PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2013. VETO
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde ocuparse en las observaciones, en segundo trámite constitucional, formuladas al proyecto de Ley sobre Presupuestos del Sector Público para 2013, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8575-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del mensaje en sesión 51ª, en 2 de octubre de 2012.
En segundo trámite, sesión 70ª, en 22 de noviembre de 2012.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 76ª, en 27 de noviembre de 2012.
Observaciones del Ejecutivo, sesión 86ª, en 12 de diciembre de 2012.
Informes de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos: sesión 72ª, en 22 de noviembre de 2012.
Hacienda (observaciones): sesión 87ª, en 18 de diciembre de 2012.
Discusión:
Sesiones 72ª, en 22 de noviembre; 73ª y 74ª, en 23 de noviembre de 2012 (queda pendiente la discusión); 75ª, en 23 de noviembre de 2012 (se aprueba).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El Ejecutivo presentó cinco indicaciones al texto despachado por el Congreso Nacional, las que Sus Señorías pueden consultar en la segunda columna del boletín comparado que tienen en sus escritorios.
La Cámara de Diputados aprobó la observación N° 2 y rechazó las observaciones individualizadas con los números 1, 3, 4 y 5. Requerida para pronunciarse sobre si insistía en el proyecto aprobado por el Congreso Nacional respecto de los textos referidos en las mencionadas observaciones, no reunió el quórum constitucional para tal finalidad.
La Comisión de Hacienda del Senado, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores García, Lagos, Orpis y Pizarro, acordó no pronunciarse sobre las observaciones signadas con los números 1, 3, 4 y 5. Ello, en atención al rechazo de que fueron objeto en la Cámara de Diputados, a que no se reunió en dicha Corporación el quórum de insistencia en el proyecto despachado, en lo pertinente, por el Congreso Nacional, y habida cuenta de lo dispuesto en los artículos 73 de la Constitución Política de la República y 36 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
Por la misma unanimidad consignada precedentemente, la Comisión de Hacienda propone aprobar la observación N° 2, que agrega, en la Partida 09 del Ministerio de Educación, Capítulo 01 (Subsecretaría de Educación), Programa 30 (Educación Superior), un párrafo final en la Glosa 13, asociada a la Asignación 401 (Fondo de Desarrollo Institucional-Infraestructura).
Cabe hacer presente que las observaciones se discuten en general y en particular a la vez, se votan separadamente y no procede dividir la votación, y que para insistir en el texto despachado por el Congreso Nacional se requieren los votos de los dos tercios de los Senadores presentes.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en que se consignan, en la segunda, tercera y cuarta columnas, las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República, el resultado que respecto de ellas se produjo en la Cámara de Diputados, y el trámite cumplido en la Comisión de Hacienda, respectivamente.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión general y particular a la vez las observaciones.
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, la relación que ha hecho el señor Secretario me ahorra mucho de la explicación que tenía pensado entregar a la Sala.
Solo quiero reiterar que la Comisión de Hacienda, en el día de ayer, por unanimidad acordó no pronunciarse sobre las materias contempladas en los numerales 1, 3, 4 y 5, ya que, al no haberse reunido en la Cámara de Diputados el quórum suficiente para insistir en el texto aprobado por el Congreso Nacional, entendemos que la votación que de aquí surja no produciría ningún efecto práctico.
El artículo 73 de la Constitución establece que el Congreso Nacional debe insistir por los dos tercios de sus miembros presentes. Y el hecho de que no se hayan reunido en la Cámara de Diputados significa que no tiene sentido, en nuestra opinión, votar esos números aquí.
Sí lo tiene votar y aprobar el numeral 2, que agrega el siguiente párrafo final a la Glosa asociada a la Asignación del Fondo de Desarrollo Institucional-Infraestructura de las universidades:
"Los bienes inmuebles que se adquieran con estos recursos serán destinados exclusivamente para fines educacionales, a lo menos por 30 años. Estos bienes deberán quedar hipotecados a favor del Fisco y sujetos a la prohibición de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos durante 30 años.
"En lo que sea pertinente, se aplicará la regulación establecida en el artículo 8° de la ley 19.532.".
Es lo despachado por unanimidad en la Comisión de Hacienda el día de ayer y es lo que sugerimos que la Sala apruebe en la tarde de hoy.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, respecto a este tema, el Senado tiene que votar para dejar constancia, aunque su pronunciamiento no incida en el resultado, ya que la Cámara de Diputados no tuvo la capacidad de insistir por los dos tercios de sus miembros presentes en el texto aprobado en lo pertinente por el Congreso. La votación hay que realizarla igual.
