PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ELÉCTRICAS
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8270-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 100ª, en 5 de marzo de 2013.
Informe de Comisión:
Minería y Energía: sesión 10ª, en 9 de abril de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de este proyecto es simplificar el proceso de concesión de proyectos de transmisión eléctrica mediante la adecuación de los tiempos de tramitación de las solicitudes de concesión y el perfeccionamiento del mecanismo de oposición y formulación de observaciones, de los sistemas de notificaciones, de tasación de inmuebles y de solución de conflictos entre concesiones, y el establecimiento de un procedimiento judicial de carácter sumario para conocer de las reclamaciones.
La Comisión de Minería y Energía discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por 4 votos a favor (Senadores señora Allende y señores Cantero, Orpis y Prokurica) y 1 en contra (Senador señor Gómez).
El texto que se propone aprobar se transcribe en la parte pertinente del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Cabe tener presente que el inciso octavo del artículo 27 ter, introducido por el numeral 9) del artículo único, es de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Hay varios Senadores inscritos.
Tiene la palabra, en primer lugar, el Presidente de la Comisión de Minería y Energía, Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, quiero empezar mi exposición acerca de este proyecto, de gran importancia y urgencia para nuestro país, diciendo que en Chile existen cuatro subsistemas eléctricos: el del Norte Grande, que comprende principalmente Tarapacá y Antofagasta; el Central; el de Coyhaique, y el de Magallanes.
El concepto de concesión eléctrica no es un unívoco, sino que admite modalidades o tipos diversos según su objeto, creando derechos y obligaciones para un particular que difieren conforme a la naturaleza de la actividad de que se trate. Así, la clase de concesión que se conceda otorgará a su titular el derecho a establecer centrales productoras de energía eléctrica, o subestaciones y líneas de transporte de ella, o a establecer, operar y explotar las instalaciones de servicio público de distribución. A su turno, el acto administrativo concesional impondrá a su titular ciertas obligaciones que se desprenden de su sujeción a la normativa eléctrica.
Uno de los problemas más serios que hay en Chile es, sin duda, la falta de energía y el alto valor de esta, situación que fue reafirmada por todos los invitados que participaron en la Comisión de Minería y Energía con motivo del análisis de esta iniciativa.
Esos dos inconvenientes son el resultado o tienen su causa en el retraso y el rechazo de varios proyectos, no solo térmicos sino también hídricos y de energías renovables, pero, además -y a esto apunta justamente el objetivo de la normativa en debate-, obedecen a que la generación de energía eléctrica suele no estar en el lugar de mayor consumo y necesita ser transportada por líneas que no existen o que no son capaces de conducir la energía que se requiere. Voy a ejemplificar esta realidad más adelante.
Y ahí se presenta un conflicto potencial. Ello porque, por un lado, la concesión eléctrica es un instrumento esencial para el desarrollo de las actividades relacionadas con la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, y en su funcionamiento no se puede prescindir de la imposición de servidumbres para determinados trazados y terrenos, y por otro, los particulares propietarios de los predios que resultan gravados con las eventuales servidumbres administrativas forzosas, cuya constitución se desprende del acto concesional eléctrico, ostentan derechos que deben ser también cautelados. Ante este conflicto, el ordenamiento debe velar por que el procedimiento concesional otorgue garantías a todas las partes y de él emane una correcta tasación de los costos que irroga la imposición de la servidumbre eléctrica, de modo de resguardar que los perjuicios ocasionados sean oportuna y eficazmente resarcidos. Todo lo anterior, cuidando igualmente el interés común y que estos procesos no se eternicen, como está ocurriendo hoy día y que es lo que ha obligado al Gobierno a enviar este proyecto.
En la actual realidad energética, señor Presidente, el valor de la energía puede llegar a ser el doble en un extremo del Sistema Interconectado Central, y la mitad en la otra punta. Es así como la energía en la Octava Región llega a costar entre 50 y 70 dólares el megawatt, mientras que en Regiones como la de Atacama, que es la que represento en este Senado, alcanza a 200 dólares y más. El año pasado, como bien me acota el Senador Frei, llegó incluso a 260 y 270 dólares.
Ahora bien, en el cuadro que se está proyectando se aprecia que en el país hay dos sectores que en este minuto tienen un serio problema de cuello de botella para poder transmitir la energía. Para poner un ejemplo, al sur de Charrúa se cuenta con una capacidad de generación eléctrica del orden de los 3 mil 600 megawatts, y la demanda local es de solo 900. Así, la energía exportable hacia el norte sería de unos 2 mil 700 megawatts. Pero más importante aún es que el precio de la energía, como dije anteriormente, bordea entre 50 y 70 dólares al sur de aquel lugar.
Lamentablemente, producto de la falta de líneas o de líneas que no son capaces de transportar la energía sobrante, hay 1.170 megawatts que no pueden ser transferidos, a pesar de la necesidad que existe en el norte del país.
La actual situación está produciendo problemas serios en distintos proyectos productivos. Voy a nombrar solo algunos, ubicados en la Regiones de Atacama y de Antofagasta, los que, ya sea por falta de energía o porque esta es muy cara, han sido definitivamente postergados. Me refiero al proyecto San Antonio-CODELCO (mil millones de dólares); el proyecto Inca de Oro-CODELCO Panaust, de una empresa australiana (600 millones de dólares); el proyecto Casale-Barrick (6 mil 500 millones de dólares), y el proyecto Santo Domingo, todos en la Región de Atacama. Y a ellos se agrega el proyecto Antucoya, en la Región de Antofagasta, por 1.700 millones de dólares.
En este gráfico podemos ver que los costos de la energía en la minería del cobre, en comparación con Argentina, Brasil, México, Perú y el resto del mundo, son mucho mayores, y en forma artificial, porque más bien responden a una falta de líneas de transmisión y no a una energía que eventualmente se podría traer. Hay un proyecto que está siendo considerado por el Gobierno del Presidente Piñera que consiste en unir el Sistema del Norte Grande con el Sistema Interconectado Central, para aprovechar la gran capacidad de energía que en este minuto está ociosa y que sería mucho más barata.
El cuadro de arriba representa la evolución de los precios de la energía eléctrica para clientes residenciales (esta es la situación de la señora Juanita), donde se aprecia cómo prácticamente todo el tiempo ellos han ido al alza.
En el siguiente gráfico, la línea de color verde corresponde a los precios libres para clientes industriales.
A partir del año 2014, el atraso de la puesta en servicio de la línea Ancoa-Alto Jahuel implicará enfrentar un nivel de precios no competitivos en la zona central del Sistema Interconectado. De mantenerse esta situación, no podrán efectuarse a tiempo las inversiones en transmisión, como sería el caso de las líneas que van de Santiago al norte. Un atraso en la ejecución de este proyecto tendrá un efecto directo en la competitividad de precios de energía en la zona norte.
Si a todo ello le sumamos que se ha proyectado por técnicos un crecimiento en la demanda de la energía de 5,9 por ciento anual, lo que aumentará los requerimientos de suministro en cerca de 100 mil GW/H adicionales para el 2030 (hoy en Chile hay unos 62 mil GW/H), se concluye que nuestro país necesita más energía, y energía más barata y limpia para ser competitiva.
Por eso resulta fundamental disponer de un sistema de transmisión seguro, sin cuellos de botella, como las mostradas en el cuadro correspondiente, y que permita llevar la energía desde los lugares en que se produce hasta donde se consume, pero sin los problemas señalados.
La iniciativa que hoy analizamos, señor Presidente, va en la dirección correcta y permitirá agilizar el otorgamiento de concesiones y las servidumbres requeridas para la materialización de las líneas, cumpliendo con toda la legislación vigente. Lo que ella hace es acortar los plazos, no vulnerar los derechos.
El problema es que la legislación actual establece un plazo de 120 días para obtener una concesión, pero, en la práctica, el promedio ha llegado a 700 días. Las causas de la demora son principalmente dos: la primera, las notificaciones, especialmente cuando los dueños son variados, y la segunda, las negociaciones y tiempos extra que toma la entrada al predio para la construcción de las obras.
En definitiva, esta iniciativa legal permitirá: facilitar el acceso a los terrenos a un justo precio; aportar a la resolución de los conflictos; disminuir los riesgos de los proyectos; redundar en menores costos de energía, y mejorar la seguridad global del sistema.
La Comisión de Minería y Energía, señor Presidente, coincide -al igual que todas las personas que asistieron a ella- en la urgencia y la necesidad de abordar este problema, que no solo es económico, sino que también implica una importante generación de empleos, lo que hoy día no se está pudiendo concretar producto de la suspensión de los proyectos.
Teniendo presente tal circunstancia y sometida a votación la idea de legislar, esta fue aprobada en dicho organismo por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra.
El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación aparece en la lista de inscritos el Senador señor Horvath, pero acaba de pedir la palabra el señor Ministro de Energía, quien tiene preferencia para intervenir.
El señor HORVATH.- Ningún problema, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra, señor Ministro.
El señor BUNSTER (Ministro de Energía).- Señor Presidente, Honorables Senadoras y Senadores, para ninguno de los aquí presentes es nuevo escuchar sobre las dificultades que vive el país en materia de generación y transmisión eléctrica, cuyo efecto más significativo y palpable a los ojos de todos es el alto costo de la energía.
Pero ese no es el único efecto.
Como consecuencia de lo anterior, la pérdida de competitividad asoma como la principal amenaza ante el desafío de convertirnos en un país desarrollado hacia finales de esta década.
Conseguir que Chile sea una nación desarrollada implica no solo alcanzar determinadas metas macroeconómicas, sino que además esos números deben traducirse en beneficios concretos para todas y todos los chilenos. Y la energía es un insumo esencial para la consecución de ese objetivo y para la sociedad en su conjunto.
Su disponibilidad y abastecimiento influyen directamente en el crecimiento social y económico y, en consecuencia, en la reducción de la pobreza. La falta de acceso a fuentes y redes de energía confiables constituye una peligrosa limitación para el progreso social sostenible, para el crecimiento económico y, en definitiva, para el bienestar de la población.
En este desafío por lograr el desarrollo, estimamos que Chile debe incorporar, al año 2020, entre 7.000 y 8.000 megawatts en nuevos proyectos de generación. Pero no de cualquier tipo. Requerimos un desarrollo y un abastecimiento energético cuyas fuentes sean limpias, seguras y económicas, agregando los menores costos posibles con miras a un crecimiento integral.
Una perspectiva de largo plazo también requiere que avancemos en generar las condiciones necesarias para contar con una matriz diversificada, que promueva el uso de los recursos que el país tiene, con un mayor número de actores que incentiven la competitividad, y con redes de transmisión que cuenten con la suficiente holgura y robustez.
Se hace imprescindible, entonces, fortalecer el diseño, la solidez y la expansión de nuestro sistema de transmisión.
La infraestructura de transmisión eléctrica es fundamental en el desarrollo energético, tanto para la confiabilidad del suministro eléctrico como para la competencia y el acceso a las diversas fuentes de generación.
Sin embargo, hoy la transmisión eléctrica presenta significativos niveles de fragilidad y vulnerabilidad que han provocado un retraso considerable en la materialización de importantes proyectos de generación y de transmisión, dificultando el acceso a las redes eléctricas para pequeños generadores y para el ingreso de las fuentes renovables, especialmente las no convencionales.
En este marco, consideramos fundamental el perfeccionamiento de la legislación y la normativa vigentes.
Con este objetivo, el 3 de mayo de 2012 ingresamos al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Concesiones y Servidumbres, iniciativa que contó con un amplio debate, en el cual participaron parlamentarios, técnicos y diversos expertos que contribuyeron al enriquecimiento del texto que hoy se somete a vuestra consideración.
En esta tarea es importante destacar el trabajo conjunto desarrollado entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, por lo que me gustaría destacar y reconocer el compromiso y entrega de las Comisiones técnicas de las dos ramas del Congreso y de los equipos de asesores de los señores Diputados y Senadores, así como la labor desplegada por los funcionarios del Ministerio de Energía, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y de la Comisión Nacional de Energía.
El trabajo conjunto permitió llegar a un acuerdo en todas las indicaciones incorporadas al proyecto de concesiones eléctricas, lo que ha posibilitado presentar hoy a esta Sala un buen texto, que ya fue aprobado por la Comisión de Minería y Energía de esta Corporación, razón por la cual esperamos contar con vuestro apoyo en esta instancia.
La presente iniciativa busca agilizar y optimizar el procedimiento de obtención de concesiones eléctricas, tanto provisionales como definitivas, cautelando adecuadamente los legítimos derechos de los propietarios prediales sobre los que se impone una concesión eléctrica.
Con este proyecto esperamos resolver los excesivos tiempos que toma el otorgamiento de concesiones eléctricas, los que hoy bordean, en promedio, los 700 días y cuya meta es no superar los 150 días de tramitación. En la actualidad, esta excesiva demora impacta directamente en los precios de la energía que paga cada uno de los chilenos y las chilenas.
Además de simplificar el proceso de concesión y adecuar los tiempos de tramitación, el proyecto mejora el proceso de notificaciones, modifica el procedimiento de tasación de los inmuebles y resuelve las controversias bajo el procedimiento de juicio sumario, con los correspondientes ahorros de tiempo y costos para los afectados.
