OBLIGACIÓN DE SOTERRAMIENTO DE CABLES ELÉCTRICOS SITUADOS EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Letelier, en primer trámite constitucional, que obliga a trasladar a espacios subterráneos las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen bienes nacionales de uso público, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5871-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Letelier):
En primer trámite, sesión 19ª, en 13 de mayo de 2008.
Informe de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 1ª, en 13 de marzo de 2012.
Discusión:
Sesión 39ª, en 7 de agosto de 2012 (queda para segunda discusión).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe hacer presente que ayer se efectuaron la relación y la primera discusión de esta iniciativa.
El señor HORVATH.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HORVATH.- Solo deseo pedir que se recabe la autorización de la Sala (por cierto, sin interferir en el desarrollo de la tabla y sin perjuicio de concurrir a las votaciones) para permitir que la Comisión de Pesca despache el proyecto que asegura la protección de los ecosistemas marinos vulnerables.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías?
No hay acuerdo.
En la segunda discusión de la iniciativa atinente al soterramiento de cables, tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Antes de entrar al análisis del proyecto, señor Presidente, deseo hacer una aclaración.
Si yo no accedo a la solicitud que formuló el Senador Horvath es únicamente por la situación existente en la Sala, ya que, de ausentarse los miembros de la Comisión de Pesca, quedaríamos con una dificultad seria de quórum en la primera votación.
Si se revierte esa situación, encantado de cooperar.
Lo señalo para que no se entienda que mi negativa tiene otra motivación.
Señor Presidente, entrando en materia, quiero agradecer que podamos discutir en la Sala del Senado un proyecto de ley que tiene como propósito avanzar hacia el soterramiento de las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen bienes nacionales de uso público. Y se ha planteado en este concepto por cuanto su aprobación traerá como consecuencia que también terminen soterrados todos los otros tendidos que utilizan la postación de las empresas de distribución y transporte eléctricos.
Esta iniciativa tiene una mirada que dice relación con la calidad de vida en nuestro país.
Hoy en día, cualquiera que transite por una ciudad de 30 mil habitantes o más -no estamos hablando solo de las grandes urbes- puede ver cómo el espacio público aéreo ha sido invadido por cables de diferente tipo, muchos de los cuales han dejado de ser útiles. Las empresas simplemente no se hacen responsables de usar un bien nacional de uso público, como lo es el espacio colectivo, y de aquella forma no solo afean el entorno, sino que asimismo desvalorizan el patrimonio de las familias.
La finalidad de este proyecto es generar una norma de aquí hacia adelante para que, por un lado, todo nuevo emprendimiento tenga como requisito el soterramiento del cableado, y por otro, se establezcan plazos a los efectos de abordar la solución de los problemas que en la materia hay en nuestro país.
Uno ve que en muchas ciudades la contaminación visual es dramática.
Para resolver ese problema existe tecnología. Y es de gran aplicación no solo en países de mayor desarrollo, sino también en algunos que exhiben un nivel de desenvolvimiento socioeconómico bastante menor que el nuestro. Me refiero a experiencias que van desde Canadá a Ecuador, donde se ha ido imponiendo la lógica de no únicamente establecerles requisitos a las inmobiliarias, a los urbanizadores, para el soterramiento en los casos de los servicios eléctricos, de telecomunicaciones y complementarios, sino además de fijar un plazo para abordar el problema existente.
En la Comisión este proyecto se aprobó en general con una redacción que no refleja el debate habido en ella a lo largo de varios meses, durante el cual hablamos no solo con especialistas de los Ministerios de Vivienda y de Energía y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, sino también con expertos de diferentes superintendencias y universidades, para conocer sus juicios y saber del potencial que hay a los fines de generar poliductos que permitan soterrar lo que existe -en este aspecto, sin duda, los municipios deberán jugar un papel muy relevante, pues ellos administran el subsuelo de sus comunidades-, lo que posibilitará el desarrollo de una actividad económica interesante para los administradores de la infraestructura construida en el radio urbano.
Buscamos, señor Presidente, asumir un problema actual.
Y doy un ejemplo.
En cualquier ciudad (Talca, Rancagua, Puerto Montt, La Serena, Santiago, Concepción), cuando uno se detiene en una intersección se percata de que un porcentaje muy grande de los cables existentes se hallan en desuso.
Pues bien, podría permitirse que los municipios retiraran los cables en desuso si se reputaran de escombros. Pero, no habiendo una definición legal de "cable en desuso", ni las municipalidades pueden cumplir esa función.
En definitiva, nadie se hace cargo de ello, pues no hemos sido capaces de abordar una legislación sobre la materia.
Como antes era el Estado quien generaba la inversión vinculada con la distribución eléctrica, la postación existente en nuestro país se entregó a las empresas del sector. Entonces, las empresas eléctricas les cobran a las telefónicas -la compañía de teléfonos era muy relevante en el pasado; ahora, con la telefonía móvil, la situación es muy distinta- o a las de cable por apoyarse en los postes.
Señor Presidente, todo este negocio -el de distribución eléctrica, el de televisión por cable u otro-, que es muy lucrativo, tiene una externalidad que es pagada por la ciudad, por los habitantes.
Países que aspiran a una calidad de vida diferente han abordado el debate conducente al establecimiento de una política de desarrollo urbano. Y lo que queremos nosotros es sentar las bases para un debate de tal índole.
Es cierto que en la moción se fijan plazos que quizás -y quiero decirlo para que no nos detengamos ahí- no sean viables. Pero lo que deseamos -y esta fue la discusión habida en la Comisión de Vivienda- es manifestar la voluntad de avanzar determinando plazos mayores, de ser necesarios; estableciendo criterios de tamaño de ciudad sin duda distintos; disponiendo que la obligación corra para los nuevos urbanizadores desde ya, a fin de no seguir acumulando estos pasivos ambientales tan lesivos. Pero, por sobre todo, se trata de iniciar una política conducente al desarrollo de ciudades más amables, más cercanas y, por cierto, más seguras.
Es un hecho, señor Presidente -y con esto concluyo-, que para las compañías eléctricas constituye un tremendo negocio el soterramiento, porque termina el robo de cables de cobre en nuestro país; se permite recuperar en forma muy significativa inversiones que pierden las mismas empresas; se hace factible mantener los servicios sin riesgo de las interrupciones que se registran hoy; se facilita, por cierto, un servicio de mejor calidad. Pero es necesario hacerlo entre todos.
