PROHIBICIÓN DE USO DE PLAGUICIDAS DE ELEVADA PELIGROSIDAD
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Rincón y señores Quintana, Pizarro, Ignacio Walker y Patricio Walker, en primer trámite constitucional, que prohíbe plaguicidas de elevada peligrosidad, con informe de la Comisión de Agricultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6969-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señora Rincón y señores Quintana, Pizarro, Walker, don Ignacio y Walker, don Patricio).
En primer trámite, sesión 23ª, en 2 de junio de 2010.
Informe de Comisión:
Agricultura, sesión 81ª, en 4 de enero de 2011.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Los objetivos del proyecto son, por una parte, establecer que todo plaguicida, antes de su registro, renovación, restricción o prohibición, debe ser evaluado por el Ministerio de Salud, siendo el informe y sus conclusiones obligatorias para el Servicio Agrícola y Ganadero, y por otra, prohibir la venta y manipulación de plaguicidas a menores de 18 años.
La Comisión discutió esta iniciativa en general y en particular, pero acordó proponer a la Sala que la tratara solamente en general y fijara un plazo para formular indicaciones.
Respecto de la idea de legislar, la aprobó por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Rincón y señores Allamand, Coloma, Espina y Patricio Walker.
En cuanto a la discusión particular, acogió una indicación sustitutiva del proyecto presentada por el Ejecutivo, con los votos favorables de los Honorables señores Allamand, Coloma, Espina y Patricio Walker y la abstención de la Senadora señora Rincón.
El texto de la iniciativa que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe de la Comisión de Agricultura.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se ha pedido a la Mesa abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación la idea de legislar sobre la materia.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, con fecha 2 de junio de 2010, y con el patrocinio de los Senadores Pizarro, Quintana, Patricio e Ignacio Walker, presentamos el proyecto de ley que busca prohibir la utilización de plaguicidas de categoría Ia y Ib, según la clasificación efectuada por la Organización Mundial de la Salud.
Durante la discusión de la iniciativa en la Comisión de Agricultura recibimos a las empresas comercializadoras, importadoras y productoras de plaguicidas y a las organizaciones de exportadores de fruta, encabezadas por FEDEFRUTA, y a la Asociación de Exportadores de Chile.
Todas ellas, como es obvio, manifestaron su disconformidad con el proyecto señalando las típicas alegaciones que se hacen cuando se discuten estas materias: que la iniciativa va a producir desempleo, que se afectarán las exportaciones chilenas, etcétera.
También escuchamos a organizaciones ciudadanas, como la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL Chile), la que nos mostró con cifras y fotografías los graves problemas que genera en las personas la mala utilización de este tipo de productos -que ya están prohibidos en la Unión Europea- y la necesidad de avanzar para impedir de manera definitiva su empleo.
Igualmente, escuchamos a organizaciones ciudadanas de zonas agrícolas. Ellas nos contaron sus testimonios y nos mostraron a través de fotografías y videos la manera como las empresas fumigan con esos plaguicidas, sin ningún respeto por la salud de las personas, a plena luz del día y sin cumplir con las más mínimas reglas que establece nuestra legislación, afectando no solo a quienes viven cerca de los predios, sino también a los propios trabajadores que los aplican, así como a los consumidores finales de los productos agrícolas.
Decidí impulsar este proyecto porque sentí que de verdad se trataba de una situación grave, que por desgracia se halla invisibilizada para los medios de prensa, para la opinión pública, para el Gobierno y, lamentablemente, también para los parlamentarios.
Una vez presentada la iniciativa, he recibido innumerables denuncias relacionadas con la mala utilización de plaguicidas peligrosos que afectan diariamente, en especial en los meses de verano, a miles de personas que viven en zonas agrícolas, a las que no les queda más que sentarse a mirar cómo, literalmente, les llueven plaguicidas sobre la cabeza, sin que puedan hacer nada.
Durante el debate en la Comisión, el Ministro de Agricultura señaló que el proyecto no contaba con el respaldo del Ejecutivo, y decidió presentar una indicación sustitutiva que exige que los plaguicidas sean revisados con anterioridad por la autoridad sanitaria, haciendo obligatorio para el SAG el rechazo al registro de plaguicidas que lleva dicho Servicio. ¡Un tibio avance, que no va al fondo del asunto!