En definitiva, señor Presidente, la iniciativa que hoy presentamos permitirá la construcción oportuna de nuevos proyectos de transmisión, lo que se traducirá en una operación más eficiente y económica del sistema.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, Senadoras y Senadores, el sector energético y eléctrico de nuestro país es altamente concentrado: hay tres grandes generadoras, tres grandes distribuidoras y, dentro del Sistema Interconectado Central, un gran transmisor.
Este modelo hiperconcentrado se mueve en un paradigma más bien propio del siglo XX, que la ingeniería y las condiciones ambientales, sociales y culturales de los distintos países han ido cambiando por otros.
Intentaré ser lo más didáctico posible.
Se nos ha señalado que las termoeléctricas a carbón, gas o petróleo, las grandes centrales hidroeléctricas o, en su defecto, las plantas nucleares serían la solución. Desde luego, estos enormes proyectos requieren grandes líneas de transmisión, dado que no se ubican cerca de los lugares de consumo, ya sean industriales, residenciales, mineros o de otra naturaleza.
Ahora, esta tremenda concentración tiene como elemento conductor las leyes y el sistema político imperantes en nuestro país, por cuanto se trata de un sector que tiene garantizadas sus utilidades por ley.
Entonces, cuando se nos dice que los precios de la energía en nuestro país suben y son cada vez más prohibitivos, debemos apuntar, justamente, a qué condujo el actual sistema.
Además, este fenómeno de concentración no solamente ocurre a nivel nacional, sino que es una tendencia internacional, aunque la mayoría de los países lo han ido dejando de lado.
Si vamos más allá, en nuestro país existe un panel de expertos, encargado de revisar las tarifas y de constatar si las condiciones cambian, el cual es financiado por las mismas grandes empresas del rubro. Es decir, estamos en un mundo donde los miembros de dicho órgano son arte y parte. Además, se hallan mayoritariamente en los centros de despacho de carga, y deciden quién entra de inmediato y quién después a un mercado donde los márgenes de utilidad juegan un rol bastante importante.
El efecto de esta concentración no solo es económico, sino que tiene una influencia transversal en el ámbito político y también en los medios de comunicación.
Como planteó el Presidente de la Comisión de Minería y Energía, en nuestro país hay dos grandes sistemas interconectados -el Sistema Interconectado Central y el Sistema Interconectado del Norte Grande-, a los cuales se añaden dos sistemas más pequeños que aún no se hallan adecuadamente conectados en sus respectivas zonas, como son el que corresponde a la red de la Región de Aysén, entre la provincia de Palena y el sector de Villa O´Higgins, y el de la Región de Magallanes, a través de empresas que además son monopólicas, dado que generan, transmiten y distribuyen. Me refiero a EDELAYSEN y EDELMAG.
Este modelo tiende a moverse entre grandes proyectos. Pensemos e imaginemos las centrales térmicas a carbón, las que, por mucho que se intente mejorar su tecnología, siempre emiten gases de efecto invernadero y provocan verdaderas zonas de sacrificio.
Nosotros siempre les decimos a las personas que no hay nada más didáctico que ir a Quintero, Ventanas o Puchuncaví y ver las termoeléctricas que operan en el sector, más la fundición de ENAMI, para darse cuenta de que esa zona, que alcanzamos a conocer de chicos y que era una maravilla desde los puntos de vista turístico, pesquero y de condiciones agrícolas, fue transformada en un -lo digo con el debido respeto- verdadero paisaje lunar, en el que la mayoría de los trabajadores que allí laboran ni siquiera provienen de la zona, sino que son llevados en buses desde otros lugares, y que no creo que ni siquiera compren ahí los fósforos o los encendedores.
Es paradójico, considerando que hemos ido cambiando nuestra visión y nuestra relación con el medioambiente y las energías, que el escudo de la Municipalidad de Puchuncaví muestre una torre de una refinería a carbón. Y es porque eso es lo que se entendía en aquellos años como desarrollo, como crecimiento. Pero yo digo: "¡Vayan allí ahora y vean si es desarrollo o crecimiento!".
Nosotros, desde la Universidad de Chile, mirábamos con buenos ojos las grandes hidroeléctricas que implementó Endesa en su oportunidad. De hecho, varios hacíamos nuestras prácticas de diseño con visitas a Colbún y Rapel. Después se aprobaron los proyectos en el río Biobío.
Pero también percibimos cómo viven las comunidades aledañas. En verdad, uno aprecia una contradicción enorme al ver esas tremendas centrales y las comunidades de los alrededores, totalmente deprimidas y con sus redes sociales muy deterioradas.
Hoy en día, aplicando el mismo modelo, se pretende impulsar complejos hidroeléctricos en la zona austral. Me refiero a proyectos como HidroAysén y Energía Austral, que prevén líneas de transmisión de 2.300 kilómetros. ¿A qué persona racional van a convencer de que con una iniciativa de esa naturaleza va a haber energía eléctrica más económica? Uno de esos proyectos escaló de 4 mil millones de dólares a 11 mil millones de dólares, y no es técnicamente viable.
Tal cosa se plantea solamente en un país como el nuestro, donde se da una alta concentración y donde se garantizan utilidades por ley.
¡Y, además, se quieren hacer leyes que les faciliten más el procedimiento!
Quiero compartir con ustedes un cuadro -lo están viendo en la pantalla- sobre los potencial energético de Chile.
Tenemos el desierto más árido del mundo; enormes caídas de agua en la cordillera de Los Andes; uno de los perímetros costeros más grandes del mundo (damos la vuelta el diámetro de la Tierra más de una vez); viento, biomasa; en fin, fuentes de energía renovables no convencionales. Las cifras de tal potencial son espectaculares.
En el gráfico siguiente podemos apreciar los costos de esas energías. Siempre se dice: "Resultan muy caras"; "Son tecnologías nuevas". Y no es así.
Este es un estudio que hizo la agencia de inversiones Bloomberg, para orientar las finanzas. A la izquierda de las ordenadas se ven todos los sistemas que hoy en día ya compiten dentro del Sistema Interconectado Central y del Sistema Interconectado del Norte Grande. Es decir, en la actualidad los megaproyectos termoeléctricos e hidroeléctricos, sin siquiera considerar los daños que producen, tienen competencia.
Doy un ejemplo: las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas y las centrales de pasada. Basta que cualquier persona que vuele desde Santiago a Puerto Montt mire hacia la izquierda del avión para ver una cantidad enorme de posibilidades de desarrollo hidroeléctrico, y en lugares donde, además, hace falta agua: para recrearse, para beber, para regar. Son opciones que están a la mano.
¿Por qué se va, entonces, a 2.300 kilómetros hacia el sur? Porque el sistema, de alguna manera, permite sacar una tajada bastante mayor con esa alternativa.
En alguna medida nos hemos adelantado al problema con el proyecto de ley 20/20 y la ley denominada "net metering". Esta última se vincula con una medición neta del consumo de energía y permite que el consumidor se transforme también en productor. Esa es una manera simple de avanzar. El 51 por ciento de las energías renovables no convencionales en un país como Alemania proviene de sistemas como este. Si nosotros miramos nuestro territorio, nos daremos cuenta de que Punta Arenas cuenta con más radiación solar que Bremen en Alemania. Por lo tanto, el potencial es enorme.
Tal mecanismo no ha funcionado en Chile precisamente porque el esquema vigente es distinto. Se necesitan fórmulas descentralizadas y, desde luego, participación. Ello no requiere subsidios, pero sí algún sistema de almacenamiento, lo que se materializaría a través de redes inteligentes.
Hace falta, sobre todo, que el Estado entienda que este es un beneficio para la sociedad.
Esos sistemas, paradigma del siglo XXI, además de ser tecnológicamente de punta y muy afines a nuestro país, permiten una energía distribuida sin red de transmisión.
Nosotros le hemos planteado al Ministerio de Energía -y digo "nosotros" porque somos un grupo de parlamentarios, que estamos trabajando con un equipo técnico- lo siguiente:
-Que, simultáneamente, se saque adelante la iniciativa de ley 20/20 (es un compromiso presidencial), que está radicada en la Cámara de Diputados hace más de un año;
-Que la carretera eléctrica no sea un traje a la medida para los megaproyectos referidos;
-Que la ley que regula el net metering cuente con un reglamento que haga atractiva tal iniciativa, a fin de que las personas se transformen, de consumidores, en productores, con un enorme potencial (solo en Santiago hay 15 mil hectáreas que se pueden aprovechar para ese efecto);
-Que los Sistemas Interconectado Central e Interconectado del Norte Grande se estructuren de tal manera que se permita a otros generadores entrar al sistema; o sea, que no sigamos siempre protegiendo al mismo grupo que, aunque actúa de acuerdo a las reglas del juego, nos tiene en estas condiciones, y
-Que esta futura ley de concesiones eléctricas tenga el suficiente miramiento con los servicios competentes, con los estudios de impacto ambiental, con las áreas protegidas, con las áreas de valor turístico y escénico y con las comunidades de los pueblos originarios.
En otras palabras, las cosas hay que hacerlas rápido, pero bien. Y eso se debe lograr a través de indicaciones y de un acuerdo para concretar los cinco puntos que he señalado.
Por estas razones, debemos procurar que el Gobierno, mediante el Ministerio de Energía, se allane a un acuerdo efectivo que vaya en la dirección correcta. ¡Eso es lo que todavía no hemos podido lograr!
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador...
El señor NAVARRO.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Se ha solicitado abrir la votación. Si le parece a la Sala, podríamos acceder a ello manteniendo los 10 minutos para cada intervención.
Tiene la palabra el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, tomando uno de los últimos argumentos del Honorable señor Horvath, me surge la inquietud -varias personas me la han planteado- por el tema de la consulta indígena, situación que estaría muy tensionada con relación a esta iniciativa.
Por ello, consulto si es posible pedir segunda discusión o si estamos obligados a votar hoy, dado el acuerdo de Comités.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, usted puede pedir todo lo que quiera; está en su derecho. Lo que pasa es que hay un acuerdo para votar hoy este proyecto en general, y, además, tenemos el vencimiento de la urgencia.
En reunión de Comités se conversó este punto. Varios Senadores solicitaron postergar la discusión y votación de este proyecto para la próxima semana. Finalmente, al no haber acuerdo para ello, se optó por votar hoy la idea de legislar y establecer un plazo más amplio para la presentación de indicaciones: hasta el 13 de mayo.
Por lo tanto, será en la discusión en particular donde se tendrá que abordar el tema que usted ha planteado, en el entendido, además, de que el propio Ministro de Energía, como manifestó acá, está disponible para intentar llegar a los acuerdos necesarios para despachar una buena ley.
Esa es la situación en la que estamos.
El señor CANTERO.- Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación, pero manteniendo el tiempo de 10 minutos para cada orador.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, hoy día estamos abordando una de las tareas pendientes más urgentes que debemos enfrentar como país.
El ámbito energético está estrechamente vinculado con el del desarrollo. No avanzar en aquel es postergar nuestras posibilidades de progreso.
Actualmente, nuestra economía está creciendo en torno al 6 por ciento. Con ello, la expectativa de alcanzar el desarrollo se concretaría alrededor de los años 2018, 2020. Ello implica que la matriz eléctrica debe crecer en porcentajes similares.
Lamentablemente, estamos viviendo una crisis en el plano energético. Para resolverla y avanzar, es fundamental llegar a un acuerdo.
Ahora bien, señor Presidente, este es uno de los proyectos clave.
Nuestro país cada año necesita que ingresen 350 megawatts, para hacer frente a un crecimiento del 6 por ciento. Y no lo estamos logrando.
Adicionalmente, el 10 por ciento de la capacidad eléctrica que logró aprobación ambiental entre 2010 y 2012 entrará en operación inmediata. ¡Solo el 10 por ciento!
En tercer lugar, señor Presidente, a partir del 2014, a raíz de toda la situación de entrabamiento que hemos visto, no ingresarán al sistema proyectos importantes, superiores a 100 megawatts.
En seguida, en el Sistema Interconectado Central, el mayor de nuestro país, solo el 5 por ciento de las obras autorizadas se va a ejecutar.
Y, por último, se encuentran en tramitación ambiental 20 mil megawatts, pero hay casi 9 mil paralizados.
Esa es la realidad que enfrentamos hoy día en el sistema eléctrico, señor Presidente. Por eso, se requiere con urgencia que abordemos esta materia.
Tal como señalaba el Senador informante de la Comisión, el señor Prokurica, las concesiones eléctricas tienen una característica fundamental: los servicios que prestan no se pueden interrumpir, porque su paralización causa un impacto muy grande en la población en general. Y cuando digo "población en general", estoy hablando de los ciudadanos de nuestro país y, también, de los sectores productivos.
El entrabamiento que registramos hoy en el sistema eléctrico está generando un aumento de cerca de 30 por ciento en las tarifas residenciales y en los costos de producción.
Eso deja fuera a cualquiera, en un mundo global en el cual se requiere actuar con eficiencia y competitividad en este ámbito.
Por eso, como los servicios eléctricos no se pueden interrumpir, se ha establecido un sistema concesional de carácter administrativo, relacionado con la producción, el transporte y la distribución de la energía eléctrica.
Para su implementación, no es posible prescindir de la imposición de servidumbres por determinados trazados y terrenos.
