiento concesional generan en ocasiones una barrera infranqueable, haciendo que los desarrolladores simplemente abandonen la iniciativa y posterguen o desechen invertir.
"Por estas razones he impulsado con fuerza este acuerdo. Ustedes han manifestado su oposición a los artículos acordados; en democracia es legítima y necesaria la diferencia, pero lo que no puedo aceptar es la imputación hacia mi persona de conductas cercanas al cohecho, en "pro" de HidroAysén, y tergiversando el tenor literal de los artículos que han sido aprobados. Sólo pido que se haga una lectura de buena fe, acorde con el respeto que debe existir en relación a parlamentarios y técnicos que han estado en la discusión, de quienes conocen su trayectoria y las causas en las que están verdaderamente comprometidos. Así como no corresponde que se diga que la oposición que ustedes hacen "es hacerle el juego a los especuladores", o a "hidroaysén y al oligopolio, ya que no quieren viabilizar la ERNC", les pido que actúen de la misma manera y la lectura que hagan de este acuerdo se haga de buena fe.
"Por ello, quiero contestar uno a uno los argumentos que se han presentado, de tal manera de precisar los alcances de las normas aprobadas, para lo cual utilizaré la columna publicada en www.patagoniasinrepresas.cl por Flavia Liberona, 7 argumentos y mis razones frente a ellos".
Y en el punto 4, señor Presidente, que tiene que ver con lo que estamos discutiendo hoy día, expongo:
"En materia de consulta indígena, señala el documento que "los términos cordatos (sic) en el documento suscrito se prestan para confusión, pues por una parte señala la vigencia del Convenio 169 de la OIT, pero por otra indica que la consulta previa solo se realizará una vez otorgada la concesión entonces, ¿cuál es la consulta previa? En este punto creemos que se ha obtenido un enorme logro: por PRIMERA VEZ, EN UNA LEY SECTORIAL, se establece expresamente que no podrá comenzar ninguna obra de construcción si no se acredita que se hizo la consulta que dispone el convenio 169 de la OIT, la que debe realizarse en la forma y oportunidad que establezca el reglamento. Quiero destacar que en este punto le doblamos la mano al Gobierno, que se negaba a incluir una norma de este tenor, ya que NO existe otra norma similar en nuestro ordenamiento jurídico, que al fin asegure efectivamente la realización de la consulta indígena, toda vez que si no se realizare, los afectados podrán interponer los recursos correspondientes para la paralización de las obras, por incumplimiento directo de la ley".
En la respuesta del Consejo de Defensa de la Patagonia, que agradezco, se expresa:
"En primer término queremos agradecer sus pronunciamientos públicos sobre las represas en la Patagonia. Nos parece que al expresar y reiterar su convencimiento respecto de que estos proyectos (HidroAysén y Energía Austral) no son necesarios, abre un amplio espacio para el diálogo y la articulación de acciones futuras".
Y respecto al punto específico que estamos abordando¿
El señor PIZARRO (Presidente).- Concluyó su tiempo, Su Señoría, de modo que le pido finalizar su intervención.
La señora RINCÓN.- Solo me falta leer dos líneas, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacerlo.
La señora RINCÓN.- Dicen: "En cuanto a la consulta indígena concordamos que es un logro que se ponga en el texto de la ley que esta debe realizarse, sin embargo la redacción resulta ambigua".
Creo que eso puede corregirse en el tercer trámite, pero es un logro, sin lugar a dudas.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, creo que esta Corporación está a punto de cometer una de las mayores aberraciones en materia de legislación sobre el mundo indígena. A mi juicio, el texto va a constituir efectivamente una provocación para los pueblos originarios en todo el país.
Como lo expresó recién el Honorable señor Tuma, en el acuerdo no participaron parlamentarios de la Región de La Araucanía ni, según entiendo, de la Región del Biobío, como tampoco Senadores que estuvieron presentes, durante la Administración actual, junto con el Ministro señor Lavín, cuando estuvo a cargo de la consulta, antes de renunciar a su Cartera, y con el Ministro señor Chadwick, ante la natural preocupación del Gobierno por los hechos de violencia ocurridos en La Araucanía. Y lo que buscaban esos diálogos era recobrar la paz social.
