INDULTO GENERAL
El señor GIRARDI (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión general del proyecto de ley, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional, sobre indulto general, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7533-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 18ª, en 17 de mayo de 2011.
Discusión:
Sesión 19ª, en 18 de mayo de 2011 (queda para segunda discusión).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En la sesión de 18 de mayo último este proyecto quedó para segunda discusión. En la de 8 de junio en curso la Sala acordó que hoy se realizaran aquella y la votación general.
Como ya se efectuó la relación de la iniciativa, solo cabe recordar que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó la idea de legislar por tres votos a favor (Senadores señores Chadwick, Espina y Patricio Walker) y uno en contra (Honorable señora Alvear).
El texto que se propone acoger puede consultarse en la parte pertinente del boletín comparado.
Para la aprobación de este proyecto se requieren los votos conformes de 17 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En la segunda discusión, tiene la palabra la Honorable señora Alvear, Presidenta de la Comisión de Constitución.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, la iniciativa cuyo estudio estamos comenzando se originó en un mensaje del Ejecutivo, y su objetivo central es avanzar en la solución del grave problema de hacinamiento que se vive en los recintos penales del país. Ello, por la vía de otorgar un indulto conmutativo general en beneficio de tres grupos de personas cuya libertad se estima que no significará un riesgo desde el punto de vista de la seguridad pública.
Los beneficiarios del indulto serían:
1.- Las mujeres actualmente condenadas y privadas de libertad que hayan cumplido dos tercios de la pena o que, faltándoles un lapso mayor, sean madres de hijos menores de dos años;
2.- Quienes cumplen una condena bajo la modalidad del beneficio penitenciario de permiso de salida controlada al medio libre, y
3.- Las personas que cumplen una condena mediante el beneficio de reclusión nocturna en establecimientos de Gendarmería de Chile.
Además, el proyecto establece un catálogo de delitos a los cuales no se hará extensivo el referido indulto. Entre ellos figuran ilícitos de connotación social, tales como el secuestro, la violación, la violación con homicidio, el homicidio calificado.
Tampoco se concederá el indulto a quienes hayan cometido los delitos contemplados en la ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes.
Complementariamente, quedan también excluidas de este beneficio las personas condenadas por los ilícitos consignados en la ley N° 18.314, sobre conductas terroristas.
En el debate de esta iniciativa en la Comisión participó el señor Ministro de Justicia, con quien se analizaron sus alcances, teniendo en consideración especialmente el impacto que el beneficio en comento puede provocar desde la perspectiva de la seguridad ciudadana.
El mencionado Secretario de Estado informó que el indulto que se propone favorecerá a unas 6 mil personas, de una población penal que se aproxima a las 55 mil.
También analizó la situación de los tres grupos de beneficiarios contemplados por la iniciativa, y explicó las razones por las cuales el hecho de concederles la libertad no impactará en la seguridad de la ciudadanía. En efecto, según el señor Ministro, la mayor parte de ellos ya se encuentran en el medio libre, por estar gozando del permiso de salida controlada o del régimen de reclusión nocturna (solo van a pernoctar a las cárceles).
Por otra parte, con relación a las mujeres condenadas, dicho Secretario de Estado explicó las condiciones de dureza en que cumplen sus penas, agregando que el grupo favorecido es bastante más reducido: solo 150 personas.
Manifestó que, además de no preverse un efecto adverso en materia de seguridad, el indulto generará una liberación de plazas en los recintos penales, lo cual resulta prioritario en este momento.
Asimismo, destacó que los condenados beneficiados por el indulto quedarán sujetos a un período de vigilancia por un plazo de cinco años, lo que se materializará a través de un sistema de firma mensual.
Efectuado su análisis, la Comisión estimó conveniente recabar la autorización de la Sala para, con motivo del primer informe, discutir el proyecto en general y particular a fin de efectuar algunas precisiones en su texto, especialmente en cuanto a los delitos excluidos del indulto.
Obtenida la autorización y concluido el debate en general, la Comisión, por la mayoría de sus miembros presentes, aprobó la idea de legislar.
Luego, con la misma votación, aprobó su articulado, haciendo algunos ajustes (principalmente -como señalé- para precisar los delitos respecto de los cuales no procederá el indulto) y efectuando enmiendas formales a la redacción.
Como ya expresó el señor Secretario, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó la iniciativa por mayoría (tres votos contra uno) y le recomienda a la Sala acogerla en general.
Señor Presidente, para no hacer uso de la palabra nuevamente, deseo dar en seguida mi opinión personal respecto al proyecto de ley en debate.
En primer lugar, comparto absolutamente la idea de racionalizar el uso de los recintos penales. No es admisible que tengamos el récor de ser el país de América Latina con el mayor número de reclusos que cumplen sus condenas intramuros. Francamente, constituye una vergüenza.
Por consiguiente, avanzar con el objeto de establecer medidas alternativas a las sanciones privativas de libertad me parece fundamental.
De otra parte, considero importantes algunas iniciativas legales que el Ejecutivo ha presentado en aquella dirección.
Me refiero, por ejemplo, al proyecto -ya lo despachamos- modificatorio del sistema de otorgamiento de libertad condicional, que establece la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad (sobre esto último abrigo ciertas dudas que voy a especificar después).
Tenemos otra iniciativa, sobre medidas alternativas a las sanciones privativas de libertad, la que precisamente fue aprobada en general hoy por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Con todo, señor Presidente, fruto del hacinamiento que impera actualmente en las cárceles, estamos frente a una situación crítica que requiere, a mi juicio, una política penitenciaria que aborde el problema a corto, mediano y largo plazos.
La Sala del Senado, en la sesión especial que celebró el 5 de enero del año en curso, después de la desgracia de la cárcel de San Miguel, adoptó por unanimidad el acuerdo de enviarle al Presidente de la República un oficio -se concretó el 19 del citado mes- para pedirle que tomara medidas a corto, mediano y largo plazos; y se le otorgó un término de 60 días para que presentara la propuesta de una política penitenciaria dentro de aquellos márgenes.
Señor Presidente, la fijación de una política penitenciaria pasa por muchos aspectos, algunos de los cuales pueden solucionarse a muy breve plazo.
Preocupa a propósito de este indulto -y yo comparto la inquietud- el hecho de que algunas personas cumplan reclusión nocturna fuera de los recintos penitenciarios, y otras, dentro de ellos.
El Ministro de Justicia ha dicho que al interior de las cárceles cumplen pena de reclusión nocturna, aproximadamente, 2 mil 500 personas.
El indulto propuesto beneficiaría a esas personas, quienes ocupan plazas, más las 150 mujeres contempladas también en él.
Pues bien, señor Presidente -así se lo señalé al señor Ministro en su oportunidad en la Comisión-: podría presentarse de inmediato al Congreso Nacional un proyecto de ley que estableciera la eliminación de la reclusión nocturna.
¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que a alguien que maneja en estado de ebriedad y ocasiona lesiones a un tercero lo mandemos a dormir a la cárcel? ¡Ninguno! Es preferible, en ese caso, una sanción que signifique retirarle la licencia de conducir. ¡Para qué la reclusión nocturna en un recinto penitenciario!
Podemos aprobar una iniciativa de ley de tal índole. Y no solo se beneficiaría a las 2 mil 500 personas que se verían favorecidas si se aprobara el indulto sugerido, sino que además habría una política permanente, efecto que me parece fundamental.
Lo mismo sucede con relación a las multas como penas accesorias.
Pienso, señor Presidente, que hay un conjunto de materias sobre las cuales podemos avanzar en la legislación.
Por cierto, en el acuerdo del Senado se solicitaron cosas mucho más radicales.
Ahora bien, valorando el trabajo realizado desde el Ministerio de Justicia, debo expresar que lo planteado en el proyecto que nos ocupa no constituye una solución. Porque en definitiva, por las cifras que el señor Ministro nos entregó en la Comisión, aproximadamente -es muy difícil precisar al respecto- se beneficiaría a 6 mil personas.
De ellas, 150 están verdaderamente recluidas (me refiero a las mujeres que permanecen día y noche en la cárcel).
Otras 2 mil 300 se hallan bajo reclusión nocturna, pero no en recintos penitenciarios, lo cual no impacta en el hacinamiento.
Sí hay 2 mil 500 personas bajo reclusión nocturna en cárceles (van a dormir a ellas).
Ahí es donde yo insisto en que, en lugar de liberar a 2 mil 500 personas hoy...
El señor GIRARDI (Presidente).- Perdón, señora Senadora, pero concluyó su tiempo.
La señora ALVEAR.- He ocupado más tiempo porque primero informé el proyecto como Presidenta de la Comisión de Constitución. Ahora estoy interviniendo como Senadora.
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede hacerlo, Su Señoría.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, son 2 mil 500 las personas que se encuentran solo en reclusión nocturna. A ellas las favorecería el indulto.
Insisto: si aprobamos el indulto, 2 mil 500 personas estarán fuera. Pero el problema puede volver a surgir.
Entonces, ¿por qué no tomamos una decisión definitiva?
Si esa será la política penitenciaria, analicemos un proyecto de ley, que se le fije "discusión inmediata" y saquémoslo en una semana, para que aquella tenga carácter permanente.
No creo en las políticas de parches, en las políticas que se estiman pertinentes en cierto momento para desatochar las cárceles.
Siempre he dicho que las medidas alternativas a las penas privativas de libertad son esenciales, forman parte de una política penitenciaria.
Sin embargo, esto no es una política penitenciaria, sino una medida que -reitero- incide en 150 mujeres privadas de libertad, quienes (dicho sea de paso), atendida su lamentable situación, una a una, no como norma general, podrían haber sido objeto de indulto particular por parte del Presidente de la República. Todos sabemos muy bien de su facultad constitucional para otorgar indultos particulares -no generales-, contemplada en el numeral 14 del artículo 32 de la Carta Fundamental. De manera que, si existen personas en tal situación, el Primer Mandatario puede conceder indultos particulares, no generales (eso no lo discuto).
Según leí en la prensa, durante el período del Presidente Piñera se han otorgado 2 o 3 indultos. A lo mejor el señor Ministro puede aclararnos el punto.
Entonces, el efecto de esta iniciativa es muy reducido. Porque, si existe la intención del Ejecutivo de beneficiar a 6 mil personas, la pregunta es por qué no ha otorgado indultos particulares (no generales) que podrían haber significado desatochar las cárceles.
En lo concerniente a las personas que cumplen reclusión nocturna -insisto-, basta el envío de una iniciativa de ley para los efectos de solucionar el problema existente.
En definitiva, no creo que estemos frente a medidas que permitan tener una política penitenciaria real.
Hay un último punto que quiero destacar, señor Presidente; lo he planteado siempre en la Comisión, y volví a hacerlo hoy.
Aquí se establece un indulto conmutativo para que algunas personas cumplan trabajos en beneficio de la comunidad.
Yo pregunto cuáles van a ser esos trabajos; quién los controlará; quién va a otorgarlos; cómo las personas que estaban condenadas serán capacitadas para realizarlos.
Alguien me consultaba días atrás quién va a vigilar para que el empleador no abuse de aquellos que estén cumpliendo un trabajo en beneficio de la comunidad.
Al respecto, señor Presidente, siempre he insistido en que se requiere un servicio especializado -y así lo acordó unánimemente el Senado en el oficio que se le envió al Primer Mandatario-, conformado por psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras, o sea, por profesionales distintos del personal de Gendarmería que apoyen a los delegados de libertad vigilada, funcionarios que han sido formados en dicha Institución.
No resulta admisible que dentro de Gendarmería existan aquellas funciones.
Valoro enormemente a los gendarmes. Sin embargo, fueron formados para otra cosa.
Señor Presidente, yo estoy por una política penitenciaria que contemple la prevención y las penas privativas de libertad intramuros cuando se justifiquen. Empero, para esto último se requieren más recintos penitenciarios y una política permanente que contemple la existencia de penas alternativas y de sistemas de rehabilitación para que las personas condenadas -o la mayor cantidad de ellas- puedan reinsertarse verdaderamente en la sociedad.
Creo que, desde el punto de vista ético -voy a decirlo de todo corazón-, y en la medida en que siempre he abogado por la existencia de una política penitenciaria, la que nos ocupa no es la solución.
Por ende, falta dar cumplimiento al oficio que aprobamos unánimemente en enero recién pasado para que el Primer Mandatario, en sesenta días, determinara o mandara su propuesta en tal sentido. Eso es lo que precisamos: una política penitenciaria real.
Me parece que el indulto es un parche que beneficia a pocos y que se requiere una estructura más permanente. Y si algunos lo necesitan, para ello está la facultad constitucional del Presidente de la República.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BULNES (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, pienso que lo primero es agradecer el informe de la Honorable señora Alvear, porque, con independencia de que haya votado en contra, tengo que destacar que su reporte del proyecto es completamente objetivo.
Deseo explicar también, como contexto de la iniciativa, frases que manifesté en la Comisión, como bien consignaba la señora Senadora, pero que estimo importante reiterar también frente a esta Corporación.
Hoy día, la población penal llega a 54 mil internos, aproximadamente, lo que nos inscribe como uno de los países con la mayor tasa de encarcelados por cada cien mil habitantes. La tasa de hacinamiento es del orden de 60 por ciento, lo que quiere decir que 160 personas, en promedio, se encuentran encerradas donde caben cien. Y ese problema, además, se concentra en forma aguda en algunos penales, donde la cifra puede llegar a 300 o, a veces, 400 por ciento.
Me he dedicado a recorrer esos establecimientos desde que asumí las funciones de Ministro de Justicia, y puedo transmitirle al Senado el testimonio de haber visto situaciones que comprometen claramente la más básica dignidad de los reclusos. El hecho de que 16 o 17 de ellos duerman en celdas de dos metros cuadrados por dos es un compromiso serio de la dignidad, de los derechos humanos, y, finalmente, aunque no nos guste, nos retrata como sociedad. Porque, muchas veces, la mejor forma de conocer esta última es visitando sus recintos penales. Y lo que allí se registra es preocupante.
Estamos empeñados, a través de distintos caminos de acción, en mejorar tal realidad, la cual obedece a una deuda histórica que contrajimos como Estado hace ya demasiado tiempo.
Como bien lo consignó la Honorable señora Alvear, estamos impulsando un conjunto de iniciativas legales que implican una mirada distinta del asunto.
En la Cámara de Diputados se aprobó, por una amplia mayoría, el proyecto sobre las penas alternativas, el cual incluye, entre otras cosas, el brazalete electrónico, pero también muchas más, y que va a implicar un salto cualitativo en el enfoque de nuestras reacciones penales.
También estamos tramitando en el Senado y el Congreso, en general, iniciativas que dejen de sancionar con cárcel el no pago de las multas de dinero; otra que busca objetivizar el otorgamiento de la libertad condicional y eliminar la participación en la materia de los secretarios regionales ministeriales de Justicia, y otra que se hace cargo de las penas cortas, tratándose de delitos que no sean graves, y establece la posibilidad de servicios en beneficio de la comunidad.
Todas las medidas mencionadas son de carácter permanente y, sin duda, provocarán un efecto positivo en la situación de hacinamiento, de congestión.
A ello contribuirá, asimismo, la construcción de más cárceles, que estamos planeando y planificando sobre la base de la idea de segregación total, de manera que existan las de presos de baja peligrosidad, de mediana peligrosidad y de alta peligrosidad.
Se contempla, igualmente, un centro de clasificación y derivación, del que el país carece y que resulta fundamental, en el cual logremos enterarnos, en definitiva, del perfil de las personas que estamos condenando y si corresponde o no enviarlas a un recinto u otro, de manera de ponerle fin al concepto de que la universidad del delito se halla instalada en nuestras propias cárceles, donde tiene lugar el contagio de las malas prácticas.