Por otro lado, también debe existir un mecanismo para resguardar los derechos de los particulares que resulten gravados por las eventuales servidumbres forzosas, cuya constitución se desprende del acto de concesión.
En consecuencia, debemos lograr una legislación equilibrada que permita, por una parte, imponer la servidumbre correspondiente y, por otra, proteger a las personas que se vean forzadas a recibir ese tipo de servidumbre.
El problema es que la Ley de Concesiones Eléctricas se ha transformado en un obstáculo para desarrollar ese tipo de proyectos.
Por ello, la iniciativa que ahora nos ocupa es fundamental.
Como señala el mensaje, la demora en obtener la concesión en el caso de las centrales de generación hidroeléctrica es, en promedio, de 138 días; en el de los proyectos de transmisión, 290 días, y tratándose de proyectos de distribución eléctrica, sobre 550 días, en circunstancias de que la propia ley establece un plazo de hasta 120 días.
Esta iniciativa pretende elaborar un diagnóstico de la ley vigente en materia de concesiones. Habiendo verificado sus trabas y obstáculos, propone un conjunto de modificaciones para hacer más expedita la entrega de concesiones, con el objeto de acelerar la implementación de los proyectos.
¿Cómo se busca agilizar el proceso de concesiones?
En primer lugar, se simplifica el proceso de concesión provisional. En la actualidad, esta sigue prácticamente el mismo trámite que una concesión definitiva, en circunstancias de que sirve para elaborar los estudios previos, etcétera. Por ello, el proyecto establece claramente la diferencia entre la concesión provisoria y la definitiva.
En segundo lugar, se rebajan drásticamente los tiempos de tramitación. Se reducen los tiempos de respuesta y observaciones de 30 días a 20, prorrogables por un máximo de 10 días. Paralelamente, los dueños de propiedades afectadas tendrán un plazo de 20 días, y no de 30, para efectuar las observaciones y oposiciones.
Otra materia muy importante en este ámbito dice relación con la precisión de posibles observaciones y oposiciones.
En diferentes procesos se ha utilizado esta parte de la tramitación para introducir oposiciones cuyo fundamento se aleja de los objetivos y del área de atención del proceso administrativo de concesiones en sí, el cual es principalmente eléctrico y territorial. Así, se han presentado observaciones y oposiciones asociadas a aspectos medioambientales, los cuales, si bien son tremendamente válidos, escapan al objetivo del proyecto.
El último mecanismo para agilizar el trámite que propone la iniciativa es dividir la solicitud de concesión.
En el caso de proyectos con una longitud importante, se abre la posibilidad de separarlo en partes a fin de aislar aquellas zonas más sensibles. Así, no se retrasa la construcción del resto de la obra por no disponer de la concesión debido a que un tramo menor está siendo objeto de oposición o presenta dificultades.
Otro ámbito que se aborda en esta iniciativa son los sistemas de notificación.
Actualmente existen cinco diferentes mecanismos de notificación. Se propone acotarlos a dos: el notarial y el judicial, que son los más utilizados.
En materia de tasación, se crea la Comisión Tasadora. Actualmente funciona la Comisión de Hombres Buenos, que ha retrasado y aletargado innecesariamente los proyectos.
Se trata también de evitar la judicialización. Se establece la realización de juicios sumarios para resolver las observaciones que se presenten y agilizar la tramitación de las concesiones.
En consecuencia, señor Presidente, creo que la presente iniciativa es fundamental para solucionar el problema eléctrico de manera ágil. El país necesita avanzar en el ámbito energético para asegurar el desarrollo. Y, asimismo, se precisa certeza jurídica.
Actualmente hay una serie de proyectos de concesión que no se están materializando, lo que está impactando fuertemente en los distintos sectores productivos y en la población en general.
Pienso que ello forma parte de un tema mayor.
Paralelamente, hemos impulsado en forma muy decidida la iniciativa conocida como "20/20", que se halla radicada en la Cámara de Diputados -esperamos que el Ejecutivo se allane a un acuerdo, porque este asunto era parte de un tema general previamente concordado-, y el proyecto que regula la carretera eléctrica.
Deberíamos hacer un esfuerzo para que este año no sea solo el de la innovación. A mi juicio, tan importante como ello es que este Parlamento, en conjunto con el Gobierno, resuelva el problema eléctrico. Urge remediarlo en el mediano y largo plazo, y para eso se requiere una visión de Estado y grandes acuerdos.
Independiente del tema electoral, esta es una de las materias a las que deberíamos abocarnos, porque se halla en estrecha relación con el desarrollo, que es a lo que aspiramos como país.
Por esas razones, señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar, en la espera de que se despeje a la brevedad posible, no solo el proyecto que ahora nos ocupa, sino también las dos iniciativas que acabo de mencionar.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, deseo saludar a los alumnos y apoderados de la escuela Ignacio Urrutia de la Sota, sector Villa Rosa de la comuna de Parral.
Además -me lo acotó la Senadora Rincón, quien los ha invitado al Senado-, el curso que nos acompaña fue el mejor puntaje del SIMCE de quinto básico de la Región Maule sur.
Los saludamos y felicitamos.
¡Muchas gracias por acompañarnos!
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Eduardo Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, no me voy a referir al tema energético en general, porque aquí estamos discutiendo solo lo relativo a las concesiones eléctricas.
Me permitiré hacer algunas consideraciones sobre el particular.
Desde hace algún tiempo, los proyectos de transmisión eléctrica están sufriendo grandes atrasos. Así, han pasado de tardar 3 años a más de 6, debido fundamentalmente a las dificultades para obtener servidumbres de paso y a exigencias ambientales.
Eso está ocasionando graves problemas de suministro eléctrico en varias Regiones del país. Ejemplo de ello son, entre otros proyectos, la construcción de la línea Charrúa-Cautín, que tuvo un atraso de un año y medio, con los consiguientes problemas de abastecimiento en el período estival desde Temuco al sur, y la línea Ancoa-Alto Jahuel de 500 kV, actualmente en construcción, que se ha retrasado ya en más de un año.
En ese contexto, el proyecto de ley que ahora nos ocupa pretende acotar los plazos involucrados en la tramitación de concesiones, entregando mayor certeza respecto de las fechas de puesta en servicio de las instalaciones, a través de las siguientes modificaciones:
-Simplificar la solicitud de concesión provisional mediante la eliminación de la necesidad de identificar los bienes nacionales de uso públicos que se ocuparán, y las propiedades fiscales, municipales y particulares que sea necesario atravesar.
-La iniciativa dispone una adecuación general de plazos en el proceso de otorgamiento de concesiones provisionales, que involucran a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, al solicitante y a los posibles afectados. Se reduce el tiempo para formular reclamos de 30 días a 20.
-El proyecto precisa las causales de impugnación de la solicitud de concesiones, permitiendo solamente las siguientes: errónea identificación del predio afectado por la concesión o del dueño de este, en el hecho de que la franja de seguridad abarque predios no declarados en la solicitud de concesión como en el incumplimiento de alguno de los requisitos propios de la solicitud (identificación del concesionario, la clase de concesión, etcétera).
-Se prevé que cualquiera que se sienta afectado por la concesión podrá recurrir ante el juez de letras competente, quien conocerá de conformidad con el procedimiento establecido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento.
-La iniciativa reduce los medios de notificación de cinco a dos: las notificaciones notariales y judiciales. Asimismo, dispone la posibilidad de recurrir ante el juez de letras competente para que ordene notificar por avisos en caso de que se acredite ante la Superintendencia haberse agotado las otras vías estipuladas: básicamente, la judicial y la notarial.
-Permite al solicitante de la concesión utilizar alternativamente ambos medios de notificación, evitando la intervención de la Superintendencia.
-Establece que los juicios que se puedan dar entre las partes deben regirse en su tramitación en sede judicial por el procedimiento sumario. El juez podrá decretar la paralización de las obras como medida precautoria cuando el daño que alega el demandante sea irreparable, caso en el cual determinará un monto para caucionar los perjuicios que se ocasionaron.
-Dispone que las solicitudes de concesión pueden dividirse solo con el propósito de obtener el título de concesionario y de empezar la construcción en aquella parte tramitada con éxito.
-La solicitud de división para la concesión eléctrica no tendrá efecto en la tramitación ambiental del mismo proyecto, el que deberá igualmente ceñirse a todas las normas ambientales pertinentes.
-Se crea la "Comisión Tasadora", en reemplazo de la de "Hombres Buenos", la cual estará compuesta de tres personas designadas por el Subsecretario de Energía, y que en caso de haber divergencias en el avalúo de indemnizaciones procedará a su determinación.
-Establece que cualquier conflicto que se suscite entre titulares de diferentes tipos de concesión con un concesionario eléctrico se resolverá a través de un procedimiento arbitral.
La iniciativa en estudio -he dado a conocer sus lineamientos generales- responde a una necesidad del sector eléctrico para lograr un adecuado abastecimiento de las distintas zonas del país y eliminar los inmensos costos que hoy en día se generan en todo el sistema, pues se está produciendo un retroceso grave en la competitividad-país respecto de las inversiones programadas.
En general, el proyecto apunta en la dirección correcta, sin embargo se requiere abordar y mejorar aspectos no cubiertos, como la indemnización por daños materiales directos a los usufructuarios de los terrenos, distintos del propietario. Ello conlleva el reemplazo de algunos incisos en orden a que las compensaciones estén dirigidas a las personas realmente afectadas y no a aquellas que se sientan perjudicadas, considerando los daños efectivamente producidos durante la construcción.
Adicionalmente, no regula en forma precisa la interacción con los concesionarios mineros, cuestión que tiene un impacto importante en los plazos de desarrollo de las obras por la judicialización de los conflictos. Al respecto debiera considerarse incluir alguna medida destinada a evitar la especulación con dicho instrumento.
De otro lado, ha habido reuniones permanentes de los equipos técnicos de los distintos parlamentarios con las autoridades del Ministerio sobre diversas materias, las cuales solo nombraré brevemente, sin referirme en detalle a cada una.
-Hacer obligatoria la consulta indígena estipulada en el Convenio 169 de la OIT en el caso de que una concesión atraviese territorio indígena.
-Obligación de buscar alternativas de trazado siempre que una concesión traspase áreas silvestres protegidas por el Estado.
-Ampliación de causales para deducir oposición.
-Aumento de la legitimación activa para deducir oposiciones a la solicitud de concesión.
-Asegurar idoneidad y autonomía de los peritos tasadores.
-Posesión material de los terrenos.
En esos puntos, planteamos diversas alternativas, que son perfectamente conocidas por el Gobierno.
Ayer lunes, alrededor de las 14, el Gobierno envió un conjunto de indicaciones al proyecto, las cuales hay que revisar, pues algunas no corresponden a lo que habíamos conversado, por lo que estamos en desacuerdo con lo que proponen. Esperamos que esa discusión se pueda hacer con el señor Ministro, porque la relación con la Subsecretaría y otros asesores no ha sido la más conveniente. Sería bueno entrar a un análisis directo entre dicho Secretario de Estado y quienes estamos involucrados en el asunto, con el objeto de buscar en los próximos 15 días una adecuada solución.
Por último -aunque no tenga que ver directamente, pero siempre es bueno recordarlo, como dijo el colega Horvath-, me referiré a las líneas de transmisión.
Hace más o menos tres años, un grupo de Senadores fuimos invitados a Canadá para ver el asunto energético. Específicamente estuvimos en Montreal y Quebec. Allí pudimos comprobar que dicho país vende a Estados Unidos alrededor de 40 a 45 mil megawatts anuales -o sea, tres veces la capacidad instalada hoy en Chile-, energía generada mediante centrales hidroeléctricas y nucleares, la cual además -todos lo sabemos- no es llevada a través de dos o tres líneas de transmisión, sino a lo menos por 30 a 40, con una extensión por sobre los 2 mil kilómetros.
Por lo tanto, es factible pretender la realización en nuestro territorio de cosas que en otros países del mundo se hacen.
En último término, agregaré algo respecto de los subsidios a la energía renovable.
El año pasado tuve oportunidad de estar conversando con el Ministro de Energía de Alemania sobre la situación europea, que ha provocado reducciones en los presupuestos destinados a subsidios de energías renovables, tanto en ese país como en Estaña y otras naciones, con la consiguiente disminución violenta en la generación de ese tipo de energías.
Por lo tanto, ese es un factor que igualmente debe considerarse cuando estamos hablando del plan 20/20, el cual significa que el año 2020 tendríamos 20 por ciento de energías renovables. Ello implicaría, a lo menos, la entrega de subsidios por 3 mil a 4 mil dólares por año para enfrentar tal realidad.
Quería efectuar tal comentario, aunque no tiene que ver específicamente con el proyecto, porque ese es el contexto mundial. Nosotros hace mucho rato que no estamos considerando esa situación en nuestro desarrollo energético.
El año pasado llegamos a pagar la energía casi más cara del mundo: 260 o 280 dólares por megawatts, alrededor de 50 por ciento más que la media de la Unión Europea. Con esos valores no somos competitivos. De ahí que hoy día gran cantidad de proyectos mineros de las regiones del norte se estén yendo a países vecinos, porque aquí no hay energía asegurada para los próximos años.
Por eso, voy a aprobar la idea de legislar. Espero que podamos concordar las referidas indicaciones, pues esta normativa es de interés nacional. El 2015 o el 2016 se producirán blackout si no hacemos estas inversiones.