Insisto en que esto es una provocación. La legislación que nos ocupa tuerce el espíritu y la letra del Convenio N° 169, en su artículo 6° -tal como lo expuso mi Honorable colega Navarro-, que define cómo deben llevarse a cabo las consultas a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas. Deberán ser efectuadas de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias.
Aquí no media buena fe. No estoy afirmando que quienes llegaron al acuerdo lo hayan hecho de mala fe. Entiendo que también existe un interés superior en resolver temas de país y que la iniciativa busca, por cierto, acortar los plazos -puedo no estar de acuerdo con eso-, pero claramente se requiere una mirada distinta en relación con el ámbito indígena. El Ejecutivo se equivocó y se está cometiendo un error brutal.
Me parece francamente una burla lo que en el Gobierno y el acuerdo se promueve con relación a las comunidades, porque no hay buena fe en cuanto a la oportunidad en que se procede. ¿De qué sirve una consulta cuando ya está todo aprobado? En efecto, ¿qué momento va a elegir el titular del proyecto para llevarla a cabo? Optará por verificarla antes de construir, en la medida en que finalmente será un mero trámite. En forma previa contará con la concesión, con el permiso.
Ello además significa un retroceso respecto de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
El señor ORPIS.- ¡No!
El señor QUINTANA.- ¡Lo constituye absolutamente!
Algunos dicen que la cuestión se podrá corregir después, en el tercer trámite. Pienso que no. Creo que el Senado tiene que hacerse responsable.
¡Parece que los asuntos indígenas importan solo cuando hay una convulsión, cuando se afecta la paz social, pero que ya no son tema cuando desaparecen de la agenda y de los principales titulares¿!
Siento que esto es una burla. Como representante de La Araucanía, no me voy a prestar a ella sabiendo que los trazados y concesiones van a afectar lugares sagrados, van a violentar comunidades. Y espero que quienes aprueben esta aberración legislativa y jurídica, y esta provocación al mundo indígena, se hagan responsables el día de mañana.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, en mi opinión, cualquier proyecto de ley que tenga alguna vinculación con las materias del Convenio N° 169 debiera motivar un proceso de consulta. De hecho, en la Comisión de Derechos Humanos estamos analizando cómo llevar adelante la medida.
En el caso que nos ocupa, como hay derechos que pueden ser afectados, se debería proceder en esa forma. Ello no se ha efectuado.
Fundamentalmente, deseo subrayar que las consultas tienen que obedecer a un principio: se llevan a cabo de buena fe. Lo anterior implica que si se contempla por primera vez una de ellas, depende de cómo se concibe. Porque no cabe duda de que, cuando se hace referencia a un proceso en el cual se realiza, primero, un gran trazado que puede afectar a una comunidad; luego se llevan a cabo los estudios del caso para determinar este último, y, finalmente, se entrega la concesión, hasta ahí no se ha tomado en consideración el Convenio N° 169. Entonces se diría: "Paralizamos aquí, porque vamos a hacer una consulta, previo a la construcción".
El trámite, ante todo, no es vinculante. Si una comunidad indígena se considera afectada y vota en contra, dará exactamente lo mismo. El instrumento internacional recién mencionado hace referencia a la buena fe porque es preciso llegar a acuerdo con anterioridad precisamente para evitar lo que estoy señalando.
En el caso de que se trata, ¿mis Honorables colegas creen, por un minuto, que una consulta, después de haberse hecho todas las inversiones que implica el proceso descrito, le impedirá a una empresa pasar por los territorios establecidos en la concesión? ¡Jamás!
Entonces, ¿para qué nos contamos cuentos? Lo razonable es hacer la consulta. Si se trata de evitar que sean varias, que se realice antes. Eso es lo que estamos diciendo. No es cuestión de que sean dos ni de que una sola se entorpezca, sino de que se verifique en forma previa al proceso final. De otro modo, no provocará efecto alguno.
El acuerdo alcanzado expresa que antes de comenzar la construcción "se deberá aplicar el procedimiento de la consulta contemplado en el artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por una sola vez, en la oportunidad y forma que establezca la normativa correspondiente.".