Eso es lo que hay detrás de este proyecto: un esfuerzo mancomunado de los diferentes sectores para trabajar hacia una política urbana dirigida a mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades.
Por eso, invitamos a votar a favor del proyecto en debate, para que la Comisión de Vivienda, en un debate con los diferentes actores, quizás, genere mecanismos incluso para licitar el proceso de construcción de poliductos en las diferentes ciudades, de manera tal que podamos abordar un problema que afecta a la totalidad de las comunas de nuestro país.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, me correspondió presidir la Comisión de Vivienda y Urbanismo cuando tratamos este proyecto, durante varias sesiones, en un debate general en que participaron diversos invitados, en representación de los Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda y de Transportes y Telecomunicaciones; de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, etcétera. Y debo subrayar que en la Comisión, tanto entre sus miembros como entre los invitados, no hubo dos opiniones sobre la necesidad de respaldar una iniciativa como esta.
Aprovecho la ocasión para felicitar a su autor, el Senador Letelier, porque, de verdad, se trata de un gran proyecto, que tiene que ver con la contaminación visual, problema a tal extremo grave que ha provocado numerosos accidentes en muchas ciudades donde es imposible visualizar las luces de los semáforos debido a la gran cantidad de cables existentes, muchos de los cuales se encuentran en desuso.
No hay una normativa que regule la situación en comento, señor Presidente.
En determinado momento nuestro país, con el objeto de incentivar la instalación de luminarias en las calles, autorizó sin condicionamientos a las compañías eléctricas para hacer uso de un espacio público. Y hoy día las empresas eléctricas o las telefónicas hacen lo que quieren con los postes instalados: los arriendan y obtienen una significativa rentabilidad a costa de contaminar la visual en las ciudades.
Nos encontramos entonces con que, para que sea eficaz la legislación en proyecto, es requisito indispensable definir el modo de resolver el problema. No es admisible que cada empresa -eléctrica, telefónica, de televisión por cable- establezca un propio ducto: debe haber un solo administrador de los poliductos.
Por eso, se precisa el respaldo del Ejecutivo, pues varias de las materias involucradas son de su iniciativa exclusiva. Por ejemplo, es necesario su patrocinio para entregarles nuevas facultades a organismos públicos.
Creo, señor Presidente, que esta iniciativa constituye un avance en la idea de permitir una mejor calidad de vida en las ciudades.
Si observamos lo que ocurre en el barrio alto o en las comunas de mayores ingresos, podemos comprobar que ya no existen sectores donde se construya con cables a la vista: están todos soterrados.
Tengo aquí un fallo mediante el cual la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena rechaza un recurso de protección interpuesto por una empresa eléctrica a propósito de una disposición municipal que la obligó a soterrar los cables.
Por tanto, aquí está la prueba de que hoy día la ley les permite a las municipalidades regular la materia en comento. Pero para ellas no es fácil hacerlo, por los costos adicionales que conlleva el soterramiento.
Entonces, lo primero que yo haría con la ley en proyecto (espero que esta tarde la aprobemos en general) sería presentar indicación para que en breve plazo los municipios pudieran obligar a que el cableado de las nuevas construcciones fuera soterrado. La idea es que no sea posible otorgar autorizaciones para que este se halle a la vista.
Lo segundo es diseñar un sistema de llamado a licitación o de participación significativa -los administradores pueden ser los municipios, los gobiernos regionales o privados- para los efectos de garantizar un poliducto que permita economías de escala.
Y lo otro es señalar que las municipalidades también deberían implementar -y cuentan con la facultad de hacerlo- la instrucción de soterramiento donde las ciudades registren una alta contaminación.
Creo que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y el Ministerio de Obras Públicas podrían hacer un trabajo de buena manera en la materia, a lo que se sumaría una coordinación con distintos servicios, para los efectos de que podamos con los municipios, en un plazo breve, limpiar de cables que contaminan los centros urbanos y no permiten un real desarrollo.
Si observamos lo que sucede en Vitacura, en Las Condes, podemos advertir que el problema ya no existe. Quisiéramos que ello se extendiera también a las comunas más modestas, lo cual significa un nuevo y mayor esfuerzo por parte del Estado.
Voy a votar a favor de la idea de legislar.
Trabajaré en la presentación de indicaciones a fin de mejorar la oportunidad de las ciudades y especialmente de las comunas más vulnerables de poder vivir en un medio ambiente libre, desde el punto de vista visual.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, el proyecto es de iniciativa del Senador señor Letelier y no cabe ninguna duda de que la idea resulta muy loable. A todos nos consta que en los grandes núcleos urbanos existen verdaderos nudos de cables, algunos en funciones y otros en desuso, y que nadie se hace cargo de ello. Ni siquiera se pueden retirar.
En la Comisión, presidida antes por mi Honorable colega Tuma y ahora por quien habla, tratamos el asunto extensamente, a tal punto que se invitó a todas las instituciones que tienen que ver con la materia. Se consideró a los Ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, y de Transportes y Telecomunicaciones. De la primera de esas Secretarías de Estado vinieron el Director General de Obras Públicas, el Director de Vialidad y el Director de Concesiones; de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el Jefe de su División Jurídica; de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Fiscal, y a los anteriores se sumaron representantes de municipalidades, de la Asociación de Empresas Eléctricas, en fin.
Se ha realizado un trabajo muy intenso en relación con la materia y no ha sido algo fácil.
El Senador señor Tuma se refirió a un fallo que atribuyó a la Corte de Apelaciones de La Serena, pero que, en realidad, es de la Corte Suprema, el cual dice relación con una ordenanza dictada por la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Ovalle que establecía el soterramiento de líneas eléctricas y telefónicas. La medida no pudo ser cumplida a causa de dicha sentencia, que tenemos en nuestras manos.
Deseo consignar que el asunto es de mucha importancia, pero, por supuesto, de no fácil resolución. Y, por eso, les solicitamos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Vivienda, que sus departamentos de ingeniería nos hicieran proposiciones acerca de cómo sacar realmente adelante la iniciativa. Quedaron de colaborarnos en este aspecto.
Hace algunos años, a través de la primera de esas Secretarías de Estado, modificamos la ley en lo relativo al traslado de servicios cuando se efectúa alguna obra pública. Resulta que ello tenía que pagarlo el que lo pide: el Estado, y significaba muchos, pero muchos miles de millones de pesos.
