CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta formada en virtud del artículo 71 de la Constitución Política de la República recaído en el proyecto de ley sobre el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, con urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5083-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 21 en 5 de junio de 2007.
En tercer trámite, sesión 16ª, en 11 de mayo de 2010.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 38ª, en 3 de agosto de 2010.
Informes de Comisión:
Educación: sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007.
Educación (segundo): sesión 12ª, en 28 de abril de 2009.
Hacienda: sesión 12ª, en 28 de abril de 2009.
Mixta: sesión 6ª, en 5 de abril de 2011.
Discusión:
Sesiones 65ª, en 14 de noviembre de 2007 (se aprueba en general); 13ª, en 29 de abril de 2009 (se aprueba en particular); 37ª, en 28 de julio de 2010 (se rechaza y pasa a Comisión Mixta).
--(Manifestaciones en tribunas)
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Informo al público asistente que no se aceptan manifestaciones de ningún tipo, ni a favor ni en contra de las intervenciones en la Sala. La Mesa será sumamente rígida al respecto.
Tiene la palabra al señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias entre ambas Corporaciones se suscitaron por el rechazo de la Cámara de Diputados a la creación de la Agencia de la Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación, normas de la esencia de la iniciativa.
La Comisión Mixta, como forma de resolver la discrepancia, propone en su informe el texto que resultó del acuerdo alcanzado por sus integrantes.
Cabe señalar que la proposición fue acordada por unanimidad, con excepción del artículo 31, en que votó en contra el Diputado señor González y se abstuvo el Senador señor Quintana; la letra n) del artículo 41, el artículo 45, la letra d) del artículo 101 y el artículo 108, en que votaron en contra los Senadores señores Navarro y Quintana y los Diputados señores González y Venegas; el artículo 2° bis, letra c), contenido en el artículo 112, en que votó en contra el Senador señor Navarro y se abstuvo el Diputado señor González; el inciso segundo, nuevo, del artículo 7° contenido en el número 6 del artículo 112, en que votó en contra el Senador señor Navarro; el número 8 del artículo 112, en que votaron en contra los Senadores señores Navarro y Quintana, y el número 9 del artículo 112, el artículo 113, el número 1 del artículo 114 y los artículos transitorios primero, segundo, cuarto y octavo a duodécimo, en que votó en contra el Senador señor Navarro.
Finalmente, los artículos 9°, 10, 11, 19, 32 a 35, 38, 41 a 43, 45, 47 a 49, 84 a 86, 98, 101 a 104, 108 y 112 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el pronunciamiento conforme de 22 señores Senadores, votación que se efectuará separadamente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Deseo puntualizar que se comenzará por esta última, para los efectos de que Sus Señorías se mantengan en la Sala.
En discusión el informe.
Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, la Comisión Mixta formada para considerar la desavenencia entre el Senado y la Cámara de Diputados viene en recomendar a la Sala, por unanimidad, que apruebe su proposición sobre el proyecto, el cual ha registrado una tramitación bastante inédita.
En efecto, nuestra Corporación, ante una normativa cuyo origen se encuentra en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, la acogió, en su momento, y la otra rama del Congreso la rechazó después, y, al hacerlo, se "cayó" el texto, en el fondo.
Por lo tanto, no se trata de que el Senado y la Cámara, a partir del informe de la Comisión Mixta, tengan que pronunciarse sobre tal o cual aspecto, sino de que fue preciso reconstruir el edificio de la iniciativa, después de 10 meses de discusión y tramitación, para llegar a una conclusión.
Y voy a ser muy breve, señor Presidente, para explicar lo que hemos aprobado.
Para empezar, la educación es hoy día un mercado desregulado. Esa es la verdad. Y lo que han hecho el proyecto y el conjunto de ellos que estamos aprobando en ese campo es regularlo. O sea, el objetivo es que el Estado asuma su rol...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor PROKURICA.- ¿En qué quedamos, señor Presidente?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Les voy a explicar a los pocos asistentes a las tribunas que hay un acuerdo de Comités sobre la materia -tengo que dar garantías a todos los miembros de la Corporación- y que no se van a aceptar manifestaciones de ningún tipo.
No soy partidario de que el asunto se debata sin público, pero si no pueden guiarse por la regla que he señalado, va a ser muy ingrata para nosotros, como Mesa, la decisión que deberemos tomar.
Reitero que es preciso aplicar un acuerdo de Comités. Les pido mantener una actitud respetuosa.
Puede proseguir el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Pido que se me descuente el minuto de la interrupción, señor Presidente.
Decía que el texto que nos ocupa apunta a regular un mercado desregulado, a establecer el rol del Estado como garante del bien común: más y mejor Estado en la búsqueda de la calidad y la equidad de la educación, tanto pública municipal como particular subvencionada. Porque, en el fondo, la iniciativa apunta al sistema en su conjunto, al 92 por ciento de los alumnos que reciben una subvención, y contempla cuatro cosas fundamentales.
La primera de ellas es que se amplía el concepto de calidad. En otros términos, la idea es que el proyecto que se plantea sobre su aseguramiento no sea una especie de SIMCE ampliado, basado solamente en resultados de aprendizaje o de pruebas estandarizadas, como la aludida, sino que se introduzcan otros elementos o indicadores, como los que se consideran.
En segundo lugar, se crea una Agencia de Calidad. ¿Para qué? Para velar justamente por una supervisión adecuada, que pueda hacer efectiva la calidad de la educación pública municipal y de la particular subvencionada.
Deseo consignar, señor Presidente, que en el articulado inicial se incluía una planta de 75 funcionarios, quedando al final 360, no para crear una gran burocracia, sino para que realmente exista una entidad, apoyada por un Consejo, que permita supervisar de manera conveniente la educación pública municipal y la particular subvencionada.
Adicionalmente al Consejo, se traslada a la Agencia el SIMCE, con toda su estructura.
Tercero, se establece una Superintendencia de Educación. ¿Para qué? Para fiscalizar el uso de los recursos públicos. Hoy día ello no se verifica en forma apropiada.
Inicialmente, la planta del organismo era de 292 funcionarios: terminó con 460.
Es decir, en vez de los 360 funcionarios -entre ambas instituciones- previstos inicialmente, habrá cerca de 800 directivos, profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares, los que tratarán de implementar la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación para velar por una conveniente supervisión y fiscalización del proceso.
