CREACIÓN DE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, sobre creación del Ministerio de Desarrollo Social, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7196-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 55ª, en 28 de septiembre de 2010.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización, sesión 75ª, en 14 de diciembre de 2010.
Discusión:
Sesión 78ª, en 21 de diciembre de 2010 (queda para segunda discusión).
El señor PIZARRO (Presidente).- En la sesión de ayer, se solicitó segunda discusión.
El señor LONGUEIRA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, solicito a la Mesa que recabe el acuerdo de la Sala para abrir la votación, sin perjuicio de mantener los tiempos correspondientes a cada Senador.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, el proyecto es de quórum calificado.
El señor LONGUEIRA.- Por eso, señor Presidente, solicito que consulte si hay acuerdo para abrir la votación sin alterar los tiempos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Sugiero la siguiente fórmula: abrir la votación y fijar para cada intervención un máximo de diez minutos. Porque, de lo contrario, deberían ser cinco.
Entonces, si le parece a la Sala se abrirá la votación, con un máximo de diez minutos por cada intervención.
El señor BIANCHI.- ¡Pero si se abre la votación el Ministro no va a poder hablar!
El señor NAVARRO.- ¿Cuál es el tiempo reglamentario, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Diez minutos, señor Senador.
¿Habría acuerdo para proceder en los términos indicados?
Acordado.
En votación.
Como se trata de un debate interesante, lo iniciaremos cuanto antes.
¿El señor Ministro quiere hacer uso de la palabra de inmediato o prefiere que primero el Honorable señor Sabag informe a la Sala?
El señor KAST (Ministro de Planificación).- No tengo inconveniente en intervenir después, señor Presidente.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag para informar.
El señor SABAG.- Señor Presidente, intervengo en mi calidad de Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, la cual conoció el proyecto.
El objeto de la iniciativa radica en crear el Ministerio de Desarrollo Social en reemplazo del Ministerio de Planificación, el cual se extingue.
La iniciativa está estructurada con 27 artículos permanentes y seis transitorios. Dentro de esta composición, cabe destacar lo siguiente.
1) Implementación de un marco general para la evaluación de las políticas sociales.
El mensaje señala que si bien existe un mecanismo de evaluación, este ha demostrado debilidades e insuficiencias que es necesario corregir. Para ello se establecen procedimientos que estén a disposición de la comunidad, en los cuales se fije claramente cómo el Gobierno evalúa la necesidad de un determinado programa social y su posterior efectividad durante la ejecución de él.
Es preciso, entonces, reforzar los criterios de evaluación y monitoreo que permitan precisar, de manera previa a la ejecución del programa, su coherencia y consistencia con otros ya vigentes o que estén por implementarse por distintos Ministerios.
2. Focalización de los programas sociales para evitar duplicidades. Profundización del estudio, evaluación y definición de las medidas que permitan entregar apoyo efectivo en los sectores de la población que así lo requieran (grupo objetivo).
Reconoce el mensaje que, gracias a la aplicación de diversos programas y a la materialización de importantes reformas, como la previsional, se hicieron avances importantes en la definición de los criterios de priorización de los programas. Sin perjuicio de ello, expresa que estos mecanismos deben ser más efectivos para considerar las prestaciones adecuadas de cada programa, alcanzando al grupo de beneficiarios para los cuales los criterios de priorización fueron definidos. De esta manera, la nueva institucionalidad deberá contar con herramientas que le permitan solicitar, sistematizar y analizar la información disponible, para arribar a diagnósticos claros y confiables sobre la realidad social del país.
3) Coordinación efectiva de las políticas sociales del Estado.
Se requiere un organismo público con competencias suficientes para articular el diseño de las políticas sociales en el país. En la actual institucionalidad -señala el mensaje-, cada Ministerio o servicio público define, ejecuta y evalúa sus políticas, planes y programas sociales, sin que haya un eje que los una en su origen y coordinación.
El nuevo Ministerio propuesto cuenta con herramientas concretas para la coordinación, diseño e implementación de cualquier programa social, para lo cual deberá analizar, junto a los Ministerios sectoriales, si el o los programas que se pretende ejecutar se encuadran en la política social, evitando duplicidades que dilapidan recursos que el país ha destinado a los más necesitados.
A mayor abundamiento, el Principio de Transparencia guiará las mediciones y seguimiento de los programas, con el objeto de que la ciudadanía conozca cómo la Administración enfoca los esfuerzos para una adecuada evaluación de la gestión.
4) Articulación de los Ministerios y sus servicios.
Las falencias de la actual institucionalidad redundan en que la ejecución de políticas sociales por parte de las Secretarías de Estado y sus servicios relacionados opere de manera independiente y sin la coordinación que se requiere, lo que dificulta (y en algunos casos elimina) la combinación de esfuerzos en la implementación de programas, traduciéndose en superposición y duplicidad en perjuicio de la entrega de recursos públicos a los beneficiarios.
El Ministerio de Desarrollo Social -afirma el mensaje- debe ejercer un rol sistematizador y agrupador de todos los servicios que de él dependan, creando la institucionalidad que permita satisfacer integral y eficientemente las necesidades de las personas o grupos bajo su tutela.
5) Creación de dos nuevas Subsecretarías.
La iniciativa separa las funciones en dos áreas: Evaluación Social y Servicios Sociales.
La Subsecretaría de Evaluación Social será responsable de la coordinación interministerial del desarrollo social; del diseño de políticas, planes y programas de su competencia, y de la supervisión del Sistema Nacional de Inversiones.
Con el objeto de cumplir con estas nuevas funciones, el Ministerio deberá, previa aprobación del Comité Interministerial de Desarrollo Social, fijar los criterios de evaluación de los programas sociales; pronunciarse sobre la consistencia y coherencia de estos; realizar el seguimiento de la gestión e implementación de proyectos; analizar la realidad social, y evaluar los instrumentos de focalización.
Por su parte, la Subsecretaría de Servicios Sociales estará a cargo de la coordinación de los servicios y prestaciones que entregue el Ministerio. Para ello deberá, entre otras funciones, administrar el Sistema Intersectorial de Protección Social; supervigilar los programas de los servicios públicos relacionados y celebrar convenios de desempeño con los mismos, y velar por la coordinación de los subsistemas que integran el Sistema Intersectorial de Protección Social y de los servicios públicos.
Señor Presidente, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización consideró, para su estudio, las exposiciones de diversas instituciones, tanto de orden público como privado, entre las que destaco las siguientes:
1.- Federación de Asociaciones de Servicios Relacionados del Ministerio de Planificación.
2.- Instituto Libertad y Desarrollo.
3.- Fundación para la Superación de la Pobreza.
4.- Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
5.- Centro de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN).
La Comisión tuvo especial interés en escuchar a los trabajadores del Ministerio de Planificación, quienes hicieron presentes sus observaciones en cuanto a los derechos laborales que pudieren verse conculcados con la iniciativa. En este sentido, por la unanimidad de sus miembros, solicitó al Ejecutivo que se comprometiera a que la creación de esta nueva institucionalidad no conllevaría reestructuraciones u otras enmiendas que signifiquen menoscabo en los derechos de los funcionarios.
Asimismo, y con la intención de fortalecer la coordinación intersectorial, a través del proyecto se crea -repito- un Comité Interministerial de Desarrollo Social, integrado por los Ministerios de Desarrollo Social, de Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, de Educación, de Salud, de Vivienda y Urbanismo y de Trabajo y Previsión Social.
Cabe subrayar que la creación del Ministerio de Desarrollo Social constituye un avance en los planes para erradicar la pobreza en el país, particularmente en lo que dice relación a las nuevas herramientas y la coordinación de los diferentes programas sociales implementados por el Estado, a fin de consolidar lo que hasta ahora se ha hecho.
Sin perjuicio de lo anterior, ello debe considerar, en forma especial, a quienes han dedicado años de esfuerzo a la implementación de programas y políticas, en caso de que la nueva institucionalidad requiera ampliaciones en el ejercicio de sus funciones.
La Comisión de Gobierno acogió unánimemente la iniciativa, y solicita a la Sala que le dé su aprobación y establezca un plazo para formular indicaciones.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, como lo señala el mensaje con que el Presidente de la República da inicio a este proyecto de ley, la disminución de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros compatriotas es uno de los objetivos principales de aquellos a quienes nos interesa la cosa pública y buscamos representar a la gente. Dicho objetivo cruza transversalmente todos los programas políticos de los que desean ser alternativa de Gobierno. Y durante los años en que gobernó la Concertación se avanzó bastante en esa tarea.
La creación de una institucionalidad que coordinara las políticas sociales en Chile no es una idea nueva. Durante el Gobierno del Presidente Frei Montalva surge la necesidad de contar con un organismo técnico dedicado a la planificación del desarrollo del país a nivel nacional. Nace así la Oficina de Planificación (ODEPLAN), que durante los dos primeros años funciona sin reconocimiento jurídico y con dependencia directa de la Presidencia de la República.
En 1967 la nueva entidad adquiere calidad de servicio público con carácter descentralizado y patrimonio propio. Se crean las Oficinas Regionales de Planificación, las cuales, bajo la dictadura, pasan a denominarse Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación (SERPLAC), que servirán de organismo asesor y de Secretaría Técnica del Intendente Regional y del Consejo Regional de Desarrollo.
Una vez recuperada la democracia, el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin transformó la Oficina de Planificación Nacional en Ministerio de Planificación y Cooperación, al que se le asigna la misión de colaborar con el Jefe del Estado en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas dirigidos a erradicar la pobreza.
Sería largo enumerar todos los avances de nuestros Gobiernos en la materia, creando el sistema de protección social y vinculándolo a un enfoque de prioridades, garantizando a los chilenos y chilenas más vulnerables el derecho a contar con una red de prestaciones sociales en las áreas de salud, educación, vivienda, trabajo, cultura y previsión, que progresivamente irá abarcando todas las etapas de la vida, desde la gestación hasta la vejez.
Durante la Administración de la Presidenta Bachelet se amplió la cobertura de "Chile Solidario" hacia otros grupos: personas en situación de calle, familias con adultos cumpliendo pena aflictiva, adultos mayores que viven solos y que sufren otras situaciones que les provocan un estado de vulnerabilidad.
En esa línea de acción, en el año 2009 el Senado aprueba, de manera unánime, la ley que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia: "Chile Crece Contigo", dirigido a todos los niños y las niñas del país, y a sus familias, desde la gestación hasta que los menores cumplan cuatro años e ingresen a prekínder, a través de acciones y servicios de carácter universal, y proveyendo apoyos especiales para quienes presenten alguna vulnerabilidad mayor.
Durante estos años se ampliaron las facultades y los roles de MIDEPLAN de manera progresiva, a fin de realizar evaluación de políticas y programas públicos, en un trabajo coordinado con los Ministerios de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia. Y se consolida el área de estudios prospectivos en lo económico-social.
Asimismo, se inicia un trabajo para potenciar el Sistema Nacional de Inversiones, con el propósito de abarcar no solo la evaluación previa de los proyectos que optan al financiamiento público, sino también la evaluación posterior y el seguimiento de todos aquellos a los cuales el Estado asigna recursos.
Por otro lado, comienza una fase tendiente a contribuir al fortalecimiento del proceso de regionalización y descentralización, a través del traspaso de competencias y recursos propios de la planificación regional a los gobiernos regionales.
Señor Presidente, luego de revisar el proyecto de ley que nos ocupa, considero que algunos aspectos de él son necesarios para contribuir a la implementación de políticas públicas, y de mejor calidad, con un control antes, durante y después de la aplicación de ellas, a fin de verificar si los objetivos que se tuvieron a la vista cuando se creó la idea siguen estando vigentes.
Sin perjuicio de lo anterior, existen aspectos que requieren una segunda mirada para velar por un adecuado rediseño institucional.
Si bien el proyecto constituye un avance, hay asuntos que es necesario revisar, como la coordinación interinstitucional y la consolidación del uso de la información y de las evaluaciones para una mejor toma de decisiones, lo cual va a depender del propio Gobierno.
Respecto de esos temas, el que más me preocupa es el que dice relación con el traspaso de facultades desde algunos servicios públicos; en particular, lo que sucederá con el Servicio Nacional de la Mujer, el cual en la actualidad tiene rango de Ministerio. En efecto, el artículo 12 del proyecto de ley establece la creación del Comité Interministerial de Desarrollo Social, que no contempla entre sus miembros a la Directora del SERNAM, lo cual, a nuestro juicio, debe corregirse.
Creo que lo dicho acerca del Servicio Nacional de la Mujer y la no inclusión de este en dicho Comité Interministerial constituirían un gran retroceso en la centralidad que adquirió durante los Gobiernos de la Concertación el enfoque de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres como eje de las políticas públicas nacionales.
La participación de la Ministra del SERNAM en dicho Comité debe tener carácter permanente, a fin de mantener la debida coordinación y transversalidad del enfoque de género en la "determinación de los lineamientos y objetivos estratégicos de la política de desarrollo social del Estado".
Por lo demás, la vinculación del SERNAM a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales -como establece el proyecto- lo excluye del estudio, diseño, planificación y evaluación de las políticas, los planes y los programas sociales, convirtiendo a dicho Servicio en un mero ejecutor de políticas (artículos 5° y 6° del mensaje con relación al artículo 3°), lo cual provocará un gravísimo impacto en los avances alcanzados hasta ahora por el país en materia de igualdad de género y mermará las posibilidades de enfrentar adecuadamente los desafíos aún pendientes.
