REAJUSTE DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público y concede aguinaldos y otros beneficios que indica, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7330-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del oficio de la Honorable Cámara de Diputados, sesión 73ª, en 7 de diciembre de 2010.
En segundo trámite, sesión 76ª, en 15 de diciembre de 2010.
Informes de Comisión:
Hacienda (verbal), sesión 73ª, en 7 de diciembre de 2010.
Hacienda, sesión 77ª, en 15 de diciembre de 2010.
Discusión:
Sesión 73ª, en 7 de diciembre de 2010 (se aprueba la insistencia y vuelve a la Cámara de Diputados).
El señor PIZARRO (Presidente).- Como Sus Señorías recordarán, el debate en general se efectuó cuando se habilitó la tramitación de la iniciativa por dos tercios de los señores Senadores presentes, de acuerdo al artículo 68 de la Carta Fundamental, lo cual permitió que retornara a la Cámara de Diputados.
El proyecto se debatirá artículo por artículo, tal como se hizo en la Comisión.
En discusión particular.
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El artículo 1º dice:
"Artículo 1°.- Otórgase, a contar del 1 de diciembre de 2010 un reajuste de 4,2% a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, de los trabajadores del sector público, incluidos los profesionales regidos por la ley Nº 15.076 y el personal del acuerdo complementario de la ley Nº 19.297.".
El señor PIZARRO (Presidente).- Se omitirá la lectura del resto de la norma.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, si alguien observara la Versión Oficial del Senado, constataría que habitualmente intervengo en los debates, y no voy a negar que me gusta hacer uso de la palabra. Pero este no es el caso, ya que, como Presidente de la Comisión de Hacienda, debo asumir mi responsabilidad de informar el proyecto.
En dicho órgano técnico se analizó, se debatió, se conversó y se dialogó en torno a la iniciativa durante muchas horas.
Debo reconocer, en primer lugar, que sí hubo un diálogo activo, por la representación de los gremios: el presidente de la CUT, señor Arturo Martínez; el presidente de la ANEF, señor Raúl de la Puente; el presidente de la ASEMUCH, señor Óscar Yáñez; la presidenta de la CONFUSAM, señora Carolina Espinoza; el presidente de la FENPRUSS, señor Claudio González. Y la semana anterior también participó el presidente del Colegio de Profesores, señor Jaime Gajardo.
Además, se contó con una presencia fuerte y significativa del Ejecutivo, encabezada por el Ministro de Hacienda, don Felipe Larraín, quien acaba de ingresar, e integrada por el Ministro Secretario General de la Presidencia, don Cristián Larroulet, y los Subsecretarios señores Rodrigo Álvarez y Claudio Alvarado.
Asimismo, asistió un número significativo de Senadores, no todos miembros de la Comisión, que tenían gran interés por participar en el debate.
Básicamente, señor Presidente, el asunto se redujo a tres grandes áreas: primero, el guarismo que define el monto del reajuste; segundo, los diferentes bonos y aguinaldos que acompañan al reajuste, y tercero, lo relacionado con los despidos.
En el último aspecto se registró el mayor margen de diferencias en el seno de la Comisión, porque no fue posible encontrar un punto de vista común.
Por ese motivo -hablo a título estrictamente personal y no en nombre de la Comisión-, considero que el resultado obtenido en el tema de los despidos y exoneraciones es muy menguado, ya que el informe de la Comisión consigna que el señor Ministro de Hacienda estableció que las personas exoneradas, despedidas o "desvinculadas" (así llamadas por una parte del órgano técnico) podrán elevar una solicitud de reconsideración ante al Subsecretario respectivo.
Tres miembros de la Comisión teníamos una aspiración mucho mayor: esperábamos, de acuerdo con lo que habíamos explorado en el curso de las conversaciones previas tanto entre los parlamentarios y el Ejecutivo como entre el Ejecutivo y los gremios -estos lo pidieron formalmente con gran insistencia-, establecer a lo menos un protocolo de acuerdo que posibilitara dar una base más sólida a la solicitud de revisión de los casos.
Pero tal aspiración no se pudo concretar, pues no hubo acuerdo.
En consecuencia, el resultado -para decirlo de manera elegante- es mínimo. Porque, en el fondo, tenemos una mirada distinta en materia de los despidos.
En cuanto a los bonos, el Ejecutivo entregó hoy una proposición en el sentido de establecer un bono de cierre de la negociación de 200 mil pesos. Y en la última sesión, el señor Ministro de Hacienda manifestó que presentaría una indicación en la Sala para elevarlo a 215 mil pesos, con la siguiente línea de corte: el monto total para los funcionarios que perciban un ingreso de hasta 525 mil, y 100 mil pesos para los que reciban una remuneración entre 525 mil y 1.743.150 pesos.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- De 107 mil 500 pesos.
El señor ESCALONA.- Así es. Excúsenme si mi informe es inexacto en algunos puntos.
Respecto del aguinaldo de Navidad, para el sector activo se fijó uno de 40 mil pesos, en el grupo con la primera línea de corte, y de 21 mil 224, en el segundo.
En lo relativo al aguinaldo de Fiestas Patrias, para el primer tramo se estableció en 51 mil 500 pesos, y para el segundo, en 35 mil 875.
En cuanto al sector pasivo, se contempla un bono de invierno de 44 mil 265 pesos; un aguinaldo de Fiestas Patrias de 14 mil, y un aguinaldo de Navidad de 16 mil 100 pesos. Y en lo concerniente al incremento por carga, en el primer caso el aguinaldo se aumenta en 7 mil 200 pesos, y en 9 mil 100, en el segundo.
Es decir, la indicación que presentó el Ejecutivo hoy en la mañana constituye un avance, lo que fue debidamente valorado en la Comisión por los diferentes representantes gremiales, según consta en el informe.
Finalmente, en cuanto al porcentaje del reajuste, tampoco se registró acuerdo. El Ejecutivo mantuvo su posición de que fuera de 4,2 por ciento. Tal situación, naturalmente, motivó un largo estudio.
Yo, en lo personal, asumo en esta materia la responsabilidad que me corresponde como Senador, como dirigente político. Lamento, profundamente, que no hayamos convencido al Gobierno de subir el monto del reajuste.
No quiero caer en la polémica que seguramente se va a levantar -será inevitable- de decir que esto es culpa del Gobierno y no de la Oposición, iniciando ahora un debate acerca de quién es el responsable.
Siento lo que ha pasado. Pero creo que aquella era una tarea del conjunto del sistema político.
Hemos tenido un año difícil.
Son miles las personas que han sido exoneradas. No vamos a intentar precisar las cifras; de hecho, considero que no es posible. Los funcionarios públicos han realizado una fuerte movilización por ese motivo.
Además, el prestigio de la política no está en su mejor momento.
En mi opinión, habría sido fructífero para el Gobierno, para la Oposición, para los gremios y para sus dirigentes, plantear un reajuste por sobre el 4,2 por ciento.
Lamento profundamente la situación. Lo digo muy en serio.
Pienso que es una derrota del sistema político en su conjunto el que no hayamos tenido la capacidad de convencer al Ejecutivo.
La cifra propuesta resulta por entero insuficiente, muy menguada. El país claramente cuenta con mejores posibilidades. Era perfectamente viable otra opción, más cercana a las aspiraciones de los dirigentes gremiales, lo que habría permitido llegar a un acuerdo con ellos.
Sin embargo, a mi juicio, se extremó el juego riesgoso de que en el Senado no se consiguieran los votos necesarios para aprobar el proyecto. ¡Al final se jugó a eso! Ello, con el riesgo cierto de que el reajuste pueda ser cero. Se apostó de forma muy fuerte a la responsabilidad de un grupo de parlamentarios, entre los que me cuento, de preferir que haya reajuste a que no lo haya. Es decir, se ha sometido...
--(Manifestaciones en tribunas).
... a esa Corporación a un juego extremo, a una tensión que, de verdad, no se había producido en otras circunstancias. Porque nunca el trámite legislativo de un proyecto de reajuste estuvo en el punto en que se encuentra el que ahora nos ocupa: si se rechaza, el reajuste es cero.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Por favor, guarden silencio.
El señor ESCALONA.- Entonces, frente al vértigo...
El señor PIZARRO (Presidente).- Excúseme, señor Senador.
Pido a las personas que están en las tribunas que dejen exponer la información que se está entregando, y después, realizar un debate tranquilo. Así, no tendremos problemas.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor ESCALONA.- En consecuencia, señor Presidente -y con esto concluyo-, frente al hecho cierto de que en esta sesión se cierra un trámite legislativo de la iniciativa, creo que al final se jugó una carta muy negativa para el sistema político, como decir: "O lo toma o lo deja".
En definitiva, informo a la Sala que, respecto de la propuesta de reajuste de 4,2 por ciento, no hubo acuerdo en la Comisión. Se registraron votos diferentes.
En lo personal -reitero-, lamento profundamente que no hayamos sido capaces de lograr un acuerdo.
Siento que hemos quedado en deuda frente al país en cuanto al reajuste de las remuneraciones de los trabajadores del sector público.
El señor PIZARRO (Presidente).- Agradezco la exposición del señor Presidente de la Comisión de Hacienda.
Antes de dar la palabra, solicito la autorización de la Sala para que ingresen el Subsecretario de Hacienda, don Rodrigo Álvarez; el Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, don Claudio Alvarado, y la Directora de Presupuestos, señora Rosanna Costa.
¿Habría acuerdo?
--Se autoriza.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, simplemente quiero puntualizar algunos hechos, a mi juicio importantes, respecto de la disposición del Gobierno y de la relación muy completa que entregó, desde su óptica, el Senador señor Escalona, en cuanto a lo ocurrido en la Comisión, que aprobó la propuesta del Gobierno que ahora se discute en la Sala.
En primer lugar, resulta importante entender que aquí hay tres elementos en juego. Dos de ellos guardan relación con el contenido de la iniciativa: uno relativo al guarismo del reajuste y el otro referente a los montos de los bonos.
En cuanto al reajuste, nuestra propuesta original fue de 3,7 por ciento. Y estuvimos disponibles para aumentarla a 4,2.
Entiendo, señor Presidente, que siempre los trabajadores, con justa razón, encuentran insuficiente el porcentaje ofrecido. Ellos, desde su perspectiva -es natural que así sea y que sus dirigentes así lo manifiesten-, tienen el legítimo derecho de solicitar un reajuste mayor. Y al Gobierno le asiste la obligación de estudiar la situación de las finanzas públicas; de evaluar la productividad de la economía; de atender a lo que está pasando con la inflación, y de hacer su mejor esfuerzo para satisfacer las expectativas de los trabajadores, aunque entendemos que nunca se llega a una satisfacción completa de ellas.