Y cuarto, se determina el rol rector del Ministerio de Educación -algo muy importante-, configurándose, en otras palabras, una nueva arquitectura institucional. El propósito es que, junto con el Consejo Nacional de Educación creado por la Ley General de Educación, con la Agencia de Calidad y con la Superintendencia que estamos estableciendo, exista una Secretaría de Estado que ejerza dicha función. Ello implica un plan de aseguramiento de la calidad, cada cuatro años, y la generación de una Unidad de Apoyo Político-Técnica para que justamente el Ministerio cumpla con su rol rector en la materia.
Entonces, lo que hicieron acá Senadores y Diputados de Gobierno y de Oposición, por unanimidad, es reconstruir un edificio que se había caído por el rechazo de la Cámara de Diputados. Este último lo celebro, a propósito, porque nos permitió rediscutir y repensar el proyecto, que se une a otros que hemos aprobado y que vamos a aprobar. En este último caso se encuentran el de fortalecimiento de la educación pública o de alternativas a la municipalización, el cual, por ley, tiene que ingresar antes del 30 de septiembre próximo, pues ese sector se nos está quedando atrás y queremos robustecerlo, y el de carrera docente, una de las grandes aspiraciones de los profesores, que también por ley debe ser enviado antes del 1° de marzo de 2012.
Es decir, la Ley General de Educación del año 2008, dictada por la Presidenta Bachelet, normativa que creó el Consejo Nacional de Educación, y la Subvención Escolar Preferencial, aprobada también ese año por el Congreso, bajo ese mismo Gobierno, para destinar más recursos a los alumnos vulnerables, así como también las iniciativas venideras de fortalecimiento de la educación pública y de carrera docente, se suman a la futura Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Se trata de un nuevo edificio, de una nueva arquitectura institucional, con el concepto ampliado de calidad de la educación, con la Agencia de Calidad para supervisar el proceso, con la Superintendencia de Educación y con el rol rector del Ministerio, para que en esa función este pueda dar realmente un paso adelante, cualitativamente de relevancia.
Finalmente, sostuvimos una discusión muy importante con relación a los artículos transitorios, en especial, para que todos los traslados del actual personal administrativo o auxiliar de la Secretaría de Estado a la Agencia de Calidad o la Superintendencia, ya sea a través del traspaso directo, como en lo relativo al SIMCE, o de concursos internos, se realicen sin solución de continuidad, esto es, con respeto por los derechos de los trabajadores.
Es así como, a pesar de crearse -al igual que en la Administración de la Presidenta Bachelet con la Superintendencia de Medio Ambiente- nuevas causales de despido, por ejemplo, en la Superintendencia o la Agencia, ellas no se van a aplicar por ningún motivo a los funcionarios actuales, especialmente administrativos o auxiliares, que sean traspasados a una u otra.
Es más, las nuevas plantas crean un sistema mixto que se faculta especialmente para administrativos y auxiliares a fin de que exista un mecanismo de traslado directo o concurso interno, reservándose el concurso público principalmente para los cargos directivos, profesionales y técnicos del nuevo Ministerio de Educación.
La nueva arquitectura institucional, entonces, ha tratado de mantener, de respetar, los derechos laborales de los actuales trabajadores de la Secretaría de Estado al garantizar esta forma de traspaso sin solución de continuidad, como lo contempla la iniciativa.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Como ya lo ha informado el señor Presidente de la Comisión de la época, este es un informe de Comisión Mixta muy suigéneris, ya que el proyecto se quedó sin contenido y, por la vía de que se trata, se legisló para incorporarle una serie de materias que han permitido darle coherencia a la necesidad de mejorar y asegurar la calidad de la educación.
Deseo valorar el acuerdo político alcanzado. Como en todo orden de cosas, ambas partes han tenido que hacer concesiones. Y lo concreto es que la Concertación y la Coalición por el Cambio han logrado acuerdos que permiten asegurar una mayor oportunidad para que la educación pública municipalizada compita en mejores condiciones con la particular subvencionada, la cual -vale la pena recordarlo- hoy se ha constituido en el sistema mayoritario del modelo educacional chileno, precisamente por las inconveniencias en que aquella desarrollaba su labor.
Asimismo, destaco el rol que ha jugado en esta materia el Ministerio de Educación, a través del Ministro, don Joaquín Lavín, y su equipo.
--(Manifestaciones en tribunas).
Señor Presidente, el sector de la educación debe entender que en democracia hay pensamientos distintos y respetar las diferencias. Si no es capaz de comprender eso, no sé qué puede hacer en dicho ámbito.
¡Por tanto, le exijo que haga respetar mi derecho a usar de la palabra!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Continúe, señor Senador.
El señor CANTERO.- Decía que considero muy importante el proyecto.
Y valoro el inmenso esfuerzo del Senador Ignacio Walker y la altura con que ha actuado en la búsqueda de entendimiento en esta materia.
¿En qué logramos avanzar? En la creación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia del ramo) y en la definición de las funciones y atribuciones, adecuadamente coordinadas, de las instituciones que lo componen.
La Agencia de Calidad se encargará de evaluar el logro de los aprendizajes de los alumnos y de ordenar los establecimientos de acuerdo a este criterio.
Las finalidades de la Superintendencia son fiscalizar la normativa educacional y la rendición de cuentas y atender consultas y reclamos.
En tal contexto, el Ministerio de Educación deja ciertos roles (por ejemplo, el de evaluador de establecimientos, el de fiscalizador) con el fin de enfocarse en otros ámbitos relevantes, como la definición e implementación de políticas educativas, el apoyo a los establecimientos y el financiamiento del sistema.
Se definió al MINEDUC como órgano rector del Sistema.
Lo más importante es que el rol fiscalizador se ubica en la lógica de un concepto de calidad de la educación mucho más amplio y generoso que el propuesto originalmente en el cuerpo normativo en debate.
Se incorporaron, además de los estándares de aprendizaje, "otros indicadores" funcionales a la perspectiva de ampliar el concepto de calidad educativa, lo que considero muy valioso.
Se incluyó la posibilidad de que la Agencia realice "visitas de aprendizaje" a establecimientos de buen desempeño, con el propósito de generar una metamorfosis en educación a partir del contacto y del conocimiento de tales realidades.
Se modificaron las atribuciones del Ministerio de Educación para adecuarlas a las de la nueva institucionalidad. Este cumplirá un rol de evaluación, de fiscalización y de apoyo con una lógica distinta de la tradicional.
