EXENCIÓN A PENSIONADOS DE PAGO DE COTIZACIÓN PARA SALUD
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que exime total o parcialmente de la obligación de cotizar para salud a los pensionados que indica, con informe de la Comisión de Salud y certificado de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
7570-11
--Los antecedentes sobre el proyecto (7570-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 36ª, en 20 de julio de 2011.
Informes de Comisión:
Salud: sesión 45ª, en 17 de agosto de 2011.
Certificado de Comisión de Hacienda: sesión 45ª, en 17 de agosto de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El principal objetivo de la iniciativa es eximir total o parcialmente de la obligación de cotizar el 7 por ciento para salud a determinados pensionados, según su edad y condición socioeconómica. Específicamente, quedarán exentos quienes perciban pensión básica solidaria o aporte previsional solidario en el caso de vejez.
Por otro lado, los pensionados que no pertenecen al Pilar Solidario pero que integran un grupo familiar incluido en uno de los cuatro primeros quintiles verán reducida su cotización de salud de 7 a 5 por ciento.
La Comisión de Salud discutió este proyecto en general y en particular y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Chahuán, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Por su parte, la Comisión de Hacienda lo aprobó de igual manera, también por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Frei, García, Lagos y Uriarte.
El señor GIRARDI (Presidente).- En la discusión general y particular, tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, lógicamente, no hay informe escrito, pues acabamos de terminar la sesión de la Comisión de Hacienda.
En dicho órgano técnico el proyecto fue aprobado por cuatro votos a favor.
El señor Ministro hizo una breve descripción de los cambios efectuados en la Cámara de Diputados, a través de nuevas indicaciones, en cuanto al universo de personas favorecidas con la rebaja y la reducción del plazo para la entrada en vigencia del beneficio. A continuación entregó una relación de todas las cifras, lo que seguramente hará también en la Sala.
Se discutió, asimismo, en torno a las dudas planteadas ayer en la Comisión de Salud.
En primer término, en qué situación quedan los exonerados.
Probablemente el señor Ministro la explique en detalle durante su exposición.
En segundo lugar, los pensionados de las cajas de previsión de las Fuerzas Armadas y de Carabineros tendrán un proyecto diferente, según nos expresó el Ministro de Hacienda.
Por último, se usará una ficha -entre comillas- diferente para determinar la pertenencia a los distintos quintiles.
Esas fueron, básicamente, las tres interrogantes planteadas en la Comisión de Hacienda.
Con posterioridad se analizó el problema de los ingresos fiscales transitorios versus los beneficios sociales permanentes.
Yo diría que, más bien, esa conversación se llevó a cabo en función del debate que va a haber próximamente respecto a los fondos para el sistema de educación.
En la discusión estuvo presente también el Ministro de Salud, quien explicó aspectos técnicos de la iniciativa.
Es cuanto puedo informar, sucintamente, en nombre del referido órgano técnico.
A continuación daré mi opinión personal.
Yo siempre fui partidario de la eliminación universal del descuento de 7 por ciento para salud, y especialmente, de la supresión total del 2 por ciento para el pago de licencias médicas.
Lo relativo a los beneficios sociales permanentes versus los ingresos fiscales, que fue largamente discutido con el Ministro, seguramente será explicitado por los señores parlamentarios en sus intervenciones.
El proyecto llegó a la Cámara de Diputados con una cantidad de beneficios bastante menor que la aprobada finalmente. En la práctica, se duplicó. Y así puede verse al comparar los informes financieros de la primera y segunda etapas legislativas, tras acogerse diversas indicaciones.
Hubo una serie de debates, durante los cuales se expusieron los distintos puntos de vista de los señores Senadores. No soy vocero de ellos. Cada uno explicará su opinión al intervenir en la discusión o al fundamentar el voto.
Reitero: en la Comisión de Hacienda la iniciativa fue aprobada en general y en particular por 4 votos a favor. No hubo oposición.
Si la ley es promulgada y se publica antes del 30 de agosto del año en curso, los pensionados comenzarán a recibir el beneficio a partir del 1º de noviembre. De hecho, el Ministro de Hacienda dijo que ello genera un pequeño ahorro fiscal, porque en el último Presupuesto el pago está calculado para el último trimestre de 2011.
Es cuanto puedo informar.
Sugiero, señor Presidente, que haga sonar los timbres desde ya para reunir el quórum necesario. Y ojalá se abra la votación de inmediato a fin de que todos los Senadores se pronuncien antes de retirarse de la Sala.
El señor COLOMA.- Votemos.
El señor GIRARDI (Presidente).- A solicitud de varios señores Senadores, algunos de los cuales están en Comisiones, cerraremos el debate y abriremos la votación.
El señor PROKURICA.- Pero sin reducir los tiempos de intervención.
El señor GIRARDI (Presidente).- Los mantendremos si así lo determina la Sala.
La idea es aprobar el proyecto hoy día.
¿Habría acuerdo para proceder de la forma indicada?
--Así se acuerda.
El señor GIRARDI (Presidente).- Declararé inadmisibles las indicaciones que se han presentado.
La señora ALLENDE.- ¿Cuáles son?
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General para que entregue la información.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Se han recibido diversas indicaciones, suscritas por los Senadores señores Gómez, Escalona, Muñoz Aburto, Rossi, Andrés Zaldívar, Lagos y Tuma, que consisten en eximir de cotización legal, adicionalmente, a otros pensionados y en dar normas para incluir en el beneficio a las personas que reciben también pensión de invalidez y sobrevivencia.
Tales indicaciones son inadmisibles ya que afectan la administración financiera o presupuestaria del Estado.
--Se declaran inadmisibles.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor GIRARDI (Presidente).- Estaba inscrito en primer lugar el Senador señor Rossi. Empero, si el señor Ministro de Hacienda desea intervenir, tiene prioridad para hacerlo.
¿Pidió la palabra, señor Ministro?
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Sí, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede hacer uso de ella.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Muchas gracias.
Señor Presidente, deseo precisar algunos aspectos de la iniciativa, aunque el Senador señor Frei hizo un planteamiento muy claro acerca de ella.
Este proyecto es parte de un compromiso que adquirió el Gobierno. Se discutió en torno a la materia por mucho tiempo, y posteriormente entró a la Cámara de Diputados la iniciativa que reducía gradualmente la cotización de 7 por ciento para salud que pagan los pensionados, focalizando el beneficio en el mismo Pilar Solidario al que llegó la reforma previsional.
El texto primitivo sufrió una modificación. En virtud de ella se mantuvo el grupo de beneficiarios, pero hubo un aceleramiento y una profundización.
¿Quiénes serán ahora los beneficiarios del proyecto? Todos los pertenecientes -en esto no estamos haciendo ninguna innovación- al Sistema de Pensiones Solidarias; esto es, quienes tienen una pensión básica solidaria (PBS) o un aporte previsional solidario (APS).
Las personas que están en esa situación y se encuentran en los tres quintiles de menores ingresos de la población verán eliminado el descuento de 7 por ciento para salud.
En tal caso no existirá gradualidad, sino que el proceso tendrá lugar el primer día del tercer mes de publicada la ley. O sea, si la iniciativa se aprueba durante agosto, el 1º de noviembre empezará a regir el beneficio para dichos pensionados.
¿Cuáles son los requisitos para tener PBS o APS? Haber cumplido 65 años de edad; integrar un grupo familiar perteneciente al 60 por ciento de la población con menores ingresos; no haber cotizado nunca (ellos reciben PBS, la que hoy está en algo más que 78 mil pesos; hasta hace muy poco se hallaba en 75 mil 840) o, de haberlo hecho, tener una pensión base inferior a 255 mil pesos (ellos perciben APS).
El universo está claramente definido: el mismo grupo beneficiado con la reforma previsional obtendrá la eliminación del descuento del 7 por ciento para salud; o sea, todos aquellos que reciben pensión básica solidaria o aporte previsional solidario.
¿Qué otro requisito se exige para tener PBS o APS? Acreditar residencia mínima en Chile de veinte años y de al menos cuatro en los últimos cinco años anteriores a la presentación de la solicitud para acceder al beneficio.
Para el caso del APS de vejez se debe acreditar residencia desde los veinte años, o bien, veinte años de cotizaciones.
Esa es una manera de evitar arbitraje internacional y de procurar que la ley se aplique a la gente que ha laborado en nuestro país.
Todo lo anterior, con relación a los tres primeros quintiles.
Distinta es la situación de los pensionados de 65 o más años de edad que no pertenecen al Pilar Solidario pero integran un grupo familiar incluido en los cuatro primero quintiles. Ellos experimentarán una reducción de la cotización para salud de 7 a 5 por ciento.
Es decir, quienes están en el cuarto quintil y aquellos -no son los más- que pertenecen a los tres primeros quintiles pero no tienen PBS ni APS serán objeto de una disminución de 7 a 5 por ciento.
No podíamos reducir la cotización -esta es una cuestión de justicia- a los del cuarto quintil y no rebajarla a los de los tres primeros quintiles que no están en el Pilar Solidario.
La disminución de la cotización de 7 a 5 por ciento entrará en vigencia doce meses después de que se empiece a entregar el beneficio del artículo 1º.
Por lo tanto, si se aprueba la iniciativa y se publica la ley en agosto, el 1º de noviembre de 2011 gozarán de la supresión del descuento las personas pertenecientes al Pilar Solidario y el 1º de noviembre de 2012 se reducirán de 7 a 5 por ciento las cotizaciones de quienes se hallan en el cuarto quintil y de aquellos que, estando dentro de los tres primeros quintiles, no pertenecen al referido Pilar.
Respecto al número de beneficiarios, cabe mencionar simplemente que para 2011 se estiman en casi 679 mil -estoy redondeando a la cifra de mil más cercana-, y para 2012, en algo más de 1 millón 44 mil.
De ahí en adelante la cobertura irá aumentando conforme crezca ese grupo etario de la población, en razón del envejecimiento de la sociedad y del incremento en las expectativas de vida.
El costo del beneficio para 2011 está estimado en 38 millones de dólares. Como se había previsto el pago para el último trimestre, se registrará un pequeño ahorro de costo este año. Pero el próximo año será completo. De tal manera que ahí el costo estimado es del orden de 176 millones de dólares; y en 2013, en régimen, de 216 millones.
Deseo aclarar un par de puntos con respecto a lo planteado sobre la previsión de las Fuerzas Armadas y los afiliados a CAPREDENA y DIPRECA. Ellos serán objeto de un proyecto particular que se encuentra comprometido, ya que cuentan con un régimen especial, por lo que no se hallan incluidos en la iniciativa que ahora nos ocupa. Lo señalo para dejar en claro el asunto.
La situación de los exonerados fue objeto de algunas preguntas. ¿Qué pasa con sus beneficios previsionales? En realidad, se encuentran en dos grupos distintos. Los que obtuvieron un abono de tiempo, es decir, quienes permanecieron en el antiguo sistema de pensiones, y los que se incorporaron al del decreto ley N° 3.500 se hallan en la misma situación que los demás -representan, aproximadamente, la mitad de la gente-, ya sea que accedan a ahorro previsional solidario o a pensión básica solidaria. Los que cumplan con los requisitos pertenecen al pilar solidario.
Otro grupo -alrededor de la mitad- corresponde a una pensión no contributiva. Ellos escogieron a qué sector pertenecer: al de este último beneficio o al del abono de tiempo. También pueden encontrarse en el pilar solidario. Pero, dentro de ellos, los que se hallan en esta situación son bastante menos.
Ahora, cualquiera que perciba una pensión de esta índole puede cambiarse al esquema de abono de tiempo, si considera en algún momento de la vida que le conviene. Lo consultamos con el Instituto de Previsión Social.
En síntesis, señor Presidente, el proyecto favorecerá, en el año en curso, a cerca de 680 mil personas, y en 2012, a más de un millón. Dice relación con el 80 por ciento de los pensionados del país.
El Senador señor Frei me recuerda un último aspecto. En el proyecto mismo se halla definido que el instrumento de focalización no es la Ficha de Protección Social, sino, de alguna manera, el instrumento técnico que la está reemplazando y que se utiliza desde julio del año pasado.
Ello queda claro en el artículo 2º, cuyo inciso final -lo leeré rápidamente- expresa que "Un reglamento que para tal efecto dicte el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda, establecerá el umbral de focalización que determinará quienes integran un grupo familiar perteneciente a los cuatro primeros quintiles de la población de Chile conforme al instrumento técnico de focalización señalado en el artículo 32 de la ley N° 20.255.".
Es cuanto puedo informar.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Salud, Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, la verdad es que esta es una buena iniciativa. Ingresó como un proyecto modesto, pero la indicación sustitutiva lo transformó en uno muy bueno, que beneficiará, en régimen, a un poco más de un millón de jubilados. Cabe recordar que si se despacha pronto, como seguramente ocurrirá, sus beneficios alcanzarán en los próximos meses a cerca de 700 mil y que el próximo año se adicionarían 300 mil.
Y aun cuando haya quienes critican esta forma de focalizar los esfuerzos fiscales, estimo que la medida se justifica plenamente. Los que reparan en el beneficio que se otorga a los adultos mayores quizás ignoran el costo que les representa la mantención de su salud, el enfrentamiento de una enfermedad. Existen datos demostrativos de que una persona de más de 65 años gasta hoy por ese concepto cinco a seis veces lo que un hombre o mujer de 30 años. Por lo tanto, la exención en el descuento del 7 por ciento para salud se transforma de inmediato en un reajuste y un mejoramiento de la calidad de vida.
Es importante señalar también que no resulta afectada la condición de cotizante o beneficiario del Fondo Nacional de Salud, cuestión que plantearon siempre los adultos mayores en distintas reuniones. Así que es bueno aclarar que un beneficiario del FONASA correspondiente a los grupos B, C o D -en el A se hallan los indigentes- podrá atenderse en la modalidad de libre elección, porque los recursos que entrega el Estado para eliminar el descuento constituyen una sustitución. Por lo tanto, la condición mencionada no se pierde, como tampoco los beneficios que se desprenden de ella.
Nos parecería positivo que se pudiera avanzar en la eliminación del 2 por ciento que va al fondo de licencias médicas. Todos sabemos que un adulto mayor que deja de trabajar, que jubila, no requiere un subsidio por incapacidad laboral. En la práctica, se registra un caso bastante curioso, ya que esa persona, que se halla en una situación de mayor precariedad y vulnerabilidad, termina subsidiando al sector activo, en circunstancias de que debiera ocurrir todo lo contrario.
Nosotros les planteamos ayer tanto al Ministro de Hacienda como al de Salud la necesidad de incorporar a los beneficiarios de CAPREDENA y de DIPRECA y también a los exonerados políticos. En este último grupo, la mayoría recibe pensiones de 150 mil, 160 mil pesos, y no son parte del pilar solidario. Al no serlo -porque, para ello, debieran renunciar a la pensión de exonerado-, no pueden beneficiarse con el descuento, y resulta que quizás son los que más lo merecerían.
Espero que, en una intervención posterior, el Ministro de Salud o el de Hacienda puedan asumir el compromiso respectivo, no con la Oposición, sino con los exonerados, así como lo hicieron respecto de los beneficiarios de CAPREDENA y de DIPRECA.
Con los Senadores señores Lagos, Tuma y Gómez presentamos una indicación sobre el particular, pero fue declarada inadmisible. Así que ojalá la patrocinara el Ejecutivo. Ello sería tremendamente beneficioso para miles de exonerados a lo largo del país.