En consecuencia, resulta fundamental aprobar este tipo de proyectos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, creo que, en general, en cuanto a las intervenciones que hemos escuchado hasta ahora, con ciertas diferencias, podemos coincidir claramente en algunos de los aspectos mencionados, empezando por el diagnóstico de la situación en nuestro país, conocido por todos.
Lamentablemente, nosotros no tenemos gas ni petróleo; somos altamente dependientes de las importaciones, y carecemos de autonomía, lo cual nos provoca cierta inseguridad desde el punto de vista estratégico-energético.
Por otro lado, también podemos compartir que, en la actualidad, hay cierto grado de vulnerabilidad en nuestras redes de transmisión. Ello resulta evidente, aparte de lo que ya se ha explicitado en la Sala en cuanto a que contamos, fundamentalmente, con dos grandes sistemas de generación que no se hallan interconectados, lo que ha impedido traspasar potenciales de energía sobrantes de un sistema a otro.
Después me referiré de manera específica al asunto que nos preocupa. Porque todavía estamos esperando el proyecto de ley que los Ministros tanto de Energía como de Economía se comprometieron a mandar a la brevedad en vista del rechazo por parte del panel de expertos a la licitación a que había llamado la Comisión Nacional de Energía para iniciar un proceso de interconexión, que tanta falta nos hace.
Por lo tanto, continuamos aguardando esa normativa. A mi juicio, el Gobierno la está dilatando más de la cuenta, considerando el paso erróneo que dio. Entonces, aquí se trata de una responsabilidad directa del Ejecutivo, al demorar soluciones que podrían aliviar un poco la carga que en este momento estamos soportando por tener una de las energías más caras, vulnerabilidad en el sistema de transmisión y no disponer de gas ni de petróleo, lo cual nos convierte en extremo vulnerables y dependientes.
Como aquí se ha dicho, en la iniciativa en análisis, la idea es fundamentalmente facilitar -por decirlo así- o modificar los procedimientos concesionales actualmente vigentes en la Ley General de Servicios Eléctricos; o sea, acelerar el trámite de otorgamiento de concesiones, porque en algunos casos ha sobrepasado el tiempo razonable de espera, llegando a 600 días o incluso, en algunos casos, a más.
Quiero hacer un paréntesis para señalar que, muchas veces, la dilación de estos proyectos tiene que ver con nuestra actual normativa, sobre todo la relativa al medio ambiente. No se advierte una situación equiparada: frente a una iniciativa presentada por una empresa, si es contestada "por una comunidad", en verdad la disparidad de medios, de recursos profesionales, de conocimientos y de antecedentes impide absolutamente un diálogo entre iguales. Eso provoca, muchas veces -hablo en general-, desconocimiento y desconfianza. Y terminamos judicializando proyectos.
Aquí, claramente, habrá que introducir modificaciones a la normativa ambiental, la que impide mayor acceso a pequeñas y medianas comunidades, a pueblos originarios.
Como se ha dicho, el proyecto en debate simplifica el proceso de concesión provisional, reduce los tiempos de reclamación, restringe el ámbito de observaciones, rebaja de cinco a dos los medios de notificación, establece procedimientos judiciales sumarios, modifica el sistema de tasación de los inmuebles afectados y crea un procedimiento arbitral para favorecer al concesionario eléctrico por sobre otros, teóricamente.
Por otra parte, resulta interesante recordar que la iniciativa tuvo una larga tramitación en la Cámara de Diputados. Costó mucho sacarla. Finalmente, se llegó a un acuerdo en enero de este año, el cual permitió que fuese aprobada por una amplia mayoría, gracias a que se aceptaron modificaciones de la otra rama legislativa, pero también a que se firmó un compromiso -tiene fecha del 22 de enero-, donde se estableció que otros temas se verían durante la discusión en el Senado. Para eso, iba a continuar en funcionamiento la mesa técnica.
Sobre las indicaciones acogidas en la Cámara, quiero recordar -resulta interesante que los Senadores que no han seguido de cerca el proyecto lo sepan- que se incorporó la condición de que la entrega de concesiones no va a eximir al concesionario del cumplimiento de normas legales en materias ambientales.
Sin embargo, en la última mesa técnica lo anterior fue rechazado por los asesores del Subsecretario de Energía.
Se introdujo el requisito de que toda solicitud deberá incluir la mención precisa de las Regiones, provincias y comunas por las que atraviesa la concesión. Esto se incorporó en el artículo 19.
Se mantuvo el plazo de 30 días para la reclamación de los afectados por la solicitud de la concesión. Ello se incluyó en los artículos 19 y 20.
Se introdujo la posibilidad de que el dueño del predio afectado u otros interesados puedan solicitar al juez la exigencia de una o más cauciones para asegurar el pago de las indemnizaciones por parte de los concesionarios. Eso quedó incorporado en el artículo 21.
Se mantuvo el plazo de tres días de notificación sobre la aprobación de la solicitud de concesiones a través de diarios de circulación nacional y regional; incluso, se incorporó el que se haga a través de mensajes radiales, lo que es muy importante para las Regiones.
Y, finalmente, se introdujo la creación de un mecanismo de arbitraje -ya lo habíamos dicho- para la solución de conflictos, aunque no se ha establecido cómo se notificará a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Sin embargo, pese a que algunos temas estaban en el compromiso que se suscribió en la Cámara de Diputados -en ese bien entendido se votó a favor del proyecto-, por lo menos, fue muy frustrante lo que sucedió hoy día en la última sesión.
Dada la presencia de dos Ministros en la Sala, en particular del Titular de Energía, quiero señalar que siempre hemos sostenido un diálogo con este último Secretario de Estado, pues invariablemente ha estado abierto y proclive a la mesa de negociación y siempre ha encontrado en la Comisión de Minería y Energía, en nosotros y en quienes nos asesoran la mejor voluntad para trabajar en conjunto.
No obstante, debo decir al Ministro de Energía que tenemos un grado de frustración por lo acaecido en las últimas dos semanas. Se entregó con antelación por parte de los asesores diversas indicaciones, pero pasaron casi veinte días y recién, dos horas antes de una reunión, se entregaron algunas respuestas absolutamente insuficientes e insatisfactorias. Es más, con ellas se retrocede en relación con lo acordado en la Cámara de Diputados, por ejemplo en lo relativo al Convenio 169 de la OIT, lo que no es menor.
Señor Presidente, estamos hablando de concesiones eléctricas a las que vamos a dar todas las facilidades para que se agilicen, etcétera. Pero eso no puede ser a costa de que comunidades originarias no tengan la debida información, por ejemplo, si en un momento dado la línea de transmisión va a atravesar cierto territorio o si una consulta o eventual alternativa de trazado -no será tan frecuente- cruce un área silvestre protegida; o si pequeños propietarios, como he manifestado antes, obviamente no poseen las facilidades de una empresa que dispone de todos los elementos a su favor para tener los mejores técnicos y asesores.
Por lo tanto, para nosotros era muy importante dar plenas garantías -¡plenas garantías!- respecto de los derechos de una persona que se sienta afectada.
En la última reunión con los asesores nos ha dolido el rechazo total de nuestras indicaciones. Porque para nosotros era muy importante avanzar en lo que consideramos necesario, no solo en lo relativo al Convenio 169 de la OIT, sino también en la ampliación de las causales para deducir oposición. No podemos quedarnos únicamente con el aspecto formal. Está mal que solo figuren el título de dominio, el nombre o el Rut del propietario, pues entendemos que también puede ser causal el daño a la salud de las personas. En este caso, la Superintendencia deberá requerir un informe de la autoridad sanitaria competente, el que por supuesto tendría carácter vinculante, o la modificación del trazado y ubicación de las líneas de transmisión y distribución, cuando haya una afectación grave a la actividad o al patrimonio del reclamante.
Otro aspecto importante es que aquí se restringió tan solo a los dueños de la propiedad afectada la posibilidad de deducir observaciones. A nuestro juicio, resulta posible ampliarlo a otros afectados por causas de salud, ambientales u otros legítimos intereses.
También consideramos relevantes la idoneidad y la autonomía de los peritos tasadores.
Se establece asimismo que el concesionario puede tomar posesión material del terreno, aun cuando se encuentren reclamaciones pendientes, siempre que se haya pagado el valor fijado por la comisión tasadora. En este caso, se propone que, de existir reclamaciones distintas al precio, no se pueda realizar la posesión material. Incluso, el proyecto permite el uso de la fuerza. En nuestra opinión, no se respetan suficientemente los derechos.
Señor Presidente, debo dar a conocer que, por estar pareada, no voy a votar. Pero quiero expresar que espero y confío en que el Ministro de Energía va a retomar el diálogo; va a escuchar nuestras posiciones y entienda que ellas tienen bastante fundamento. Eso es necesario si realmente quiere que en la discusión en particular podamos avanzar y sacar el proyecto, como deseamos aquellos que estamos plenamente conscientes de la necesidad de contar con un sistema con menos vulnerabilidades pero que permita la introducción de las energías renovables, para ir limpiando un poco una matriz, por desgracia cada día más altamente carbonizada, lo que nos está convirtiendo en uno de los países donde se permiten los gases invernadero, lo cual nos otorga un grado de responsabilidad frente al calentamiento global.
Señor Presidente, deseo que haya mayor diálogo, para los efectos de llegar a acuerdo.
El señor PIZARRO (Presidente).- En todo caso, es necesario recordar que el proyecto tiene carácter de ley orgánica constitucional y que, en consecuencia, los pareos no corren.
Por lo tanto, la señora Senadora puede votar.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quiero dar a conocer a la Sala algunas preocupaciones de carácter general sobre el proyecto, porque son bastante delicadas y no están resueltas adecuadamente en la presente iniciativa.
Lo hago sobre la base de pensar que se ha establecido un piso común entre las fuerzas o bloques políticos que concurren al Congreso Nacional.
La ex Presidenta Bachelet ha señalado que el pilar de su programa es la lucha contra la desigualdad. También lo ha señalado así el candidato de Renovación Nacional, don Andrés Allamand. Y ayer, en su intervención, el ex Senador y ex Ministro don Pablo Longueira ha destacado la inclusión social como un valor de su programa.
En consecuencia, entiendo que tenemos criterios que apuntan en la misma dirección.
Entonces, no vaya a ocurrir que aquí nos aplaudamos todos mutuamente, que digamos que lo que estamos haciendo es macanudo y que las repercusiones ulteriores sean cuestionables o negativas.
Por eso quiero plantear los siguientes puntos.
El proyecto que nos ocupa acarrea un costo que no pagan los operadores ni las generadoras ni los distribuidores, sino los pobres. Por ende, vamos a tener aquí una profundización de la desigualdad. O sea, no se halla resuelto en el texto, sino que, por el contrario, es bastante fácil advertir en sus diferentes disposiciones que una vez más la cuenta la van a pagar los que menos tienen. Es un punto que me preocupa en lo fundamental.
En segundo término, en la iniciativa se establecen privilegios a los más ricos, profundizando lo anterior, porque se disponen servidumbres de interés público en tierras de pequeños agricultores. Por ejemplo, no quisiera que en mi Región, la de Los Lagos, los pequeños agricultores pagaran la cuenta por tales decisiones.
Lo mismo ocurre con la pequeña empresa turística. En lagos, en ríos, en toda la zona del seno del Reloncaví, a modo de ejemplo, hoy día la pequeña propiedad de la tierra se encuentra asociada con la empresa turística. Y, al final, las servidumbres prácticamente van a aplastar a esa gente, porque no existen mecanismos de compensación. No los hay.
O sea, aquí claramente la cuenta también la podrían pagar los que poseen menos.
Y se opera sobre bienes de todos los chilenos, afectando de manera directa la cultura y las tierras de las comunidades indígenas. En este caso, evidentemente se violan preceptos legales aprobados en forma unánime por el Congreso Nacional, como el Convenio N° 169 de la OIT.
De otro lado, se limita el ejercicio de derechos fundamentales. Porque se ha instalado la idea de que el que reclame estará haciendo una leguleyada. Pero quien recurre a los tribunales no lleva a cabo una leguleyada, señor Presidente, sino que hace uso de los derechos constitucionales que la democracia le reconoce.
Entonces, tampoco estoy de acuerdo con que, buscando facilitar el negocio, se cometa un abuso. Esta materia se relaciona con las dos anteriores. Porque, desde mi punto de vista, se debe garantizar a las personas que se dedican al turismo, a la pequeña agricultura, y a los representantes de las comunidades indígenas que cuando acudan a los tribunales no les digan: "Oiga, por favor, no me judicialice este problema; hay una razón de interés país, y la ley estableció que usted no puede reclamar". Con ello se violan sus derechos fundamentales.
Aquí hay un problema de fondo. Y sobre esto quiero hacer reserva expresa de constitucionalidad. Señor Ministro, si este asunto no es adecuadamente resuelto, promoveré un reclamo ante el Tribunal Constitucional debido a la violación de derechos fundamentales.
A la vez, lo relativo a la consulta a los pueblos originarios no se encuentra debidamente resuelto. Como se ha sostenido, se había avanzado en esta materia, pero al parecer la asesora señora Hedy Matthei tiene más poder que todos los representados en este Congreso Nacional, ya que borró de una plumada los acuerdos alcanzados. Parece que posee el mismo poder que su hermana cuando pierde la calma y levanta la voz, porque -reitero- de una plumada echó por tierra todo lo que trabajosamente se había consensuado.