Una situación distinta es la que se presenta con la observación número 2, recaída en la Partida Ministerio de Educación, donde por un error no se estableció bien la Glosa que se había acordado. Ahora esto viene siendo corregido por el Ejecutivo mediante un texto que señala que, cuando haya entrega de recursos para infraestructura de establecimientos educacionales del sector privado, los bienes adquiridos deberán quedar hipotecados al menos por 30 años.
Por lo tanto, podríamos aprobar esta observación, tal como ya lo hizo la Cámara de Diputados, y dejar la constancia correspondiente -ya sea de aprobación o de rechazo, pero sin insistencia- en los demás casos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, se ha producido un hecho inédito. Por primera vez, desde 1990, el Presidente de la República ha mandado un veto respecto de la Ley de Presupuestos, la más importante que se tramita en el Congreso Nacional.
Uno de los temas en los cuales teníamos particular preocupación con el Senador Lagos Weber decía relación con la situación que afecta a los programas de generación de empleo. Solamente en dos zonas del país -la Región de Valparaíso y algunas comunas de Concepción- tales programas seguían administrados por los municipios. En ese contexto, hasta el año recién pasado a los beneficiarios de los programas de generación de empleo -las personas que trabajan en ellos, para expresarlo en forma correcta- les eran compatibles los bonos de Navidad y de Fiestas Patrias.
¿Qué ocurrió? Por un problema de tipo legislativo, se estimó que dichas personas eran asignatarias de programas sociales y que, por tanto, su condición de trabajadores de programas de generación de empleo no resultaba compatible con los bonos de Navidad y Fiestas Patrias. Esto provocó una movilización de quienes se desempeñan en los PGE en Valparaíso y algo similar ocurrió en Concepción.
Esta es una situación que nosotros planteamos en su oportunidad al Ministerio y al Subsecretario del Trabajo y que incluso ocasionó una huelga de hambre de algunos beneficiarios de los programas de generación de empleo. Sosteníamos que aquí había una cuestión de dignidad, para los efectos de que ellos no perdieran, en definitiva, los referidos bonos por estar desempeñándose en los mencionados programas.
Y quiero decirles que esas personas no trabajan en los PGE porque quieran, sino porque el estado de empleabilidad de emergencia y de cesantía que existe, particularmente en Valparaíso y Concepción, amerita la ejecución de aquellas iniciativas.
En ese contexto, con el Senador Lagos Weber insistimos en que se restableciera la dignidad de dichos trabajadores, lo cual ocurrió para los beneficiarios o asignatarios de los programas de generación de empleo de Concepción, pero no se aplicó la misma vara para los de Valparaíso.
Por eso, nosotros queremos efectuar formalmente una reserva de constitucionalidad, porque, estando en igualdad de condiciones, a unos sí se les otorga la compatibilidad con los beneficios y a otros -los de la Quinta Región- no.
El señor Ministro dirá que la glosa objeto del veto hablaba justamente de programas de generación de empleo para la zona de Concepción. Y eso está perfecto, pero lo cierto es que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. Por lo tanto, si va a haber un trato distinto para los beneficiarios de los PGE de Concepción, idéntico trato debe darse a los beneficiarios de programas de generación de empleo de la Región de Valparaíso.
Lo que estamos pidiendo, sencillamente, es coherencia.
--(Aplausos en tribunas).
Lo anterior no significa -para no provocar alarma- que esos programas se acaben en la Quinta Región. ¡No! Eso no está en discusión. Hay que llevar los temas a su debido plano. Simplemente, con el Senador Lagos Weber insistimos en que acá hay que avanzar en la referida compatibilidad para trabajadores con quienes nos tocó estar en fechas cercanas precisamente a las Fiestas Patrias y que seguramente ahora, en Navidad, sufrirán el mismo drama.
En definitiva, queremos que el Gobierno manifieste su disposición a considerar una modificación legal en la cual se establezca que las personas que se desempeñan en programas de generación de empleo son trabajadores y no asignatarios de un programa social, y que, siendo así, les son plenamente compatibles los bonos que hasta hace un año recibían y que perdieron en virtud de una omisión legislativa.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego a las tribunas no aplaudir.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, por primera vez -no hay recuerdo en la historia legislativa pasada- se presenta un veto presidencial a una Ley de Presupuestos.
El Gobierno juega con fuego al intervenir en esta materia, pues el monto de los recursos que supuestamente el Ejecutivo declara que no estaba en el Presupuesto y que los parlamentarios plantearon de manera odiosa es más bien reducido. Y es más: insiste en el veto presidencial, para ratificar que hay plata para las universidades privadas. ¡Sí! ¡Las mismas que han sido acreditadas de manera maliciosa, corrupta, con cohecho! Hay recursos para esos planteles. Porque no existe distingo: los bienes inmuebles que se adquieran durante los próximos 30 años podrán ser administrados. ¿Por parte de quiénes? De las universidades privadas. ¿Están acreditadas? ¿Los planteles que están siendo investigados por la fiscalía podrán postular a estos fondos? ¡Miles y miles de millones para que puedan seguir generando lucro y estafando a los estudiantes, como la Universidad del Mar!