Entonces, seamos claritos, ¡por favor! Si realmente queremos respetar dicho instrumento y las posibilidades de los pueblos originarios, hagamos las cosas en el momento oportuno, no luego de todo el trazado, de todos los estudios, de todas las inversiones habidas y por haber, con una detención en el período de materialización. La consulta no será vinculante y finalmente se va a construir.
Actuemos como corresponde, y eso significa aplicar la medida con anterioridad al proceso de concesión. Eso es lo único que estamos planteando: que se realice una sola consulta, pero en forma previa. No queremos dos ni un entorpecimiento, sino que la única se haga bien.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, quisiera ratificar que, en el acuerdo que firmaron, los mismos Senadores agregaron la obligación de que, "En el caso que las obras de una concesión ya obtenida que atraviesen tierras pertenecientes a comunidades indígenas, antes de comenzar su construcción se deberá acreditar haber realizado el procedimiento de consulta".
El señor NAVARRO.- "Ya obtenida".
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Sin embargo, de lo que he escuchado, da la impresión de que se quieren tres consultas: una para el proyecto en debate, otra para las concesiones provisorias y una tercera para el estudio de impacto ambiental.
El señor ORPIS.- ¡Son cuatro!
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Cuál sería la cuarta, señor Senador?
El señor ORPIS.- La relacionada con la concesión definitiva.
El señor NAVARRO.- ¡Y la consulta a la conciencia¿!
El señor LARRAÍN (don Carlos).- ¡Esa se la dejamos a Su Señoría¿!
El señor PIZARRO (Presidente).- Ruego evitar los diálogos.
Puede proseguir el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- En ese sentido, señor Presidente, deseo entender el espíritu del convenio internacional que firmamos, que es la consulta a los pueblos indígenas respecto de obras que se realicen en lugares que les afecten. Obviamente, la aprobación tiene lugar en el momento de la definición y evaluación del estudio de impacto ambiental. Y eso el acuerdo político lo integra perfectamente.
En segundo término, respecto a la norma proveniente de la Cámara de Diputados en el sentido de que "En el evento de que la concesión traspase territorios de áreas silvestres protegidas del Estado se deberá siempre buscar alternativas de trazado", es preciso tener presente que las áreas silvestres protegidas son de distintas categorías. Algunas son intocables, como los santuarios de la naturaleza. Otra la conforman los parques nacionales. Y en una distinta se encuentran las reservas nacionales. También existen áreas de protección. Pero el texto involucra todo.
Sin duda, Chile ha firmado instrumentos internacionales como la Convención de Washington. Y el acuerdo suscrito por los parlamentarios justamente ratifica la obligación del Estado de cumplirla. ¿Cuál es el problema? Si ni siquiera sería necesario incluir el punto, porque es un compromiso ya existente. Cualquier obra que se pretenda llevar a cabo se debe ceñir a los tratados internacionales.
Un señor Senador recordó que en los Gobiernos de la Concertación puse objeciones, en efecto, justamente porque, con motivo de una construcción en un área silvestre protegida que es una reserva nacional en mi zona, se pasaron a llevar los instrumentos internos existentes. Fue CONAF la que dio autorización para el ingreso, pero resulta que el dueño es Bienes Nacionales. La propia Contraloría objetó después los permisos entregados a la empresa.
Y quisiera agregar algo más: sacaron a quien estaba velando por que se cumpliesen las normas al interior de la reserva nacional, que era el jefe, y pusieron a personas que dieran su visto bueno, las que incluso permitían dinamitar.
Se pasó por encima de muchas cosas y se hizo vista gorda. ¡Y ahora rasgan vestiduras! ¡Ahora vale la Convención de Washington! Las normas vigentes se tienen que respetar siempre.
Pero nunca antes escuché una sola palabra sobre el particular. Y Su Señoría lo sabe.
Por lo tanto, es preciso ceñirse en todo momento a las disposiciones que el país se ha dado, no solo por existir un proyecto muy importante como el de la generación de electricidad.
Por eso, señor Presidente, valoro el trabajo realizado. Creo que el Honorable señor Frei¿
El señor PIZARRO (Presidente).- Se agotó su tiempo, señor Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Le pido un minuto más, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Lo siento, pero estamos¿
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Es para terminar.