En suma, se disminuye el rango del SERNAM al ligarlo con una Subsecretaría. ¿Un Servicio con rango ministerial se vincula con otro Ministerio a través de una Subsecretaría? Suena al menos extraño.
Señor Presidente, en mi opinión, son muchos los temas que quedan pendientes con este proyecto de ley: la dependencia de los servicios públicos relacionados, la creación de una nueva institucionalidad, las amplias facultades que se otorgan al nuevo Ministerio y el artículo que entrega al Presidente de la República la atribución de fijar las plantas vía decreto con fuerza de ley, sin proporcionar mayores detalles sobre lo que se piensa realizar en el informe financiero.
La aprobación de tales facultades delegadas para la reorganización institucional y el traspaso de personal debe quedar condicionada al hecho de que el Ejecutivo entregue señales específicas en ese sentido, a fin de asegurar las condiciones contractuales de los trabajadores de MIDEPLAN y aumentar de manera significativa la dotación de personal para que la nueva institucionalidad cumpla con los objetivos señalados en el proyecto y esté a la altura de los nuevos desafíos que nuestro país requiere.
Por todo lo expresado, señor Presidente, votaré a favor de la idea de legislar. Pero presentaré indicaciones en la discusión en particular.
He dicho.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, el Ministro desea hacer una precisión.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¡Senador Prokurica, no dirija la sesión desde su asiento...!
Señor Ministro, discúlpeme un minuto.
Tengo una dificultad práctica. Hay 14 Senadores inscritos para hablar, además del Ministro. Ello equivale a 150 minutos. Recabo la anuencia de la Sala -a pesar de que el Reglamento me faculta para que yo lo resuelva- para disminuir los tiempos a cinco minutos. Así, no habrá problemas con la hora de término de la sesión.
Si le parece a la Sala, se procederá en tal sentido.
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor KAST (Ministro de Planificación).- Muchas gracias.
Señor Presidente, ante todo, agradezco el apoyo brindado a la idea que planteamos. La verdad es que se trata de un proyecto que quisimos construir en forma transversal desde su inicio: con las puertas abiertas, efectuando reuniones con distintos centros de estudios, con actores relevantes en la materia, con miembros de la sociedad civil. Ningún centro de estudios quedó sin ser invitado a conocer la iniciativa y aportar para mejorarla.
Además, antes de ingresar el proyecto a tramitación legislativa, dialogamos con varios miembros de la Corporación, en particular con la señora Alvear y los señores Lagos, Longueira, Chahuán y Escalona, con quienes quisimos madurar parte del texto antes de comenzar el debate parlamentario.
Luego se generó una actitud muy constructiva en la Comisión de Gobierno, presidida por el Honorable señor Sabag e integrada por los Senadores señores Pérez Varela, Bianchi, Andrés Zaldívar y Rossi. Escuchamos ahí distintas opiniones. Y, sin lugar a dudas, quedarán elementos por afinar en la discusión en particular.
Con todo, el consenso que se reflejó en cada una de esas conversaciones con relación a la necesidad de avanzar en forma urgente en el otorgamiento de atribuciones para el Ministerio de Planificación, futuro Ministerio de Desarrollo Social, a fin de que cumpla el rol de coordinación de las políticas sociales parece ser absolutamente transversal.
En cuanto al contenido del proyecto y a su inspiración, es importante recordar que este no solo es parte central del Programa de Gobierno, sino que, como ha dicho la Senadora señora Rincón, también representa una inquietud que concita bastante acuerdo.
Quiero citar un par de mensajes que recogen esta idea.
En el Programa del actual Gobierno se señala textualmente: "MIDEPLAN no ha contado ni con el poder necesario ni con los instrumentos adecuados para cumplir con la función de coordinar las políticas sociales de superación de la pobreza y la desigualdad".
Y en el informe final del Consejo Asesor Presidencial para la Equidad y el Trabajo -conocido como "Comisión Meller"-, también se hace referencia a este punto al decirse: "La implementación de programas sociales propios de algún sector debe contar con la firma de la coordinadora social. Con ello, se asegura que los distintos programas sociales sean coherentes entre sí, se evita la duplicación y se facilita la consistencia con el plan de desarrollo propuesto".
Todos conocemos la historia de MIDEPLAN. Por lo demás, la enunció la Senadora señora Rincón.
Cuando la antigua Oficina pasó a ser Ministerio, dejó de cumplir la finalidad de planificar a nivel nacional.
Desde 1990 hasta 2000 se centró en una función de planificación más bien regional, focalizando su accionar en áreas sociales.
En el año 2000 MIDEPLAN abandonó la planificación regional y entregó tal facultad a los gobiernos regionales. Desde entonces se concentra cada vez más en su rol de actor social.
Desde hace tiempo MIDEPLAN cumple un papel centrado en lo social, pero, por desgracia, sin tener las atribuciones suficientes para gestionar la política social.
Señor Presidente, este proyecto ha sido elaborado en conjunto con distintos sectores. Sus objetivos son transparentar e institucionalizar el carácter social de la Cartera y facultarla para ejercer su finalidad de coordinación.
Me referiré brevemente -debido a que me queda un minuto- a algunas preocupaciones que se han planteado.
Primero, debo puntualizar que la iniciativa no toca -lo deja completamente intacto- al Servicio Nacional de la Mujer.
Cabe destacar que cualquier modificación que se introduzca a un servicio relacionado debe hacerse enmendando su ley específica. De hecho, en el Programa de Gobierno se contempla realizar cambios en el Servicio Nacional de Menores (SENAME). En concreto, parte de él, lo relativo a los niños en situación de vulnerabilidad, podría pasar a depender directamente del nuevo Ministerio de Desarrollo Social.
Por último, como señalé anteriormente, la gracia de este proyecto es que transparenta el hecho de que no se hace hoy planificación nacional y asigna un rol importante en materia de planificación social, objetivo inspirador del texto en debate.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, en mi opinión, este proyecto reviste enorme importancia para nuestro país. Por tanto, vale la pena realizar un gran debate en el Congreso, especialmente durante la discusión particular.
Se trata de un esfuerzo por articular, coordinar y trasparentar el diseño y la aplicación de políticas sociales.
Por mi experiencia en funciones de Estado, conozco las dificultades que existen para coordinar ese tipo de políticas. Los Ministerios que realizan tal labor adolecen de serias deficiencias desde el punto de vista de la capacidad para concretar sus objetivos.
Como el tiempo de que dispongo es muy breve, señor Presidente, me referiré solo a tres aspectos del proyecto que me preocupan. Y espero que durante la discusión particular, a través de la presentación de indicaciones, podamos corregirlos.
El primero ya lo advirtió la Senadora señora Rincón: la iniciativa carece de perspectiva de equidad de género.
Digo esto con absoluto conocimiento de causa, señor Presidente. Me tocó formar el Servicio Nacional de la Mujer cuando nuestro país recuperó la democracia. Me parece de vital importancia que, en la transversalidad de las políticas públicas, esté contemplada la equidad de género. Y estimo relevante que no retrocedamos en lo avanzado en el propósito de combatir la discriminación contra la mujer.
En efecto, la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer no ha sido incluida en el Comité Interministerial de Desarrollo Social, omisión que a mi juicio es imprescindible corregir. En ese sentido, seguramente varios coincidiremos en la formulación de indicaciones.
La participación de dicha Ministra en ese Comité debe tener carácter permanente, para mantener la debida coordinación y transversalidad del enfoque de género en lo que el proyecto denomina "determinación de los lineamientos y objetivos estratégicos de la política de desarrollo social del Estado".
En el nuevo Ministerio de Desarrollo Social, el SERNAM pasa a depender de la Subsecretaría de Servicios Sociales. Creo que ello implica una capitis diminutio que no podemos dejar de hacer presente y que debemos corregir.
Lo segundo que me gustaría que tratáramos en el debate en particular, señor Presidente, es un asunto más general: la ausencia del concepto de "derechos económicos y sociales de las personas".
En estos años hemos ido construyendo una política social en torno al reconocimiento de derechos (en el AUGE, en la reforma previsional, en muchos ámbitos). Reconocerlos no debe ser considerado una dádiva, una concesión generosa del Estado. Todo lo contrario, ha de empoderar a las personas. A mi juicio, el desarrollo social de nuestro país depende muchísimo de ello.
En la concepción de este nuevo Ministerio falta incluir con fuerza ese concepto.
Y el tercer elemento a que me referiré -por cierto, en la discusión en particular plantearé una corrección al respecto- fue debatido recientemente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia con ocasión del tratamiento del proyecto que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y dice relación con la propuesta de delegar facultades en el Presidente de la República para reformar funciones y atribuciones y determinar la conformación de la nueva Secretaría de Estado.
Señor Presidente, siempre ha sido una actitud transversal del Congreso Nacional la de no delegar facultades legislativas en el Primer Mandatario. Una reforma de esta envergadura no puede llevarse a cabo al margen del debate parlamentario. Por eso, pienso que no debemos estar disponibles para una renuncia en tal sentido.
Es en este Congreso, elegido por la ciudadanía para la representación de sus intereses, donde debe realizarse esa discusión, bajo el escrutinio público que importa la publicidad de los debates y con la debida participación de la ciudadanía.
Señor Presidente, he querido referirme a estos tres reparos durante la votación en general, sin perjuicio de las indicaciones que presentaré en su momento.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, me gusta mucho el tono del debate habido hoy en la Sala del Senado, ya que los problemas de pobreza, de precariedad, de marginalidad y de indigencia no tienen color político. A mi juicio, todos los Gobiernos han hecho un esfuerzo honesto y sincero por ir terminando con el número de personas que se hallan bajo la línea de pobreza; se crearon distintas comisiones en el pasado y se sigue trabajando en tal sentido.
Además felicito la presencia esta tarde del Ministro Kast, pues resulta muy importante que cuando discutamos estos proyectos de gran impacto social y de tremenda envergadura el titular de la Cartera se encuentre presente, porque considero que puede enriquecer mucho más el debate.
Me parece que las Senadoras de Oposición han puesto de relieve un punto superlegítimo, que también comparto, respecto de la presencia y la acción permanentes del Servicio Nacional de la Mujer, que constituye un logro significativo de la mujer chilena, que fue creado en los Gobiernos de la Concertación y que desde un comienzo respaldé. Porque estimo que se trata de un servicio que le ha dado visibilidad a la mujer y que, además, le ha permitido contar con nuevas herramientas para su inserción social, entre varias otras cosas.
Quiero expresar que me gusta mucho contar con un Ministro del área social que señala: "Senadora: es verdad que cometimos un error en el proyecto presentado y lo vamos a enmendar a través de una indicación en la cual se incorpore de manera permanente la presencia del Servicio Nacional de la Mujer". Eso habla muy bien del equipo ministerial, liderado por el Secretario de Estado.
Además es algo que no solo dice relación a un problema de redacción, sino a un concepto mucho más de fondo: la incorporación y la permanencia del SERNAM.
Este asunto se lo hice ver al Presidente Sebastián Piñera un par de semanas atrás. Por lo tanto, el Gobierno tomó conciencia absoluta de que ahora la normativa tiene que ser modificada mediante una indicación del Ejecutivo.
Dicho lo anterior, deseo plantear dos asuntos más de fondo sobre el proyecto.
El primero se refiere a que me parece muy relevante tener políticas públicas permanentes.
En verdad, siempre hemos visto que depende de quien sea el Ministro o Ministra del área para poner más o menos esfuerzo o énfasis en ciertas políticas públicas a desarrollar. A mi juicio, en materia de combate a la pobreza las políticas siempre tienen que ser de más largo aliento y no agotarse en un solo Gobierno; más allá de los cambios de Administración o de la alternancia del poder, debe existir una mirada mucho más profunda y puesta en el largo plazo. Porque todas las políticas públicas asociadas al combate a la pobreza no pueden ver sus efectos en el corto plazo, dado que se encuentran asociadas a la educación -que es de más largo plazo-, a la justicia, a la vivienda, es decir, a todos los Ministerios de áreas sectoriales relativas al ámbito social. Sus efectos no se observan en dos o tres años, sino en mucho más tiempo.
De ahí la importancia de contar con políticas públicas y con dos subsecretarías que desarrollen, analicen y evalúen en el tiempo y en forma permanente su aplicación.
Quiero dar a conocer también otra situación en el poco tiempo que me queda. Me refiero a que la aspiración más sentida de millones y millones de chilenas y chilenos es la modificación definitiva de la Ficha de Protección Social, que les permite o no su ingreso a la red social del Estado.
En la actualidad, una gran cantidad de personas, en la práctica, tiene que mentir para obtener un puntaje bajo que le posibilite ingresar a ciertos beneficios de la red social del Estado. Mucha gente de clase media empobrecida o que por una enfermedad terminal, por viudez, por una separación, por un problema de salud, por el incendio de su vivienda o por otros factores termina en una condición de vulnerabilidad que no la mide hoy esa ficha.
Es más: no se incentiva el estudio. Quienes estudian o tienen estudios superiores son castigados con un puntaje mayor, el cual más encima los afecta en sus postulaciones.
Me parece que el gran desafío del Ministerio social es crear nuevos instrumentos de medición que den cuenta de la vulnerabilidad real de las familias, a veces en forma permanente, otras, por etapas.
Considero que ahí está la clave para que, cuando las personas en Chile lo necesiten, el Estado les garantice una asistencia social en ese momento de sus vidas.
Por esa razón, estimo que la decisión de descentralizar la aplicación de las políticas a través de los gobiernos regionales también va en la línea correcta.