El problema -es estructural- radica en las carreras no acreditadas: 660 mil jóvenes cursan estudios en Chile en programas no acreditados. La Universidad del Mar imparte 195 carreras y 9 se hallan acreditadas; la Universidad de las Américas ofrece 193 carreras y 15 se encuentran acreditadas, la Universidad San Sebastián cuenta con 103 carreras, 15 de las cuales están acreditadas. Y así sucede con todas, salvo con la Universidad Católica de Chile, con la Universidad de Chile, con las tradicionales, que registran un promedio de entre 80 y 70 por ciento de programas acreditados.
Pero aquí estamos hablando de las universidades privadas. Es cierto que nosotros, la Oposición, hicimos un punto para que los 6 mil millones de pesos se distribuyeran en algunos montos para las universidades públicas.
En definitiva, lo que reclamo es la falta de coherencia.
Se objeta que presentáramos una indicación para los trabajadores pirquineros, ex ENACAR, de la cuenca de Arauco. Se cuestiona que los cupos de empleo permanezcan en la Región del Biobío. La cesantía llega a 8,6 por ciento. ¡8,6 por ciento! La media nacional es de 6,3 por ciento. Y en Lota alcanza a 11,6 por ciento. Hay comunas en que el desempleo se sitúa en dos dígitos.
Por lo tanto, no es un invento de la Oposición, como ha sostenido el Senador Pérez Varela. No se trata de que los Gobiernos anteriores hayan entregado cupos de empleo para ganar elecciones. En la zona se fue abajo el carbón. Allí estaba el 60 por ciento del desembarco de la pesca, y vino la ley del 2002. En la Región existe una cesantía estructural debido a que los bosques solo producen celulosa. Y cada día se utilizan procesos más tecnificados, por lo que hay menos trabajadores forestales. Allí falta empleo.
En consecuencia, poner límites, es decir, que el cupo que se libera desaparezca, es un error.
Claramente, lo que se tiene que hacer es facilitar alianzas estratégicas público-privadas, para generar empleo privado, decente, de buena calidad.
Pero comenzar a rebajar los trabajos de emergencia pienso que constituye un error. Y este es doble cuando paralelamente se les entregan recursos millonarios a las universidades privadas, sin ninguna discriminación, aun cuando muchas de ellas estén cometiendo fechorías, como las que estamos conociendo.
Señor Presidente, creo que el Senado debe votar. Hay que dejar constancia, si bien ya la pelea está perdida: el veto debió obtener un rechazo de dos tercios en la Cámara de Diputados, y no se logró. Que cada cual asuma su responsabilidad. Si los trabajadores de la Región van a marchar, yo por lo menos lo haré. Porque, tal como ha señalado el Tribunal Constitucional, los parlamentarios deben legislar, fiscalizar y representar.
--(Aplausos en tribunas).
Me parece que es un error este veto. Y espero que el Gobierno lo evalúe.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
Señor Presidente, le solicito que me indique la forma de la votación, aun cuando también voy a hacer reserva de constitucionalidad, por los mismos motivos que el Senador Chahuán. Y entiendo que debiéramos votar las observaciones, como planteó el Senador Zaldívar. Y, en este caso, yo me pronunciaré en contra del veto, cualquiera que sea la modalidad por la que se opte al momento de votar.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, el artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso establece claramente que "Si el Presidente separase sus observaciones con letras o números, cada texto así diferenciado será considerado una sola observación". En consecuencia, esta Sala debe pronunciarse sobre cinco observaciones.
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero abordar el tema de los programas de generación de empleo y de lo que ocurrió durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos.
Como bien señaló el Senador Chahuán, se trata de una materia que nos ha preocupado desde un tiempo a esta parte.
Yo entiendo cuál es el objetivo de esos programas: se trata de empleos de emergencia. La idea es que las personas que postulan a aquellos y que cuentan con ese beneficio tengan la posibilidad de desarrollarse en otra actividad económica y no depender de ese tipo de empleo. Y no nos confundamos: son ocupaciones que dan un sustento, pero muy pequeño; no llegan ni siquiera al salario mínimo. Entonces, estamos hablando de condiciones muy complejas para un núcleo familiar. Sin embargo, constituyen una ayuda económica importante.
Nuestra Región de Valparaíso, así como otras, no ha exhibido los mejores indicadores económicos durante mucho tiempo.