Así ha sido la historia de los debates sobre proyectos de reajuste en el Congreso. La hemos presenciado todos los años.
Nunca he observado que los dirigentes gremiales del sector público estén completamente de acuerdo con la propuesta que se aprueba acá. De hecho, hasta donde conocemos, nunca ha existido una proposición que llegue a tramitación legislativa con el consenso de todas las agrupaciones gremiales.
Pese a este escenario, el Gobierno hizo un intento serio, como ha sido reconocido por los propios dirigentes de los trabajadores, por llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo con el sector público.
--(Manifestaciones en tribunas).
Esto fue reconocido por el Presidente de la Central Única de Trabajadores en forma explícita y pública.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Por favor! Guarden silencio.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Quiero precisar ese punto.
Señor Presidente, con ese escenario, hicimos un esfuerzo importante, que mantuvimos hasta el último minuto. De hecho, el día viernes pasado nos reunimos por última vez con el Presidente de la CUT para intentar acercar posiciones.
Nos dimos cuenta de que, lamentablemente y por una desafortunada casualidad -que no es de responsabilidad del Gobierno-, coincidieron las fechas de la no renovación de contratos y del debate del proyecto de reajuste al sector público.
--(Manifestaciones en tribunas).
Como se sabe, ello estaba establecido en la forma y en los plazos con anterioridad al ingreso de la actual Administración.
Digo que es una desafortunada coincidencia, porque la discusión, como ha sido reconocido por todos los agentes, ha estado mezclada con esos dos elementos.
Al respecto, cabe agregar que la propuesta de reajuste de 4,2 por ciento para las remuneraciones del sector público, que es la que aprobó la Comisión y ha llegado a la Sala, si se compara con la inflación pasada -así se han medido todas las propuestas anteriores-, entrega un alza real de 2,2 por ciento. El reajuste promedio de los últimos 20 años fue de 1,2 por ciento, de acuerdo a las evidencias y a las cifras que presentamos.
Estas no son opiniones personales, sino guarismos que se basan en datos del Instituto Nacional de Estadísticas.
Reitero: en los últimos 20 años, el reajuste fue de 1,2 por ciento real. En la última década, llegó a 1,5 por ciento y en la anterior -esto es, la del 90- alcanzó a 0,9. Esas son las cifras que hay.
El de este año, de acuerdo con la inflación registrada de octubre a octubre, es de 2,2 por ciento real.
Entendemos la aspiración a un reajuste mayor, pero nos asiste la seguridad de que estamos otorgando un porcentaje superior al que se dio en fechas pasadas.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Por favor!
Es fácil escudarse en el anonimato de las tribunas. Pero si el público continúa con sus manifestaciones, tendré que ordenar su desalojo, con lo cual van a pagar justos por pecadores.
Ustedes deciden si quieren seguir escuchando el debate.
Se les ha dicho en todos los tonos que no pueden hacer manifestaciones; pero hay personas que no son capaces de escuchar. Exigen que se las oiga, pero no quieren escuchar a los demás, lo que es algo básico.
Si quieren permanecer en las tribunas, mantengan el debido respeto. Es todo lo que solicitamos. Reitero que si no lo entienden, ordenaré desalojar la Sala. ¿Es eso lo que desean?
Solicito a los dirigentes que se hagan cargo del comportamiento de la gente que los acompaña.
Puede continuar el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, después de explicar los guarismos. quiero señalar que en la decisión del Gobierno ha pesado mucho el reajuste que se otorgó al sueldo mínimo -punto que también se debatió en la Comisión esta mañana-, el cual llegó a 4,2 por ciento. Por ello, si pensamos en el incremento dado para los salarios menores del país -ya dije que en el caso del mínimo legal alcanzó a 4,2 por ciento- resulta difícil conceder un porcentaje superior a todas aquellas rentas mayores al salario mínimo, pues nadie en el sector público lo gana.
Eso, a modo de explicación, para entender la posición del Gobierno.
Sin embargo, después de eso, avanzamos en forma significativa en cuanto a los bonos.
El Senador señor Escalona, Presidente de la Comisión de Hacienda, describió los guarismos. No los voy a repetir, pero sí lo haré en algún caso puntual.
Nosotros estuvimos dispuestos a aumentar el aguinaldo de Navidad, el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector activo, el bono de invierno y los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad para el sector pasivo, en porcentajes mayores al 4,2 por ciento. Por ejemplo, el aguinaldo de Navidad del sector activo se aumentó en 7,3 por ciento, según la indicación que propusimos; el de Fiestas Patrias, en 5,3 por ciento y otros beneficios, como el bono de invierno, que llega a unos 800 mil pensionados, en 5,9 por ciento.
En consecuencia, avanzamos en forma significativa en materia de bonos. Incluso, lo hicimos en relación con la línea de corte, lo cual nos fue solicitado, aun cuando nosotros ya habíamos estudiado el punto.
La línea de corte actual es de aproximadamente 497 mil pesos y se aumentó a 525 mil. Eso significa un aumento de 5,5 por ciento para quienes reciben el bono completo; es decir, para el primer tramo. Y bajo la línea definida de 525 mil pesos, tenemos a más de 65 por ciento adscrito -podríamos decir entre 66 y 67, porque no tenemos la cifra exacta-; o sea, a más de dos tercios de los empleados públicos. Por lo tanto, el bono de término -cuya indicación nos hemos comprometido a presentar; la tengo aquí conmigo- pasa de 200 mil a 215 mil pesos para el primer tramo y de 100 mil a 107 mil 500 para el segundo.
Quiero ejemplificar qué significa lo anterior para una persona que gana 300 mil pesos, que corresponden a uno de los salarios bajos en el sector público, aun cuando algunas personas ganan menos. Para ellos, representa un reajuste de 6 por ciento adicional. Los 215 mil pesos reflejan 6 por ciento más al 4,2 por ciento. Y para alguien con una renta de 600 mil pesos el reajuste es de 3 por ciento más.
Muchos parlamentarios nos han expresado la importancia de tratar de focalizar y favorecer a los que ganan menos. En ese sentido, estos bonos constituyen una forma de beneficiar más a quienes tienen salarios inferiores. Esto significa una proporción mayor en el ingreso total para quien percibe un sueldo menor.
Adicionalmente a los guarismos y a los bonos, adoptamos algunos compromisos que quiero dejar muy explícitos en esta ocasión.
En primer lugar, respecto de las no renovaciones de contrato, hemos expresado que el Gobierno valora y se ha comprometido con el principio de la estabilidad laboral y con el desarrollo de la carrera funcionaria en el sector público.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Siempre hemos valorado el sacrificio y el esfuerzo de los trabajadores públicos. Y como parte de esta preocupación manifestamos nuestra decisión de revisar la situación de los empleados a contrata y a honorarios y proponer reformas que la mejoren.
El Ministro de Hacienda reiterará a los demás Secretarios de Estado las orientaciones generales para la no renovación de los servicios prestados, como son: desempeño funcionario, planes o programas que concluyen o se reformulan, cambios en el perfil de los cargos y procesos de modernización de las diferentes instituciones públicas.
Los Ministerios, a través de sus Subsecretarios, deberán estar disponibles para recibir presentaciones de los funcionarios que no hayan sido renovados en sus cargos y revisar su situación cuando dichas orientaciones no se hubieren cumplido.
Eso es parte de lo que hemos dispuesto y quiero expresarlo claramente.
Además, a través de quien habla, se adoptaron dos compromisos del Gobierno. En primer lugar, respecto del incentivo al retiro, quiero dejar en claro que el Gobierno lo valora como un instrumento para promover la carrera funcionaria y dignificar el retiro de los servidores públicos. Por eso, el Ejecutivo hará una propuesta a la mesa del sector público con referencia al marco de la política de incentivos al retiro, a más tardar el 15 de abril de 2011. Tal proposición, una vez analizada con dicha mesa, constituirá la base de las negociaciones posteriores con las mesas sectoriales.
De otra parte, nos hemos comprometido a que en la misma fecha -esto es, el 15 de abril de 2011- tengamos una propuesta sobre cómo mejorar la situación de los trabajadores que hoy se hallan contratados a honorarios en el sector público.
Señor Presidente, esto es cuanto quería exponer y plantear con relación a la indicación que se formulará.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, lamento de verdad haber llegado a esta situación en que, finalmente, se nos informa cuáles son las propuestas del Gobierno en relación con esta materia.
Aquí hay que considerar dos puntos.
Uno es la parte económica, y el otro tiene que ver con los despidos de los trabajadores del sector público.
En cuanto a lo económico, los funcionarios han realizado un gran esfuerzo a fin de conseguir un mejor reajuste; pero, finalmente, el Gobierno mantiene el 4,2 por ciento, porcentaje que nos parece pequeño, dadas las condiciones económicas del país en la actualidad. Perfectamente se pudo aumentar el guarismo y resolver el problema de manera distinta. Pero siempre prima la lógica de vencer al adversario y no de lograr acuerdos, pese a que era fácil arribar a ellos.
Era sencillo para el Gobierno proponer una cifra distinta que dejara tranquilos a los funcionarios públicos y que les sirviera para aumentar sus remuneraciones. Porque eso es lo que esperan.
Nos enfrentamos a una situación compleja. Y es bueno que se sepa. Porque tenemos dos alternativas: una es rechazar este artículo, y la otra, aprobarlo. Y en verdad, señor Presidente, al menos yo, en representación del Partido Radical, voy a votar en contra.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ.- Voy a votar en contra porque me parece que no hay ninguna razón económica para no haber accedido a un reajuste en mejores condiciones.
Aquí es donde viene la discusión de los porcentajes más, porcentajes menos. Pero lo que ha ofrecido el Gobierno con la última postura respecto de los famosos bonos significa, para el aguinaldo de Navidad, 1.157 pesos más; para el aguinaldo de Fiestas Patrias en favor del sector activo, 536 y 375 pesos más; para el bono de invierno en beneficio de los pensionados, 735 pesos más; para el aguinaldo de Fiestas Patrias destinado a los pensionados, 30 pesos más.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, todos hemos escuchado promesas públicas en las cuales se ha dicho que se va a terminar con el 7 por ciento de cotización de salud de los pensionados, que el mejoramiento de las condiciones económicas del país irá a la gente de menores recursos, pero uno se da cuenta de que en esta materia, por lo menos en este reajuste, eso de ninguna manera se cumple.