Hace unos días conocimos los resultados de un estudio encargado por la Liga Ciudadana de Consumidores, el cual detectó la presencia de plaguicidas en alimentos que son consumidos por bebés y adultos mayores.
De acuerdo a la investigación, tres productos de Nestlé presentaron Iprodiona, un pesticida tóxico de uso agrícola que, según la normativa de la Unión Europea, se considera cancerígeno. Además de ese resultado, el estudio detectó Promifos Metil en la crema "Años Dorados" de espárrago, que entrega el Ministerio de Salud a los adultos mayores.
Luego de la denuncia realizada por dicha agrupación ciudadana, el organismo público decidió tomar muestras de los mismos productos: cuatro colados, un jugo de naranja y una sopa de espárrago para adultos mayores. Ayer conocimos los resultados. El informe es lapidario: arrojó que los colados de pulpa de durazno y de ciruelas-pasas contenían residuos de Iprodiona -un fungicida tóxico de uso agrícola- en niveles de 0,41 y 0,17, respectivamente.
Señor Presidente, miles de personas están indefensas frente a los plaguicidas en nuestro país.
El 3 de diciembre recién pasado se conmemoró el Día Internacional por el No Uso de Plaguicidas Peligrosos, y lamento que en Chile aún no exista un cuerpo legal que proteja a las personas frente a sustancias que están prohibidas en otros países del mundo por ser en extremo peligrosas para la salud humana, según la OMS.
De acuerdo a datos entregados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, a septiembre de 2010 había 379 notificaciones de intoxicaciones agudas por plaguicidas -39 casos más que el año pasado, a la misma fecha-; pero, lamentablemente, sabemos que la cifra real es muy superior, porque solo se notifica uno de cada cuatro casos. Desconocemos qué efectos tendrá esta exposición en el mediano y largo plazo, por lo que necesitamos un compromiso país, real y concreto, para poner fin a esta realidad.
Según las estadísticas, las mujeres temporeras fueron las más afectadas por el uso de agroquímicos, ya que sufrieron un 72 por ciento de las intoxicaciones masivas (brotes) registradas en el período, lo cual no es raro si se toma en consideración que un 67,3 por ciento de las intoxicaciones ocurren en faenas agrícolas.
Quiero mencionar un caso emblemático: el de la población Nuevo Amanecer, en Los Cristales, comuna de Longaví, ubicada a cinco metros de una empresa que se instaló allí después de la construcción del conjunto habitacional y que cada vez que fumiga el predio provoca malestares a los vecinos.
Cuando se le pregunta a una autoridad de Salud, se responde que todo está en regla o que no se alcanza a fiscalizar porque algunos terrenos quedan en zonas alejadas, pese a que, en el caso a que hago referencia, no se cumple ni siquiera con la obligación de los 100 metros de distancia que debe haber entre el huerto fumigado y la presencia humana.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señora Senadora.
Le voy a dar un minuto más, para que alcance a terminar su intervención.
La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.
En el fondo, estimados colegas, les quiero hacer un llamado a que le demos a esta materia la importancia que se merece.
Los habitantes de zonas agrícolas sufren todos los días los efectos crónicos derivados del mal uso de esos productos químicos. Detrás de las cifras se esconde una triste realidad, que en mi calidad de Senadora del Maule Sur, zona eminentemente agrícola, he tenido que observar.
La gente se siente desprotegida e impotente frente a la utilización irracional de dichos productos, se siente discriminada, poco escuchada por las autoridades, e impotente frente a una realidad que la golpea a diario, en sus propias caras. Muchos trabajadores son obligados a manipular plaguicidas sin ningún tipo de medidas de seguridad.
Por eso, señores Senadores, les quiero hacer un llamado para que avancemos de verdad en una materia que de manera soterrada afecta a miles de personas.
Votaré a favor de la idea de legislar y, durante el plazo acordado en la Comisión, vamos a presentar indicaciones para insistir en la prohibición de la venta y manipulación de ese tipo de productos.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, deseo hacerme cargo, en primer lugar, de una afirmación que hizo mi distinguida colega y amiga la Senadora señora Rincón respecto al Ministro de Agricultura.
La verdad es que ese Secretario de Estado participó activa e intensamente en la Comisión cuando se trataron los dos proyectos de ley relativos a su Cartera: este, que discutimos ahora, y el que vimos antes, referido a los derechos de agua. Se trata de proyectos que hoy tenían unanimidad para su aprobación.