Una duda que no he logrado dilucidar es cómo se evaluará al grupo vulnerable, al 60 por ciento. Porque la Ficha de Protección Social requiere efectivamente un perfeccionamiento. Ello se ha ido haciendo, pero, obviamente, presenta problemas. Mas el señor Ministro también se refirió a un instrumento de focalización.
Por otro lado, se contemplan requisitos copulativos. Es preciso encontrarse comprendido en los cuatro primeros quintiles -el cuarto es el de la reducción de 7 por ciento a 5; los otros tres, correspondientes al pilar solidario, obtienen la eliminación completa del 7 por ciento-, pero se agrega también lo de una pensión inferior a 255 mil pesos.
Esta última cuestión puede resultar compleja en la medida en que personas que formen parte del pilar solidario reciban una pensión mayor. Podría darse al revés, pero en el primer caso se registraría, evidentemente, una consecuencia de mucho mayor injusticia para el pensionado.
Sería conveniente, entonces, señalar con claridad cómo se establecerán los beneficiarios.
No sé si los miembros de la Comisión de Hacienda lograron precisar lo relativo al financiamiento. Porque se expresa que durante el año en curso el cargo se hará a la Partida Tesoro Público y posteriormente se contará con los recursos que contemple cada Ley de Presupuestos.
La verdad es que la Concertación, cada vez que efectuó una reforma que requería recursos importantes, un esfuerzo fiscal relevante, siempre la acompañó de una fórmula de financiamiento, sea el aumento del impuesto al tabaco, el del alcohol. Como lo hemos planteado tanto, pensando también en la educación -estábamos tratando el asunto hace un rato en el Hemiciclo-, ojalá se tuviera presente una reforma tributaria.
Entonces, no queda claro -estamos haciendo referencia a mucha plata, a muchos millones de dólares- cómo se obtendrá el financiamiento. El señor Ministro nos ha dicho que este es un asunto tan importante para el Gobierno que se lograrán los recursos suficientes. Pero si se empiezan a sumar los que se requieren para educación o para otros fines, resulta que, al final, la torta es una sola. Creo que es bueno que haya más transparencia en cómo se financian estas políticas sociales, que no nos cabe ninguna duda de que son necesarias y relevantes.
Es cuanto quería expresar, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se halla inscrito a continuación el Senador señor Prokurica, pero me gustaría hacer una excepción en favor de la Honorable señora Rincón, quien enfrenta un problema particular. Como se tiene que retirar por la enfermedad de un niño, ella tiene la palabra antes.
La señora RINCÓN.- En primer lugar, señor Presidente, esta es una gran noticia para nuestros pensionados, sin lugar a dudas. Y nos habría gustado mucho que se hubiera legislado al respecto hace bastante tiempo.
El proyecto de ley en debate, que ingresó al Congreso en una forma determinada, fue mejorado y corregido en la discusión parlamentaria. Y eso, obviamente, se celebra.
En segundo término, nos hubiera gustado, como ha dicho el señor Presidente de la Comisión de Hacienda, que se tratara de un beneficio universal. No lo es, y ello queda como una tarea pendiente y un desafío futuro.
Por otra parte, en la discusión y entre las observaciones que nos llegaron, en particular a la Senadora que habla, como Presidenta de la Comisión de Trabajo, órgano técnico por el cual no pasó la iniciativa -y quiero representar a todos mis colegas en esta reflexión, porque, sin lugar a dudas, el que nos ocupa es un asunto de seguridad social, por tratarse de una cotización previsional-, la Asociación Chilena de Pensionados y Montepiadas planteó dos aspectos que no son menores.
Uno de ellos dice relación con que no se consigna dentro del beneficio a los pensionados por invalidez total de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, a quienes se debió considerar al menos en cuanto al 2 por ciento del subsidio de incapacidad laboral, al que no van a poder acceder, porque no pueden impetrarlo.
Lamentablemente, han quedado fuera producto de la indicación sustitutiva, y es algo que, obviamente, lamentamos.
Y también se pregunta qué pasa con los exonerados. Al escuchar al señor Ministro y revisar la normativa, la verdad es que ello no queda claro. Los exonerados políticos de la ley Nº 19.234 quedan fuera de la eliminación o reducción del 7 por ciento, porque, de acuerdo con el artículo 3° de la ley Nº 20.255, los beneficiarios de la pensión básica solidaria no deben tener derecho a pensión en algún régimen previsional.
A lo anterior se suma lo señalado en el artículo 9º de la ley Nº 20.255, el cual dispone que "Serán beneficiarias del aporte previsional solidario de vejez, las personas que solo tengan derecho a una o más pensiones regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980.". Teniendo en consideración que las pensiones que reciben los exonerados no están regidas por este último cuerpo legal, ellos no pueden acceder al aporte previsional solidario y, por tanto, quedan fuera del beneficio. Y eso es algo que, obviamente, inquieta, porque de nuevo se les discrimina: en el pasado ello ocurrió con la pensión básica solidaria y hoy no se les otorga la exención del descuento del 7 por ciento.
Finalmente -y deseo consignarlo porque también lo han hecho mis Honorables colegas-, nos preocupa que el Gobierno otorgue beneficios sociales permanentes con ingresos fiscales transitorios.
La iniciativa en debate; la extensión del posnatal, por cierto; la asignación social para las familias del Chile Solidario, significarán un gasto permanente, en régimen, de más de mil millones de dólares, lo que, en nuestra opinión, debiera sostenerse con ingresos permanentes y no con recursos transitorios producto del aumento, por ejemplo, del impuesto a las empresas, que solo va a regir por 2011.
Se menciona para este año el Tesoro Público, pero, claramente, estamos asignando al Presupuesto de la Nación del tiempo venidero gastos permanentes que no encuentran su debida correspondencia en normas de la misma índole.
Creo que es importante dejar establecido que tampoco se ha consignado a los pensionados de DIPRECA y de CAPREDENA. Media una palabra comprometida por el Ejecutivo en orden a que serán contemplados en una ley, de modo que hay tranquilidad en ese sentido, pero quiero hacerlo constar también, porque debieran haberse considerado en esta discusión.
Pese a ello, y por tratarse de un beneficio que va a llegar a muchas familias, voy a votar a favor de la iniciativa, puntualizando que me parece importante introducir perfeccionamientos en el futuro respecto de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y los exonerados políticos.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, a menudo se afirma en la Sala que un día es histórico. La verdad es que, a mi juicio, el de hoy lo es especialmente para jubilados y pensionados, porque, después de décadas de promesas incumplidas, se pone término, al fin, al descuento del 7 por ciento para más de 700 mil de ellos. Y me siento orgulloso de este paso, porque lo da el Presidente Piñera, mi Gobierno, quien ha sido el único en cumplir sus promesas de campaña en la materia.
Gracias, Ministro Felipe Larraín, por el proyecto de ley. Gracias por entender a toda la gente que anduvo por tantos años de Ministerio en Ministerio, de Ministro en Ministro, de Presidente en Presidente, de campaña en campaña, de candidato en candidato, y nunca logró que se concretara.
Bajo los Gobiernos de los Primeros Mandatarios Lagos y Bachelet, el Congreso dio señales claras al Ejecutivo en orden a terminar con este descuento injusto, mediante varios proyectos de acuerdo emanados desde la Cámara de Diputados y del Senado. Pero la intención chocó con la falta de voluntad de la Concertación para hacerlo.
Aún recuerdo cuando tenía lugar la segunda vuelta de la elección presidencial del año 1999 y el entonces candidato Lagos se reunía en Valparaíso con dirigentes del sector pasivo, a quienes reiteraba su firme decisión de cumplir el compromiso de satisfacer las justas aspiraciones de los jubilados "en forma inmediata". O la polémica surgida días antes del último mensaje de la Presidenta Bachelet, cuando parlamentarios de todos los sectores le solicitamos para los jubilados la eliminación del descuento del 7 por ciento para salud y el Gobierno se negó rotundamente.
Hoy, luego de leer un comentario del ex Ministro de Hacienda señor Velasco, a quien algunos culpan de que se perdiera en la elección presidencial recién pasada justamente por no haber enviado nunca una iniciativa como la que nos ocupa, entiendo y tengo claro por qué la Concertación nunca quiso cambiar el sistema. Expresa que "Eliminar la cotización de Salud de 7 por ciento para los jubilados es dar un paso hacia la destrucción del sistema de protección social que Chile viene construyendo". O sea, los 680 mil jubilados que se van a ver beneficiados iban a "destruir" el esquema previsional.
En la misma columna señala que la propuesta era injusta, engañosa e imprudente. Le digo al ex Ministro -he visto que ahora se ha ofrecido de candidato- que el proyecto no tiene nada de injusto ni de engañoso y que mucho menos resulta imprudente: es una respuesta a años de lucha de miles de jubilados para requerir justicia social y que hoy se hace realidad gracias al Presidente Piñera.
No quiero finalizar mi intervención sin rendir un homenaje en memoria de la persona que luchó por años a fin de obtener este verdadero beneficio para los jubilados y montepiados. Me refiero a Juan Antonio Torres, quien falleció el pasado mes de febrero. Don Juan Antonio se hizo conocido por su forma de protestar, ante promesas incumplidas, arrojando huevos a los edificios fiscales. Realmente, la iniciativa se debiera llamar "Ley Torres". Fue un dirigente que vivió reclamándola y ha llegado cuando ya no está vivo.
También quiero destacar la labor realizada por distintas agrupaciones de pensionados y jubilados de Atacama, con las que durante mucho tiempo trabajamos codo a codo para lograr que los Gobiernos de turno entendieran la necesidad de terminar con esta cotización. Y quiero referirme especialmente a don José Pastén, dirigente de Vallenar, con quien encabezamos esta lucha en la provincia de Huasco.
En cuanto a lo planteado aquí respecto a DIPRECA y CAPREDENA, debo decir que existe un compromiso del Ministro para enviar un proyecto aparte a los efectos de poner fin a una injusticia que también las afecta.
En definitiva, creo que hoy es un gran día tanto para Chile como para sus jubilados y pensionados.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, seré muy breve, porque el Senador Prokurica fue tan certero en su planteamiento, que este resulta casi inmejorable. Pero igual quiero formular algunos comentarios que me parecen útiles.
Primero, una definición.
Considero que este proyecto es el más exitoso del Presidente Piñera. Y lo digo así de simple. Le concedo la razón a un colega que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que cuando ingresó no era exactamente igual. Pero su texto fue perfeccionado con el transcurso del tiempo y ahora es notable: incorpora un compromiso dirigido a la vena de los sectores más pobres de Chile y avanza hacia una nueva focalización en los medios, lo cual forma parte de la demanda ciudadana de que tanto hablamos.
Es verdad que originalmente la iniciativa se centraba en las personas del primer quintil, incluso separadas por edad. Pero el Gobierno tomó un acuerdo importante en cuanto a dar un paso adicional y realizar una nueva focalización que no se limite a ese quintil, sino que también comprenda a los sectores medios.
Resulta muy potente que el próximo año, en cifras gruesas, a un millón de jubilados no se les descontará el 7 por ciento de cotización en Salud, y que, adicionalmente, esta se reducirá en 2 por ciento para los pertenecientes hasta el cuarto quintil.
¿Qué demuestra lo anterior, señor Presidente?
Primero, que ello se puede hacer. Porque durante mucho tiempo escuché en este Hemiciclo que no era factible; que no se podía dar un paso de esa magnitud, de tanta audacia, pues resultaba casi kafkiano y contraproducente para el desarrollo del país.
El señor NAVARRO.- ¡La gratuidad de la educación sí se puede!
El señor COLOMA.- Y se demostró que era posible.
Cuando las ideas tienen sentido -no hay que hablar de buenas o malas; esta siempre será buena- permiten decir, en esta oportunidad a los jubilados de Chile, quienes llevan décadas esperando, que el Estado los va a ayudar en algo tan importante como la salud.
Creo que eso significa enviarles una señal fuerte de reivindicación, que apunta en la dirección correcta de darles mayor dignidad a sus existencias. Porque el 7 por ciento de que dispondrán resultará, en bastantes casos, muy decisivo para mejorar su calidad de vida.
Imagino que muchos de los aquí presentes concurrieron, al igual que yo, a clubes de ancianos para explicar este tipo de innovación. Y para mí fue curioso, emocionante, verlos intercambiar opiniones acerca de cómo gastarían ese dinero. Unos pensaban ir, tras muchos años, a un restorán; otros, a comprar remedios, lo cual también forma parte de lo que se necesita al jubilar; algunos, a adquirir lo que su señora les había pedido hace bastante tiempo.
Se trata de una mejora en la calidad de vida para un sector de personas que, en definitiva, más allá de la focalización ampliada, percibe menos de 255 mil pesos de pensión. ¡Nadie podría decir que corresponde a una cantidad excesiva!
En segundo lugar, ello demuestra que las promesas de campaña se cumplen. Porque este proyecto lo fue, y es bueno que exista la capacidad de comprobar lo prometido en ellas. Además, se trató de una propuesta diferenciadora, polémica, sobre la cual se despertaron sospechas o dudas. Pero se cumplió absolutamente, como todos los chilenos lo entendimos en su oportunidad.
Entonces, me siento contento porque el 1º de noviembre -ya lo dijo el Presidente de la Comisión de Hacienda- a muchos connacionales les cambiará parcialmente la vida, en especial a quienes han sido abandonados o poco considerados -digámoslo de esa manera- durante bastantes años, por diversas situaciones ocurridas en el país.
En tercer lugar, señor Presidente, quiero hacerme cargo de un asunto no menor, relacionado con el financiamiento. Porque aquí pareciera que la lógica para enfrentar deudas o compromisos de largo plazo es aumentar los impuestos. Se concluye casi en forma automática que no se puede hacer nada sin incrementar los tributos.
Sin embargo, la buena noticia que implícitamente nos da el Ministro es que resulta factible realizar lo propuesto sin aumentar los impuestos, porque se puede financiar con el crecimiento sostenido del país. Y así se planteó.
En definitiva, es preciso cuidar el crecimiento sostenido. Y, muchas veces, la vigilancia de las cuentas fiscales por los Ministros de Hacienda -incluidos los anteriores, que tienen una dosis de mérito importante- pasa a ser un atributo relevante.
En el primer semestre el crecimiento alcanzó a 8,2 por ciento -según entiendo-, y hasta hace poco tiempo era de 2,6.
El señor PROKURICA.- ¡Y también fue negativo!
El señor COLOMA.- Resulta obvio que con una tasa de 2,6 por ciento cuesta financiar gastos mayores. Pero con una de 8,2 es más probable hacerlo, sobre todo en una perspectiva de mediano plazo. Nadie espera que se mantenga en el mismo rango, pero sí en niveles relevantes.
Entonces, aprendamos esta lección.
No todo cambio y mejoramiento en las condiciones sociales pasan por meter la mano al bolsillo de los emprendedores -lo digo crudamente, pues es lo que siento-. De ser así, sería muy fácil que, ante cualquier cosa, debido a una mal entendida lógica de desigualdad, se pretendiera impedir que alguien realizara una mayor inversión o gasto, según el caso, en el país.
En resumen, el proyecto es redondo, porque se dirige a la vena del sector popular; porque avanza en la focalización hacia los sectores medios; porque cumple un compromiso de campaña; porque demuestra que cuando hay voluntad se puede hacer lo que se creía imposible; y porque es factible de concretar a través de un financiamiento basado en la sanidad de la economía y no en la alteración de las reglas del juego.