El año pasado tuvimos el mismo problema. Nosotros éramos Gobierno en esa oportunidad y aprobamos un reajuste contra la opinión de los funcionarios públicos, lo que fue, creo yo, un gravísimo error. Porque, en definitiva, lo que tenemos que hacer es buscar fórmulas para favorecer a aquellos que ganan menos. Y en el sector público no se gana tanta plata como sale en los diarios, y los trabajadores que se desempeñan en él tampoco son privilegiados, como se ha publicitado. Al revés, miles de ellos están siendo despedidos mediante el término de sus contratos sin indemnización y sin ninguna razón.
Por eso, señor Presidente, nuestro discurso de hoy -y la vez anterior lo señalé-, más que encendido o enojado, es de tristeza, por la forma en que nosotros hacemos oposición y por la manera en que dialogamos con el Gobierno; con un Gobierno que, en mi opinión, es absolutamente sordo, con el que no hay ninguna posibilidad de abrir campos de conversación ni de acuerdo. Aquí, más bien, se imponen ciertas cosas que nos dejan enfrentados a una situación de difícil solución.
Creo que en este caso cometemos un tremendo error como clase política, porque, en definitiva, era más fácil llegar a acuerdo, era mucho más fácil buscar una fórmula que no significara enfrentamiento. Sin embargo, se optó por esta vía que, a mi juicio, nos va a hacer mal ahora, mañana y pasado mañana. Y es un gravísimo error desde el punto de vista político.
En lo que respecta al segundo punto, me preocupa gravemente.
Aquí se ha efectuado -se lo expresé al señor Ministro en la reunión que tuvimos ayer o anteayer- un despido masivo de personas que han sido bien calificadas desde el punto de vista de su trabajo funcionario, no solo por el Gobierno anterior, sino también por las autoridades actuales, en octubre de este año. Y esos funcionarios públicos, que llevan 10, 15, 20 años -tengo nóminas acá-, han salido a la calle sin ningún peso. Son más de 7 mil familias -porque no hablamos de personas- que están sin trabajo, 7 mil familias que van a pasar la Pascua en las condiciones que significa estar cesante sin ninguna explicación. Y la ANEF no está pidiendo que los restituyan, sino que aquellos calificados en Lista 1 sean mantenidos en sus puestos, y si hay una razón de despido, que se lleve a cabo el procedimiento correspondiente.
Eso es lo que le solicitamos al Gobierno. Nada más. Porque, al final, si a uno lo echan o se va de su trabajo porque las condiciones cambiaron, porque se cerró el organismo donde estaba, bien. ¡Será...! Pero aquí estamos convencidos, señor Presidente, de que los afectados son personas que han sido militantes de los partidos de la Concertación y han sido echados por su forma de pensar, no por haber sido mal calificados. Y eso a mí me parece muy grave.
Y no estoy hablando de más, sino sobre la base de antecedentes concretos, que vamos a hacer valer desde el punto de vista judicial y, si es necesario, también desde el punto de vista de las normas internacionales.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ.- Porque no puede ser que haya trabajadores de una categoría y trabajadores de otra.
Y voy a responder altiro. ¿Responsabilidad de la Concertación no haber solucionado eso? Sí, señor. No tengo ninguna duda en afirmarlo, para que usted, Senadora Matthei, pueda decir lo que quiera. Pero reitero que nosotros somos los que debimos haber resuelto ese tema. Lo digo con toda claridad.
El señor PIZARRO (Presidente).- Diríjase a la Mesa, señor Senador.
El señor GÓMEZ.- Cerrado el paréntesis y reconocido eso, señor Presidente, quiero resaltar que en este caso se ha despedido a personas que llevan, no un año, sino 10, 15, hasta 20 años en el servicio público, contratadas anualmente. En mi opinión, eso va contra la igualdad ante la ley y contra los derechos de un trabajador, sea del sector público o del sector privado.
Por eso, es necesario llevar estos casos a los tribunales de justicia, a fin de que ellos determinen si una persona que se ha desempeñado con tal continuidad dentro de un servicio puede ser despedida de esa forma, que significa una desigualdad total frente a la ley, y además, en mi opinión, una infracción a la Constitución.
Probablemente, por las normas de este país, nuestro reclamo sea rechazado, pero, si es así, habrá que recurrir a los tribunales internacionales -ya se ha hecho en otras circunstancias-, para que en definitiva a esos trabajadores se les pague una indemnización o sean restituidos en sus empleos, como corresponde en un Estado de Derecho.
Eso, señor Presidente, lo vamos a hacer por las vías que correspondan. Y si es necesario -lo estamos estudiando-, vamos a llevar el asunto al Tribunal Constitucional para que este declare lo que significa esta situación desde el punto de vista de la desigualdad ante la ley respecto de personas que son tan trabajadores como cualquier otro chileno y que ni siquiera han tenido la posibilidad de conocer las razones por las cuales han sido despedidos para los efectos de ser indemnizados como cualquier otro trabajador.
Pienso que esto es lo más grave, señor Presidente. Por eso, no estoy pensando en discursos encendidos, sino, simplemente, manifestando mi desazón, mi tristeza por terminar hablando, en un debate de esta naturaleza, del 5 o el 7 por ciento, cuando en realidad lo importante es cómo resolver el problema de las 7 mil familias que hoy están en conflicto.
Por tal motivo, señor Presidente, mi voto respecto de este artículo será negativo.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Reitero al público apostado en las tribunas que en ningún momento se pueden realizar manifestaciones: ni al comienzo, ni durante, ni al final de una intervención.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Si ustedes se quieren ir, díganlo así...!
La libertad es para escuchar, y ustedes han venido a escuchar un debate que se tiene que dar entre los Senadores, con el respeto que ustedes y ellos se merecen.
Lo único que les estoy pidiendo es que conserven la calma y la tranquilidad.
Pueden expresarse, pero sin meter ruido.
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, el Senador Gómez me "robó" algunos datos.
La verdad es que resulta bien lamentable lo que estamos viviendo hoy día, porque yo no sé dónde estuvo el diálogo, dónde se abrieron espacios para poder tender puentes de entendimiento, dónde se escuchó la voz de los dirigentes, si prácticamente el proyecto de ley ingresó muy pocos días después de iniciarse las conversaciones con los dirigentes y representantes de la mesa del sector público.
Yo noto en las tribunas una sensibilidad bastante distinta a la que a veces pensamos que existe entre los funcionarios. Estamos preocupados de que si votamos en contra no habrá reajuste. Pero, ¿dónde queda la dignidad de los funcionarios públicos que han sido despedidos de Arica a Magallanes?
Quiero señalar, con total claridad, que en mi Región han sido despedidos funcionarios tremendamente bien evaluados -puedo dar sus nombres y apellidos-, que llevaban 10, 14, 15 años trabajando en funciones habituales, calificados en lista 1 y con nota 7 por las mismas autoridades que han decidido alejarlos de sus cargos. Incluso, en la Región de Arica, cinco secretarios regionales ministeriales, contratados por la Concertación por sus méritos, en un acto que -lo busqué en el diccionario- califiqué de "traición", despidieron a compañeros de trabajo que ellos mismos calificaron en lista 1 y con nota 7: un chofer con 15 años en el Servicio Nacional de Menores; un auxiliar; una secretaria; la persona encargada del programa Chile Crece Contigo, que es un subsistema legal, un programa habitual, permanente.
Señor Presidente, ¡aquí ha habido razia política, discriminación por las ideas! Eso es lo que ha ocurrido. Y se ha faltado a la verdad. Porque el Presidente de la República dijo: "No vamos a despedir en mi Gobierno por razones políticas". Incluso suscribió un compromiso con los funcionarios durante su campaña.
Y qué ejemplo más claro que el de la Intendenta de la Octava Región. Tengo datos concretos. ¡Ella siente placer de despedir a un funcionario, siente placer de dejar a una persona sin trabajo, sin recursos, antes de Navidad!
Creo que eso es mucho más importante que si subimos un punto o dos puntos el reajuste: ¡la dignidad de los trabajadores!
--(Aplausos en las tribunas).
El señor ROSSI.- Alguien me dijo por ahí -un economista, un especialista en estas materias; yo solo soy médico- que subir de 4,2 a 4,3 por ciento significa 300 pesos mensuales para un funcionario.
Pero hoy hay 8 mil que han sido despedidos. Y no es para la risa: han sido despedidos, lamentablemente, por razones políticas. Y lo recalco.
Estoy totalmente de acuerdo con el Senador Gómez cuando señala que debiésemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y les voy a decir más.
En el Servicio de Salud Iquique -porque quiero hablar con datos concretos- había 100 personas en una lista negra. ¡Despidieron a 20! La Contraloría, ¡la Contraloría!, exigió que los reincorporaran. Algunos recurrieron a la Corte de Apelaciones, y esta exigió que los reincorporaran. El Gobierno apeló ante la Corte Suprema.
Para mí, esos son hechos tan graves, que el tema del reajuste al final pasa a ser secundario.
Chile ha crecido, el precio del cobre está alto, la productividad media es bastante buena, la inflación proyectada es baja. Podemos dar miles de cifras -el Ministro de Hacienda es economista- para llegar a 5, 5,2 u otros porcentajes mucho más razonables y acordes con la realidad actual del país, un país desigual, un país donde tenemos que nivelar hacia arriba, no hacia abajo, y no comparar los sueldos del sector público con los del sector privado, como pretendía el Gobierno.
Insisto, señor Presidente: este reajuste es mezquino y no está acorde con lo que Chile puede hacer por sus servidores públicos.
Pero lo más grave es la persecución política, la discriminación. Porque significa que el Estado no respeta a sus funcionarios. Fíjense, señores Senadores, en los instructivos dictados últimamente. ¡Cómo a una mujer se le va a decir cuál es el largo de la falda que debe usar, el color con el que debe pintar sus uñas, hasta dónde debe mostrar sus hombros!
Hay una mentalidad, una visión del ser humano detrás del funcionario. ¡No se lo respeta, se han atropellado sus derechos! Y eso es muy grave.
Yo entiendo que muchos hoy se pregunten: "¿Quién nos va a defender, quién nos va a respaldar?".
Por eso, señor Presidente, anuncio mi voto contrario, por los principios involucrados en esto, por la dignidad de los trabajadores, que han sido atropellados, porque no solo de pan vive el hombre.
Voto que no.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Al público asistente le digo que aquí va a haber intervenciones a favor y en contra, pero le pido por favor que escuche y que no se manifieste, pues, de lo contrario, lo único que conseguirá es que se ordene el desalojo de las tribunas, lo cual sería malo para ustedes y para nosotros.