Por lo tanto, solicito que formalmente se resuelvan esos problemas y se sepa con claridad qué se hará en materia de comunidades indígenas.
Además, el artículo 61 de la ley Nº 19.253 dispone, para el caso de la Región de Los Lagos, que es preciso consultar a los cacicados huilliches. Esta norma se encuentra en la Ley Indígena, no en el Convenio N° 169 de la OIT. Es decir, la primera normativa sobre derechos de los pueblos indígenas en nuestro país reconoció los derechos del cacicado huilliche. Se encuentran expresamente establecidos por la ley. Tanto es así que el Ministro Larroulet -presente aquí junto al titular de Energía- los convocó en condición de tales al diálogo realizado en el cerro Ñielol hace algún tiempo.
También me preocupa lo relativo a la autonomía territorial de las Regiones.
En tal sentido, por ejemplo, en Chiloé existen proyectos de energía renovable no convencional que abarcan 300 hectáreas. ¿Quiénes pagarán las consecuencias? La comunidad indígena cercana que cuenta con un área de manejo, porque el impacto ecológico será considerable. ¿Quién más? El pequeño emprendedor que instaló un hotel, una pensión, una residencial: ya no llegarán turistas a comer curanto, porque con el ruido de las aspas eso resulta completamente imposible.
En definitiva, el impacto sobre las comunidades no está compensado.
Entonces, señor Ministro, considero que el Gobierno debe analizar seriamente el establecimiento de un impuesto territorial a favor de las comunidades locales. Yo sé que la palabra "impuesto" genera nerviosismo. Pero tiene que existir una compensación para las comunidades.
¡Si la demanda ecológica se encuentra directamente relacionada con los abusos que sufre la gente!
Por ejemplo, qué ganarán los habitantes de Aysén con las tremendas empresas que se pretende instalar ahí, aparte de que les ocupen la tierra y hagan pasar las antenas a través de su propiedad. Vale decir, la danza de los millones es para el centro del país. No chorrea. Aparte de la lluvia, de las tormentas del sur, a las comunidades locales no les cae nada desde el punto de vista práctico, no les toca nada.
¿Qué hace un proyecto de energía no convencional? Acumula energía. ¿Y ella a dónde va? Al sistema interconectado central. O sea, la vecina que se quede con 300 aspas a 100 metros de su casa -hacen un ruido infernal (no sé si el señor Ministro ha estado debajo de ellas); el ser humano no puede vivir en esas condiciones-, aparte del lío que se le armará en su vida cotidiana por no tener turistas, al no ser posible realizar actividades de pesca, etcétera, no recibirá ningún ingreso extra, ninguna compensación. Al final, la rueda de la acumulación de la riqueza, que nunca para, una vez más no tomará en cuenta a los actores locales.
Por consiguiente, pido al Gobierno que analice el establecimiento de un impuesto territorial a favor de las comunidades locales. No hablo de revisar lo que ya hemos hecho, sino de fijar un impuesto por encima. Si fue posible llegar a un acuerdo respecto del royalty en la gran minería, ¿por qué no alcanzamos uno en materia de impuesto territorial para las Regiones? Porque, si no, estas nunca ganarán nada, y la desigualdad se profundizará.
Señor Presidente, me abstengo, porque este conjunto de problemas no está ni mucho menos resuelto en el presente proyecto de ley.
El señor PIZARRO (Presidente).- Está inscrito a continuación el Senador señor Letelier, quien no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que todo lo relacionado con la energía constituye un tema de gran interés y preocupación para todos los habitantes de nuestro país.
Podemos ver cómo grandes proyectos en la minería, en la industria se paralizan por no contar con la seguridad de la energía eléctrica. En mi opinión, las inversiones, el progreso y el adelanto que experimentamos en el desarrollo de nuestra nación pueden verse ampliamente perjudicados si no tomamos las medidas adecuadas.
La finalidad de esta iniciativa es simplificar el proceso de concesión de proyectos de transmisión eléctrica y el establecimiento de un procedimiento judicial de carácter sumario para conocer de las reclamaciones.
El presente proyecto asume como premisa que la intensidad de la regulación de las concesiones eléctricas puede ser variable, dependiendo de las condiciones, y que la generación, el transporte, la transformación y la distribución de la energía eléctrica constituyen actividades fundamentales para el crecimiento del país.
Por ello, siendo la meta un crecimiento anual de 6 por ciento de modo de llegar en 2018 a niveles de ingreso per cápita que ubiquen a Chile dentro de los países desarrollados, se debe definir un modelo de regulación acorde con tal propósito.
Asumiendo el Ejecutivo que tenemos "significativas estrecheces en el abastecimiento de energía eléctrica", explica que esta iniciativa dará respaldo legal al propósito de aumentar la inversión requerida en el sector para solucionar esa deficiencia.
Para todo eso, en síntesis, en el proyecto se simplifica el proceso de concesión provisional; se readecúan los tiempos de tramitación de las solicitudes de concesión eléctrica; se definen con claridad las posibles observaciones y oposiciones, incluyendo las causales de impugnación; se simplifica el proceso de notificaciones, y se establecen procedimientos judiciales sumarios.
En paralelo, se admite la posibilidad de dividir la solicitud de concesión para agilizar las obras y se incluyen normas sobre solución de conflictos entre diferentes tipos de concesión.
Me parece evidente que esta iniciativa resulta necesaria. Y, sin perjuicio de que durante la discusión en particular sea posible corregir algunos aspectos, lo importante es que a partir de ella podamos lograr un acuerdo sólido respecto al modelo eléctrico que deseamos impulsar en nuestro país, que equilibre tanto las necesidades del desarrollo económico como el derecho de las comunidades a ser consultadas, el respeto a sus prerrogativas y la adecuada protección del medio ambiente.
Con el Senador Horvath hemos luchado por flexibilizar varias normas tendientes a la instalación de pequeñas centrales de pasada. Esto llevaba años. Solo un trámite impedía que pudiera realizarse la obra. Además, los sectores interesados, especialmente las grandes empresas, usaban todas las argucias posibles con el ánimo de evitar que se instalaran tales centrales.
Por fortuna, hemos ido subsanando esos muy difíciles "lomos de toro" por la vía legislativa. Y hoy día se pueden construir pequeñas centrales de pasada para la generación y la explotación eléctrica.
De otro lado, adhiero a lo manifestado por el Senador Eduardo Frei, en el sentido de que en Europa se incentivan con vigor las pequeñas centrales de pasada de energía renovable no convencional, y se subsidia fuertemente el valor de sus tarifas. Es decir, si cobran 10, se les paga 20, con el fin de estimular su construcción.
Eso debemos hacer nosotros.
La energía producida por las centrales de pasada podría llegar a varios miles de megawatts. Sin embargo, ¿cuánto es en la actualidad? Nuestra meta es el 20/20, es decir, generar el 20 por ciento de la energía en el año 2020.
Estamos trabajando para eso. Todos somos grandes hinchas de tener reglas claras en el juego. Mientras el país crece a tasas de 5 a 6 por ciento, el consumo eléctrico aumenta en alrededor de 7 a 8 por ciento. En 10 años necesitaremos casi el doble de la matriz eléctrica que ocupamos. Los consumidores, las dueñas de casa y la industria pagamos la energía eléctrica casi más cara del mundo, lo cual provoca que perdamos competitividad en muchos de los productos que elaboramos.
En la Región que represento en el Senado se han cerrado varias empresas por la incidencia tan fuerte de la energía eléctrica en sus costos, que sobrepasa la planilla de salario de sus trabajadores.
El proyecto de ley que estamos votando en general esta tarde constituye un paso en la línea adecuada. Por eso, doy mi aprobación con agrado, y espero que otras iniciativas que tiendan a flexibilizar las normativas para instalar centrales en nuestro país sean también presentadas y aprobadas lo antes posible.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, en la Comisión voté en contra de esta iniciativa básicamente porque, en mi opinión, requiere un debate en profundidad. Contiene algunas dificultades ya planteadas por algunos Senadores, y no las voy a repetir.
En lo principal, mi preocupación pasa por lo siguiente.
Se nos ha señalado que en materia eléctrica tenemos un problema grave, porque no ha sido posible sacar adelante una serie de proyectos por diversas razones: oposición de la población, demora en la tramitación pertinente. Y esto ha significado que varios de ellos puedan trasladarse a países vecinos.
A nuestro juicio, debiera existir una política, una definición clara, acerca de qué pretendemos llevar a cabo en materia eléctrica y energética.
En el Parlamento hay tres proyectos en trámite en este ámbito: el relativo al procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, que estamos discutiendo ahora; el referente a la carretera eléctrica, que modifica la regulación sobre transmisión troncal, propone la creación de un nuevo tipo de concesiones de interés nacional y modifica la forma de pago de la transmisión troncal, y el que presentamos algunos parlamentarios, denominado "20/20", sobre las energías renovables no convencionales.
La dificultad estriba en que para lograr adoptar una estrategia que sea definida con claridad y -ojalá- acordada políticamente existen ciertos obstáculos.
Aquí se plantea que rechazar o demorar este tipo de iniciativas va a provocar un aumento en la cuenta de la luz y la ida de algunos proyectos fuera de Chile. Sin embargo, las soluciones están a la mano. El propio Gobierno así lo ha planteado, y en la Comisión lo hemos analizado.
Me referiré solo a algunas áreas sobre las cuales hemos estado discutiendo.
Primero, se ha mencionado la posibilidad de unir el SING con el SIC. Esto significaría que por lo menos dos centrales en Mejillones, que en este minuto no están funcionando, podrían operar con GNL. Así, no producirían gran contaminación y, al conectarse ambos sistemas, la energía generada, que representa una cantidad importante, sería transmitida directamente a las Regiones del sur, y particularmente a la de Atacama, donde se concentra la mayor inversión en minería.
Tal conexión demoraría 24 meses, según lo que nos plantearon en la Comisión de Minería y Energía.
Se trata de una solución rápida, clara y precisa, desde el punto de vista de las necesidades actuales de Chile, que permitiría inyectar energía desde el norte hacia las zonas del sur que hoy día la requieren. Y, viceversa, si tuviéramos lluvias, podríamos perfectamente inyectar energía desde el sur hacia el norte.
Si así se hiciera, podríamos examinar con tranquilidad el proceso futuro en materia energética, sin tener que tramitar proyectos de alto impacto con urgencia calificada de "suma" o de "discusión inmediata".
El segundo aspecto se refiere a que tampoco se efectúa el análisis correcto cuando se expone que la solución al problema central concerniente a la transmisión se encuentra en la carretera eléctrica. Porque esta, una vez que el proyecto respectivo sea aprobado, operará en 3, 4 o 5 años más, no en el corto plazo.
Además, tal como está planteada la iniciativa que regula la carretera eléctrica, no existe la posibilidad cierta de que las energías renovables puedan ser potenciadas a fin de integrarse al sistema, porque ello precisa convertidores de alto valor, lo cual no se aborda en su texto.
¿Por qué hablo de tres líneas? Porque eso nos permitiría de verdad analizar el desarrollo energético y eléctrico de Chile y no tener que discutir proyectos parciales que, en definitiva, no resuelven las dificultades.
Si uno estimara que el problema en nuestro país radica en la transmisión, como se ha expresado en diversas oportunidades -de hecho, en el mensaje se señala la existencia de nudos que impiden, por ejemplo, la transmisión de un sector a otro, lo que provoca que se pierda energía-, uno podría pensar que la segunda solución inmediata sería reforzar esas líneas. Esto probablemente significaría tener que crecer en el ámbito del uso del territorio, pero con líneas ya diseñadas y trazadas, y no necesariamente dictar una ley de concesiones eléctricas, que pueden pasar por sobre zonas tan importantes como los humedales; sin considerar temas que no se han querido poner en el debate o, por lo menos, el respeto al Convenio N° 169 de la OIT y, por ende, la consulta a los pueblos originarios.
Por lo tanto, señor Presidente, cuando se pone en discusión un proyecto que se califica como vital para el desarrollo de Chile, debería analizarse con exactitud la posibilidad de resolver el problema de energía que existe en la zona norte, a través -repito- de la conexión del SING con el SIC. Ello demoraría 24 meses, constituiría una solución inmediata y permitiría el estudio de una política energética y su posterior implementación.
De otro lado, perfectamente podemos establecer criterios de reforzamiento de las líneas, lo que implica una intervención menor que la consignada en la iniciativa que nos ocupa, que otorga una serie de facultades que pueden significar -como señaló antes un Senador- que pequeños agricultores o pequeños productores tengan problemas en cuanto al dominio.
Por eso, nosotros pedimos que la discusión de un proyecto de esta naturaleza no se llevara a cabo hoy día, sino una vez que el Gobierno se pronunciara sobre los aspectos y los acuerdos que le planteamos a través de nuestros asesores -en mi caso, de la señora Sara Larraín-, quienes han estado estudiando la materia en cuestión. Sin embargo, se formularon indicaciones que nada tienen que ver con las posturas ni con los acuerdos que en definitiva esperábamos ver reflejados en esta iniciativa.