Señor Presidente, en este día es importante para el Senado aprobar -ojalá, por unanimidad- la iniciativa en debate, que representa una potente señal respecto a un problema real que se arrastra por décadas en Chile.
Y no puedo terminar mi intervención sin antes reiterar que, a mi juicio, este proyecto -hasta ahora, espero que vengan más- es el más exitoso del Presidente Piñera.
He dicho.
El señor BIANCHI.- ¡El primero de varios!
El señor NAVARRO.- ¿Cuáles son los otros?
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, me van a perdonar, pero deseo que el señor Ministro de Hacienda comparta con quien habla una reflexión.
Yo no participo, necesariamente, de sus visiones de la economía. Sostengo juicios contrarios en diversos asuntos.
Respecto de los subsidios cruzados -materia que he seguido a lo largo de estos años-, ese Secretario de Estado siempre ha insistido en que, por principio, se opone a ellos y que sería mejor que no existieran, porque generan distorsiones económicas.
En tal sentido, lamento la falta de consistencia de este proyecto precisamente en ese punto. Porque se mantiene una situación que muchos desconocíamos que existía. Yo declaro que antes era ignorante, y asumo mi corresponsabilidad por ello.
Después de la reforma previsional impulsada por la Presidenta Bachelet, todos sabíamos que el siguiente tema de debate sería el que nos ocupa. Lo que no se ha discutido hasta ahora -algún día tendremos que hacerlo- es cómo reajustar las pensiones, montepíos y jubilaciones en Chile, porque eso no se realiza en nuestro país. Se reajustan los sueldos mínimos, los ingresos de los empleados fiscales, etcétera, menos las pensiones, que solo se incrementan según el IPC, pero no con relación al avance de la nación.
Todos conocemos que detrás de esta reducción del aporte para salud en realidad hay un reajuste encubierto de las jubilaciones. Y por eso es tan demandado, tan necesario.
Ya durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet el país tomó una decisión respecto a la gratuidad de la hospitalización de los adultos mayores. Esto fue tremendamente importante. Así, como regla general, la atención primaria y la hospitalización de los adultos mayores que se atienden en el sector público se encuentran en buena parte cubiertas, especialmente en el caso de los pensionados y jubilados que ganan menos de 250 mil pesos. Vale la pena indicarlo, porque no se trata precisamente de afiliados a isapres.
Cuando veníamos a participar en la discusión que nos convoca, algunos nos pusimos a investigar, contentos porque iniciaríamos un debate acerca de cómo aliviarles la carga a los pensionados, jubilados y montepiadas de Chile.
Y debo decir que todos los candidatos presidenciales hablaron de suprimir el descuento del 7 por ciento en salud. Nuestro actual Mandatario levantó la voz como candidato y expresó: "Presidenta Bachelet, termine con los subsidios cruzados. Elimine el 2 por ciento que pagan los jubilados para financiar los subsidios de incapacidad laboral". Es decir, no más pensionados y jubilados pagando las licencias médicas de los trabajadores activos.
El Presidente Piñera, cuando era candidato, emplazó a la Presidenta Bachelet sobre ese punto.
En tal sentido, yo esperaba, en materia de consistencia económica, que no mantuviéramos el subsidio cruzado de los pensionados de nuestro país para financiar políticas públicas destinadas a los trabajadores activos. Lo planteé en esta Sala mucho tiempo atrás. Lo hablamos en eventos, en encuentros, en el marco de la Comisión Especial de la Discapacidad y del Adulto Mayor.
En consecuencia, abrigábamos la esperanza de que esta materia se iba a abordar.
Claro, se elimina para algunos, podrán decir. Pero no se ha querido sincerar el asunto en el presente proyecto.
Porque se desvían recursos que se descuentan como cotización para salud, de acuerdo al artículo 85 del decreto ley Nº 3.500, con el objeto de financiar otros fines. Y si alguien tiene dudas al respecto, basta que revise los fallos pertinentes del Tribunal Constitucional.
En esta materia el Estado realiza una operación contable sin una ley clara, sin un artículo claro, mediante la cual se desvían recursos descontados para salud y se emplean en otra Cartera. Es más, estos dineros no los administra ni el Ministro de Salud, ni su repartición, sino el Ministerio del Trabajo, porque se trata de subsidios por incapacidad laboral.
Eso me lleva, en primer término, a no sentirme contento con la iniciativa en debate. Porque esta era la oportunidad de hacer las cosas bien. Apuesto doble contra sencillo a que no nos darán una explicación sobre este punto. Y no votaré a favor si no se entrega una razonable, seria sobre el particular. Porque ahora ya no soy ignorante en cuanto al desvío de recursos y, por ende, me he hecho cómplice de una situación inadecuada: que el Estado, sin una legalidad apropiada, destina dineros de FONASA a financiar el subsidio por incapacidad laboral.
Tal situación les hace mal a la transparencia, a la forma como se legisla. Y les hace pésimo a los pensionados, porque los estamos obligando a pagar algo que no les corresponde: las licencias médicas de los trabajadores activos.
En segundo término, debo señalar que este proyecto es loable. Sí. Elimina el descuento del 7 por ciento para las pensiones más bajas. Pero la persona que recibe una jubilación de 260 mil pesos, ¡Dios mío!, no es rica. Es apenas de clase media, ¡y con harto esfuerzo!
Lo que demuestra la iniciativa en análisis es que el sistema de jubilación en nuestro país empobrece brutalmente al adulto mayor. Aquí se ha fijado una línea de corte. Se habla de una pensión de un monto inferior a 255 mil pesos.
Podrán manifestar que implicaría grandes cifras. Pero me gustaría entender por qué no se elimina el descuento para todos en un plan gradual. Se señalará que los costos en salud para los adultos mayores son muy grandes, muy altos. ¡Y en buena hora! ¡Si ellos construyeron el país en que vivimos! ¡Si ellos permitieron los frutos dados por Chile! ¡Sería una devolución de mano! ¡Eso sí que conformaría un subsidio cruzado intergeneracional financiado mediante impuestos y con transparencia!
Sin embargo, señor Presidente, aquí hay dos temas que no logro entender. Y con esto termino.
¿Por qué no se incorporó a los exonerados en la presente iniciativa?
¿Por qué el Ministro de Hacienda y el Presidente de la República quieren que el Senado de la República despache este proyecto en una semana, cuando estuvo meses en la Cámara de Diputados?
Yo les voy a decir por qué. Porque aquí la Oposición tiene mayoría y el señor Ministro y el Gobierno no desean que se mejore la iniciativa; porque no le creen a la democracia para resolver ciertos temas en este Hemiciclo.
Mantienen en los mismos términos lo relativo a los exonerados, sabiendo que es abusivo. No sé si será por razones políticas o qué...
El señor PROKURICA.- ¡Pero tuvieron veinte años para cambiarlo!
El señor LETELIER.- Pero es abusivo. No existe ninguna razón para que aquellos sigan cotizando mientras otros, con pensiones superiores, no lo harán.
Y, en el caso de las cajas de previsión de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, el señor Presidente de la República anunció el 21 de mayo que les aplicaría una reducción distinta, mayor, por cierto, a la del resto de los pensionados y jubilados.
¿Por qué tal materia no se encuentra en este proyecto de ley? ¿Por qué no se sinceran las cosas? ¿O es que sobre el particular hubo un compromiso de campaña distinto? Porque van a decir: "Es que no se puede". ¡Claro que se puede! Depende de que uno quiera resolver los asuntos. Si ya el 21 de mayo se sabía que esto venía.
Ello tiene que ver con la voluntad política de discutir estas cuestiones en forma integral.
Por lo general, no me gusta echar tanto pelo a la leche. Pero en esta ocasión me molesta que respecto de una iniciativa acerca de la cual dicen que es la más importante del Gobierno no se dé tiempo a fin de discutir, evaluar, proponer, pensando que este Hemiciclo está solo para que se presenten los proyectos.
Ahí radica la contradicción entre lo que afirma el Presidente Piñera...
El señor PROKURICA.- ¡Por favor!
El señor LETELIER.- Y aunque le moleste a un Senador que se halla de pie, el Primer Mandatario habla de que quiere unidad nacional, que desea sacar las cosas adelante. ¡Pero esta es la forma como no se logra! ¡Así precisamente se borra con el codo lo que se escribe con la mano!
Porque faltarles el respeto al Senado, a la Oposición, tratando de fijarle "discusión inmediata" al proyecto, genera un estado de ánimo...
El señor PROKURICA.- ¡Los jubilados no pueden seguir esperando!
El señor LETELIER.- Y que aquel que anda gritando sepa que la Unión Nacional de Pensionados de Chile ha planteado estos puntos como suyos, porque son solidarios, porque entienden que no es justo que quienes perciben pensiones superiores a 255 mil pesos sigan pagando las licencias médicas de los trabajadores activos, porque creen que es malo que se genere esta diferencia entre los que pertenecen a CAPREDENA y DIPRECA y los afiliados a otros sistemas previsionales.
Señor Presidente, he presentado una indicación en la Mesa, y pediré que se vote. Es muy y sencilla y su objetivo es exigir que se respete la legislación, en el sentido de que los recursos que, de acuerdo al artículo 85 del decreto ley N° 3.500, constituyen cotizaciones de salud no puedan destinarse a otra función que no sea una prestación de salud. Es decir, que no se ocupen para pagar pensiones o subsidios por incapacidad laboral. Además, el Ministerio de Salud tiene que administrar los recursos, a fin de que ni un peso vaya al del Trabajo y Previsión Social para costear gastos que no corresponden.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, intentaré mirar este proyecto de ley desde una óptica distinta. Pero antes deseo señalar que concuerdo absolutamente con lo expresado por el Senador señor Letelier respecto a la injusta situación que se genera por el cobro indebido del 2 por ciento a los adultos mayores, que dice relación con el uso de licencias médicas.
Presenté hace un tiempo un proyecto de acuerdo para hacer ver al Gobierno que aquí hay otra demanda histórica al Estado de Chile -¡al Estado de Chile!- de los adultos mayores. Y este, obviamente, en algún momento, más temprano que tarde, tendrá que pronunciarse y resolver el problema.
A mi juicio, este es el triunfo de los adultos mayores, de nuestros queridos viejos. Lo siento como una conquista de ellos. Y por eso me alegra ser parte de la historia cuando por fin se hace justicia a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestros adultos mayores.
Señor Presidente, hay otras materias en las que me hubiese encantado poder avanzar en la búsqueda de soluciones. Y, al respecto, deseo preguntar sobre un asunto en el que carecemos de facultades para presentar indicaciones.
¿Qué pasa con los adultos mayores que hacen un doble pago del 7 por ciento? Por ejemplo, a una persona jubilada que sigue trabajando le pagan un sueldo y una pensión. En ambos casos, se le descuenta ese porcentaje. Obviamente, no se le otorga una doble prestación.
Asimismo, ¿qué ocurre con una viuda que mes a mes percibe su montepío y en la liquidación -¡fíjense qué curioso!- se consigna el descuento del 7 por ciento en salud del marido fallecido? O sea, si eso no causa sorpresa, en realidad, me cuesta entender qué otra cosa podría hacerlo.
Lo anterior me lleva a expresar con fuerza que es necesario y urgente abordar esas materias. No es admisible que un pensionado, por el hecho de trabajar, cotice dos veces para salud. Y no sé si, en definitiva, se incluirá en el proyecto la eliminación del 7 por ciento de ambas liquidaciones, tanto de la pensión como del sueldo que percibe.
En mi concepto, estos temas son tremendamente importantes y, sinceramente, me hubiese encantado haber podido socializarlos con el Ejecutivo.
Por otra parte, me alegra mucho el enorme avance que se logrará con la aplicación de la normativa en debate. Porque cada uno de los Senadores presentes, durante años, hemos concurrido a innúmeras reuniones donde la principal materia era esa urgente demanda histórica. Gente nuestra, muy querida, dejó esta vida esperando que se hiciera justicia. El Senador señor Prokurica hizo mención de algunos líderes que, por muchos años, organizaron la lucha para poder revertir esa situación tan injusta.
Y, hoy día, reivindico a mis adultos mayores de la Región de Magallanes que, al igual que otros líderes del país, por años de años han hecho de esta una gran lucha. No tengo duda de que hoy día hay un grado de tranquilidad y de enorme felicidad por el hecho de avanzar mediante un proyecto que, en definitiva, no hace sino impartir justicia respecto a un descuento cuya reversión me alegra profundamente, pues va en beneficio, precisamente, de nuestros queridos adultos mayores.
Sin embargo, no deja de preocuparme otra materia, relativa a la focalización que se va a hacer del 60 por ciento más vulnerable a través de la "bendita" Ficha de Protección Social.
Días atrás manifestamos al Ministro señor Lavín que él puede liderar un enorme proceso de cambio en la focalización de la vulnerabilidad a través de un instrumento distinto, de uno que pueda detectar y reconocer la vulnerabilidad o la pobreza de las personas. De lo contrario, vamos a continuar aplicando un mecanismo que no da cuenta de la realidad de ese 60 por ciento más vulnerable de la población.
Deseo hacer hincapié en que es importantísimo resolver cuanto antes esa situación a través de un instrumento que, en definitiva, permita realizar una mejor focalización de los más pobres.
A mi juicio, el de hoy es un hecho histórico, relevante e importante para los adultos mayores. ¡Es una conquista de nuestros viejos y viejas, más allá de la discusión de si es un logro de este o del anterior Gobierno!
Cabe destacar que el Estado de Chile está haciendo justicia con nuestros adultos mayores.
Me alegro por ello y voto favorablemente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma
El señor TUMA.- Señor Presidente, muchos pensionados que pueden estar viendo la trasmisión de esta sesión van a sentirse muy satisfechos porque se les dejará de descontar el 7 por ciento, lo que se ha hecho durante años, y que es bastante injusto.
¡Qué duda cabe que hoy es un día histórico!
Sin embargo, los pensionados de Chile tuvieron otro hito histórico cuando 1 millón 500 mil personas fueron beneficiadas por la reforma previsional.
Estimo que se debe reconocer el enorme esfuerzo de los Gobiernos de la Concertación, en particular, el realizado por el de la Presidenta Bachelet cuando hizo la reforma previsional que benefició a 1 millón 500 mil personas y que representó un costo anual de 1.500 millones de dólares.
Me parece que el gasto de la iniciativa que nos ocupa alcanza, aproximadamente, al 20 por ciento de lo que significó aquella reforma. Es cierto que tiene mérito, sobre todo, porque es el proyecto más exitoso del Gobierno del Presidente Piñera. ¡Claro que tiene mérito! Y yo quiero celebrarlo y alegrarme por esas personas que reciben tan poca plata y a las que, además, se les descuenta 7 por ciento para salud.
Cuando la señora Bachelet fue candidata, no se comprometió a una reforma previsional. Pero durante su mandato recogió el sentimiento de los adultos mayores por el tratamiento injusto que tenían y por que solo 400 mil personas recibían pensiones asistenciales. En esa época había que postular y esperar que muriera alguien para tener un cupo y gozar del beneficio. Sin embargo, la reforma previsional de la ex Presidenta terminó con ese sistema y le dio mérito de inmediato a quienes cumplían los requisitos. Y gracias a esa decisión las pensiones asistenciales subieron de 400 mil a cerca de un millón y medio.
El Presidente Piñera fue elegido con los votos de los adultos mayores que esperan una reforma en el sistema previsional. Pero no exactamente esta, porque la promesa fue eliminar el 7 por ciento de todas las pensiones. De modo que aquí hay un grado de incumplimiento.