Escuchen el debate. Al final, es importante conocer la opinión de todos.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor HINZPETER (Ministro del Interior).- Señor Presidente, no me voy a referir tanto al reajuste, que ya fue explicado suficientemente por el Ministro de Hacienda.
Me parece que pocas veces puede aplicarse con mayor contundencia que ahora aquello de que no tiene más razón el que argumenta con más pasión.
Lo digo con respeto a usted, que está presidiendo la sesión, señor Presidente, y a los Honorables Senadores que acaban de recordar, en forma extraordinariamente apasionada, que los trabajadores tienen derechos, pareciendo olvidar que forman parte de una coalición que estuvo en el Gobierno durante 20 años.
Sinceramente, nosotros vamos a hacernos cargo, como ha dicho el Ministro de Hacienda, de buscar un mecanismo para revisar la situación de los funcionarios a contrata y a honorarios y de proponer reformas que hagan posible mejorar sus condiciones. Porque coincidimos con la preocupación de ustedes, con la diferencia de que espero que el tiempo nos permita demostrar que llevaremos esa preocupación a hechos concretos, para que en cuatro años más no estemos discutiendo lo mismo.
En lo tocante a las desvinculaciones, a las no renovaciones, en primer lugar hay que ponerse de acuerdo en las cifras.
No es posible sostener un debate donde el Honorable Senador Gómez habla de 7 mil funcionarios, y el Honorable Senador Rossi, pocos minutos después, de 8 mil, como si un millar de personas fueran nada. ¡Mil personas son muchas familias, señor Presidente!
Por lo tanto, ese manejo tan simplista de las cifras, acompañado de la pasión, conduce, probablemente, a conclusiones muy equivocadas.
A decir verdad, las únicas cifras reales son que un 96 por ciento de los funcionarios a contrata ha sido renovado en sus funciones. Todo lo demás podrá expresarse con mayores o menores decibeles de voz, pero no por ello se convertirá en realidad.
Ese porcentaje de no renovaciones, que es un 4 por ciento, equivale, aproximadamente, a poco menos de 5 mil funcionarios a contrata.
Esa es la única realidad, porque aquí no se puede simplemente jugar con las cifras.
Durante la última Administración, de la Presidenta Bachelet, en el mismo período se desvincularon o no se les renovó el contrato a 4 mil personas, y sí se incorporó, a último minuto -entre la primera y la segunda vuelta presidencial del año 2009-, a un buen número de personas a la Administración del Estado, cuestión que me parece que, si fuera realmente del interés de los Senadores, también se podría analizar.
Pero lo más importante, frente a todo lo que se ha dicho aquí, es que nuestro Gobierno -y estamos dispuestos a discutirlo en el Senado o en donde sea- no ha perseguido a nadie por razones políticas.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor HINZPETER (Ministro del Interior).- La verdad es que...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor HINZPETER (Ministro del Interior).-...puede haber un conjunto de funcionarios que esté en desacuerdo con mi afirmación.
El señor CHAHUÁN.- ¡Ponga orden, Presidente!
La señora MATTHEI.- ¡Ponga orden!
El señor PROKURICA.- ¡Sí, señor Presidente!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Yo estoy dirigiendo la sesión.
Si Sus Señorías quieren hacer algo, háganlo. Yo presido la sesión, les guste o no. Tienen derecho a censurar, a hacer lo que quieran, pero en este momento el que dirige la sesión soy yo.
El señor HINZPETER (Ministro del Interior).- Señor Presidente, efectivamente, puede haber un conjunto de funcionarios públicos que no esté de acuerdo con lo que digo y que se manifiesta en esta Sala. Pero no nos olvidemos que detrás de cada uno de ellos hay otros 96 a quienes me gustaría que les preguntaran cómo han sido tratados y considerados por esta Administración.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor HINZPETER (Ministro del Interior).- Porque es muy fácil imputar a nuestro Gobierno -lo digo con respeto, señor Presidente- persecución política. Pero eso no está ni ha sido nunca parte de nuestro modo de actuar.
Por lo tanto, quiero dejar constancia de que me parece extraordinariamente delicado que los Senadores hagan imputaciones de esa naturaleza a este Gobierno; que manejen las cifras en forma trivial, ligera; que tengan entre sí, en pocos minutos, diferencias de millares de personas, y que no hayan tomado la precaución de verificar cuántos funcionarios han sido confirmados en sus funciones a contrata.
Es cuanto quería expresar, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señor Ministro, yo lo escuché atentamente. Y le quiero decir que, por supuesto, tiene todo el derecho de hablar en la Sala, pero no tiene derecho a maltratar las opiniones de los Senadores.
El señor CHADWICK.- ¡Por favor!
La señora MATTHEI.- ¡No!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En ese sentido, señor Ministro, si hemos mencionado una cifra distinta de la oficial,...
La señora MATTHEI.- ¡No puede ser!
El señor ESPINA.- ¡Usted no es dueño del Senado!
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-...será por otras razones que la desconocemos.
El señor CHAHUÁN.- ¡Por favor, señor Presidente!
La señora MATTHEI.- ¡Pensar distinto no es maltrato!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, nos ha ofendido a todos. No tenemos por qué aceptar la forma en que está conduciendo el debate.
Por eso, como Comité Renovación Nacional, pido suspender la sesión.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LARRAÍN.- Para reunión de Comités.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- De acuerdo.
Se suspende la sesión para reunión de Comités.
--(Manifestaciones en tribunas).
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--Se suspendió a las 19.
--Se reanudó a las 19:9.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
Solicito al público asistente en las tribunas que, por favor, nos colabore con el desarrollo del debate. Insisto en que habrá expresiones que no les van a gustar y otras que sí, pero si no mantienen la calma, finalmente terminaremos con las tribunas vacías.
Así que les pido que no se manifiesten, aun cuando les cause profunda molestia lo que escuchen.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, no puedo quedar ajeno a la situación que nos ha tocado vivir recién. Me alegro de que se haya llamado a la prudencia, a la calma. Es lo que procede en una discusión tan relevante como la que estamos sosteniendo en esta oportunidad.
Aquellos que hemos pasado hace rato la "prueba de la blancura", año tras año hemos intentado interceder de manera absolutamente altruista, positiva, propositiva en beneficio de todos los trabajadores de nuestro país.
Pero, obligadamente, he de tomar parte de los discursos que han antecedido al mío. Tal vez por la condición que aún al día de hoy mantengo -y que espero conservar mientras esté aquí, en el Congreso- de independencia partidaria, puedo sustentar una opinión que produzca algún equilibrio, distinto al apasionamiento de esta tarde.
Y le quiero decir con muchísima responsabilidad, señor Presidente, que si Su Señoría está dispuesto a llevar la situación de los trabajadores del sector público a instancias incluso judiciales, estoy absolutamente al lado de la opinión que acaba de emitir.
Sin embargo, hay que tener cuidado. No vaya a ser cosa que el tiro salga por la culata. Porque si hoy se pretende señalar que existe una precaria condición entre los trabajadores del sector público, desgraciadamente, señor Presidente, esa circunstancia ha existido por más de veinte años. Y la he venido reiterando de manera insistente, diciendo que ¡el Estado de Chile es uno de los peores empleadores en nuestro país!
¡Y esa es una verdad del tamaño de una catedral!
¡Y para esa verdad no hay rectores morales, señor Presidente! Porque, desafortunadamente, los trabajadores del sector público a contrata y a honorarios han tenido una inestabilidad que no es de hoy ni de hace un par de meses: la situación se arrastra por años, y no resiste más.
Por eso, al hacer las presentaciones hay que tener cuidado de que -insisto- el tiro no salga por la culata.
Digo lo anterior, porque, entre otras cosas, he presentado una vez más un proyecto de ley que pretende, de alguna forma, superar la situación de conflicto permanente que experimentan los funcionarios públicos a contrata y a honorarios. Dicha moción hoy ha sido declarada inadmisible y hemos pedido el patrocinio del Ejecutivo. El señor Ministro de Hacienda acaba de señalarnos que se halla dispuesto, en el mes de abril, a considerar esta u otras iniciativas que apunten a dar una verdadera solución a los trabajadores de que se trata.
En ese ánimo nos encontramos.
Tanto es así, señor Presidente, que hace más de un año y medio presenté otro proyecto, con participación de Su Señoría y de otros señores Senadores, con el cual, de manera responsable, seria y definitiva, se intenta resguardar la seguridad de los trabajadores del sector público. ¿Cómo? Creando una institución autónoma, que dice relación a una Dirección General del Trabajo que se encargue de lo público y lo privado.
Esa es, a mi juicio, una de las formas como se podrían entregar mayores garantías a nuestros funcionarios del sector público.
Año tras año tenemos que observar esta misma situación en el Senado cuando debemos buscar soluciones para los mejoramientos salariales.
Señor Presidente, hay en los discursos que he escuchado esta tarde otro elemento que me llama la atención.
Hace poco tiempo votamos un reajuste de 4,2 por ciento para el sueldo más bajo de nuestro país: el ingreso mínimo.
¿Es un mal incremento? ¡Sí, señor! ¡Es un muy mal incremento! ¿Deseamos más? ¡Sí, señor! ¡Deseamos más para nuestros trabajadores, sean del sector público o del privado!
Desafortunadamente, aprobamos un aumento de 4,2 por ciento para los trabajadores -mujeres y hombres- que menos ganan en nuestro país: los que perciben el salario mínimo.
Allí tenemos una deuda pendiente, que habremos de resolver en las futuras negociaciones. Y, desde ya, le anticipo al Ejecutivo, aquí presente, que haremos lo humanamente posible para alcanzar la mejor solución.
Tengo la preocupación, señor Presidente, y es legítima. He estado al lado de los trabajadores del sector público en todas las oportunidades en que ha sido necesario. ¡Siempre! ¡No me he restado nunca!
Es más, en una ocasión, junto a los empleados municipales me tocó liderar, y ayudar, y defender, y colaborar, y contribuir en una acción decidida mediante la cual logramos revertir, con relación al artículo 121 de la Constitución, una medida que rompía con su estabilidad laboral.
Ahora bien, hoy asistí a la Comisión de Hacienda, como lo hago cada año cuando debatimos materias con incidencia presupuestaria. No pertenezco a ella. Pero eso no me impide concurrir para colaborar con mi aporte.
Señalé, señor Presidente, que propusimos dos proyectos de ley. Porque me inquieta que sigamos viviendo esta misma situación año tras año.