Quiero hacerle presente a Su Señoría que los Ministros de la Concertación no venían a defender todos los proyectos. Porque tampoco podemos pedirle a un Secretario de Estado que concurra al debate de una iniciativa simple, sencilla y despachada por unanimidad en la Comisión respectiva y hacerlo esperar dos o tres horas en la Sala si se sabe de antemano que ella será aprobada.
Así que no comparto lo expresado por mi distinguida amiga, a quien le tengo mucho aprecio.
Sinceramente, considero que no es correcto hacerle esa imputación al Ministro de Agricultura.
Respecto al proyecto, señor Presidente, quiero hacer dos comentarios.
En primer término, el acuerdo de la Comisión fue solicitar que la iniciativa, a pesar de constar de artículo único, se discutiera en general y se fijara plazo para presentar indicaciones, a fin de perfeccionarla.
En segundo lugar, hubo un proyecto de ley anterior sobre la materia que el Senado rechazó. Y lo hizo porque ya le había otorgado facultades al Servicio Agrícola y Ganadero para determinar qué productos se pueden importar y distribuir.
La información que recibió la Comisión fue que esa capacidad de fiscalización no se ejercía adecuadamente y que, debido a eso, muchas veces se utilizaban plaguicidas susceptibles de causar grave daño a la salud.
Por tal motivo, se presentó una indicación, aprobada por mayoría, que apunta a resolver el problema de la siguiente manera. En vez de prohibir determinados plaguicidas, establece una norma que dice:
"Todo plaguicida, antes de su registro, renovación, restricción o prohibición, será evaluado por el Ministerio de Salud en los aspectos de salud pública involucrados, siendo el informe y sus conclusiones obligatorias para el Servicio. Sin perjuicio de ello, el Ministerio de Salud podrá solicitar al Servicio la prohibición de venta o restricción de uso de un plaguicida.
"Prohíbase la venta y la manipulación de plaguicidas a menores de dieciocho años".
Es decir, se le otorga una amplia facultad al Ministerio de Salud.
Como señalé, la Comisión recomienda que se apruebe la idea de legislar y que se fije plazo para formular indicaciones a los efectos de proceder a perfeccionar aspectos que quedaron pendientes en esta iniciativa legal.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en primer lugar, valoro la preocupación, reflejada en los autores de la moción, sobre las consecuencias del uso de plaguicidas, particularmente de los considerados "extremadamente peligrosos" o "altamente peligrosos", que provocan o pueden provocar un daño bastante fuerte en quienes los manipulan directamente -por ejemplo, los trabajadores agrícolas, en el caso de los que se utilizan en ese ámbito- y, en general, en la salud humana, es decir, en la comunidad entera.
Por lo tanto, la preocupación sobre estas materias siempre me parece razonable. Eso ya es suficiente y prioritario: la vida y la salud de las personas.
Incluso, uno podría sostener que hoy existen consecuencias económicas negativas, por las exigencias mundiales respecto de los estándares utilizados. Por lo tanto, un país exportador como el nuestro debe tener especial preocupación por el mejor y más adecuado uso de elementos de este tipo, que con el tiempo pueden ser rechazados en naciones importadoras de eventuales productos nuestros si acaso contienen químicos tóxicos o peligrosos.
De manera que por mil razones hay que tener particular cuidado en esta materia.
Ahora, como muy bien señalaba el Honorable señor Espina, Presidente de nuestra Comisión de Agricultura, esta iniciativa evoca una moción que se presentó hace algunos años -en 2007, me parece- que buscaba modificar las atribuciones del SAG, precisamente para prohibir plaguicidas, en la línea de lo que plantea este proyecto.
En esa oportunidad -yo era miembro de la referida Comisión en esa época-, analizamos dicha iniciativa y, aunque compartimos su sentido último, pensamos que la ley Nº 20.308, que había modificado las atribuciones del SAG poco tiempo antes, le había dado a este organismo todas las potestades necesarias para proceder contra este tipo de plaguicidas. Y, fundados en ese motivo, la rechazamos, no porque hubiera una discrepancia de fondo, sino porque se entendía que el asunto se hallaba resuelto.
Aparentemente, por la evidencia empírica y por los antecedentes que se barajaron en la discusión que hubo en la Comisión, pareciera que eso no fuera del todo así, por lo que resultaría razonable abrir un espacio para legislar, como plantean los autores de la moción.