Otro aspecto de gran trascendencia son las enmiendas profundas a la Ley de Subvención Escolar Preferencial y a la Ley sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. Vale la pena resaltar el esfuerzo realizado por el Gobierno del Presidente Piñera por aumentar el valor de la subvención, que camina a paso firme de alrededor de 35 mil pesos a casi el doble. Ello, para permitir que la educación pública municipalizada pueda competir de mejor manera y, además, para focalizar la ayuda en los sectores educacionales con dificultades sociales y económicas.
En materia de traspaso de personal, los señores Senadores fueron rigurosos en cautelar el bienestar de los trabajadores. El punto fue motivo de gran preocupación, en una primera etapa, para los colegas de la Concertación. Pero, a poco andar, comprobamos que existía una fuerte coincidencia en dicha inquietud. Y sacamos adelante un asunto sensible en forma satisfactoria.
Lo relativo a los concursos también se abordó en toda la discusión.
Cabe recordar que, con la Ley sobre Calidad y Equidad de la Educación, se introdujeron modificaciones al Estatuto Docente; se asignaron más recursos a los municipios; se propuso un generoso plan de retiro para docentes en edad de jubilar, y se otorgó un bono a los ya jubilados con baja pensión.
Señor Presidente, dado que se me acaba el tiempo, termino expresando mi satisfacción por el trabajo realizado en la Comisión Mixta y por la excelente conducción de quien la dirigió.
Valoro el que la educación pública municipalizada, una vez despachado el proyecto, pueda competir en forma eficiente y en mejores condiciones con el sector particular subvencionado. Creo fervorosamente en que Chile debe contar con una enseñanza pública fuerte que permita constituir el crisol de la educación y de la sociedad que siempre existió en el pasado y que fue tan útil para el país.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, el proyecto de ley cuyo informe de Comisión Mixta estamos conociendo deriva de la Ley General de Educación, que aprobamos en este Congreso prácticamente por unanimidad y que generó una nueva institucionalidad en materia educacional, cuya orientación fundamental fue la calidad del sistema educativo.
En dicha legislación se estableció la creación de dos instituciones básicas y esenciales para lograr tal objetivo: la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación, dos entidades que nunca habíamos tenido antes.
Después de una larguísima tramitación de la iniciativa que nos ocupa, en la Comisión Mixta se logró un muy buen acuerdo con relación a dichos organismos.
Aprovecho, tal como señalaron algunos Senadores, de reiterar las felicitaciones al Presidente de la Comisión, Honorable señor Ignacio Walker,...
--(Manifestaciones en tribunas).
...verdadero artesano de los acuerdos alcanzados -a veces con gran paciencia, pero con mucha sabiduría- para ir concretando estas normas, y también, obviamente, a los señores Ministro y Subsecretario de Educación,...
--(Manifestaciones en tribunas).
...quienes siempre mostraron flexibilidad y apertura para recibir los aportes de los distintos sectores en pos de mejorar el proyecto.
A mi juicio, señor Presidente, entre la iniciativa original y el aporte de la Comisión Mixta, hay dos aspectos que me parecen medulares.
El primero y más sustancial se refiere a que ahora se propone ampliar el concepto de calidad de la educación. En el proyecto aprobado por el Senado habíamos entendido que aquella debía ser evaluada solo en función de los aprendizajes educativos a través de los instrumentos de medición objetiva de resultados (fundamentalmente, la prueba SIMCE). Pero se incorporó un nuevo concepto de calidad, que considera no solo la evaluación de los contenidos de aprendizaje, sino también la de otros elementos, definidos en la iniciativa como "indicadores de calidad educativa".
¿Cuáles son estos? Conviene tenerlo claro para entender después la aplicación de esta normativa. Además del SIMCE, serán susceptibles de evaluación -la Agencia de Calidad deberá definir la forma de hacerlo- otros aspectos que inciden en la calidad de la educación: la condición socioeconómica en que se encuentra determinado establecimiento, o factores como -muy importante hoy en día- las condiciones de la convivencia escolar. Ello, a efectos de que tengamos una visión más integral de la calidad de nuestros establecimientos educacionales.
En mi opinión, ese es el aporte más sustancial a que llegamos en la Comisión Mixta luego de los distintos debates y acuerdos alcanzados.
Al mismo tiempo, el otro punto que considero muy importante es que se definió en forma precisa el rol del Ministerio de Educación. En adelante, este no salpicará de un asunto a otro, haciéndose responsable de diferentes aspectos, sino que cumplirá un papel fundamental en la conducción y en la fijación de las políticas públicas en materia educacional, así como en el financiamiento del sistema. O sea, dicha Cartera se concentrará en su labor normativa, en la fijación de políticas públicas, en la orientación del sistema educacional y, sobre todo, en su financiamiento, en lugar de encargarse, como ocurre hoy, de múltiples y diversas funciones, que a veces no le permiten dedicar sus esfuerzos a la tarea de mejorar las directrices públicas en este ámbito.
Tales son, a mi juicio, los dos elementos fundamentales del proyecto que nos ocupa.
Finalmente -y esto fue objeto de controversia-, se logró un acuerdo para establecer un sistema con relación al personal de planta y a contrata (aspecto laboral), muy similar -incluso con algunos beneficios adicionales- al que se definió cuando se crearon las últimas superintendencias -la de Medio Ambiente, por ejemplo-, donde se acogieron normas, tanto para el personal traspasado directamente en función de las similitudes de las tareas por desarrollar, como para el que se contratará mediante concurso. Operará el Sistema de la Alta Dirección Pública para el nivel de dirección y, en igualdad de condiciones, se dará preferencia a quienes son actualmente funcionarios del Ministerio de Educación. Se busca un punto de equilibrio entre el respeto a los derechos de estos trabajadores y las necesidades de los órganos que se crean.
Por ello, señor Presidente, creo que estamos ante un buen acuerdo, un eje fundamental para poner en aplicación la Ley General de Educación, el cual contribuirá al objetivo que todos compartimos de ir avanzando en garantizar una educación de calidad para nuestro país.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, este proyecto sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media es, como aquí se ha dicho, la gran transformación en educación de este tiempo.
--(Manifestaciones en tribunas).
Lo señalé en enero: no era la iniciativa sobre calidad y equidad la reforma principal, sino la que ahora nos ocupa, la cual representa un cambio sustantivo en el ámbito educacional, porque se hace cargo de una serie de problemas, de necesidades educativas, que aborda en forma sistémica.
Este debate ha estado un tanto invisibilizado durante los últimos ocho o nueve meses, como bien señaló el Presidente de la Comisión Mixta, el Senador Ignacio Walker.