Obviamente, la bancada de Senadores de Renovación Nacional votará a favor de este proyecto.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, comparto las expresiones de todos los que me han antecedido, especialmente las de las señoras Senadoras, ¡porque a pocos Senadores les dio la palabra el Vicepresidente...!
Además, escuché con mucho cuidado la exposición del Honorable señor Sabag cuando informó sobre esta iniciativa.
Sin embargo, como Senador de Regiones -se lo hice presente al Ministro señor Kast- me preocupa que este esquema de evaluación de proyectos, en general, sea centralista, ya que premia la concentración de la gente en un lugar y la gran circulación de vehículos. De ese modo siempre castiga. Por ejemplo, nuestro país cumplió 200 años de vida independiente y no se ha podido terminar el denominado "Camino a Chile" en el tramo entre caleta Pichanco y caleta Gonzalo por falta de tráfico o porque la gente vive demasiado dispersa.
En las islas de Chiloé no se cuenta con electricidad; los programas de inversión en Regiones se atrasan o no se ejecutan; se anunció el Plan Chiloé, pero al final, una vez que pasó el Bicentenario, se ejecutó en concreto un 20 por ciento.
Entonces, pido que estos instrumentos maticen algunos criterios y no solo usen la evaluación social o la privada, sino que, en el caso del Camino a Chile, utilicen parámetros de geopolítica o de geoestrategia.
Países vecinos han completado caminos de circunvalación en todo su territorio. Por ejemplo, en Argentina antes todo se centraba en Buenos Aires. En cambio nosotros todavía no tenemos listo ni siquiera el camino longitudinal del país. ¿Por qué? Porque esos instrumentos indican que hay poca gente y escaso tráfico vehicular.
En el sur tenemos enormes potenciales. Ahora la actividad salmonera se está corriendo hacia las zonas más australes y necesitamos tales caminos.
Voy a votar a favor, como decía la Senadora Lily Pérez. Pero quiero solicitar al señor Ministro, y al Gobierno, especial cuidado en matizar los criterios de evaluación social y privada de proyectos, porque las Regiones con pocos habitantes estamos siendo siempre marginadas con estos parámetros -entre comillas- técnicos que, a mi juicio, han terminado concentrando los recursos en los centros más poblados, y particularmente en Santiago.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, Chile tiene una muy rica historia en materia de políticas sociales, tanto en el diseño como en la ejecución de estas. De hecho, muchos de esos capítulos a lo largo de nuestra historia -en particular, desde fines del siglo XIX en adelante- han llevado una impronta social cristiana muy marcada en las áreas de educación, de salud, de vivienda, de previsión y de políticas sociales en general.
Por lo tanto, al Partido Demócrata Cristiano y a mí, en mi calidad de Senador, nos parece bien la idea de crear un Ministerio de Desarrollo Social como una forma adecuada de propender a una mejor y mayor protección social.
Dicho eso, y como el tiempo es escaso, tengo 7 aprensiones a las que me referiré brevemente para que en la discusión particular de este proyecto -y ya que se encuentra presente el señor Ministro- tratemos de mejorar, perfeccionar y aclarar algunas de esas interrogantes.
En primer lugar, haré un comentario con relación a la necesidad de una clara definición y delimitación del ámbito de acción del Ministerio de Desarrollo Social.
En concreto, creo que se tiene que definir con mayor claridad, señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, lo que entendemos por "programa social", término mucho más rico y complejo que el simple gasto social, según la definición de la Dirección de Presupuestos, que es más bien formal, de procedimiento, de reglamento.
Hay que definir los criterios, a través de los cuales se determinarán los programas sociales, en un sentido más amplio que el mero gasto social.
En segundo término, es necesario definir de mejor manera y que exista una adecuada separación entre el diseño, la ejecución y la evaluación de la política social. Porque si bien se crea una nueva subsecretaría, que coordinará a los servicios dependientes, mientras otras realizarán las evaluaciones y el seguimiento del programa, en mi opinión, ello no es suficiente para que el Ministerio de Desarrollo Social pueda formarse un juicio objetivo sobre la marcha de los programas sociales, toda vez que el viejo tema de ser juez y parte a la vez le quita objetividad para evaluarlos.
En tercer lugar, es conveniente que haya una efectiva coordinación con otras instancias evaluadoras del Gobierno. Considero importante evitar caer en una suerte de burocracia descentralizada, en la que distintas agencias realizan diferentes tipos de evaluaciones. Pero, en particular, me preocupa la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social con la Dirección de Presupuestos, con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que va a crear la famosa delivery unit, que puede llevar a una dispersión en la que las distintas agencias efectúen en forma descoordinada las evaluaciones.
En ese aspecto, me parece, señor Ministro, que el proyecto merece ser perfeccionado.
En cuarto término, estimo relevante hacer un mejor uso de la información para los efectos de la toma de decisiones. Porque el Ministerio de Desarrollo Social va a recabar mucha información sobre los diferentes programas sociales. Es preciso, primero, que exista una adecuada coordinación con la Dirección de Presupuestos y los tiempos presupuestarios, y, segundo, que se pueda difundir de manera más óptima la información al público en general.
Pienso que este punto de la iniciativa también es susceptible de ser mejorado.
En quinto lugar, es menester que exista -en especial, por la materia tratada aquí- una coordinación interministerial más efectiva. Es cierto que hoy el Presidente de la República posee facultades o atribuciones para crear comités interministeriales. Esto partió con el Ministro Edgardo Boeninger durante el Gobierno del Presidente Aylwin.
El proyecto propone la creación de un Comité Interministerial de Desarrollo Social, pero es necesario que dicho Comité dé cuenta del real avance de las coordinaciones existentes, las que, a mi juicio, son bastante débiles.
En sexto término, es preciso fortalecer la institucionalidad. En especial, en materia de recursos humanos, estimo que las mayores atribuciones del Ministerio que se crea hacen razonable que se requiera un fortalecimiento del personal y de los sistemas de información. Se debe solicitar toda la información al respecto, principalmente en cuanto a facultades delegadas. Porque, para los efectos de la reorganización institucional, la aprobación de estas últimas debe estar condicionada a que el Ejecutivo presente al Congreso Nacional una propuesta específica sobre el particular, como suele hacerse en los proyectos de ley cuando hay facultades delegadas.
Finalmente, en lo que atañe a la modernización de los organismos públicos y servicios dependientes y sus programas -ya varias señoras y señores Senadores lo han dicho-, considero que la modernización de la institucionalidad requiere una mejor relación con los servicios dependientes (SENADIS, CONADI, INJUV, SERNAM y sus programas). Y especialmente delicada es, por supuesto, la situación del Servicio Nacional de la Mujer, cuya Directora, que tiene rango de Ministra, quedará ahora subordinada a la subsecretaría.
Vamos a concurrir a aprobar en general la idea de legislar, pero quiero dejar planteados siete puntos, señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, que, en mi opinión, pueden ser perfeccionados durante la tramitación de la iniciativa.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, trataré de no repetir. Sin embargo, quiero manifestar claramente mi preocupación por la situación en que queda el Servicio Nacional de la Mujer con relación al rango de Ministro que tiene su Directora.
Además, debo señalar que en el proyecto preocupa la pérdida de la centralidad que adquirirá la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. No está centralmente establecido el tema de género o equidad de género. Me parece importante resolver ese aspecto.
No obstante, deseo referirme principalmente a algunas funciones que mantiene el Ministerio de Desarrollo Social, que todos entendemos que son fundamentales para el desarrollo de las políticas sociales en Chile.
Aquí se mantienen una serie de actividades y condiciones que posee en este momento el MIDEPLAN, con relación a lo que significa revisar los proyectos de otras Secretarías de Estado en función de su pertenencia o pertinencia social. Creo que esa es una materia compleja como para que pueda llevarla a cabo de buena forma.
Ese es uno de los temas en los que los Ministerios, cuando llevan adelante esos proyectos, por lo general se ven entrampados por la demora. Porque además no existe la experticia total sobre los asuntos que conocen otras Secretarías de Estado y que deben ser revisados por el MIDEPLAN.
Me parece que esto debiera trasladarse a otras instancias. Por ejemplo, al Ministerio de Hacienda, si se precisa ver materias más bien económicas y sociales. Ahí hay otra experticia. Si queremos darle centralidad al Ministerio de Desarrollo Social, debiéramos quitarle a MIDEPLAN una serie de labores que desarrolla hoy, las que, en mi opinión, no son necesarias para su continuidad o trabajo en materia social.
Pero lo que sí me preocupa es que el Ministerio que se crea esté conformado de igual forma que todas las Secretarías de Estado: con una manera centralista de ver los proyectos.
En definitiva, aquí estamos hablando de un Ministerio que tiene Subsecretarías y Seremías y, además, un Comité Interministerial de Desarrollo Social. Y, luego, se señala que todo este grupo de gente, que estará ubicado en la Capital, constituido, por ejemplo, por Ministerios como Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Educación, Salud, etcétera, va a atender y resolver los problemas regionales.
Señor Presidente, es indispensable que, de una vez por todas, se tome la decisión de establecer y de instaurar ministerios u organismos regionales que estén relacionados con los aspectos sociales. Porque los problemas sociales de Santiago no son los mismos que existen en Antofagasta, en Punta Arenas o en otros lugares de Chile. Eso está totalmente centralizado. Creo que ese es un error. No debiera estar constituido de esa manera. Y menos un Ministerio de esta magnitud que, por su finalidad y su forma de trabajo, debiera hallarse destinado al desarrollo social, a las políticas sociales y estar pensado desde las comunas, las Regiones hacia el centro del país y no a la inversa, como se plantea aquí.
Mencionaba que existe una serie de trabajos que se realizan, como revisar los criterios de inversión de todos los proyectos, incluso de los del Ministerio de Obras Públicas y otros más. Sin embargo, nada se dice, por ejemplo, cuando se toman decisiones, como las que acabamos de leer en los diarios, que anuncian que se va a vender la participación estatal en las empresas sanitarias para acelerar la reconstrucción y recaudar 1.600 millones de dólares.
Aquí hay un tema central, de fondo. Porque finalmente la privatización de las empresas sanitarias afecta a miles y millones de chilenos.
Sin embargo, en esas materias, el Ministerio de Desarrollo Social no tiene nada que ver. Cuando se trata de preguntarle sobre las obras públicas que van a tener efecto social, también debiera considerarse -si ese es el sentido- en este caso la información del MIDEPLAN, o del Ministerio social pertinente, para que opine si corresponde o no privatizar las empresas sanitarias u otras empresas del Estado, que pueden ser importantes para las políticas sociales.
Señor Presidente, es necesario revisar bien a fondo este proyecto. Por supuesto, que es una gran idea y la vamos a apoyar. Pero tiene algunos aspectos -sobre todo, los relativos a materias y decisiones desde el punto de vista social- que me parece necesario e indispensable considerarlos desde las comunas, desde las regiones hacia el centro del país y no a la inversa, como se ha planteado aquí.
Ojalá el señor Ministro, en las discusiones y acuerdos que ha llevado a cabo con los Senadores que mencionó, pueda corregir esas materias para que el Ministerio de Desarrollo Social tenga una mayor posibilidad de cumplir las funciones que aquí se establecen.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, la verdad es que voy a abordar el debate con una mirada distinta. No me voy a referir a toda la trama burocrática que se ha planteado en el curso de la discusión, que es más propia de la tramitación particular.
Desde mi punto de vista, la esencia del proyecto radica en el artículo 1º, porque, en general, cuando uno analiza lo que ha ocurrido históricamente con los temas vinculados con los aspectos sociales, estos más bien están relacionados con la erradicación de la pobreza.
Y si uno se remite a la propia definición del Ministerio de Planificación y Cooperación, establecida en las disposiciones que se derogan, verá que siempre el foco estuvo puesto en aquel objetivo.
¿Y por qué, señor Presidente, siento que la esencia se halla en el artículo 1°? Porque este va mucho más allá que la simple erradicación de la pobreza.
Ya el nombre del nuevo Ministerio indica algo distinto: desarrollo social. Trasciende el problema de la pobreza. Por supuesto, lo tiene como prioridad; pero, por sobre todas las cosas, refleja una visión diferente, desde el momento en que incorpora dos conceptos para mí absolutamente capitales: la movilidad y la integración social.
Porque no solo esperamos que bajen los índices de pobreza, como ha ocurrido históricamente, sino que además aspiramos, desde el punto de vista social, a que los pobres superen esta condición y se integren a la comunidad.
Aquí, señor Presidente, se produce un quiebre fundamental: se pasa de una visión netamente asistencialista a otra mucho más integradora desde las perspectivas social y de la pobreza.
Para mí, esa es la médula del proyecto.
Su otra esencia se encuentra en el mismo artículo 1°: cuando señala expresamente que los planes y programas en materia de desarrollo social se implementarán de manera descentralizada. Eso me parece positivo, pues las formas de la pobreza son radicalmente distintas en los diversos lugares del país. Por lo tanto, el Ministerio de Desarrollo Social va más allá de la pobreza y persigue la movilidad social.
¿Qué ha ocurrido históricamente en el ámbito de la pobreza? Se han diseñado programas generales que se aplican exactamente igual desde Arica a Punta Arenas, en circunstancias de que el abordaje de los planes sociales debe ser diferente según la Región de que se trate. En este sentido, el norte no tiene nada que ver con el sur o con la zona central.
En consecuencia, más allá de los perfeccionamientos que haya que realizar durante la discusión particular sobre cómo se relacionarán los diversos Ministerios, me quedo con la esencia del artículo 1°, para luego, en el curso del estudio del segundo informe, abordar los conceptos pertinentes de la manera más articulada posible.
