REAJUSTE DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, la discusión de este proyecto de ley ha estado cruzada por varios hechos que han tensado el ambiente y transformado el debate sobre el reajuste en un diálogo de sordos.

El primer punto es el bajo porcentaje ofrecido por el Ejecutivo en el proyecto de ley enviado originalmente y la falta de capacidad de diálogo que ha tenido el Gobierno de la Derecha, o "la nueva Derecha", como se le llama, en la primera discusión del reajuste de su mandato.

Otro punto lo han marcado las declaraciones de los Ministros Larraín y Larroulet en orden a querer responsabilizar a la Oposición por el costo que tuvo el rechazo de la referida iniciativa en la Cámara de Diputados, como consecuencia de la inflexibilidad e indolencia del Gobierno, que desgraciadamente aún no entiende que ha sido elegido para gobernar y no para administrar una empresa llamada "Estado".

Hoy se ve agravada tal situación con las palabras del Ministro Hinzpeter manifestadas en la Sala. La verdad es que, después de revisar el diario "La Segunda", se equivocan quienes promueven a dicho personero de Gobierno para que asuma un rol de conductor político. No va a llegar muy lejos si continúa con esa actitud.

El último asunto que ha cruzado este debate se refiere a la gran cantidad de despidos en la Administración Pública, los que a la fecha suman más de 7 mil, pero menos de 8 mil.

Al respecto, puedo señalar -por su intermedio, señor Presidente- que mi colega Lily Pérez entendió perfectamente a qué aludía el Senador Zaldívar al mencionar a los 2 mil funcionarios despedidos durante la tramitación de este proyecto.

Detrás de las frías cifras, como siempre, se encuentran personas, muchas de las cuales llevaban más de 15, 20 ó 25 años en la Administración del Estado. Habían hecho carrera, pero hoy son despedidas sin justificación, sin un proceso de calificación que acredite su supuesta ineficiencia, y sin una indemnización por años de servicio, como en el caso de los trabajadores regidos por el Código respectivo, que retribuya de alguna manera los años de trabajo y esfuerzo entregados al servicio público.

Todos los problemas derivados del rechazo del reajuste por la Cámara de Diputados se habrían evitado si el Gobierno hubiera buscado puntos de acuerdo con la ANEF y la Oposición, escuchando a todos los actores involucrados y poniendo de su parte para lograr el objetivo.

Esa disposición no la hemos visto en el Congreso, mucho menos en la negociación del reajuste. La actual Administración, con soberbia, no ha dejado espacio para transacciones de ningún tipo, y ni siquiera en las actuales condiciones hemos apreciado disposición a dialogar y buscar puntos de entendimiento.

Es más, permítanme citar un ejemplo. Un Senador -colega y amigo- del otro conglomerado político señaló que se ha fijado ese porcentaje de reajuste porque hay que cuidar la economía y las arcas fiscales.

Pues bien, en la Dirección General de Aguas, organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas, acaban de despedir a la periodista que llevaba 8 años en sus funciones y que percibía una renta de 1 millón 200 mil pesos mensuales, es decir, 14 millones 400 mil pesos al año, para contratar -¡como una forma de cuidar los recursos del Fisco...!- a una empresa externa de asesorías, a la que se pagará 50 millones de pesos anuales. Sin embargo, el director le pidió a esa trabajadora quedarse unos días para enseñar a la nueva periodista, y, a modo de disculpa por el despido -aquí viene la guinda de la torta-, le dice: "Perdón, pero son órdenes de arriba".

Otro punto en el cual se ha notado la falta de manejo de este Gobierno se refiere a la fecha de ingreso al Parlamento de este proyecto de ley.

Si se observa lo ocurrido antes respecto de similares iniciativas, podemos ver que en los últimos 10 años siempre fueron presentadas a principios o a mediados de noviembre, buscando el tiempo necesario para generar los espacios de negociación a fin de que, a más tardar, la primera semana de diciembre estuvieran en condiciones de ser promulgadas.

El proyecto de reajuste del año pasado ingresó con fecha 10 de noviembre, previendo la difícil negociación que se iba a producir en el Parlamento por la crisis económica y por tratarse de un año electoral.

La ley Nº 20.403, que estableció el reajuste para el presente período, fue publicada el 30 de noviembre de 2009. No obstante, el actual Gobierno recién ingresó la iniciativa en estudio el 30 de noviembre del presente año.

Ante el argumento de que muchos de los trabajadores de la Administración Pública han sido desvinculados por su ineficiencia y mala evaluación, me parece pertinente preguntarnos cuántos despidos se han materializado por la evidente negligencia en el envío del proyecto en estudio. ¿Quiénes son los responsables políticos y técnicos de que al 15 de diciembre nos encontremos en esta situación, sin acuerdo y con un Gobierno que no busca ningún espacio para generar diálogo?