Bajo esa lógica, señor Presidente, yo, por lo menos, mientras no tenga certeza y claridad acerca de las soluciones que se están proponiendo y de cómo se abordará el tema energético en el futuro, no voy a concurrir con mi voto a la aprobación del proyecto en debate, porque debió cumplirse el compromiso que habíamos adquirido en cuanto a llegar a un acuerdo entre las Comisiones técnicas, el cual, por la información que poseo, hasta este minuto no ha sido refrendado.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Le corresponde intervenir al Honorable señor Letelier.
No se halla en la Sala.
El Senador señor Navarro, tampoco.
Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, uno de los temas más relevantes y presentes en la discusión pública y política de los últimos años ha sido, sin lugar a dudas, el energético.
La energía es clave para el desarrollo del país, de nuestras ciudades y empresas, que funcionan gracias a la energía.
Los altos precios de la electricidad, la contaminación de nuestras ciudades y la escasez de suministro eléctrico que se avizora para unos años más, son problemas que sin duda debieran ocupar la primera línea de la agenda gubernamental y parlamentaria.
Lo paradójico es que, lamentablemente, no vemos que el Ejecutivo haya tomado este asunto con la seriedad y la altura que se escucha en los discursos.
De más está decir que han pasado cuatro Ministros liderando la Cartera de Energía. Con la pretensión que caracteriza a este Gobierno -el mismo que califica cada una de las acciones que realiza como "la más importante", "la mejor de la historia"-, hace más de un año y medio emitió un documento que consideró "la guía de las próximas décadas", y hasta el momento no vemos concreción alguna de esa política.
Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Minería y Energía, quiero ser clara en afirmar que el único avance concreto en materia de energía que hemos tenido en el último tiempo aquí, en el Senado, fue una moción, políticamente transversal en su origen y aprobada por unanimidad en esta Sala en enero de 2012 -¡en enero de 2012!-, que dispone una meta de 20 por ciento de Energías Renovables No Convencionales para el año 2020 en nuestra matriz energética. Lo extraño es que esta legislación no ha avanzado ni un centímetro en la Cámara de Diputados.
Chile no requiere ni pide subsidio en materia de Energías Renovables No Convencionales. Se optó por la fijación de cuotas.
Cabe señalar que en nuestro país la cuota es de 5 por ciento. Pero, según datos oficiales, el año 2012 la inyección efectiva de Energías Renovables No Convencionales excedió en más de 30 por ciento la cuota fijada, y la proyección del Gobierno para el presente año es doblar dicha cuota.
Vale decir, no es cuestión de subsidio ni de costo, sino de cuál es nuestra ambición en materia energética y cuál es la apuesta en este sentido.
Señor Presidente, la moción del Senado a que me referí -insisto: transversal- toma las propias palabras del Presidente de la República, don Sebastián Piñera, en su programa de gobierno, en el que compromete la misma meta. Paradójicamente, su propio Gobierno la bloquea en la Cámara de Diputados. Del resto de la estrategia solo podemos ver escaso avance y poca profundidad técnica.
Cuando el Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley que se somete hoy a nuestra discusión y votación en general, sostuvo que era de especial prioridad, porque venía a solucionar las barreras que estaba enfrentando el sistema de transmisión en el país.
No podemos estar más de acuerdo con esa afirmación y comprendemos la importancia de la iniciativa. Así lo demostraron la Comisión y los asesores técnicos de los Senadores, que se pusieron a trabajar intensamente para lograr su despacho positivo.
Por desgracia, señor Presidente -y lo expresaron ya la Senadora Allende y los Senadores Frei, Gómez y otros que han intervenido-, en el seno del Gobierno no encontramos la misma fuerza y la misma respuesta, no de parte del Ministro, sino del Subsecretario y de sus asesores.
Como bien sabe esta Sala, el miércoles 10 del mes en curso un grupo de Senadores, entre los cuales me incluyo, acordamos con los Ministros Larroulet y Bunster -presentes aquí- postergar la votación del proyecto para hoy, a fin de disponer de estos días para conversar, analizar y consensuar las distintas indicaciones que se habían discutido por tanto tiempo en el seno de la Comisión.
Nuestra propuesta de indicaciones fue enviada al Subsecretario de Energía el miércoles 10 de abril y no tuvimos respuesta formal del Ministerio hasta ayer, lunes 29 de abril, a las 14 horas.
Señor Presidente, ¿esa es la prioridad que el Gobierno le asigna a esta materia? ¿Es razonable pensar que las autoridades quieren trabajar seriamente con los Senadores en el perfeccionamiento de esta normativa si demoran 19 días en responder, y con solo 24 horas de anticipación a la votación de un proyecto tan importante como aquí se ha señalado?
Esa es una primera razón para no votarlo favorablemente. La iniciativa es muy relevante para el desarrollo de la transmisión eléctrica del país, pero no estoy disponible para pasar a llevar los derechos de todos los chilenos, las áreas silvestres protegidas, los derechos de nuestros pueblos indígenas, entre otros. Y el Gobierno -reitero: el Subsecretario de Energía y sus asesores- no ha mostrado disposición para abocarse seriamente a perfeccionar el proyecto.
¿Y por qué no voto en contra? Porque el Ministro ha dicho que está dispuesto a trabajar con nosotros; a buscar un espacio de encuentro para recoger las indicaciones que hemos propuesto.
Señor Presidente, las diferencias no son menores. Le planteamos cinco puntos al Ejecutivo, los que recién ayer fueron rechazados.
Ellos son los siguientes:
Primero: (Esto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados).
-Hacer obligatoria la consulta indígena consignada en el Convenio N° 169 de la OIT, en caso de que una concesión atraviese tierras indígenas.
-Establecer la obligación de buscar alternativas de trazado siempre que una concesión traspase territorios de áreas silvestres protegidas del Estado.
Segundo: Ampliación de causales para deducir oposición.
Este tema no es menor y nosotros postulamos que debe corregirse en la iniciativa. Esta limita las causales de reclamación solo a aspectos formales (artículo 27 ter).
Nuestra propuesta es que los reclamos se funden en algunas de las siguientes causales bastante específicas:
-Incumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo anterior;
-Daño a la salud de las personas;
-Afectación de áreas silvestres protegidas, y
-Modificación del trazado y ubicación de las líneas de transmisión y distribución cuando exista una afectación grave de la actividad o el patrimonio del reclamante.
Tercero: Ampliación de la legitimación activa para deducir oposiciones a la solicitud de concesión.
El nuevo artículo 27 ter del proyecto restringe solo a los dueños de las propiedades afectadas la posibilidad de deducir observaciones u oposiciones a la solicitud de concesión. En este caso, se debe ampliar a otros eventuales afectados, por causas de salud, ambientales u otros intereses legítimos.
Cuarto: Asegurar la idoneidad y autonomía de los peritos tasadores.
La propuesta enviada dispone ciertos requisitos adicionales a los establecidos, designación por sorteo y causales de inhabilidad por conflicto de interés, similares a las instauradas para directores independientes de sociedades anónimas.
Quinto: Posesión material de los terrenos.
El proyecto de ley estipula que el concesionario puede tomar posesión material de los terrenos, aun cuando se encuentren reclamaciones pendientes, siempre que se haya pagado el valor fijado por la comisión tasadora.
Sobre el particular, se propone que si existieren reclamaciones distintas con respecto al precio -ya se ha señalado cuáles son; no se trata de cualesquiera-, no se podrá realizar la posesión material de los terrenos. Pero el Ejecutivo ha dicho que no, en circunstancias de que este ha expresado que el 99 por ciento de las reclamaciones son por precio.
Por todas estas consideraciones, señor Presidente, y mientras no exista voluntad real de parte del Ejecutivo -por eso nos abrimos al espacio para negociar-, no votaré a favor del proyecto, sino que me abstendré de darle respaldo.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, de manera muy breve quisiera dejar testimonio de mi voto.
Desde ya, anuncio que me pronunciaré favorablemente en general sobre esta iniciativa, sin perjuicio de todas las disposiciones que haya que corregir en la discusión particular, de acuerdo con las exposiciones realizadas aquí por varios Senadores, que no es preciso repetirlas. Pero lo hago en el absoluto convencimiento de que este es un tema fundamental para el país en el próximo tiempo.
Y como acá bien se ha señalado, en esta materia debería estar involucrada una política de Estado más que una política solo de interés del Gobierno de turno.
Antiguamente, cuando se otorgaban este tipo de concesiones y se fijaban los trazados de las líneas de transmisión -estaba ENDESA, que era una empresa del Estado-, recuerdo que para los efectos de determinar por dónde pasarían bastaba un decreto del Ministerio del Interior en el cual se estableciera ese trazado, y se procedía sencillamente a intervenir en los lugares donde se tendería la respectiva línea de transmisión, sin perjuicio, por cierto, de que los propietarios podían reclamar las indemnizaciones que correspondieran ante el tribunal competente, conforme a las normas vigentes de esa época.
Por supuesto, los tiempos han cambiado: hoy día tales procesos involucran mayores intereses y la participación de gente que puede ser afectada con estas líneas de transmisión.
A nadie le gusta que por el predio de que es dueño pase una línea de transmisión. Y, efectivamente, lo que se señala aquí es un hecho real. Sin embargo, hay un asunto que es preciso visualizar: el interés común del país, el cual muchas veces debe primar sobre el interés individual. Esto significa que alguien normalmente va a ser afectado en su derecho. Y la ley, sin duda, tiene que contemplar las indemnizaciones o compensaciones que sean necesarias a fin de que el propietario pueda paliar en parte el perjuicio que le ocasiona ese daño, esa servidumbre o carga.
Creo que aquí es esencial, como se ha señalado, la búsqueda de mecanismos para poder reducir los plazos y desburocratizar el mecanismo, sin perjuicio de resguardar los derechos de la gente, a fin de que un asunto de esta naturaleza sea resuelto a la brevedad en los tiempos modernos en que vivimos. No es dable que una concesión de esta índole, para los efectos de su ejecución, demore 700 días, casi dos años. Me parece que la iniciativa debe tratar de acortar esos plazos sobre la base -insisto nuevamente- de resguardar los derechos que aquí se han señalado.
Nadie va a pretender ir en contra de los derechos de los pueblos originarios, ni dejará de cumplir los tratados internacionales existentes. Por lo demás, en el proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados ese tema se encuentra zanjado, según entiendo; lo mismo que el de las áreas silvestres; el de los pequeños propietarios; el del medioambiente, etcétera. Todo eso podemos perfeccionarlo.
Ahora bien, quiero llamar la atención acerca de una cifra que se me entregó.
Escuché aquí con mucha atención al Senador Eduardo Frei, quien, además de conocer estas materias, a lo mejor, con más profundidad que nosotros, se ha dedicado con mucha fuerza a buscar fórmulas de solución al respecto. Pero el dato que me dieron la semana pasada indica que el costo de producción de la libra de cobre se halla hoy día en 2 dólares 62 centavos.
Hay que tomar nota de ello: ese es el costo de producción, según la información que me proporcionaron.
Entonces, debemos tener presente que el tema de la energía es determinante en el costo de la producción interna de Chile, sobre todo respecto de un producto tan importante como el cobre. Ciertamente, no es solo la energía la que está provocando el alza del costo de producción del metal rojo. Ella influye en casi la mitad; el resto es fuerza laboral, entre otros factores.
A mi juicio, ese es un tema esencial.
Por lo anterior, pienso que a este proyecto de ley debemos darle un tratamiento excepcional, un respaldo para que salga adelante, formulándole las indicaciones que sean necesarias.
Por supuesto, nadie pretende acá dañar los intereses de una persona o de algún grupo que pueda verse afectado por una línea de transmisión.
Por esas razones, señor Presidente, voto a favor de esta iniciativa, y ojalá sea despachada por el Senado lo más rápidamente posible.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo me pregunto, en términos generales, cuál es la posición que uno debe adoptar no en relación a este proyecto sino en cuanto a lo que son las políticas de inversiones.
Y, por su intermedio, quisiera compartir esta reflexión con el señor Ministro.
Siendo yo un Senador de Oposición -y voy a hacer referencia a un Senador imaginario, para no poner un caso concreto-, he sido tremendo defensor de la construcción de centrales de paso. De hecho, en la Sexta Región es donde hoy se están construyendo más instalaciones de ese tipo. Ella es una exportadora neta de energía, y lo va a ser más que la Séptima.
El Senador Horvath ha planteado las bondades de nuestra geografía para seguir desarrollando esta tecnología o, mejor dicho, esta fuente energética.
Yo soy de aquellos, señor Presidente, que se manifiestan absolutamente contrarios a que se intervenga la Patagonia. No comparto esa idea porque hay otras consideraciones. Y para ser consistente, sí he sido partidario de la intervención de los valles de la Región que represento. Pero otros Senadores que son oficialistas se han opuesto a ello.
¡Busco consistencia en el discurso!
El tema energético es dramático, fundamental. En nuestro país tenemos precios más altos que en otros lugares. Es un factor primordial para la minería.
Ciertamente, debemos abordar este debate, pero siento que no lo estamos haciendo bien. Y quiero explicar el porqué de la paradoja.