Por fin, señor Presidente, vamos a entrar a una etapa distinta: la de la movilidad y el desarrollo social con carácter descentralizado y más allá del problema de la pobreza.
Creo que esos son los conceptos más destacables que presenta la creación del nuevo Ministerio.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, este debate tiene un trasfondo que dice relación con el proyecto de sociedad que queremos construir y, a pesar de las diferencias políticas existentes en este Senado, exhibe un común denominador, vinculado a cómo resolvemos los problemas derivados de la postergación de sectores de la sociedad donde hasta ahora, si bien hemos avanzado, nos encontramos con una pobreza dura, con segmentos muy aislados de la posibilidad de contar con un instrumento que les permita superar la marginalidad y la miseria.
Desde ese punto de vista, creo que vale la pena hacer este debate cuando estamos efectuando una reingeniería orientada a determinar cuál es el Ministerio que debe tener a su cargo el diseño de programas, políticas e instrumentos para atender dicho objetivo.
Sin embargo, coincido con algunos colegas en cuanto a que nuestra visión sigue siendo demasiado centralista. El Ministerio de Planificación, en su historia y en el devenir de todos los gobiernos, ha creado instituciones preocupadas de distintos sectores de la sociedad -para los discapacitados, para la mujer, para los indígenas-, de un conjunto de estratos que no son considerados por otras Carteras, y, desde esa óptica, se ha transformado en bolsillo de payaso -por decirlo de alguna manera- a un Ministerio que asume muchos compromisos pero al final no cumple ninguno, que no ha resuelto con eficacia ninguno de los problemas que afectan a los sectores atendidos por sus organismos dependientes.
Entonces, el debate debe apuntar a determinar de qué manera con la creación del Ministerio de Desarrollo Social se atiende eficazmente a dichos sectores; cómo se hace una reingeniería de los instrumentos existentes; de qué modo se calibra la participación de los municipios en la elaboración de una ficha o de una encuesta donde intervengan encuestadores privados y funcionarios públicos y municipales; cómo se realiza una medición que corresponda a la realidad (porque no hay homologación de los instrumentos de medición de la Ficha de Protección Social).
Ahora, lo peor es que no existe fiscalización alguna. Y cuando examinamos la planta del referido Ministerio no sabemos, por ejemplo, si se carece o no de personal suficiente para fiscalizar las distorsiones de un sistema que a menudo resulta injusto y es objeto de numerosos reclamos.
Hasta hoy el Ministerio de Planificación ha estado encargado de aprobar los estudios de preinversión buscando la correspondiente rentabilidad social, la que al final queda sujeta a la interpretación de quien efectúa el análisis y no a un criterio objetivo que, sobre todo, dé cuenta de los sectores que no son capaces de salir adelante por sí mismos.
Pongo el ejemplo de una balsa que es necesario reemplazar por un puente. Ella no funciona ni en invierno ni en verano porque hay mucha agua, porque hay poca agua, porque el balsero no está. Y sucede que los estudios de preinversión para el diseño del puente se basan en la frecuencia de uso de la embarcación. Pero si esta no se utiliza porque no se halla en funcionamiento, el proyecto deja de ser rentable socialmente y, por tanto, no se aprueba la inversión. Entonces, el Estado no da respuesta a las demandas de las localidades afectadas, las cuales continúan siendo pobres y siguen viviendo aisladas.
Voy a aprobar la idea de legislar, señor Presidente, pero creo que el debate debe ser mucho más particularizado, para asegurar que el nuevo instrumento sea eficaz en la ayuda a todos los sectores.
En especial, pienso que aquí hay una cuestión que no se ha abordado: el problema indígena.
No es admisible que toda la política indígena dependa de una Subsecretaría encargada de diversas materias, entre ellas las vinculadas con nuestros pueblos originarios. El asunto indígena, en mi opinión, amerita un análisis en torno a la creación de un Ministerio especial para la implementación de las políticas públicas vinculadas con él.
He dicho.
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El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, señor Senador.
El señor WALKER (don Ignacio).- Excúseme, Su Señoría, por ser un poco extemporáneo.
No estuve durante la Cuenta. Por eso, pregunto si en este momento puedo pedir que se oficie al Ejecutivo para solicitarle que patrocine una moción sobre premios nacionales que presentamos con los Senadores señora Rincón y señores Lagos, Allamand y Chadwick, la cual fue declarada inadmisible.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se enviará el oficio correspondiente, Su Señoría.
El señor WALKER (don Ignacio).- Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Y aprovecharemos la ocasión para dar cuenta de varios asuntos.
Tiene la palabra el señor Secretario
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Han llegado a la Mesa los siguientes asuntos:
Mociones
De los Senadores señores Navarro, Gómez, Lagos y Muñoz Aburto, con la que dan inicio a un proyecto de ley sobre interpretación comercial favorable al consumidor (boletín N° 7.395-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
De los Senadores señores Navarro, Gómez y Muñoz Aburto, con la que inician un proyecto de ley sobre protección de zonas típicas o pintorescas (boletín N° 7.396-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Dos del Senador señor Navarro, con las que da inicio a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de reforma constitucional referido al efecto de los votos blancos (boletín N° 7.397-07).
2.- Proyecto de ley en materia de jurisprudencia relativa al recurso de casación en el fondo (boletín N° 7.398-07)
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Permiso constitucional
Solicitud del Senador señor Novoa para ausentarse del país entre el 26 del mes en curso y el 9 de enero de 2011, ambas fechas inclusive.
--Se aprueba.
El señor LETELIER.- Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).- La tiene, señor Senador.
El señor LETELIER.- Quiero hacer dos peticiones, señor Presidente.
En primer lugar, se acaba de disponer que una moción de los Senadores Navarro, Gómez y Muñoz Aburto pase a la Comisión de Educación.
Pido reconsiderar esa decisión, pues la iniciativa aborda una materia propia de la Comisión de Vivienda. En efecto, es la Ley General de Vivienda y Urbanismo la que define las zonas típicas o pintorescas.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si hubiera acuerdo en la Sala, enviaríamos el proyecto a la Comisión que sugirió el Senador señor Letelier.
--Así se acuerda.
El señor LETELIER.- En segundo término, señor Presidente, le pido recabar el asentimiento del Senado para que el Ejecutivo presente indicaciones al proyecto de ley sobre bodas de oro hasta el martes 4 de enero.
El señor PIZARRO (Presidente).- Eso habría que votarlo, porque ayer acordamos otra cosa.
En todo caso, ¿qué fecha propone, Su Señoría?
El señor LETELIER.- El martes 4 de enero, a las 12.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
El señor LONGUEIRA.- ¿Me permite hacer una consulta, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.- Yo tenía entendido que el Ejecutivo iba a ingresar hoy una indicación sobre la materia. No sé por qué se pidió un plazo tan extenso...
El señor LETELIER.- No llegó.
El señor LONGUEIRA.- ¿No llegó la indicación?
El señor LETELIER.- No.
El señor LONGUEIRA.- ¡Es la nueva forma de gobernar...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, lo que estamos haciendo es irregular, porque se interrumpió una votación.
El señor LAGOS.- Es irregular, pero eficiente.
Sigamos así, señor Presidente.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Continúa la votación.
Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, hemos escuchado las intervenciones de diversos Senadores; me tocó participar en la Comisión de Gobierno, donde se trató este proyecto, y, además, sobre la materia tuvimos algunas conversaciones directas con el Ministro de Planificación.
Lo primero que quiero destacar es que hay un ánimo absolutamente positivo para aprobar la iniciativa que nos ocupa, sobre la base de que es la continuación de una política reiterada en el país.
El señor LAGOS.- ¡Me quitó las palabras de la boca!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Desde antes de 1990, incluso durante la interrupción de nuestro sistema democrático, había preocupación por la pobreza.
Primero se creó la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN). Luego, en 1990, hubo una modificación que transformó a esa Oficina en MIDEPLAN. Y ahora viene una propuesta que busca precisar más aún este instrumento institucional con el fin de abordar lo relativo a la pobreza.
En un informe de la CEPAL sobre la experiencia de este tipo de ministerios en Latinoamérica se expresa que "uno de los rasgos característicos de las sociedades de América Latina y el Caribe es la combinación de altos niveles de pobreza y una gran desigualdad en la distribución del ingreso, siendo la región con mayor desigualdad.".
Luego se hace una afirmación que a mi juicio se halla en la línea correcta y que constituye una reafirmación de por qué se plantea una modificación de tipo institucional para crear el Ministerio de Desarrollo Social: "Los niveles de crecimiento resultan insuficientes en algunos casos para terminar con la extrema pobreza en un plazo razonable.".
De acuerdo a proyecciones de la propia CEPAL, se plantea que en el Compromiso del Milenio los países de Latinoamérica asumieron la responsabilidad de reducir la pobreza extrema a la mitad en el período 1990-2015.
Chile cumplió esa meta, esa expectativa, e incluso ha ido más allá de lo exigido.
Más adelante agrega: "Es así como la relación entre crecimiento y distribución, sumada a los niveles actuales de pobreza y desigualdad y la incapacidad del mercado de solucionar estos problemas, ponen de manifiesto la necesidad de la intervención estatal para lograr una mayor equidad y una ciudadanía económica y social plena.".
Desde esa perspectiva, señor Presidente, no concuerdo con lo manifestado por el Senador Orpis en el sentido de que la erradicación de la pobreza no debe centrarse solo en la pobreza extrema.
En mi opinión, la movilidad y el desarrollo social se producen precisamente desde la base misma: el término de la pobreza. Y de ahí se parte hacia la movilidad social, hacia el desarrollo social pleno, más integral.
En tal sentido, creo que el proyecto va en la línea correcta; es una manera de seguir profundizando una política en que Chile ha sido persistente y que debemos mantener mientras no erradiquemos totalmente la pobreza, que será la culminación de un gran proyecto para el país.
Ahora bien, la iniciativa en sí misma necesita algunas clarificaciones. Y el propio Ministro nos ha pedido que la enriquezcamos con propuestas. Aquí no hay un problema de posiciones políticas de Gobierno y Oposición, porque se trata de una materia transversal que le interesa a la nación en su conjunto y no solo a determinado sector político.
No obstante, yo haría algunas preguntas con relación a la delimitación del ámbito de acción del ente que se crea.
¿Tendrá el Ministerio de Desarrollo Social, tal como se halla planteado acá, capacidad para imponer sus criterios a las otras Secretarías de Estado y a los servicios públicos pertinentes con una normativa, en mi concepto, tan limitada?
El Comité de Coordinación se puede instalar incluso por decreto.
¿Cuándo podremos tener una solución que le permita al nuevo Ministerio imponer sus tesis?
Aquí se expuso también el problema vinculado con la regionalización, señor Presidente.
Pienso que hay que descentralizar las decisiones. No es admisible que un proyecto de mínima cuantía deba ser sometido a la decisión central. Es necesario establecer con claridad que eso puede desarrollarse y definirse en la misma Región.
Otro punto dice relación con los servicios.
En cuanto al SERNAM, coincido plenamente con la crítica hecha aquí. Hay que clarificar el artículo tercero transitorio del proyecto, que elimina la relación directa que tiene dicha entidad con el Presidente de la República para plantear políticas relacionadas con la mujer. Ello, al objeto de evitar la crítica que se ha puesto en el tapete en estos momentos.
En mi concepto, no existe la intención de quitarle al SERNAM la calidad de Ministerio. Sin embargo, será muy difícil mantenerla si dicho Servicio va a quedar supeditado a una Subsecretaría.
Tenemos que aclarar ese aspecto. No parece razonable que un Ministerio se encuentre subordinado a una Subsecretaría, aun cuando sea para efectos de coordinación.
Es indispensable esclarecer, asimismo, lo relacionado con la modernización institucional.
Se ha hablado de que se creará un Ministerio del Deporte y la Juventud. Entonces, determinemos qué pasa con el INJUV. Porque aquí se plantea que va a quedar bajo la coordinación del Ministerio de Planificación.
Lo mismo sucede con los asuntos indígenas. Se ha dicho que se va a crear un Ministerio de Asuntos Indígenas que reemplazaría a la CONADI.
En consecuencia, estimo que hemos de anticiparnos, al objeto de lograr prontamente la modernización de todo el sistema destinado a luchar para que se erradique la pobreza.
Por las razones expuestas, voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la creación del Ministerio de Desarrollo Social que propone el Ejecutivo es una oportunidad especial para hablar de uno de los temas más delicados y acuciantes que afectan a nuestro país: la pobreza.
El Ejecutivo ha querido asumirla como una de las prioridades de su gestión, y para ello está buscando dotarse de los instrumentos institucionales que le permitan cumplir esa finalidad de manera real y efectiva.
La pobreza en Chile, de acuerdo a la última encuesta CASEN, es muy elevada. Se habla de 600 mil personas que viven en niveles de indigencia y 2,6 millones en niveles de pobreza. Es decir, 3,2 millones de habitantes se encuentran en una condición francamente inaceptable, que debe mover a la conciencia en el sentido de terminar con esa situación, que es la principal causa de discriminación en Chile.
Ser pobre significa, al final, ser dependiente; alguien que como resultado de su trabajo, de su esfuerzo, actual o pasado, no puede vivir en forma digna, no es capaz de mantener a su grupo familiar de manera decente. Y eso, simplemente, constituye un escándalo social que no debe dejar indiferente a nadie, a ninguna autoridad.