A propósito de la lamentable partida del Diputado Juan Lobos, todos destacamos en él su transversalidad y su espíritu para dialogar y buscar amplios consensos. Pues bien, la discusión en torno a este proyecto representa algo distinto, con menos transversalidad, y da cuenta de un debate técnico -árido a ratos-, pero también ideológicamente interesante.
Por cierto, lo transversal es importante, como lo expresamos en el caso del Diputado Lobos. Y muchos debates en esta Sala se orientan en ese sentido. Sin embargo, en esta materia han quedado en evidencia las distintas -y legítimas- posiciones existentes.
Con la iniciativa en comento de alguna forma estamos cerrando un círculo para que la Ley General de Educación adquiera plena aplicabilidad. Esto, como se sabe, se inicia hace algunos años con la "revolución pingüina", que clamaba por el fin de la LOCE. Terminó esta; se dictó la Ley General de Educación, pero faltaba esta otra pata sustantiva, este cambio institucional profundo. Y la Comisión Mixta, que ha estado trabajando durante más de ocho meses, logró consensuar las necesidades educativas fundamentales.
El acuerdo alcanzado mejora significativamente el concepto de "calidad". Lo amplía. Recoge, además, el concepto de "educación" de la LGE, y lo incorpora con mucha fuerza y decisión en este proyecto.
Como han señalado varios Senadores, aquí se consagra un rol del Estado muy importante con relación a la promoción y al fomento de la calidad. Es decir, por primera vez el Estado no se puede hacer el leso. En lo sucesivo, tendrá que responder cuando no existan garantías de calidad en los aprendizajes de los estudiantes.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Pido a las personas en las tribunas que no hagan manifestaciones de ningún tipo durante la sesión, menos aprovechándose del temblor que acaba de pasar.
Prosiga, Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, este proyecto -insisto- mejora la calidad y le da al Estado un rol que antes no tenía.
Además, aborda un aspecto muy relevante: el papel de los funcionarios, tanto del personal traspasado como de quienes sean objeto de los concursos (los internos y los abiertos). Ese fue un tema largamente debatido. Hemos dialogado con la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME); encontramos muy legítimas las posturas que nos ha planteado, y muchas de ellas se han transformado en indicaciones. Uno de los puntos importantes a tener presente es el rol que les cabe a los funcionarios públicos -así como se destaca el de los profesores- en implementar los diversos procesos. Son ellos los que, a través del Ministerio, de la aplicación del SIMCE, de la inspección, de la planificación; en fin, de tantas tareas, llegan al establecimiento, a las salas de clases, y aportan su trabajo. Por lo tanto, deben ser tomados en cuenta.
Por eso, aquí se han intentado recoger propuestas tan relevantes como no darle curso al cese de funciones, que consistía, en definitiva, en aplicar la causal de término del contrato por necesidades de la empresa. Ello claramente no podía ser acogido y no se aceptó para los funcionarios que sean traspasados.
Cabe destacar también aquí el mérito del Ministro Lavín, de su equipo, del Subsecretario.
--(Manifestaciones en tribunas).
Porque, como se ha dicho, este proyecto era completamente distinto al comienzo. Aquí hubo un aporte de todos: desde luego, de la Presidenta Bachelet, quien lo envió a trámite, pero también del actual Gobierno, que lo hizo suyo y que fue abriéndose a recoger las inquietudes que le plantearon los Senadores y Diputados.
Por mi parte, celebro que la Cámara Baja haya rechazado la iniciativa en su segundo trámite, pues ello permitió llegar al articulado que hoy día estamos viendo.
Insisto: se advierte aquí un papel del Estado, particularmente del Ministerio de Educación, muy distinto. El nuevo rol de asegurar calidad no lo teníamos antes. Nos hubiera gustado haber sido más categóricos en esto. La norma quedó de la siguiente manera: "Es deber del Estado propender a asegurar una educación de calidad en sus distintos niveles.".
Los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra se han referido en extenso a las nuevas funciones del Ministerio de Educación.
Fundamentalmente, se le otorga la tarea de órgano rector y coordinador del Sistema. A partir de ahora el establecimiento educacional va a ser visitado no solo por dicha Cartera, sino también por la Agencia -para cumplir su papel de evaluar, de ordenar, de clasificar, de informar a la comunidad de padres y apoderados- y por la Superintendencia. Entonces, alguien debe coordinar el Sistema: esa será la tarea central del Ministerio de Educación.
El MINEDUC tendrá las obligaciones de elaborar, cada cuatro años, un Plan Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y rendir cuenta anualmente de cómo se va avanzando en ese proceso.
--(Manifestaciones en tribunas).
Se fortalece el nuevo rol de apoyo técnico-pedagógico, un aspecto importante en el que insistió la Concertación. Lo mismo cabe decir de la unidad especializada de apoyo técnico, donde el Ministerio no puede excusarse cuando sea interpelado por un establecimiento pobre, de escasos recursos, con bajos indicadores de desempeño.
Se le otorga al MINEDUC la función de certificador de la calidad.
En fin, hay una serie de nuevas materias que deberá llevar adelante y coordinar adecuadamente con las otras instituciones que aquí se crean, como es el caso -repito- de la Agencia, que tendrá que evaluar -no solamente al alumno, sino también al establecimiento-, orientar, ordenar, informar, medir.
En este punto hay diferencias: ¿Medir para qué? ¿Para castigar o para mejorar?
Ese fue, en buena medida, el debate que ocupó a la Comisión Mixta. Porque cabe preguntar: ¿A quién se va a medir: al niño o también a la escuela o al sostenedor?
¿Y qué se hace con esa información?
Me alegro de que el Gobierno finalmente haya retirado el sistema de los semáforos, el que estigmatizaba a los colegios y no generaba más calidad. Porque, entregando la información e induciendo al padre o apoderado a trasladar a su hijo a otro establecimiento, ¿vamos a resolver los problemas de calidad? En absoluto. Por eso, me alegra que el Gobierno haya retirado de la iniciativa dicho aspecto.
Otro punto central es que nosotros no debemos quedarnos únicamente con aquellos indicadores o estándares de medición que apuntan a lo cognitivo. No solo nos tienen que interesar niños que sepan sumar y restar, sino también los que sean capaces de dar cuenta, con una visión integral, de lo que ocurre en su establecimiento.
Por esa razón, los otros indicadores señalados aquí son tremendamente importantes para acceder a esa óptica valórica, de mundo, que el estudiante, el niño, debe recoger en su colegio.