El señor PIZARRO (Presidente).- Está bien.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, ante las necesidades del país, pienso que el trabajo que se está haciendo es inclusive la única manera de apoyar las energías renovables no convencionales y de utilizar recursos naturales que aún no hemos podido aprovechar.
Creo que el proyecto ha sido perfeccionado. El acuerdo político va en el camino correcto. Es tarde, sí, pero el texto resulta fundamental para el desarrollo de la energía y para poder seguir con un progreso que no se puede impedir.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo felicitar por el acuerdo político a que se ha llegado, liderado por nuestro jefe de bancada, porque estimo que es un avance muy importante.
Al mismo tiempo, debo mencionar que he compartido todas las normas, salvo está, con la que no concuerdo, como tampoco con la que aprobó la Cámara de Diputados. Y quiero decir derechamente por qué.
De lo que he logrado entender del debate que estamos llevando adelante, y según me lo ha explicitado el propio Senador Orpis, aquí se trata de realizar dos consultas. Una se efectuaría luego de haberse otorgado la concesión definitiva y antes de que se iniciaran las obras, y la otra es una consulta medioambiental.
Me parece ridículo que tengamos que hacer un doble proceso de consulta. Pero, además, no considero correcto que se consulte a las comunidades mapuches una vez que la concesión definitiva está otorgada, sobre todo cuando se trata de una consulta no vinculante.
Me pongo en el supuesto de que tuviera mi casa, mi hogar, mi campo y me avisaran que se va a otorgar una concesión definitiva para instalar una carretera eléctrica que puede pasar por mi terreno. En tal caso, lo razonable, lo lógico, lo de sentido común, sería que me dijeran: "Mire, se va a otorgar una concesión definitiva y quiero conocer su opinión".
Sin embargo, aquí se pide la opinión una vez que ya se entregó la concesión definitiva, y antes de que se inicien las obras. ¡La concesión definitiva ya está otorgada!
Mi pregunta es: ¿Qué cuesta preguntar antes de que se entregue la concesión?
Si las comunidades mapuches no están de acuerdo, las obras pueden seguir exactamente igual y, conforme a lo establecido en la ley, se pagarán todas las indemnizaciones de perjuicios. Es decir, se harán efectivas todas las cauciones contempladas en el inciso anterior, el cual defendí pues me parece una buena norma.
Siento que consultar, socializar o ver las opciones en estas materias, no afecta en nada.
En segundo lugar, escuché la notable intervención del Senador Frei, a quien felicito, porque me interpretó plenamente respecto al tema, como también lo hizo el Senador Prokurica, en el sentido de que hay grupos que abusan de esta norma. Esto es cierto. Pero el abuso se puede producir igual si se consulta antes o después.
Por lo tanto, señor Presidente, habiendo apoyado íntegramente el acuerdo, siento que en esta materia se opera sin entender la lógica de las comunidades mapuches. Estas sienten que tienen derecho a que se les consulte oportunamente. Así de simple. Y si el proyecto es bueno, aunque la gente no lo crea, tales comunidades lo van a apoyar. Porque no son -como se cree- enemigas de todo lo que trae el progreso a su región. Ellas también desean desarrollarse. Tienen las mismas inquietudes que todos los chilenos. Quieren progresar, pero al igualmente que se les consulte a lo menos cuando les ocupan parte de sus terrenos. Y no estoy entrando al tema territorial, sino solo hablando de su propiedad. Lo razonable sería que se dijera: "Mire, va a haber una concesión definitiva, la vamos a otorgar, pero debemos hacer la consulta para tener su opinión".
Me parece mala la disposición despachada por la Cámara de Diputados, pues habla de la consulta para la concesión provisional, en circunstancias de que se trata, simplemente, de un estudio. Eso es ridículo, ya que puede tratarse de un estudio respecto de un proyecto que después no se lleve a cabo. ¿Y para qué hacer una consulta sobre algo que todavía es teórico?
Pero aquí ya estamos dando un paso adelante.
Lamento tener que proceder así, porque no lo hago nunca. Al ver el punto, me parece que lo planteado es correcto. Sin embargo, tengo que velar por lo que, a mi juicio, es la realidad de mi región. Y en esta materia no creo que afecte en nada colocar que se realizará la consulta antes de otorgar la concesión definitiva.