Enfrentar el problema de la pobreza y resolverlo no es cuestión de un día para otro, ni se hace con medidas simples o efectistas. A la larga, los principales caminos para darle solución son, sin lugar a dudas, la mejor educación posible, la cual debe empezar cuando la persona nace y culminar con sus últimos días; o sea, ella debe estar presente a lo largo de toda su existencia, de distintas maneras, no solo a través de la enseñanza formal -la que se da en los niveles preescolar, básico, medio o superior-, pero particularmente, de modo significativo, al inicio de la vida. Ese es el camino central. Y luego, con esa educación, debe presentarse la oportunidad de realizar una labor digna, decente, que le permita a la persona desenvolverse. Es el derecho al trabajo que se debe consagrar en la sociedad.
Pero ello siempre requiere complementos, sobre todo en la situación que hoy día nos afecta, de una cantidad de pobres tan elevada y que, personalmente, estimo todavía inferior a la realidad que uno conoce. Además, es algo que no nos deja tranquilos, porque pareciera que por sobre los 3,2 millones de chilenos mencionados las personas son ricas, en circunstancias de que se trata de una escala gradual que va desde la indigencia a los menos pobres y, por lo tanto, muchos millones de individuos viven en condiciones, si no miserables, muy bajas.
Es cierto que se han realizado esfuerzos y que el desarrollo del país ha permitido reducir la cifra en las últimas décadas, lo que valoramos, pero creemos que se necesita hacer más. Por eso, es muy importante el Ministerio de Desarrollo Social, que posibilitará no solo potenciar políticas sociales, sino también verificarlas bien.
Porque parte del problema radica en que el gasto social no es suficiente, por más que se aumente, si acaso no se invierte bien, y parte de los que enfrentamos con nuestros programas sociales, que complementan la situación de igualdad de oportunidades que se busca, fundamentalmente, con educación y trabajo, obedecen a un mal diseño, una mala implementación y una mala focalización.
Tampoco se conoce, a través de evaluaciones, cuál es el verdadero impacto en la calidad de vida de las personas. Programas tan importantes como Chile Solidario no garantizan que sus beneficios hayan mejorado realmente la condición de pobreza de los destinatarios.
El diseño, en muchos casos, es ineficiente y, al mismo tiempo, se registran gastos burocráticos excesivos, además de haberse observado irregularidades.
En la discusión en esta Corporación podremos revisar con más detalle y detenimiento lo relativo a la Subsecretaría de Evaluación Social, diseñada para definir cómo se piensa enfrentar la pobreza en distintos programas y proyectos; la Subsecretaría de Servicios Sociales, que va a ejecutar los programas, o el Comité Interministerial de Desarrollo Social, que agrupa a distintos Ministerios, y al que, por cierto, se debe incorporar el Servicio Nacional de la Mujer. Estoy seguro de que estas entidades, examinadas, podrán cambiar el carácter institucional en la lucha contra la pobreza, que esperamos que sea frontal en este Gobierno y en los que vinieren.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, antes de dar mi opinión sobre el proyecto deseo hacer dos comentarios.
El primero se refiere a lo expresado por el Senador señor Gómez, quien no se encuentra en la Sala, lamentablemente, pues cualquier observador desapasionado podría creer, después de escucharlo, que ESSBÍO, ESVAL y Aguas del Valle son empresas públicas. Quiero decirle que ellas fueron privatizadas hace más de diez años, y, a lo mejor, coincidiendo con la época en que Su Señoría fue Ministro de Estado.
El segundo dice relación con el SERNAM, sobre el cual quiero hacer un par de alcances. En cuanto a su presencia en el Comité Interministerial, creo que es legítimo y necesario incorporarlo. Pero, en el aspecto administrativo -aquí se ha hecho referencia a una Subsecretaría-, no cambia absolutamente en nada el tratamiento de ese organismo, cuya Directora tiene rango de Ministra, respecto de lo existente. En el proyecto no se innova acerca de su rango administrativo y, por lo tanto, no es objeto de ningún menoscabo como Servicio Nacional de la Mujer.
En relación con el fondo, el objetivo a que debe apuntar el articulado al término de nuestro trabajo y de la discusión particular es a una autoridad social. Así como en lo económico existe un Ministerio de Hacienda con facultades claras y un titular investido de un gran poder, eso no sucede en materia de políticas contra la pobreza, de políticas de desarrollo social, de políticas para derrotar la vulnerabilidad. Y ello se demuestra en que en los últimos veinte años ha habido más de veinte Ministros de Planificación. Nadie puede afirmar que sea este un Ministerio con fortaleza política para llevar adelante todos los programas y acciones que permitan avanzar más rápidamente en el desarrollo social y la derrota de la pobreza.
Por lo tanto, lo que debemos lograr -y en ese camino se halla la iniciativa en debate- es una autoridad social responsable de la ejecución de la totalidad de las políticas sociales, del cumplimiento de sus metas, de la transparencia de sus recursos y de la evaluación de sus resultados.
Lo anterior, incluso, formó parte de los anhelos del Consejo Asesor Presidencial nombrado por la Presidenta Bachelet y que emitió su informe el año 2008, el cual expresó la necesidad de que se modificara la institucionalidad del Ministerio y de que se pudiera contar con una autoridad responsable en la examinación de la consistencia y coherencia de las políticas sociales, en el seguimiento de su cumplimiento y en la evaluación de los resultados a través de un proceso de rendiciones públicas.
Creo que si logramos, en el debate que hemos iniciado en la Comisión de Gobierno y que continúa en este momento en la Sala, tener una autoridad social que verdaderamente impulse, transparente, evalúe e informe a la ciudadanía sobre todos y cada uno de los programas y proyectos, vamos a dar un paso sustantivo.
Hoy día, más de 380 programas sociales tienden a derrotar la pobreza, la vulnerabilidad, e impulsar el desarrollo social, pero muchos de ellos, primero, no exhiben coherencia entre sí; segundo, no mantienen ninguna coordinación entre uno y otro; tercero, utilizan recursos respecto de los cuales no existe transparencia, y, cuarto, nadie se hace responsable de su aplicación. Por lo tanto, el trabajo que debemos realizar en este proyecto es lograr una autoridad social que verdaderamente vele y responda ante la ciudadanía por todas las políticas y programas sociales que los distintos Ministerios y el Congreso decidan llevar adelante.
Por eso, votaremos a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde intervenir al Senador señor Quintana, pero no se encuentra en la Sala en este momento.
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, ciertamente, voy a votar a favor de la idea de legislar. Solo quería formular una breve reflexión en el sentido de que aquí no nos hallamos, a mi juicio, ante un acto fundacional, sino frente a la evolución, casi natural, de un proceso que ha tomado muchos años respecto de la erradicación de la pobreza, lo que ha ido desde consideraciones tal vez más asistencialistas, al estilo más puro y duro, a una más amplia e integradora. Y lo que viene a hacer hoy la propuesta del Ejecutivo es un esfuerzo adicional, con un enfoque más holístico, más amplio, acerca de cómo abordar un tema tan crucial.
Al observar la estructura propuesta, advierto que se va a seguir poniendo énfasis en las políticas que, al parecer, han ido dando buenos resultados, como Chile Solidario y otras; pero que, al mismo tiempo, se intenta hacer un esfuerzo -genuino, a mi entender- para dar mayor coordinación a una lucha que no depende de un solo Ministerio.
Desde luego, en la discusión particular va a haber espacio para tener claras cuáles son las atribuciones del nuevo Ministerio de Desarrollo Social, con qué recursos va a contar y cuáles serán sus atribuciones reales como para poder ejercer el peso que requiere.
Se ha dicho muchas veces que los Ministerios se dividen entre los que recaudan y son poderosos o deciden cómo emplear las "lucas" y los que las gastan, que son los llamados, a veces, "parientes pobres", ya que deben diseñar políticas públicas, implementarlas, pero, para el ejercicio correcto de esas funciones, dependen, básicamente, de los otros. Por mi parte, quiero creer en una Secretaría de Estado poderosa, que va a tener presencia en el gabinete, y, por esa razón, entiendo que cuando se trata de "sumar más servicios", entre comillas, bajo la dirección del nuevo Ministerio es, precisamente, para asegurar una mayor coordinación, por supuesto, pero, al mismo tiempo, un mayor peso político a la hora de definir.
No vale la pena repetir -ya lo han dicho varios señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- qué cosas es preciso mejorar y en cuáles se tendría que poner más énfasis en esta Secretaría de Estado. Sin embargo, para no perder tiempo y hacerlo bien, sería bueno que el Gobierno pudiera fijar con antelación a la discusión qué va a ocurrir con ciertas dependencias, con el Instituto Nacional de la Juventud, con el SERNAM, y ver cuáles son las atribuciones una vez que lo haya definido. Porque me parece que estaremos haciendo dos ejercicios a lo largo del tiempo y que se definirían las atribuciones y estructura del nuevo Ministerio sin haber decidido previamente qué va a ocurrir con otros servicios públicos que pareciera que se hallarán bajo su dependencia.
El Senador señor Pérez, quien no se encuentra presente y aludió al Honorable señor Gómez cuando este no se hallaba en la Sala, hizo una referencia a la venta y privatización de las empresas sanitarias.
Me preocupa el asunto, señor Presidente. Hemos concurrido, durante el año, al estudio de medidas para financiar la reconstrucción; hemos aprobado todas y cada una de las iniciativas legales que el Gobierno ha presentado. Los recursos se encuentran más que asegurados, como lo han expuesto el Ministro de Hacienda y el Presidente de la República.
Como consecuencia de la modificación del impuesto específico a la minería, hasta se recibirá sustantivamente más que lo proyectado en forma inicial. Creo que no me quedo corto al señalar que sobre 500 millones de dólares, a ojo de buen cubero, respecto de los ya programados como provenientes del royalty, se van a recaudar adicionalmente por el alto precio del cobre.
Entonces, la pregunta es por qué, para recaudar mil 600 millones de dólares, el Estado se va a desprender de acciones en las sanitarias que le reditúan recursos y le aportan fondos a CORFO para poder subsidiar el pago de ciertas cuentas.
Se registrará un rendimiento tributario de 38 por ciento, como me sopla muy bien mi Honorable colega Zaldívar.
¿Cuál es la explicación del Gobierno para esa privatización?
Intento ser responsable de mis palabras: este sí que es un bono dorado que se está recibiendo del sector privado.
Si se trata de la reconstrucción, el Gobierno tendría que demostrar que requiere esos recursos adicionales. Como lo vimos en la Comisión de Hacienda, creo que, en la estructura de ingresos que planteó, la venta de las sanitarias era una eventualidad, como una fórmula por explorar más si no funcionaban otras medidas de financiamiento.
Todas estas últimas le fueron aprobadas. Lo de las sanitarias exhibe claramente un componente político, y, ciertamente, creo que algunos harán una gran pasada al comprar acciones de empresas extremadamente rentables, importantes, y que -entre paréntesis- no están todas en venta, porque en algunos casos se trata de concesiones.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, con respecto a la creación del Ministerio de Desarrollo Social, desde luego quisiera exponer las cifras presentadas por el propio señor Ministro sobre la evaluación de la pobreza e indigencia.
El año 2006 se registraba 13,7 por ciento, y nos sorprendimos con las cifras de la encuesta CASEN 2010, demostrativas de que se había crecido a 15,1 por ciento.
En el caso de los indigentes, pese a todos los programas sociales, en 2006 eran 516 mil 738 personas, y en 2010, 634 mil 329.
Algo no anda bien.
Chile es uno de los países con mayor falta de equidad. Existen varios indicadores, uno de los cuales, elaborado por el PNUD, es el de desarrollo humano, que integra factores de salud, educación, ingresos. Si se comparan las comunas de Vitacura, Providencia, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Ñuñoa -sin ningún ánimo de resentimiento- con las de Vilcún, Lumaco, Ollagüe, Tortel o Yumbel, ello equivale a contrastar indicadores propios de Estados con un estatus como el de Finlandia, Canadá, Islandia, con los que se registran en algunos de África.
Creo que en esta materia es preciso tener particular cuidado, porque se encuentran de por medio todo el énfasis social que viene en el Ministerio en examen, el sistema nacional de evaluación de inversiones públicas y, también, elementos de la reactivación económica.
En lo social, son muchos los elementos mencionados: vivienda; trabajo; capacitación; FOSIS; SENAMA; CONADI; INJUV: FONADIS; la parte rural, a través del INDAP; caminos vecinales; CONAF; los programas, como Chile Solidario, Puente, de agua potable rural, de generación de empleo, en fin. Es una gran cantidad de fórmulas.
Sin embargo, en palabras del propio Presidente, nuestra red social atrapa, no permite que las personas vuelvan a ser autónomas.
Por lo tanto, no basta con un Ministerio que ejerza una función de coordinación, que se ocupe en una evaluación antes, durante y después. Debemos contar también con un Ministerio operativo, que haga las cosas.
Respecto a la ficha de protección social, esta no puede ser llenada por determinadas personas y firmada por otras. Es una cuestión no menor y muy influyente en la aplicación de políticas. Es lo mismo que si un médico le va a tomar la temperatura a alguien, ve si está ingiriendo alguna medicina y después le hace un diagnóstico: debe tener una presencia y una vivencia del caso.
Por último, en el documento es preciso hacerse solidario. Creo que debe verificarse un avance por la vía del mundo de las asistentes y trabajadoras sociales, que se hallan muy bien preparadas para estos efectos.