Además, estamos haciendo cambios en Gendarmería, y contemplando el estímulo vía reglamento para el trabajo intrapenitenciario.
Se trata de un plan integral, señor Presidente, que tiende a modificar de manera permanente nuestro sistema carcelario. Asumimos que se pueden hacer muchas otras cosas, pero creemos que estos son pasos importantes para empezar a cambiar la realidad.
Y dentro del paquete que busca solucionar el grave hacinamiento, la seria crisis carcelaria, se inscribe también el proyecto de ley en debate.
Quisiera ratificar quiénes son los beneficiarios del indulto conmutativo sobre el cual estamos conversando hoy día, dentro del plan de descongestión.
La iniciativa se inspira en la adopción de medidas permanentes, pero asimismo tenemos que actuar hoy día, ahora. Enfrentamos una urgencia y una crisis que no pueden dejarnos impávidos.
En tal sentido, rescato lo que fue, en su momento, la reacción de distintos señores Senadores, tanto desde un punto de vista grupal como individual, quienes, tras la tragedia de la cárcel de San Miguel, se acercaron a ofrecerme su colaboración, su ayuda, en los trabajos que veníamos desarrollando.
Habiendo escuchado las expresiones de esa disposición, vengo a invocarlas hoy día, porque insisto en que existen medidas, no solo permanentes, sino también puntuales, que nos obligan a actuar respecto de la crisis carcelaria. Hay seres humanos, caras y sufrimiento con expectativas ante un proyecto como el de estas características.
No es, simplemente, una discusión teórica, una formulación legal. Son personas hacinadas, y no sé cuándo el Estado definió que íbamos a tratarlas como a animales. Eso tenemos que revertirlo, que cambiarlo.
La iniciativa contempla tres grupos de beneficiarios.
Uno de ellos es el de quienes gozan de salida controlada al medio libre. Me explico: son quienes ya han cumplido un cierto grado de su condena y han mostrado tal evolución en su conducta y disposición a rehabilitarse que no solo obtienen el egreso dominical, de fin de semana, sino también todos los días, y simplemente van a dormir a la cárcel.
De aprobarse el indulto -sé que hoy se vota solo en general-, se beneficiarían del orden de 850 personas.
Es importante destacar que este grupo comprende a quienes están circulando libremente todos los días, pero ocupan camas que es preciso reservarles durante la noche y que explican, por ende, una situación de hacinamiento que se tiene que resolver. Se requiere usar más eficientemente nuestras cárceles.
¿Cuál es el sentido de que a los que ya están libres, en este caso, sea necesario reservarles la cama para cuando vuelven en la noche, contribuyéndose, con ello, a una congestión -insisto- literalmente inhumana?
El segundo grupo comprende a las mujeres.
En esto deseo hacer un énfasis, señor Presidente: el Estado, por décadas, no ha hecho nada en favor de ellas en esta materia. Y la política penitenciaria tiene que considerar un enfoque promujer. Las condiciones de su reclusión son especialmente duras. Mientras al hombre lo va a ver su pareja femenina una vez recluido, a la mujer se le "pierde" su pareja masculina en el mismo caso y, por lo tanto, sus vínculos afectivos con el mundo exterior son especialmente precarios. Distintos convenios o recomendaciones internacionales nos han conminado a una mirada promujer en lo referente al mundo carcelario.
El indulto beneficia a aquellas con dos tercios de la pena cumplida. Tratándose de las que tengan hijos menores de dos años, se relaja el requisito en seis meses.
Juzgamos que es una medida muy importante. Constituye un primer paso que da el Estado -va a beneficiar a 150 mujeres-, pero fundamental.
Y el tercer grupo comprende a quienes se hallan en reclusión nocturna, los cuales, como se ha consignado bien, simplemente van a dormir a la cárcel.
Este último grupo de beneficiarios no es de personas privadas de libertad; no califican dentro de los 54 mil presos. Si bien no cuentan dentro de esa población penal, igual ocupan cerca de 2 mil 500 camas, que necesitamos reservar para los internos de verdad y no para quienes van simplemente a dormir al establecimiento penitenciario.
Hago presente que el indulto, en cifras, permite liberar en el corto plazo, para responder a la urgencia, cerca de 3 mil 400 plazas, lo cual equivale a más de lo que podría representar la construcción de dos cárceles. Y es una solución importante en el corto plazo -reitero- por razones básicas de humanidad, de descongestión, para hacer frente a una crisis que no puede mantenernos impasibles.
Quisiera hacer algunas rectificaciones respecto a la reclusión nocturna. Estamos tramitando un proyecto de ley y la idea es reemplazarla por la reclusión parcial. En el futuro vamos a supervisarla con monitoreo telemático, porque la medida será de carácter domiciliario, no penitenciario. Pero, aunque aprobáramos mañana la iniciativa con urgencia, no alcanzaría a cubrirse la vacancia de aquí a la implementación del sistema de monitoreo. Nos va a tomar, más allá de la gradualidad, entre un año y un año y medio el que esté completamente en régimen.
Y, además, la reclusión nocturna no se refiere solo a los condenados por manejo en estado de ebriedad, sino también a los que lo son por lesiones leves, receptación, hurto y otros delitos menores.
En seguida, el indulto conmutativo en tramitación no regula servicios en beneficio de la comunidad. Ese es otro proyecto de ley. Por lo tanto, el dilema planteado por la Honorable señora Alvear vamos a tener que discutirlo, pero no con motivo del articulado en examen.
Y, por último, se contempla la exclusión del beneficio en la medida en que se hayan cometido delitos relevantes: homicidios; violaciones; abusos contra menores; robos de cualquier forma -con violencia, con intimidación-; narcotráfico, microtráfico.
Adicionalmente, estamos incluyendo como requisito un compromiso de no volver a delinquir, en términos tales que, si los beneficiarios lo hacen, a la nueva condena se le va a agregar el saldo remitido producto del indulto.
Creo que esta es una iniciativa conveniente que nos mejora como sociedad, que nos permite reaccionar ante una crisis y descongestionar nuestro sistema carcelario, lo que requiere respuestas permanentes, pero también inmediatas.
Quisiera expresar, finalmente, respecto a la pregunta de si se podría recurrir a la vía del indulto particular -se lo he explicado a algunos señores Senadores-, que la medida de que se trata favorece a una gran cantidad de personas. Es lo que se conoce como un indulto de carácter indeterminado, general, cuyo otorgamiento se reserva exclusivamente al Congreso por disposición de los artículos 63 y 65 de la Constitución Política, siendo esa, por lo tanto, la forma legal de poder implementarlo.
En consecuencia, señor Presidente, en mérito de lo expuesto y de otras aclaraciones que puedan surgir en el curso del debate, llamo encarecidamente a la aprobación, para responder a una crisis que demanda respuestas inmediatas.
Muchas gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Estoy consultando un dato, señor Presidente.
¿Se puede alterar el orden para intervenir?
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede hacer uso de ella el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, frente a un proyecto como el que nos ocupa, uno tiene la obligación de darle muchas vueltas, porque el asunto es serio.
No pretendo repetir todo lo que han dicho aquí la Senadora señora Alvear o el señor Ministro de Justicia respecto de la situación carcelaria.
Como dijo alguna vez, entre otras cosas, el Ministro señor Juica, Presidente de la Corte Suprema, ella es fruto, en parte, del discurso político; del discurso de la clase política, en general. Algunos le destinan a este más tiempo. Otros le dedicamos menos.
Se halla de por medio la sensación de que el problema de la delincuencia y la inseguridad se resuelve con más cárcel, más sanciones. Cuando aparecen las encuestas de victimización, los medios de comunicación social llaman a veces a los parlamentarios, especialmente en Regiones, y nos preguntan: "¿Qué van a hacer ustedes?". Esperan la respuesta: "Aumentar las sanciones; fijar más penas privativas de libertad; aplicar tolerancia cero; hacer prevalecer la ley y el orden".
Ese es el discurso político determinante de que Chile, como bien decía mi Honorable colega Alvear, tenga hoy día a tanta gente cumpliendo condena intramuros, en la cárcel, y en medio de tanto hacinamiento. Ello, independientemente de las insuficiencias que puedan existir en materia de infraestructura, a pesar de haberse avanzado bastante en ese sentido en los últimos años.
La cuestión tiene que ver más bien con una concepción de cómo consideramos los procesos de rehabilitación y reinserción o cuál debe ser el rol del Estado en materia de seguridad pública.
Y, por eso, al leer el proyecto, a mí al menos me parece razonable. Lo que no estimo en la misma forma es que lo plantee una Administración que ha profitado justamente de un discurso político que se basa en el fin de la puerta giratoria, en la tolerancia cero.
Es más, el programa de Gobierno planteado por el actual Mandatario en su campaña como candidato -¡quien condenaba al Presidente Frei por un solo indulto!-, expresaba:
"Gracias a estas políticas," -se refería a las que se iban a implementar- "a las que se incluyen en otras secciones de este programa (...), y a las reformas legales para restringir las libertades provisionales a las personas que representan un peligro para la sociedad, se hará realidad el "Candado de la Puerta Giratoria".
¡El candado de la puerta giratoria! ¡Porque la Concertación la estableció...! ¡Éramos muy blandos...! ¡Éramos garantistas...! ¡Nos preocupábamos más del delincuente que de la víctima...!
¡Cómo cambia la vida, señor Presidente! Porque lo que está haciendo hoy día el Gobierno es exactamente todo lo contrario a lo predicado por el Primer Mandatario durante toda su campaña: tolerancia cero, fin a la puerta giratoria, aplicación de la ley y el orden.
¡Es el discurso político que tiene hoy día hacinadas las cárceles! ¡Es el discurso demagógico, irresponsable, poco serio!
El señor PROKURICA.- ¿Y el Gobierno de ustedes, por Dios?
El señor ROSSI.- Como al menos he tratado de ser coherente en mi vida, creo en los argumentos y fundamentos del proyecto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Que le pongan un candado a...!
El señor ROSSI.- Le creo al señor Ministro de Justicia cuando expone que ha recorrido los centros penales y se ha dado cuenta de la realidad de la violación a los derechos humanos. He leído los informes en la misma dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Lo importante es que entendamos justamente que no vamos a resolver la cuestión de la inseguridad con más cárcel, más sanciones, más hacinamiento; que tenemos que preocuparnos de la dignidad de la persona; que los internos también tienen derechos humanos.
En consecuencia, ese discurso que hacía ver de alguna manera al delincuente como un ser infrahumano, sin derechos, es solo demagógico. Sirve para ganar algunos votos en las elecciones, porque la gente quiere escuchar a veces eso; pero no es serio, no es el de un estadista.
Por mi parte, voy a votar a favor del proyecto, señor Presidente. Y, por eso, quería expresar que me parece una incoherencia que el Gobierno que lo presenta sea el que acusó a la Concertación precisamente de hacer mucho menos de lo que él está planteando hoy día en este sentido.
Pero creo en los argumentos y en que es necesario dar un uso racional a la cárcel, y pienso, además, que en la iniciativa queda absolutamente resguardado lo de que no se va a indultar a personas que hayan cometido ilícitos graves. Ahí están los distintos delitos que se contemplan. Y una indicación de los Senadores señor Patricio Walker y señora Alvear, que fue aprobada, se refiere a los cómplices o los encubridores. Porque no se favorecerá a violadores de derechos humanos.
Estimo que numerosas mujeres no debieran encontrarse hoy día recluidas, incluso microtraficantes en la Región que represento -a lo mejor, es impopular lo que voy a decir-, quienes son víctimas justamente de los carteles del narcotráfico. El 80 o 90 por ciento de las privadas de libertad en la cárcel de Pozo Almonte, en la provincia del Tamarugal,corresponden a delitos relacionados con la ley Nº 20.000 y el microtráfico, y son víctimas de lo mismo: la marginalidad, la exclusión, la pobreza. Son situaciones que se viven en zonas limítrofes como la Región de Tarapacá.
Entonces, ¿la solución se halla en más cárcel? Me parece que no. Se encuentra en más oportunidades, en rehabilitación, en prevención, y la cárcel se debe destinar a delitos que realmente la requieran.
Por eso, exhibe coherencia, justamente, el planteamiento de que los condenados a reclusión nocturna queden libres. ¿Pueden ser considerados un peligro para la sociedad si ya les dieron la libertad durante todo el día? Es una cosa hasta absurda, desde el punto de vista conceptual: pueden delinquir a plena luz, pero en la noche se encuentran recluidos, ocupan camas y contribuyen al hacinamiento.
Así que, desde esa perspectiva, y habiendo manifestado mis reparos respecto de la actitud exhibida en la campaña presidencial y, en general, acerca de un discurso muy enraizado en la clase política, me hice la pregunta -se la formulé también al Ministro señor Bulnes- de si son necesarios un proyecto de ley y la competencia del Poder Legislativo para indultar a todo este grupo de personas o es posible que el Primer Mandatario recurra a la ley Nº 18.050, sobre concesión de indultos particulares, y su reglamento.
Habiendo llegado a la convicción de que la respuesta es negativa, esa es la razón por la cual votaré finalmente a favor del proyecto. Porque si pensara que el Presidente puede firmar 6 mil indultos particulares, en virtud de la facultad que le otorga la Constitución, concluiría que la iniciativa no es necesaria.
Espero que el Ministro de Justicia y el Gobierno efectivamente asuman la crisis penitenciaria y lleven adelante una política de Estado en esta materia.
Es cierto que el proyecto en análisis no resuelve todo el problema, pero creo que sí avanza en la dirección correcta.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Se ha solicitado abrir la votación.
El señor NAVARRO.- Pero que se mantengan los tiempos para intervenir.
El señor GIRARDI (Presidente).- Por supuesto.
¿Habría acuerdo para cerrar el debate y proceder en tal sentido?
--Así se acuerda.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Eduardo Frei, para fundar el voto.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, este proyecto es una reacción al trágico incendio que se registró en la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre pasado, el cual causó la muerte de 81 reclusos.
A mi juicio -y después de escuchar, en especial, al Ministro de Justicia-, nos encontramos ante una medida de parche, que no soluciona el problema de fondo.
Si el Gobierno busca reducir el elevado y generalizado nivel de hacinamiento e inhabitabilidad que se vive en nuestras cárceles y centros de detención, en los que se registra cerca de 60 por ciento de sobrepoblación penal -también lo dijo el Ministro-, entonces el camino no es el indulto, por muy restringido que sea.
Por el contrario, lo que el país requiere es una verdadera política en materia criminal, que sistematice nuestro catálogo de delitos y sanciones, de manera de establecer una relación más lógica entre la gravedad de los ilícitos y las penas asignadas.
Lejos de lo que se ha pregonado desde hace muchos años, debemos erradicar la idea de creer que la cárcel es la primera y única alternativa. Por el contrario, el país ha de racionalizar el uso de los recintos penitenciarios y reservar las penas privativas de libertad para los delitos más graves. Nada de eso está en la presente iniciativa.
Por lo tanto, reitero que el sistema de indulto general propuesto es una solución parcial y no resuelve el verdadero problema de la sociedad chilena en este ámbito.
Pienso que la solución es despachar los proyectos que se encuentran en las distintas Comisiones -del Senado y de la Cámara de Diputados- y que fueron especificados por la Senadora señora Alvear y también por el propio señor Ministro, quien los ha apoyado.