En mi opinión, no sé si esta iniciativa viene a cumplir un compromiso de campaña del Presidente de la República o si él fue presionado por la caída en las encuestas o por las movilizaciones.
El señor PROKURICA.- ¡Qué bajeza!
El señor TUMA.- ¿Y por qué envió el proyecto al Parlamento casi dos años después? Los pensionados votaron en diciembre de 2009. Cuando empiece a regir esta ley -en noviembre próximo-, habrán transcurrido 23 meses de Gobierno y recién se comenzará a otorgar el beneficio.
Si existía ese compromiso de campaña y se podía concretar -lo digo, porque aquí se argumenta que se trataba de algo muy fácil-, ¿por qué no se hizo en marzo de 2010? ¿O en abril, mayo, junio, julio, agosto? ¡Hubo muchos meses para ello!
¿Por qué se hace ahora, cuando el Presidente registra los más bajos niveles de aprobación en las encuestas y cuando en el país se efectúan movilizaciones, no solamente por los estudiantes, sino también por los endeudados? Y no solo por los estudiantes deudores, sino por las familias endeudadas.
Un 7 por ciento, ¡claro que es mucha plata para los pensionados! Pero también muchísima para los endeudados, que siguen pagando una tasa de interés máxima convencional de más de 50 por ciento.
Si estamos hablando de pensionados, no podemos dejar de referirnos al sistema previsional vigente, que todos los meses obliga a los trabajadores a jugar a la ruleta rusa el ahorro para sus pensiones. Y la mayoría de ellos, después de cotizar por muchos años, no alcanzan a recibir como pensión ni el 50 por ciento de lo que ganaban al momento de jubilar.
Entonces, tenemos un sistema que recauda gran parte de la cotización previsional a través de las AFP. Y estas se la prestan a las empresas del retail a una tasa de 6 por ciento, las que a su vez la traspasan a los mismos trabajadores al 50 por ciento de interés.
¡Esa es una de las razones del descontento de la gente! No lo podemos soslayar. Y de él tenemos que dar cuenta no solo los parlamentarios de Oposición, sino principalmente el Gobierno, elegido para atender las demandas ciudadanas.
Por eso, me alegro de que realicemos este debate en las actuales circunstancias y, sobre todo, de que se esté cumpliendo parcialmente ese compromiso de campaña.
Así como estamos revolucionando e innovando en materia de educación -los estudiantes, con razón, no quieren mejorar el sistema, sino cambiarlo para definir la naturaleza del rol del Estado y su responsabilidad en la educación-, también debería precisarse ese rol en el ámbito previsional.
Ese es otro de los temas pendientes.
Ya lo decía el Senador Letelier: aquí estamos dando cuenta de una demanda largamente esperada por las montepiadas y por los pensionados en general, por cuanto la exención de que se trata pasa a ser una especie de reajuste.
Entonces, tenemos que escuchar a la gente. No cabe pensar que porque somos autoridades, ya sea de Gobierno o representativas, podemos hacer lo que nos parece mejor. ¡No! Es necesario preguntarles a los ciudadanos; oír a las personas, a las mayorías. Y eso tiene que ver con la legitimidad no solo de haber sido elegidos, sino de estar escuchando a la ciudadanía.
Y hoy día, la demanda de la gente y de los jubilados dice relación al reajuste de pensiones y con la necesidad de hacer justicia a otros sectores de pensionados que fueron excluidos de la iniciativa.
Señor Presidente, no obstante compartir las observaciones formuladas al proyecto, lo votaré favorablemente, porque -como señaló el mencionado colega- constituye un avance en justicia social para los pensionados que esperan desde hace tantos años ese beneficio.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, muchas de las cosas que aquí se han manifestado son verdaderas. Ningún proyecto es completamente satisfactorio si se considera lo que uno quiere como legislación.
Deseo matizar la mención que hago sobre el tema de la siguiente manera.
Primero, advierto que no personificaré al recordar las veces en que diversos Senadores hicieron presente la necesidad de cambiar el sistema y de terminar con el descuento de 2 por ciento para licencias médicas y con el 5 por ciento restante.
Debo indicar, con total franqueza y sin vanidad alguna, que me siento contento de haber presentado, con otros Senadores de la Concertación, en los años 1992-1993, el primer proyecto para terminar con la cotización de 7 por ciento para salud. Además, estimábamos absurdo que el 2 por ciento -siempre lo dijimos- se destinara a licencias médicas de personas que nunca podrían acceder a ellas, ya que después de jubilar no trabajaban y, por ende, no tenían contrato.
En consecuencia, no puedo dejar de expresar, con mucha honestidad -ojalá perdonen lo que digo, pero la política entrega pocas satisfacciones-, que me alegra que se esté aprobando una iniciativa como esta.
Segundo, el texto sugerido no refleja lo que todos hubiésemos querido. Lo digo con franqueza también. Ayer, durante el debate en la Comisión de Salud, se mencionaron ciertas ventajas. Nuestra iniciativa original contempló siempre a rajatabla la supresión del 7 por ciento, sin ningún tope ni otra consideración mayor, al igual que la del posnatal, que en su oportunidad presentamos y que en definitiva quedó pendiente en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, también resulta legítimo, correcto y de elemental justicia reconocer que el Gobierno -aunque no sea el mío-, del cual soy opositor, haya enviado el mensaje que iniciaba su tramitación.
Por lo tanto, con la misma sinceridad con que hago fuerte mi oposición, reconozco aquello como una manera básica de participar en política. Porque cuando uno no reconoce nada, termina no teniendo autoridad para nada.
El señor PROKURICA.- ¡Así es! ¡Hay que actuar con grandeza!
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Eso no significa dejar de explicitar los puntos en los cuales no se está de acuerdo.
Señalo lo anterior, en especial para los señores Ministros que nos acompañan, porque esa ha sido siempre mi forma de actuar en el Senado. Y era lo que pedíamos igualmente a la Oposición cuando nosotros éramos Gobierno; pero, a pesar de los reclamos de algunos grandes amigos con que contamos en el Senado y que hoy pertenecen al Gobierno, cuando ellos eran Oposición no reconocían muchas de las cosas que se hacían.
Entonces, como la política es un círculo y la vida también, creo que es la mejor manera de enfocar el asunto.
Otro punto que me interesa destacar es el siguiente: recojo las palabras del Senador señor Letelier en el sentido de que la iniciativa en debate solo hace justicia a medias. Pero lo cierto es que para quienes llevamos muchos años en política lo relativo a las pensiones de jubilación fue un problema que nunca -¡nunca!- pudimos resolver.
En todos los Gobiernos, a partir de los años 1957-1958, hubo proyectos de reforma previsional tendientes a lograr aquello, pero no se alcanzó ni siquiera en el elaborado por el señor Prat en el Gobierno de don Jorge Alessandri. Se avanzó durante las Administraciones de los señores Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. No obstante, fue durante la dictadura -lo digo igualmente con mucha franqueza- cuando los jubilados y los mayores perdieron más.
Eso no lo puedo negar. Y lo sostengo por lo vivido en esos años, primero como parlamentario y luego en el ejercicio de mi profesión de médico en esos momentos históricos, no históricos o ahistóricos de Chile.
Los logros alcanzados con las reformas previsionales que se efectuaron en los Gobiernos de la Concertación -de modo parcial en los tres primeros y total en el cuarto- también deben reconocerse, porque fueron beneficiosos. Tenemos que enunciar lo que falta y enrostrarnos lo que no hicimos bien entonces. Y, asimismo, señalar lo que está haciendo mal el actual Gobierno; pero también las cosas positivas.
Por eso, votaré favorablemente.
Ayer en la Comisión le hicimos notar al Ministro de Hacienda los déficits con relación a las pensiones de los exonerados políticos, de las Fuerzas Armadas, etcétera, y él manifestó que respecto de ellos -esperamos que así sea- se enviará un proyecto adicional. Se lo pregunté de nuevo en la tarde de hoy, y me lo ratificó. Después de lo que hicimos ayer y hoy, espero que cumpla su palabra.
Por otra parte, este proyecto guarda relación con otros que se hallan pendientes, como el relativo a las licencias médicas, que analizaremos la próxima semana con el señor Ministro de Salud. Él sabe que en esa materia tenemos una controversia fuerte, pero pienso que podemos avanzar incluso más allá de los compromisos que hemos contraído recíprocamente.
Ahora bien, ¿cuál es el problema final, de fondo, en un modelo como el que estamos instaurando? Que el texto en comento no puede ni ha de considerarse sino el inicio de un proceso legislativo que favorezca a los sectores de mayor edad y deje abierta la posibilidad para recoger los resultados y corregir los defectos que se detecten en el trayecto.
Muchas veces he sostenido que ciertas leyes -ocurrió con la reforma previsional, con la modificación al sistema de salud, etcétera- implican tales niveles de profundidad, de complicación y de dificultad para alcanzar consensos, que siempre deberían contemplar en sus articulados un acápite final que asegurara que serán revisadas en cuatro o cinco años, pues necesariamente deben acomodarse a situaciones distintas.
Por lo expuesto, señor Presidente, todos los Senadores de la Democracia Cristiana votaremos favorablemente el proyecto -entiendo que las demás bancadas opositoras harán lo mismo- y me alegro de su aprobación, porque como médico durante mucho tiempo me tocó atender a pacientes de mayor edad y pude ver lo que significa para una persona la pérdida de recursos que se produce entre el período que trabaja y cuando recibe una jubilación que a veces no cubre ni el 30 o 40 por ciento de sus necesidades.
Llegó el momento -ya lo he dicho en oportunidades anteriores- de tratar la bioética del envejecimiento y de paliar ese efecto tremendo que afecta a nuestros adultos mayores -admito que también pertenezco a este grupo etario- cuando la inacción termina convirtiéndose en un factor nefasto de depresión, de caída de las capacidades laborales.
Por ello, como segunda etapa en el manejo de la vejez, debemos buscar un mecanismo que permita a los jubilados desempeñar labores de pocas horas y reemplazar muchas cosas -las experiencias ya antiguas de Venezuela y Colombia son favorables en este sentido-, pues se trata de que los mayores de edad no solo reciban una pensión mejor, igual para todos -porque las necesidades son las mismas-, sino también de que reconozcamos que ellos son diferentes entre sí.
De ahí que no pueden diseñarse exclusivamente políticas generales; hay que buscar, además, un tratamiento para la ociosidad que se produce después de la jubilación, que no es buena y que genera más depresión y desventajas que se podrían evitar.
Voto que sí.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, naturalmente, en esta Corporación todos compartimos que a cerca de un millón de personas se aplique un reajuste de 7 por ciento -porque eso es lo que estamos haciendo-, sobre todo cuando se trata del sector pasivo que recibe los ingresos más bajos. Por cierto, el beneficio no los cubre a todos, pues respecto de los que se hallan en el tramo en que la cotización se reduce de 7 a 5 por ciento el reajuste es de solo 2 por ciento.
Por lo tanto, intentar poner a alguien en contra de una iniciativa de esta naturaleza es prácticamente imposible.
Sin embargo, llama la atención la euforia con que presentan esta medida algunos Senadores oficialistas. Yo los entiendo. Piensan que esta es una iniciativa que conseguirá recuperar la popularidad de su Gobierno, en un escenario de debilitamiento paulatino que lo ha llevado a convertirse en la Administración más impopular desde el restablecimiento de la democracia.
Pero está bien. Es una reacción normal.
No obstante, siento que la euforia no puede llevar a eludir cuestiones de fondo, como las que manifestó el Senador Letelier: el subsidio cruzado en relación con las licencias médicas; la ausencia de los exonerados en el beneficio, y, por cierto, la inquietud que hemos planteado en el curso del debate -que ha pretendido ser desconocida y criticada por algunos aduciendo el viejo y manido argumento de la obstrucción, al cual se recurre siempre cuando no se tienen razones solventes para contrarrestar la opinión contraria- en cuanto a que nos hallamos en presencia de continuos aumentos de gasto, sin que estos se encuentren respaldados por mayores recursos fiscales permanentes que permitan sostenerlos en el largo plazo. En otras palabras, el Gobierno se ha ido alejando, paso a paso, de un compromiso que asumió en su programa presidencial, cual es la responsabilidad fiscal.
Es una situación que resulta fácil de apreciar en este mismo proyecto, ya que cuando ingresó a la Cámara de Diputados estaba concebido con la mitad de los recursos con que hoy día lo estamos votando.
Seguramente, en el Senado se ha utilizado el mecanismo de la urgencia para evitar que se presenten nuevas demandas e impedir que la coalición oficialista obligue a su propio Gobierno a volver a incrementar el financiamiento, tal como ocurrió en la otra rama legislativa. ¡Seamos francos! ¡Así ocurrieron las cosas! ¡No acusen a los parlamentarios de Oposición por decir la verdad ni se enojen por eso!
En la Cámara Baja el bloque de Derecha advirtió que aprobaría la iniciativa si y solo si se aumentaban al doble los recursos involucrados. Pero de lo que no se ha preocupado la Coalición es de los fondos necesarios para sostener este desembolso en el largo plazo. Y se anuncia el posnatal y, a corto plazo, la reforma educacional, con un volumen de gasto francamente gigantesco. Quienes ayer escuchamos a Mario Waissbluth en la Comisión de Educación sabemos que esta última implica un monto claramente superior a los mil millones de dólares anuales, salvo que se quiera montar una farsa y se pretenda engañar al movimiento estudiantil.
Pero rebajar a 2 por ciento -como se anunció hoy- la tasa de interés del crédito con aval del Estado, desmunicipalizar la educación, resolver el problema del endeudamiento, implica una cifra que ayer en la Comisión de Educación fue indicada, con entera responsabilidad, por un actor que no se halla en la coyuntura: la Fundación Educación 2020. Y representa un gigantesco volumen de recursos. Sin embargo, no hay ninguna voluntad de parte del Gobierno para incrementar los ingresos permanentes del Fisco.
En otras palabras, La Moneda ha cedido a la tentación populista. Los colegas del oficialismo se enojan porque uno realiza esta afirmación y pretenden censurar a quienes expresen este juicio mediante el argumento del obstruccionismo.
¡La censura ya terminó hace mucho tiempo, señor Presidente! ¡Y nosotros no nos vamos a dejar censurar!
El señor NAVARRO.- ¡Eso!
El señor ESCALONA.- Acá hay una política que abandona la responsabilidad fiscal a manos del populismo, que en este caso es un populismo autoritario, al que se recurre esperando que la opinión pública se deje engañar por estas medidas.
¡Tal es, precisamente, la base del desprestigio del sistema político que hoy vive el país: creer que la opinión pública está constituida por gente ignorante y por personas que no saben pensar! ¡La base del desprestigio de la política que afecta hoy día a Chile se fundamenta en el ejercicio del poder creyendo que los ciudadanos no tienen capacidad para razonar!
Pero la gente se da cuenta; no se deja engañar. Los ciudadanos y las ciudadanas no son imbéciles. Saben perfectamente lo que está sucediendo: que el Gobierno busca resolver su problema de impopularidad recurriendo al instrumento del populismo.
Pero lo que pone al país en peligro a largo plazo es que estas políticas, que significan aumento del gasto fiscal, no se encuentran respaldadas por decisiones que efectivamente permitan contar con los recursos necesarios más adelante.