He hablado con las autoridades competentes y con muchos funcionarios públicos. Inclusive, les planteé la idea de una iniciativa -la presentaremos la próxima semana- que apunte a encontrar de una buena vez una mejor solución para el problema del reajuste salarial que enfrentamos anualmente, de manera que los empleados públicos a lo menos tengan una proyección para los siguientes dos o tres años. En esa línea, considero urgente ese proyecto, precisamente para evitar discusiones como la habida esta tarde, que nos deja con un sabor tremendamente amargo.
Señor Presidente, lo dije en la Comisión, lo manifesté públicamente y lo reitero hoy: yo tampoco estoy de acuerdo con el 4,2 por ciento. Es obvio que resulta del todo insuficiente.
Empero, si hoy no voto a favor de ese porcentaje; o si me pareo; o si me levanto y me voy, o si me abstengo, se corre el riesgo ya explicitado por Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra: simplemente, no habrá reajuste.
¡Esa es la situación!
¿En qué condición nos encontramos ahora? ¿Estamos bajo alguna presión? Sí, señor: la de votar "sí" o "no" el 4,2 por ciento.
¿Queremos que haya reajuste? Obviamente, todos deseamos un mejor reajuste.
Pero -lo digo sinceramente- la situación registrada amerita que en adelante, de manera más técnica, más consensuada con los trabajadores, podamos llegar a mejores acuerdos, para evitar el espectáculo que a veces damos, pronunciando discursos más o menos encendidos, al objeto de sacar más o menos aplausos, cuando en el fondo debemos buscar soluciones mejores y que resuelvan definitivamente el problema para nuestros trabajadores, sean públicos o privados.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se me solicitó abrir la votación.
¿Hay acuerdo?
El señor PROKURICA.- Sí, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.- ¿Qué se someterá a votación?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- El artículo 1o.
La señora ALLENDE.- Que se abra la votación, pero conservando los tiempos.
El señor MUÑOZ ABURTO.- En ese entendimiento, sí.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En consecuencia, si le parece a la Sala, se abrirá la votación, manteniendo los tiempos de Sus Señorías.
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación el artículo 1o.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, para fundar su voto, el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, no puedo empezar mis palabras sin referirme a lo negativa que fue la intervención del Ministro del Interior, que ha traído como consecuencia una reacción de repudio en todos y cada uno de nuestros sectores.
No es la primera vez.
Creo que los Ministros, y sobre todo el del Interior, tienen que tomar nota de que cuando vienen al Parlamento deben respetar a sus Cámaras, pero también las discrepancias habidas en ellas.
El señor PROKURICA.- ¡Pero ustedes tienen que decir la verdad!
La señora MATTHEI.- ¿Dónde faltó el respeto el Ministro del Interior?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Pido que no se vulnere mi derecho a usar de palabra. Porque lo más importante es que nos respetemos en las discrepancias, en nuestros juicios. Si lo hacemos, tendremos calma para tratar las materias.
Podemos poner pasión; muchas veces esta es necesaria. Pero eso no autoriza para que el Ministro del Interior tenga una conducta como la que acabamos de presenciar.
¡Yo la represento, señor Presidente!
La señora MATTHEI.- ¿Qué dijo? ¿Qué conducta tuvo?
El señor PROKURICA.- ¡Estaba aclarando los números!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Le pido de nuevo, señor Senador, que entienda lo que son la democracia y la capacidad de discrepar.
La señora MATTHEI.- ¡Pero si es usted quien no las entiende!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Puede no estar de acuerdo conmigo, pero le solicito que respete lo que pienso.
Ahora me referiré al proyecto de ley de reajuste, señor Presidente.
Como se ha dicho -lo señaló recién el Senador Bianchi; se lo he escuchado a muchos Senadores de nuestro sector; se expresó en la Cámara de Diputados-, el reajuste propuesto no es suficiente para los trabajadores.
Los empleados públicos llevan ya varios días de huelga, no por darse un gusto, sino porque no están de acuerdo con el aumento planteado.
Pueden aducirse argumentos económicos para justificar el 4,2 por ciento (la proposición comenzó en 3,7; luego se subió a 4,2).
Ese porcentaje fue rechazado en general en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el Gobierno no alcanzó allí la mayoría con que contaba hasta el día previo a la votación. Hasta ese momento tenía en la Cámara Baja mayoría para aprobar cualquier iniciativa que presentara. Sin embargo, la perdió.
Señor Presidente, estamos discutiendo el proyecto de ley de reajuste el 15 de diciembre. Y el Ministro de Hacienda, con toda razón, nos hace ver la urgencia que reviste despacharlo, para que los beneficios que se puedan aprobar lleguen oportunamente a los trabajadores.
Pero yo le he manifestado, en conversaciones leales y abiertas que hemos sostenido, tratando de encontrar soluciones y acuerdos, que el atraso no es responsabilidad del Parlamento.
Normalmente las iniciativas sobre reajuste de remuneraciones se enviaban con diez días de anticipación al 30 de noviembre, fecha en que supuestamente vencía el plazo para tramitarlas a fin de que la ley estuviera vigente el 1o de diciembre.
¿Cuándo llegó este proyecto para su discusión en el Parlamento, señor Presidente? El 29 de noviembre.
¡Se pretendía que un proyecto en que no había acuerdo, que era cuestionado, se aprobara en menos de 48 horas!
Eso no permitió efectuar negociaciones y llevó a la sorpresa que hubo en la Cámara de Diputados, donde se rechazó la idea de legislar, cosa que jamás había sucedido.
¡Yo no recuerdo en la historia del Parlamento el rechazo en general de un proyecto de ley sobre reajuste de remuneraciones!
Y después se pretendió echarnos la culpa.
¡Si nosotros somos Oposición! ¡El que debe poner los votos en la Cámara de Diputados es el Gobierno!
Ahora la iniciativa llega al Senado, después de que nosotros dimos los dos tercios habilitantes; o sea, posibilitamos que volviera a la Cámara de Diputados para ser tratada. Y viene con el rechazo del 4,2 por ciento porque esa Corporación lo estimó insuficiente.
Se formulan argumentos para explicar por qué se considera que tal porcentaje no es suficiente. Pero eso no debe molestar a nadie. Porque uno puede estar equivocado.
Ahora, se ha planteado un 4,2 por ciento en un año en que el crecimiento de la economía pasará del 5 por ciento; cuando existen excedentes de recursos de todo tipo; en que el rendimiento tributario ha sido 18 por ciento superior al normal; cuando la economía se encuentra en buenas condiciones y se proyecta un crecimiento mayor para 2011.
El año pasado, en plena crisis, se dio un 4,6 por ciento, señor Presidente.
Pues bien, en esta oportunidad se trató de buscar una solución. En la Cámara de Diputados se pidió un 5 por ciento. Aquí, en el Senado, le dijimos al Ministro de Hacienda: "Modifique el 4,2 por ciento. Llevémoslo un poco más arriba: acerquémoslo al 4,5 por ciento". La respuesta fue negativa.
Esa es la razón por la cual en esta materia no tenemos acuerdo. Y así se lo manifestamos al Ministro, haciéndole ver que no queríamos entorpecer, sino que hubiera reajuste, pero que no concordábamos con el 4,2 por ciento, por estar convencidos de que no era el porcentaje procedente.
Además -y no es culpa del Ministro de Hacienda-, la discusión del reajuste se ha enredado con el problema de los despidos.
¡No sé quién planteó la estrategia de traer el proyecto de reajuste del sector público al Parlamento el 29 de noviembre para que al día siguiente se echara de sus cargos a más de 2 mil funcionarios! ¡Justo cuando debíamos discutir el proyecto de reajuste, se dejó sin fuente de trabajo a más de 2 mil familias!
¡No diré la cifra exacta para que después el Ministro no me pase la cuenta si son diferentes de otras...!
¿Y qué sucede? Que, con toda razón, los empleados públicos tratan de defender su empleo.
El Ministro nos dijo que a través de cada subsecretario hará revisar los contratos a los cuales se ha puesto término, para que los afectados reclamen. Incluso, hablamos de un plazo: que los reclamos se formulen antes del 15 de enero próximo y queden resueltos dentro de 30 días hábiles, a contar de esa fecha.
Pero qué sucede: la gente no confía en que se va a resolver el problema.
Se discute si los despidos son políticos. Yo soy consciente, señor Presidente -porque conozco testimonios muy cercanos-, de que en su gran mayoría obedecen a razones políticas y no a incumplimiento del contrato o vencimiento del plazo.
En tal sentido, me alegro de una iniciativa legal que acaba de presentar el Honorable señor Bianchi, la cual fue suscrita además por la Senadora señora Matthei. Sus Señorías proponen incorporar un inciso segundo al artículo 10 del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, que se refiere a los contratos de trabajo. Y plantean una disposición con la que estoy completamente de acuerdo, pues a lo mejor posibilitaría solucionar todos los problemas suscitados, si le diéramos efecto retroactivo.
La señora MATTHEI.- ¿Y por qué no la presentó usted?
El señor PROKURICA.- ¡Nunca lo hizo!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Qué dice la norma sugerida por esos Senadores?
"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior," -en él se establece que los contratos se entienden terminados al vencimiento de su plazo- "en los casos de aquellos funcionarios a contrata que hayan ejercido un cargo en dicha calidad por un período igual o superior a dieciocho meses continuos dentro de un período de veinticuatro meses, en una misma institución, la siguiente renovación de su contrata y las sucesivas serán por tres años.".
Le pido al Ejecutivo que se haga cargo de esa iniciativa -yo también la suscribo-, porque con ella podríamos solucionar el problema de miles de familias que han quedado sin trabajo en estos días.
La señora MATTHEI.- ¡Qué carepalo!
El señor PROKURICA.- ¡Usted fue Ministro del Interior, señor Senador! ¿Por qué no lo hizo?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Qué tiene que ver eso?
Le pido de nuevo al Senador Prokurica que respete mi derecho a opinar.
El señor PROKURICA.- ¡Qué carepalo!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, luego del problema de los despidos, hay una situación respecto de la cual el Ministro asumió un compromiso -quiero que quede constancia de ello-, a pesar de nuestro desacuerdo sobre el 4,2 por ciento de reajuste: el incentivo al retiro.
Hay un compromiso del Ministro -sé que lo va a cumplir; no obstante, pido hacerlo constar- en el sentido de que antes del 15 de abril del próximo año se va a plantear en la mesa del sector público una fórmula de incentivo al retiro para todos los funcionarios públicos de los distintos sectores de la Administración del Estado, con el objeto de que se envíe al Parlamento un proyecto de ley que mantenga el beneficio, porque es una buena manera de permitir que algunos trabajadores jubilen en condiciones más o menos aceptables.
Esa es una solución que los servidores públicos han requerido. Y me parecería muy bien que se concretara en su momento.