La pregunta es cómo hacerlo. Y, en tal sentido, la evolución que está teniendo esta iniciativa se estima bastante sensata.
La propuesta de quienes han impulsado la presente iniciativa busca una prohibición genérica, total, de la importación de plaguicidas ubicados en las categorías "extremadamente peligrosos" o "altamente peligrosos", según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, por el modo en que la norma se plantea, establecer una prohibición genérica de productos que se encuentran en dichas categorías podría ser complejo como fórmula, debido a que algunos plaguicidas carecen de sustitutos o estos pueden comportarse de manera distinta, según el trato que se les dé a partir de su utilización o del efecto que tengan sobre determinados cultivos.
Planteada así, pareciera que esa no fuera la forma más razonable de legislar.
El Ejecutivo formuló una modificación con un criterio distinto, que finalmente aprobó la Comisión, sustituyendo el texto original del proyecto, en busca de un camino que quizás permite lograr los mismos objetivos.
Su texto señala que todo plaguicida, antes de su registro, tiene que ser evaluado por el Ministerio de Salud, para determinar efectivamente sus consecuencias, y le confiere atribuciones a dicha Cartera para solicitar al SAG la prohibición total de venta o la restricción de uso de un plaguicida en función de su peligrosidad.
Si bien esta redacción resuelve parte de los problemas, deja algunas inquietudes abiertas que ameritan una discusión más en detalle.
Atendido que el camino seguido por el proyecto parece razonable, por la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, estimamos conveniente aprobarlo y legislar sobre un tema que realmente es muy relevante -a pesar de que no siempre se le concede la misma importancia- y que, al mismo tiempo, aborda una realidad que trae aparejadas consecuencias negativas, como las que hemos apreciado en nuestra zona en reiteradas oportunidades debido a la inexistencia de una prevención adecuada.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se acabó su tiempo, Su Señoría.
Tiene un minuto para concluir.
El señor LARRAÍN.- Ya estaba terminando, señor Presidente.
Por los motivos indicados, anticipo que aprobaré en general la iniciativa. Espero trabajar en las indicaciones una vez que se abra el plazo pertinente, ya que, no obstante ser un proyecto de artículo único, se acordó proceder de esa manera precisamente por considerarse que el texto merece alguna corrección ulterior.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, en primer lugar, felicito en forma muy entusiasta a los autores de la moción, porque creo que trata uno de los problemas más graves que tenemos en las zonas agrícolas de nuestro país, especialmente las del centro sur.
Por eso, voy a votar que sí.
Solo quiero mencionar algunos aspectos que me parecen importantes.
De partida, tengo la impresión -no puedo asegurarlo- de que la primera denuncia fundada que se hizo sobre el uso de plaguicidas y sus efectos en el ser humano fue la que se realizó en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de Concepción a raíz de un paciente que llegó de la zona de Los Ángeles con aplasia medular, que, en el fondo, constituye la lesión de todos los productores de eritrocitos, leucocitos, plaquetas, etcétera, y que, cuando no se puede tratar, puede llegar a producir la muerte. El caso fue analizado en el laboratorio y luego dio origen a una preocupación importante en la Región.
Después, como muchas veces pasa con todas las cosas, el asunto quedó prácticamente en el olvido, y solo 5 ó 6 años después se volvió a plantear.
Cuando llegamos al Senado con el ex Senador Matta, que representaba a la Región del Maule, hicimos un intento por reabrir el debate sobre esto y presentamos un proyecto.
También observamos una cosa bien curiosa: la presencia de árboles como el aromo -no sé si los hay en la Séptima Región-, capaces de producir tal cúmulo de lesiones bronquiales. Hubo la necesidad de discutir con la Municipalidad de Santiago la posibilidad de cortarlos.
Todo eso abortó por no contar con el respaldo del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de la época. Y quedó pendiente como algo que deberíamos abordar después.
Por eso, creo que esto es muy positivo.
No soy partidario del inciso final, al cual se refirió el Senador Larraín.
Yo creo que se debe ser más drástico.
El tema de fondo es cómo compatibilizar la necesidad de plaguicidas en la agricultura -que son indispensables- con la salud de las personas.