Como se ha indicado, se establecen nuevas categorías en la Agencia de Calidad de la Educación. La Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) dispone básicamente tres: las que apuntan a niveles autónomos, a los emergentes y a los en recuperación.
Ahora vamos a tener otro tipo de categorías, y la idea es adecuarlas todas.
Ya se han referido mucho a lo relacionado con la Superintendencia de Educación, la cual va a tener que velar para que se apliquen tanto los contenidos como la normativa. Al mismo tiempo, deberá fiscalizar el uso de los recursos.
Señor Presidente, en el proyecto en debate, echo de menos algunas materias. No logro ver en él -menos en el referido a la calidad y equidad de la educación que discutimos en enero- una preocupación que dé cuenta de las necesidades de los centros de estudio.
A lo mejor, el Ministro va decir: "En la SEP viene eso". Ojalá sea así.
No con flexibilizar vamos a encontrar respuesta a dichos requerimientos. Los profesores también necesitan tiempo para planificar no solo durante la noche lo que será su labor del día siguiente, sino que necesitan hacerlo en el mismo establecimiento, con el fin de establecer dónde se hallan los nudos críticos y evaluar el plan de mejora.
Tanto en este proyecto como en otros, no figura lo relativo a los padres y apoderados. Y cuando al respecto no tenemos claridad, pensamos que, al entregar exclusivamente ciertos semáforos o indicadores, resolveremos el problema. Con ello nos puede ocurrir lo mismo que al Concejo Municipal de Huechuraba, el cual ha propuesto enviar a la cárcel a los apoderados que, sin justificación, no mandan a sus hijos a clases.
A mi juicio, hay un debate legítimo en cuanto a dónde hay que poner énfasis: si en la oferta de la Concertación en el sentido de apoyar al establecimiento educacional estimado vulnerable, y mejorarlo; o en lo que ha insistido la Alianza; es decir, poner el acento en la demanda y en dar un voucher para que cada apoderado vea dónde lleva a su hijo.
Nos parece que eso no resuelve los problemas de fondo. Por lo tanto, hay una debilitada oferta, asunto que no aborda el proyecto. Por lo mismo, espero que sea recogido en las otras iniciativas que se propondrán.
Con todo, este proyecto representa un avance importante y constituye un cambio y una reforma institucional profunda, por lo cual votaremos a favor.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Insisto que en la Sala deben respetarse las distintas opiniones.
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, una nación como la nuestra necesita avanzar en una agenda contra la desigualdad y la pobreza, mirando hacia el futuro.
La OCDE informa que de entre todos los miembros que la conforman -donde se supone que están los más desarrollados-, somos el país con peor distribución del ingreso.
Sin duda, la educación es el elemento o instrumento fundamental a través del cual podemos generar condiciones para que nuestra gente, nuestros jóvenes, superen la situación de pobreza.
Esa es la razón por la cual hemos insistido tanto en sostener que Chile necesita una educación de calidad para todos y, en especial, para el 40 por ciento más vulnerable de nuestra población.
Hemos insistido en que se tiene que invertir más en la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y en que se aumenten las sanciones a los administradores municipales y privados que desvían esos recursos a fines no educativos.
Nos parece que debe invertirse realmente en la educación de los hijos de las familias más vulnerables y duplicar la SEP. En ese sentido, reiteramos el llamado al Gobierno y al señor Ministro de Educación -quien se halla presente en la Sala- a objeto de asegurar un horizonte de recursos muy superior, que permita a los sectores de clase media y a los más vulnerables del país tener igualdad de oportunidades.
Lo mismo se establece respecto a la cobertura de la educación preescolar. Hoy día no es razonable que solo 32 por ciento de los niños de los dos quintiles menos protegidos puedan acceder a aquella. Eso es absolutamente insuficiente y, a mi juicio, el Ministerio de Educación debe implementar un programa cuya meta sea aumentar, de aquí a los próximos tres años, la cobertura de la educación preescolar en 50 por ciento a favor de las familias vulnerables y de clase media.
A propósito de esto, señor Presidente, quiero dejar expresa constancia del estupor con que conocimos los informes del señor Ministro de Hacienda, don Felipe Larraín, donde señala que parte del recorte presupuestario de 800 o 900 millones de dólares se invertirá en dos programas ligados directamente con lo que estamos hablando acá, en el sentido de asegurar la calidad de la educación para los sectores más desposeídos.
Cuando se informa al Senado que tales ajustes significarán disminuir recursos a la JUNJI, que tiene que ver directamente con la educación preescolar y con las salas cuna; a la JUNAEB, a cargo de los programas alimenticios dirigidos a los jóvenes más necesitados, nos parece que es una contradicción total y absoluta, pues, por un lado, hablamos de mejorar la calidad de la educación y se busca generar acuerdo en torno de proyectos como el que está en discusión; y, por el otro, cuando se trata de priorizar los recursos, se entregan señales total y absolutamente opuestas entre sí.
Por último, me parece que, en cuanto a la calidad de la educación y a la aspiración de que los sectores más vulnerables tengan igualdad de oportunidades, es fundamental establecer un programa tipo parecido al de los liceos de excelencia, pero orientado a los liceos técnico-profesionales. Debemos invertir y modernizar, al menos en las Regiones, alrededor de 250 liceos técnico-profesionales para que sus currículos y la formación que entregan estén de acuerdo con las demandas actuales del mercado y con la realidad de cada una de aquellas.
En la circunscripción que yo represento, los temas minero y agrícola necesitan ser mejorados en la enseñanza que se entrega hoy en los establecimientos técnico-profesionales. Y eso hay que priorizarlo porque, en definitiva, permitirá que los jóvenes estén mejor preparados para desempeñarse en el mundo laboral; tengan posibilidades de acceder posteriormente a la educación técnico-profesional superior, y cuenten con la herramienta o el instrumento adecuado para superar su condición de pobreza o de vulnerabilidad.
Como se ha dicho acá, lo propuesto por la Comisión Mixta -por lo demás el texto sugerido debe ser votado como un todo y no se puede separar la votación-, más allá de los elementos que se requieren para ir complementando el esfuerzo por mejorar la calidad de la educación en toda su dimensión, evidentemente debe respaldarse, entendiendo que los desafíos por vencer para lograr una educación de calidad, sobre todo en el sector público, que es donde están los jóvenes de mayor vulnerabilidad en nuestro país, tienen que seguir concretándose a la brevedad y, ojalá, con la participación activa de todos los actores en el plano de la educación.