Hemos dicho como Oposición que el Presidente Piñera ha engañado a los funcionarios públicos, lo cual le consta a todo el país. Durante la campaña presidencial, el entonces candidato Sebastián Piñera lanzó la "Carta Abierta a los Funcionarios Públicos" -no leeré de nuevo su texto íntegro, porque ya lo hicieron varios de mis colegas de la Concertación que me antecedieron en el uso de la palabra-, donde, en una de sus partes, prometía: "terminaremos de una vez por todas con el cuoteo y la repartija de cargos de exclusiva confianza y seremos implacables con los operadores políticos que no cuentan con la preparación para cumplir sus labores".

Por los medios de prensa, señor Presidente, nos hemos enterado de los públicos reclamos del Presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, en contra de la Intendenta del Biobío por, literalmente, borrar a RN de los cargos de jefatura de la Región; o de la salida del Seremi de Salud en la Región que represento, la del Maule, un notable funcionario, al parecer por problemas con la UDI y diferencias de criterio con el Ministro de la Cartera en lo relativo a la creación de un nuevo servicio de salud para el Maule Sur, un deseo de miles de habitantes de las provincias de Linares y Cauquenes. Y también de las acusaciones de Diputados de la UDI de esta Región, la de Valparaíso, al Intendente Celis por repartir todos los cargos a personas afines a RN, con el acuerdo de los Senadores de la zona.

Para terminar, puedo señalar que llegamos a esta sesión con la mejor de las intenciones, con el ánimo de buscar acuerdos que nos permitan avanzar en una discusión tan importante para 600 mil chilenos y chilenas y sus familias.

Cada año, cuando se discute este proyecto de reajuste de remuneraciones a trabajadores del sector público, las materias son las mismas -lo sé, porque al igual que todos los chilenos, seguía los debates del Parlamento-: necesidad de un sistema de reajuste automático; ampliación de la negociación colectiva del sector público; necesidad de dar estabilidad a sus funcionarios. Salvo excepciones, en la Administración Pública chilena no impera el trabajo decente.

Esa es la verdad: ¡no impera el trabajo decente! Y todos los que han estado en este Congreso son responsables de aquello. No traspasemos responsabilidades por lo que ocurrió hace 17 años, 20 años o 10 meses, porque todos los años se repite la misma discusión.

Lo que se halla establecido como norma permanente en el Estatuto Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, es que el 80 por ciento de los trabajadores debe ser de planta y solo el 20 por ciento a contrata, no se cumple en absoluto.

Es raro que un servicio respete dicha disposición. En general, la realidad es más bien a la inversa. Y cada año debemos autorizar a través de la Ley de Presupuestos que se pueda exceder tal restricción, provocando el incumplimiento de la referida norma. En el presente período, hemos vuelto a hacer lo mismo. No ha sido la excepción. Y han brotado un sinnúmero de iniciativas legales para que ello no se repita más, una de ellas presentada por el Senador Ruiz-Esquide.

Yo llamo a este Parlamento y al Gobierno del Presidente Piñera a que, de una vez por todas, legislemos sobre la materia, a fin de no encontrarnos el próximo año discutiendo lo mismo.

Lo que impera en el sector público es el trabajo precario: a contrata o a honorarios, muy lejos de los estándares establecidos internacionalmente respecto del trabajo decente. Pero no nos traspasemos las culpas. Todos los que han estado en este Parlamento son responsables de aquello.

Señor Presidente, la ciudadanía ha decidido que por los próximos 4 años -en realidad, un poco más de 3- gobierne una coalición de partidos de Derecha -de la nueva Derecha-, que prometieron una nueva forma de gobernar: con un gobierno en terreno y preocupado de los problemas de la gente. Hasta hoy, lo único que hemos visto durante estos casi 10 meses de Gobierno es soberbia y arrogancia, poca claridad en los objetivos y mucha improvisación. De promesas ni hablar: con el agro, los trabajadores públicos, el 7 por ciento de los jubilados, el posnatal, el multirrut.

Me parece bueno señalar a las autoridades de Gobierno que operar de la misma manera como administraron empresas hasta hace 10 meses le puede hacer muy mal al país, la gente los ha elegido para que gobiernen pensando en las personas, buscando puntos de acuerdo y no especulando, como actuaban hasta hace muy poco.

Por ello, como sé que la materia que nos ocupa es importante para los trabajadores del sector público, no concurriré con mi voto y me abstendré.