Dicho Secretario de Estado, además, señalaba que en algunos casos se resolverán situaciones de condenados con dos tercios de la pena cumplida. ¡Pero si con la legislación actual perfectamente esas personas pueden salir en libertad de inmediato! Hasta con 50 por ciento de la pena cumplida, es posible hacerlo.
Por consiguiente, me parece que ese es el camino definitivo.
Al mismo tiempo, quiero referirme a dos o tres aspectos que considero importante abordar.
En primer lugar, la Constitución Política faculta al Presidente de la República para otorgar los indultos particulares que estime pertinentes. De esta manera, si se requieren decisiones específicas respecto de un número acotado de personas, el Jefe de Estado ya dispone de la herramienta para conceder el beneficio, sin que se necesite acudir a una ley general, como la que se está proponiendo.
En tal sentido, hago un llamado al Presidente de la República para que ejerza sus atribuciones como corresponde y no le endose al Parlamento la responsabilidad de indultar a personas privadas de libertad.
Si el Primer Mandatario no quiere o no le gusta usar esa potestad que la ley le confiere, sugiero que se envíe un proyecto para derogarla o que se busque otro mecanismo para reducir la sobrepoblación en las cárceles chilenas. Pero no le traspase esa responsabilidad a otro Poder del Estado.
Además, cabe recordar que en la pasada campaña presidencial se me atacó duramente por los indultos que concedí en mi calidad de Jefe de Estado y se me acusó de haber abierto la puerta a la delincuencia al hacer uso de esa facultad.
Yo, al menos -lo digo solemnemente-, asumí las consecuencias de las decisiones que tomé, y nunca esperé que otro Poder del Estado se hiciera cargo de competencias que me eran propias como Presidente de la República.
Asimismo, quiero mencionar que en mi Gobierno, siendo Ministra de Justicia la señora Soledad Alvear, llevamos adelante dos tareas fundamentales.
La primera fue la reforma procesal penal, considerada la modificación legal más importante del Estado en este ámbito en cien años.
Al iniciarse su discusión en el Parlamento hacia 1995, según cifras oficiales, había 22 mil 700 personas en estado de cárcel. Cuando comenzó su implementación, en 1998 -se aplicó primero en las Regiones de Coquimbo y de La Araucanía-, la población penal llegaba a cerca de 28 mil reclusos. Hoy día, como indicó el Ministro, asciende a alrededor de 54 mil. Por consiguiente, la tesis de que nosotros estábamos indultando a los delincuentes y de que estos no se encontraban en las cárceles se contradice absolutamente con las cifras entregadas.
La segunda tarea se abordó en el marco de una política penitenciaria. Tengo la tranquilidad de decir que construimos 120 mil metros cuadrados de recintos carcelarios, la cantidad más alta de edificación en esta área durante todo el siglo XX, década por década: ¡120 mil metros cuadrados!
No daré todo el detalle, pero sí que hubo reposición, ampliación o construcción en Arica, Iquique, Pozo Almonte, Tocopilla, Copiapó, Quillota, Valparaíso, Rancagua, San Fernando, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Chaitén, Osorno, Puerto Montt, Chile Chico, Puerto Aysén, Porvenir y Santiago (Colina II y el centro de detención Santiago Sur). Entre los trabajos más importantes, se encuentran la cárcel de Arica, con casi 20 mil metros cuadrados, y la de Valparaíso, con más de 30 mil.
Se trata de recintos en los cuales se empleó el sistema señalado por el Ministro; o sea, los distintos presos estaban absolutamente segregados y había talleres para rehabilitación y para trabajo.
Además, se aumentó el número de gendarmes en cerca de 31 por ciento; se incorporó moderna tecnología en vigilancia, control de acceso y comunicaciones para elevar los niveles de seguridad, etcétera.
Eso es parte de lo que se hizo en un momento determinado.
Por otro lado, debo manifestar que, en el curso de la campaña presidencial pasada, se prometió al país terminar con la denominada "puerta giratoria" y que los delincuentes cumplirían toda su condena en la cárcel.
Al respecto, leo textualmente: Gracias "a las reformas legales para restringir las libertades provisionales a las personas que representan un peligro público para la sociedad, se hará realidad el `Candado a la Puerta Giratoria', que va a asegurar que los delincuentes cumplan efectivamente sus penas, y las víctimas y la gente honesta tenga más seguridad y menos temor".
En mi concepto, nos encontramos ante un nuevo incumplimiento de las promesas de campaña y frente a una iniciativa que no resuelve ni siquiera mínimamente las condiciones de hacinamiento que hoy día existen en los recintos penitenciarios chilenos.
Reitero mi respaldo a los planteamientos de la Senadora señora Alvear y a lo que nos ha dicho el Ministro acerca de los proyectos en trámite, que estamos dispuestos a aprobar -el Senado se comprometió a ello en una sesión especial en enero- para resolver definitivamente el problema.
Cada uno debe asumir su responsabilidad.
Por lo tanto, votaré en contra de este proyecto tanto en general como en particular.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, no es fácil tomar una decisión respecto a esta iniciativa.
Todos compartimos el argumento de que en nuestro país hay gran sobrepoblación carcelaria, hacinamiento y, en consecuencia, incapacidad absoluta para llevar adelante rehabilitación, prevención, seguimiento, en fin.
Como país, nos falta una verdadera política penitenciaria. Se ha anunciado una, pero todavía no se ha implementado. Y ya llevamos un año y tres meses de Gobierno.
El presente proyecto es muy puntual.
Pretende beneficiar, por distintos conceptos, según las cifras entregadas, a cerca de 6 mil personas, entre ellas, a 150 mujeres.
Se busca favorecer a los siguientes grupos: a las mujeres actualmente condenadas y privadas de libertad que hayan cumplido dos tercios de la pena o que, faltándoles un lapso mayor, sean madres de hijos menores de dos años; a los condenados que cumplen la pena bajo la modalidad de beneficio penitenciario de permiso de salida controlada al medio libre, y a los condenados que cumplen su pena mediante el beneficio de reclusión nocturna en establecimientos de Gendarmería de Chile. A todos estos se les exigirá someterse a un periodo de observación.
Pero lo que es doloroso y, más aún, irritante, es que hoy estamos en presencia de una iniciativa enviada por un Gobierno -sé que el Ministro de Justicia ha hecho todo lo posible por dialogar y nos ha entregado sus argumentos, que son razonables desde el punto de vista del hacinamiento- que ha actuado de manera incongruente en esta materia.
Escuché la intervención del ex Presidente Frei y tiene toda la razón: él fue denostado; se le trató mal durante la campaña presidencial pasada; se le presentó como el Mandatario que indulta a narcotraficantes, y en esa lógica, los miembros de la Concertación éramos los garantistas, los débiles, los que no entendíamos de seguridad ciudadana, los responsables en este país de que la gente se sintiera intranquila y de que hubiera "puerta giratoria", y así otros tantos calificativos más.
Entonces, duele que, después de todo aquello, hoy día nos manden este proyecto y se pase al Congreso la responsabilidad de aprobarlo.
El Presidente Piñera efectivamente puede hacer uso de su facultad para indultar, ejercicio que -como se ha dicho con toda claridad- es individual, caso a caso. La ventaja de tal potestad radica en que la persona favorecida queda plenamente identificada y se sabe exactamente cuáles son las razones que justifican o no su indulto.
Sin embargo, aquí se pretende que el beneficio sea mayor, más genérico. Por eso se recurre a esta iniciativa legal.
La verdad es que tengo sentimientos encontrados sobre el particular.
A estas alturas, el Primer Mandatario podría haber indultado a muchas mujeres que están en la situación descrita por el Senador señor Rossi. Me refiero a ciertas personas detenidas por microtráfico: a las llamadas "burreras", que cometieron un delito muy común en las fronteras de nuestro país, probablemente por razones que ya conocemos (problemas sociales, económicos; por ser jefas de hogar sin oportunidades; en fin).
En todo caso, como aquí se ha mencionado, es imposible no recordar expresiones emitidas durante la campaña presidencial pasada. Un extracto del Programa de Gobierno del Presidente Piñera dice: "En el Gobierno de la Coalición por el Cambio, por ejemplo, la responsabilidad de ganarle la batalla a la delincuencia no será delegada en un subsecretario, sino que será asumida por el propio Presidente de la República. No se engañe nadie y ténganlo presente los delincuentes: el Gobierno del Cambio no será neutral en este combate. Siempre estará del lado de las víctimas, de las mujeres maltratadas, de los que viven atemorizados en sus propias casas o negocios y deben recogerse apenas se pone el sol. Se aplicará todo el rigor de la ley a quienes hasta hoy, en forma casi siempre impune, se pasean como Pedro por su casa, por las calles, plazas y parques, actuando sin Dios ni Ley.".
Prefiero no seguir leyendo, porque, al hacerlo, casi me dan ganas de votar en contra del proyecto, exclusivamente por la incoherencia e inconsistencia manifestadas, lo que me resulta francamente irritante. Así al menos lo siento.
Sin embargo, desde el punto de vista de los derechos humanos, tengo que reconocer el drama que sufren los reclusos en condiciones de hacinamiento, quienes no son responsables de la demagogia de la Derecha.
Señor Presidente, deseo referirme ahora a una dramática situación que sucedió en la cárcel de Copiapó recientemente: un interno -no se dio a conocer su identidad-, luego de muchos días en huelga de hambre, al no sentirse escuchado, decidió prenderse fuego en el patio del penal. Este reo protestaba por su condena de 25 años por robo con intimidación.
Entre paréntesis, los últimos aumentos de penas fueron propuestos y apoyados, con entusiasmo, por la Derecha, que siempre vio en esa medida la solución al flagelo de la delincuencia. Ello ha quedado claramente demostrado.
Volviendo a lo anterior, ningún gendarme advirtió la acción del recluso copiapino. Sus propios compañeros lo socorrieron y le brindaron los primeros auxilios.
¡Este reo llevaba dos meses en huelga de hambre y, al no sentirse escuchado, tomó esa drástica medida en un penal que tiene el 300 por ciento de hacinamiento!
El imputado sufrió quemaduras de mediana gravedad, producidas por químicos que estaban en los talleres de los presos. Actualmente, se halla en la enfermería del recinto penitenciario.
Con este ejemplo queda en evidencia la falta de personal en la cárcel de Copiapó, que cuenta con 2 gendarmes por cada 300 internos. Ello demuestra problemas de seguridad en el penal. El hacinamiento y la sobrecarga de los turnos por carencia de personal agravan las condiciones de estrés que sufren funcionarios y funcionarias en un recinto que acoge a cerca de mil presos, en circunstancias de haber sido construido para 250.
Y puedo seguir enumerando con más detalles la situación, que es dramática: la cárcel cuenta con estrechos pasajes de 12 metros de largo por 20 de ancho, y cada galería alberga a 150 reclusos, pese a que el diseño original era para 80.
Además, Gendarmería reconoce que no existe un plan para actuar frente a una emergencia. Es necesario que su personal reciba preparación para enfrentar eventuales emergencias, como incendios u otros.
Por lo tanto, teniendo presente este tipo de informaciones y el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, cabe considerar la propuesta legislativa que nos ocupa -me parece incoherente e incongruente con el discurso expresado durante la campaña presidencial pasada y con todo lo que el Presidente Piñera prometió en ella- como un planteamiento tendiente a resolver algo puntual, pero que no aborda el fondo del asunto: hacer una verdadera reforma a la política penitenciaria.
Sin embargo, debemos reconocer que la iniciativa al menos ofrece cierta salida a la situación y permite un uso un poco más racional del sistema carcelario, el cual, como hemos visto, está absolutamente sobrepasado (más de 60 por ciento de sobrepoblación).
Probablemente, Chile es el país de la región con el mayor porcentaje de presos.
¡No podemos seguir de esta manera!
Por otra parte, cabe recordar que en el proyecto original sí se contemplaba la posibilidad de indultar a condenados por violaciones a los derechos humanos. La primera vez que discutimos el asunto señalé que bajo ninguna circunstancia apoyaría una iniciativa que incluyera, aunque fuera mínimamente, una norma en tal sentido. Creo y seguiré creyendo que las violaciones a los derechos humanos son crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables.
Reconozcamos que tal planteamiento venía en el proyecto primitivo.
Afortunadamente, las indicaciones que presentaron los Senadores señor Patricio Walker y señora Alvear dejaron absolutamente fuera del beneficio a quienes cometieron delitos de homicidio, a los cómplices y a los encubridores, incluso si se trata de personas con más de 75 años. De este modo, se eliminaron subterfugios que, de haberse mantenido, habrían significado dejar en libertad por lo menos a un par de violadores de derechos humanos.
Gracias a las indicaciones, tal posibilidad se suprimió de la iniciativa.
Entonces, tengo una razonable certidumbre de que tales delitos quedaron excluidos, salvo -debo ser honesta- que surja el resquicio de los resquicios. Confío en que no sea así. Aquí está presente el Ministro de Justicia. Espero que conteste a mi inquietud. Porque, ante la menor posibilidad de un resquicio, yo no votaré a favor del proyecto.
Para mí es fundamental -lo digo por la protesta que hizo un preso en la cárcel de Copiapó, por el hacinamiento existente, por la dramática situación en que viven los reos- que esos seres humanos -haber delinquido no les priva de su condición de tales- tengan derecho a la rehabilitación y a otros derechos.
Sin embargo, necesito contar con la absoluta tranquilidad de que no habrá resquicio alguno en la iniciativa que me impida aprobar un proyecto de esta naturaleza.
El proyecto violenta por la demagogia y las descalificaciones que se usaron durante la campaña presidencial. Pero, por sobre ello, haré primar el resguardo a los derechos humanos de gente que, pese a equivocarse, cometer delitos y estar presa por ello, precisa recibir el beneficio del indulto, a fin de propiciar un uso racional de las cárceles.
Solo en esas condiciones, yo podría decir: "Sí, apruebo el proyecto". Si no, me sería completamente imposible hacerlo.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Conferencia Episcopal de Chile, con fecha 21 de julio de 2010, hizo un llamado al indulto general en razón del Bicentenario. El documento emitido al respecto señala: "No somos nosotros quienes debemos dictar las leyes, pero creemos que podemos interceder para un paso a la `justicia con clemencia'". Y luego se pide un indulto: "salvaguardando el pleno imperio de los derechos humanos en materia de crímenes de lesa humanidad, creemos que se pueden dar pasos de clemencia.".
Lamentablemente, la petición de la Conferencia Episcopal fue rechazada. Era una oportunidad brindada y solicitada por la Iglesia Católica.
Me llamó muchísimo la atención que un Gobierno, presidido por una mayoría católica -no estamos hablando de un Presidente divorciado o agnóstico, sino de uno casado y católico-, hiciera caso omiso y no acogiera esa petición de la Iglesia con motivo del Bicentenario.
Señor Presidente, el proyecto se presentó por diversas razones. Comparto lo explicado latamente por el señor Ministro y creo que se halla realizando serios esfuerzos por avanzar en la solución de este problema, que se arrastra desde hace mucho tiempo y que hoy se expresa con violencia y dramatismo.
Por eso se produjo el incendio de la cárcel de San Miguel, que dejó un saldo de 81 muertos. Visité el lugar. ¡Ahí estaba el olor a carne quemada; ahí estaban los fierros calientes; ahí estaban, pegados a las rejas, los cadáveres de quienes intentaron escapar de una prisión en la cual algunos nunca debieron haber estado!
¡Preso por vender CD en la cuneta de una calle! Ahí murió calcinado.
La crisis política penitenciaria se debe a la orientación de nuestras leyes. ¡Ingresan a la cárcel tres mil quinientas personas al año! La tasa de crecimiento anual de la población penal es de 6,5 a 7,2 por ciento. O sea, necesitamos construir anualmente 2 establecimientos penitenciarios con capacidad para 2 mil reclusos cada uno, a fin de poder empatar siquiera el crecimiento correlativo de la tasa de encarcelación.