Además, hay personas, en particular mujeres jefas de hogar, que dependen de estos programas de empleo como consecuencia del paso del tiempo. Y les es más fácil reinsertarse laboralmente una vez que se está trabajando en ellos.
Entonces, en esta materia hemos tenido junto con el Senador Chahuán una actitud de trabajo conjunto, y quiero reiterarla. Nos hemos reunido con el Intendente de Valparaíso en tres oportunidades. Y también he asistido a hablar personalmente con la ex Senadora y hoy Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei.
--(Manifestaciones en tribunas).
Comprendo todas las vicisitudes que existen.
No obstante, lo que estamos planteando acá hoy no es solo que no se disminuyan esos programas de generación de empleo, sino que el trato sea el mismo. Se votó una indicación a las 2 de la mañana, el día en que se cumplía el plazo para despachar el proyecto de Ley de Presupuestos. ¿Qué planteaba dicha indicación? Favorecer los programas de generación de empleo de la Región del Biobío. Voté a favor. Pero entendiendo que ello se aplicaba también a otras Regiones. Porque habría sido completamente incompatible aprobarlo para algunas comunas de la Región del Biobío y no hacerlo para la Región de Valparaíso, a la cual represento.
Desde ese punto de vista, hacemos reserva de constitucionalidad con el Senador Chahuán en lo relativo a esta materia.
Con relación al resto de las observaciones, lo concerniente a los recursos para la educación superior, para infraestructura, constituye un tema mucho más de fondo y que no se va a resolver ahora mediante este veto.
Sin embargo, si tomo lo que se les está entregando a las universidades privadas, con la falta de regulación real que existe (no hablemos de autorregulación), y lo sumo al titular del diario "El Mercurio" de Valparaíso del miércoles pasado, ello lo dice todo sobre el tema de la educación: se cierran cuatro establecimientos educacionales en la comuna de Valparaíso (no en la Región de Valparaíso). Se trata de 600 alumnos que quedarán sin un establecimiento educacional. Se sostiene que serán reasignados, reubicados y que les pondrán transporte escolar. Eso es la falacia más grande y es hacerle más daño a la educación pública y a los apoderados.
Lo que hay que celebrar es un debate, como les he escuchado a varios -incluido en el lado de al frente-, acerca de un sistema educacional distinto, porque este no da para más. El mercado no resolvió este punto, desde 1981 a esta parte. Y creo que lo que está ocurriendo con la educación pública es dramático. Se van a seguir cerrando escuelas. Y el Estado terminará siendo simplemente una caja pagadora: va a sacar plata de los impuestos y se los va a entregar a los particulares subvencionados para que den enseñanza. No va a haber educación pública en Chile, salvo para un número reducido de estudiantes, aquellos con más dificultades, de los hogares más vulnerables. ¿Por qué? Porque qué harán los particulares subvencionados con el descreme: no los dejarán ingresar.
Comprendo lo que ha planteado el Senador Navarro en esta materia. Pero quiero decirle, con cariño -Su Señoría lo entiende así-, que no vamos a resolver el problema en esta discusión. No obstante, debe ser optimista, porque creo que vendrán tiempos mejores, en los cuales el tema de la educación se abordará de raíz, y no solo tratando de parchar cuando vemos que hay dificultades. No se trata de un CAE con menor tasa, de solucionar lo relativo al crédito CORFO. Deberemos sostener una discusión más amplia, que al final del día será eminentemente política y, por qué no decirlo, ideológica, sobre qué tipo de sociedad queremos.
Mientras tanto, rechazaremos el veto.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, en la Cámara de Diputados la mayoría de los parlamentarios votó en contra del veto. Pero como la Constitución tiene unos amarres espectaculares, se necesitan dos tercios para que la Cámara pertinente pueda insistir en su texto. Por lo tanto, se perdió. Es decir, la mayoría de los representantes está en contra de las observaciones. Sin embargo, el sistema lleva a que no se puedan rechazar.
Por otro lado, he escuchado mucha crítica en cuanto a que el Gobierno usó el veto. Pero si este existe. Yo no entiendo por qué se alega contra eso, si está contemplado en la Carta Fundamental. Por ello resulta importante revisar, elaborar una nueva Constitución, hacerla más democrática, buscar fórmulas para que esta situación cambie. Así que en esa materia el Gobierno ha hecho uso de una facultad, que nos puede gustar o no, pero que existe en la actual Carta.
Pedí intervenir porque, sin ser de la Región de Valparaíso, me he reunido varias veces con las dirigentes de quienes integran los planes de empleo. Se trata de más de 900 personas, jefas de hogar.