Recuerdo que en el sector de Quilín, en Santiago, por allá por 1995, una sola obra costó 7 mil millones de pesos y que el mero traslado de servicios de alcantarillado, de agua potable y de electricidad salía 10 mil millones, es decir, mucho más, y que por el hecho de que el otorgamiento se había registrado antes, sin ninguna imposición, Obras Públicas tenía que pagar por estar pidiendo ejecutarla.
Nosotros enmendamos la norma legal y establecimos que todos los permisos que se otorgaran en adelante conllevaban el compromiso de que, si mediaba algún traslado, algún cambio, ello es por cuenta de la empresa concesionaria.
Una de las personas invitadas ahora, el Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas Asociación Gremial, estimó que las redes subterráneas son diez veces más caras que las aéreas. Agregó que los valores netos de recuperación actuales de la industria ascienden a 4 mil millones de dólares y que el costo aproximado del soterramiento propuesto en el proyecto es de 30 mil millones. Como se darán cuenta mis Honorables colegas, estamos haciendo referencia a cifras sumamente altas.
Dejaré que mi Honorable colega Pérez Varela coloque el ejemplo vivido ya en la comuna de Los Ángeles, como algo evidente de lo que estamos señalando.
Si se aprueba en general el proyecto, señor Presidente, tenemos que fijar un largo plazo de indicaciones, para que todas las empresas cuya colaboración solicitamos puedan hacernos llegar sugerencias y para que tampoco caigamos en fallos del Tribunal Constitucional que declaren completamente ilegales todas estas disposiciones.
Afortunadamente, puedo informar que ese organismo, a raíz justamente de las diferencias entre el Ministerio de Obras Públicas y las entidades involucradas, ha resuelto en favor del primero. Y todos los traslados serán de ahora en adelante por cuenta de las empresas concesionarias, ya sea de electricidad, de agua potable o telefónicas.
En todo caso, la sentencia del Tribunal Constitucional es muy importante y viene a establecer que el Fisco recuperará más de 7 millones de unidades de fomento en indemnizaciones que tiene que pagarle cada una de las compañías.
Estoy por aprobar la idea de legislar y por determinar un plazo más o menos largo, como he señalado, para las indicaciones.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, solo deseo pedir nuevamente a la Mesa que recabe la autorización -ya conversé con quienes se opusieron y los escuché, además- para que la Comisión de Pesca pueda sesionar simultáneamente con la Sala a fin de que analice y despache el proyecto de ley sobre protección de ecosistemas marinos vulnerables.
Este último no tiene nada que ver con la iniciativa que se trató ayer y lo tenemos listo, con sus indicaciones. Se aprobó que hoy se recibieran las del Ejecutivo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá.
--Así se acuerda.
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El señor CANTERO.- Abramos la votación, señor Presidente. Lo pide el Comité Independientes.
El señor BIANCHI.- Así es.
El señor PIZARRO.- ¿Cuántos inscritos hay?
El señor ESCALONA (Presidente).- Seis.
El señor PIZARRO.- Algunos tenemos dudas sobre la iniciativa.
El señor ESCALONA (Presidente).- No hay acuerdo.
Puede intervenir la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, soy miembro titular de la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Y quiero poner énfasis en la denominación, porque el asunto que nos ocupa se encuentra muy relacionado con el tipo de urbanismo que les estamos dando a nuestras ciudades.
¿Cuál es la idea que inspira al proyecto de ley? La de evitar riesgos asociados a falta de seguridad por exceso de cableado en altura y mejorar la visión estética de espacios urbanos.
Se deben ofrecer fraccionamientos que mejoren la calidad de vida de la población, al tiempo de que eviten la contaminación visual con postes y cables.
Hoy día, los sistemas de tendido bajo tierra se encuentran en plena expansión en muchas de las zonas urbanas y en diversas comunas debido a las mejorías comparativas que brindan, respecto de la extensión de las redes aéreas. Pero también es preciso puntualizar, conjuntamente, que no se trata de una realidad masiva, sino propia de las comunas que pueden establecer el cableado subterráneo.
Por eso digo: "Bienvenida la discusión de la iniciativa". Creo que tenemos que precaver un aspecto: que esta no recargue al usuario; que no sea este el que pague finalmente el costo de la instalación. Mas todas las opiniones que en la Comisión hemos recibido del Colegio de Arquitectos, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, del Ministerio de Vivienda, siempre han sido positivas en cuanto al espíritu que inspira al articulado en examen.
¿Cuáles son algunas de las ventajas?
Deseo consignar que el mes pasado, cuando enfrentamos un temporal de viento y lluvia al menos en la Región de Valparaíso y, sobre todo, en la zona Cordillera, una gran cantidad de hogares permanecieron muchos días sin energía eléctrica. Las empresas respectivas incluso han estado sometidas a una investigación del Servicio Nacional del Consumidor. ¿Por qué suceden tales cosas? Una de las razones es que el tendido se halla expuesto a la inclemencia climática y a las vicisitudes de la naturaleza.
Los enjambres de cables no solo afectan la estética de los lugares, haciendo bajar la plusvalía de las viviendas. Desde el tercer piso de algunos edificios de la Quinta Región -y eso se registra en todas partes de Chile- son lo único que se ven, al igual que desde el segundo piso de casas. También inciden en la calidad de vida de los propietarios de las construcciones donde se han ido instalando.
Y no se trata únicamente de eso. Por encontrarse al aire libre y no ser subterráneos, se encuentran altamente expuestos, por desgracia, al riesgo de daños por un temporal de viento, de lluvia, e incluso, por un terremoto como el de comienzos de 2010.
¿Por qué es importante debatir acerca del proyecto de ley? Porque las compañías de electricidad han sobrepoblado nuestros espacios públicos, que son bienes nacionales de uso público, lo que, en la práctica, ha significado la inexistencia de algún tipo de control sobre la sobrecarga de cables. Al no pagar por la utilización, no tienen por qué preocuparse, como es obvio, de que se estropeen áreas que nos pertenecen literalmente a todos y, desde luego, a los que viven en la comuna respectiva.
Claramente, la nueva normativa permitiría un mejoramiento considerable de la infraestructura de servicios, lo que contribuiría a mejorar la imagen urbana de diversas comunas, tanto rurales como de mayor población, que hoy día viven la realidad descrita.