¿Cuánto cuesta al mes mantener a un reo en un recinto concesionado? En mi opinión, el sistema vigente constituye un robo. Así fue con la empresa Besalco, que en un juicio que ganó al Ministerio de Obras Públicas obtuvo ¡130 millones de dólares! por concepto de obras adicionales en la construcción de cárceles concesionadas. Igual situación se presenta en las obras que se concesionan y que nunca termina por aclararse. En esa ocasión, el juez partidor votó a favor de la empresa, por lo cual esta recibió la suma referida.
El Ministro del ramo de la época, señor Sergio Bitar, solicitó terminar con tal procedimiento. ¿Y que pasó? ¡Lo sacaron del cargo!
Al único personero que pidió, seriamente, revisar el sistema de concesiones ¡lo volaron del puesto!
La mantención de cada condenado en un establecimiento carcelario concesionado cuesta al Estado 526 mil pesos mensuales, lo que para la ciudadanía debe ser extraordinariamente repudiable. ¡526 mil pesos mensuales! O sea, tres veces el sueldo mínimo.
¡Ese es el gasto que implica un reo en un recinto penal! Y ello, a causa de la actual política, que agrava la crisis del sistema.
¿Qué pasa con Gendarmería? El señor Ministro tiene la propuesta de los funcionarios, que han dicho: "Se requiere una reforma profunda en Gendarmería".
En efecto, de la tríada de seguridad pública: Carabineros e Investigaciones; tribunales y fiscales, y Gendarmería, esta última es la única institución donde el Director es foráneo, pues es designado por el Gobierno de turno. Por lo tanto, es de confianza del Ejecutivo, pero desconoce la política penitenciaria, dado que su nombramiento es ajeno al mérito en la carrera funcionaria.
¡Y, por supuesto, no solo los presos se suicidan, sino también los gendarmes en gran número -el señor Ministro lo sabe-; decenas de ellos! Otros se encuentran con licencia médica, a veces permanente y crónica.
La Corte Suprema y la Universidad Diego Portales ya han señalado claramente en qué consiste la crisis.
Yo voy a apoyar al señor Ministro al acoger el proyecto, porque con él creo que es posible avanzar en la solución del problema. Pero, en verdad, uno podría decir de manera sarcástica -como lo han hecho ya otros Senadores- que en un asunto tan serio, como cerrar la puerta giratoria, la política del Gobierno implica sacarla, en definitiva, abrirla.
Y como no se trata de un eslogan ni de recriminarnos mutuamente, porque el problema existe. Y desearía que se nos garantizara -se lo he pedido al señor Ministro de Justicia- que nuestro voto a favor no vaya a generar un resquicio ni el mínimo espacio de un milímetro para que algún violador de los derechos humanos pueda "colarse" en la obtención de beneficios de la futura ley. Y si así fuere, dicho Secretario de Estado traicionaría la palabra dada en tal sentido para que se pueda aprobar esta normativa.
¿Y qué pasa con los mapuches?
¿Qué ocurrió con la documentalista Elena Varela? ¡Después de un proceso que duró tres años se declaró su inocencia absoluta y se la dejó en libertad!
¿Qué aconteció con Jaime Huenchullán, Presidente de la Comunidad Autónoma Temucuicui? ¡Permaneció un año y seis meses encarcelado, para después otorgarle la libertad por resultar absolutamente inocente!
Creo que una ventana de indulto para los 250 mapuches -no han matado ni robado a nadie; no han derramado ni una sola gota de sangre- procesados en todo Chile, hubiera sido una significativa señal de generosidad, de apertura por parte de este Gobierno de Derecha, marcando un antes y un después y, obviamente, una nueva política respecto al mundo indígena.
En cuanto al requisito de cumplir el 50 por ciento de la pena, no representaría un impedimento, porque las cosas se deshacen tal como se hacen. Y es posible establecer la ventana de no exigir el cumplimiento de ese 50 por ciento de la pena para optar al indulto. Porque la idea es pacificar.
Se advierte una contradicción tremenda: ¡somos clementes con los delincuentes, pero inclementes con los mapuches! Estos -reitero- no han matado a nadie; al contrario, los muertos han sido precisamente ellos, asesinados por la espalda con balas de carabineros. Y los autores fueron condenados a tres años y un día, pero esta pena se les conmutó. ¡No estuvieron ni un día en la cárcel!
La iniciativa plantea conceder la libertad a delincuentes que no hayan cometido delitos de sangre o violado a niños. Me parece bien, si cumplen los requisitos. Y el 23 por ciento de ellos son primerizos. El señor Ministro ha expresado que existirán cárceles segregadas.
De otro lado, pregunto: ¿qué pasa con los delincuentes de cuello y corbata; con aquellos de La Polar; con los de las farmacias; con los que esquilmaron en miles de millones de pesos a los afiliados de las AFP? ¡Esos siempre quedan impunes! ¡Nunca van a la cárcel!
¡Los delincuentes de cuello y corbata de La Polar o los de Supermercados Santa Isabel -fueron a la Bolsa de Nueva York y a la del Perú-, para esquilmar a pequeños accionistas y a miles de afiliados de las AFP. ¡Pero nunca los toca nadie!
Quiero manifestar al señor Ministro que lo propuesto en el proyecto constituye una contradicción si consideramos estos últimos casos. Porque es necesario fijar penas de cárcel para los delincuentes de cuello y corbata que roban a través de las tarjetas de crédito; que roban al "inflar" el valor de las acciones, para que la gente se interese y las compre, particularmente las AFP. Cada día me parece más absurdo que pequen de ignorantes. ¡Claro, es muy fácil perder plata cuando no es propia!
Lo anterior precisa una profunda revisión.
Por eso, siento que en la discusión acerca del indulto a quienes han cometido delitos hay algunos que están pasando "piola": los de cuello y corbata.
En seguida me referiré al doble estándar que significa el procesamiento de algunas personas tanto por la justicia militar cuanto por la civil.
¿Estamos dispuestos a terminar con el doble procesamiento, que nos avergüenza a todos frente al mundo cuando se informa que en Chile hay gente procesada en la justicia militar y en la civil por delitos no militares en tiempos de paz?
¡Ahí están los mapuches en la cárcel y procesados por la instancia militar! Si se terminara con esta situación y se dejase actuar solo a la justicia civil se daría un paso positivo.
Espero que también avancemos en ese sentido, señor Ministro. Hay gran consenso al respecto, porque la intervención de la justicia militar ya no se justifica.
¡Justicia militar para tiempos de guerra; justicia civil para tiempos de paz!
Y, por cierto, la ley en estudio será solo un parche. No resuelve el problema de fondo, pero es un avance.
Pienso que el señor Ministro, que se ha preocupado del tema (me consta que ha visitado las cárceles); que comprende el problema profundo y que está tratando de buscar una salida, debe contar con el respaldo de su Gobierno, porque, repito, este proyecto significa un alivio transitorio, momentáneo, pues no soluciona la cuestión de fondo, que es la reforma al sistema penitenciario. Y él lo sabe.
Se deberían instituir jueces de ejecución de penas, especializados, abocados fundamentalmente a resolver lo tocante a beneficios carcelarios y libertad condicional. ¿Quién cumple hoy estas funciones? La Comisión de Libertad Condicional, y el que decide al final es el Seremi de Justicia, quien no quiere meterse en líos. Y no más del 2 a 3 por ciento de las solicitudes se aprueban, porque algunos evidentes fracasos han inhibido a todos los actores que conceden la libertad condicional u otros beneficios a gente que cumple penas privativas de libertad.
Entonces, es menester crear el cargo de juez de ejecución de penas, con el propósito de tener la certeza de que la entrega de un beneficio se hace con cabal conocimiento y no por una decisión política que implica no correr riesgos respecto de la conducta de la persona favorecida. El proyecto beneficiará a más o menos 10 mil reos no peligrosos, enfermos, mujeres. Me parece bien. Pero yo esperaría que en los próximos días o semanas se envíe al Congreso una propuesta profunda, definitiva, de un nuevo régimen penitenciario en Chile, que dé cuenta de la crisis global. Y esto último, ojalá que venga de la mano con la solución para los gendarmes.
Repito: en la tríada de seguridad pública: policías, tribunales y fiscales, y Gendarmería, esta continúa siendo el hermano menor, el patio trasero del sistema de seguridad pública. Y ello debe concluir.
La ley en examen va a aliviar a todos: a los gendarmes, a los presos y a sus familiares y también al Gobierno. Pero, si no aprovechamos de discutir en esta ocasión más allá del indulto, perderemos una gran oportunidad.
¡No al indulto a los violadores de derechos humanos!
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
¡Nueva Constitución, ahora!
Voto a favor.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, durante el debate he oído, especialmente en los últimos minutos, a los Senadores señora Allende y señor Navarro; vi el trabajo del colega Patricio Walker en la Comisión de Constitución, cuando analizábamos la iniciativa, y me siento muy reconfortado de compartir el asunto de fondo.
Mediante el presente proyecto estamos enfrentando un problema que afecta estrictamente a las personas en sus derechos humanos, y que es de gran envergadura. Por ello, no podemos entramparnos en recriminaciones mutuas; en exponer legítimas diferencias o discrepancias con respecto a actuaciones del pasado; en nuestras visiones sobre la seguridad ciudadana; en descalificarnos o en condicionar nuestro accionar por las acusaciones que lamentablemente pudimos haber lanzado durante la última campaña presidencial.
El proyecto en análisis tiene otra envergadura; es muy superior.
Porque todos los Senadores que nos hallamos presentes -¡todos, sin excepción!- sabemos que el hacinamiento carcelario en el país provoca que algunos compatriotas nuestros se encuentren en condiciones de vida infrahumana e inaceptable -¡infrahumana e inaceptable!-, más allá de cualquier responsabilidad política del Gobierno actual, del de ayer o del de mañana, según quienes aspiramos a un pleno respeto de la dignidad de cada ser humano.
Y lo que la iniciativa aborda es una medida de carácter especial, urgente y extraordinaria, para generar en lo que sea posible, hoy y ahora, mejores condiciones en los recintos penales. ¿Porque saben de qué se trata, señores Senadores? De que haya un poquito más de espacio en ellos.
¿Es esta la política carcelaria del Gobierno, Senadora señora Alvear? No lo es. Solo se trata de una medida extraordinaria.
¿Dónde radica la política carcelaria del Gobierno? En la explicación que nos dio el Ministro señor Bulnes: en el proyecto de construcción de cárceles que tratará de aprovechar y aportar la experiencia moderna en cuanto a cómo debe segregarse la población penal y en la iniciativa de ley -entre otras- que discutimos hoy día y que se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, mediante la cual se propone una modificación sustancial y profunda al sistema de ejecución de penas alternativas en el país.
Ahí está lo medular, lo sustantivo.
Pero como sabemos que lo medular y sustantivo toma un tiempo, el Ministro de Justicia nos trae un proyecto de ley que establece medidas simples -¡muy simples!- para lograr mayor espacio en los recintos penitenciarios. Porque donde duermen 17 internos en una celda diseñada para dos o tres, un poco más de espacio resulta fundamental. Y después de conocer esos calabozos y ver lo que allí ocurre, uno entiende que ese mayor margen hace una diferencia sustantiva.
Por eso esta iniciativa legal se presenta como una medida extraordinaria para generar espacios mínimos pero sustantivos para aquellos que carecen de ellos, en una acción equilibrada entre brindar más lugar en los recintos carcelarios y enfrentar el problema del hacinamiento en forma urgente, además de resguardar la seguridad ciudadana que todo Gobierno debe cumplir.
El Ministro señor Bulnes enunció esos planes, así como también la Senadora señora Alvear cuando dio cuenta de los alcances del proyecto, apuntando al indulto o a la liberación de mujeres presas, y al término de las reclusiones nocturnas o salidas diarias para permitir el aumento de las camas en las cárceles por las noches.
¡Ese es simplemente el propósito, señor Presidente!
Porque más allá de lo que podamos discutir sobre las políticas carcelarias -llegará el momento de hacerlo cuando analicemos las iniciativas legales a fondo-, y de nuestras diferencias o recriminaciones mutuas acerca del pasado, hoy día este proyecto, que es de pocos artículos, viene a pedirle al Senado que superemos esa etapa sin entramparnos en esos debates, aunque sean legítimos y debamos realizarlos, porque hay chilenos que viven en condiciones infrahumanas y reclaman con urgencia un mínimo espacio para vivir no en condiciones dignas, sino más avenidas con la calidad de ser humano y su respeto.
De eso se trata el proyecto en análisis, señor Presidente.
Por las razones que expuse, lo votaremos favorablemente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que la iniciativa en debate es adecuada para las circunstancias que actualmente se viven en las cárceles.
Todos sabemos que el hacinamiento es muy grande en los recintos penales, que -como indicó el señor Ministro- llega al 60 por ciento, sobrepasando su capacidad, y que, en algunos casos, alcanza hasta al 300 por ciento, según también se expresó.
Cuando fui Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta Corporación, hace algún tiempo, invitamos a la Fiscal de la Corte Suprema, señora Mónica Maldonado, quien nos hizo una exposición muy amplia y clara, en la cual categóricamente quedaron de manifiesto las condiciones inaceptables en que se encuentran los presos en nuestra patria.
Pude visitar varias cárceles del país y observar la indignidad en que se hallan los reos. Tal vez muchos de ellos fueron condenados por delitos o faltas, pero creo que los derechos humanos deben respetarse para todas las personas.
Y lo que estamos viviendo hoy día es una indignidad tremenda.
Hoy en la mañana asistí a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y pude escuchar al profesor Raúl Tavolari, quien señalaba que, cuando uno visita las cárceles, casi da vergüenza la forma en que viven los internos.
En resumen, el proyecto me parece adecuado por cuanto resulta evidente que casi el 10 por ciento de los 54 mil presos que se encuentran hoy día en los diversos establecimientos penitenciarios del país -cinco mil o seis mil personas- podrían ser favorecidos.
Y la selección de los beneficiados no es al lote.
Así lo dispone el informe de la Comisión de Constitución que resume el mensaje del Ejecutivo de la siguiente manera: "la iniciativa busca, como objetivo central, otorgar un indulto conmutativo general en beneficio de las siguientes personas: las mujeres que actualmente se encuentran condenadas y privadas de libertad que hayan cumplido dos tercios de la pena o que, faltándoles un lapso mayor, sean madres de hijos menores de dos años; los condenados que actualmente cumplen una condena bajo la modalidad del beneficio penitenciario de permiso de salida controlada al medio libre, y los condenados que actualmente cumplen una condena mediante el beneficio de la reclusión nocturna en establecimientos de Gendarmería de Chile. A todos ellos se les exigirá someterse a un período de observación y control y suscribir un compromiso de no volver a cometer un crimen o simple delito. Además, el proyecto establece un catálogo de delitos a los cuales no se hará extensivo el referido indulto.".
Como es posible apreciar, todos los beneficios que otorga la ley en proyecto son limitados y acotados.
Asimismo, el mensaje dispone que los favorecidos deben cumplir las siguientes obligaciones:
"a) Suscribir un compromiso" -ya se señaló con anterioridad- "de no volver a delinquir. La transgresión de dicho compromiso durante los 5 años siguientes a la concesión del indulto pondrá al individuo en el deber de cumplir, de manera efectiva, el saldo de pena que le hubiere sido indultada, sin perjuicio de la aplicación de la pena que le corresponda cumplir por el nuevo crimen o simple delito; y b) Someterse a un período de control y observación a través de Gendarmería de Chile, por un período de cinco años.