Por las razones expuestas, creo que la intervención del Ministro del Interior no ayuda a encontrar una solución más armónica dentro de lo que yo llamé "acuerdo en el desacuerdo".
Yo les informé a los dirigentes de los diferentes gremios de los esfuerzos que habíamos realizado por modificar el 4,2 por ciento, y además, de nuestros intentos por mejorar los aguinaldos, aunque no alcanzaran las cifras que uno quisiera.
Espero pues que, a pesar del incidente habido en la Sala, permitamos que los funcionarios públicos tengan un reajuste, aun cuando no sea el que merecen.
Nosotros, sí, seguiremos presentes para reclamar mejores condiciones para los funcionarios públicos. Pero, sobre todo -y lo señalo aquí-, nos pondremos al lado de los trabajadores del sector público...
La señora MATTHEI.- ¡Ahora...!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-...que reclaman por los despidos injustificados de que han sido víctimas y representaremos ante el Gobierno todos y cada uno de los casos registrados, para que se haga justicia.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señoras y señores Senadores, debo hacer presente que hay una gran cantidad de inscritos. Depende de nosotros continuar o no con el debate. Porque si no aceptamos opiniones diferentes, la discusión puede ser más compleja.
El señor PROKURICA.- Abra la votación, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Está abierta, señor Senador.
Ahora bien, quiero proponerle a la Sala que, como el artículo que nos ocupa es el más complicado, en seguida votemos de una sola vez el resto del articulado, y luego, la indicación del Ejecutivo.
Creo que es una buena solución.
Si le parece a la Sala, se procederá en los términos descritos.
Acordado.
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
--(Manifestaciones en tribunas).
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, en la Municipalidad de Coquimbo, a fines de 2008, un alcalde democratacristiano reemplazó a otro de la misma filiación. ¡Despidió a 200 funcionarios!
Ustedes comprenderán que ni los exonerados ni los contratados eran cercanos a mí. Todos pertenecían a la Democracia Cristiana: pero unos eran de un bando, y los demás, de otro.
Reclamé encendidamente por esos despidos. Pero los dos Diputados de la zona, ambos de la Concertación, miraron al techo.
La verdad es que cada vez que hay cambio de alcalde en la Cuarta Región -ha sucedido en La Serena, y en Illapel, y en Salamanca- se echa a cualquier cantidad de gente.
¿Y dónde han estado ustedes para reclamar? ¡Dónde!
Señor Presidente, desde hace por lo menos diez años vengo reclamando por la inmensa cantidad de funcionarios a honorarios y a contrata, debido a que la Concertación se dedicó a precarizar el empleo en el sector público.
Era muy fácil: tenían a todos los trabajadores a contrata o a honorarios, de manera que, si no cumplían lo que ustedes les pedían, ¡afuera!
Entonces, ¡tienen que ser muy carepalos para venir hoy día a reclamar y llorar por los despidos cuando ustedes son los principales responsables!
Durante 20 años, toda la Administración Pública creció sobre la base de los honorarios y de las contratas.
Efectivamente, con el Senador Carlos Bianchi estamos estudiando fórmulas para dar estabilidad. Porque yo creo en la estabilidad; pero en la de todos: también de los funcionarios municipales, sean de un lado o del otro.
Sin embargo, ustedes han reclamado solamente ahora. Porque cuando eran sus alcaldes los que echaban a la gente a la calle, ¡todos se quedaban calladitos...!
El señor PROKURICA.- ¡Así era!
La señora MATTHEI.- Y cuando algunos de ustedes eran Ministros, ¡calladitos...!
Y cuando les pedíamos que, por favor, se pasara a la planta a quienes trabajaban a honorarios o a contrata, ustedes muchas veces les decían a los funcionarios y los dirigentes que nosotros nos oponíamos.
Recuerdo que una vez me tocó conversar con Roberto Alarcón y me di cuenta de que creía que realmente nos negábamos a ampliar las plantas, lo cual es mentira. ¡Jamás fue así!
En alguna oportunidad traté también el asunto con Arturo Martínez.
¡Nunca rechazamos esa medida!
La verdad es que era una política de la Concertación la de aumentar el número de funcionarios públicos sobre la base del sistema de honorarios y de contrata. Y, si no, ¡obsérvese cómo se incrementó dicha modalidad durante los 20 años en que estuvieron en el Gobierno!
¿Que es preciso hacer algo al respecto? ¡Obviamente! Y ahora que estamos en el Gobierno me voy a preocupar de ello igual que cuando estuvimos en la Oposición. Porque lo que se ha hecho con los funcionarios públicos y municipales es completamente inaceptable.
Cuando empecé a alegar acerca de la cuestión de los honorarios, por ejemplo, vinieron personas que trabajaban en el edificio de los servicios públicos de La Serena y me expresaron: "Señora, llevo quince años a honorarios, período en el cual no he tenido derecho a licencia médica, ni siquiera un día de vacaciones, ni me han efectuado cotizaciones.". Otra llevaba 12 años de servicio y otra, 8. Por hablar conmigo las echaron en el acto. Ello se publicó en los diarios. ¡Puedo traerles todos los recortes que ustedes quieran!
Entonces, señor Presidente, si queremos revisar el asunto de los despidos y la estabilidad laboral, hagámoslo en serio.
En lo personal, me he abocado a esta situación desde hace diez años y voy a seguir en ello.
De hecho, junto con mi Honorable colega Bianchi presentamos un proyecto de reforma constitucional para plantear una nueva Dirección del Trabajo, que pueda dedicarse también a quienes se desempeñen en el sector público. Porque, cuando estos enfrentan un problema, no tienen adónde acudir.
El señor PROKURICA.- Efectivamente.
La señora MATTHEI.- Esto último lo he alegado durante 10 años. ¡Pero ustedes nunca hicieron nada sobre el particular cuando estuvieron en el Gobierno!
Escuché hoy día al Presidente de la CUT señalar que una de las principales dificultades que se enfrentan es el sistema de honorarios. Y me alegré cuando el Gobierno informó que en abril del próximo año se entregará una propuesta al respecto, para poder conversarla con la mesa del sector público. ¡Esa es una forma seria de avanzar!
Asimismo, el dirigente expresó que otro aspecto pendiente es el incentivo al retiro. Porque los Gobiernos de la Concertación se lo otorgaron para siempre a algunos gremios y a otros no. Nunca hemos sabido por qué. Reclamamos miles de veces. A la ANEF se lo dieron en esa forma, mas no a la CONFENATS ni a los municipales.
En consecuencia, dicho punto también será objeto de una propuesta, para que sea analizada con la mesa negociadora del sector público. ¡Esa es una forma seria de avanzar!
Lo relativo a los despidos me duele, como me ha pasado siempre. Y siempre he reclamado por ello. ¡Pero resulta bastante inaceptable que un día antes de dejar el Gobierno hayan metido en la planta del Ministerio de Educación a 500 personas de la Concertación!
El señor PROKURICA.- ¡A dirigentes!
La señora MATTHEI.- ¿Eso es razonable? ¿Es ético? ¿Alguno de ustedes dijo algo?
¡Señor Presidente, lo único que pido es un poco de consecuencia!
La Senadora que habla empezó a hacer referencia a que el Estado es el peor empleador desde que un grupo de funcionarios de La Serena le informó sobre la gran cantidad de contratados a honorarios sin derecho a prenatal, a posnatal, a licencia médica, a vacaciones ni a seguridad social. ¡Así los tenían ustedes! Gracias a Dios, después por lo menos se avanzó y se les empezó a reconocer derecho a pre y posnatal, a licencia médica y a vacaciones. Pero eso fue producto de un alegato muy grande que hicimos con gente de todos los sectores.
Por consiguiente, invito a avanzar, pero en forma seria. Cuando observo hoy cómo todos ustedes rasgan vestiduras por algo que no hicieron cuando eran los únicos a los que les correspondía la iniciativa, ¡perdónenme, pero me cuesta creerles!
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ruego al público guardar silencio.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, como se pide, con tanto esfuerzo, mantener silencio a los asistentes en las tribunas, ojalá pudieran dar el ejemplo mis Honorables colegas, en particular uno que seguramente me interrumpirá...
La señora ALLENDE.- ¡Y es por el norte!
El señor LAGOS.- ...en el transcurso de mi intervención.
El reajuste propuesto presenta varias peculiaridades que lo hacen caer de lleno en el concepto de nueva forma de gobernar o de la nueva Derecha.
Primero, es un reajuste de Derecha.
Llegó tarde al Congreso. He recopilado antecedentes, hasta el año 2001, sobre la fecha de ingreso del proyecto de reajuste del sector público, cuánto propuso el Gobierno, cuánto planteó la Cámara, cuánto dijo el Senado y qué se aprobó finalmente. El ingreso más tardío que registro es el 22 de noviembre de 2007, habiendo propuesto 6,9 por ciento el Ejecutivo. La Cámara lo aprobó. Ello venía negociado, conversado.
En el año en curso, el proyecto de reajuste ingresó el 30 de noviembre.
El señor ESCALONA.- El 29.
La señora ALLENDE.- Así es.
La señora RINCÓN.- No, el 30.
El señor PROKURICA.- No interrumpan, Honorables colegas.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, anuncié que el Senador señor Prokurica me iba a interrumpir y no pudo evitarlo. Es incontinente en ese aspecto...
Hoy es 15 de diciembre, cuando tal vez los funcionarios públicos deberían estar pensando en qué gastar su aguinaldo, y estamos negociando si van a percibirlo. ¡Esa es la nueva forma de gobernar!
Segundo punto, más serio: el reajuste, propiamente tal.
Siempre, para hacer el cálculo en forma real de lo que se iba a proponer, ello se realizaba sobre la base de la inflación esperada, no sobre la pasada, salvo en el año 2008, como consecuencia de la extrema inflación que se registró. Ahora eso ha cambiado. Ningún economista plantea que se debe mirar para atrás. ¡Ninguno! Y ese debe de haber sido un avance y una conquista difíciles de explicar a los funcionarios. Porque estos decían: "¡Cómo! Si la inflación fue de tanto, ¿por qué se me va a dar menos?". La respuesta era que se apuntaba a no traspasar la inflación al futuro, para no afectar los famosos reajustes del sector privado. ¿Qué hace la nueva forma de gobernar? Aplica la inflación pasada, como en las peores épocas de nuestra historia. O sea, se replica la inflación.