Con el sistema de cables subterráneos, no solo se evitaría la ocurrencia del tipo de inconvenientes que ya he señalado, sino que también se protegería a la comunidad completa de todos los riesgos asociados a la pérdida del suministro eléctrico por causas climáticas extremas, inclemencias que no lo afectarían.
¿Cuántas veces hemos visto personalmente o en los medios de comunicación la gran cantidad de accidentes en los que postes de tendido eléctrico han constituido un factor fundamental? Sin perjuicio de los que han involucrado a vehículos, los árboles también han destrozado cables, con frecuencia, por vientos extremos que los han hecho caer.
Si todo lo manifestado hasta ahora pareciera poco, deseo destacar que además es preciso tener presentes aspectos técnicos. Una de las principales ventajas del cableado subterráneo es que la amplitud térmica diaria resulta casi nula bajo tierra y que en la conductividad de electricidad no inciden variaciones de temperatura o climáticas a las que un país como el nuestro se halla expuesto continuamente.
Todo lo anterior, sin considerar la economía a largo plazo que significarían las redes bajo tierra. Por ejemplo, sus costos de mantención serían mínimos y no tendríamos que ver árboles talados en exceso o nidos destruidos por culpa del cuidado extremo que sí demandan las actuales instalaciones. Además, resultarían muchísimo menores, en el tiempo, que los del tendido aéreo. Los cables tendrían, sobre todo, una mayor vida útil -ello es muy importante-, lo que finalmente se traduciría en un ahorro tanto para los consumidores como para las propias empresas distribuidoras de energía eléctrica.
Por las razones expresadas, me parece que esta es una discusión que tenemos que realizar en profundidad, pero también en el sentido de avanzar en una normativa que permita cuidar todo el diseño estético. De ahí la referencia que hice al urbanismo cuando comencé mi intervención.
Asimismo, aparte procurar la seguridad de los habitantes de las comunas, es necesario ser muy claro en que el proyecto no debe contemplar un gasto que se cargue al usuario, sino que se requiere una modalidad en la que lo asuman las empresas. No es posible cargarle la mano al primero por el cableado subterráneo.
Y finalizo con esto: una de las propuestas formuladas por el Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton, en la Comisión de Vivienda fue la de externalizar el servicio, del cual podrían disponer todas las empresas que utilizan cableado aéreo. Como es obvio, ello se traduciría en abaratar finalmente el costo que sería de cargo del usuario.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Deseo puntualizar, antes de ofrecerle la palabra al Honorable señor Pizarro, que ayer tuvo lugar la primera discusión. Al término de la sesión ordinaria, un Comité pidió segunda discusión, por lo que el proyecto quedó para la sesión de hoy. En consecuencia, cada señor Senador dispone hasta de cinco minutos para intervenir.
Es lo que me ha informado la Secretaría.
El señor PIZARRO.- ¡Ello se precisa justo cuando me toca a mí...!
El señor ESCALONA (Presidente).- Me embarga una profunda aflicción al entregarle a Su Señoría tal antecedente precisamente en este momento, pero, como ya lo sabe, el Reglamento es implacable...
Tiene la palabra.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, a propósito del debate que se ha generado, el cual me parece sumamente importante, me referiré solo a dos puntos.
El primero se relaciona con la necesidad de avanzar en el cableado subterráneo para evitar lo que se está verificando en la práctica, que es una segregación y una diferencia demasiado grandes entre los sectores que construyen con toda la modernidad, con toda la tecnología, que reciben todas las garantías de resguardo, y los más populosos, donde se mantiene todavía el sistema tradicional, que cada día se recarga más. A mi juicio, este es un elemento que debemos considerar, sobre todo cuando destacamos la conveniencia de construir un país más equilibrado, más igualitario.
Lo otro tiene que ver con la seguridad. La Honorable señora Pérez hacía referencia a este punto. Efectivamente, el cableado aéreo en las grandes urbes se ha transformado hoy día en un serio problema, primero, con relación a la garantía del suministro eléctrico a los usuarios, y segundo, con motivo de temblores o terremotos o temporales, como consecuencia de los cuales los árboles normalmente terminan pasando a llevar el tendido encima de casas y lo dañan, lo que complica mucho la vida diaria de las personas. Y ese es un hecho que sucede bastante a menudo y respecto del cual las empresas tienen que asumir después costos, y los usuarios sufrirán las consecuencias.
Pero hay un tercer elemento que no podemos dejar de considerar al analizar esta materia.
Todos nos preguntamos acá cuál es el costo del proyecto. Porque es sumamente caro el traslado del cableado. ¿Quién lo financiará y cómo se implementará?
Una cosa es normar desde aquí en adelante, y otra, trasladar a subterráneos todo el tendido que hoy se halla operativo en los distintos sistemas de transmisión en cada una de las ciudades y pueblos del país.
Y resulta evidente que dicho costo lo debe asumir la empresa. Pero, junto con decirlo, todos debemos saber lo que pasará después. Ella lo traspasará a los usuarios.
El señor PROKURICA.- Así es.
El señor PIZARRO.- Y, por eso, tenemos que pensar bien las consecuencias que se pueden producir.
El Senador Sabag entregó una cifra que me llamó mucho la atención. Señaló que el costo sería del orden de los 30 mil millones de dólares.
De acuerdo al informe de la Comisión, pareciera que ese antecedente lo entregó la industria durante el debate en la Sala. Pero de todas maneras, lo que corresponde es que dispongamos de un guarismo que interprete fielmente el valor que tendrá llevar adelante una iniciativa tan positiva como esta.
Y con esa misma lógica, entonces, hay que plantearse derechamente quién va a financiar lo que se propone: si el Estado estará dispuesto a colocar subsidios, si los municipios entregarán algún incentivo a las constructoras para que, de partida, en los proyectos que vengan se establezca la obligación de que el cableado vaya por tierra.
Pero asimismo hay un problema con las municipalidades, pues es factible que deban retirar mucho tendido obsoleto o que ya no cumpla ninguna función, que nadie bajará si no lo hacen ellas. Esto también se deberá determinar. Porque habrá que darles las atribuciones pertinentes y los recursos necesarios para que puedan desarrollar esa tarea.
Lo que sí resulta claro, señor Presidente, es que cuando se realiza este proceso en una comunidad, en una ciudad, cambia total y absolutamente su calidad de vida. Esta pasa a ser mucho mejor desde el punto de vista de la urbanización.