"Finalmente, la presente iniciativa fija las excepciones al indulto propuesto, estableciendo un catálogo de delitos a los que no se hará extensivo el referido beneficio,...".
Según indica el informe de la Comisión, 150 mujeres aproximadamente estarían en condiciones de cumplir los requisitos que establece el proyecto a la fecha de entrada en vigor; cerca de 800 personas estarían gozando del beneficio de salida controlada al medio libre a la misma fecha; de 2 mil 500 a 2 mil 700 estarían cumpliendo una condena privativa de libertad a través de la modalidad de reclusión nocturna en recintos penitenciarios comunes, y habría alrededor de 2 mil 300 condenadas también a la modalidad de reclusión nocturna, pero cumpliendo su sentencia en recintos especiales que no cuentan con población penal durante el día.
Por eso, considero que el proyecto es oportuno y adecuado para las condiciones que estamos viviendo hoy día.
Se trata de una iniciativa difícil de aprobar. Y si hoy logra una aceptación transversal -valoro las opiniones de cada uno de mis colegas, que son tan legítimas como las nuestras- se deberá, fundamentalmente, al buen manejo, a la caballerosidad y al respeto que el Ministro de Justicia tiene por la labor parlamentaria y los parlamentarios. Él ha conversado con todos en forma cordial y ha dado sus razones...
El señor PIZARRO.- ¡Conmigo no!
El señor SABAG.- ¡Es que conversa con aquellos que son posibles de conseguir...! ¡Hay casos perdidos -dice-...!
A mi juicio, ese es un gran mérito de su parte, que todos le reconocemos. Ojalá que siga desempeñándose de la misma forma brillante como lo ha hecho hasta ahora.
Que haya 10, 15, 18 presos en celdas de 2 a 4 metros cuadrados resulta, yo diría, indignante. Para poder soportarse unos a otros confeccionan unas tarimas en altura. ¡Solo para sentarse y dormir sentados!
¡Hasta dónde llega la indignidad!
Cuando nosotros fuimos gobierno, aplicamos mano dura a la delincuencia y a la droga. Prueba de ello es que hoy se registran los más altos índices de reclusión, el doble de los que existen en Argentina, a pesar de que este país nos duplica en número de habitantes. Son, como señaló el Ministro, los más elevados del mundo. Sin embargo, se nos acusaba de permitir la "puerta giratoria" y de ser blandos en ese aspecto.
A lo mejor fallamos en algo. Por ejemplo, en la construcción de cárceles hubo, a mi parecer, falta de gestión. No coincido con lo expresado por el Senador Navarro. Creo que el error estuvo justamente en no haber sabido manejar bien el sistema de concesiones; en haber sido lentos, burocráticos. Porque muchas cárceles ya debieron haber estado construidas en su oportunidad. Pasaron años para que se resolviera un simple problema, que, ejecutivamente, debió haber quedado solucionado en no más de 15 días. Y hoy estamos pagando las consecuencias.
En el curso de una campaña se hacen infinidad de promesas. ¡Otra cosa es con la guitarra en la mano! La Oposición de ayer lo está viviendo ahora: dificultades internas, falencias en el gobierno. ¡Otra cosa es gobernar! Nosotros lo hicimos con seriedad, con respeto y con gran éxito durante 20 años. Y lo mismo le deseamos a la actual Administración.
Por eso, con altura de miras, voto a favor de este proyecto de ley, que considero altamente conveniente para las condiciones en que nos encontramos hoy día.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, este debate me ha hecho recordar mucho el caso de Alto Hospicio.
La realidad de esa comuna, antes de ser asesinadas y encontradas las menores, era prácticamente desconocida para el resto del país. Solo en virtud de aquellos crueles crímenes se conoció la verdad de la pobreza dura que ahí se vivía. A partir de ese minuto, el entonces Presidente de la República don Ricardo Lagos desarrolla el programa social más grande de Chile para superar esa crítica situación.
Algo muy similar ha ocurrido aquí.
¿Qué permitió el incendio de la cárcel de San Miguel? Que nuestra sociedad conociera las condiciones en que se vive en los recintos penitenciarios. La realidad estremeció a todos, incluidas las autoridades. Y la conclusión sobre el siniestro generó, en mi opinión, un punto de inflexión en la materia. No se podía seguir manteniendo una actitud pasiva. La situación era demasiado extrema en términos de hacinamiento, tal como se ha descrito en el curso de este debate.
Por lo tanto, considero que lo consecuente por parte de las autoridades y de los parlamentarios es tomar medidas urgentes para superar dicho problema. Y es en ese contexto en el cual se presenta el proyecto de ley en votación.
Yo les puedo asegurar que, de no haberse producido el incendio en la cárcel de San Miguel, lo más probable es que ahora no lo estaríamos discutiendo. Ese hecho, a mi juicio, remeció la conciencia de todo el país, de las autoridades y de los parlamentarios.
En consecuencia, la iniciativa debe ser mirada en ese contexto. Y el debate que se ha producido esta tarde habla muy bien del Senado, pues, en definitiva, se ha entendido que, más allá de la política carcelaria anunciada por el Ministro y a la cual se refirió la Presidenta de la Comisión de Constitución, relacionada con las normas sustantivas, aquí se requiere abordar y resolver con rapidez un asunto previo urgente: el hacinamiento carcelario.
Y por eso el proyecto recibirá un apoyo transversal y será aprobado por amplia mayoría. No me cabe la menor duda.
Sin embargo, también son tremendamente importantes las normas de fondo que se están discutiendo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que cambian la visión de cómo se debe abordar el tema de la seguridad, donde el énfasis tiene que estar puesto no necesariamente en la privación de libertad, sino en la rehabilitación. Y así se ha entendido en el mencionado órgano técnico.
Por eso, señor Presidente, pienso que estamos enfrentando bien el problema: de manera global, dándole la urgencia que requiere al hacinamiento en las cárceles y, de manera paralela, analizando normas sustantivas donde el énfasis principal está radicado en la rehabilitación.
En ese sentido, resulta tremendamente positivo el debate y la aprobación de la presente iniciativa legal, que ojalá podamos despachar rápido, para entrar de lleno en las normas sustantivas relacionadas con la política carcelaria contenidas en los proyectos anunciados por el Ministro de Justicia, algunos de los cuales ya están siendo analizados en la Comisión de Constitución.
La idea, en definitiva, es abordar globalmente, como corresponde, el tema carcelario.
Algunos se preguntarán por qué no se tramita todo junto. La razón es que muchas veces hay normas bastante complejas. Y este proyecto es de sentido común, rápido.
Con la urgencia existente, en particular a raíz de lo ocurrido, lo que se necesita con extrema celeridad es contar con el espacio que van a dejar los seis mil cupos que quedarán disponibles. Ya habrá tiempo para estudiar las demás normas sustantivas, tal como ya se está haciendo en la actualidad.
Por tales razones, voto a favor.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que soy un firme partidario de terminar con la "puerta giratoria". Y no me voy a desdecir un segundo de lo que pienso en esta materia. Si se racionaliza el tema, lo más probable es que gran parte de mis colegas coincida conmigo en que cuando alguien viola, trafica drogas, asesina o comete un delito como el de robo con violencia, que produce un daño sicológico gigantesco, lo correcto es que cumpla la pena que la ley establece.
Pero aquí estamos hablando de ilícitos absolutamente distintos. En este proyecto de ley, así como en ningún otro que el Gobierno esté impulsando, no se permite dejar en libertad a un violador, a un asesino, a quien trafica droga y envenena a nuestros niños, ni a aquellos que incurren en graves delitos contra las personas.
Chile debe hacer frente a una realidad que, entre paréntesis, el Ministro de Justicia empezó a percibir con nitidez desde que asumió su cargo, porque recorrió prácticamente todas las cárceles del país: una sobrepoblación carcelaria gigantesca -ya habrá oportunidad de ver (hubo un debate al respecto) por qué se ocasionó-, con 54 mil presos, más de 25 mil por sobre la capacidad prevista.
Y lo que está haciendo el Gobierno, ante esa realidad, es impulsar un conjunto de medidas que buscan avanzar en la rehabilitación, construir nuevos recintos carcelarios y modernizar el sistema de penas alternativas.
El proyecto que nos ocupa obedece a una urgencia, a una emergencia. Porque ¿qué ocurriría si no lo aprobáramos y volviera a ocurrir un caso como el de la cárcel de San Miguel?
Cada tema, señor Presidente, debe ser examinado en su verdadera dimensión. Lo que esta iniciativa hace, en concreto, es permitir que 5 mil 800 personas que en la actualidad duermen en una cárcel -están libres durante el día- dejen de hacerlo y pasen pronto a un sistema de control, de monitoreo, dejando atrás lo absurdo que significa una pena que se ha terminado en prácticamente todo el mundo, como es la reclusión nocturna.
Quienes saldrán libres en virtud de sus normas son, básicamente, personas sometidas al régimen de reclusión nocturna o favorecidas con algún beneficio carcelario, pero que se desenvuelven en un medio libre. Gracias a ello, sus plazas, que hoy sobrepueblan todo nuestro sistema carcelario, quedarán liberadas. Pero no quedará en libertad ninguna persona que haya cometido un delito de gravedad y que, en consecuencia, merezca cumplir su pena en la cárcel, sin perjuicio de la obligación que tiene la sociedad de lograr su rehabilitación.
Y no se trata de una medida aislada, como se ha argumentado, por cuanto el proyecto en votación está unido a otras iniciativas legales.
Entre ellas, figura en primer lugar la que cambia el sistema de penas alternativas, generando una verdadera revolución respecto de lo que ocurre hoy en nuestro país. El sistema actual, que se encuentra colapsado, se modificará íntegramente a fin de incorporar nuevas modalidades y permitir que personas que han cometido delitos menores tengan la oportunidad de rehabilitarse, de contar con un monitor o un delegado que les haga un seguimiento. De esa forma, en la cárcel solo estarán los delincuentes que sean peligrosos, por la gravedad de los delitos que han perpetrado. Y quienes hayan cometido por primera vez un delito menor tendrán la ocasión de ser objeto de un seguimiento y, paralelamente, de ser reinsertados socialmente.
Otra de las medidas que el Gobierno está implementando se vincula con la libertad condicional. Se trata de eliminar un trámite administrativo en un tema que compete exclusivamente a los jueces, como ocurre en todas las sociedades modernas.
Simultáneamente, se están construyendo cuatro nuevos establecimientos penitenciarios, más una cárcel de tránsito, con lo que nuestro sistema carcelario dispondrá de 12 mil cupos adicionales.
Por lo tanto, señor Presidente, este es un proyecto que se enmarca dentro de un paquete de medidas que el Gobierno está adoptando. Y me alegra mucho que seamos capaces de trabajar un tema como este en equipo, en conjunto, y no en forma separada, como bloques políticos sin capacidad de entendimiento.
Quiero, sí, hacer una corrección a mi distinguida colega la Senadora señora Allende.
El Ministro de Justicia, antes de enviar este proyecto, invitó a su casa a los miembros de las Comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara, conjuntamente con los jefes de Comités, y les expuso el paquete de iniciativas que deseaba impulsar. Y en esa oportunidad hubo dos normas que se le sugirió no incluir, por el conflicto que generarían. Una de ellas decía relación a la posibilidad de que quedaran en libertad o fueran objeto de algún beneficio los reclusos mayores de 75 años, por el alcance político que ello podía tener. Y la otra prevención fue que no quedaran libres quienes estuvieran condenados por microtráfico, que, como siempre he sostenido, es más una modalidad de venta que un delito de menor rango.
En consecuencia, el Ministro no solo consultó, sino que además señaló, en forma clara y transparente, lo que estaba haciendo; dio a conocer los alcances de las normas propuestas, y con posterioridad eliminó aquellas que parecían más conflictivas, precisamente para que el proyecto de ley que nos ocupa pudiera tener un trámite expedito.
Señor Presidente, entiendo que la Senadora Allende me está pidiendo una pequeña interrupción, que le concedo encantado.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, agradezco al Senador Espina la interrupción.
Tuve la oportunidad de aclarar con el Ministro de Justicia lo que está diciendo el señor Senador, y considero importante reconocer que eso es así.
Lo que me preocupa es algo que me acaban de informar: que el Seremi de Justicia habría dado libertad condicional a dos violadores de derechos humanos. La verdad es que esto escapa a lo que ha dicho el Ministro de Justicia y a lo que ha planteado el Senador Espina.
Es efectivo que, después de hacer la consulta del caso, se eliminó cualquier posibilidad de que violadores de derechos humanos se acogieran a las normas del proyecto.
Eso es así y lo reconocí.
Sin embargo, pedí garantías porque quería tener certeza sobre el punto -algo que para mí, al menos, es importante-, pero no porque estuviera acusando al Ministro de Justicia de querer usar resquicios. En absoluto. Y si realmente se entendió así constituye un error o una mala interpretación. La certeza que me interesaba es que no hubiera ningún resquicio en el proyecto -no porque él quisiera usar alguno en razón de su cargo-; es decir, que existiera plena garantía, en cuanto tal, de que ningún violador de derechos humanos pudiera ser objeto de este tipo de indulto o conmutación de pena.
Lamento, sí, lo que me informaron hace un instante: que el Seremi de Justicia acaba de darles libertad condicional a dos personas acusadas de violaciones a los derechos humanos. No es algo grato. No va a cambiar mi posición, pero quiero dejar constancia de que se trata de preocupaciones legítimas y plenamente válidas.
El señor GIRARDI (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Gracias, señor Presidente.
Quiero darle a la señora Senadora la seguridad, por lo menos de parte de quienes hemos estudiado en detalle el proyecto, en cuanto a que él no beneficia a ninguna persona que haya cometido alguno de los delitos que aparecen enumerados en una de sus normas, dentro de los cuales están, precisamente, aquellos que constituyen violaciones a los derechos humanos. Se trata de favorecer a quienes hoy se desenvuelven en el medio libre, bajo el sistema de reclusión nocturna, y, excepcionalmente -es el único caso-, a mujeres que hayan cumplido dos tercios de su pena y tengan hijos menores.
Por lo tanto, estamos ante un proyecto de ley que forma parte de un conjunto de iniciativas destinadas a enfrentar integralmente el problema carcelario. Yo lo apoyo, pues me parece que, como política del Gobierno, es coincidente con lo que nosotros hemos sostenido.
Obviamente, habrá que despachar a la brevedad las otras iniciativas, que son muy relevantes, sobre todo la referente a las medidas alternativas, que implicará un gran cambio en nuestro país. El sistema actual se halla colapsado desde hace muchísimos años y debe ser reemplazado por el que en todas partes del mundo ha obtenido éxito en lograr la reinserción social de personas que cometen delitos por primera vez.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, no voy a entrar a detallar todo el cúmulo de declaraciones de prensa que existen de la campaña presidencial pasada, en donde se decía algo muy distinto a lo que aquí se señala, pues se expresaba, a grandes rasgos, que se iba a trancar la "puerta giratoria".
Sí me planteo que lo último que hubiese pensado es que íbamos a terminar discutiendo en la Administración del Presidente Piñera un proyecto de ley referido justamente al indulto. Creo que nunca, jamás, a nadie en su oportunidad durante la campaña se le pasó por la cabeza que este Gobierno presentaría una iniciativa sobre esta materia.