Yo sé que mis palabras no caen bien en las bancadas de Gobierno. Por cierto, lo más fácil es aplaudir, dejarse llevar por la euforia y decir: "¡Oh, qué bien estamos, qué país más macanudo, qué maravilla, qué gran Presidente tenemos!". Claro, hagamos la farsa. Lo fácil es la invitación a sumarse al baile de máscaras y exclamar: "¡Chiquillos, salgamos todos a bailar! ¡Aplaudamos las medidas! ¡No nos preocupemos de mañana! ¡Lo otro resulta incómodo: pensar que después habrá que aprobar presupuestos sin que el país tenga recursos suficientes para solventarlos!".
Bueno, ese camino ya fue seguido por otras naciones. Hay gobernantes que adoptaron exactamente las mismas decisiones, que tomaron exactamente la misma dirección. ¿Y qué pasa hoy en sus países? Han caído en la crisis del endeudamiento, en el estrangulamiento por los intereses de la deuda, en la reducción de las prestaciones sociales, en la disminución de los funcionarios públicos, en los no reajustes, en el recorte de las pensiones.
¡Si todos sabemos adónde lleva la tentación del populismo autoritario! ¡Son los pueblos, finalmente, los que pagan las consecuencias de pensar que a la gente se la engaña con decisiones que no están correctamente fundadas en el tiempo!
Acá habría razones para festejar, para celebrar, si efectivamente se entregaran argumentos que indicaran que este enorme y abultado aumento del gasto público contará mañana con los ingresos para ser debidamente financiado.
¡Eso sería lo responsable!
Pero eso no ha ocurrido.
¡Está bien! ¡Vivan ustedes este minuto de gloria! ¡Es su responsabilidad!
Yo lamento que en el futuro, cuando haya que pagar la farra, nadie se va acordar de nadie. Tampoco se van a acordar de los que hicieron la advertencia respecto de lo que podía ocurrir. La hora de pagar la cuenta es, por cierto, amarga. Otras naciones, desafortunadamente, han seguido el mismo camino.
Por mi parte, quiero insistir aquí, señor Presidente, en que la única razón para festejar sería que este aumento estuviera debidamente asegurado y financiado hacia adelante. Y como el señor Ministro de Hacienda acaba de reiterar que por ningún motivo habrá reforma tributaria en el próximo tiempo, tengo fundamentos más que suficientes para pensar que todas estas promesas -la de ahora, la del posnatal, la de la reforma educacional que acaba de anunciar el Ministro Bulnes- son gastos insolventes que ponen en serio riesgo la responsabilidad fiscal del país a futuro.
He dicho.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Gómez asuma como Presidente accidental.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Gómez, en calidad de Presidente accidental.
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El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que este proyecto va a ser de gran beneficio para los jubilados de nuestro país, quienes lo recibirán con enorme alegría, ya que lo estaban esperando desde hace mucho tiempo.
El año en curso los favorecidos serán 678.969, a contar del mes de noviembre; el 2012 subirían a 1.044.311, a contar de un año después de promulgada la ley, y así sucesivamente, hasta llegar a pleno régimen el 2025, con 1.923.068 beneficiados.
Todos estamos contentos por este hecho. La única preocupación mía es si todos los jubilados van a recibir el beneficio o solamente algunos. Ahí empiezan las dudas y la confusión.
Está claro que los beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidario (Pensión Básica Solidaria o Aporte Previsional Solidario) estarán exentos de enterar el 7 por ciento de cotización para el sistema de salud.
Posteriormente, se dice que también tendrán derecho a ello las personas que nunca han cotizado o que, habiéndolo hecho, reciben una pensión base inferior a 255 mil pesos, caso en el que procedería el Aporte Previsional Solidario (APS).
El problema es que después se señala que deben pertenecer a un determinado quintil. Ello me trae a la memoria -y estaba el Senador García presente también- la situación en que se encontraban los profesores, que tenían jubilaciones de 120 mil, 150 mil pesos y ni siquiera podían aspirar a los 255 mil pesos. Pues bien, nosotros modificamos la ley para que ellos pudieran llegar igualmente a ese monto.
La pregunta es: estos profesores, ¿van a gozar del descuento de 7 por ciento de sus jubilaciones, o quedarán fuera? ¿Cuántos otros están en la duda de si van a recibir o no el beneficio?
Ese es un problema que nos preocupa y que ojalá pueda irse decantando.
Pero quiero ir al fondo de la cuestión.
Este es un gran adelanto, sin duda alguna. Y lo concreta el actual Gobierno -lo saludamos y nos alegramos mucho por ello-, pero las Administraciones anteriores cumplieron otras etapas, con la participación de todos, por cierto.
Estoy pensando, por ejemplo, en la modificación del sistema previsional. Hoy le estamos eliminando el descuento de 7 mil pesos a una pensión de 100 mil pesos. Es importante, evidentemente. Pero nosotros les dimos pensión a aquellos que no tenían derecho a ella y se la fijamos, primero, en 75 mil pesos, para luego irla aumentando hasta llegar a los 255 mil pesos. Y, por supuesto, el gasto que ello importa es enorme.
Este año, el costo del proyecto en debate será de 38 millones de dólares. Pero el de la reforma previsional que nosotros impulsamos, con el apoyo de todos -reconozco el aporte que hicieron los diferentes sectores en su oportunidad-, será de 1.241 millones de dólares.
Para el 2012, la rebaja de 7 por ciento -y de 2 por ciento, para algunos- implicará un gasto de 176 millones de dólares, mientras que la reforma previsional, uno de 1.595 millones de dólares.
El 2014, el costo de esta última será de 1.936 millones de dólares, en tanto que el de la iniciativa en debate será de 228 millones de dólares.
El 2025, la reforma previsional tendrá un costo de 3.700 millones de dólares; el del beneficio que estamos aprobando ahora, en cambio, será de 505 millones de dólares.
Por eso, nos alegramos de esta ayuda. Pero lo que se hizo anteriormente es de una proporcionalidad muy grande.
Naturalmente, a algunos les preocupa el costo. ¡Pero el de la ley en proyecto no es tan alto! Y el Ministro ha dicho que con los fondos que hoy día tiene el Estado en la Partida Tesoro Público se cubre de más esta cantidad -¡ínfima!- de 38 millones de dólares para este año, que el próximo será de 176 millones de dólares.
El señor NAVARRO.- ¿Dónde está eso?
El señor SABAG.- ¡En un informe que nos entregan a algunos no más...!
Respondiéndole en serio, está en el documento que Su Señoría tiene en su pupitre.
El señor Ministro también señaló en la Comisión que él aspira bastante a que el crecimiento de la nación sea importante. El producto interno bruto es de 56 mil millones de dólares, de modo que un punto de incremento equivale a más de 500 millones de dólares. Y, como se piensa crecer al 4 o 5 por ciento, la mayor cantidad de ingresos del país será muy significativa y, evidentemente, va a ir cubriendo muchos de estos beneficios.
Hoy día estamos hablando del problema educacional, que involucra cantidades mayores. El Ministro ha comprometido 4 mil millones de dólares de la Partida correspondiente. ¿Es posible que esta se ajuste de aquí al año 2014? No lo sé. Eso es algo que se debe estudiar. Pero es evidente que, teniendo en cuenta la cantidad de recursos de que se trata y considerando el crecimiento del país, es un aumento muy importante.
Yo siempre he confiado en nuestros Ministros de Hacienda. Gracias justamente a la forma en que han manejado la parte económica desde 1990 hasta la fecha, hoy día podemos decir que Chile es un país acreedor del mundo. En efecto, cuando todas las naciones se están debatiendo en un endeudamiento fenomenal, incluso Estados Unidos, ¡Chile es acreedor del mundo! Ello, debido a la buena conducción, a la responsabilidad fiscal con que se ha manejado el país durante todos estos años. Y espero que se siga en la misma forma hacia delante.
Por otra parte, deseo señalar que hay muchos jubilados a quienes se les descuenta el 2 por ciento por concepto de licencias médicas. ¡Pero qué licencia médica se otorga a un jubilado, si ya dejó de trabajar! Es preciso eliminarles ese porcentaje. Y espero que ello sea posible.
Aquí se suprime una cantidad importante de descuentos. Sin embargo, muchos otros jubilados que reciben pensiones mayores ¿por qué deben pagar el 2 por ciento si no hacen uso de licencias médicas?
En todo caso, me parece que este constituye un gran avance. Y me alegro bastante por los jubilados de nuestro país.
Creo que el Gobierno ha ido cumpliendo una etapa muy significativa, y nos sentimos contentos también por ello. Pero nos quedan numerosas otras metas que alcanzar en beneficio de Chile.
Con mucho agrado, voto a favor de la iniciativa.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, el de ayer fue un día particularmente importante, en términos de trabajo legislativo, para el parlamentario que les habla, por cuanto en la Comisión de Salud, con la presencia de tres Ministros de Estado -la de Trabajo y Previsión Social, el de Hacienda y el de Salud-, aprobamos en forma unánime el proyecto de ley que elimina total y parcialmente, según el caso, el descuento de 7 por ciento que se les hace a los jubilados de nuestro país por cotización de salud.
Y digo que esa jornada fue significativa, al igual que la de hoy día, porque, no obstante que desde hacía muchos años se venía analizando este necesario cambio legal, es preciso recordar que en el 2006, cuando asumí el cargo de Diputado, impulsé esta modificación, que es de toda justicia. Y tuve la satisfacción de constatar que en la sesión de 5 de diciembre de ese mismo año la Sala de la Cámara de Diputados aprobó unánimemente el proyecto de acuerdo número 224, que presenté junto a otros parlamentarios. Fue el primero que se formuló en esa legislatura pidiendo la eliminación total o parcial, según correspondiere, del 7 por ciento de descuento en salud a los pensionados.
Desde entonces no cesé en mi empeño por lograr una enmienda que permitiera la supresión del injusto descuento que se les aplica a personas que han destinado gran parte de sus vidas a efectuar aportes al desarrollo de nuestro país, desde sus distintos ámbitos de competencia.
Por no contar con iniciativa legal sobre la materia, reclamé reiteradamente al Gobierno anterior el envío de este proyecto de ley, sin obtener resultados positivos. Tuve que interrumpir incluso una Cuenta Pública a la Nación de la ex Presidenta Michelle Bachelet para exigir que se remitiera una iniciativa sobre eliminación de ese 7 por ciento.
En esa tarea conté, además, con el apoyo de personas que nos estuvieron colaborando justamente desde el mundo gremial. Al respecto, quiero mencionar, por ejemplo, a Francisco Iturriaga, Presidente de la Unión Nacional de Pensionados (UNAP); a Sergio Rozas, Presidente de la CUPENCHI; a Julio Barbieri y Miguel López, representantes de la Federación de Trabajadores Marítimos Portuarios, y en particular a este último, que dio su vida por dicha causa. Se le veía permanentemente en el Congreso haciéndole lobby a los parlamentarios, viendo la posibilidad de que se presentaran proyectos de acuerdos sobre la materia.
Nos reunimos con el Ministro del Trabajo de aquel entonces -Osvaldo Andrade-, quien puso todo su empeño para que saliera adelante el proyecto de ley en el anterior Gobierno. Pero finalmente el titular de Hacienda -el Ministro Velasco, a quien aludió también el Senador Prokurica- no permitió que dicha iniciativa pudiera concretarse en esa Administración. Más aún, hoy día, cuando está saliendo a flote, cuando hemos tenido el apoyo transversal incluso de los parlamentarios de la Concertación para este tremendo proyecto de ley, ¡ha acusado de populista a quienes lo hemos impulsado!
Y yo quisiera señalar que pareciera que hay cierta bipolaridad en la Concertación, o que los autoflagelantes y los autocomplacientes todavía siguen en ella.
Por eso, pido que se envíe copia del discurso del Senador Camilo Escalona a los estudiantes y a los pensionados de Chile, ¡porque ahora, cuando el Gobierno del Presidente Piñera responde satisfactoriamente las demandas estudiantiles, acusa de populista a esta Administración!
¡Entonces, pongámonos de acuerdo!
¡Basta ya de bipolaridad!
¡Tengamos un sentido constructivo de nación!
Estamos en presencia de un gran proyecto de ley que el Presidente Sebastián Piñera ha colocado en el debate, en la discusión pública, y lograremos aprobarlo. Ahora bien, ¡no porque haya sido finalmente él, y no la ex Presidenta Bachelet o el ex Presidente Lagos, quien lo presentara se va a decir que este es un Gobierno populista!
Yo le pregunto al Senador Escalona, con toda la energía del caso, ¡por qué no dijo que eran populistas las Administraciones de la Concertación cuando ellas mismas propusieron la eliminación del 7 por ciento de descuento de salud de los pensionados!
¡No obstante, cuando tenemos un Gobierno que está dispuesto a cumplir con las demandas sociales se le califica de tal porque responde a los requerimientos de los estudiantes!
¡Pongámonos de acuerdo!
¡O se apoya a los estudiantes o no se les apoya!
¡Pero cuando un Gobierno responde favorablemente a las peticiones surge un sector de la Concertación que acusa al Ministro de Hacienda de no velar por los fondos públicos ni cautelarlos, y a un Presidente, de populista!
Acá tenemos un claro ejemplo de bipolaridad.
Señor Presidente, reitero: solicito que el discurso del Senador Camilo Escalona sea enviado a los estudiantes y a los profesores, que están movilizados, y también a los pensionados de Chile. Por de pronto, a la Unión Nacional de Pensionados (UNAP); a la CUPENCHI; a la Federación de Trabajadores Marítimos Portuarios de Chile, que han estado trabajando por esta causa.
En el mismo contexto, no puedo sino decir que es motivo de orgullo que la actual Administración, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, haya sido la que concretara este cambio en la Ley de Reforma Previsional, aplicándole al proyecto la urgencia necesaria para que se convierta en realidad a la mayor brevedad. De este modo, y de acuerdo con lo asegurado por los Ministros de Hacienda y de Salud, de aprobarse ahora aquel, a contar del 1° de octubre próximo, los jubilados que reciban una pensión inferior a 255 mil pesos y que estén en el pilar solidario ya no tendrán dicho descuento, lo que, por ende, les significará un reajuste de sus ingresos por igual porcentaje.
Asimismo, los pensionados que disfruten de una pensión inferior a 655 mil pesos verán disminuido ese descuento a solo el 5 por ciento a partir de octubre del próximo año.
Por otro lado, hemos conseguido del Ministerio de Defensa, del Presidente de la República, lo que se logró consignar en su discurso del 21 de mayo, el envío al Congreso Nacional, a la mayor brevedad, de una iniciativa legal que elimine el descuento de 6,5 por ciento que, por similar concepto, se les hace a los pensionados de CAPREDENA y DIPRECA. Es una modificación legal que también vengo impulsando desde mi primer año de parlamentario y que fue materia del proyecto de acuerdo número 225, que la Cámara de Diputados aprobó unánimemente en sesión de 6 de diciembre de 2006.
Además, hay un asunto que debe ser clarificado y que dice relación con el descuento que se les hace a los exonerados políticos. Creemos que se deben efectuar los ajustes pertinentes para poder incluir también a ese grupo en el beneficio de que se trata.
Existe a este respecto un compromiso que suscribió el Ministro de Hacienda en la sesión de ayer.
Como no se puede discriminar a ningún sector, las autoridades ministeriales se comprometieron a evaluar la situación de quienes perciben pensión de exonerados políticos, ya que no se les incluyó en esta modificación legal teniendo pleno derecho a ser beneficiarios de la eliminación del descuento mencionado.