Y el problema es más profundo -no se reduce a bonos o a pagos más o menos-, pues existe un sistema que las hace ser beneficiarias y no trabajadoras. Por lo tanto, se vulneran todos los derechos laborales. No hay contrato de trabajo. Este no es un problema de este Gobierno. No quiero trasladarlo a esa discusión. Viene desde hace mucho tiempo. Hay personas que están en el sistema -me enviaron la información correspondiente- desde los años 80, y les han ido renovando el contrato, pero como beneficiarias, lo cual implica una vulneración tremenda a las normas laborales.
Además, existe el decreto Nº 1.606, dictado por el Ministerio de Hacienda, en el año 2007, que establece una incompatibilidad, en el sentido de que no podrán ser beneficiarios de un programa de empleo "quienes perciban ingresos por concepto de una o más pensiones, cualquiera sea su naturaleza, cuyos montos sean superiores al 50 por ciento del ingreso mínimo mensual".
Entonces, esto no tiene que ver con una discusión política, sino con una cuestión humana, que debe ser resuelta de manera distinta.
Los acuerdos logrados respecto de la Región del Biobío son importantes, pero el inconveniente descrito hay que solucionarlo de una vez por todas. No es admisible que mujeres trabajadoras, jefas de hogar, lleven años laborando en algo que para la ciudad de Valparaíso es relevante, sin el debido cumplimiento de las normas del trabajo. Y ellas lo dicen con mucha fuerza y dignidad: "Nosotras barremos con todo el cariño del mundo esta ciudad. Por lo tanto, queremos que nos resuelvan el problema".
--(Aplausos en tribunas).
Por eso, quiero llamar la atención -tengo claro que en este momento es imposible solucionarlo- para que de una vez por todas se establezcan los contratos de trabajo; se les reconozca a esas personas los años trabajados; se les pague lo que corresponde.
Eso es lo que debe ser remediado. Y ya que en este momento contamos con la presencia de dos Ministros, el de Economía y el Secretario General de la Presidencia, aprovecho de hacerles presente -insisto- que no estoy formulando un punto político respecto al actual Gobierno, sino refiriéndome a un asunto de carácter humano que ha de ser resuelto. Es preciso que el Ejecutivo, a través de la Intendencia y de la Municipalidad, respectivas, reconozca los contratos de trabajo de quienes han desempeñado la labor en comento.
En consecuencia, de no ser factible lo anterior, solicito que por lo menos como Senado hagamos un esfuerzo para solucionar el problema planteado.
He dicho.
--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).
El señor ESCALONA (Presidente).- Advierto a quienes se hallan en las tribunas que si continúan manifestándose con gritos y de la manera en que están actuando, deberán hacer abandono de ellas.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, desde mi punto de vista hay que separar las materias.
Yo no tengo la menor duda del mérito de las propuestas hechas por las personas adscritas a los programas de empleo tanto en la Región del Biobío como en la de Valparaíso. Por lo tanto, me hago cargo de esa cuestión.
Sin embargo, el problema planteado aquí es distinto, porque él se origina con la presentación de una indicación parlamentaria, que, de acuerdo a la Constitución, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Si algo ha caracterizado y diferenciado a Chile de muchas naciones latinoamericanas es el haber sido capaz de fortalecer y mantener su institucionalidad. Solo los países con instituciones fuertes, sólidas, son capaces de mirar al futuro y cumplir una serie de objetivos.
Por lo tanto, lo que ha hecho el Ejecutivo a través del veto es simplemente restablecer la institucionalidad, el imperio del Derecho. Y eso tiene un valor. Este es un tema que no se ha abordado en la Sala. El día en que los parlamentarios traspasemos ese límite, nuestras propias instituciones comenzarán a debilitarse.
En consecuencia, aquí había dos vías: recurrir al Tribunal Constitucional o al veto. Y, en este caso, el Presidente de la República, con todo derecho -y sin desmerecer las peticiones formuladas, tal como lo acabo de señalar-, presentó sus observaciones al proyecto de Ley de Presupuestos. Ello me parece acertado, correcto y sano.
Además, se trata de una invitación a nosotros, los parlamentarios, para que fijemos nuestros propios límites, más allá -reitero- de lo legítimas que puedan ser las distintas peticiones.
Eso puedo señalar respecto de cuatro de los cinco aspectos que incluye el veto.
En cuanto a la observación número 2 (figura en la página 6 del informe de la Comisión de Hacienda), que fue aprobada por la Cámara de Diputados, el tema es distinto, porque lo que hace es, simplemente, corregir la referencia a una glosa, que formó parte del acuerdo político que permitió culminar exitosamente la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos.