No sé si aquí cabe hablar de "letra chica", porque me parece que no corresponde. Yo simplemente diría que "otra cosa es con guitarra". A mi juicio, esa lección debemos sacar de lo sucedido: cómo, en el transcurso de 15 meses, se puede cambiar de opinión en forma tan nítida y contundente como en este caso. Y no digamos que la información no se tenía, que el hacinamiento es del último tiempo, porque esta existe hace mucho rato y provocó también largas discusiones durante los Gobiernos de la Concertación. Como bien se ha señalado acá, esas Administraciones, con todas las críticas que se les formulan, fueron las que más metros cuadrados de cárceles construyeron en toda la historia del país.
Entonces, se realizó un esfuerzo, acompañado de la reforma procesal penal, por llevar a los delincuentes a prisión.
Lo otro fue tratar de enfatizar la ocurrencia de un homicidio o una violación para hacer muchas veces demagogia.
En verdad, se trata de un tema tremendamente delicado. Y hoy el Ejecutivo, puesto en la situación de ser Gobierno, entiende que el discurso tiene que efectuarse de un modo completamente distinto.
¿En qué casos en la historia de la humanidad, y de la sociedad en general, uno se ve enfrentado a situaciones como éstas? ¿En qué momentos las sociedades indultan? Cuando se decide dar un paso en circunstancias especiales, en instancias de reconciliación; cuando la sociedad quiere hacer inflexión y acometer juntos un desafío la ciudadanía y quienes han estado al margen de las convenciones sociales, los que han delinquido.
Estimo que ha habido instantes propicios para eso y que uno podría explicarse un escenario que facilite dicho proceso, como ocurrió con ocasión del Jubileo del año 2000 y también -por qué no decirlo- del Bicentenario.
Yo lo entendería en el contexto de esta última celebración. Y en su oportunidad expresé que leí la declaración de los obispos y la de los pastores. Con toda claridad, la primera de ellas era muy enfática en señalar que se excluían los delitos de sangre.
Por lo tanto, estimo que la sociedad, y especialmente la clase política de aquel tiempo, se apresuró. El Gobierno, que tenía la responsabilidad principal, de un portazo cerró la posibilidad del indulto. Pero esa puerta se abre ahora por esta circunstancia excepcionalísima.
No puedo estar más de acuerdo con el planteamiento del Senador Eduardo Frei, porque en su Gobierno se llevó a cabo la reforma procesal penal, lo cual significó que un número alto de personas estuviera privado de libertad. Además, como bien se expresa en el proyecto de ley, no estamos hablando de indultar a quienes hayan cometido delitos en contra de personas, sino fundamentalmente contra la propiedad. Por eso, queda excluido un sinnúmero de gente. Y existen categorías muy delimitadas: las mujeres, que deben tener al menos dos tercios de la condena cumplida; los que se encuentran con permiso de salida controlada al medio libre, y quienes cumplen pena de reclusión nocturna, más unos requisitos adicionales para estos casos.
O sea, no se trata de abrir por completo, de par en par, esas puertas, pero se abren, señor Ministro.
Seamos claros: la "puerta giratoria" se va a empezar a mover de otra forma; entran y salen porque hay otros sistemas punitivos que también están activos.
Por eso, concuerdo con el planteamiento del ex Presidente Frei en el sentido de que existe una potestad presidencial que no está derogada. Y podemos efectuar un debate acerca de si la derogamos o no.
Más bien echamos de menos acá lo que se señaló: una reforma integral que sistematice el catálogo de penas. No está en ningún lado, aunque sí se lo escuché en una reunión al Ministro Bulnes, quien ha mostrado -me sumo a lo expresado por distintos parlamentarios de la Oposición- voluntad y convicción en esta materia. Nadie puede discutir que él se halla empeñado en terminar o limitar lo más posible el hacinamiento en las cárceles.
Pero aquí, señor Presidente, no estamos ni en el Jubileo ni en el Bicentenario. Y en esta última oportunidad no hubo disposición para dar una señal, tal vez por no mostrar debilidad frente al delito. Y hoy tenemos un proyecto de ley -insisto- para situaciones muy puntuales.
De todas formas, la Senadora señora Allende plantea que en este preciso instante dos violadores de derechos humanos, dos uniformados, están abandonando Punta Peuco debido a un resquicio legal. O sea, mientras se está discutiendo en la Comisión de Constitución -corríjame si me equivoco, Honorable señor Patricio Walker- justamente el término de esa facultad para los Seremi de Justicia, estos siguen actuando.
Sucedía lo mismo que cuando analizábamos el proyecto sobre instalación de antenas: mientras lo debatíamos se continuaba colocando más estructuras de ese tipo.
Me parece, señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, que no ayuda ni contribuye a esta discusión.
En cuanto a esto de pasarle la pelota al Parlamento, somos extremadamente presidencialistas para algunas cosas -el posnatal, por ejemplo-, pero para otras decimos: "Compartamos la responsabilidad".
Considero que el Presidente debió hacer uso de su facultad y empezar a firmar oficios desde el momento mismo del incendio en la cárcel de San Miguel.
Con todo, me parece que este proyecto, sin lugar a dudas, ayuda; que resuelve en la inmediatez un problema, pues 2 mil o 2 mil 500 personas que hoy ocupan camas en las cárceles van a salir en libertad y seguirán siendo controladas, según la normativa. Por lo tanto, estimo que el Gobierno ha llegado a la conclusión de que no representan un peligro para la sociedad.
En tal sentido, voy a aprobar este proyecto en consideración a que se trata de una medida mínima, que no ayuda, ya que no se ve una política penitenciaria contundente, de fondo, en esta materia.
Reitero: sin entrar a detallar toda la cantidad de opiniones que durante la última campaña presidencial formuló la Derecha respecto de este asunto, estamos claramente ante un cambio más, una nueva voltereta, entre otras que se han dado.
Por último, quiero tocar un tema vinculado con esta iniciativa. Me refiero a la huelga de hambre mapuche, que terminó hace algunos días felizmente para todos, porque se trata además de un problema de Estado. Así como es responsabilidad de este otorgar solución a la materia en análisis, también lo es dar respuesta al problema mapuche, que es de Estado.
En mi opinión, la ley Nº 18.314 se ha transformado a esta altura en la "ley maldita" del siglo XXI, pues fundamentalmente se les aplica a mapuches, con ciertos estándares procesales y con testigos ocultos o sin rostro, presentes durante todo el proceso, que se han transformado en los verdaderos "hombres invisibles" de esta legislación penal.
Con franqueza, de una vez por todas debemos recoger no solo las recomendaciones sino las resoluciones más imperativas que está efectuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Espero que el asunto no pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque me parece que esta es una cuestión que atañe a toda la nación y que a nadie le hace bien la etiqueta "país que viola los derechos humanos". Ojalá nos dispongamos a avanzar en la materia.
Por eso hemos presentado una moción con el Senador Andrés Zaldívar; otra, con los Honorables señores Gómez y Patricio Walker, para ver, mediante un cambio en la ley Nº 18.314 -que defino como "ley maldita"-, la posibilidad de fijar las causales y que por esa vía haya un juicio justo en el caso mapuche.
Se debe ser bien preciso en esto: cuando he visitado a los presos mapuches, nunca me han señalado que quieren un indulto. Lo único que han pedido es un juicio justo, sin la figura del testigo protegido, sin este "hombre invisible". Como ha expresado la Corte Marcial, no se acreditaron los hechos, y había un testigo oculto, un señor omnipresente que hasta el día de hoy es el principal responsable de que se haya llegado a tales penas.
En definitiva, estimo que el Gobierno va a retroceder en un tema esencial: el de la delincuencia. Creo que -repito- lo que nos debe llevar a actuar es cómo descomprimir, descongestionar, el hacinamiento carcelario.
Por esa razón, aunque reitero que se trata de una medida de parche, que no apunta a lo sustantivo, que en este caso se echa de menos una política mucho más profunda en términos de reordenar el catálogo de penas, voy a votar a favor del proyecto.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, anuncio desde ya mi pronunciamiento positivo a la idea de legislar. Y voy a fundamentar por qué.
Creo que esta iniciativa constituye el inicio de un cambio en la política del actual Gobierno en lo referente al ámbito penitenciario.
Quiero felicitar al señor Ministro de Justicia porque ha convencido al propio Presidente de la República y a su Ministro del Interior de que la política que se anunció en su programa de Gobierno no es conveniente para afrontar este asunto.
Lo digo con total convicción, porque cuando la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas plantearon que se concediera un indulto con motivo del Bicentenario, el Ministro del Interior incluso descalificó a aquella por haber mencionado la posibilidad de otorgar un indulto, que cubría no los delitos graves, de sangre o de violación, sino los de menor cuantía o de no tanta gravedad.
Y ello hizo que la solicitud presentada por las iglesias al Gobierno no pudiera tramitarse.
Señor Presidente, reconozco los méritos del Ministro de Justicia en el sentido de cambiar la política y no hablar más de la "puerta giratoria". Creo que esta va a salir de cuajo, no para darle la pasada a los delincuentes del nivel señalado por el Senador Espina, sino para contar realmente con una política penitenciaria que corresponda a la de privación de libertad que existe en la mayoría de los países civilizados, y se apliquen otro tipo de penas alternativas.
Considero que este proyecto, al igual que los otros que se hallan en trámite, que -conforme a lo mencionado por la Senadora Alvear- es necesario aprobar, van en la línea correcta. Y me parece que el Ministro llegó a ese convencimiento, como podríamos haberlo hecho cualquiera de nosotros si acaso hubiéramos visitado las cárceles y observado las condiciones en que viven los reclusos.
Eso también es mérito del Ministro, porque se le ha visto preocupado permanentemente por la actual situación carcelaria, y se ha sensibilizado al respecto. Por ello, con esta política nueva, en la cual podemos coincidir todos nosotros, es posible encontrar una solución al problema del exceso de presos en las cárceles chilenas.
El Gobierno, además de presentar estas iniciativas, ha señalado que se van a construir nuevos recintos penitenciarios, lo cual también apunta en la dirección correcta.
Ahora bien, mi voto a favor va en esa línea. Pienso que con el indulto no vamos a resolver la crisis existente, porque -como se ha dicho- aquel beneficiará a cerca de 6 mil personas. Pero, en parte, contribuirá a aliviarla. Y, si seguimos por el camino de establecer esta nueva política penitenciaria, vamos a terminar con la situación que hoy día se vive en las cárceles.
Por tales razones, señor Presidente, reitero que mi voto es positivo.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, pido recabar el asentimiento del Senado para que la Comisión de Educación pueda sesionar en paralelo con la Sala.
El señor GIRARDI (Presidente).- Si no hubiere objeción, se accedería a lo solicitado.
--Se autoriza.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, la semana pasada no pudimos votar varios proyectos de acuerdo que estaban pendientes, por no haberse reunido el quórum pertinente. Yo no tengo inconveniente con lo que se resolvió. No obstante, a fin de evitar que en esta sesión se repita lo mismo, pido que se llame a los Senadores a votar. De esta manera, podremos despachar todas aquellas iniciativas a que he aludido.
Gracias.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, comprendo que para el Gobierno es difícil, al igual que para la opinión pública y la Oposición, llevar adelante una política penitenciaria.
De hecho, el Ejecutivo ha anunciado un plan de edificación carcelaria con el objeto de enfrentar el problema del hacinamiento. Y, ante esa iniciativa, la prensa, a través del diario La Nación, informa en el día de hoy que dos destacados parlamentarios de la UDI, don Cristián Letelier y don Gonzalo Uriarte, se han movilizado en contra.
Entonces, resulta evidente que hay una conducta doble: se pretende ser Gobierno y Oposición al mismo tiempo. De manera que, sin duda, es complicado desarrollar una política en esa dirección.
Por otra parte, como explicó acá el Senador Andrés Zaldívar, comprendo que en un tema de esta gravitación se haya producido un cambio de opinión en el Ejecutivo. Sin embargo, no comparto el que ello no se consigne en el mensaje que fundamenta el proyecto de ley.
He pedido tanto el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento como el texto del mensaje que dio inicio al proyecto, y no aparece un reconocimiento al cambio de opinión en la materia.
Creo que todos tenemos derecho a cambiar de opinión, sobre todo en el ámbito político y en cuestiones tan delicadas como lo referido a una política humanitaria. Pero considero que uno de los problemas más graves que aquejan a la política actual, y que produce la sensación de engaño a la opinión pública, consiste en que no haya reconocimiento cuando una autoridad, con fundamento, cambia de opinión.
Así ocurrió en el caso que nos ocupa, porque se le propuso al país elegir a un Presidente, a un Jefe del Estado, que se iba a preocupar personalmente de emplear mano dura -como lo dice el programa de Gobierno-, sin delegar en terceros, y que prometía aplicar todo el rigor de la ley a fin de que los que delinquían y se paseaban impunes, "como Pedro por su casa, por las calles, plazas y parques, actuando sin Dios ni ley", no siguieran haciéndolo.
Desde mi punto de vista, eso generó que este proyecto de ley fuera mirado con distancia por la Oposición, y en particular por los parlamentarios de la Concertación.
Se ha producido un hecho público y notorio: una parte de aquellos ha manifestado a la ciudadanía su intención de votar a favor. En consecuencia, el Ministro de Justicia exhibe un semblante más relajado, porque cuenta con los votos suficientes para la aprobación de la iniciativa. Y al no estar ello en riesgo, puedo tener más tranquilidad para emitir la siguiente opinión.
En la Región de Los Lagos, que me corresponde representar en el Senado, hay un tipo de delincuentes que serán favorecidos con este proyecto: los que cometen delitos, no de homicidio, que atentan gravemente contra la integridad física de la mujer.
Me refiero al tema de la violencia intrafamiliar. Lamentablemente, esta es recurrente en la Décima Región. Se conocen los casos más dramáticos, cuando se llega al asesinato. Pero este constituye la máxima expresión de esa conducta, de esa irracional manera de enfrentar la convivencia y, en particular, la vida en pareja, que hace que las personas se agredan con una violencia inusitada.
Es cierto que el delito de homicidio no está contemplado en las disposiciones de esta iniciativa legal. Por lo tanto, esos hechos atroces no van a ser considerados materia de indulto. Pero otros que sí entran dentro del ejercicio de la violencia intrafamiliar sí lo serán.
Las organizaciones sociales de mi Región, y en particular las de la provincia de Chiloé, donde la violencia al interior de la familia es un hecho de recurrencia tremenda, sienten que la autoridad en este caso facilitará la reiteración de este grave delito.
Por consiguiente, voy a votar en contra de este proyecto, porque considero que no apunta en la dirección de resolver una de las tragedias que se registran en la convivencia cotidiana en nuestro país: la de los delitos de violencia intrafamiliar, los cuales, para el caso de la Región que represento, constituyen una losa pesada e inmensa sobre la vida familiar.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, me alegro mucho del tono del debate que hemos tenido hoy día, que es muy distinto del habido en la última campaña presidencial, en la que al ex Presidente Frei se lo denostó, se lo maltrató, no obstante haber actuado siempre en estas materias como un estadista. Y, por supuesto, esa campaña dejó huellas, secuelas, cicatrices que provocan lo que muchos de los Senadores han planteado esta tarde.
Efectivamente, en su Gobierno se realizaron reformas de Estado (por ejemplo, la procesal penal, la educacional), y el Presidente Frei actuó como estadista, no como populista, pensando en la próxima generación, no en la elección siguiente. Y siempre adoptó con sentido de Estado las decisiones difíciles. Por ejemplo, cuando debió traer a un señor que pedía en Londres que lo juzgaran en Chile -y fue criticado por ello-, o cuando tuvo que asumir la compleja resolución de otorgar algunos indultos.