Nosotros tenemos la experiencia de lo que ha significado corregir esta situación en calles peatonales de La Serena, en el paseo peatonal de Ovalle. En verdad, estos sectores se han transformado en verdaderos paseos públicos, donde la gente no solo disfruta, sino que lo hace además con seguridad en un ambiente que, mirado urbanísticamente, resulta mucho más amigable y, sin duda, presenta la garantía de buen funcionamiento de un servicio esencial para la calidad de vida de la población.
Así es que votaré favorablemente este proyecto. Pero espero que durante el debate en particular podamos contar con una apreciación bastante más certera sobre el costo y las fórmulas que necesitamos para financiar esta operación.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, no dudo de la buena intención del autor de este proyecto. Eso se halla fuera de discusión. Todos quisiéramos que el cableado fuera en su totalidad subterráneo.
Sin embargo, el Senador Pizarro hizo una pregunta válida: ¿cuánto costará ello y quién lo financiará al final?
El problema es que esta iniciativa tiene que ver con dos Comisiones.
En primer término, como el proyecto dice relación con aspectos urbanísticos, obviamente debe ser analizado por la Comisión de Vivienda. Pero tan relevante como lo urbanístico es lo relativo a la energía. Y este proyecto tendrá un impacto tarifario, porque se refiere a las compañías de líneas de distribución y transporte.
Si uno mira el respectivo informe, se da cuenta de que el Ministro de Energía no fue citado a la Comisión. Y me parece que era fundamental invitarlo.
Sin perjuicio de lo anterior, por una inquietud mía, traté de averiguar con el Ministerio de Energía cuál sería el costo. Porque lo propuesto se aplica a todas las empresas y opera con efecto retroactivo; da un plazo de dos años.
Y debo decir, señor Presidente, que hoy día el promedio de la tarifa nacional es de 138,7 pesos el kilowatt/hora. Y pasaría a ser de 615. Eso significa que la tarifa, tal como se halla establecido el proyecto, aumentaría en 431 por ciento.
Ese es el impacto tarifario de esta iniciativa.
Por lo tanto, ella no solo tiene que ver con aspectos urbanísticos. Y me parece esencial que lo clarifiquemos.
Aquí hay dos opciones.
Se nos pide votar la idea de legislar. Pero uno debe pronunciarse respecto de un contenido específico. Y reconozco que no estoy en condiciones de votar favorablemente un proyecto que sé que tendrá un impacto tarifario de 431 por ciento y respecto del cual el informe no consigna ninguna estimación de los Ministerios de Minería y de Energía en tal sentido. Porque reitero que conlleva un impacto tarifario.
A mi juicio, lo responsable sería que, antes de tomar una decisión de tal naturaleza, o la propia Comisión de Vivienda citara al Ministro de Energía para que entregara los detalles del impacto tarifario de este proyecto de ley, o que lo analizara paralelamente la Comisión de Minería y Energía.
Tal como señalé, no tengo ninguna duda respecto de la intención del autor de esta iniciativa. Claramente, desde un punto de vista urbanístico, todos quisiéramos una ciudad sin cables aéreos. Pero cuando se les da un plazo de dos años a las propias compañías para que efectúen el soterramiento, evidentemente ello conlleva un impacto tarifario, pues tiene que ver con la distribución y el transporte de energía.
Por desgracia, ninguna de las cifras a las que me referí se encuentran consignadas en el respectivo informe. De tal manera que, si me veo obligado a pronunciarme en este minuto respecto de la idea de legislar, no podré votar a favor por lo que ya señalé: no está resuelta una materia demasiado importante, relativa al impacto tarifario sobre la comunidad.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, no quiero intervenir en este proyecto, sino que hacer una petición respecto a otra materia.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede plantearla, Su Señoría.
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La señora RINCÓN.- Señor Presidente, solicito que se amplíe en una semana el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre donaciones con fines culturales. Ello, por cuanto no alcanzaremos a estudiarlas de aquí al próximo lunes.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará como nuevo plazo para formular indicaciones a la iniciativa antes señalada el lunes 20 de agosto, a las 12.
--Así se acuerda.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Le corresponde el uso de la palabra al Senador señor Pérez Varela.
El señor LETELIER.- Pido que abra la votación, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ello fue solicitado hace algunos minutos, pero no hubo consenso.
El señor LETELIER.- Ahora lo hay.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para proceder en tal sentido?
El señor PROKURICA.- No.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, hay una solicitud del Senador Orpis sobre esta materia, que yo reafirmaré en mi intervención, si me lo permite.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Cuál es, señor Senador?
El señor PÉREZ VARELA.- La de que la Comisión de Minería y Energía también analice el proyecto que ahora nos ocupa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Eso lo veremos en su momento, señor Senador.
El señor PÉREZ VARELA.- Está bien.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, este es el típico proyecto en que todos tenemos absolutamente claro cuál es la dificultad, qué problema existirá.
Basta hallarse en nuestra ciudad para darse cuenta de que en los sectores centrales y periféricos tenemos postes y muchos cables. En términos estéticos y ambientales, ello sin duda da una mala imagen. Y por eso en algunos lugares se hacen esfuerzos para soterrar el tendido.
El punto radica, estando todos de acuerdo en cuál es el problema que queremos resolver, en que la solución planteada en este proyecto resulta absolutamente ajena a la realidad.
Si uno lee su texto y quiere creer que la respuesta se halla solo en establecer la obligación de que las empresas de líneas de transporte y distribución de energía sotierren el cableado, y en consignar que, de no hacerlo, serán multadas, me parece que estamos muy equivocados.
Tanto es así que el propio autor del proyecto manifestó en su intervención que, a lo mejor, habría que llamar a licitación para el soterramiento del cableado, a fin de decidir quién construye los ductos en cada una de las ciudades del país.
Es decir, postula una idea A en su iniciativa y expresa una idea Z en la Sala. Son cosas absolutamente distintas.
Por lo tanto, estimo que el proyecto puede generar expectativas que a la larga no se cumplirán. Será una iniciativa que no va a resolver la cuestión de fondo: los costos de la inversión y cómo la estructura del Estado puede incentivar que esto se lleve adelante.
Y como bien decía el Senador Orpis: ¿se trata de un tema solo de Vivienda y Urbanismo? ¡No! Además dice relación directa con Energía, porque la Ley General de Servicios Eléctricos también es una norma vinculada con fijaciones tarifarias. Por ende, cualquier decisión o modificación a dicha legislación que signifique inversiones -en este caso, nadie las conoce; el proyecto no las dimensiona y algunos hablan de porcentajes verdaderamente extraordinarios- va a generar un impacto en los cobros por el servicio. Y, asimismo, en la Ley General en comento el camino para fijar las tarifas considera los diferentes gastos que las empresas del sector deben realizar.