Por tales razones, no puedo sino congratularme de que el de ayer haya sido un día histórico, como el de hoy, al aprobarse un proyecto emblemático del Gobierno, que viene a hacer justicia a un sector de nuestra sociedad que siempre ha estado postergado y que a fines del año 2012 beneficiará a cerca de un millón de personas.
En tal virtud, solicito a los Honorables colegas que demos nuestro voto unánime a esta iniciativa legal, que por fin hace justicia con nuestros adultos mayores, de manera que se convierta en ley y comience a surtir efectos a contar de octubre del presente año.
Hay temas que deben ser revisados. Por ejemplo, el doble descuento del 7 por ciento para salud, que afecta a las personas que reciben dos pensiones.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero aclararle al Senador Bianchi que se ha querido establecer un instrumento de focalización que va a permitir saltar la valla de los vicios que presenta la Ficha de Protección Social, la cual está siendo modificada por el Ministerio de Desarrollo Social, recientemente creado.
En definitiva, se focaliza el beneficio para los sectores más vulnerables.
Me siento -como ya dije- particularmente orgulloso de la jornada vivida un 21 de mayo, durante el discurso que pronunciaba la Presidenta Michelle Bachelet, cuando levantamos un letrero para pedir que se cumplieran los compromisos. Hoy día el Presidente Sebastián Piñera ha cumplido la palabra empeñada y hemos dado una señal, en el sentido de que el Primer Mandatario sí lo hace y el Senador que habla también.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Reglamentariamente, Su Señoría, si quiere pedir que se envíe algún discurso a determinada persona o autoridad debe hacerlo en la hora de Incidentes o solicitarlo por escrito. No procede que lo manifieste durante su intervención.
El señor CHAHUÁN.- Lo voy a pedir en la hora de Incidentes, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Muy bien.
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, es difícil votar en contra de este proyecto y no veo razón para que haya una enorme euforia a propósito de que se vaya a aprobar eliminar el 7 por ciento de cotización en salud de los jubilados.
Esta supresión se viene pidiendo desde la década de los 90. Y la han solicitado todas las agrupaciones de pensionados a lo largo del país -eran mucho más activas las de Valparaíso-, las cuales, durante años, concurrieron a la Cámara de Diputados y al Senado para hablar con los parlamentarios a fin de que se eliminara el 7 por ciento.
¿Por qué lo pedían? Porque, evidentemente, en forma indirecta, significaba aumentar sus pensiones, las mismas que ahora se ven mucho más agravadas por un sistema previsional que no entrega montos decentes, que persigue el lucro con las platas de todos los cotizantes de Chile y que no da cuenta de las inversiones realizadas.
Y de las pérdidas no responde dicho régimen previsional, sino nosotros, quienes tenemos cuentas individuales.
Por eso, muchos jubilados que pertenecen al sistema, que reciben pensiones de las AFP o de las compañías de seguros, sin duda, van a estar contentos, porque verán incrementadas sus pensiones en 7 por ciento.
Sin embargo, tenemos que apegarnos a la realidad.
El proyecto significa un avance y favorecerá, tal como señalan las cifras, a un millón 171 mil personas en el año 2015, porque en 2011 va a beneficiar a 778 mil 979 pensionados.
No obstante, muchos nos preguntan a través de correos electrónicos -no solamente me los envían a mí, sino que a todos los Senadores-: ¿Por qué un pensionado que gana 256 o 260 mil pesos no va a poder acceder al beneficio? Ellos forman parte de la clase media. Y todos los actores políticos del país han hecho gárgaras con que se van a preocupar de la clase media, pero eso no ocurre. Puede haber razones para que no suceda. Seguramente no están los fondos, los recursos que permitan satisfacer la enorme demanda de una considerable cantidad de jubilados que reciben 255 a 300 mil pesos, montos que no representan grandes pensiones.
Reitero: el proyecto significa un avance y va a favorecer a un millón 171 mil personas de aquí al año 2015.
No obstante, a pesar de lo que se ha dicho precedentemente por algunos colegas, y de acuerdo a lo que se señala en el informe, me parece extraño que se haya dejado fuera a los exonerados políticos. Y me parece extraño porque muchos de ellos reciben pensiones inferiores a 150 mil pesos. Vale decir, al igual que muchos tienen el legítimo derecho a impetrar el beneficio. Sin embargo, no son considerados por esta ley en proyecto. Es posible, tal como expresa el informe, que luego se nos haga llegar otra iniciativa que sí los incluya. Ojalá sea verdad, porque si hay personas que han sido dañadas, tanto psíquica como físicamente, son los exonerados políticos de nuestro país. Y si hay personas a las que no se les ha reparado, ni económica, ni física, ni psicológicamente, son por cierto los exonerados políticos.
No me sirve que a modo de razón se diga que 145 mil personas adquirieron la calificación de exonerados políticos, pero que ello no significa que la totalidad deba gozar de una pensión. Yo debiera entender que esa es la razón del porqué no se incluye en esta eliminación del 7 por ciento a los exonerados políticos. Si fuera así, aceptaría lo que aquí han señalado los Ministros de Hacienda y de Salud, en el sentido de que el Gobierno nos hará llegar un proyecto donde se incorporan no solo a los pensionados de la CAPREDENA o de la DIPRECA, sino también a los exonerados políticos.
Preocupémonos de estas personas, porque la deuda que Chile mantiene con ellas aún se halla vigente.
Por último, señor Presidente, Honorables colegas, hay que seguir avanzando no tanto en eliminar el 7 por ciento de descuento que se aplica a las pensiones superiores a 255 mil pesos, sino en lograr un reajuste de estas. Hay que buscar equidad para las que hoy se otorgan de acuerdo al actual sistema previsional.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, anuncio que voy a votar a favor del proyecto, porque considero que estamos saldando una deuda histórica que no fue asumida por la Concertación. Y me parece necesario reconocer que en este Gobierno, de Derecha, esa reivindicación de los jubilados, atesorada durante largo tiempo, se hace realidad.
La medida viene a compensar el descuento de 10,6 por ciento (debo recordarlo) que se les hizo a los profesores durante la dictadura y que muchos de los partidarios del actual Régimen avalaron, propiciaron y ejecutaron.
Estamos, pues, haciendo parte de justicia a nuestros pensionados.
La tarea recién se inicia. Superar los límites que el Ejecutivo -y particularmente el Ministro de Hacienda- ha fijado para la entrega de financiamiento será labor de un próximo Gobierno, de un Gobierno que decida ir a fondo y genere los recursos indispensables para cubrir la diferencia.
Ahora bien, escuché al Senador Coloma, Presidente de la UDI, expresar que este es un proyecto redondo; que va a la vena popular y a la clase media; que se demostró que "se podía"; que tiene sentido; que llevábamos décadas esperando; que el Estado va a ayudar a los más pobres; que hay una reivindicación que apunta en el sentido correcto; que se les da más dignidad a los ancianos; que creceremos al 8,2 por ciento.
Sin embargo, me surge una legítima duda cuando, a continuación, el Presidente de la UDI, partido eje de este Gobierno, dice que no todo cambio social requiere alza de impuestos y que se ha demostrado en esta ocasión que es posible resolver los problemas sociales sin incrementar los tributos, sin dañar a los que él eufemísticamente llama "emprendedores".
Cuando durante los Gobiernos anteriores planteamos esta reforma -se la exigimos a todos los Presidentes-, dijimos: "Royalty minero; impuestos permanentes a los más poderosos, a los más ricos" (no era a los emprendedores). Porque, de alguna manera hay que financiar el gasto social.
Ojalá que la misma alocución del Presidente de la UDI, Senador Coloma, en el sentido de que sí se pueden resolver los problemas sociales sin recurrir al aumento de impuestos la pudiéramos oír respecto al problema estudiantil.
Entre paréntesis, hoy día escuchamos al Ministro Bulnes, quien tiene alzhéimer o requiere urgentemente una dosis de pasas para recuperar la memoria, porque nos ha reiterado, ya por tercera vez, la misma propuesta.
En tal sentido, si el Gobierno no ha querido alzar los impuestos para financiar el gasto social del proyecto que nos ocupa esta tarde, espero que en el relativo a educación, exigido por 80 por ciento de los chilenos, entre ellos muchos que votaron por el candidato Piñera, sí recurramos al incremento tributario, para tener el equilibrio fiscal demandado por el Senador Escalona.
No creo, señor Presidente, que la situación se salve mandando la intervención del colega Escalona a alguna institución para demostrar que no quiere la eliminación del descuento de 7 por ciento. Él ha manifestado una preocupación que muchos Senadores hoy de Gobierno (presentes ahora en la Sala) expresaron cuando eran Oposición. Y decían "¡Cómo se va a solventar!", reiteraban el discurso majadero de que el país no podía soportar la carga financiera respectiva y demandaban claridad.
El Ejecutivo, haciendo uso de un recurso que tiene esta monarquía presidencial, le puso a este proyecto "discusión inmediata".
No he escuchado a los Senadores del oficialismo decir ni "pío". Ninguno ha reclamado por esa medida. Y fueron ellos quienes dijeron ¡20, 40, 100 veces! que la "discusión inmediata" constituía un atropello a la dignidad de esta Corporación; que se nos obligaba a debatir de manera instantánea, sin la posibilidad de una reflexión más amplia, de una discusión exhaustiva.
He leído el informe que se nos hizo llegar. En él no se menciona a ninguna organización social. Aparecen solo los Ministerios del Trabajo, de Salud, de Hacienda, de Economía.
No participaron en el análisis final de este proyecto en Comisión -al menos en el Senado-, como se desprende de aquel documento, las instituciones a que se refirió el colega Chahuán.
En el informe se consignan únicamente las opiniones de los personeros del Ejecutivo.
El Senador Escalona planteó el punto, y el Senador Letelier dijo que no iba a votar a favor de este proyecto si el Ministro de Hacienda no daba una explicación adecuada respecto a cómo se financiará permanentemente lo que ya estamos aprobando.
Yo, que he anunciado mi voto afirmativo, también esperaría una explicación. Porque me ha llamado a confusión lo expuesto por el colega Coloma, quien, refiriéndose al Ministro de Hacienda, dijo que este año el crecimiento será de 8,2 por ciento.
Cuando discutimos aquí el reajuste del sueldo mínimo, el Ministro Larraín nos llamó a la cordura porque, según expresó, las expectativas mundiales hacían prever cambios en el crecimiento económico de nuestro país. Pero hoy día, cuando aprobaremos este proyecto, me señalan que el crecimiento de este año llegará a 8,2 por ciento.
Entonces, hay allí un salto cualitativo que más vale aclarar.
¿La economía va a crecer o a decrecer?
En el discurso, ella no puede crecer cuando se trata de respaldar iniciativas importantes para el Gobierno y decrecer cuando debemos aprobar alzas en los sueldos de los trabajadores.
¡No puede cambiar el argumento en pocas semanas!
Señor Presidente, desde hacía mucho tiempo no teníamos ocasión de aprobar un proyecto tan relevante como este. La eliminación que se plantea constituye en la práctica un reajuste de 7 por ciento para los jubilados. Pero no para todos.
Espero que los pensionados pertenecientes al 60 por ciento más pobre y que tienen 65 años y reciben una pensión inferior a 255 mil pesos vean reflejados en su planilla de pago tanto la desaparición del descuento cuanto el reajuste de 7 por ciento.
Para quienes reciben pensiones superiores a esa cifra y se encuentran en los primeros cuatro quintiles la rebaja es de 2 puntos: de 7 a 5 por ciento.
Nos hubiera gustado saber por qué no fuimos capaces de subir la vara. Porque nuevamente la mal llamada "clase media", que debe ser medida -reitero- por ingresos y no por bienes, queda excluida.
Ha habido un discurso permanente de apoyo a la clase media. Sin embargo, la dejamos al margen cuando establecemos la reducción diferenciada.
¿Va a haber progresividad en la eliminación del descuento? ¿Será posible aumentar el número de beneficiarios? Yo apuesto a que sí; a que si los ingresos de nuestro país crecen podremos favorecer a quienes se hallan en los quintiles restantes, es decir, extender la supresión a aquellos a los cuales hoy día dejamos fuera.
Eso será un compromiso de este Gobierno o del próximo. Yo apuesto a que sea del siguiente; a que se complemente el paso que hoy da el Ejecutivo.
Ahora, este -lo dijo el Senador Letelier- parece ser un debate entre sordos. Porque se ha señalado: "Hay que eliminarles a los jubilados el descuento de 2 por ciento para seguro de invalidez laboral o de cesantía, pues no son trabajadores activos".
Todavía no se ha explicado qué va a pasar con ese 2 por ciento en el caso de los cuatro quintiles restantes y por qué se sigue insistiendo en un descuento anacrónico, arbitrario, discriminador.
Señor Presidente, según el informe, la Ficha de Protección Social no será considerada en este caso.
Yo me pregunto, entonces: si esa Ficha, una vez más, va a ser objeto de interpretación, ¿qué hace que sigamos teniendo un instrumento que se cambia en cada proyecto de ley?
Con respecto a la deuda histórica con los profesores, solo quiero recordar que entre mis críticas al Ministro de Hacienda Andrés Velasco estuvo la de que dijo en esta Sala que era impagable, al igual que la eliminación a los jubilados del descuento de 7 por ciento para salud.
Creo que parte fundamental de la derrota de la Concertación en la última elección presidencial derivó de la negativa, sin salida alguna, a aquellas opciones.
Considero, señor Presidente, que el Gobierno está cumpliendo su compromiso; de manera parcial, pero positiva.
Vamos a seguir luchando por subir el rango de la eliminación del descuento para los quintiles que quedaron fuera, es decir, para las pensiones superiores a 255 mil pesos.
Difícilmente un profesor que hoy tiene un sueldo de 800 mil pesos podrá sobrevivir con una jubilación IPS de 230 mil pesos o menos.
Hay todavía deudas pendientes con muchos trabajadores activos. Entre ellas, la deuda histórica con los profesores.
El Gobierno resuelve en este momento parcialmente la eliminación del 7 por ciento.
Pues bien: yo espero, tomando en cuenta que el Senado firmó mayoritariamente un acuerdo -el colega Hernán Larraín fue su artífice- para pedir el pago de la deuda histórica con los maestros, retome la situación pendiente y la solucione de una vez por todas.
Por último, señor Presidente, debo puntualizar que los exonerados de este país requieren un trato igualitario. Quedaron marginados de la eliminación total del descuento; el 80 por ciento tiene pensiones inferiores a los 150 mil pesos, y yo esperaría una reconsideración, en lo que viene, para incorporarlos.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Perdón, señor Senador, pero terminó su tiempo.
El señor NAVARRO.- Necesito un minuto para terminar, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Lo tiene.
El señor NAVARRO.- Lo mismo aguardo para los pensionados de CAPREDENA y DIPRECA. Porque, en mi concepto, no puede haber ningún tipo de discriminación.
Espero que en el debate que se suscite durante los próximos días, y particularmente a propósito de la aprobación de este proyecto histórico, el Ejecutivo tenga presente que nuestro apoyo existirá siempre que se trate de resolver los problemas pendientes.
Respaldamos las iniciativas de reforma tributaria que el Presidente de la República le planteó al Parlamento con motivo de la reconstrucción. Y seguiremos apoyando los proyectos que el Gobierno envíe para solucionar los conflictos sociales, sobre todo si van en beneficio de los más desposeídos.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Por último, tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer las expresiones vertidas por diversos señores Senadores de la Concertación y, también, por el Honorable señor Navarro para anunciar su aprobación y reconocer que, a pesar de que se pidió durante veinte años una proposición de ley de esta naturaleza, finalmente fue el Gobierno del Presidente Piñera el que envió a tramitación este proyecto y será este Parlamento el que terminará aprobando el articulado pertinente, que significará que, a partir del 1º de noviembre próximo, alrededor de 680 mil pensionados verán desaparecer de sus colillas de pago el descuento del 7 por ciento para salud y que en el año siguiente les ocurrirá exactamente lo mismo a otros 350 mil.