Por eso nos dolió tanto que se lo haya tratado de la forma como se hizo durante la última campaña presidencial. Y, por lo mismo, es bueno recordar lo que se ha dicho hoy en esta Sala.
Ahora bien, esta no es una discusión teórica. Acá tenemos una realidad dramática. Se han dado las cifras: sobrepoblación penal de 60 por ciento.
En Europa, por ejemplo, de las personas condenadas, 75 por ciento cumple las penas en libertad, y 25 por ciento, en las cárceles.
En Chile, la mitad cumple las sanciones en los recintos penitenciarios.
Tenemos el penoso récor del primer lugar de hacinamiento carcelario -el doble de la media- en América Latina.
La verdad es que se requieren muchas medidas de fondo para atacar ese problema.
Hoy día las cárceles no rehabilitan: son escuelas del delito.
Con la Honorable señora Alvear, mediante un oficio que les hicimos llegar mediante el Senado, les presentamos al Ministro de Justicia y al Presidente de la República un conjunto de propuestas. Y nos gustaría que fueran recogidas por el Gobierno, para que, por ejemplo, las cárceles rehabilitaran al drogadicto y lo ayudaran a reinsertarse en la sociedad.
Estamos tramitando otros proyectos de ley. Ya aprobamos uno en esta Sala: el que saca al Seremi de Justicia del proceso de otorgamiento de la libertad condicional y sustituye por trabajos comunitarios la pena de menos de un año de reclusión por no pago de multas.
Hoy aprobamos en la Comisión de Constitución la iniciativa que establece medidas alternativas a las penas de cárcel -el famoso brazalete de monitoreo electrónico; la reclusión parcial; la libertad vigilada intensiva por medio del monitoreo telemático, GPS o como se le quiera llamar- para permitir que los beneficiarios las cumplan en sus casas.
Pero, señor Presidente, la realidad no es teórica, sino práctica.
A quienes visitamos las cárceles -estoy seguro de que la mayoría de los señores Senadores lo ha hecho- nos impacta mucho que en celdas de dos por dos los reclusos estén apiñados, hacinados, viviendo como animales, en condiciones infrahumanas.
Por ejemplo, en un altillo habitan 8 personas, quienes duermen de lado, porque de espaldas no caben. Y en la parte de abajo ocurre lo mismo.
¡Es una situación inaceptable!
Por algo la Fiscal señora Maldonado, de la Corte Suprema, dijo que en las cárceles de Chile se violan los derechos humanos.
Lo mismo señala un estudio sobre derechos humanos realizado por la Universidad Diego Portales.
Para qué hablar de las celdas de castigo, que siguen existiendo: ¡horroroso!
El proyecto que ahora nos ocupa es muy acotado, pues excluye de sus posibles beneficiarios a quienes han cometido delitos graves: violación, secuestro, delitos sexuales contra menores, robo con violencia o intimidación en las personas, robo con fuerza en las cosas, tráfico de drogas, narcotráfico y microtráfico.
Claramente, hay que consignar que deja absolutamente fuera a los violadores de los derechos humanos. Lo estudiamos, lo revisamos. De modo que, personalmente, me quedo tranquilo.
Pero, sí, nos estamos haciendo cargo de otras violaciones a los derechos humanos: las que se cometen contra los presos que han incurrido en delitos menores y hoy se encuentran hacinados en las cárceles, viviendo en condiciones infrahumanas.
Señor Presidente, los indultos generales, al igual que la amnistía -algunos distinguidos Senadores tienen una tesis distinta-, son materia de ley.
El indulto particular no es una atribución que pueda ejercerse arbitrariamente, ¡más allá de que el Senador señor Gómez en su oportunidad pueda haber utilizado algún resquicio...! Porque al Presidente de la República no le es factible actuar de oficio. Se deben cumplir los requisitos establecidos en la ley N° 18.050.
El artículo 6° del referido cuerpo legal dispone que, para que el Primer Mandatario pueda obviar los requisitos, que son muy estrictos, debe tratarse de casos calificados y ha de mediar resolución fundada.
Entonces, no es una facultad que pueda ejercerse en forma indiscriminada, arbitrariamente. Para eso está el indulto general. Y, como colegisladores, debemos asumir nuestra responsabilidad.
Señor Presidente, el impacto de este proyecto de ley será la liberación de 2 mil 500 cupos carcelarios correspondientes a personas que se hallan con reclusión nocturna, lo que significará mayor comodidad al interior de los penales.
De otro lado, 2 mil condenados cumplen la reclusión nocturna en lugares distintos de aquellos.
Las personas sujetas al sistema de salida controlada al medio libre son -comos se ha dicho- 800, y las mujeres beneficiadas, cerca de 150.
Señor Presidente, el efecto de esta iniciativa -insisto- es acotado; mucho menor, por ejemplo, que el derivado del Jubileo 2000, en que se benefició a 1.574 reclusos, versus 150 mujeres a las que se favorecerá ahora. Porque las otras personas, las que se hallan en reclusión nocturna, no se cuentan dentro de las 54 mil que están en las cárceles. Para el cómputo que lleva Gendarmería, ellas se encuentran en el sistema abierto, no obstante que igual ocupan 2 mil 500 plazas en las cárceles. Son 5 mil 300 en total, y antes eran 25 mil 857.
Como señalé, señor Presidente, estamos discutiendo otro proyecto de ley, que tendrá un impacto de 6 mil a 7 mil personas: el de las medidas alternativas a las penas privativas de libertad, que ayudará mucho. Si bien no contempla la figura del juez de ejecución de penas, faculta a los magistrados para liberar antes a personas y determinar beneficios cuando se cumplan algunas condiciones.
Esta iniciativa de ley es importante. Necesita ser complementada por otras medidas, en la lógica de que la cárcel no es la única alternativa, en la lógica del uso racional de los penales.
Recordemos que el proyecto que aprobamos hoy en la Comisión de Constitución, que establece medidas alternativas a las penas de cárcel, y el que persigue sacar de la cárcel a quienes cumplen penas menores de un año por no haber pagado multas, sobre la base de sustituir estas por trabajo comunitario, corresponden a una política permanente; o sea, los efectos serán graduales, acumulativos en el tiempo.
Pero el problema del hacinamiento, el escándalo de la sobrepoblación penal lo tenemos hoy día. Y por eso la relevancia de aprobar este proyecto de ley.
Recuerdo muy bien la sesión especial que celebramos meses atrás, después del incendio en la cárcel de San Miguel, durante la cual todos nos comprometimos a actuar en esta materia por convicción, con políticas de Estado. Y el Ministro nos dijo: "Espero que en algunos meses más, cuando veamos los proyectos de ley pertinentes, siga el mismo ánimo de analizar el asunto en la lógica de que se trata de una política de Estado".
Esta no es una iniciativa para cobrar cuentas políticas. Porque estamos hablando de personas que viven como animales en los penales chilenos. Y vamos a liberar a lo menos 3 mil 400 plazas, equivalentes -según nos manifestaba el Ministro Bulnes- a dos cárceles.
Señor Presidente, quiero señalar que el Ministro de Justicia ha tenido un rol importante. Y le creo cuando dice que constituye un escándalo la situación en que se hallan nuestros penales y que no podemos seguir permitiendo que en ellos se viva en condiciones infrahumanas.
Por eso, también me sumo a las felicitaciones a ese Secretario de Estado.
Anuncio que votaré favorablemente este proyecto, tal como lo hice en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, pensaba no hacer uso de la palabra porque, en sus intervenciones, diversos señores Senadores se habían referido a casi todos los aspectos del problema cuya solución nos ocupa.
Sin embargo, decidí hablar, sobre la base de que esta moneda tiene dos caras.
Antes de hacerlo, sí, me sumo a las felicitaciones expresadas en esta Sala por el trabajo del Ministro Bulnes. Y lo hago, entre otras cosas, porque en reiteradas oportunidades lo he visto recorrer los penales para observar la realidad del tan particular mundo carcelario.
Ahora bien, una de las caras de esta moneda dice relación con las 6 mil personas a las que podrá beneficiar el indulto general que se procura otorgar.
Sin embargo, dentro de Gendarmería hay 14 mil funcionarios, quienes tienen una condición laboral muy especial.
Desde afuera, uno aprecia la compleja labor que realizan esos trabadores durante los festivos, los domingos, los siete días de la semana, con horarios de trasnoche, etcétera.
Entonces, no puedo dejar pasar la oportunidad que me brinda la discusión de este proyecto sin volver a rendirles un merecido homenaje a las mujeres y hombres que laboran en dicha institución.
De los 14 mil funcionarios, hay 11 mil uniformados -los restantes son personal civil- que también viven en condiciones de hacinamiento, con poco espacio, limitados.
Por eso, valiéndome de la presencia de los Ministros del Interior y de Justicia, pido que avancemos en el mejoramiento de las condiciones laborales de esos servidores.
Hemos visto cómo en los últimos años se ha alzado un poco más la voz para solicitar un mejor trato laboral, condiciones de salud más apropiadas, viviendas más adecuadas.
Tal ha sucedido en la Región que represento. He visitado la cárcel y conocido su realidad "desde adentro". Obviamente, de esa forma uno puede valorar mucho más el trabajo de esas 14 mil personas, que, querámoslo o no, igual enfrentan un estado de reclusión. Su vida laboral, a diferencia de la nuestra, les exige permanecer al interior de la cárcel y afrontar situaciones parecidas a las de los reclusos.
En esa línea, reitero la urgente necesidad de avanzar de manera mucho más acelerada hacia mecanismos que permitan perfeccionar las condiciones laborales de los funcionarios de Gendarmería.
Me parecería muy injusto, señor Presidente -no lo escuché de ningún Senador; probablemente cuando salí algo se dijo-, que termináramos esta discusión sin haber tenido en cuenta la situación de precariedad laboral; muchas veces, de angustia, de salud deteriorada, de temor, en fin, que afecta al personal de Gendarmería. E igual consideración vale para los funcionarios a contrata y a honorarios de ese servicio público tan complejo.
Felicito sinceramente al señor Ministro por la labor que ha realizado y por su convencimiento para avanzar en esta materia.
La iniciativa en examen persigue -según lo expresa el Primer Mandatario en su mensaje- el claro objetivo central de otorgar un indulto conmutativo general a las mujeres que hayan cumplido dos tercios de su pena o que, faltándoles un lapso mayor, sean madres de hijos menores de dos años; a quienes cumplen una condena bajo la modalidad de permiso de salida al medio libre controlada, y a aquellos que cumplen una condena con el beneficio de la reclusión nocturna en establecimientos de Gendarmería de Chile.
A todos ellos se les exigirá someterse a un período de observación y control, y suscribir un compromiso de no volver a cometer un crimen o simple delito.
Asimismo, se establece un catálogo de ilícitos a los cuales no se hará extensivo el indulto
De todo ello se ha hablado muchísimo, señor Presidente.
Entonces, solo deseo reiterar que es urgente avanzar también en el mejoramiento de las precarias condiciones laborales en que se desempeñan los funcionarios de Gendarmería.
Voto favorablemente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, el tema del indulto no es nuevo en el debate público: no lo es hoy, cuando estamos discutiendo un proyecto de ley sobre indulto general enviado por el Ejecutivo; no lo fue en agosto del año pasado, cuando la Iglesia católica le presentó al Presidente de la República una propuesta de indulto general, ni tampoco durante la campaña presidencial anterior, en que fue utilizado hasta la saciedad por quienes en esa época eran Oposición y hoy son Gobierno.
Antes de entrar al detalle de la iniciativa, me parece bueno recordar algunas cosas.
Dicen que, en política, lo que se da por sabido no se dice y por no decirlo se olvida.
Creo pertinente, entonces, hacer memoria en esta discusión.
Durante la campaña presidencial, una de las cuestiones que cruzaron el debate fue la acusación por un indulto que otorgó el Presidente Frei, hoy Senador y en ese momento candidato de la Concertación.
Revisando los diarios de la época, podemos leer frases del siguiente tenor formuladas por el en ese tiempo candidato Sebastián Piñera:
"No hay que confundir un indulto excepcional por razones humanitarias con haber indultado a un narcotraficante que ingresó 500 kilos de cocaína a Chile. Eso no es un indulto, eso es un verdadero insulto. Si yo soy Presidente de Chile, voy a estar siempre del lado de las víctimas, de la gente inocente, de la gente que sufre y voy a combatir con toda la fuerza del mundo y con todo el rigor de la ley a los narcotraficantes que destruyen a nuestra juventud y los delincuentes que les han robado a la gente honesta su derecho a vivir en paz y tranquilidad".
Pues bien, una vez asumido el Gobierno del Presidente Piñera, el 21 de julio de 2010 la Iglesia católica, encabezada por Monseñor Goic y el Cardenal Errázuriz, presentó su propuesta de indulto general denominada "Una mesa para todos en el Bicentenario", que señalaba:
"1. Que los condenados por sentencia ejecutoriada -con las restricciones que la autoridad competente considere prudente establecer, como, por ejemplo, delitos de sangre-, que en los últimos años hayan tenido buena conducta en los recintos carcelarios y no constituyan un peligro para la sociedad:
"a. Puedan ver reducidas parcialmente sus penas privativas o restrictivas de libertad.
"b. Además de lo señalado, que se conceda una reducción adicional a quienes tengan más de 70 años de edad.
"c. Igualmente, que a las mujeres que tengan uno o más hijos menores de 18 años se les conceda también una reducción adicional.
"d. Que a las personas condenadas privadas de libertad que padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, se les conmute su pena por otra, que no deba cumplir en las condiciones más aflictivas de la cárcel.
"e. Que a los enfermos terminales, debidamente comprobados por la instancia competente, se les condone el saldo de las penas que les reste por cumplir.
"2. Que se mejoren sustancialmente las condiciones de vida de quienes cumplen penas privativas o restrictivas de libertad.".
"3. Que se modifique la legislación que se refiere a las penas, en lo que atañe a los condenados de edad muy avanzada y a quienes estén gravemente aquejados de una enfermedad terminal.".
"4. No sería completa la "mesa para todos" si no consideráramos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar.".
Ante la propuesta de la Iglesia Católica, el Gobierno, por intermedio del Ministro señor Hinzpeter, señaló en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que la propuesta de indulto de la Iglesia Católica se puede alejar de los dominios propios de la institución.
"Siento que a veces la Iglesia hace planteamientos en campos que no son los estrictamente propios de la confesión religiosa".
Quisiera agregar que el Senado logró el 19 de enero de 2011 un proyecto de acuerdo en la materia.
Luego de tan amplio debate, el recién pasado 15 de marzo ingresaron a esta Corporación dos iniciativas de ley tendientes a reducir el elevado y generalizado nivel de hacinamiento e inhabitabilidad que se vive en nuestras cárceles y centros de detención. Abordan los siguientes temas: indulto general conmutativo, reforma al procedimiento para otorgar la libertad condicional e introducción de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
El primero de ellos es el que nos convoca el día de hoy: indulto general conmutativo. El proyecto estuvo cruzado por la tragedia de la cárcel de San Miguel, acaecida a fines del año pasado, en la cual murieron decenas de jóvenes reclusos. Ese hecho determinó que la cruda realidad de los recintos penitenciarios nos golpeara en la cara.
Frente a lo anterior, me parece válido hacerse la siguiente pregunta: ¿el hacinamiento en los penales, las condiciones inhumanas en los centros de reclusión, se solucionan por la vía que nos ocupa? Me parece que la respuesta es NO. Y lo es porque el problema no se resolverá con este tipo de medidas: se debe enfrentar con políticas de Estado, con el aumento de los recursos de Gendarmería, con acciones de prevención del delito.