A propósito de los últimos resultados del SIMCE, en mi Región es donde hubo una mejoría ostensible como consecuencia de las políticas implementadas desde hace varios años, lo que es fundamental, más allá de la capacidad de nuestros profesores y del empeño de los propios alumnos. Y en los liceos que estuve recorriendo la semana pasada, la respuesta dada por ellos iba dirigida a reconocer el esfuerzo hecho por las comunidades de padres y apoderados y la inserción de la familia y del hogar en el proceso educativo de los niños. Y en muchos de ellos se destacaba la clara diferencia observada en el salto cualitativo advertido en las últimas pruebas SIMCE.
En consecuencia, me parece que, para reformas educacionales de este tipo, es fundamental la presencia y participación de todos los actores, no solo del Magisterio o de la institucionalidad pública, sino también de los padres y apoderados.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, tengo una conocida y profunda diferencia con lo que ha significado el desarrollo de la educación y con la forma en que se ha estructurado durante los últimos años, a partir de diversas fórmulas que llevan -en nuestra opinión- a considerar y tratar la educación no como un bien que el Estado se halla obligado a otorgar, sino como una serie de normas y condiciones que apunten a que los recursos que se entregan a la educación sean destinados a ciertos segmentos.
En nuestra opinión, el Estado debiera establecer que los colegios públicos sean de excelencia. Y que, si se requieren 200 mil pesos por niño para darles una educación de buena calidad, se aporte esa cantidad, con los controles y requisitos que se precisen. ¿Para qué? Para que los establecimientos educacionales dispongan de infraestructura adecuada, de tecnología, de buenos profesores y de un personal bien pagado.
En fin, debiera haber una educación en que el Estado se obligue y no que exista el sistema de competencias actual. Ahí está la situación de la subvención escolar preferencial (SEP). Se establecen normas para concentrar y dirigir recursos hacia determinado segmento; pero los niños más pobres, como a los que apunta dicha subvención, quedan sin ellos, porque la forma de entender la educación es, en nuestra opinión, errónea.
El Estado necesariamente debe hacerse cargo de la educación. Si, por ejemplo, los privados gastan 200 mil pesos por niño, el Estado debe disponer la misma cantidad y, además, -¡mire lo que voy a decir, señor Presidente!- hacer competir a los colegios, pero con la posibilidad cierta de que los ciudadanos puedan elegir, no por plata, sino por calidad.
--(Aplausos en tribunas).
Ello haría posible que cualquier ciudadano pudiera llevar a sus hijos a un colegio de calidad, ya sea público -financiado por el Estado, como ocurre en varios países del mundo, como Finlandia-, subvencionado o privado. Pero la decisión no tendría que depender de si dispone o no de recursos.
Hoy en día sucede que los padres que carecen de medios económicos se ven obligados a llevar a sus niños a colegios municipalizados, de mala calidad. Y eso ha perpetuado las diferencias en este país, y lo seguirá haciendo.
Así ha pasado en todos los casos. ¿Quién compite por las becas de estudio en el exterior, como las de CONYCIT y otras instituciones? Los que egresan de los colegios privados, las personas bien educadas y alimentadas. Porque no hay ni ha habido una política estatal destinada a dar una educación de calidad.
Todos los proyectos han ido en ese camino, y en particular el que nos ocupa, que presenta algunas cosas que al menos a nosotros nos inquietan. Por ejemplo, la fórmula de entregar el control y evaluación a entidades externas nos parece adecuado desde el punto de vista de contar con buenos mecanismos, pero no se puede precarizar por esa vía la situación del funcionario que participa en tal proceso.
Porque aquí se establecen ciertos criterios que consideramos equívocos. El hecho de traspasar a las personas a las nuevas instituciones permitiendo que después puedan ser despedidas por causales distintas, sin los controles que hoy rigen para los funcionarios públicos, no nos parece correcto.
--(Aplausos en tribunas).
A fin de cuentas, señor Presidente, este tipo de iniciativas no pasa por el camino que nosotros creemos apropiado, que es el estatal. A nuestro juicio, en materia de educación pública, la obligación debe recaer absoluta y totalmente en el Estado. Es este -no a través de las subvenciones, ni de los privados ni de controles- el que debe preocuparse de que en Chile se dé una educación pública gratuita y de calidad.
A mí me parece que esta forma de legislar -mediante la cual hemos ido pedazo a pedazo disminuyendo la calidad de la educación- es equivocada, y por eso nunca estaremos de acuerdo en una fórmula como la propuesta, que tiene igual sentido.
Finalmente, señor Presidente, en lo relativo a la Superintendencia de Educación -se va a aprobar sin duda-, se ha presentado una denuncia muy grave respecto de la Subvención Especial Preferencial. El día de ayer apareció en la prensa: "Contraloría pide explicación a municipios por millonario desvío de fondos destinados a educar a los niños más pobres.".
Y se dice claramente que una parte importante de los recursos de la SEP dirigidos a los municipios no ha llegado a los niños más pobres. No hay control, y todavía no existe disposición para establecerlo.
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Pizarro asuma como Presidente accidental.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Pizarro en calidad de Presidente accidental.
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El señor GÓMEZ.- Además, según lo informado por la Contraloría General de la República, en un municipio en que se recibieron 1.700 millones de pesos por concepto de esa subvención, solo 658 están rendidos. No se sabe cómo se utilizó el resto.
Señor Presidente, cuando legislamos de esta manera y se pide llegar a acuerdos para sacar con prontitud las leyes sin una discusión lata que nos lleve a un cambio profundo en materia educacional, cometemos este tipo de errores.
La nueva ley SEP que se plantea pretende mayor flexibilización y que los dineros puedan ser utilizados con más claridad -lo señaló el propio Subsecretario-; sin embargo, vemos claramente que recursos cuantiosos no han sido en lo absoluto revisados.
Y quiero recordar un hecho grave, que fue doloroso para todos nosotros: la Ministra Yasna Provoste fue destituida al declararla culpable de una omisión en el control de recursos. En este caso, hablamos de fondos -hasta este minuto, porque no se ha pronunciado en última instancia la Contraloría- que fueron utilizados de manera distinta.
Por lo tanto, la situación de ahora es aún más grave que la que significó la destitución de la Ministra Provoste.
Entonces, hemos pedido al Ministerio de Educación que nos entregue un informe absoluto, total, claro y concreto de cómo se han gastado los dineros y qué beneficio han obtenido los niños pobres del país.