Lo acordado, tal como señaló la Directora de Presupuestos, fue que los bienes inmuebles que se adquieran por instituciones de educación superior privadas deben quedar hipotecados a favor del Fisco. ¿Pero qué ocurrió? Que erróneamente la glosa pertinente solo quedó asociada al Fondo de Innovación de Educación Superior, por lo que en esta oportunidad se vincula, como corresponde, con el Fondo de Desarrollo Institucional.
Eso es lo que ocurre con la disposición aprobada por la Cámara de Diputados.
Así que me parece acertado lo que ha hecho el Ejecutivo: velar por que se cumpla nuestra institucionalidad, restablecer el imperio del Derecho, utilizando este camino que me parece absolutamente lícito.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, ¿de cuántos minutos disponemos?
El señor ESCALONA (Presidente).- En este caso, de cinco minutos, señor Senador. No se reduce el tiempo.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Muchas gracias.
Solo me referiré a dos materias.
En primer lugar, a raíz de la intervención del Senador que me precedió en el uso de la palabra, aunque sea muy legítimo y razonable lo que él señala, debo manifestar con toda franqueza que no he visto en el Senado ninguna actitud que pudiera exceder sus límites constitucionales. Si hubiese existido, me gustaría conocerla. Porque aquí hemos sido todos muy claros para decir que lo que estamos haciendo es aceptar o rechazar un veto -yo lo voy a rechazar, por las razones que ya daré- formulado por el Presidente de la República. Todos lo hemos expresado así.
Entonces, el problema no radica en que estemos pasando por encima de nuestras atribuciones, o en que asumamos conductas que pongan en riesgo la estabilidad democrática del país. Yo, personalmente, creo más bien que son otras materias las que colocan cierta duda, a lo menos, en nuestra circunstancia democrática, las que a mí no me gustan por la forma como se presentan.
Sin embargo, sucede también que la Constitución chilena que nos rige hoy, donde el poder del Ejecutivo es muy fuerte y el del Parlamento, extremadamente limitado, es lo que enardece los ánimos en un momento determinado. No se trata de que tengamos un ánimo "pipiolo" -por así decirlo-, o sea, de levantamiento contra el Ejecutivo.
El señor HORVATH.- ¡Liberal!
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡Pipiolo!
El señor PROKURICA.- ¡Algo hay de eso...!
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Entonces, quiero dejar establecido que no comparto ese punto de vista y me preocupa que nosotros mismos nos echemos encima culpas que no tenemos, porque se aumenta la sensación de que aquí hay un Poder Ejecutivo estable, sereno, tranquilo, que manda, y que nosotros andamos permanentemente picoteándolo con el objeto de hacer las cosas de otra manera.
Yo respeto la Constitución tal como está ahora, porque es la que existe, aunque creo que debe cambiarse, pues ya no da más. Cuando se empieza de manera permanente a abusar incluso del sentido de la ley y de la Carta Fundamental, somos nosotros los que comenzamos a resentirnos y a generar la sensación de que -igual que mucha gente en Chile- estamos cansados de una Constitución que impide una mayor expresión de ideas.
Por último -en los 30 segundos que me restan-, anuncio que votaré en contra, por la siguiente razón. Durante mucho tiempo hubo un esfuerzo muy grande para resolver algunos problemas en la zona carbonífera -que no es la de Schwager ni Coronel, sino que fundamentalmente la de Lota, Curanilahue, es decir, hacia el oeste-, los que, a la postre, obligaron al cierre de las minas, debido a que ya era imposible el trabajo del minero, pues no había cómo financiarlo. Esto llevó a una cantidad importante de personas a perder la posibilidad de jubilar o de tener una certeza de concretarlo, ya que, con los años, se van poniendo muy viejos como para emprender alguna otra acción.
Se estaba trabajando en eso. Llegó un momento en que parecía posible solucionar el problema de las últimas 930 y tantas personas que quedaban pendientes.
He conversado con los dirigentes de esos mineros por teléfono hace 10 minutos. Les dije que no se pudo resolver el asunto. Los parlamentarios no tenemos otra manera de actuar, porque carecemos de iniciativa en la materia.
Contra eso, reclamo.
Y dado que el veto del Ejecutivo es legítimo y que no se reunió el quórum exigido en la Cámara de Diputados, no saco nada con votar a favor o en contra porque, como se ha señalado, no causará ningún efecto. Sin embargo, como un acto de conciencia, voy a pronunciarme en contra de la observación en esta materia, pues creo que el Gobierno ha sido insensible con gente que sí necesita una solución, aunque fuese parcial en 2 o 3 años.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, no me voy a referir a lo relativo a las universidades, a la educación ni a lo que acaba de exponer mi colega Mariano Ruiz-Esquide acerca de la zona del carbón. Quiero hablar sobre los programas de emergencia.