Sumando la cobertura, en 2012 -como ya se ha dicho- se habrá favorecido a más de un millón de pensionados, a quienes, más que eliminárseles el descuento pertinente, en la práctica se les incrementarán sus pensiones.
Se trata de pensiones modestas, sencillas. ¡Qué duda cabe! Mayor razón, entonces, para que este proyecto sea motivo de alegría para todos nosotros.
Señor Presidente, también deseo señalar que durante el debate en la Sala ha habido intervenciones -permítanme la expresión- francamente destempladas.
Algunos nos acusan de "tacaños". Nos dicen: "¡Cómo es posible que esto no se haya hecho para todos, que no se haya terminado el descuento del 7 por ciento para salud de manera universal!".
Otros nos preguntan por qué no están los exonerados políticos.
Algunos nos señalan que faltan los pensionados de CAPREDENA, los de DIPRECA.
Yo entiendo tales preocupaciones, porque también las tengo. Y también quisiera que esta iniciativa fuera más generosa.
Por otro lado, uno escucha intervenciones en que nos dicen: "Gobierno populista", "Presidente populista", "Ministro de Hacienda populista".
¡En qué quedamos!
Se acusa al Ejecutivo de ser tacaño por acotar los beneficios, pero no se considera que los focaliza de la misma manera como lo hizo la Presidenta Michelle Bachelet en la reforma previsional. ¡De la misma manera!
Por eso le planteamos con tanta insistencia a nuestro Gobierno, a nuestro Presidente, que el proyecto de eliminación del descuento de 7 por ciento para salud debía tener la misma focalización aplicada en el caso de la reforma previsional. ¡Ni más, ni menos!
Y es así como el Presidente Piñera y los Ministros de Hacienda y de Salud -ambos presentes en la Sala- lo están materializando.
¿Populismo? ¡Nada!
¿Responsabilidad fiscal? ¡Cien por ciento!
¡Por favor!
¡Si la fuente más permanente de recursos no es la de subir los impuestos!
¿Qué tributos aumentamos para hacer posible la reforma previsional? Ninguno. Y la ley pertinente sí implica una trayectoria de gasto público que crece, crece y crece, hasta llegar -como señaló el Senador Sabag- a los 3 mil y tantos millones de dólares en el año 2025.
Para ello no subimos ningún impuesto.
El Ejecutivo y el Parlamento de la época consideraron que el crecimiento económico y el alto precio del cobre, que afortunadamente ya comenzaban, permitían entregar los beneficios que contempló la reforma previsional.
La misma lógica y los mismos fundamentos son los que se hallan presentes hoy día.
Chile está creciendo; recuperó su capacidad de crecer.
En el primer semestre de este año nuestra economía creció 8,2 por ciento. Y el Senador Coloma lo dijo con claridad: Chile no seguirá creciendo a ese ritmo, porque, además, las cifras están afectadas -todos lo sabemos- por el terremoto. Pero, sí, la economía va a crecer este año entre 6 y 6,5 por ciento; y esperamos que en 2012 lo haga entre 5 y 5,5 por ciento.
Así, aguardamos que la fuente permanente de recursos sea producto de la mayor recaudación fiscal que generan, por un lado, el crecimiento económico, y por otro, el buen precio del cobre, que ojalá nos siga acompañando por muchos años más.
De otra parte, se ha criticado que el proyecto tenga "discusión inmediata", al menos aquí, en el Senado.
La respuesta es fácil, pues: si no se aprueba la iniciativa hoy, la ley ya no va a regir a partir del 1º de noviembre; su vigencia se correrá seguramente otros 30 días.
Porque, en estricto rigor, este proyecto estaba pensado para entrar en aplicación el 1º de octubre.
Ahora, como nos hemos demorado un mes más, les quedaremos debiendo a los pensionados un 7 por ciento, pues el descuento para salud se va a mantener en octubre.
Entonces, si queremos que la supresión del descuento en cuestión opere a partir del 1º de noviembre próximo, debemos despachar el proyecto hoy día. No hacerlo significa mantener la cotización.
Señor Presidente, dicen que palabras sacan palabras.
En mi concepto, la eliminación del 7 por ciento de cotización de los pensionados para salud podría haberse concretado mucho antes y de manera mucho más generosa de no existir la carga gigantesca que significa para el Fisco, por ejemplo, el Transantiago.
¿Cuánto cuesta el Transantiago para la caja fiscal todos los años? ¡Del orden de 600 millones de dólares!
El señor NAVARRO.- Incluso más.
El señor GARCÍA.- Más, me dice el Senador Navarro.
Ello equivale a tres veces lo que va a costar el proyecto que nos ocupa esta tarde.
El Gobierno y el Parlamento tienen que hacerse cargo de los problemas existentes. Nada ganamos con llorar sobre la leche derramada. Simplemente, debemos asumir la realidad, y seguir adelante, y seguir solucionando los problemas, y seguir construyendo.
Así haremos grande a nuestro país. Así se hacen grandes las naciones.
La tarea con relación a los pensionados no está terminada. ¡Por supuesto que no! Vendrán otros Gobiernos y otros Parlamentos. Y, si el país continúa creciendo, habrá muchos más recursos para seguir atendiendo sus necesidades y mejorando sus pensiones.
Y seguiremos para mejorar la educación. Y seguiremos para mejorar la salud. Y seguiremos para que las viviendas sean más y mejores.
¡Ese es el desafío!
El país no se termina con este proyecto de ley. Nuestra preocupación por los pensionados, tampoco.
Eso sí, es necesario proceder como lo ha hecho el Presidente Piñera; como lo han hecho los Ministros Felipe Larraín, Jaime Mañalich y Cristián Larroulet, quien también se halla presente: con responsabilidad fiscal, llevando a cabo lo que el país puede pagar, sin correr el peligro de que el día de mañana no se disponga de recursos para financiar este tipo de beneficios sociales.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos afirmativos).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- El señor Secretario dará a conocer una indicación.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, pido, por supuesto, que se le dé lectura, para poder apreciar si es o no admisible.
Quiero recordar que el proyecto dice relación con una materia previsional, y, en general -no puedo anticiparme sin conocer el texto que se ha planteado-, ello es de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario.
Gracias.
El señor NAVARRO.- ¡No hay clima para la admisibilidad...!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, he leído la indicación que usted presentó y me parece claramente inadmisible. Pero ese es mi criterio.
Lo que deseo solicitarle...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Antes de emitir un juicio, debe dejar que el señor Secretario la dé a conocer.
El señor PROKURICA.- La tengo aquí, señor Presidente.
Lo que deseo solicitarle es que evitemos lo que va a ocurrir si la somete al pronunciamiento de la Sala. Porque, de ser así, no se podrá aprobar el proyecto, lo cual demorará en un mes el beneficio para los jubilados.
Le pido a Su Señoría, quien siempre ha mantenido una actitud de Estado en la materia, que la retire, a fin de que esas personas puedan recibir el monto que se les descuenta. Porque, de lo contrario, si la votamos, no habrá quórum y se levantará la sesión. La próxima semana, además, es de trabajo regional.
La situación será francamente impresentable para las miles de personas que están esperando el despacho de la iniciativa.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.- Por mi parte, quiero exponer una cuestión distinta en relación con el asunto.
Cuando el señor Presidente puso en votación el proyecto, expresó que se había presentado una indicación y que era inadmisible. Al someterlo a pronunciamiento, entonces, no se registraban indicaciones, y me parece que estas deben formularse antes. Veo que 34 Senadores votaron a favor entendiendo que no se habían planteado y que durante el transcurso de la votación fue presentada una.
En consecuencia, dado que Su Señoría fue el que lo hizo, le solicito que la retire, porque todos nuestros Honorables colegas que se han ido partieron de la base de que no había indicaciones por votar.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- El señor Secretario leerá el texto, que es lo que corresponde hacer primero.
Cuando se trata un proyecto calificado de "discusión inmediata", las indicaciones deben presentarse en la Sala.
Si media una aprobación en general, otro aspecto reglamentario es considerar si existen o no artículos que requieren quórum especial de aprobación y si se deben votar en forma particular.
Entonces, las cuestiones reglamentarias son dos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- La indicación suscrita por los Senadores señores Letelier y Girardi es del siguiente tenor:
"En ningún caso se podrá destinar total o parcialmente la cotización legal consagrada en el artículo 85 del decreto ley N° 3.500, de 1980, a fines ajenos a prestaciones de salud o a subsidios de incapacidad laboral.".
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Deseo informar que le consulté el punto al señor Secretario, quien en ningún momento ha considerado inadmisible una norma tendiente a prohibir que recursos de una cotización de salud se destinen a fines distintos de los que se señalan. Porque lo que se plantea, en efecto, es impedir que fondos regulados en el artículo 85 del cuerpo legal citado, correspondientes a dicha cotización, se desvíen a otros propósitos, como el pago de licencias médicas.
Eso es lo que se establece, lo cual, según la Secretaría, no resulta inadmisible.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Por mi parte, señor Presidente, estimo lo contrario.
Lo que ocurrirá es justamente lo que advertí. Quería evitarlo. Porque si usted somete a votación el texto, será preciso levantar la sesión y la entrada en vigencia de la ley demorará un mes.
Vuelvo a pedirle -Su Señoría deseaba que se leyera el texto y que se pronunciara el Secretario- el retiro de la indicación, con la finalidad de no provocar ese efecto, que me parece que nadie quiere.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, tengo en mis manos la Ley de Presupuestos del Sector Público para el presente año y estoy viendo lo relativo al Ministerio de Salud y al Fondo Nacional de Salud.
A raíz de su intervención, he buscado algún traspaso desde FONASA al Ministerio del Trabajo, dado que Su Señoría expresó que con cargo a estos recursos se pagaban licencias por enfermedades profesionales o accidentes laborales, etcétera. La verdad es que no existe ninguno. Por lo tanto, pienso que la indicación parte de un concepto completamente erróneo.
De otro lado, el artículo 65 de la Constitución Política es bastante claro. Expresa que "Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado".
Determinar que estas platas no podrán destinarse a otra cosa corresponde claramente a la administración financiera del Estado.
Pero, más aún, al leerse la Ley de Presupuestos se observa que no existe tal traspaso, tal financiamiento.
Así que creo, en primer término, que se parte de un concepto equivocado; y en segundo lugar, que claramente se incursiona en la administración financiera del Estado, lo que genera la inadmisibilidad.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, si fuera correcta la afirmación del Senador señor García en el sentido de que mantengo un concepto erróneo, no debería existir un problema para votar la indicación, por cuanto, en el peor de los casos, ella contendría quizás una afirmación redundante.
Pero ocurre que este es un punto en donde el mismo Tribunal Constitucional dejó en evidencia traspasos de recursos -a mi juicio, no bien regulados- provenientes de cotizaciones de salud, desviados al Ministerio del Trabajo.
Eso es un hecho.
Si quien habla estuviera equivocado, nadie debería enfrentar problemas para votar la indicación.
El señor PROKURICA.- ¡No hay quórum, señor Presidente!
El señor LETELIER.- Lo hay, Su Señoría. No se preocupe. El problema es otro.
Le pedí al señor Ministro explicar el punto.
No voté el proyecto, pues me gusta ser consistente en mis afirmaciones.
Porque el Presidente de la República dijo, cuando era candidato, que no se deben usar las platas destinadas a FONASA para pagar las licencias médicas de los trabajadores activos.
Lo único que plantea la indicación, simplemente, sin incidir en la distribución de fondos de seguridad social -la iniciativa ha sido tomada por el Primer Mandatario-, es que no sea posible desviar recursos que, de acuerdo con el artículo 85 citado, son para salud, de tal forma que cuando nosotros solicitemos información sobre el total de lo recaudado por cotizaciones la cantidad sea exacta. ¡Exacta! No debe tratarse de montos, parcialmente identificados, que vayan a otro fondo.
Se deberían haber creado dos de ellos por ley -y eso se le manifestó al señor Ministro de Hacienda, en su momento, en el marco del proyecto-: uno en relación con FONASA, para fines de salud, y otro para el subsidio por incapacidad laboral. ¡Que financien este último los trabajadores activos y no los pensionados!
Me llama poderosamente la atención que los Honorables colegas de las bancas de enfrente no quieran respaldar la cuestión de fondo; que no quieran sincerar la administración financiera del Estado; que no quieran hacer transparente el punto.
Por mi parte, señor Presidente, mantengo la indicación. Porque, hasta el momento, no se ha expresado sobre el particular ninguna voluntad del Ejecutivo. Al titular de Hacienda le expuse aquí el asunto, no una vez, sino a lo menos tres. He sido consistente al respecto.
Me parece tremendamente inexacta la afirmación de que no se podrá efectuar el pago en las pensiones de noviembre -repito: de noviembre- si se llega a una resolución quizás en diez días más. Si el señor Ministro abriga la convicción de que el Estado funciona tan mal, de que algunas reparticiones públicas son tan lentas que necesitan dos meses -¡dos meses!- para eliminar el descuento de 7 por ciento, estoy dispuesto a que me convenza. Pero, hasta el momento, no lo he escuchado pronunciarse sobre la materia.
Si tuviera argumentos acerca de por qué se obliga a pensionados y jubilados a pagar las licencias médicas de los trabajadores activos, o de por qué necesita una contabilidad tan poco transparente, o de por qué requiere dos meses para otorgar el beneficio, convendría conocerlos.
Probablemente, se quiere celebrar con los adultos mayores la fiesta por el término de agosto anunciando la aprobación del proyecto. A eso obedece el apuro. Los que tenemos cercanía con los adultos mayores entendemos la lógica.
Entonces, prefiero que me hablen con franqueza, en vez de afirmar que "No se va a alcanzar". Porque eso es una mentira. Y esto es lo que irrita: cuando se dicen cosas que no son exactas.
Podría haberse pedido un gesto: "¿Saben? Queremos sacar la ley porque deseamos celebrar el final de agosto y aprovechar la coyuntura". Resulta bastante más sincero, en materia política, decirlo así que: "Si esto no se hace ahora, no se alcanza a cumplir en noviembre".
Señor Presidente, entiendo que la indicación es admisible. Estoy disponible para escuchar al señor Ministro, pero, de lo contrario, ejerzo mi facultad, como Senador de la República, de defender a quienes represento, de defender a los adultos mayores, a fin de que no sigan pagando el 2 por ciento para financiar las licencias médicas de los trabajadores activos.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ya lo manifesté en una intervención anterior: la "discusión inmediata" es un atropello permanentemente. Cuando se hace presente esa calificación, se generan situaciones como la actual, donde temas importantísimos quedan vetados para el intercambio de puntos de vista.
En nuestras intervenciones, los Senadores señores Escalona, Letelier y quien habla le hemos pedido al señor Ministro de Hacienda una explicación. Pero no la da.
¡Si no es posible abordar la iniciativa en su trámite ni durante un debate final con "discusión inmediata", entonces esta es la monarquía presidencial absoluta! ¡Es la dictadura del Ejecutivo! O sea, no se puede discrepar.