En cuanto al fortalecimiento del sistema nacional de inversiones, cabe observar que de la ODEPLAN al MIDEPLAN se pasó a una sectorialización de los sistemas de evaluación y, además, a una polarización con los municipios, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en fin. Muchas organizaciones llevan programas de carácter social y de evaluación de proyectos, pero lo relativo a las metodologías para este último efecto ha llegado a verdaderas situaciones de escándalo.
En el caso del Ministerio de Obras Públicas, subieron, por sí mismos, los estándares de las obras que llevan a cabo. Hoy en día, no hacen puentes chicos ni caminos de penetración; se desligaron de las huellas y caminos vecinales, y tienen abandonada a más de la mitad del país. Al aplicar esa medida, se plantea un obstáculo con las recomendaciones en el MIDEPLAN.
Existe un compromiso, en el protocolo político del Presupuesto del año 2011, de revisar la situación. Pero esto es muy importante.
Ahora, la planificación se traspasará a los gobiernos regionales. ¿Cuáles? ¡Si no existen! Los consejos regionales no son elegidos. Distribuyen los fondos entre ellos.
Señor Presidente, le solicito solo algunos segundos más para completar mi planteamiento.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien, señor Senador.
El señor HORVATH.- Necesitamos empoderar al Ministerio de Desarrollo Social; al área de la inversión, la planificación y la reactivación de la actividad económica, para que se funcione como un todo.
No puedo dejar pasar lo que han representado los propios funcionarios del Ministerio en cuanto a que se contraiga un compromiso -así se ha señalado- en orden a la sucesión legal y patrimonial de la actual Secretaría de Estado. Porque, obviamente, ahí también existe una cuestión bastante sensible, que debe considerarse en la discusión particular.
Pero se trata de un proyecto oportuno, necesario. Y el señor Ministro ha puesto el dedo en la llaga con respecto a la aplicación de los programas sociales, que requieren francamente ser empoderados y regionalizados.
Voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos finalizando el proceso de votación y nos hallamos bastante pasados de la hora de término de la sesión. Además, se halla programada una actividad con el personal. Como todavía quedan muchos inscritos para usar de la palabra, pido a los señores Senadores la mayor concisión posible al fundamentar su pronunciamiento.
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, seré muy breve.
Este es un compromiso del Primer Mandatario. Por lo tanto, creo que el Gobierno del Presidente Piñera tiene el legítimo derecho a sacar adelante un cambio de estas características.
Pese a los reparos que, en general, mantengo, en la discusión de la idea de legislar deseo referirme simplemente al enfoque.
Lo que se observa en la transformación en examen es un Ministerio en el que más bien se transita desde lo que fue un organismo de derechos, con el Presidente Ricardo Lagos, a otro que hoy día es más bien de transferencias monetarias.
Sin lugar a dudas, en ambos casos se puede avanzar en la supresión de la pobreza. Y lo demostraron con mucha claridad los Gobiernos de la Concertación, pese a la forma en que se entregaron hace algunos meses los datos de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, en la que no se recogieron por primera vez las recomendaciones de la CEPAL en orden a incorporar criterios y metodología para medir cómo estábamos avanzando en estos indicadores.
Lo concreto es que hoy registramos niveles inferiores de pobreza, lo cual, sin duda, ha sido una gran contribución de esas Administraciones.
Pero insisto en que el enfoque se halla más ligado a la transferencia de recursos. Y ello tal vez guarda poca relación -como muy bien señaló la Senadora Rincón- con lo que aprobó el Congreso el año pasado: el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, que va justamente en la línea de continuar otorgando derechos.
Aquí no se trata solo de realizar transferencias monetarias, pensando que con ello, por sí solo, se supera la pobreza. Tal vez el mejor ejemplo radica en lo señalado por el Senador Tuma en cuanto a las políticas indígenas, que siguen siendo abordadas desde la lógica de la pobreza. Y, claramente, el asunto debe ser mirado desde otra perspectiva, otra dimensión.
Las materias de desarrollo productivo son importantes, naturalmente, pero también lo son las relativas a los derechos políticos, sociales y culturales.
Entonces, a ratos veo un poquito desdibujada en el proyecto esa mirada integral.
Sin perjuicio de ello, existen aspectos positivos. Habrá mayor posibilidad de enfocarse en los temas de la pobreza, y seguramente será factible establecer más coordinación. Porque hoy día tenemos de todo en el Ministerio de Planificación: lo concerniente a los indígenas; el Fondo Nacional de la Discapacidad; hasta hace poco también dependía de esa Secretaría de Estado la Agencia de Cooperación Internacional. Es decir, se trata de un Ministerio muy diverso, lo cual le hace muy difícil centrarse de manera efectiva en la lucha contra la pobreza.
Por esa razón, los Gobiernos anteriores ya habían intentando modificar tal institucionalidad.
Reitero que la iniciativa presenta aspectos muy positivos, como la separación del Sistema Nacional de Inversiones. Porque no es lógico que en una oficina de un mismo Ministerio se evalúe una inversión de millones de dólares, como la construcción de una autopista o de un puente, y en otra, la transferencia de recursos monetarios para sacar a la gente de la pobreza.
Ese cambio reviste importancia.
En la discusión particular del proyecto tendremos ocasión de precisar algunas materias, señor Presidente.
Por otra parte, he revisado con detención lo relativo a la dependencia del Servicio Nacional de la Mujer, y debo decir -pese a que el Ministro señala que no es así- que, sin haberse producido una modificación sustantiva -porque más bien se trata de un cambio de nombre-, siento que el SERNAM pierde de alguna forma un poquito de fuerza al pasar a depender de la Subsecretaría respectiva, tal como se aprecia en la norma pertinente.
En definitiva, señor Presidente, de todos modos aprobaremos en general el proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente).-Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el origen del Ministerio de Planificación se remonta al Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970). Luego se creó la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN).
En definitiva, la preocupación por esta materia y la tarea de luchar contra la pobreza han sido permanentes.
El Presidente Frei Ruiz-Tagle, durante su mandato, en los años noventa, anunció la desaparición de ODEPLAN -pues mostraba fuertes falencias-, con la idea de generar algo nuevo: el Ministerio de Planificación y Cooperación.
Los objetivos de esta Secretaria de Estado eran diseñar y aplicar políticas, planes y programas de desarrollo nacional; proponer metas de inversión pública; evaluar los proyectos de inversión con financiamiento estatal, y coordinar las políticas públicas dirigidas a la erradicación de la pobreza.
El problema estriba en si ahora vamos a tener nuevamente un Ministerio dirigido solo a los pobres.
El 21 de mayo último el Presidente de la República anunció, al igual que el Ministro Kast, que iba a haber una agenda de conversaciones.
Yo le quiero recordar a dicho Secretario de Estado que él señaló que había conversado con diversos Senadores de la Oposición, entre ellos el señor Gómez, del PRSD. Pero con el Senador Navarro, del MAS, no ha dialogado. Y -esto es más importante- tampoco lo ha hecho con la gente.
No basta conversar con los Senadores. Para elaborar una ley, sobre todo una tendiente a crear un Ministerio que luche contra la pobreza, se requiere la opinión de la ciudadanía, de los organismos no gubernamentales.
Espero que haya espacio para debatir con la gente, con los ciudadanos, con las organizaciones, respecto a la manera de conformar tal Cartera, que representa una gran oportunidad.
Y, desde ya, le digo al Ministro Kast que cuenta con todo mi apoyo. Vamos a crear el Ministerio de Desarrollo Social, pero necesitamos aprender de los años de lucha contra la pobreza y, por supuesto, innovar en la materia.
A mi juicio, diseñar un Ministerio solo para los pobres es un modelo equivocado. Hay que tener también políticas para la clase media, no solo para la gente vulnerable. Se trata de luchar contra la pobreza; pero también, de superar la condición social del país.
Al respecto, quiero señalar lo siguiente.
Aquí se crea un Ministerio cuyo propósito -al igual que MIDEPLAN- será luchar contra la pobreza. Pero resulta claro que la mejor manera de hacerlo es corrigiendo la distribución del ingreso.
Siento que la política de estar permanentemente introduciendo ajustes en cuanto a los desequilibrios sociales, como los provocados por la ganancia bárbara, inconmensurable, de los bancos respecto de sus usuarios, constituye un problema. Yo quiero que los trabajadores laboren mucho y bien, en condiciones adecuadas y con buenos pagos.
Por lo tanto, dicho Ministerio no solo debe focalizarse en las políticas sociales y en cómo gastar los recursos en los pobres, sino además en la forma de hacer que el modelo institucional del país, del Estado, del Ejecutivo, procure la distribución de la riqueza y no su concentración.
Ese es mi emplazamiento al Gobierno del Presidente Piñera.
En definitiva, ¿habrá un Ministerio de Desarrollo Social para seguir con la técnica del chorreo; para ver cómo financiamos lo que el modelo no permite; para entregarles a los pobres subsidios mejor focalizados pero sin políticas de equidad?
Me parece que esta es la oportunidad para que exista una Cartera con verdadera autoridad política y social. De lo contrario, solo habrá un coordinador de diferentes Ministerios y el Ministro Kast será solo eso, al igual como lo fue el Director de la CONAMA, donde el que menos manda es el que coordina.
En consecuencia, o tenemos un Ministro empoderado para coordinar políticas sociales y que efectivamente sea escuchado, o seguimos con la tiranía de Hacienda, que en definitiva redundará en que las políticas sociales ocupen el último lugar.
¿Habrá o no una Secretaría de Estado capaz de coordinar e implementar políticas hacia los pobres y la clase media? Creo que ser los pobres del Gabinete no da resultados, señor Ministro. Necesitamos una Cartera con poder de verdad; es decir, que disponga de autoridad política y social acorde a la importancia que decimos darle a la lucha contra la pobreza.
Señor Presidente, siento que hay que escuchar más a la gente, a las organizaciones sociales. Y cabe preguntarse por qué aquí no figura la División de Organizaciones Sociales, ente relacionado con las personas, que continúa bajo la dependencia del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Por otro lado, este proyecto menciona solo una vez -¡una sola vez!- la palabra "participación": cuando dice que "El Ministro de Desarrollo Social podrá invitar a participar con derecho a voz a otros Secretarios de Estado,". No se refiere a la ciudadanía, a otros derechos, a los indígenas. Pero sí habla de rentabilidad y de inversión.
Hay mucho concepto economicista, señor Presidente. Yo quiero que exista más conceptualización social.
Deseo que efectivamente se termine con la burocracia en los proyectos, que se produzca una fuerte aceleración en su estudio. Y en el caso específico de la iniciativa en debate, cuyo objetivo es erradicar la pobreza, que se preocupe también de las políticas de Estado.
A ESSBIO la van a privatizar. Afortunadamente, yo voté en contra en la Cámara de Diputados cuando se abrió la puerta para vender lo que quedaba de la empresa. Porque parece que dejarles el agua a los poderosos es malo para los pobres.
Me gustaría que el señor Ministro respondiera si el Ministerio en comento tendrá políticas respecto a las empresas del Estado y al resto del quehacer gubernamental.
En cuanto a los trabajadores, se le otorga mucha autoridad al Presidente de la República para armar dicha Cartera. Existe gran discrecionalidad.
Los municipios no figuran en el proyecto.
Señor Presidente, ¿podría darme un minuto para terminar?
El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, señor Senador.
El señor NAVARRO.- En verdad, intenté ceñirme a cinco minutos, aunque para intervenir me correspondían diez, porque di mi consentimiento para abrir la votación en el entendido de que los tiempos se mantendrían.
Al final, terminaré usando la palabra solo por cinco minutos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Eso fue lo acordado por la Sala.
El señor NAVARRO.- No, señor Presidente.
Debemos tener las reglas del juego claras. De lo contrario, ocurrirá lo mismo que con la hora de Incidentes, que el Senado ha hecho desaparecer, en circunstancias de que es la única forma de expresión para las minorías en el seno de la Corporación, frente al escaso tiempo para intervenir que otorga el Reglamento.
Decía que en la iniciativa no se menciona a los municipios. Estos solo reciben los recursos. Por tanto, yo pregunto: ¿van a aplicar las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, o ello dependerá de si el alcalde es de Derecha, de Centro, o de Izquierda?
Reitero: en la iniciativa no aparece una sola nota respecto de si los municipios aplicarán las políticas sociales de la nueva Cartera. Nada se dice.
Señor Presidente, algunos señalan que a los sectores de Derecha se los conoce más por lo que no dicen o no hacen que por lo que dicen o hacen. Aquí se omite algo muy importante: la participación ciudadana.
Por eso, relevo que vamos a defender derechos, no migajas ni concesiones. En definitiva, quiero un Ministerio de Desarrollo Social poderoso y fuerte.
¡Patagonia sin represas!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, en primer lugar, haré una aclaración muy breve.
La verdad es que la circunstancia de que las sanitarias se encuentren en manos del Estado o de privados es indiferente para los consumidores, porque en ambos casos la fijación de tarifas le corresponde al Gobierno, no a las empresas privadas. Por lo tanto, el asunto radica solo en quién aporta el capital y quién recibe los dividendos.
En tal sentido, yo prefiero mil veces que los recursos sean invertidos por el Estado en capital humano que en la compra de mangueras y de maquinarias. Es muchísimo más rentable invertir ahora en las personas que en sistemas sanitarios. Tiene mayor relevancia utilizar capital en la gente que en maquinaria.
Pero lo más importante es que, desde el punto de vista del usuario, esto no hace absolutamente ninguna diferencia. Porque como se trata de un monopolio natural, en ambos casos las tarifas -insisto- son fijadas por el Gobierno.
En todo caso, estamos hablando de otro asunto, señor Presidente.