Una de las inquietudes que se presentan cuando uno apoya las centrales de paso es saber por dónde se llevarán a cabo los tendidos eléctricos. Y, en función de esos trazados, de aquellas líneas, la pregunta que surge es si el valle central va a terminar como una "guitarra" no de dos, ni de tres, ni de cuatro, sino de doce cuerdas.
Cuando se trataba de ENDESA había una lógica: era la empresa del Estado, y el tendido se hacía en un territorio, en una franja.
Sin embargo, los gobiernos regionales de hoy, por desgracia, no han colaborado en el esfuerzo por zonificar el territorio y determinar por dónde se llevarán los trazados eléctricos de nuestro país. ¿Serán conducidos por una parte de la Cordillera o al pie de ella para no dañar un recurso escaso como son los suelos agrícolas de gran valor?
La verdad es que este proyecto de ley, sin ese debate -solo hablo por mí-, me parece difícil, trunco, porque, en lo que respecta a un país en que hay escasez de suelo, no se está haciendo una discusión racional sobre dónde y cómo queremos realizar los trazados. Es preciso tener presente la existencia de otras actividades económicas muy importantes y que tales trazados las perjudicarán.
A lo anterior, señor Presidente, se suman otros factores. Las concesiones en esta materia son de por vida.
Ello resultaba natural cuando la actividad era del Estado, porque pertenecía a todos. Hoy se trata de un negocio privado. Pero quedamos con el esquema de que son concesiones vitalicias.
A ello se agrega que el Ejecutivo no ha querido entender que, en el mundo de hoy, algunos de nosotros no estamos dispuestos a dar un cheque en blanco para que se imponga una servidumbre sobre áreas silvestres protegidas o sobre tierras indígenas como probablemente lo harían, felices, algunos actores de nuestro país.
En tanto no vea en blanco y negro una indicación o un respaldo del Gobierno en esta materia, yo, señor Presidente, no voy a votar a favor de este proyecto. No puedo hacerlo.
Pero a eso se suma un tercer fenómeno.
Años atrás -cuarenta a cincuenta-, la cantidad de propietarios que hubiesen podido ser afectados por este tipo de iniciativas era mucho menor que la de ahora. Hoy existen más actores involucrados, porque hubo reforma agraria; porque se realizaron parcelaciones; porque en varias partes existen unidades económicas más chicas; porque la ciudad ha crecido; porque los pueblos se han desarrollado. La situación, entonces, es más compleja.
Yo entiendo que todos queremos el desenvolvimiento energético; que todos somos conscientes de que se necesita el trazado y de que es fundamental construirlo a base de un gran acuerdo nacional.
Sin embargo, se establecen normas en virtud de las cuales solo podrá reclamar -en este punto el Ministerio ha procurado restringir el debate al mínimo- el propietario al que le van a imponer una servidumbre, mas no las personas cuya salud pueda ser dañada, ni tampoco quienes visualicen un eventual perjuicio para sus negocios.
Eso me parece muy contradictorio.
Señor Presidente, solo estas razones son más que suficientes para no votar a favor.
Me gustaría que el Ejecutivo dijera -no lo he escuchado con claridad- cómo lograr un acuerdo de largo alcance, estable, que restituya las confianzas. Porque este es, en mi concepto, uno de los grandes problemas que existen en el sector.
El Presidente Piñera, al echar al suelo, a poco de asumir, un proyecto sobre generación eléctrica -señaló que había llamado por teléfono y que había hablado con el presidente de la empresa respectiva; y tuvo lugar la postergación-, atentó contra cierta certeza jurídica. Y de ahí en adelante se han generado situaciones de desconfianza.
Yo soy de aquellos, señor Ministro -se lo digo por intermedio de la Mesa-, que tienen desconfianza. Yo no creo en la carretera. Entre otras cosas, porque no creo en lo que me dicen. En mi concepto, lo que quieren es transmitir energía en el sur para las mineras del norte sin antes establecer las condiciones para zonificar los territorios nortinos donde debería haber generación eléctrica.
Es un problema de confianzas. Y soy consciente de que ese es el debate.
Señor Presidente, quizás yo no tenga razón; tal vez mis opiniones sean equívocas, minoritarias. Pero donde no creo estar equivocado es en que el sector en comento requiere un gran acuerdo, donde haya confianzas reales a fin de darles estabilidad a las inversiones que se necesitan en Chile para los próximos cincuenta años; donde tengamos entre nosotros ciertas líneas bases en el sentido de que las áreas silvestres protegidas y las tierras indígenas recibirán individualmente un tratamiento especial.
El que se haya cuestionado la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT, que es una obligación legal de nuestro país -¡ya es ley de la república!-, sosteniéndose que no es necesario un proceso de consulta a mí me preocupa.
Entiendo que el señor Ministro expresó su predisposición a abrir debate sobre el punto. Por tanto, tampoco me inclino a votar en contra, pues quiero creer en esa manifestación de buena voluntad.
Señor Presidente, yo me voy a abstener en esta votación, reconociendo que tengo muchas dudas. Pero dudas por la desconfianza, pues siento que no se ha generado el espacio adecuado, no solo para este proyecto, sino también para la discusión en torno al sector energético.
Me gustaría insistir en la importancia de visualizar cómo los gobiernos regionales logran zonificar los territorios para que haya lugares de líneas de transmisión y no terminemos transformando las regiones y los valles en una guitarra de doce cuerdas con -valga la redundancia- líneas de transmisión por todos lados; para que establezcamos condiciones que permitan ordenar el uso del suelo, que es escaso, y para que, en conjunto, logremos algo que todos deseamos: que haya mayor generación y más desarrollo del sector.
En tal sentido, me parece del caso abrazar las ideas planteadas por el Senador Horvath -he concordado con muchas de ellas- en cuanto a la relevancia de las centrales de paso y al uso de recursos naturales renovables o de energías renovables, pensando en que ello tendrá impacto en la forma de realizar los trazados.
Empero, para eso precisamos construir acuerdos donde haya confianzas mayores.
El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación está inscrito el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Renuncio, señor Presidente.
El señor PROKURICA.- ¡Es el único que ha renunciado en los últimos diez años...!
El señor CANTERO.- ¡Pero solo al uso de la palabra...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Uriarte.
El señor URIARTE.- En forma muy breve, señor Presidente, quiero expresar que, así como la conducción de las relaciones exteriores; el mejoramiento del sistema previsional; el perfeccionamiento del modelo de salud público y privado; el combate a la delincuencia; la lucha contra la desigualdad social; el cuidado del medioambiente requieren amplios consensos ciudadanos, el tema eléctrico también debe ser objeto de un gran acuerdo nacional.
No hay experiencia mundial que no demuestre que el combate a las desigualdades debe ir aparejado del desarrollo de una matriz energética que permita implementar políticas sociales que contribuyan a esa lucha.
Es vital para el desenvolvimiento económico de cualquier país tener una estructura energética de largo plazo, con normas estables; un marco regulador que dé estabilidad en el tiempo al desarrollo del sistema eléctrico.
Y este proyecto apunta exactamente en esa línea. Al igual que otras iniciativas de ley que también deberemos enfrentar y despachar -como las relativas a la carretera eléctrica y a la diversificación de la matriz energética-, su propósito es apurar el tranco; agilizar los procedimientos; desjudicializar; destrabar miles de trámites que le impiden a nuestra nación desarrollarse correctamente.
Por esa razón, creo que debemos aprobarlo.
Ya se ha dicho, con suficiente detalle, que este proyecto persigue simplificar los procedimientos y acortar ciertos plazos para darles celeridad; precisar las causales para efectuar oposiciones al procedimiento concesional; mejorar el proceso de notificaciones, con miras a dar certezas al procedimiento, y, finalmente, solucionar los conflictos mediante un mecanismo arbitral y no judicial.
Eso es lo que hoy día requiere el sistema eléctrico.
Entonces, debemos actuar con una mirada de largo plazo, entender que esta es una materia de Estado.
Es razonable que tengamos diferencias de coyuntura. Sin embargo, hemos de desplegar un esfuerzo mayor para darle a este problema una visión de país, lo que hasta ahora, lamentablemente, no hemos sido capaces de hacer.
Por esa razón, y además porque a través de él no se persigue modificar la matriz de nuestro sistema eléctrico, ni menos alterar el marco regulatorio vigente, sino solo hacerse cargo de algunos ripios procedimentales, estoy convencido de que debemos aprobar este proyecto a todo evento.
En tal virtud, señor Presidente, anuncio mi voto favorable.
Estamos en la discusión general, y espero de verdad que esta iniciativa se convierta en ley lo más pronto posible.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, apoyo la idea de legislar en cuanto a este proyecto, pero adelanto desde ya que voy a presentar indicaciones a su articulado.
Considero fundamental -y ya lo han dicho varios colegas- sacar adelante la cuestión energética, que, efectivamente, es un tema de país.
Estamos teniendo serias dificultades en esta materia; ha sido muy complicado diversificar nuestra matriz energética, y se han postergado diferentes proyectos sobre generación eléctrica.
Actualmente, los costos de la electricidad en Chile -también se ha señalado aquí- llegan a sobre el doble de lo que se paga en países con los que competimos, lo cual nos dificulta bastante más enfrentar los mercados internacionales en condiciones adecuadas.
No podemos olvidar que 60 por ciento de nuestro producto interno bruto depende de lo que hacemos en cuanto a exportaciones e importaciones; y si sumamos los servicios, la cifra llega a cerca de 80 por ciento. Por tanto, este es un tema no menor con relación a las posibilidades de desarrollo de Chile.
De otra parte, tenemos en esta materia un problema que me parece importante poner sobre la mesa durante la discusión: ha existido también -y digámoslo con todas sus letras-, fruto de las eventuales concesiones, especulación inmobiliaria.
En efecto, cuando se anuncia la solicitud de concesiones de transmisión eléctrica en un trazado particular, no solo se multiplica el precio de los terrenos asociados -cuestión que en sí misma puede ser incluso normal, porque aumenta su valor-, sino que además, por ejemplo, se comienzan a pedir concesiones mineras con fines -esto se concluye de solo mirarlas- puramente especulativos.
Creo que ese tipo de especulación representa un problema de país. Y digámoslo con todas sus letras: obstaculiza el desarrollo energético.
Buena parte pasa por la cuestión de las servidumbres: sin conductores (sin líneas) no hay posibilidad alguna de transportar la electricidad generada. Las servidumbres, que se constituyen por la administración, en medio del procedimiento concesional, se han convertido en la actualidad en un gran escollo para los proyectos de líneas eléctricas.
Por eso es necesario modificar los mecanismos, para evitar la excesiva demora, la alta conflictividad y la especulación en la fijación de las indemnizaciones que les corresponden a los dueños de las propiedades por las cuales ha de atravesarse.
Los mecanismos hoy existentes dilatan excesivamente la forma de equiparar los intereses involucrados -los del propietario del terreno que soportará la servidumbre y los de quien quiere desarrollar el proyecto-, pudiendo observarse demoras, alta especulación y excesos en cuanto al monto a pagar por concepto de indemnización al propietario del terreno donde se impondrá la servidumbre (esto, por cierto, en algunos casos, cuando tiene lugar la especulación).
Creo que hay que solucionar tal situación de un modo equilibrado para todos los derechos involucrados, pero dándole agilidad al sistema. Por supuesto, los derechos deben ser respetados; pero no nos olvidemos de la rapidez que debemos otorgarle a aquel.
Señor Presidente, me parece relevante destacar un punto: es fundamental la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT, que hace indispensable la consulta a los pueblos originarios en este tipo de proyectos.
Como Estado, tenemos no solo la obligación sino además el deber de considerar la opinión de nuestros pueblos originarios en todo aquello que los afecte.
No es un aspecto soslayable. Debe ser prioridad en todos los espacios de toma de decisiones donde aplique.
Pienso además que aquí, en el Parlamento, nosotros estamos en deuda con la tarea de desarrollar en detalle y más claramente la forma de realizar las consultas respectivas en diversos ámbitos.
En esta materia, estimo que la consulta debe hacerse donde corresponde.
La concesión en sí misma es un acto administrativo para facilitar ciertos procesos, pero no dice relación con los impactos del proyecto que posteriormente se desarrollará.
Ese proyecto siempre debe someterse a un exhaustivo análisis de sus impactos ambientales, con todo lo que ello implica.
Ha de someterse al sistema de evaluación ambiental de manera integral, considerando sus impactos ambientales, sociales, culturales y todos los que produzca.
Tal es el espacio donde, a mi juicio, se tiene que desarrollar la consulta indígena. Y la aprobación ambiental debe hallarse condicionada a esa consulta.
Ese es el ámbito donde, en mi concepto, ha de desarrollarse la aplicación del Convenio N° 169.
Señor Presidente, como ya lo anuncié, en el plazo de indicaciones podremos plantear todas las enmiendas que este proyecto requiere (por cierto, son varias). Pero es indispensable continuar avanzando en la materia y sacar adelante este tipo de legislación, para que Chile no siga quedándose atrás en el ámbito energético.
Esta mañana en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, a propósito de una serie de proyectos que tienen que ver con asuntos mineros, veíamos cómo se está afectando a los glaciares. Y de paso, al revisar las iniciativas relacionadas con cuestiones energéticas, advertimos cómo se van generando las diversas dificultades que debe enfrentar nuestro país por tener una sola matriz, que es la más contaminante.