Y no faltará el Senador que irá a acusarnos a los adultos mayores de que no queremos aprobar la eliminación del 7 por ciento, en circunstancias de que pedimos claridad acerca de por qué se les descuenta el 2 por ciento para situaciones de invalidez o cesantía, si no trabajan. ¡Se pide una explicación!
El Senador señor Letelier ha provocado el debate mediante uno de los instrumentos con que se cuenta en esta Corporación: una indicación. Lo ha forzado.
Lo he manifestado veinte veces: todos los Ministros de Hacienda son cortados por la misma tijera. Responden cuando quieren. En definitiva, se constituyen en un poder supremo, más allá incluso del Primer Mandatario.
Por mi parte, esperaría, señor Presidente -por su intermedio, me dirijo al señor Ministro-, una explicación respecto del 2 por ciento; de si el Gobierno va a mantener ese descuento, arbitrario y, por cierto, ilegal.
Y es preciso hacer una reserva, porque aquí se ha reconocido que una deducción para fines previsionales va a parar a otros completamente alejados. Por lo tanto, esta es inconstitucional.
Si no existe claridad sobre el punto, queda abierta, por cierto, la posibilidad de que aquello que no se logre en el debate parlamentario se lleve al Tribunal Constitucional y se pregunte si se ajusta o no a la Carta el descuento a los jubilados de un 2 por ciento destinado a cesantía e invalidez, cuando no tienen empleador ni presentan una actividad laboral activa.
Ese es el fondo de la discusión.
Reitero que hubiera esperado una mínima coherencia de los colegas del oficialismo, quienes, siendo Oposición, fueron categóricos, duros, destructivos cuando los Ministros de Hacienda no explicaban asuntos como el que nos ocupa. Pedimos coherencia; pedimos una explicación.
Por mi parte, ya voté a favor.
Coincido con el Senador señor Letelier. El Gobierno puede querer anunciar la resolución de este problema histórico -y en buena hora- y hacerlo asumiendo la asertividad del Presidente Piñera para plantear el punto y llevarlo adelante. Pero si nos deja llenos de dudas, si a la discriminación respecto de los exonerados políticos o en relación con el caso de los primeros cuatro quintiles en que se pasa del 7 al 5 por ciento, se suma la situación del 2 por ciento, que no queda del todo clara, resulta que el proyecto sale con algún grado de daño, de incertidumbre, de cuestionamiento.
Pedimos claridad. Ya lo plantearon los Senadores señores Letelier y Girardi: lo que se quiere saber es cuándo se puede establecer un mecanismo que evite una destinación a todas luces inconstitucional, de tal modo de ir corrigiendo en el camino los defectos de la legislación.
¿Porque sabe una cosa, señor Presidente? Estoy chato de que, por sacar los proyectos en aras del denominado "bien común", los mismos que nos piden votar a favor nos digan después, en el caso de que se trata: "Ustedes no expresaron nada cuando se discutió el asunto" o "No hicieron nada para terminar con el descuento del 2 por ciento".
Me parece que el Senador señor Letelier está actuando en consecuencia: está situando el debate en el lugar apropiado, en el tiempo apropiado y frente a la autoridad apropiada. Es decir, ahora.
Porque nos surgía la duda, despejada en la presente discusión, en cuanto al destino del 2 por ciento a fines ajenos de aquellos respecto de los cuales se hace la deducción. Por lo tanto, es un asunto de carácter constitucional.
Y como se cuenta con el instrumento de la monarquía presidencial -ya queda claro que lo utilizan los Gobiernos de Centro Izquierda y también los de Derecha-, no se experimenta asco al recurrir a la "discusión inmediata". He escuchado a los Honorables colegas de enfrente rechazarlo en forma categórica y enfática, pero, al final, se emplea igual. Es la teoría del "todo vale": cuando se trata de defender, la "discusión inmediata" no lesiona al Senado y es un mecanismo que facilita la evacuación de un proyecto y la consecución de un objetivo político.
Señor Presidente, se ha constatado, producto del debate, que el descuento de 2 por ciento a los jubilados se verifica para una situación irrisoria, absurda, completamente inconstitucional. Es una deducción que debe desaparecer.
Estoy dispuesto a votar a favor de la indicación de los Senadores Letelier y Girardi. Creo que es la única posibilidad para zanjar el problema. Pero podría reconsiderarlo en virtud de lo planteado por el Senador Prokurica en el sentido de que sería factible que no hubiera el quórum suficiente para su aprobación, lo que alargaría el trámite en particular del proyecto.
Para evitar eso, lo mínimo que pedimos es una explicación del señor Ministro. De ocurrir así, al menos yo, manifiesto mi voluntad positiva al respecto.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Ministro de Salud.
El señor MAÑALICH (Ministro de Salud).- Señor Presidente, este debate suscitado al final de la sesión es muy importante, y quiero puntualizar algunos aspectos centrales involucrados en él.
En primer lugar, el fondo de financiamiento para los asegurados públicos de FONASA se entera a través de dos fuentes.
El 60 por ciento de él proviene de impuestos generales de la nación, proporción que pretende aumentar el proyecto en comento, vale decir, su efecto sería elevar la cantidad de dinero financiada mediante esa vía.
El 40 por ciento restante se obtiene de la cotización obligatoria de salud, a la cual se encuentran afectos, hasta ahora, los trabajadores activos y los pensionados. Y esto ha sido objeto de discusión hoy día.
Se ha dicho repetitivamente y, en mi opinión, de manera no ilustrada, que el fondo conformado por lo obtenido mediante la cotización de salud sería divisible en dos partes: una administrada por la SUSESO o el Ministerio del Trabajo, que tiene que ver con un acto destinado a la recuperación de la salud, a través de la extensión de la licencia médica pertinente; y otra correspondiente a los recursos necesarios para financiar las acciones tendientes a recobrar la salud.
Como una suerte de dogma, se ha fijado en la conciencia pública la idea de que la proporción entre esos fondos sería de 2 y 5 puntos porcentuales, respectivamente, lo que es completamente erróneo.
El gasto en licencias médicas ha aumentado de tal manera en los últimos años que, si uno dividiera lo concerniente a la cotización en dos fondos, tendría que considerar una cifra a 2,7, y no de 2 por ciento. O sea, habría que corregir al alza a 2,7 puntos porcentuales el fondo para licencias médicas, y el resto quedaría para prestaciones de salud.
Debo señalar que el efecto de tal división sería catastrófico, por cuanto los trabajadores jóvenes cotizantes gastan mucho menos del 7 por ciento de su descuento obligatorio en la combinación de licencias médicas y atenciones de salud, y con ello en realidad financian las prestaciones al adulto mayor.
De tal manera, si se legislara en profundidad, como propuso la Comisión de Expertos, para tener dos fondos, uno ya no sería administrado por FONASA -como ocurre hoy-. En la actualidad, no existe la figura del traspaso de 2 puntos porcentuales al Ministerio del Trabajo o a otra repartición del Estado. Se trata de un fondo de carácter único e indivisible.
De hecho, el Senador Letelier realizó una presentación sobre el particular al Tribunal Constitucional en el mes de agosto del año pasado -si no me equivoco; no tengo los datos a mano-, el cual determinó que carecía de atribuciones para definir si tal fondo era divisible.
En consecuencia, estamos hablando de una normativa completamente distinta de la que se halla en debate, y su aprobación terminaría con la solidaridad intergeneracional entre los trabajadores más jóvenes y nuestros adultos mayores. Estos necesitan tal financiamiento dado que un hombre de 70 años gasta seis veces más en salud que uno de 30 años.
Por lo tanto, acá no se halla en discusión una banalidad, porque, al final, de aprobarse la indicación, se estaría acabando con FONASA como fondo único solidario destinado a financiar las atenciones de los beneficiarios públicos del país, para asemejarlo -quiero decirlo con todas sus letras- a uno de propiedad individual mucho más parecido al de las isapres. Y desconozco si eso se encuentra dentro del espíritu del debate legislativo.
En cuanto a lo señalado respecto al apuro, quiero mencionar que nos hallamos -este Ministro y el Presidente de la República- extraordinariamente apurados por sacar adelante este proyecto, porque nuestros adultos mayores no pueden esperar más.
En tal sentido, la iniciativa fue sometida a la consideración del Senado hace más de un mes. Sin embargo, todos los esfuerzos para que fuera analizada en las Comisiones correspondientes fueron nulos. En definitiva, tuvo que forzarse el debate del proyecto de manera extrema colocándole "discusión inmediata", porque de lo contrario la Comisión de Salud del Senado se habría abocado al estudio del aborto terapéutico -es muy razonable que se examine el próximo martes-, y nuestros adultos mayores habrían continuado a la espera del beneficio previsional que se plantea.
En consecuencia, señor Presidente, quiero decir que la aprobación de la indicación surtiría efectos catastróficos. Porque -insisto- terminaría con FONASA como fondo solidario destinado al financiamiento de la salud pública. Con ello, si los cotizantes adultos mayores no aportaran más el 2,7 por ciento para licencias médicas, como contrapartida inmediata el mismo porcentaje aportado por los trabajadores jóvenes de nuestro país dejaría de estar a disposición de nuestros adultos mayores para pagar sus atenciones de salud. Porque aquí se ha propuesto que lo administre otra entidad distinta de FONASA.
Quiero señalar muy enfáticamente que el giro que ha tomado esta discusión a raíz de la indicación presentada se aleja completamente del propósito del proyecto. Y no se trata de que en un mes más se pueda discutir y resolver el asunto, pues se refiere a una materia muy de fondo respecto a la estructura de FONASA.
En definitiva, su aprobación significaría que nuestros adultos mayores no recibirían ahora el beneficio que el Gobierno del Presidente Piñera quiere poner en sus manos, sino en muchísimo tiempo más, porque el análisis de la ordenación financiera de FONASA requiere mayor profundidad.
Así que no nos equivoquemos respecto a lo planteado en esta discusión, que parece banal.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en primer lugar debo decir que, luego de escuchar atentamente al Ministro de Salud, con quien hemos conversado este asunto, queda claro que los recursos que se gastan tanto en salud como en accidentes del trabajo son superiores a los ingresos provenientes de las cotizaciones correspondientes.
Por consiguiente, el Estado hace una contribución, porque el 2 por ciento que va a licencias médicas es inferior al gasto efectivo por tal concepto. De ahí que la asimilación de ese porcentaje es discutible, ya que el costo de la salud es mayor a 7 por ciento.
Sin embargo, quiero expresar mi disposición a conversar y analizar el asunto planteado en la indicación del Senador Letelier, y eventualmente -entiéndase bien mi disponibilidad- a aclarar los puntos controvertidos y a transparentar. Porque tengo claro desde hace tiempo que él es partidario de la eliminación del 2 por ciento para todos, sin distinción. Ello es consistente con lo que ha manifestado hoy.
Creo haber expresado lo que quería decir. También poseo una opinión respecto a la admisibilidad, pero no tiene sentido señalarla.
Es importante entender la urgencia de la aprobación de este proyecto. Porque los técnicos del IPS nos han indicado un período mínimo de 60 días para implementar adecuadamente y sin correr riesgo de equivocación todo lo que significa la eliminación de la cotización legal pertinente.
Por algo fijamos dicho plazo. El texto habla del "día 1° del tercer mes". Y al encontrarnos a fines de agosto, estamos llegando al inicio de esos 60 días para que tal descuento se elimine el 1º de noviembre. No se trata de un capricho. Y entendamos que a todos nos asiste el mismo interés de que el beneficio empiece a operar lo antes posible. Si fuera factible hacerlo en 30 días, lo habríamos hecho. Pero es necesario un período de 60 días.
Formulo un llamado a que despachemos el proyecto. Hemos estado debatiendo un tiempo largo. Hago presente que se registró una votación general sin votos en contra, con 34 a favor. Por lo tanto, hay un claro sentir de los señores Senadores respecto de la iniciativa.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, luego de escuchar al Ministro de Hacienda y de conversar con el Ministro Secretario General de la Presidencia, creo que han quedado claros dos temas.
Por una parte, es bueno que exista transparencia respecto de lo que pasa con los recursos recaudados mediante cotizaciones que, de acuerdo al artículo 85 del decreto ley Nº 3.500, deben destinarse a salud.
De otro lado, el Ministro señor Mañalich ha expresado en parte, basándose en sus recuerdos -entiendo que con absoluta buena fe-, lo que determinó el fallo del Tribunal Constitucional. Este documento plantea que curiosamente no existe una norma legal que autorice el traspaso de recursos descontados para FONASA a fin de pagar subsidios de incapacidad laboral.
Reitero: no existe una disposición legal al respecto. Opera de hecho. Y si Sus Señorías le preguntan a la Dirección de Presupuestos, así lo van a confirmar.
Los subsidios de incapacidad laboral no constituyen una prestación de salud. Legalmente, no lo son, con todo respeto hacia el doctor que nos acompaña en la Sala. Entiendo que el descanso lo considere probablemente una medida terapéutica. Pero, para efectos legales, según lo que nos han informado todos, no es así.
En todo caso, reconozco el ánimo planteado por los Ministros Secretario General de la Presidencia y de Hacienda en orden a avanzar en lo relativo a la transparencia. Pero debe comprenderse que, si bien es cierto el Estado aporta a FONASA -porque los gastos de salud no se financian solo con las cotizaciones- y al Ministerio del Trabajo -según señala esta Cartera, con fondos adicionales de ella se pagan los subsidios de incapacidad laboral-, yo nunca he visto a cuánto ascienden esos recursos.
Y si existe voluntad para que haya transparencia, que eventualmente se estudie crear por ley los dos fondos, para que todos los trabajadores sepamos qué va a salud y qué va a los subsidios por incapacidad laboral. Porque eso nos permitirá saber si estamos gastando en exceso o no las platas que se cotizan para tales subsidios. Todos creemos que allí hay un desvío indebido de recursos. Pero, como no tenemos una contabilidad y una transparencia en esa materia, se trata de un argumento a veces difícil de seguir.
Señor Presidente, voy a retirar la indicación, en el entendido de que el Ejecutivo estudiará efectivamente cómo hacer transparente la situación a la que me he referido.
Mantengo mi opinión sobre el proyecto. Se debería haber eliminado el descuento de 2 por ciento. Yo no tengo facultad para ello. Me hubiese gustado una mayor consistencia respecto de lo que dijo el Presidente Piñera -lo mencionó cuando era candidato- en el sentido de que este descuento era inmoral. Espero que no haya cambiado de opinión acerca del concepto que utilizó. Y ojalá que esta materia se pueda abordar a futuro.
Ninguno de nosotros desea retrasar la implementación de este beneficio para los pensionados y jubilados. Yo trabajo personalmente mucho con ellos. Pero creo que en este punto nos encontramos ante un tema de principios.
Quiero confiar plenamente en la palabra del Ministro de Hacienda en cuanto a que van a estudiar cómo avanzar para que haya transparencia acerca de la generación de estos fondos. Y espero que ese análisis termine reflejándose en un proyecto, para que las platas que van a salud se destinen a salud y las que van a incapacidad laboral se incorporen en otro fondo.
He dicho.
--Queda retirada la indicación.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Señores Senadores, el artículo 126 de nuestro Reglamento dispone que en la discusión general y particular a la vez "Por la sola aprobación en general del proyecto, se entenderán aprobados todos los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones y el Presidente lo declarará así".
En consecuencia, no existiendo indicaciones, corresponde aprobar el proyecto en particular.
--Se aprueba también en particular el proyecto (34 votos afirmativos), y queda despachado en este trámite.