Por otra parte, si en el proyecto les damos ciertas atribuciones a las empresas eléctricas, ¿qué pasará con las industrias telefónica y de televisión por cable? ¿Se sentirán obligadas por la norma en análisis?
En consecuencia, creo que a la iniciativa hay que darle una vuelta mucho mayor. Todos tenemos claro que se deben sacar los cables aéreos de nuestras ciudades, pero con la solución que en ella se propone no lo vamos a hacer.
En tal virtud, reitero la solicitud del Senador Orpis en el sentido de que el proyecto también se envíe a la Comisión de Minería y Energía. Y habrá que ver la manera para que, entre los Ministerios pertinentes y las Comisiones involucradas del Senado, se establezca una política de mediano y largo plazo para avanzar en la materia en examen.
Este proyecto, tal como se halla redactado, no nos llevará a ninguna parte: no resolverá el problema, generará una dificultad tarifaria y seguiremos con el cableado actual, porque las empresas telefónicas, las de televisión por cable y otras no se sentirán obligadas a remediar la situación.
Además, la mayoría del tendido en desuso -basta que Sus Señorías lo pregunten en sus zonas- no pertenece a las empresas eléctricas, pues estas usan un cable tensado. Pero aquí únicamente obligamos a las eléctricas.
Es una mala solución para un grave problema.
Por lo tanto, considero que la mejor decisión que podría tomar el Senado sería establecer que la iniciativa volviera a Comisión o fuera a Comisiones unidas, para formular una propuesta mucho más global, que abordara los distintos aspectos involucrados en la materia.
El primero de ellos sería valorizar la ejecución. Porque no es suficiente con darles obligaciones a determinadas empresas sin que exista una valorización de por medio, porque eso surte un efecto -como aquí se ha dicho- en los decretos tarifarios.
A mi juicio, la proposición mencionada es la que la Mesa debiera llevar adelante.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, me permito intervenir en relación con este proyecto, porque estimo que la materia reviste el más alto interés general. Esto no se trata solo de un problema económico, sino que tiene que ver con la vida en la ciudad. Y eso sí que nos importa a todos. Nuestras pobres ciudades -digámoslo con un poquito de vergüenza- no están mejorando, sino que, en general, deteriorándose.
Considero que tendríamos menos indignación, menos protestas, menos quema de buses si nuestras urbes fueran más amables y más respetuosas con el entorno.
Señor Presidente, me voy a permitir hacer una autorreferencia -práctica sumamente aburrida; pero, ¡bueno!- en la materia que nos ocupa.
Fui alcalde en una oportunidad. Y durante el ejercicio de mi cargo -cerca de quince meses- logré aumentar el nivel de inversión del municipio (llegué al 15 por ciento del presupuesto municipal en infraestructura). Una de las cosas que abordé en esa etapa fue el cableado subterráneo de 5 mil metros lineales -¡5 mil metros lineales!-, lo que me convierte -modestia aparte- en el primer experto en tendido subterráneo de Chile.
¡Afuera de la Sala recibo las consultas...!
O sea, conozco este tema. Y les puedo decir que el sistema legal en que se edifica el transporte aéreo de energía en el país es completa y absolutamente absurdo.
Aquí se está planteando una modificación al decreto con fuerza de ley N° 1, que contiene la Ley General de Servicios Eléctricos. Pienso que el propósito, como casi todos han dicho, es muy laudable. Pero creo que su abordaje es malo. Lo que no significa que debamos abandonar el empeño.
Por lo pronto, tengo los siguientes alcances al texto.
En el artículo 1° se hace una referencia equivocada: se habla del "inciso final del artículo 54 de esta ley" -la que se modificaría: la Ley General de Servicios Eléctricos-, cuando en realidad se trata del artículo 55.
En seguida, dejando de lado lo formal, opino que imponer la obligación de hacer el soterramiento en el plazo brevísimo de dos años puede no solo disparar las tarifas -cosa que no le es posible realizar unilateralmente al proveedor-, sino también mandar a la ruina definitiva a los distribuidores del "fluido" eléctrico, como se decía antes.
Me atrevo a decir que lo anterior no se halla bien pensado, y reitero que suscribo el propósito general de la iniciativa.
Por otra parte, quizás un camino más eficaz sería que a continuación del número 1 del artículo 51, que dice "Para tender líneas aéreas o subterráneas a través de propiedades ajenas", se agregara "exceptuando las calles y plazas de lugares poblados". Con ello, al menos la disposición regiría hacia el futuro. Porque existe una servidumbre legal en favor de quienes transportan y distribuyen electricidad perfectamente válida para lugares no poblados. Pero en sitios poblados eso constituye un disparate del porte del cerro San Cristóbal.
Además, aquí hay una incitación absolutamente nefasta: los dueños de la postación eléctrica o telefónica existente en las ciudades cobran por cada línea que soportan. Y no cualquier cosita, sino entre 0,5 y 0,6 UF por apoyo. Hay postes que aguantan paquetes de 30 a 35 cables, de los cuales, por lo demás, normalmente hay un 20 por ciento en desuso.
Entonces, en la materia en análisis debiera procurarse un abordaje gradual del asunto; fijarse plazos, porcentajes de avance en el soterramiento; establecerse normas que obliguen a los municipios a facilitar la operación.
Por ultimo, deseo pasar otro aviso sobre mi trabajo como alcalde.
Sin deseos de jactancia ni de vanagloria, yo redacté de puño y letra, con ayuda de un colega llamado Jorge Granic, una ordenanza de tendido subterráneo, que es la única que ha pasado el examen de los tribunales en primera instancia, en segunda instancia y en la correspondiente ante la Corte Suprema, con una pequeñísima objeción que fue superada, a pesar de los recursos múltiples que dedujeron quienes transportan o distribuyen energía eléctrica.
Esa ordenanza se halla vigente. Pero, en fin, hay algunos alcaldes con un poco más de empuje en esto que otros, y no ha sido aplicada con el empeño que hace falta.
Solo quería manifestar lo que ya he expresado.