Me dice el Senador Orpis -con toda razón- que es ridículo realizar dos consultas. ¿Por qué no hacer solo una? Entonces, resolvamos esto legislativamente.
En definitiva, no puedo apoyar una norma que me parece incompleta respecto a la situación en debate. Es mi deber plantearlo, así como defender el resto del acuerdo, porque es lo correcto.
Por tal razón, lamentablemente en este punto voy a tener que votar en contra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, tengo una mirada distinta en cuanto a esta disposición.
En primer término, prefiero que haya una norma de esta naturaleza, que no establece la consulta, porque ella ya existe. En efecto, se encuentra consagrada en el Convenio N° 169 de la OIT, y, de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, los tratados internacionales a los que Chile se obliga deben cumplirse sí o sí.
Esta disposición, primero, ordena cuándo hay que hacer la consulta: antes de construir las obras inherentes a la concesión; y, segundo, cuántas deben realizarse: una sola.
Prefiero que exista esa claridad en la ley. Y que los derechos de nuestros pueblos originarios, de nuestro pueblo mapuche en la Región de La Araucanía -que represento aquí, en el Senado, junto con otros señores Senadores- estén claramente establecidos, a que no se diga nada. Porque también podríamos haber optado por no legislar al respecto, caso en el cual siempre subsistiría la duda acerca de cuántas consultas se deben realizar y cuándo.
Me parece del todo razonable que sea una sola. Lo contrario significaría eternizar proyectos de inversión indispensables para que, entre otras cosas, a nuestros pueblos originarios, a nuestro pueblo mapuche, a nuestras comunidades les llegue energía eléctrica más barata.
Cuando visitamos las comunidades y nos reunimos con sus integrantes, ¿qué reclamo hacen normalmente? Que en la zona costera de la Región de La Araucanía, como las empresas concesionarias no han realizado las inversiones correspondientes, cada vez que hay un temporal se corta el suministro de energía eléctrica, y lo grave es que ello dura uno, dos, tres, diez o quince días. ¡Ese es el reclamo! Y, además, deben pagar altas tarifas por un mal servicio.
Entonces, efectuemos las inversiones necesarias.
Si alguien cree que nuestros pueblos originarios se oponen al progreso, está profundamente equivocado. Son personas tremendamente deseosas de que llegue el desarrollo, pero con respeto a la propiedad privada, con respeto a sus tierras, con respeto a sus tradiciones. ¡Por supuesto que sí! Como también lo desean los otros habitantes de los sectores rurales.
Repito que no se oponen al progreso, muy por el contrario. Ellos, más que nadie, desean contar con energía limpia, barata y segura.
Por eso, voy a aprobar la proposición de la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, entiendo el acuerdo a que se ha llegado, pero voy a votar en contra y quiero decir por qué.
Me parece que esta disposición no es coherente con lo propuesto por el Ejecutivo en la Comisión Bicameral encargada de dar cumplimiento al artículo 6° del Convenio N° 169 de la OIT, que yo integro. Soy miembro de dicha Comisión por ser titular de la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado.
Ayer, como todos los lunes, sesionamos en las oficinas del Senado en Santiago. Y, en esa oportunidad, el Gobierno nos llevó una propuesta sobre esta materia, consistente en una consulta impulsada por cada Ministerio en particular, con determinado plazo. Y si no se llegaba a acuerdo, incluso, se enviaría al Ministerio de Desarrollo Social.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hay coherencia entre lo que nos propuso ayer el Ejecutivo y esta norma que viene acordada. Y por tal razón, la voy a votar en contra.
Siento que hay que ser coherente en los textos respecto a lo que acordamos desarrollar. Porque es cierto lo que señalaron muy bien los Senadores señores García y Orpis, en el sentido de que el Convenio N° 169 de la OIT existe, ya está dentro de nuestro marco jurídico. Sin embargo, aquí estamos estableciendo el reglamento, el procedimiento. Y en cuanto al procedimiento todavía está en discusión quiénes integrarán la mesa técnica. El propio Gobierno nos ha pedido no adelantarnos y esperar hasta que tenga listo el acuerdo.
Señor Presidente, repito que, a mi juicio, no hay coherencia entre ambos textos.
Voto que no.