Debemos procurar la diversificación energética; impulsar sin dudas las energías renovables, y, en el contexto en que sea necesario, acelerar el proceso que nos conduzca hacia un desarrollo energético sustentable.
Señor Presidente, no podemos seguir postergando una discusión en serio respecto a la matriz energética que Chile requiere. Por tanto, considero indispensable avanzar en la materia mediante esta iniciativa de ley, sin perjuicio de las indicaciones que presentaremos en su oportunidad.
El señor PIZARRO (Presidente).- El Senador señor Girardi no está.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer término, debo puntualizar que hoy solo se vota la idea de legislar y que, obviamente, durante la discusión particular deberemos incorporar aspectos del proyecto que -uno lo deduce de su simple lectura- se echan de menos.
Me parece del caso resaltar que estamos ante una iniciativa necesaria y que, además, reviste gran urgencia para Chile.
Si no desarrollamos proyectos energéticos, corremos dos graves riesgos: primero, el de que el país quede a oscuras -ese es un riesgo real-, y segundo, el de que el costo de la energía siga subiendo y, por lo tanto, muchas de nuestras actividades productivas queden simplemente fuera de toda competencia, lo cual puede provocar en el empleo efectos tremendamente graves.
En la medida que perdemos competitividad, en la medida que nos quedamos fuera de mercado, es evidente que disminuyen las posibilidades de trabajo y consecuencialmente nuestra nación, en lugar de desarrollarse, de crecer, de avanzar, termina retrocediendo.
Por eso considero que este proyecto, aparte necesario, es extraordinariamente urgente.
Ahora bien, Senadoras y Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra se detuvieron en la aplicación de la consulta a que estamos obligados en virtud del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En primer lugar, quiero aclarar que cuando se trate de concesiones provisionales, de centrales hidráulicas productoras de energía eléctrica, de líneas de transporte, de subestaciones y líneas de distribución, el artículo 22 propuesto dispone que: "En caso que la concesión atraviese territorios pertenecientes a indígenas o comunidades indígenas, se deberá aplicar el procedimiento de consulta contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo".
Es decir, para concesiones provisionales, la obligatoriedad de consultar, de acuerdo con el referido Convenio, se encuentra establecida en la ley en proyecto.
Sin embargo, en los requisitos para obtener una concesión definitiva -a los que di lectura-, esa obligación no se halla contemplada. Y en realidad debiera estar presente, porque efectivamente la aplicación del Convenio 169 de la OIT es ley de la República y, por supuesto, corresponde que consultemos a nuestros pueblos originarios.
No sé si entendí bien la intervención de la Senadora señora Alvear -espero haberlo hecho-, pero me pareció que Su Señoría planteaba que el estudio de impacto ambiental debiera incorporar la consulta del referido Convenio.
A mí eso me parece bastante lógico y muy bien orientado. Porque si por un lado tenemos estudio de impacto ambiental, y por el otro, consulta del Convenio 169, ser irán alargando los plazos. Probablemente, si juntamos las dos cosas, si se hacen con buen criterio y bajo el principio de la buena fe, será factible acortarlos. Pero -reitero- echo de menos la obligatoriedad de la consulta a los pueblos originarios entre los requisitos que hay que cumplir para la obtención de la concesión definitiva.
Tampoco puedo dejar de señalar, señor Presidente, en relación con nuestro pueblo mapuche y concretamente el de la Región de La Araucanía, que debe tenerse presente que la mayoría de sus miembros, quienes no viven en los sectores urbanos, sino en el campo, en sectores rurales, tienen predios muy pequeños (de una, dos, cinco hectáreas) y, por lo tanto, que pase un tendido eléctrico en medio de ellos les puede ocasionar un daño económico y productivo bastante severo.
¡Mayor razón aún para aplicar la consulta contemplada en el Convenio 169! ¡Mayor razón aún para que se efectúe una negociación, de igual a igual, en la que nuestros pueblos originarios -en este caso concreto nuestro pueblo mapuche de la Región de La Araucanía- puedan contar con abogados e ingenieros que les entreguen todos los elementos de juicio para poder negociar adecuadamente!
Hoy en día, los parlamentarios de la zona muchas veces recibimos reclamos en el sentido de que los tendidos eléctricos les están ocupando superficies demasiado grandes en sus reducidos territorios, disminuyendo sus capacidades productivas.
Por consiguiente, yo sostengo que ese hecho concreto en nuestra Región de La Araucanía hay que tenerlo presente.
Reitero que aquí se trata de una legislación que considero vital para el desarrollo del país y que no podemos seguir perdiendo oportunidades.
Voto a favor la idea de legislar, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, no me voy a referir a todos los motivos que justifican la presentación de este proyecto de ley: disminuir los costos de la energía, que son muy altos; corregir los problemas de transmisión para permitir la continuidad de la energía desde los lugares donde se produce hasta donde ella se consume; acortar los plazos; aumentar la competitividad; en fin, todos los elementos que ya se han señalado.
Sí quiero expresar que son varios los aspectos de este proyecto de ley que no me convencen. Y junto con el Senador Horvath y otros colegas le hemos pedido al Gobierno que se comprometa ahora a acoger nuestros planteamientos vía indicaciones.
En primer lugar, se debe reubicar (al artículo 11) la norma aprobada en la Sala de la Cámara de Diputados, a través de una indicación de la Oposición, que agrega dos incisos nuevos al artículo 22.
Esos incisos hacen obligatoria la consulta indígena del Convenio 169 de la OIT, en caso de que una concesión atraviese territorios indígenas, y obligan a buscar alternativas de trazado siempre que una concesión traspase territorio de áreas silvestres protegidas del Estado.
Hasta el minuto no tenemos una respuesta favorable del Ejecutivo respecto de esta propuesta.
En relación con la ampliación de causales para deducir oposición, el proyecto de ley limita las causales de reclamación solo a aspectos formales, como la errónea identificación del predio afectado por la concesión o de su dueño; el hecho de que la franja de seguridad abarque predios no declarados en la solicitud de concesión como afectados por esta, entre otros.
Nuestra propuesta es que los reclamos se funden en algunas de las siguientes causales:
a) Incumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo anterior.
b) Daño a la salud de las personas. En este caso, la Superintendencia deberá requerir un informe a la autoridad sanitaria competente, el cual será vinculante para la Superintendencia.
c) Afectación de áreas silvestres protegidas.
d) Modificación del trazado y ubicación de las líneas de transmisión y distribución en caso de que exista una afectación grave a la actividad o el patrimonio del reclamante.
Luego, en cuanto a la ampliación de la legitimación activa para deducir oposiciones a la solicitud de concesión, el nuevo artículo 27 ter restringe solo a los dueños de las propiedades afectadas la posibilidad para deducir observaciones u oposiciones. En este caso, se debe ampliar a otros posibles afectados por causas de salud, ambientales u otros intereses legítimos.
La norma vigente es más amplia que nuestra propuesta, en tanto permite que cualquier "otro interesado" formule "reclamos en aquello que les afecte". Nuestra propuesta limita las causales de oposición.
En lo que respecta al tema de asegurar la idoneidad y autonomía de los peritos tasadores, la propuesta enviada establece ciertos requisitos adicionales a los establecidos: designación por sorteo y causales de inhabilidad por conflicto de interés (similares a las dispuestas para los directores independientes de una sociedad anónima).
En relación con la posesión material de los terrenos, la iniciativa legal establece que el concesionario puede tomar posesión material de ellos aun cuando se encuentren reclamaciones pendientes, siempre que se haya pagado el valor fijado por la comisión tasadora. En este caso, se propone que si existen reclamaciones distintas al precio no se pueda realizar la posesión material.
Hay otras propuestas que el Ejecutivo envió mediante indicaciones, las cuales, en mi opinión, no son adecuadas.
Primero, la que se refiere a la supresión de la notificación de la solicitud de concesión para los poseedores y meros tenedores inscritos en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.
A nuestro juicio, esta indicación deja en total indefensión a los poseedores del inmueble con derechos de uso y goce legítimos que pueden ser gravemente afectados por la concesión.
Otra indicación establece una disposición en que los terceros afectados solo podrán impugnar la concesión a través de una acción judicial.
Señor Presidente, es inadmisible negarle a un interesado la vía administrativa como medio de oposición, vulnerando incluso el derecho de petición que otorga la Constitución a cualquier ciudadano.
Con respecto a la indicación que limita la facultad del juez para decretar la paralización de las obras solo a la hipótesis de que exista un "daño grave e irreparable", pensamos que justamente lo que buscan las medidas precautorias es evitar que se provoque un daño, por lo que la norma debe mantenerse en su actual redacción, en tanto se puede decretar la medida si las obras "pueden" provocar un daño grave e irreparable.
Por otra parte, se sugiere una nueva forma de definir el precio del terreno, estableciendo que el dueño y el concesionario deben indicar "el monto de la indemnización que corresponde pagar", debiendo la comisión fijar como monto el propuesto por el o los dueños o bien el propuesto por el concesionario, tomando como único criterio el que se acerque más a la tasación del predio contenida en su informe.
Nosotros pensamos que esta fórmula puede perjudicar a los dueños de las propiedades, porque generalmente opera, en especial en el mundo agrícola, una asimetría de información entre las partes, por lo que el resultado tendería a beneficiar al concesionario que tiene expertos para hacer la propuesta correspondiente, y no, por ejemplo, al campesino o al propietario agrícola. Entonces, a nuestro juicio, la creación de una comisión de tres peritos tasadores presenta la virtud de poner a un tercero imparcial para determinar el precio.
Y en cuanto a la supresión de la facultad para que los concesionarios o dueños de las propiedades afectadas reclamen judicialmente del avalúo practicado por la comisión, la verdad es que la propuesta es bien discutible, porque, en el hecho, limita la posibilidad de recurrir a los tribunales de justicia, lo que incluso garantiza la Constitución.
Creemos que es legítimo que cualquiera de las partes pueda intentar revertir la decisión de precio determinada por dicho órgano, no obstante lo cual la entrega material del predio afectado se debe hacer (para ello se tiene que consignar el valor) incluso con auxilio de la fuerza pública. Dado que esto último es el real problema de retraso de las concesiones, no entendemos la limitación que propone el Ejecutivo.
Por eso, señor Presiente, yo estaba en la línea de abstenerme en este proyecto de ley, pero me informan recién el Ministro y el Senador Horvath que el Gobierno se compromete en este minuto a incorporar dentro de la agenda los temas del net metering -es decir, la producción domiciliaria de energía por parte de los vecinos- y el plan "20/20", clave para llegar al año 2020 con un 20 por ciento de energías renovables no convencionales en un país como el nuestro, que dispone de energía como la eólica, geotérmica, solar, mareomotriz, etcétera.
Naturalmente, resulta muy relevante que el Gobierno se comprometa hoy día a cumplir eso, además de asegurar la conexión y la transmisión para todo el sistema de energías renovables no convencionales. Espero que esa voluntad sea real. El Senador Horvath me acaba de informar de que así es, que el Ejecutivo se compromete a incorporar en la discusión particular las indicaciones que estamos proponiendo en las materias que he mencionado durante mi intervención.
Por lo tanto, bajo ese compromiso, estoy dispuesto a votar a favor del proyecto.
Recién lo conversamos con el colega Horvath, como representantes de la Región de Aysén. Así que comprenderán Sus Señorías nuestra especial preocupación por el tema. Hemos manifestado nuestras aprensiones por la forma en que se han hecho las cosas, por la idea de algunos de llevar a cabo proyectos de generación hidroeléctrica sin las correspondientes protecciones, sin las correspondientes compensaciones, sin respetar a una zona que quiere tener vocación turística y que desea desarrollar el turismo de intereses especiales. Y, en ese sentido, hemos hecho presentes nuestras críticas respecto de lo que algunos desean hacer con nuestra Región.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, muy breve, solo para dejar una constancia.
He escuchado con mucha atención el debate. El objeto del proyecto de ley es agilizar las concesiones y reducir los plazos. Y en el curso de la discusión me ha quedado una sensación distinta, de que aquí se va a terminar ampliando los plazos, por el tipo de indicaciones que se están presentando, y que, en vez de resolver el problema, lo vamos a agudizar.
El proyecto de ley plantea que las oposiciones se acotarán a temas de carácter estrictamente territorial o eléctrico, en tanto que aquí se está abriendo un abanico de posibilidades adicionales en cuanto a las causales de oposición, a la legitimación de quienes deben ser notificados, que ya no solamente serán los directamente involucrados, sino que existirá una suerte de legitimación activa, en que cualquiera podrá reclamar.
Eso me lleva a llamar la atención de la Sala en el sentido de que no estamos resolviendo el problema, sino empeorándolo.
Por lo tanto, voy a votar a favor de las indicaciones en la medida en que agilicen el trámite de concesiones eléctricas y no que ocurra exactamente lo contrario, como vislumbro que sucederá al colocar más obstáculos a los que ya se contemplan en la legislación vigente.
He dicho.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos a favor, 3 en contra, 4 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Girardi, Gómez y Navarro.
Se abstuvieron las señoras Allende y Rincón y los señores Escalona y Letelier.
No votó, por estar pareada, la señora Pérez (doña Lily).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- El plazo para presentar indicaciones, según lo acordado por los Comités, quedaría fijado hasta el lunes 13 de mayo, a las 12.
--Así se acuerda.