Si uno lee la historia de Chile, se percata de que todos los Gobiernos, a partir más o menos de los años veinte, se preocuparon de la cuestión social de manera preferente, tanto en materia de vivienda, educación y salud como de la pobreza misma.
Eso nadie lo puede negar.
Sin embargo, Miguel Kast -padre del actual Ministro de Planificación- y Sergio Molina elaboraron un documento muy impactante en la lucha contra la pobreza: el Mapa de la Extrema Pobreza.
¿Qué nos dijo ese trabajo? Que a pesar de todos los esfuerzos de distintos Gobiernos por enfrentar la pobreza y por ayudar a superarla, había un grupo de chilenos tan marginales que incluso quedaban fuera de muchas políticas sociales. Por ejemplo, los subsidios para la vivienda se destinaban a la gente de la Caja de Previsión de Empleados Particulares (EMPART), a la del Servicio de Seguro Social, pero no llegaban a quienes tenían una ocupación por cuenta propia y no disponían de un empleador fijo -como los jardineros-, los cuales no siempre son los más pobres.
A partir de ese momento se empieza a producir una profesionalización en la lucha contra la extrema pobreza, se establecen mecanismos para medirla -la Ficha CAS, la Ficha de Protección Social- y se comienza a enfrentarla de manera más sistemática.
Por eso, me alegra enormemente que sea el hijo de Miguel Kast quien esté formando el Ministerio de Desarrollo Social.
¿Por qué es importante este Ministerio? Porque nos permitirá centralizar la información, atender de manera integral a las personas y ser cuidadosos, pues es posible que a las ubicadas justo debajo de la línea de la pobreza les estemos dando mucho, dejándolas mejor que a quienes se encuentren un poquito por arriba. Y con eso se pueden producir tremendas inequidades entre unas y otras.
Así que esto nos posibilitará un esfuerzo bastante más integral y ordenado.
¿De qué se trata acá? Obviamente, de la extrema pobreza. Pero también de la pobreza misma. No solo debemos sacar a la gente de la extrema pobreza, sino también de la no extrema.
Además, debemos hacernos cargo de la equidad de oportunidades -no basta con preocuparse de la pobreza- y, asimismo, de la movilidad social, como señaló el Senador señor Zaldívar.
Hemos de preocuparnos también de que haya mayor equidad, pero con ingresos autónomos.
Porque una cosa es la equidad que se logra con la repartición de los subsidios del Estado. Pero yo aspiro a que ella exista igualmente en lo que la gente gana, pues esto permitirá generar una sociedad mucho más digna. O sea, no estamos apuntando únicamente a los subsidios del Estado, sino además a que se reduzcan las tremendas inequidades que existen en Chile, antes de los impuestos y antes del gasto social.
Y todo eso nos lo va a posibilitar, en el fondo, un Ministerio de Desarrollo Social bien formado.
Señor Presidente, cuando uno ve programas como el Chile Crece Contigo se da cuenta de que en la lucha contra la pobreza debe participar gran cantidad de gente que piense, que realice estudios.
La semana recién pasada asistí a un seminario organizado por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, donde se dieron a conocer los resultados de una encuesta...
Le ruego, señor Presidente, que me conceda algunos segundos adicionales.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede continuar, Su Señoría.
La señora MATTHEI.- Como decía se dieron a conocer en dichos esventos los resultados de una encuesta que congregó a los mejores especialistas a nivel mundial. El estudio nos mostraba la diferencia que genera el tipo de prestaciones que recibe un recién nacido o un menor de cinco a seis años.
Por eso, tenemos que abordar la pobreza con equipos multidisciplinarios y en forma muy seria.
No hay preocupación más relevante, señor Presidente, que la lucha contra la pobreza, la lucha por mayor equidad y, sobre todo, la lucha por educación y tratamientos para los niños, incluso antes de la edad escolar, para que vayan disminuyendo de verdad las brechas inaceptables que todavía persisten en Chile.
Así que me alegra que estén los votos para aprobar en general la iniciativa. Y, obviamente, tendremos que discutirla con mucho detalle durante el trámite siguiente.
Además, aprovecho de rendirles un homenaje a Miguel Kast y a Sergio Molina, quienes participaron en la elaboración del Mapa de la Extrema Pobreza.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, el proyecto de ley que nos convoca es de suma importancia, por cuanto crea el Ministerio de Desarrollo Social, en reemplazo del actual Ministerio de Planificación, dotándolo de mayores atribuciones, mejores políticas y más funcionarios, en aras de obtener la ansiada meta de la superación de la pobreza, que indudablemente constituye un tema de país.
La superación de la pobreza conforma uno de los pilares sobre los cuales nuestro actual Gobierno basa su política social. Incluso, ese pilar ha sido alabado por gobernantes y dignatarios de naciones amigas, quienes han podido apreciar con bastante satisfacción que se trata del principal eje de la política social que caracteriza a la actual Administración.
Esta iniciativa legal es fruto de un profundo análisis, en el que intervinieron destacados académicos y representantes de prestigiosas casas de estudios superiores y de reconocidos centros de estudios ligados a diversas corrientes políticas.
Ellos dan cuenta, en forma coincidente, de que es necesario actuar con la mayor eficiencia y eficacia en el objetivo de superar la extrema pobreza mediante instrumentos legales, reglamentarios y administrativos que pongan en práctica el noble objetivo de alcanzar esta meta, que indudablemente debe ser la de todos los miembros de nuestra nación.
Este proyecto constituye un gran avance, como lo reconocieron todos los académicos y expertos que concurrieron a exponer sus versados puntos de vista en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, a la que le correspondió conocerlo y debatir su articulado. Y no cabe duda alguna de que será necesario perfeccionar gran parte de sus disposiciones, a fin de que logre plenamente el propósito que persigue.
En múltiples ocasiones he sostenido que la superación de la extrema pobreza es un verdadero desafío moral para nuestro Gobierno. En un país donde 30 por ciento de los habitantes se ubica bajo la línea de la pobreza, se hace necesario revertir en forma imperiosa esa situación.
Estamos viviendo en un Chile donde se comparten dos visiones completamente distintas: un país cuyas cifras macroeconómicas le permiten acceder a la OCDE, al grupo de las naciones desarrolladas, y otro que es una verdadera vergüenza moral. Porque las últimas encuestas CASEN revelan una radiografía preocupante: ha aumentado la pobreza, ha crecido la indigencia.
Más allá de entrar a la polémica de comparar las cifras con los datos de la CEPAL o con los del ex Presidente Lagos, quiero llamar la atención acerca del hecho de que no podemos seguir construyendo un país que genera inequidades manifiestas.
Durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet se incorporó un piso ético a partir del cual había que trabajar, sobre el que era necesario profundizar. Y la creación de este Ministerio de Desarrollo Social va en esa línea.
Junto con los Senadores señor Longueira y señora Alvear y los Diputados señores Chahín y Andrade, hemos estado analizando con el Ministro de Planificación este proyecto de ley, que esperamos sea perfeccionado.
Para la concreción del objetivo central -la reducción de la pobreza y la eliminación de la indigencia en estos cuatro años-, he estado trabajando también en una comisión -me anotó en ella mi propio partido- encargada de proponer una serie de otras medidas, que incluyen reformas tributarias y desarrollo de las pymes. El documento pertinente ya fue elaborado y entregado, no solo al Ministro de Planificación, sino también al de Hacienda.
Hace pocos días organizamos en el Senado un seminario que congregó a todas las fundaciones que participaron en el proceso de reconstrucción, con la finalidad de que se queden a trabajar ahora en el noble objetivo de superar, a través de la sinergia público-privada, la pobreza y la indigencia en Chile.
Por otra parte, con colegas de distintas bancadas presentamos hace pocos meses una moción de reforma al Reglamento de la Corporación con el objeto de que se cree la Comisión Futuro, Desarrollo Sustentable y Superación de la Pobreza, dedicada a abordar en forma integral estos importantes asuntos, tal como se hizo en países nórdicos del Viejo Continente -por ejemplo, Finlandia-, donde se ha valorado en su verdadera dimensión la enorme importancia de esta materia.
Considerando la necesidad de asumir urgentemente tal tarea, le solicito al señor Presidente que incluya con la mayor brevedad la moción en comento en la tabla de la Comisión de Régimen Interior, donde actualmente se encuentra radicada, porque es indispensable que todos los Senadores discutamos esta materia con visión de país, con la mayor altura de miras y pensando en el bien común.
Por la misma razón he sostenido que si un Gobierno -incluyendo el actual, que es el mío- no es capaz de superar la extrema pobreza, no va a estar dotado de suficiente autoridad moral ante sus gobernados para dirigirlos, ya que no habrá logrado su principal objetivo, que sin lugar a dudas es aquel al cual hemos hecho referencia.
Si mi coalición política no puede superar la indigencia en estos cuatro años de gestión, habremos perdido la capacidad moral para seguir gobernando.
Por tanto, nos encontramos ante una materia de la mayor importancia.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira para fundar su voto.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, como se ha dicho anteriormente, con el envío de este proyecto, el Presidente de la República cumple uno de los compromisos más importantes que asumió con la ciudadanía y con la UDI. Porque, en efecto, la idea de crear el Ministerio de Desarrollo Social fue aprobada en el congreso programático de nuestro partido hace aproximadamente un año. Y en plena campaña el futuro Primer Mandatario se comprometió a cumplir cada uno de los acuerdos de ese evento. Entre ellos se encontraba no solo la eliminación del 7 por ciento de cotización en salud para los jubilados, sino también el establecimiento de esta Cartera social.
Me alegro profundamente de que Chile sea el único país latinoamericano donde se discute quién ha hecho más por erradicar la pobreza. En el resto de los países de la región, la clase política se desangra debatiendo quién ha generado mayor pobreza y desigualdad.
La discusión en general del presente proyecto se realiza en un clima donde todos apuntan a perfeccionar el gran salto que estamos dando en orden a continuar una línea natural, una madurez propia de una nación que descartó la lucha de clases, para asumir que la derrota de la pobreza y la construcción de una sociedad más justa se lograrán con políticas públicas. Así, se creó ODEPLAN, luego MIDEPLAN, y hoy el nuevo Ministerio de Desarrollo Social.
En este debate general -en el que uno podría hablar largamente-, quiero solo dejar planteados algunos puntos que, obviamente, son propios de la discusión en particular. No me asiste ninguna duda en cuanto a que todos nos aproximamos a la iniciativa en análisis con el afán de perfeccionarla.
El nuestro es el único país en Latinoamérica que puede destinar el 1,5 por ciento de su producto a ese aspecto; y, como mencionó el Senador señor Chahuán, permitir que, con la implementación del ingreso ético familiar, no haya ninguna familia bajo la línea de la indigencia. Y esperamos avanzar también en ese sentido.
Todo ello es fruto de un modelo económico, de los grandes consensos que ha alcanzado la clase política chilena. Pienso que esto es lo que nos prestigia. Y ojalá seamos capaces de tener una mirada de futuro y optimismo. Porque estamos cansados de quienes solo ven lo gris. Chile ha avanzado una enormidad, aunque nos quedan aún muchas tareas pendientes.
La creación de este Ministerio constituye un cambio institucional en el Estado chileno de una envergadura pocas veces vista.
Señalo lo anterior, porque en la actualidad hay una estructura de Carteras de Estado sectoriales con un gran Ministerio -el de Hacienda, y en especial su poderosa Dirección de Presupuestos- que cruza a todas las reparticiones públicas. Estimo que la nueva Secretaría de Estado -que trasciende a las demás por las políticas que va a abarcar- permitirá un equilibrio fundamental en la asignación de recursos. Y por ello hemos de hacer que sea poderosa, capaz de elaborar las políticas públicas y de que estas sean evaluadas antes, durante y después de su aplicación.
Del mismo modo, resulta relevante la creación de dos Subsecretarias, que de alguna forma van a asumir los roles fundamentales de la Cartera.
La primera es la Subsecretaría de Evaluación Social, encargada de evaluar socialmente los proyectos, asumiendo con rigor dicha tarea, porque cuando esta se pierde se comienza a dejar de focalizar los recursos en los más necesitados.
La segunda es la Subsecretaría de Servicios Sociales, donde agrupamos algo que, como manifestó el Senador señor Orpis, resulta fundamental. No hablamos de un "ministerio de la pobreza". Entendemos el desarrollo humano con una visión mucho más amplia. Se trata del avance social. Y por eso se incorporan en esta área lo relativo a los discapacitados, a los adultos mayores, a la juventud, a las mujeres; en el fondo, todas las organizaciones del Estado que requieren políticas públicas específicas para construir una sociedad más justa.
Desde ese punto de vista, me gustaría que en la discusión en particular analizáramos algunas modificaciones en la organización del Ministerio que considero fundamentales.
En primer lugar, en mi opinión, la CONADI debe eliminarse y pasar a ser un servicio equivalente al SERNAM. Tenemos que dar un paso intermedio, como plantean algunos, con un Servicio de los Pueblos Originarios, con rango ministerial, que permita dictar políticas públicas, al igual como lo hicimos con SERNAM.
Soy absolutamente partidario de incorporar en la nueva Cartera lo que antiguamente era CONACE, y que hoy está siendo modificado para pasar de consejo a un servicio nacional encargado no solo del consumo de drogas, sino también de alcohol.
Me parece que las políticas públicas en esta materia también debieran quedar bajo el alero de la nueva Cartera y no del Ministerio del Interior, que posee una visión mucho más de represión y aborda el tema con una política completamente distinta a una orientación hacia el desarrollo humano y social.