Pero lo mejor y el nuevo aporte es el argumento sobre el ingreso mínimo. Y esto sí que es serio. Cuando discutimos aquí, en julio último, el reajuste por ese concepto, no se dijo ni una palabra respecto a que el porcentaje respectivo iba a fijar el piso y el techo del correspondiente al sector público. La nueva forma de gobernar introdujo un elemento que tendré claro, por lo menos, a partir del próximo año: cuando analicemos el reajuste del ingreso mínimo, sabré que estaremos discutiendo el del sector público. Y también los funcionarios.
¡Eso es lo que va a ocurrir! ¡Eso es lo que me ha dicho el señor Ministro de Hacienda! "Como el ingreso mínimo se reajustó en 4,2 por ciento, no podemos superar ahora esa cifra". Ergo, la negociación del reajuste fue definida en julio recién pasado.
Quiero conocer lo que va a ocurrir en 2011.
¡Son tres aportes rápidos de la forma de gobernar!
Pero vamos a la cuestión de fondo. La presente discusión debería recaer sobre el guarismo, los bonos, el incentivo al retiro, el contrato a honorarios.
Valoro la intervención de la Senadora señora Matthei en el aspecto de legislar a la brevedad, pero deseo exponer tres cosas sobre la materia.
Primero, el señor Ministro de Hacienda hizo referencia a una desafortunada coincidencia de la discusión del reajuste con los despidos.
¡No se trata de ninguna coincidencia! Esta última es un evento fortuito que no se controla. La decisión de despedir gente la tomó el Gobierno y la hizo efectiva el 30 de noviembre y el 1° de diciembre. ¡Nada lo obligaba a hacerlo en esa fecha! Eso se llama "impericia", "falta de destreza", "falta de habilidades".
Todo se hace de buena fe, pero generándose un ruido que no quisiera, porque podría haber ocurrido -y no lo estoy proponiendo- que las "desvinculaciones", como eufemísticamente se las denomina, tuvieran lugar en enero o en febrero. Podría haber mediado una renovación por un par de meses. Nada lo impedía. Y no se habría registrado un entorpecimiento ni originado el ruido de esta discusión.
Segundo, leeré el siguiente texto: "vamos a mejorar la situación contractual de los funcionarios públicos que realizan labores permanentes y que en más del 50% de los casos lo hacen con contratos precarios que expiran cada año y que los dejan demasiado expuestos a los abusos de las autoridades de gobierno.".
Repito: "que los dejan demasiado expuestos a los abusos de las autoridades de Gobierno.".
"Y sé también que a muchos les han dicho que, de triunfar nuestra candidatura, los servicios públicos donde laboran serán cerrados, sus plantas disminuidas o ustedes, derechamente, despedidos.".
Ahí no se usó el término "desvinculación", sino la palabra "despedidos".
"Todo ello es falso y constituye una campaña del terror y un abuso de poder que daña al servicio público y a nuestro país. Digámoslo con todas sus letras: nada destruye tanto la credibilidad en las instituciones públicas como su uso y abuso para fines ajenos al bien común por parte de quienes sólo buscan perpetuarse en el poder.".
Estas son las palabras del hoy Presidente Sebastián Piñera, otrora candidato, en su compromiso contraído con los funcionarios públicos el 8 de noviembre de 2009, el cual no se ha honrado, a mi juicio.
Pero la cuestión de fondo y lo que genera complicaciones a quienes hemos trabajado genuinamente para llegar a un entendimiento surge cuando se empieza a poner en duda y a descalificar.
¡No fue la Oposición la que expresó que las desvinculaciones o despidos eran políticos! ¡Lo señaló el Gobierno en la campaña presidencial y ahora, durante su desempeño como tal!
¿Qué anunció que haría con los funcionarios públicos? Que iba a expulsar a los operadores, porque llenaban el sector.
Lo manifestó la vocera: "Se va a echar a los operadores".
Esa fue la explicación que se dio cuando comenzó la razzia en el Ministerio de Educación, por ejemplo, así como también se sostuvo que había muchos periodistas.
¿Y qué pasó después con la Alta Dirección Pública? ¡Si uno tiene que ir atando cabos para darse cuenta de lo que se halla detrás! Todos los elegidos en virtud de ese sistema fueron removidos por razones políticas, como ocurrió en el Ministerio de Planificación, y, posteriormente, el señor Carlos Williamson se despachó la "guinda de la torta" declarando que el mecanismo solo apunta a filtrar técnicamente y que los que no piensen como el Gobierno se van.
Entonces, ¿no le asiste a uno el legítimo derecho a concluir que se lleva a cabo una persecución política cuando varias autoridades y parlamentarios de Derecha exponen claramente: "Si no piensan como nosotros, tienen que irse"?
Así nunca vamos a ser un país desarrollado. "De acuerdo como tú piensas, tienes o no un contrato en el Estado".
El señor Ministro, para dar cierta tranquilidad, ha puntualizado que va a establecer un procedimiento de revisión de reclamaciones. Fue la máxima concesión que se pudo obtener. Ello significa que se planteará la cuestión ante el Subsecretario, quien, en caso de dudas, podrá recurrir al Ministro. Pero lo que no mencionó este último -y espero que lo precise, porque fue parte de lo conversado- es el plazo para tal efecto: el 15 de enero se recibirán las reclamaciones y en 30 días deberán ser respondidas. Espero que dilucide la situación, porque no me quedó clara.
El señor ORPIS.- Lo dijo.
El señor LAGOS.- Entonces, que lo repita, para quedar tranquilo.
El hecho de que no se avanzara, como bien lo expuso mi Honorable colega Gómez, todo lo necesario o todo lo que algunos deseaban en la regulación de los contratos a honorarios y las contratas es una responsabilidad principal, ciertamente, de la Administración anterior. ¡Pero los despidos no corresponden a los Gobiernos pasados, sino al actual! O sea, lo que están diciendo es que, como ello no se reguló, ahora existe chipe libre para despedir gente. Conforme a ese criterio, implícitamente, están persiguiendo a los despedidos porque "Como usted no los protegió o no los blindó, puedo echarlos. Es su responsabilidad, señor".
¡Pero qué manera más curiosa de razonar!
Se trata de exoneraciones políticas. No abrigo ninguna duda de ello. Además, se han registrado casos injustos. Puede haber más de alguno que no sea político.
Basta tener presentes las intervenciones realizadas acá por el Ministro del Interior para observar cómo una cuestión tan delicada termina como si se tratara de apagar un incendio con bencina.
No se falta el respeto cuando se señalan estas cosas. Uno desea generar una mejor convivencia. He hecho los mejores esfuerzos para llegar a un entendimiento con el Ministro de Hacienda.
Por cierto, vamos a aprobar los bonos. Rechazar el reajuste es pensar solo en el minuto y no, tal vez, en los más de 550 mil funcionarios públicos.
La pregunta es qué hacemos con los despedidos. ¿Recuperarán su dignidad si nos pronunciamos en contra? Lo dudo. Pero voy a dar una pelea dura para exigir al Gobierno, transcurridos ya diez meses desde que asumió, que presente a la brevedad una fórmula de solución.
Quisiera terminar, por la forma en que he visto la persecución, reiterando lo que he consignado acá en otras oportunidades:
¡La nueva Derecha despide igual que la antigua!
¡La nueva Derecha, tal como en Rapa Nui, apalea igual que la antigua!
¡La nueva Derecha llega tarde a resolver los conflictos!
Mapuches: 40 días de huelga de hambre para intervenir; Rapa Nui: seis meses de toma, para buscar tardíamente después una salida; puerto de San Antonio: 15 días de paro en el espigón, sin que ninguna autoridad se haya apersonado en el proceso. ¡Ninguna!
La Derecha chilena es implacable, señor Presidente.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, quisiera expresar nuestro respaldo al legítimo derecho del señor Ministro del Interior a defender al Gobierno cuando se formula una acusación infundada, agraviante y que prescinde, además, de lo que hizo la Concertación cuando ejerció el poder.
Durante la Administración del Presidente Ricardo Lagos, se despidió a 13 mil funcionarios a contrata. Solo el año 2005 se marginó a 3 mil 300. ¡Nadie reclamó por ellos! ¡No vi nunca a distinguidos Senadores levantar banderas defendiendo las exoneraciones de trabajadores en un Gobierno socialista! ¡No escuché una sola palabra sobre el particular!
En la Administración de la Presidenta Bachelet -¡red de protección social!-, se tomó la misma medida respecto de 11 mil 899 trabajadores. Fueron 4 mil solo en 2009.
Si sumamos a los que estaban a honorarios, la cifra llega a 27 mil más.
Osea, en los dos últimos Gobiernos de la Concertación, cerca de 52 mil trabajadores, entre los que estaban a honorarios y a contrata, fueron despedidos. ¡Y no vi a ningún dirigente gremial ni a parlamentario alguno de dicha coalición levantar banderas por los derechos de esas personas!
Más aún, desde entonces insistimos en que era fundamental regularizar la realidad de las plantas que ya se ha mencionado, porque la situación se prestaba para los peores abusos.
Lo que ha hecho el Gobierno, señor Presidente, es mantener al 95 por ciento de las personas a contrata y prácticamente a todos los que se encuentran a honorarios. Además, ha dicho que si llegara a haber algún error, está dispuesto a examinarlo.
Pero, si me lo permite el Ministro señor Larroulet, quisiera agregar lo siguiente.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Que el señor Senador se dirija a la Mesa, señor Presidente.
El señor ESPINA.- ¡Si quienes inventaron el concepto de "operador político" fueron ustedes! ¡Si la denuncia de que existían provino de la Democracia Cristiana!
El entonces Senador señor Edgardo Boeninger, hombre muy recordado, sostenía de manera insistente que una de las cosas que más habían contaminado era una cultura que apuntaba, fundamentalmente, a generar operadores políticos dentro del aparato público.
Y la Izquierda le contestaba que entendía a la UDI y a Renovación Nacional cuando, durante los comicios, eran víctimas de la intervención electoral de operadores políticos pertenecientes a algunos de los partidos de Gobierno en esa época.
Entonces, señor Presidente, no aceptaremos que se pretenda engañar a la opinión pública afirmando que la Administración actual está echando a gente por razones políticas. Ella está cumpliendo con su deber: evalúa a los funcionarios públicos, determina a los que corresponde que continúen, y si eventualmente se comete un error, como puede ocurrir, se encuentra abierta a examinarlo.
Pero quiero agregar algo más.
Lo que señala la gran mayoría de la gente -insisto- es que prácticamente más del 95 por ciento de la dotación de la Administración Pública se ha mantenido intacta.
Por consiguiente, aquella imputación no la vamos a aceptar, porque este Gobierno y sus autoridades han hecho lo correcto. Y, cuando se exoneró a alguna persona durante los mandatos de la Concertación, nunca vi que un dirigente gremial levantara la voz para defenderlos. ¡Nunca!