Deseo recordar el proyecto de acuerdo aprobado por esta Corporación el 19 de enero recién pasado, suscrito por los Senadores señoras Alvear, Allende, Pérez (doña Lily) y la que habla y señores Orpis, Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio), Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Ese documento expresa que el sistema penitenciario se encuentra actualmente en crisis; que la reforma procesal penal, la cual ha sido exitosa, lo ha impactado; que una de las demandas ciudadanas dice relación con la seguridad, respecto de la cual no bastan las medidas de sanción, sino que también son necesarias la prevención y la reinserción; que el sistema penitenciario no puede girar en torno a la mera retribución por el acto cometido, sino que debe tener como norte la reinserción social de los sancionados penalmente, sin que la prisión sea la respuesta principal, obviamente, y que se debe abrir paso a alternativas de las penas privativas de libertad; que existe acuerdo transversal en que el sistema penitenciario requiere reformas profundas que lo hagan responder de manera más humana, en las que se brinde protección a las personas que se encuentran bajo su custodia y se apunte a lograr la reinserción social; y que el artículo undécimo transitorio de la ley Nº 20.426 establece que los Ministerios de Justicia y de Hacienda, en el ejercicio de sus funciones y dentro del ámbito de sus competencias, deben formular y presentar al Presidente de la República una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de reinserción social.
¿Y qué determinamos sobre el particular? Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República la presentación, en el plazo de 60 días, de un plan de reforma integral del sistema penitenciario, con metas a corto, mediano y largo plazo que abarquen, al menos, las siguientes medidas:
-Nueva institucionalidad para la reinserción social de las personas sujetas a control penal.
-Fortalecimiento de las alternativas a la prisión.
-Regulación de la figura del juez de ejecución de penas.
-Creación de una infraestructura penitenciaria que responda a estándares de derechos humanos.
También se discutió largamente -ello no fue parte del proyecto de acuerdo, pero sí del rico debate desarrollado en la Comisión de Constitución- lo relativo a la dictación de una ley que terminara derechamente con el sistema de reclusión nocturna, lo que significaría de inmediato que 2 mil 500 personas quedasen fuera del hacinamiento carcelario.
Hasta hoy, el Gobierno no responde al planteamiento hecho por la Presidenta de la Comisión, Senadora señora Alvear.
Pasa el tiempo y no vemos claridad en estas materias. Las iniciativas que el Ejecutivo trae a la discusión parlamentaria no resuelven el asunto en su esencia; no lo hacen definitivamente. El proyecto en debate solo permite hacer espacio en las cárceles hasta que estas vuelven a ser llenadas.
¿Necesitaremos otro incendio, otras víctimas silenciosas, para un nuevo indulto? ¿Tranquilizaremos nuestras conciencias, durante un tiempo, hasta que las llamas hagan gritar nuevamente un sistema que requiere reformas estructurales?
No, señor Presidente. No puedo ser cómplice de la perpetuación de algo que a todas luces y unánimemente consideramos inadecuado.
Hoy, nuestro país nos reclama una acción decidida y verdadera en ámbitos relevantes como los siguientes:
Reforma educacional. El 80 por ciento del gasto en educación lo hacen las familias. Solo un 20 por ciento lo aporta el Estado.
Energía necesaria para el desarrollo. Este último no llega a las comunas que aportan con su patrimonio medioambiental a generarla.
Reformas laborales. No se reciben, señor Presidente. Perdón, se llevan a cabo por la vía de dictámenes de la Dirección del Trabajo, a espaldas de la ciudadanía y, por cierto, del Congreso, y en desmedro de los trabajadores.
Seguridad. Anuncios atractivos no resuelven la causa real de la dificultad, sino que solo alivian transitoriamente una cuestión de hacinamiento y dejan tranquilas las conciencias de algunos. Se hace referencia a problemas éticos. No nos engañemos: es solo una vendita que tapa la herida, pero no la cura.
Abusos del mercado. Cuentas de electricidad escandalosas; seguros que no se contratan o que, cuando se exigen o impetran o demandan, son un chiste. Nuestro propio escándalo financiero ha estallado en una empresa en la que se ha transgredido en forma violenta la más absoluta regla de la ética.
Le pido al señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente- que se comprometa en el Senado a un cambio real en materia de seguridad.
Me tocó, como Intendenta de la Región Metropolitana, la implementación de la última etapa de la reforma procesal penal. Discutimos con Carabineros, Policía de Investigaciones, gendarmes, secretarios regionales ministeriales, Ministro del Interior, lo que entendíamos por política de seguridad. Y no se trataba solo de construir cárceles, sino también de hacernos cargo de la prevención y rehabilitación. Eso, querido Senador señor Chadwick, es considerar el tema como algo integral y completo.
No pretendamos tapar el sol con un dedo. Es imposible.
Y, finalmente, si es tan amplia la convicción de que nos hallamos ante algo urgente, como ha dicho nuestro Honorable colega, ¿entonces por qué han pasado casi siete meses y el Primer Mandatario no ha firmado más que tres indultos para hacerse cargo de personas que lo están pasando mal en las cárceles y no ha utilizado una facultad que las leyes le entregan, no para indultos generales, sino particulares, que requerirán un poco más de tinta y esfuerzo, y que es posible aplicar?
Por ello, mi voto es en contra del proyecto de ley.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, estimados colegas, después de escuchar toda la discusión que hemos sostenido, extremadamente interesante, y de abordar el tema con las autoridades de los institutos de derechos humanos, con las propias personas compenetradas en el asunto, quisiera formular una reflexión sobre cuatro o cinco puntos que me llevan a lo que expresaré al fundamentar mi voto.
Primero, deseo confesar delante de ustedes que esta es una materia que para mí resulta especialmente difícil dilucidar. Aquí median una cuestión de ética, de relación entre el Estado y la sociedad, de obligación de cuidar la seguridad, a lo que se suman los derechos humanos y, asimismo, como se ha visto finalmente en los últimos años, los derechos de quienes se hallan detenidos o presos.
Hace muchos años, ello no revestía connotación y percibíamos siempre que, en definitiva, había en la cárcel una suerte de revancha de la sociedad.
Fue el mismo debate que sostuvimos hace tiempo en el Senado sobre la pena de muerte.
El anterior es uno de los puntos.
Otro radica en si acaso la materia es o no facultad exclusiva de nuestra Corporación.
Bien saben los señores Senadores que no soy abogado, pero me he permitido, como todos, contar siempre con una opinión que me ayude a dilucidar los asuntos. Aquellos a quienes consulté me han informado que para este tipo de indultos sí se requiere la votación de un proyecto de ley en esta Corporación y no una acción del Gobierno obligatoria y excluyente.
En tercer lugar, cuando se analiza la medida en estudio, o la situación de los presos, o cómo hacer justicia, o cómo evitar al máximo la delincuencia, que se puede traducir en cárceles absolutamente llenas, nos encontramos con algunas cosas bastante claras, las cuales, sin embargo, no se mencionan.
Por una parte, se plantea la pregunta que nos hemos formulado siempre quienes pertenecemos a la profesión médica: ¿se trata de enfermos o de delincuentes?
Cuando uno recurre a la neurocirugía y le muestran imágenes de resonancias magnéticas, observa en ellas que lesiones presentes en un delincuente grave y mayor son exactamente iguales a las de quien padece alzhéimer. Y cuando un hombre ha sido torturado, no desde el punto de vista físico, sino exclusivamente psiquiátrico, psicológico, las lesiones son idénticas a las que se pueden apreciar en un delincuente.
Entonces, se trata de un tema complejo.
En esas condiciones, surge un segundo punto, que nunca hemos mencionado en el presente debate: ¿cómo prevenimos la existencia de un delincuente? Aquí siempre discutimos sobre el último carro del tren, pero no se ha llevado adelante ninguna tentativa real, ni por el Gobierno actual ni por los de los últimos treinta años, para saber qué debemos hacer para evitar que una persona adquiera esa calidad.
Hemos examinado tal aspecto en las iniciativas sobre maltrato infantil, pero quedó en la penumbra. Se trata de saber si las familias son realmente capaces de salvar a un niño, y la violencia en su seno demuestra que esta no es el camino. O, por lo menos, mientras no resolvamos el punto, dicho objetivo no se logrará.
Como tercer elemento, toda la televisión de hoy, abierta o cerrada, registra un índice de presentación de violencia de tal naturaleza que no resulta improbable que muchos niños sean motivados al delito a través de películas diarias, a las que están expuestos por tres o cuatro horas -es el tiempo que permanece ante la pantalla uno de ellos-, donde se les enseña cómo se cometen crímenes, cómo se roba y cómo se mata sin que se sepa.
Entonces, mientras no abordemos esa cuestión general, estaremos arando en el mar.
Sin embargo, tenemos que tratarla, y eso es parte de la decisión que he tomado.
He resuelto votar a favor del proyecto. Y lo haré en función de la opinión de gente que tiene que ver con los derechos humanos, en general, sector en que se me ha confirmado mi propio pensamiento en orden a que debe considerarse una línea inmediata, una mediata y una de largo plazo. En el presente debate se ha conminado, de alguna manera, al Gobierno en el sentido de realizar en los próximos años lo que tiene que hacer en la materia, para que la situación penitenciaria sea vista a largo plazo.
El señor Ministro de Justicia ha trabajado en la Comisión de Derechos Humanos -que presido-, donde estamos estudiando cuáles son las alternativas para que no se termine solo en la cárcel; cuáles son las que debemos cambiar para que el hacinamiento no se dé entre quienes registran una criminalidad muy alta y otros que no se encuentran en esa condición, porque al final la cárcel termina siendo "universidad del delito".
Consciente de que esta es la política general que el Senado le está pidiendo al Gobierno; consciente de lo que el Ejecutivo ha expresado a través del señor Ministro; consciente de que el proyecto presenta todas las limitaciones posibles, ya mencionadas; consciente de que nos encontramos en la urgencia de resolver algunos aspectos que ya son en verdad de misericordia, curiosamente, en relación con delincuentes -pareciera una manera extraña de abordar el problema, pero el indulto no es otra cosa que una facultad de la autoridad para mejorar esa condición y sacar de las cárceles a personas por conmiseración, por justicia mal aplicada o por el bien común, a fin de que no exista permanentemente un estado de irascibilidad en dicho ámbito-, consciente de todo eso, mi voto será favorable.
En efecto, conozco la situación de las cárceles. Me tocó ejercer el cargo de médico en ellas por muchos años. Y debo reconocer que es una de las cosas más apasionantes, desde el punto de vista de la psicología humana, ver lo que ahí sucede. Pero reitero que media un acto de misericordia en el caso de que se trata, porque, francamente, es una realidad más allá de lo que puede existir en un país civilizado.
En el tiempo que me queda, señor Presidente, y a partir de la decisión que he tomado y del debate registrado, me referiré a la apreciación de algunos señores parlamentarios en orden a que aquí no se puede cobrar nada, ni siquiera la palabra, y a que no se debe pasar una suerte de cuenta política.
El Senador que habla no lo hace. Pero, con toda franqueza, la política es el arte de no repetir ideas, y sobre todo las malas aplicadas en el pasado. Nadie puede negar el derecho de los parlamentarios de la Concertación a sentirse llevados a reaccionar duramente frente a un proyecto como el que nos ocupa, ya que la conducta de la que fue Oposición hace poco tiempo también superó toda inconsecuencia. No se reparó en que se trataba de un grave asunto de país, no fácil de resolver, y se hizo del punto un tema de campaña que llegó más allá de lo razonable y lógico.
No le estamos haciendo una imputación al Gobierno o al ex candidato en virtud de lo que ellos hicieron con nosotros. Estoy diciendo que es preciso tener cuidado cuando se sobrepasan ciertos límites en política, porque la Tierra, aunque la NASA sostenga lo contrario, sigue siendo redonda para estos efectos, y lo que nos pasó a nosotros le está sucediendo a la actual Administración.
No hago de mi voto una referencia a dicho punto. Sí señalo una enseñanza para un Gobierno que, con toda sinceridad, requiere también modificar su conducta de extrema soberbia.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, quisiera efectuar algunas reflexiones.
El artículo 32 de la Constitución Política contiene atribuciones especiales del Presidente de la República, y su número 14o dispone: "Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley".
O sea, el Primer Mandatario, al enviar el proyecto, nos hace corresponsables, políticamente, del ejercicio del derecho de gracia que le compete, amparándose en la ficción del indulto general, el cual es naturalmente de competencia legislativa, de acuerdo con el número 16) del artículo 63 de la Carta.
El problema que se está viviendo en las cárceles podría haber sido enfrentado a través de indultos particulares hace ya bastante tiempo, lo que no ocurrió. En su defecto, se quiere hacer responsable al Parlamento de una decisión que le corresponde exclusivamente del Presidente de la República.
Por otra parte, el proyecto es contradictorio con el permanente discurso político de la Derecha en cuanto a exacerbar la respuesta punitiva del Estado frente al fenómeno de la delincuencia, esto es, aumentar las sanciones para determinados delitos.
Por eso llama la atención que el Gobierno haya anunciado hace unos días el incremento de penas para quienes roben cajeros automáticos. En vez de ello, debiera exigir al sistema financiero que asuma su responsabilidad y establezca mayores medidas de seguridad.
Además, nuestras cárceles están llenas de personas que cometen delitos menores: fumar un cigarrillo de marihuana, embriagarse, armar desórdenes. Ellas podrían ser sancionadas de otra manera.
El proyecto que nos ocupa no va a resolver el problema carcelario. Para enfrentarlo, me quedo con lo anunciado por el señor Ministro de Justicia respecto de las reformas a la institucionalidad del sistema penitenciario, lo que también incluye normas sobre reinserción social y rehabilitación de las personas privadas de libertad.
Pero -insisto- esta iniciativa no solucionará el asunto de fondo.
Por otro lado, me preocupa lo planteado por el Senador señor Escalona. Si quedan incluidos entre los beneficiarios del indulto -de acuerdo al catálogo que se ha señalado- quienes han sido encarcelados por violencia intrafamiliar, también habrá que incorporar, en mi opinión, a los condenados por cuasidelito de homicidio por conducir en estado de ebriedad y a los que ocasionaron lesiones graves con arma blanca, ¡ilícitos gravísimos ambos, de permanente ocurrencia en la Región de Magallanes!
Ello es preocupante, pues se trata de personas que, a mi juicio, no debieran ser consideradas para el indulto. De lo contrario, ¿qué explicación se les podría dar, por ejemplo, a los padres que perdieron un hijo producto de la irresponsabilidad de alguien que manejó en estado de ebriedad?
Asimismo, tampoco creo que la solución del problema penitenciario radique en la reubicación de presos a lo largo de Chile. Al respecto, espero que la noticia que ha circulado en mi Región sea producto de un rumor o de una desinformación: el traslado de reos del centro del país a las comunas de Natales y de Punta Arenas. Le quiero decir al señor Ministro que la Región de Magallanes no está disponible para convertirse nuevamente en colonia penal. Eso ocurrió en el siglo XIX, pero ya estamos en el XXI.
Pensamos que esa no es la mejor forma de resolver la situación penitenciaria chilena y, por ende, el hacinamiento en las cárceles.
Varios señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra han planteado la solución: rehabilitación, reinserción y racionalidad de las penas.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor, 7 en contra y una abstención), dejándose constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido, y se fija como plazo para presentar indicaciones el lunes 4 de julio, a las 12.
Votaron por la afirmativa la señora Allende y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, García, Girardi, Horvath, Larraín (don Carlos), Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa las señoras Alvear y Rincón y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Lagos, Muñoz Aburto y Pizarro.
Se abstuvo el señor Gómez.