El señor ORPIS.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- No le puedo dar la palabra a Su Señoría, porque ya fundó el voto.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NAVARRO.- ¿Qué se está votando?
El señor PIZARRO (Presidente).- La propuesta de la Comisión que elimina los incisos cuarto y quinto, nuevos, del artículo 22°, que se refieren a la consulta a las comunidades indígenas contemplada en el Convenio N° 169 de la OIT y a las concesiones que traspasen áreas silvestres protegidas.
Terminada la votación.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, por error registré mi voto en el computador del colega Rossi.
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, habría que borrar el pronunciamiento del Senador señor Rossi.
El señor LABBÉ (Secretario General).- No se puede borrar, señor Presidente.
En todo caso, en el resultado se considerará lo señalado por el Honorable señor Gómez.
--Por 16 votos contra 8 y un pareo, se aprueba la propuesta de la Comisión para eliminar los incisos cuarto y quinto, nuevos, que se agregaron al artículo 22° del texto legal vigente.
Votaron por la afirmativa las señoras Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Sabag.
Votaron por la negativa la señora Pérez (doña Lily) y los señores Cantero, Espina, Gómez, Horvath, Letelier, Navarro y Quintana.
No votó, por estar pareado, el señor Lagos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Dado que el Orden del Día terminó hace muchísimo rato y todavía hay numerosas votaciones por realizar, quisiera solicitar el acuerdo de la Sala sobre el siguiente planteamiento que me hicieron llegar algunos señores Senadores.
En primer término, debatir en particular cuatro temas:
1.- Las observaciones y oposiciones a la solicitud de concesión (artículo 27° ter).
2.- Lo relativo a la entrega material del predio, consignado en el artículo 67°.
3.- La indivisibilidad de la concesión.
4.- La duración de la concesión.
La idea sería votar ahora, en un solo acto y sin discusión, el resto de las propuestas contenidas en el informe de la Comisión, y, en caso de ser aprobadas, dar por rechazadas las indicaciones que se puedan haber renovado, incluyendo, lógicamente, las que fueron declaradas inadmisibles.
Esa sería la proposición.
El señor CANTERO.- Bien.
El señor PIZARRO (Presidente).- Y, en segundo lugar, votar esos cuatro puntos en la sesión ordinaria de mañana.
¿Habría acuerdo para proceder de esa manera?
El señor LETELIER.- ¿Me permite?
El señor NAVARRO.- Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede usar de la palabra el Senador señor Letelier, y después el Honorable señor Navarro.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, como no tengo a la vista los artículos sobre las materias que usted planteó, no sé en qué momento se va a poder discutir de nuevo lo relativo a la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT.
Me gustaría saber cuándo se votará el punto, porque tenemos una discrepancia sustantiva con el Ejecutivo sobre las implicancias jurídicas de lo que se propone en el proyecto.
¿Eso se votará mañana?
Asimismo, sería bueno conocer, de modo explícito, qué temas se discutirán mañana.
El señor PIZARRO (Presidente).- La proposición que hicieron llegar a la Mesa los Senadores señores Horvath y Gómez -entiendo que conversaron al respecto con algunos otros- dice relación con los asuntos que mencioné y que me limité a leer.
El señor QUINTANA.- Solicito agregar el artículo 34°, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tal vez el Senador señor Horvath o el Senador señor Gómez puedan entregar una explicación más detallada, para resolver la duda del Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Perfecto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, seré muy breve.
La verdad es que nuestro ánimo es tratar de equilibrar las cosas.
Se acaba de discutir respecto a la oportunidad y la manera de efectuar la consulta a los pueblos originarios, como también a la forma de evitar, mediante alternativas de trazado, el paso por áreas silvestres protegidas del Estado.
Como se señaló, quedan cuatro temas pendientes: el artículo 27° ter, referente a las oposiciones u observaciones a las concesiones (cómo se las restringe, a nuestro juicio); la notificación y la toma o posesión material del predio, con el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir el decreto que se señala; la indivisibilidad o divisibilidad de las concesiones, como se propone en el acuerdo suscrito sobre el proyecto.
El cuarto punto (dos ya se discutieron) se refiere a los años de duración de la concesión.