Señor Presidente, como se trata de un proyecto en trámite de Comisión Mixta que tiene ciertas características, hemos manifestado nuestra opinión en la Sala por no formar parte de la Comisión de Educación.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Ministro de Educación, quien la ha cedido al señor Subsecretario.
Después procederemos a la votación del informe de la Comisión Mixta.
Recuerdo a los señores Senadores que algunos artículos son de quórum especial.
Tiene la palabra el señor Subsecretario de Educación.
El señor ROJAS (Subsecretario de Educación).- Señor Presidente, en primer término, quiero dar las gracias a todos quienes participaron en el gran acuerdo transversal que permitió que, desde julio hasta la fecha, se haya trabajado en la Comisión Mixta en el perfeccionamiento de un proyecto proveniente de la Administración de la Presidenta Bachelet y que fue perfeccionado durante el año pasado.
Esa Comisión ha realizado una gran labor. Agradezco especialmente a los Senadores señores Ignacio Walker, Carlos Cantero, Andrés Chadwick, Alejandro Navarro y Jaime Quintana, quienes la integran, los que han sido actores fundamentales en el acuerdo logrado.
También doy las gracias a la Cámara de Diputados, por apoyar su tramitación hasta abril del año pasado, y a los asesores tanto de los distintos parlamentarios como del Ministerio.
Resulta importante destacar que acá se plantea la nueva arquitectura del sistema educacional. Se trata de una gran reforma que perfecciona y termina lo avanzado con la Ley General de Educación, aprobada hace algunos años.
Lo anterior es relevante por cuanto esta nueva arquitectura del sistema genera, en primer lugar, una agencia que se encargará de evaluar el aprendizaje de los alumnos; de ordenar los establecimientos y, adicionalmente, de realizar visitas evaluativas a ellos para orientarlos en el logro de sus mejoras.
Asimismo, se crea una Superintendencia que tiene como fin fiscalizar la normativa educacional y la rendición de cuenta.
Por otro lado, se clarifica el rol del Ministerio de Educación, como organismo rector de la política educacional.
Debo subrayar que el acuerdo transversal a que llegaron distintos sectores también fue parte del protocolo mediante el cual se aprobó, en enero, la Ley sobre Calidad y Equidad de la Educación.
Lo aprobado acá nos alegra por cuanto muestra, una vez más, que en materia de educación se pueden generar consensos transversales, en el entendido de que estamos frente a una gran misión: dar oportunidades de educación a todos los niños del país.
Además, deseo responder una consulta planteada acá.
El recorte presupuestario no afectará a los beneficiarios de programas sociales, como tampoco a la cobertura preescolar o a la cantidad de raciones que proporciona la JUNAEB, con respecto a lo cual quizá hay algunas dudas.
Por otra parte, pese a que algunas mejoras importantes introducidas en la Comisión Mixta ya han sido dadas a conocer, me gustaría referirme a ellas.
Primeramente, se amplió la definición de calidad de la educación. Esto es importante por cuanto todos estamos a favor -por supuesto, el Ministerio- de una formación total que asegure que nuestros niños y niñas sean personas íntegras y completas en todas las dimensiones del ser humano.
También se clarificó el rol del Ministerio, como organismo rector y coordinador de las políticas educacionales.
Asimismo, se mejoraron las normas laborales, buscando resguardar los derechos de los actuales funcionarios de dicha Cartera.
Quiero terminar mis palabras agradeciendo nuevamente a todos los actores que han permitido que hoy día podamos votar un proyecto tan importante como este, que completa la arquitectura del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación.
Se trata de una reforma muy relevante, fruto de un acuerdo transversal -estamos muy contentos por eso-, que se encamina decididamente hacia el mejoramiento de la calidad de la educación de todos nuestros niños y niñas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, a veces creo comprender la premura del Ministro por aprobar este proyecto, en particular porque la educación, efectivamente, está en crisis, y se requiere sacarla de ella.
Sin embargo, debo reparar en la rapidez que se le ha dado a este debate. Quiero advertir a mis colegas que en 15 minutos y en una sola votación se aprobaron 32 artículos. O sea, hubo pressing. Se lo manifesté al Presidente de la Comisión de Educación y me retiré en su oportunidad de la sesión, pues no me parece serio que un acuerdo adoptado entre asesores técnicos permita votar 32 artículos en 15 minutos.
Hay acuerdo entre los técnicos, pero el Senado no puede renunciar a su facultad de debatir. ¡Es un derecho! Y ese derecho me lo gané yo y los demás que están aquí para debatir en la Comisión y en la Sala del Senado.
--(Aplausos en las tribunas).
Entonces, en esto de avanzar porque hay un acuerdo político siento, y lo digo críticamente, que no se aprendió la lección de la derrota política de la Concertación.
Le consultamos al Ministro por qué la Agencia de Calidad de la Educación va a estar solo en Santiago, que dónde quedaban las Regiones. Se hace todo un discurso regionalista respecto a la descentralización, pero ahora resulta que no habrá ninguna Agencia de Calidad de la Educación fuera de la Capital. Todo está concentrado en Santiago.
Planteamos que en el Comité de coordinación del sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación, integrado por el Ministro, el Superintendente y el Secretario Ejecutivo, también debía haber sostenedores, profesores, directores, alumnos y ser convocado por lo menos cuatro veces al año, para hacerlo más participativo y democrático, pero aquí igualmente ha existido una negativa.
Estamos frente a un modelo totalmente vertical, coordinado por un Comité que no tiene ninguna institucionalidad jurídica. Se lo hicimos ver al Ministro: queremos mayor institucionalidad, que no sea solo el titular de la Cartera quien coordine las modificaciones, la Superintendencia, la Agencia de Calidad.
Por cierto, los colegios privados pagados no podrán ser fiscalizados a menos que lo soliciten, pero los padres que pagan también tienen derecho a que haya fiscalización sobre la calidad de la educación que reciben sus hijos. Ellos quedan fuera, a pesar de que el Presidente de la Asociación de Establecimientos Particulares Pagados pidió lo contrario.
Creo que se ha puesto énfasis en los efectismos. Ahí están los semáforos, los liceos de excelencia y, desde luego, la ordenación que se pretende establecer.
Sin duda, hay aspectos positivos.
Hemos cuestionado la fórmula, el método, la falta de un debate más profundo y, en particular, lo que pasa con los trabajadores de la educación.
No hubo diálogo entre la ANDIME y el Ministerio. Se lo representé formalmente al Ministro, quien me dijo que sí habían conversado.