No creo que podamos llegar a la antinomia de decir: "Una cosa u otra". He estudiado tal materia cuando trabajamos en ese otro proyecto, y después conversé con las personas que hacen estas cosas, quienes me han dicho que es perfectamente posible usar los plaguicidas de manera racional. Porque, si hemos llegado a la Luna, ¿cómo no vamos a ser capaces de crear un sistema conforme al cual el producto químico se coloque en el lugar preciso y no al lado de las personas?
Entonces, más bien yo creo que debemos exigir que el uso del plaguicida sea con todas las recomendaciones. Y si eso no se logra se debe prohibir, porque entre elegir la vida o el pesticida más usado, no tengo dudas.
Lo que está en debate ahora es si prohibimos o no la venta de plaguicidas en determinadas condiciones. Pero nunca hemos logrado saber -no se alcanzaron a realizar los estudios- si el solo hecho de comprar o de tener a la mano un pesticida genera las mismas lesiones que cuando se usa en forma directa desde el aire.
Yo voy a votar muy feliz esta iniciativa; sin embargo, formularé indicación para mejorar el texto, porque me parece débil en esta materia. Porque entre no tener nada y tener una fórmula limitada, me quedo con esta última.
En todo caso, espero que más adelante podamos perfeccionarlo. Pero creo que en las indicaciones la línea va por mejorar en cuanto al uso, dispersión y esparcimiento del plaguicida.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, reafirmo lo señalado por la Senadora Rincón, autora del proyecto, que nos invitó a acompañarla.
En el debate que se dio sobre este proyecto en la Comisión de Agricultura no es que al Ministro no le haya parecido bien la iniciativa. Lo que pasa es que el Secretario de Estado era más bien partidario de establecer controles -así lo ha demostrado con la indicación que presentó-, pero no de prohibir la manipulación, venta y circulación de esos productos. Eso fue lo que señaló la Senadora Rincón. Y yo me quedé con esa misma impresión.
Lamento que el Ministro no esté aquí, porque esta es una materia importante.
Este es un debate que se dio en el pasado respecto de un proyecto de ley similar a este. Aunque la Cámara lo aprobó, el Senado no lo favoreció con su voto, y se perdió en la Comisión Mixta.
Por lo tanto, quiero valorar la tenacidad planteada por la Senadora Rincón en una iniciativa que representa a muchas zonas agrícolas del país.
En la Región que represento -Angol, Renaico, Collipulli- permanentemente las temporeras de la fruta, especialmente de la manzana, nos han hecho presente las graves y precarias condiciones en que llevan adelante sus labores de cosecha y de raleo, en particular en esta época del año, donde les corresponde manipular este tipo de plaguicidas.
Entonces, no estamos hablando de cualquier pesticida, sino de los de elevada peligrosidad. Como señaló el Senador Larraín, no se trata de prohibirlos todos, sino aquellos que no tienen sustitutos y que se deben utilizar en una actividad productiva sin otra alternativa.
Esperamos que se avance para poder reemplazar esos productos por otros que efectivamente sean inocuos.
A nadie sorprende ni deja indiferente la resolución tomada ayer por parte del Instituto de Salud Pública en relación con la aparición de la sustancia iprodiona en diversos productos de la empresa Nestlé que fueron objeto de análisis. Concretamente, los postres de pulpa de durazno que se dan a los lactantes y los de ciruela-pasa tienen altos niveles de concentración de esa sustancia, la cual, como se ha señalado, es altamente cancerígena. Eso es así. Está demostrado. Y en buena hora el Instituto de Salud Pública entrega esta información y procede a retirar los productos del mercado.
Entonces, estamos hablando de una necesidad efectiva de salud pública. Y, por lo tanto, cabe preguntar: ¿cuál es el bien que queremos proteger? ¿La salud pública o la actividad económica? Porque en ambos casos tenemos coincidencias.
En esta misma Sala, hace dos semanas, hubo un debate acerca de la necesidad de que el Banco Central interviniera el precio del dólar. Y felizmente se hizo, a petición de los Senadores que representamos las zonas agrícolas.
Aquí estamos también los que representamos y favorecemos la actividad económica, pero creemos que esta debe hacerse con respeto a las normas laborales y a las condiciones en las cuales los trabajadores llevan adelante sus faenas, especialmente cuando arriesgan su vida, como ha quedado en evidencia con estos plaguicidas que han contaminado productos de Nestlé y que tienen incidencia en la salud pública.