Por último, estimo que tendríamos que discutir si integramos el SENCE al nuevo Ministerio, porque me parece que debiésemos vincular mucho más este Ministerio de Desarrollo Social al trabajo que al desempleo.
Por las razones expuestas y por muchas más, voto a favor del proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación está inscrito el Senador señor Rossi, pero no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi para fundar su voto.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, me sumo absolutamente a los distintos comentarios vertidos en la presente sesión.
Y repetiré lo mismo que dije en su oportunidad al señor Ministro de Planificación: "Confío en su palabra". No queremos un Ministerio de papel, sino uno con gran protagonismo en esta batalla, en esta lucha, impuesta tanto por el actual Gobierno como por los anteriores.
Respecto de esto último, según señalaba el Senador señor Longueira, qué bueno que las distintas Administraciones se peleen el asumir un protagonismo importante en la búsqueda de soluciones concretas a los problemas sociales y de pobreza en el país.
Al igual que lo hice en la Comisión, ahora concurriré con mi voto favorable, recordando que una de las peticiones que formulé allí apuntaba a que todo el desarrollo del proyecto en análisis se hiciera junto con los funcionarios del Ministerio de Planificación; no de espaldas a ellos, sino con ellos. Tanto fue así que la primera sesión que celebramos la hicimos precisamente con tales servidores, para intentar mediar en las desconfianzas que desafortunadamente hasta hoy aún se mantienen, aunque debo precisar que ha habido voluntad para superarlas.
En todo caso, me asisten algunas dudas, que quiero hacer presente al Ministro.
El inciso segundo del artículo 1o dispone: "El Ministerio de Desarrollo Social velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, a nivel nacional y regional. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social velará porque dichos planes y programas se implementen en forma descentralizada.".
Y el artículo 8o señala: "En cada región del país habrá una Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, a cargo de un Secretario Regional Ministerial, dependiente técnica y administrativamente del Ministerio de Desarrollo Social,...".
Es decir, sin lugar a dudas, debemos perfeccionar, discutir y trabajar en conjunto el descentralizar esta función, porque se advierte una contradicción brutal: por un lado, se desconcentran todas las acciones sociales; y, por el otro, según lo dispuesto en el artículo 8º, este organismo queda absolutamente dependiente del poder central.
Otro de los argumentos que me hacen sentido dice relación a la consulta formulada por un señor Senador respecto de cuáles serán las competencias de los gobiernos regionales en su accionar con los municipios, cuando es sabido que una de las principales labores que enfrentan las municipalidades en el día a día se refiere a los problemas sociales. Ellas manejan el conocimiento absoluto y completo, al ciento por ciento, de la función dedicada a tales materias.
Entonces, se hace imprescindible definir y analizar cuáles serán el protagonismo y el rol de las personas a cargo del Ministerio de Desarrollo Social en cada una de las Regiones y si su función será canalizada a través de los gobiernos regionales o si, a la vez, se pretende potenciar las de los municipios.
En otra normativa del proyecto, se señala que se impartirá capacitación a los funcionarios municipales, lo cual, sin lugar a dudas, es completamente insuficiente.
Me gustaría analizar en esta oportunidad muchísimos aspectos más; pero, por desgracia, el tiempo no me lo permite.
Concurro con mi voto favorable a la idea de legislar, confiando en que de aquí en adelante, una vez que despachemos el proyecto de ley que hoy votamos en general, podamos ver al Ministro del ramo liderando, encabezando el gran desafío que tenemos por delante.
Sabemos que muchas veces los Ministros de Hacienda poseen una sensibilidad robótica: no hay por dónde pellizcarlos y sus dermis carecen de sensaciones. Por eso es tan difícil que las necesidades en materias sociales cuenten con la venia, el compromiso y el decidido aporte del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, creemos en la capacidad, el entusiasmo y la labor que desarrollará el señor Ministro en su Cartera.
Desde ya, el proyecto cuenta con mi voto favorable.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, permítame referirme a tres o cuatro aspectos que me parecen importantes.
El proyecto nos enseña la historia de MIDEPLAN desde su creación: fue categóricamente un instrumento de planificación en un instante histórico, en el cual la gran discusión se centraba en si era necesaria una planificación nacional o debíamos quedarnos con lo que fue, hasta ese entonces, una simple administración del Estado a través de Ministerios sin una plena y total concordancia y, sobre todo, un planteamiento de futuro para el desarrollo nacional.
Simultáneamente, era requerimiento esencial de esa tarea el inicio de la planificación regional, a través de la llamada Organización Regional de Planificación Regional (ORPLAN).
Poco a poco, el Ministerio de Planificación se fue recargando de una serie de tareas, desde aquellas vinculadas a la resolución de los problemas de la pobreza, a las diferencias de riqueza o al desarrollo general de la persona humana y de los grupos más deficitarios y vulnerables.
En la fórmula que se nos presenta ahora, definitivamente el proyecto aborda una política orientada a tratar los problemas originados por la mayor pobreza, por atacar los procesos de vulnerabilidad y, como elemento bastante menor dentro de la iniciativa, por lo de la planificación.
Conversé puntualmente esa materia con el señor Ministro para saber cuál es la realidad del proyecto. Él me señaló que no queda atrás lo relativo a planificación.
Yo dudo de que así sea. Para ser exacto, tengo la sensación de que lo que aquí hemos hecho -quiérase o no- es terminar con un organismo, una instancia, una visión en que la planificación estaba presente como elemento central de lo que tenemos que hacer.
El tiempo ha cambiado y no estoy hablando ni de la vieja planificación de los planes quinquenales de aquel entonces ni mucho menos de la visión estatista absoluta que pasó de moda y que, por lo mismo, no se justifica desde ningún punto de vista.
Sin embargo, advierto que si el Estado, la comunidad, la sociedad chilena en su conjunto, con toda su instrumentalización, más el Parlamento, las organizaciones de base y las intermedias, no actúan con unidad nacional en aras de lo que debe ser el desarrollo y, sobre todo, el futuro del país a quince, veinte o veinticinco años -es lo que lamento, echo de menos y me preocupa del proyecto, porque no aprecio un ente de reemplazo ni tampoco una intencionalidad del Gobierno en tal sentido-, vamos a sufrir los mismos problemas que hoy nos afectan a diario y que son fruto de la desarmonía con la cual se acometen ciertas tareas.
El debate educacional no es otra cosa que la incapacidad de ponernos de acuerdo, porque no hay una visión conjunta acerca de dónde irá a parar Chile en 30 ó 50 años más. Y ella se lograría mediante un sistema de planificación.
Los problemas de las Regiones cuando se define cierto desarrollo en un sentido y después debe cambiarse por ser equivocado, son el resultado de la carencia de planificación. No es posible entender el desarrollo nacional como la suma de partes. Estas las hace cada Ministerio y, luego, todas ellas se juntan.
¡Eso no es planificación!
¡Pónganle, señores Senadores, el nombre que quieran, pero eso no es planificación!
Si alguien me dice que nos encontramos inmersos en una política de mercado y, por tanto, el Estado debe intentar disminuir los problemas que él genera por la vía de la petición o la demanda consumidora, tampoco me parece un argumento digno de alegarse, porque la planificación en los países más grandes del mundo, aun en los más capitalistas, existe.
Para terminar, solamente deseo hacer presente mi preocupación -se la transmito a la Sala y al señor Ministro-, porque se trata de una cuestión de fondo: no me gusta -y lo he dicho hasta el cansancio- el sistema de la asistencialidad, pues es contrario a todo lo que entiendo como cambio profundo de una sociedad, desde mi visión humanista cristiana.
Por ello, debemos combinar este ámbito que veo como carencia con algo que nos permita avanzar en el sentido que he descrito.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, en lo personal no me gusta el diseño de la nueva Cartera que se nos propone.
En primer término, el proyecto no se hace cargo de armar un Ministerio de Desarrollo Social propiamente tal. Si se quiere crearlo, hay que separar los temas vinculados a la inversión. Y, si se desea darle fuerza, sacaría todo el sistema de evaluación de inversiones dependiente de una subsecretaría, porque es ahí donde, por desgracia, se definirá un eje distorsionador.
En segundo lugar, el proyecto contiene ciertos conceptos que dicen relación al lenguaje.
Ha ido madurando en el país -lo hemos impulsado desde la Concertación- un enfoque de derechos que la iniciativa erradica de la conceptualización de la política social.
El lenguaje no es neutro, señor Presidente.
Se reemplaza lo operativo por el concepto de "igualdad de oportunidades", lo cual tiene implicancias evidentes. Se vuelve a la definición de "beneficiarios" en vez de "sujetos de derecho". Se privilegia el término "prestaciones" en vez de "garantías" y se prioriza una tendencia a la focalización en lugar de ciertos derechos universales.
En resumen, se pone énfasis en la eficiencia, insinuando presuntamente que las políticas universales y con enfoque de derechos han sido ineficientes.
Eso es lo que uno extrae de buena parte del mensaje mediante el cual se da inicio a la presente iniciativa.
Señor Presidente, en esta materia tenemos visiones distintas, muy de fondo.
Nosotros entendemos la necesidad de un Ministerio de Desarrollo Social o el esfuerzo por construir esa institucionalidad. Y probablemente la ley que mejor refleja nuestro pensamiento en este punto es la que creó el Sistema de Protección Social -proyecto que en su momento obtuvo una votación transversal en esta Sala-, cuya primera pieza, el Programa Chile Crece Contigo, apuntaba a derechos y a su universalización.
En ese sentido, no nos parece casual que en el artículo 1° de la iniciativa que nos ocupa se planteen ciertos conceptos con relación a instrumentos en materia de desarrollo social, destinados a "erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e integración social.".
Y cuando, más adelante, uno examina la definición de "grupos vulnerables", que deberían ser la esencia del proyecto, se percata de que son "aquellos que por su situación o condición social, económica, física, mental o sensorial, entre otras, se encuentran en desventaja". Curiosamente, los dos sectores que, desde esa perspectiva, se encuentran en más desventaja en nuestro país (las mujeres y los adultos mayores) quizás estén comprendidos en la expresión "entre otras".
Nos llama la atención la forma en que se halla estructurada la iniciativa. A algunos de nosotros no nos satisface.
A nuestro juicio, un ministerio de desarrollo social no es para los más vulnerables. Bien decían algunos cuando hablaban de los sectores medios: "En Chile todos se consideran de clase media". La gente que salió de la pobreza, ese más de 25 por ciento de personas que superaron la línea de pobreza, ¿son vulnerables o no? La respuesta, por cierto, dependerá del concepto que se establezca. En el que plantea el proyecto, no está claro quiénes van a ser objeto de las políticas sociales.
Señor Presidente, muy vinculado a lo que acabo de señalar, y que sin duda será parte del debate en particular, es lo relativo a los instrumentos de medición que se van a usar.
La Ficha de Protección Social está en entredicho en nuestro país, por cuanto se requiere definir si el corte que se fija para las políticas sociales tiende a reducir el universo del cual el Estado se va a preocupar. ¿Eso es lo que debe ocurrir? ¿O debemos apuntar a la universalización de derechos?
Señor Presidente, no dispongo de tiempo para plantear todas las inquietudes que tengo sobre la materia.
La situación acerca de lo que ocurre con el SERNAM, con las mujeres y, en definitiva, con la cuestión de género, me resulta incomprensible, pese a que el señor Ministro trató de dar una explicación. Llama poderosamente la atención la falta de armonía en ese punto.
No estoy en condiciones de votar a favor del proyecto, pues siento que el modelo de Ministerio de Desarrollo Social propuesto no genera total consenso. Entiendo que la mayoría de los colegas están contestes con ese diseño. Yo no.
Espero que en el debate en particular se pueda suprimir lo atinente a la política de inversión social y a los instrumentos de evaluación de inversiones -no son propios de una institución como esa-, y que el MIDEPLAN deje de ser la "caja de Pandora" que ha sido hasta ahora, teniendo que hacerse cargo de muchas cosas.
En mi calidad de Presidente de la Comisión Especial de la Discapacidad y el Adulto Mayor del Senado, me preocupa sobremanera -en general, a todos quienes hemos seguido las políticas sobre la infancia y vemos la estructura existente- que no haya una visión más integral de las políticas sociales.
Señor Presidente, queremos una política que garantice derechos y los universalice.
He dicho.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, deseo fundamentar mi voto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, lo llamamos en dos o tres oportunidades para ese efecto.
El señor ROSSI.- ¿No voy a tener derecho a fundar mi posición?
El señor PIZARRO (Presidente).- Le pido disculpas...
El señor ROSSI.- Yo me inscribí, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Lo que pasa es que a veces los Senadores se inscriben, pero, cuando uno los llama, no están en la Sala. Más tarde los volvemos a llamar y tampoco están. Entonces, tenemos que seguir con el proceso.
El señor ROSSI.- Es que tengo derecho a fundamentar mi voto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Senador, tenía derecho a ello. Lo llamamos dos veces para que lo hiciera. Según el Reglamento, el Senador que no emita su voto al momento de ser llamado para ese efecto, perderá el derecho a fundarlo.
No puedo ofrecerle la palabra.
El señor ROSSI.- ¿Y habría unanimidad para otorgármela?
La señora MATTHEI.- No la hay.
El señor PÉREZ VARELA.- No.
El señor LONGUEIRA.- No.
El señor PIZARRO (Presidente).- No existe unanimidad, señor Senador.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y se fija como plazo para presentar indicaciones el lunes 10 de enero de 2011, a las 12.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Frei (don Eduardo) y Letelier.