En la Región del Biobío se alcanzó un acuerdo entre el Intendente y los dirigentes del Programa Proempleo, el cual consignaba que los cupos existentes en las provincias de Arauco y Concepción se mantendrían por 4 meses; que las vacaciones se regirían por el Código del Trabajo, y que las compensaciones vigentes se entregarían en meses especiales y se incrementarían en 18 por ciento. Los dirigentes firmaron dicho acuerdo con el respaldo de sus bases.
La pregunta, más allá del veto del Presidente de la República -herramienta de la que él dispone de forma exclusiva-, es de qué manera nos hacemos cargo, como Estado, de una situación que se arrastra desde hace muchos años. Y lo digo, porque me he reunido con dirigentes de las Regiones Quinta, Séptima y Octava para tratar el punto.
Aquí hay un aspecto esencial que hasta la fecha, lamentablemente, no hemos sido capaces de abordar: los gobiernos locales no cuentan con los recursos suficientes para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.
¡No puede ser que a través de los programas de generación de empleo los municipios estén efectuando tareas de su ordinario acontecer!
¡No puede ser que a través de los programas de emergencia se contrate a personas para cumplir funciones permanentes de las municipalidades! ¡Y, además, que se las contrate en forma precaria: que no se les reconozca derecho a vacaciones; que no se les apliquen las leyes sociales; que no se les otorguen los permisos a que tiene derecho todo trabajador y trabajadora!
Entonces, nos vamos autoengañando, porque creamos programas que son para enfrentar situaciones de emergencia, y los transformamos en algo permanente del Estado, sin reconocerles a los trabajadores las protecciones sociales correspondientes.
En mi opinión, tal práctica ha llegado a un límite.
La incorporación de la norma pertinente en el proyecto de Ley de Presupuestos obedece a una aspiración, una demanda legítima de hombres y mujeres que laboran en nuestro país y que no han tenido el debido resguardo por parte del Estado.
Y digo "Estado" y no "Gobierno", porque este problema se arrastra desde hace varios años: sucedió en el pasado y se repite actualmente.
En verdad, es necesario reconocer tal situación y, al menos -lo conversé con los Senadores Chahuán, Lagos y Ruiz-Esquide-, conformar un grupo de trabajo que estudie una solución definitiva, haciéndonos cargo de la realidad que viven nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores.
Era lo mínimo que se podía pedir.
Pero no ha sido así. El Presidente de la República optó por mandar un veto donde, lisa y llanamente, borra esa posibilidad, creyendo que con este resuelve la situación. ¡Y no es así!
El problema ya está instalado. Tenemos que plantearlo como un asunto que debe ser abordado por el Parlamento y discutido con el Ejecutivo.
Por las razones expuestas y las que han expresado mis colegas en cuanto a los otros temas, voy a rechazar el veto.
Creo que la sensibilidad se ha ausentado de la discusión política y no nos hacemos cargo de un país que cambió, que quiere correr las fronteras e incorporar a todas y a todos en los beneficios del crecimiento que exhibimos ante el mundo.
Gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Ruego silencio, por favor!
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, escuchando este debate advierto que hay casos concretos de personas que, probablemente por la forma como se está dando esta situación, pueden perder beneficios o no acceder a los que la Ley de Presupuestos, en principio, les estaría entregando.
Pienso que los planteamientos expuestos en ese sentido, que reflejan la realidad social de grupos que se hallan con problemas de trabajo, de previsión o de distinta naturaleza, como aquí se ha señalado, son justos y deben ser atendidos.
Sin embargo, tales dificultades, por graves que sean, no pueden solucionarse a costa de nuestra institucionalidad.
Aquí estamos frente a un tema que es esencial en un Estado de Derecho democrático: las autoridades deben someterse a las normas que rigen sus actuaciones y no han de asumir más atribuciones que las que la Carta Fundamental y las leyes les otorgan.
A los parlamentarios nos está vedado tomar decisiones que impliquen, por ejemplo, un mayor gasto público. Y esto no tiene que ver con la Constitución del 80, sino -lo saben quienes conocen la historia constitucional- con la forma en que el Texto Fundamental fue evolucionando. Porque en Constituciones anteriores se permitía la iniciativa parlamentaria en proyecto que significaran gasto fiscal. Pero esto cambió en la década de los cuarenta a través de sucesivas y diversas reformas.
El uso legislativo que se le dio a esa atribución generó un exagerado gasto público, un gasto irracional y por completo demagógico, ya que las razones por las cuales se utilizaba no tenían que ver con necesidades reales. Ni siquiera se llevaban a cabo las evaluaciones del caso. Por tanto, dicha facultad se ejerció en forma abusiva.
Por eso se suprimió.
Y no creo que, por el hecho de que una mayoría en un minuto determinado declare admisible aquello que técnicamente no lo es, resulte conveniente aceptarlo.