Finalmente, estimo que la idea es buena, pero amerita una mejor redacción. Alguna vez podremos impulsar un proyecto de soterramiento de cables que sea gradual. Porque, efectivamente -como señalaba el Senador Pizarro hace muy poquito rato-, con ello se recupera el espacio. ¡Nos expropian algo tan sencillo como la vista! Y esto en aras de negocios de los cuales nadie siquiera sabe que están en operación. Basta con leer los balances de algunos distribuidores de energía eléctrica para ver el ítem que significa el uso por terceros de la postación existente. Se trata de cantidades muy sustanciales. Y no me parece que lo que se obtiene por ese concepto sea imputado a las tarifas, porque ha habido preocupación por un alza. Yo no creo que lo que se consigue en uso de una servidumbre legal sea imputado a rebajar las tarifas. Solo lo dejo planteado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, coincido con los Senadores que han intervenido en el sentido de que esta es una materia con bastante lógica y que implica un buen deseo. Pero es en la forma de implementarlo donde radica el problema.
Y me parece que es muy bueno que el Senador señor Carlos Larraín -precursor en el asunto- nos haya aportado su experiencia.
Como sostuvo el Honorable señor Pizarro -en eso estoy en desacuerdo con lo planteado por aquel-, en el cálculo de tarifas eléctricas y de otros servicios, uno de los elementos que se toma en cuenta para determinar el coeficiente de rentabilidad precisamente corresponde a las exigencias de inversión a las compañías que prestan los servicios. Por lo tanto, si se les establece esta obligación, nadie podría negar que se trate de una inversión y, de acuerdo con la legislación vigente, seguramente tendría que traspasarse a la tarifa.
Soy partidario de enviar el proyecto nuevamente a Comisión para que interviniera la de Minería y Energía, de manera de efectuar un estudio más profundo en cuanto a los cálculos y la forma como llevarlos a cabo.
Muchas veces las ideas que buscan un óptimo son irrealizables. Pero, a lo mejor, se puede empezar por algo. Y sería lógico que en una disposición legal se estableciera que en las futuras urbanizaciones el cableado deba quedar en el subsuelo. Se podría empezar por ahí, y así ir viendo cómo se va desarrollando la situación. En cuanto a lo ya realizado, habría que considerar un mecanismo para ver cómo recuperarlo, porque estoy de acuerdo que transferir los cables a instalaciones subterráneas en una ciudad resulta positivo en todo sentido.
Se tendría que analizar si es factible hacer otra cosa en la disposición legal que se dictara. Desde ya, quizá se podría obligar a las compañías a retirar el cableado obsoleto. Hay muchos cables en esa situación. En los mismos sectores donde uno vive, nos percatamos de que, al establecerse un servicio, se instala un nuevo cable. Ha ocurrido con los teléfonos, aun cuando esto se daba más en los aparatos locales: nueva línea, nuevo cable.
Por eso, a mi juicio, sería pertinente un adecuado estudio para llevar adelante esta buena idea.
En primer término, habría que determinar cuánto cuesta llevar adelante todo el proceso. Por otro lado, desde ya debería obligarse a que las próximas urbanizaciones lleven cableado subterráneo, lo que sería exigible a las empresas. Y en tercer lugar, habría que tratar de imponerles el retiro, por lo menos, del material obsoleto.
Por lo expuesto, soy partidario de remitir el proyecto nuevamente a Comisión, para que llegue a la Sala una iniciativa más acotada, sobre todo en lo relativo al costo, opción óptima a la cual quisiéramos llegar.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Uriarte.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, me alegro mucho de escuchar una y otra vez que este proyecto debe ir a la Comisión de Minería y Energía. Por lo demás, lo pedí insistentemente en la reunión de Comités, instancia donde solicité varias veces que la iniciativa fuera a ese órgano.
El señor PIZARRO.- Se podría aprobar en general y remitirlo a dicha Comisión.
El señor URIARTE.- ¿Y por qué lo pedí? Porque queda claro que acá hay un problema no cuantificado, que es de la esencia a la hora de decidir si vamos a votar a favor o en contra.
Estamos todos de acuerdo en limpiar las ciudades y en sacar los cables basura. Hago presente que solo entre la conurbación La Serena-Coquimbo hay más de 4 mil kilómetros de ese tipo de elementos. Y todos, obviamente, nos encontramos siempre a favor de limpiar, de obligar a las compañías, especialmente las telefónicas o cableoperadoras, a retirar los cables en desuso.
En la discusión que sostuvimos en su oportunidad en la Comisión de Vivienda -hoy ni siquiera hay que repetirla-, todo el mundo entendió que se trata de un objetivo perseguido por muchos.
Sin embargo, la idea matriz del proyecto dice relación a las líneas de transmisión y de distribución de energía eléctrica. Y por eso le entrega facultades a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles incluso para multar a aquellas empresas que no cumplan la norma. Además, hay ahí un problema constitucional. Habrá que discutir en su oportunidad si los parlamentarios tienen o no iniciativa para modificar o determinar una atribución como la de la SEC.
Según informes preliminares del Ministerio de Energía, si esta norma se aplicara al sistema eléctrico, generaría un aumento en el precio de la energía del orden del 435 por ciento, que no lo pagarían las empresas, sino que terminarían solventándolo los clientes residenciales.
Por esa sola razón, antes de rechazar esta buena idea, lo que corresponde es preguntar a la Comisión especializada.
Por último, recuerdo lo que insistentemente pedí en la instancia pertinente: que el proyecto vaya a la Comisión de Minería y Energía. De no ser así, nos forzarán a rechazar la moción, porque lo único que provocará es un incremento sustancial en el costo de la energía, que será pagado no por la empresa, sino por el cliente residencial.
Por lo expuesto, de no mediar una decisión de la Sala en tal sentido, se está forzando a una masiva votación en contra.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, todos los oradores que me antecedieron me ahorran muchas expresiones, porque las comparto plenamente.
Participo, por ejemplo, de la idea del Senador señor Zaldívar en orden a que debiéramos exigir, en primer lugar, que las nuevas urbanizaciones se lleven a cabo con cableado subterráneo.
También comparto que se obligue a las empresas a retirar los cables en desuso, que muchas veces cuelgan y representan un peligro para la integridad de las personas y de bienes materiales.
Pienso que el proyecto que nos ocupa posee una buena inspiración: ver mejor nuestras ciudades y paisajes y que la energía eléctrica sea mucho más amigable con los vecinos y, por supuesto, con el desarrollo urbanístico.