--(Manifestaciones en tribunas).
Luego me reuní con los dirigentes, que me señalaron que ello no había ocurrido.
Entonces, una reforma de esta envergadura, sin diálogo con los trabajadores de la educación, es una reforma que cojea. Porque, en definitiva, o avanzamos en un Gobierno donde hay democracia y se escucha a todos los sectores, o avanzamos en una línea vertical que más bien se parece a una dictadura.
¡Hay que escuchar a la ciudadanía!
--(Aplausos en tribunas).
La verdad, señor Presidente, es que artículos con nuevas causales de despido por cese de funciones, cláusulas que más bien se asimilan u homologan a las del Código del Trabajo, evaluaciones de desempeño en lista condicional sin derecho a indemnización, son elementos bastante complejos.
Si uno quiere generar efectivas condiciones de gobernabilidad, tiene que buscar acuerdos. Y estos, a veces, requieren tiempo, requieren sacrificios mutuos. Creo que aquí no se hizo el esfuerzo para lograr un entendimiento con los trabajadores de la educación, con los funcionarios de esta Cartera.
Lo he dicho -y se lo repito al Ministro-: estamos disponibles para modernizar el Ministerio de Educación. Este es un Ministerio vetusto, al cual se le agregan más y más funciones, sin que haya un grado de modernización profundo.
No se ha legislado en tal sentido. Solo ha habido parches. Debiéramos haber discutido cómo crear un Ministerio de Educación a la altura de los desafíos del siglo XXI y, ciertamente, un Ministerio de Educación Superior. Porque, señor Presidente, ¡qué tiene que ver un infante de primero básico con un ingeniero cibernético que desea realizar un doctorado en Harvard! La educación superior requiere una legislación especial. Y lo hemos dicho: hay que separar las funciones.
Pero, en particular, yo espero que lo sucedido con el 10 por ciento de funcionarios despedidos arbitrariamente con la llegada de este Gobierno no vuelva a ocurrir ahora con este proyecto.
--(Aplausos en tribunas).
Porque, si así ocurre, lo que hay es un procedimiento.
El Ministro es un gran negociador. Yo espero que en esto no le falle, no diría la muñeca, sino el tino político, pues, de lo contrario, tendremos problemas.
Claramente, uno espera que una reforma se haga con la gente, no contra ella, y con la voluntad de quienes están ahí cumpliendo funciones desde hace muchos años, incluso más allá de los Gobiernos de la Concertación. Porque no estamos defendiendo a quienes tuvieron trabajo durante los períodos en que esa coalición gobernó, sino la institucionalidad y la carrera funcionaria en el Ministerio de Educación.
Señor Presidente, el artículo tercero transitorio, relativo a las plantas de personal, presenta observaciones.
Voy a pedir votación separada respecto de ciertos artículos, a fin de dejar muy claro cuál es nuestra voluntad. Algunos de ellos, por cierto, son necesarios; otros, en cambio, son absolutamente innecesarios, por ser inconsultos y, en particular, afectar derechos de los trabajadores.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
--(Aplausos en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- Se trata de un informe de Comisión Mixta, señor Senador, por lo que, lamentablemente, no procede pedir división de la votación.
El señor NAVARRO.- ¡Que se sepa desde ya que no podemos hacer nada!
El señor GIRARDI (Presidente).- Se procederá a tomar la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En primer término, corresponde votar las normas de quórum especial, que son los artículos 9°, 10, 11, 19, 32 a 35, 38, 41 a 43, 45, 47 a 49, 84 a 86, 98, 101 a 104, 108 y 112. Estas normas tienen carácter orgánico constitucional y requieren para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- ¿Se puede fundamentar el voto, señor Presidente? Lo pregunto porque debemos aclarar que aquí hay ciertos artículos que a nuestro juicio son importantes y tienen que votarse favorablemente, y otros con los que estamos en contra.
Entonces, como estamos ante un informe de Comisión Mixta, no sé si rechazamos todo o si podemos dar una explicación acerca de cada una de las normas.
El señor GIRARDI (Presidente).- Si un señor Senador lo solicita, puede fundamentar su voto.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, sé que está abierta la votación, pero tengo una duda con respecto al articulado que estamos votando.
Entiendo que no se puede pedir división de la votación, por tratarse de un informe de Comisión Mixta. Sin embargo, me gustaría que algún miembro de la Comisión de Educación o el Ministro aclarara qué pasa con el artículo tercero transitorio, pues, según me han señalado algunos dirigentes, estaríamos modificando la obligación de que el 80 por ciento de los profesionales sea de planta, y el 20 por ciento, a contrata.
--(Aplausos en las tribunas).
Lo pregunto porque no todos estamos tan metidos en el tema. Y solo quiero que se me responda si eso es efectivo o no.
El señor GIRARDI (Presidente).- Señora Senadora, ahora se están votando solo los artículos de quórum especial, entre los cuales no se halla el que usted ha mencionado.
La señora RINCÓN.- Ya veo, señor Presidente.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban las normas de quórum especial (32 votos contra 2), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Gómez y Navarro.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la Sala debe pronunciarse sobre las demás normas que la Comisión Mixta propone en su informe, las cuales no necesitan quórum especial.
El señor WALKER (don Ignacio).- Que se aprueben con la misma votación.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- Les pido a las tribunas guardar silencio.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, la Honorable señora Rincón hizo una consulta directa al señor Ministro de Educación. Como es el Gobierno el que aplicará el artículo tercero transitorio, queremos saber cuál será su criterio.
No sé si ello irá a incidir en la votación, pero sería bueno que se aclarara el punto.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- Le concederé la palabra al señor Ministro, o en su defecto al señor Subsecretario, para que se precise aquel aspecto.
El señor PROKURICA.- ¡Estamos en votación!
No se puede cambiar el Reglamento.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- Como estamos en votación, lamentablemente el señor Ministro no podrá responder la duda de la señora Senadora.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, creo que por la unanimidad de la Sala podríamos suspender la votación, para que el señor Ministro diera una explicación, y luego retomarla.
¡Para qué negar un derecho!
El señor LONGUEIRA.- Me opongo, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- No hay unanimidad en la Sala, así que pondré en votación las normas que no requieren quórum especial.
En votación.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- Por favor, una vez más, pido a las tribunas guardar silencio.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban las normas de quórum simple (25 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Longueira, Novoa, Orpis, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Gómez y Navarro.
Se abstuvieron la señora Rincón y el señor Pizarro.
--(Manifestaciones en tribunas).