Por lo tanto, señor Presidente, lo que hay acá es un proyecto en el cual tenemos que seguir perseverando en prohibir, como ha señalado la Senadora Rincón, el uso de los plaguicidas de elevada peligrosidad. Pero no estamos hablando de vetarlos todos. Y sentimos que se dio un paso relevante cuando el Ministro Galilea aprobó un control adicional por parte de la autoridad sanitaria, que no existía. Porque el que había era el del Servicio Agrícola y Ganadero.
Nos parece que es un paso adelante. Esperamos que con las indicaciones que se van a presentar no se desvirtúe la iniciativa que -insisto- es muy importante para la salud pública y para los trabajadores de gran parte de las zonas agrícolas del país.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, son múltiples los informes científicos que señalan que la propuesta presentada por la Senadora Rincón es extremadamente necesaria.
En el "Estudio del efecto genotóxico de mezclas de plaguicidas en mujeres temporeras de la VIII Región, Chile", del que es autora Soledad Duk, se observa una multiplicación anormal del núcleo de las células en temporeras expuestas a plaguicidas versus otras personas que fueron estudiadas como grupo de control que no trabajaban en un ámbito de exposición ocupacional. Esto podría predisponer a las primeras a un cáncer, aun sin tener síntomas en el momento de la evaluación.
Otro informe de las investigadoras Alejandra Rojas, María Elena Ojeda y Ximena Barraza, de la Universidad de Santiago, en colaboración con la Maternidad del Hospital Regional de Rancagua, titulado "Estudios científicos sobre plaguicidas y salud", establece una asociación positiva entre exposición a pesticidas y la inducción a malformaciones congénitas, observándose que entre los años 1996 y 1998 hubo una prevalencia superior al 40 por ciento de anomalías osteomusculares, del sistema nervioso central y cromosomopatías; es decir, un conjunto de evidencias.
Ese porcentaje revela claramente que estamos frente a un problema. El señor Director del SAG ha dicho que ese organismo posee facultades para regular y también para prohibir el uso de pesticidas tóxicos o de alta peligrosidad.
El debate es necesario para determinar con qué mecanismos el SAG va a obligar a quienes utilizan estos tóxicos a relevar los más peligrosos y reemplazarlos por aquellos más amigables con el medio ambiente y, por cierto, de menos riesgo para la salud humana.
Si no hay fiscalización ni intervención del SAG, no va a haber cambios. En general, la tendencia va a ser a utilizar los plaguicidas más baratos y los de mayor efecto masivo.
Y, por tanto, creo que el debate es extraordinariamente conducente para saber si el SAG está usando esas facultades. A mí me gustaría conocer cuántos plaguicidas ha prohibido y por qué ello no se ha regulado, en circunstancias de que el señor Director de esa institución dijo que tiene atribuciones para hacerlo.
Además, deseo saber si el SAG recibió los informes médicos que mencioné y qué medidas adoptó en coordinación con el Ministerio de Salud. Porque el problema existe. No es un invento. Implica un alto riesgo para las trabajadoras temporeras, para los vecinos de los campos adyacentes a las forestales y para miles y miles de campesinos y de pobladores urbanos.
El punto radica en que ignoramos qué se está echando a las plantaciones agrícolas y a los bosques, particularmente de las Regiones del Biobío, de La Araucanía y del Maule. Y deseamos que los productos que allí se utilicen sean menos peligrosos y amigables con el medio ambiente.
Una vez más aspiro a realizar ese debate y contar con la presencia no solo del Ministro de Agricultura, sino también con la del de Salud. Porque estamos frente a un problema de salud pública y de producción agrícola.
Por tanto, voy a votar a favor del proyecto. Espero que en el siguiente trámite tengamos la posibilidad de debatir estos temas con los encargados de esta materia.
La fiscalización es extremadamente precaria en el Maule, donde hay dos fiscalizadores, como anota la Senadora Rincón. En verdad, esto no tiene nombre. Es una pantalla de fiscalización. ¡Esto no es posible! Al igual como ocurre con la CONAF cuando teóricamente inspecciona los planes de manejo, se trata de una revisión de oficina, pues no se va a terreno, no se dispone de la capacidad material ni de los recursos monetarios y humanos para ello.