Yo sé que este veto produce inquietud y molestia a mucha gente que pierde un beneficio, aunque lo haya obtenido de manera equivocada.
Separemos las cosas. Podemos expresar la voluntad -y es nuestro derecho como Senado, como Congreso- de que esta inquietud se recoja y se resuelva directamente. Pero no es posible, por la circunstancia política de la conformación de una mayoría ocasional, convertir lo inconstitucional en constitucional. Con esto estaríamos engañándonos y sentando un muy mal precedente.
Con ese predicamento, toda vez que una Oposición sienta que tiene el poder en el Congreso, aunque no a nivel presidencial, le será factible cambiar las reglas del juego. Ello, a la larga, genera males mayores que los bienes específicos que en cada caso se pretenda conseguir.
En consecuencia, me sumo a un proyecto de acuerdo, a una manifestación de voluntad, con el fin de buscar, para quienes pierdan un beneficio o no lo están recibiendo por la situación aquí descrita, una vía de solución para que se reconsidere el asunto y, en definitiva, lo obtengan.
Pero -reitero- no me parece apropiado sumar nuestra voluntad para legitimar o cohonestar un acto indebido, un acto inconstitucional.
Hoy, por la vía del veto, se busca corregir una actuación indebida que se cometió en la Cámara de Diputados. ¡Eso es lo que debemos hacer! Cada vez que se incurra en tales acciones hay que enmendarlas. Se podrá efectuar mediante el veto, mediante el Tribunal Constitucional. La Carta consigna varias alternativas. Pero no cabe permanecer indiferentes frente a ello.
Resulta muy atractivo responder a la sensibilidad social por caminos populistas. Es mucho más duro seguir el camino del Estado de Derecho, pero es lo que debemos hacer. Porque el populismo, en algunos casos, es pan para hoy y hambre para mañana.
En consecuencia -insisto-, me sumo a la solicitud de revisar tales situaciones, pero nunca voy a adherir a cohonestar actuaciones inconstitucionales.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación la observación Nº 2, que fue aprobada por la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Quienes estén de acuerdo con dicha observación votarán que sí y quienes no la compartan, que no.
El señor ESCALONA (Presidente).- Reitero que, en primer lugar, estamos votando la observación aprobada por la Cámara de Diputados.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la observación N° 2 del Presidente de la República (24 votos a favor, 1 en contra y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Orpis, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Voto por la negativa el señor Ruiz-Esquide.
No votó, por estar pareado, el señor Walker (don Ignacio).
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, hay que rectificar el voto del Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Perdón?
El señor PIZARRO.- El colega se equivocó. Hay que corregir.
¡Cómo va a aparecer favoreciendo a los grupos económicos de la educación superior! ¡No, pues, Presidente! ¡Él quiere proteger al Estado!
El señor ESCALONA (Presidente).- Lamentablemente, ya está concluida esa votación, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pensé que votábamos las otras observaciones.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, haremos una sola votación para las cuatro observaciones rechazadas por la Cámara Baja.
--Así se acuerda.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las observaciones que rechazó la Cámara de Diputados son las Nos 1, 3, 4 y 5.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO.- ¡Dónde están Navarro y Lagos! ¡Tanto que reclamaron!
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
El señor PIZARRO.- ¡Tremendos discursos que hicieron, y no están!
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminó la votación, señor Senador.
--Se rechazan las observaciones Nos 1, 3, 4 y 5 (13 votos en contra, 12 a favor y 1 pareo).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Chahuán, Escalona, Gómez, Muñoz Aburto, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa la señora Von Baer y los señores Cantero, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Orpis, Prokurica y Uriarte.
No votó, por estar pareado, el señor Walker (don Ignacio).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, aun cuando en la Cámara Baja no se alcanzó a reunir el quórum necesario, constitucionalmente se debe votar la insistencia en el proyecto despachado por el Congreso Nacional respecto de los textos referidos en las mencionadas observaciones.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se consignaría la misma votación anterior, pero al revés.
--Se rechaza la insistencia en el texto despachado por el Parlamento (13 votos a favor y 12 en contra), por no reunirse el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Chahuán, Escalona, Gómez, Muñoz Aburto, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Cantero, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Orpis, Prokurica y Uriarte.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ha concluido la tramitación del veto del Presidente de la República.
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El señor ESCALONA (Presidente).- De conformidad con la sugerencia formulada por el Senador señor Gómez y recogiendo las palabras del Honorable señor Hernán Larraín, propongo a la Sala encargar a la Comisión de Trabajo la elaboración de un proyecto de acuerdo que represente la opinión del Senado en cuanto a los programas de empleo.
--Así se acuerda.