Sin embargo, la pregunta radica en quién paga todo eso.
En los términos planteados por el proyecto, aquí habría claramente una causa legal para que las compañías distribuidoras de energía lo cargaran a los costos y, en consecuencia, lo incorporasen a las tarifas, con lo cual tendríamos un aumento extraordinariamente alto en particular en las cuentas domiciliarias. Otro tanto ocurriría con lo que deben cancelar las municipalidades por el alumbrado público.
Por lo tanto, como han expresado varios señores Senadores, estamos en presencia de una buena iniciativa, que compartimos en su espíritu, pero que no sabemos cuánto cuesta; ignoramos lo que significará por el mayor costo de las tarifas, con lo cual, finalmente, podemos terminar causando un problema social muy grande a las familias, particularmente de los sectores más modestos y de barrios más vulnerables o de niveles socioeconómicos menos favorecidos, al no poder pagar el alto precio de la energía eléctrica.
Por eso, coincido también en que este proyecto sea devuelto a Comisión. Para aprobarlo en sus términos actuales, resulta indispensable conocer -¡indispensable!- el costo del cableado subterráneo; cómo este influirá en las tarifas domiciliarias y del alumbrado público, y determinar si las familias y las municipalidades están en condiciones de solventar el mayor costo que significa.
Votar la idea de legislar sin esos antecedentes me parece, francamente, una irresponsabilidad.
Repito: simpatizo con lo central de la iniciativa. Porque, como decía también el Senador señor Carlos Larraín, nuestras ciudades cada vez se hallan más contaminadas visualmente por esa enorme cantidad de cables que van serpenteando entre las calles. ¡Ojalá pudiéramos soterrar todo ese ese conjunto de cables! Pero eso implica gasto. Necesitamos saber a cuánto asciende y, sobre todo, quién lo va a pagar.
El señor ESCALONA (Presidente).- El Honorable señor Letelier podría fundamentar su voto en esta segunda discusión.
El señor NOVOA.- No se ha puesto en votación, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Efectivamente.
Entonces, corresponde el uso de la palabra al Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, advierto dos problemas serios en la aprobación de este proyecto.
El primero se refiere a que nos encontramos ante una iniciativa muy específica que modifica el texto refundido de la Ley General de Servicios Eléctricos y establece una obligación a las empresas que utilicen líneas de transmisión y distribución de energía.
Por lo tanto, su idea matriz es clarísima: que dichas compañías estén obligadas a soterrar, en un plazo de dos años, el tendido eléctrico.
Sin embargo, por los antecedentes dados ahora en cuanto al costo que significa y por el impacto que tendrá en las tarifas, no cabe la menor duda de que habría que votar en contra.
Se dice que en la Comisión hablamos de otras cosas: de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; de las urbanizaciones; de sacar los cables telefónicos en las calles; de crear un sistema de concesiones de ductos. Entonces, no sé para qué se presenta un proyecto, en circunstancias de que, después, se tratan materias diferentes a su idea matriz.
La cuestión es que nosotros no podemos aprobar en general una iniciativa y pensar que, sobre esa base, después será posible cambiar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la de Telecomunicaciones y la legislación que establece la forma de instalar los cables de telefonía o de televisión. Y menos podremos crear un sistema de concesiones de ductos subterráneos.
Entonces, llamo a reflexionar acerca de que no podemos llegar y pasar por encima del mínimo cumplimiento -¡mínimo!- de las formalidades. Si aprobamos la idea de legislar, todas las buenas intenciones que se han oído serían inadmisibles.
Por eso solicito a la Sala acoger la proposición de que el proyecto vuelva a Comisión, con el objeto de reformularlo; de lo contrario, ninguno de esos propósitos, por muy buenos que sean, se podrá cumplir, a menos que nosotros, de frentón, queramos pasar por encima de las normas que rigen la tramitación de las leyes.
Ya nos hemos acostumbrado demasiado a aprobar legislaciones inconstitucionales. De ahí que pido tener un elemental respeto por nuestra función. No sería posible efectuar nada de lo planteado en la Sala de aprobarse esta normativa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Para un punto de reglamento, tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, reglamentariamente, corresponde votar el proyecto, porque se encuentra considerado en el Orden del Día.
Sin perjuicio de ello, si existe un acuerdo de la Sala, reglamentariamente,...
El señor NOVOA.- Pido postergar la votación, señor Presidente.
El señor LETELIER.- Estoy exponiendo una cuestión de Reglamento. Imagino que el Senador señor Novoa lo entiende, porque planteó cierto criterio.
Sin embargo, considero importante explicar que cuando se aprueba en general una iniciativa lo que se acoge es la idea central que conlleva, el concepto, y no el texto en particular. La Cámara de Diputados, a diferencia de nosotros, en el primer trámite introduce las modificaciones que estima pertinentes.
En cambio, en el Senado tenemos los dos procedimientos: un proyecto puede llegar solo con la idea general aprobada y perfeccionarse posteriormente en la Comisión, o llegar a la Sala aprobado en general y particular.
En el caso que nos ocupa, la Comisión solo trató en general la iniciativa, para avanzar en su discusión. Y habló con todos los especialistas en la materia.
Por lo expuesto acá, creo que hay un ánimo positivo para acoger el proyecto. Las palabras del Senador Larraín indican que es posible construir un acuerdo significativo al respecto.
En atención a ello, sugiero, reglamentariamente, consultar a la Sala para que, antes de pronunciarnos, el proyecto vuelva a la Comisión de Vivienda para un nuevo informe, suspendiendo su votación, si bien estamos en la segunda discusión. Y en esa instancia, los miembros de la Comisión de Minería y Energía podrían sumarse a su análisis, para evitar los juicios casi apocalípticos como los que se han entregado acá respecto de los costos.
Me parece que el asunto es factible de despejar en ese nuevo informe, señor Presidente.
Por lo tanto, acojo la propuesta del Senador señor Novoa, entendiendo que hay acuerdo mayoritario en ese sentido.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, hago una precisión reglamentaria: se trata de un nuevo primer informe.
Simplificaría las cosas si la iniciativa fuera vista por las Comisiones de Vivienda y Urbanismo y de Minería y Energía, unidas.
El señor ORPIS.- De acuerdo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, procederemos en tal sentido.
Acordado
--El proyecto vuelve a Comisión para un nuevo primer informe de las Comisiones de Minería y Energía y de Vivienda y Urbanismo, unidas.