Entonces, hay libre albedrío en esta materia. La situación del sector de secano costero en el distrito 42 de la provincia de Ñuble de la Región del Biobío es extremadamente grave. Se han presentado múltiples denuncias. Las incidencias de cáncer en niños de esa zona aún no han podido ser dilucidadas. Más del 60 por ciento de los menores internados en el Hospital Regional provienen de comunas aledañas a cultivos agrícolas o plantaciones forestales.
Y algunos dicen: "No, solo es coincidencia". Ante esto debe responder la institución encargada de la salud pública de mi país. Confío en que podamos contar con el Ministro de Salud en la discusión particular de esta iniciativa, porque estamos frente a un problema real y de extrema preocupación para toda la población y no solo para los trabajadores.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor).
Votaron las señoras Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Chahuán, Espina, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones. Pero debo hacer presente a la Sala que en este momento no tenemos quórum para adoptar acuerdos.
Por lo tanto, desgraciadamente, voy a tener que levantar la sesión.
Hay ocho Senadores en la Sala y se requiere un mínimo de doce.
El señor KUSCHEL.- ¿Y la hora de Incidentes?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No habrá, debido a la razón que ya mencioné.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sé que no ha sido su ánimo ni su voluntad. Pero debo decir que siempre que se ha solicitado abrir una votación, yo he accedido, pese a que significa reducir el tiempo de discusión.
Por otra parte, cada vez que nos pronunciamos, al final quedamos muy pocos en la Sala, y luego algunos colegas aparecen con 100 por ciento de asistencia en el registro pertinente, pese a haber estado bastante poco en la sesión. Más bien pasan por ella; mientras que otros apenas asoman la nariz.
Entonces, señor Presidente, esta situación resulta bastante injusta, por lo cual reitero mi molestia. Además, se evita la hora de Incidentes. En esta parte de la sesión no se vota. Se trata de una instancia de intervención política en que las minorías del Senado tenemos la posibilidad de decir aquello para lo cual no disponemos de espacios institucionales ni en la política nacional.
Deploro profundamente -vuelvo a repetir- que este acto signifique una discriminación. Porque, debido a que los Senadores abandonan su compromiso de trabajo en la Sala, al tener ya asegurada su asistencia con la sola entrada a la Sala, no se puede llevar a cabo la hora de Incidentes.
Señor Presidente, solicito a la Mesa que corrija tal situación, porque, en verdad, se está violando un derecho constitucional. El Reglamento igualmente dispone la realización de esa parte de la sesión, la cual tiene un objetivo político.
De igual manera, se está inviabilizando la discusión de este importante proyecto de ley.
Entiendo las razones vertidas por los señores Senadores. Solo hago expresa mención a estos dos asuntos, porque creo que, en definitiva, la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se conduce el Senado y cuáles son las consecuencias de la inasistencia a sesiones.
Yo por lo menos, señor Presidente, he tratado de venir a todas. Por ello considero extremadamente injusto que el señor Presidente, una vez más, como ha sucedido durante el año, no dé curso a la hora de Incidentes.
Tenía un conjunto de oficios muy importantes que enviar respecto a la reconstrucción en la Región del Biobío, y a denuncias de situaciones ocurridas con los consumidores. En definitiva, creo que, al no poder hacer uso de esta facultad, la política pierde y se desvirtúa nuestro rol.
Señor Presidente, le ruego tomar nota de este asunto y plantearlo en reunión de Comités.
Asimismo, solicito -desconozco si es posible- hacer una excepción en este caso. Porque al final todos vamos a quedar mal. No se podrá fijar plazo para formular indicaciones al proyecto ni realizar la hora de Incidentes.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en primer término, deseo solicitar que, como el Senador señor Navarro se refirió en general a todos nosotros, se levante un acta de quienes nos quedamos regularmente en las sesiones.
Y, en segundo lugar, quiero decir que, aun cuando no se pueda hablar en hora de Incidentes, los oficios se despachan igual. Es cuestión de hacerlos llegar a la Mesa, como normalmente yo lo hago, en vez de estar interviniendo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, simplemente deseo pedir que se analice la factibilidad de establecer una excepción en esta oportunidad, porque me parece legítimo que un Senador que se declara en minoría pueda realizar su presentación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Para la excepción se requiere acuerdo, y no tenemos quórum para ello.
Así que lo lamento mucho, pero se debe proceder conforme al Reglamento.