Esas son las materias que planteamos analizar a fondo. Y el resto de las proposiciones de la Comisión se votarían en un solo acto y se aprobarían por mayoría, como se ha estado haciendo hasta ahora.
El señor PIZARRO (Presidente).- Continúa con la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo tengo la mejor voluntad para facilitar las cosas, pero entiendo que hay dos temas distintos a los que señaló el colega que me antecedió en el uso de la palabra.
Uno es la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT. Aquí solo se vio con relación a las concesiones provisionales. Por tanto, es evidente que eso requiere un debate aparte.
Lo mismo ocurre en lo atinente a las concesiones que pasen por territorios que son áreas silvestres protegidas, donde la discusión es si esto ha de ser o no previo al otorgamiento de la concesión.
Propongo agregar esos dos temas, sobre los cuales hay indicaciones formuladas.
Y daría la unanimidad para aceptar el procedimiento en todas las otras materias, como han sugerido los colegas.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, deseo referirme a dos puntos.
En el debate que hemos sostenido pasamos desde el artículo 22° al 34°. Este último se refiere a las concesiones definitivas, y aquí se argumentó bastante sobre ellas cuando se discutían las provisionales.
Por lo tanto, el artículo 34° tiene que incorporarse al acuerdo del análisis que se efectuará, para aclarar su oportunidad antes de comenzar la construcción de las obras.
Y el segundo punto dice relación con los afectados.
Aquí se piensa que la transmisión y las concesiones afectan solo a los propietarios de los predios. Pero las líneas afectan también a los vecinos circundantes.
El Senador Horvath sabe en qué parte del texto figura aquello. Y quiero aludir al tema.
Si consideramos solo a los propietarios, vamos a generar un grave lío con los vecinos, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Pero lo relativo a los afectados ya lo discutimos. Está despachado.
El señor NAVARRO.- El colega Horvath me acota que eso figura en el artículo 27° bis. Sería conveniente ampliarlo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Su Señoría puede retomar la discusión de él. Pero respecto a lo que planteó específicamente hace algunos instantes, ya votamos.
El señor NAVARRO.- Pero el 27° bis ya viene.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala,¿
El señor PROKURICA.- Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, el Acuerdo de Comités sobre este proyecto fue tratarlo hasta su total despacho.
Si seguimos el procedimiento propuesto por usted, yo pediría -y el Comité Renovación Nacional está conteste en ello- que el debate de los cuatro temas que el Senador Horvath planteó realizar mañana se hiciera también hasta su total despacho.
Solicito lo anterior, porque a veces algunas indicaciones se discuten durante horas. Y podría suceder que mañana tampoco termináramos.
El señor PIZARRO (Presidente).- La propuesta señalada es exactamente esa. De lo contrario, no tendría sentido.
El señor PROKURICA.- Muy bien.
El señor PIZARRO (Presidente).- Yo agregaría, eso sí, la indicación N° 19, que se encuentra pendiente.
El señor Ministro tendrá el tiempo suficiente para presentarla mañana, y la despacharemos también, con las correcciones que se plantearon.
¿Habría acuerdo para aprobar la propuesta? Se incluiría igualmente el artículo 34°.
O sea, se agregaría un quinto tema, señor Secretario: la discusión del artículo 34°, sobre el Convenio N° 169 de la OIT.
El señor NAVARRO.- Y el 27° bis.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ese ya está contemplado.
Acordado.
Entonces, señores Senadores, para ser rigurosos, tenemos que someter a votación, en un solo acto, todas las demás propuestas contenidas en el informe de la Comisión de Minería y Energía.
Son de quórum simple.
En caso de ser aprobadas, se caen inmediatamente las indicaciones renovadas, tanto las declaradas admisibles como las inadmisibles.
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La votación anunciada por el señor Presidente comprende la totalidad de las modificaciones propuestas por la Comisión que fueron acordadas por mayoría de votos. De aprobarse, quedarían rechazadas, con la votación inversa, todas las indicaciones renovadas, incluidas aquellas cuya admisibilidad había sido declarada.
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el resto de las enmiendas propuestas en el informe de la Comisión (15 votos contra 5).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Sabag.
Votaron por la negativa los señores Gómez, Horvath, Letelier, Navarro y Quintana.
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, mañana se efectuará la discusión de los temas planteados.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.