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¡Silencio, por favor!
El señor ESPINA.- En segundo lugar,...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Un momento, Su Señoría.
El señor ESPINA.- ¡Que griten no más, señor Presidente! No tengo inconveniente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Solicito a las personas que se hallan en las tribunas que escuchen la intervención del Senador señor Espina.
Les recuerdo que está prohibido hacer manifestaciones.
Puede continuar, señor Senador.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, ahora deseo referirme al reajuste.
Veamos cómo fueron los reajustes reales de remuneraciones -descontada la inflación- entregados por la Izquierda progresista en los últimos años, en comparación con el que propone la Derecha, que gobierna.
En 2003, la Izquierda progresista, 1,5 por ciento; el nuevo Gobierno, 2 por ciento. En 2004, la Izquierda progresista, 1,6 por ciento; la Derecha, 2 por ciento. En 2005, la Izquierda progresista, 0,9 por ciento; el Gobierno actual, 2 por ciento. En 2007, la Concertación, 0,4 por ciento; la Administración de ahora, 2 por ciento. En 2008, la Izquierda progresista, 0,1 por ciento; nuestro Gobierno, 2 por ciento.
Entonces, señor Presidente, no es verdad que esta Administración haya actuado con irresponsabilidad en la materia.
Efectivamente, en 2009 hubo un reajuste mayor.
Y quiero pedirle al señor Ministro de Hacienda que clarifique y diga derechamente por qué no puede entregar un incremento más alto (hay dos argumentos consistentes, y es bueno darlos a conocer en la Sala).
En primer lugar, porque Chile vive hoy una situación dramática con relación al tipo de cambio. Ayer celebramos una sesión especial en la cual se manifestó que el sector exportador chileno atraviesa por un grave problema. Y elevar las remuneraciones más allá de lo permitido por la economía del país podría provocar una mayor caída cambiaria, un nuevo perjuicio para los exportadores y un incremento significativo de la cesantía.
En segundo término, porque aumentaría la inflación.
Nuestro país está creciendo. Pero las economías se recalientan. Y existe el grave riesgo de la inflación, el impuesto que más pagan los pobres. Pues cuando sube el precio del pan en forma pareja, al más rico poco le importa, pero sí al pobre. Y ello también ocurre cuando se incrementa la tarifa de la locomoción colectiva.
Por lo tanto, señor Presidente, el Ejecutivo ha actuado en forma correcta: ha aplicado una política de contrataciones y despidos absolutamente razonable, moderada y prudente. Y, de cometerse algún error -como ocurre en todas las Administraciones-, habrá que analizarlo.
Así se irá construyendo, en un Gobierno como el nuestro, una Administración Pública cada vez más eficiente y al servicio de la gente. Si el Ejecutivo no da un aumento mayor, es porque no hace demagogia.
Este Gobierno -reitero- propone un reajuste real muy superior a los entregados por la Concertación en el pasado, ¡muy superior! Y, si no se incrementan más las remuneraciones, ello obedece a las condiciones de la economía. Esta crece en 7 por ciento; las inversiones, en 25 por ciento, y el país experimenta una reactivación. Pero ¡atención!, cuando se cae en demagogia y en promesas que posteriormente se pagan caro, la que más sufre las consecuencias es la gente modesta.
Ya hemos vivido períodos de vacas gordas, los cuales, por no actuar con responsabilidad, terminaron convirtiéndose en muchos años de vacas flacas.
Por eso, señor Presidente, nosotros valoramos este acuerdo. Entendemos que es razonable y que corresponde a lo que un Gobierno responsable puede hacer por Chile.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, esta discusión la hemos sostenido durante años en el Congreso Nacional, precisamente porque los trabajadores van perdiendo poder adquisitivo por la inflación, debido básicamente a la desigualdad en la distribución del ingreso.
Nuestro modelo económico nos ha llevado a tener la más injusta distribución en el ingreso. Y uno de los pocos mecanismos de que dispone el Parlamento para corregir tal situación tiene que ver con el reajuste. Sin embargo, no lo usamos o lo hacemos mal.
Todos los años nos abocamos al mismo debate, y colocamos en tensión al país, a los trabajadores y al Congreso. Y creo que es hora de encontrar una solución definitiva. Discutamos este asunto una sola vez, quizás por varios días, hasta encontrar una fórmula de reajuste automático de los ingresos, de acuerdo al IPC, al crecimiento de la economía, en función de una distribución más justa.
Eso no lo hemos logrado ni en la discusión del salario mínimo ni en la del reajuste de las remuneraciones.
A propósito del salario mínimo, se habla de un reajuste de 4,2 por ciento, pero no se dice que este porcentaje corresponde a un incremento real de 2,4 por ciento. Y, para ser coherentes, si aplicáramos al ingreso de los trabajadores el mismo criterio usado con el salario mínimo, aquí deberíamos estar aprobando al menos un reajuste de 4,5 por ciento.
Pero el clima en que se ha desenvuelto el debate hace despreciables y marginales las cifras. Porque hablar de 4,2 ó 4,5 por ciento carece de sentido para más de 5 mil familias que no recibirán nada: ni aguinaldo de Fiestas Patrias y de Navidad, ni reajuste, porque quienes las sustentaban fueron despedidos. Se trata de cinco mil familias que van a pasar la Pascua más negra de su vida.
Aquí hay Senadores que se han levantado como los justicieros, diciendo que las Administraciones anteriores despidieron gente, y que nunca vieron que los parlamentarios de la Concertación la defendieran. Bueno. ¡Quiero ver a los parlamentarios de este Gobierno, defender con su Gobierno a los trabajadores exonerados por este Gobierno!
De otro lado, la actuación del Ministro del Interior ha sido como la de quien ingresa a una cristalería con la delicadeza de un elefante. Se supone que un Secretario de Estado viene al Congreso a buscar acuerdos. Pero, en este caso, ha sido exactamente lo contrario. Nunca había visto que la intervención de un Ministro que busca convencer a los Senadores para que aprueben determinada iniciativa legal provocara una reacción tal que hiciera necesario suspender la sesión.
Se trata, precisamente, del Ministro que tiene bajo su mando a las Gobernaciones. Y en la de Cautín, por ejemplo, se despidió a 2 funcionarios que estaban a 3 meses -¡a 3 meses!- de jubilar.
Entonces, este Gobierno no tiene sensibilidad, actúa con crueldad. Y ello no hace posible pensar que se logrará un entendimiento fácil respecto a un proyecto que persigue el "mejoramiento" de las remuneraciones. ¡De qué mejoramiento se habla si aquí hay un maltrato a la dignidad de los funcionarios públicos y de todos los trabajadores!
Por otra parte, señor Presidente, debo mencionar que tenemos una deuda: la sociedad tiene una deuda; el Estado tiene una deuda.
Aquí vamos a aprobar un reajuste, bonos y aguinaldos para el sector activo. ¿Y qué pasa con el pasivo? ¿Qué pasa con los pensionados? ¿Qué pasa con las personas que han trabajado toda su vida para Chile, el Estado, o el sector privado, y que, pese a sus imposiciones, perciben pensiones miserables? Ellos no reciben reajuste, y los beneficios y aguinaldos que se les otorgan no son de similar naturaleza. Mediante el proyecto les damos un bono de invierno, como lo hemos hecho siempre.
Estimo que ello es muy injusto. A mi juicio, el Parlamento también debe preocuparse de legislar para el sector pasivo.
Con respecto a la iniciativa en debate, si antes tenía el ánimo de aprobarla, después de la intervención del Ministro del Interior debo anunciar que no la voy a votar a favor. Porque aquí el Gobierno no respeta los derechos de los trabajadores y carece de sensibilidad. Todavía más: actúa con crueldad.
Por esa razón, me abstengo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, aquí se ha mencionado reiteradamente que este reajuste resulta insuficiente. Es bastante pequeño, si consideramos las proyecciones de la economía chilena, que se ha recuperado con gran rapidez ante una de las crisis más dramáticas que se recuerdan, y que afectó a muchísimas naciones, familias e instituciones.
Además, este país es extraordinariamente injusto y desigual. Y, en momentos en que debemos discutir el reajuste, los bonos y pensar en la situación del sector pasivo, nos duele ver que todo el esfuerzo, reflejado en las innumerables reuniones, la gran cantidad de horas destinadas por muchos Senadores de la Comisión de Hacienda -designados por nosotros- a dialogar con el Ministro, de alguna manera se han tirado por la borda y no conseguimos el ambiente que deseábamos en el sentido de que se atendiera a la necesidad de un mayor reajuste.
El Senador Espina habló de los montos reales del incremento. Pero se saltó el de 2009, porque este año fue de 6,4 por ciento y, evidentemente, prefirió omitir el dato. No digo que fuera así todos los años, pero repito que el recién pasado el aumento efectivo llegó a 6,4 por ciento.
Como estamos en 2010, vamos a discutir lo que ahora se propone.
Más que la frustración por no haber conseguido una cifra mayor -reconozco que, después de tanto tironeo, de tantas horas, de tantas conversaciones y de tantas negociaciones y consultas, al menos conseguimos subir el bono y los aguinaldos-, quiero decir que en lo relativo a los despidos me preocupa el trato y la forma en que se llevaron a cabo, y no solo que afectaran a un número importantísimo de familias. No voy a entrar a analizar si son 5, 6 ó 7 mil -se trata de una cantidad relevante-, sino la manera en que se hizo.
Señor Presidente, aquí no he escuchado jamás que alguien levantara la voz para rectificar algunas declaraciones. Y me gustaría que el Ministro del Interior, como jefe directo de una Intendenta, se refiriera a lo que ella dijo -escuchen bien en tribunas- en cuanto a que sentía "placer" por los despidos. Y ningún Senador de la Alianza ha manifestado: "Esto es inaceptable".
En una sesión anterior di otros ejemplos. Con toda razón, en esa oportunidad señalé que es claro que a esta nueva forma de gobernar no le interesan ni la trayectoria, ni la experiencia, ni la dignidad, ni el respeto a las personas. Y mencioné algunos casos, que contrasté con lo expresado por el Presidente Piñera durante su campaña y con los contenidos de su programa.
"Trabajaremos con los mejores" (más adelante, leeré una carta, para que me digan si es así).
"Defenderemos a la familia": fueron despedidos marido y mujer, con pleno conocimiento de su relación y sin importar absolutamente nada que se trataba de profesionales calificados con grado de distinción. No sé si eso es defender a la familia.
"Integración para los discapacitados": una persona discapacitada, quien llevaba 19 años trabajando como profesional de excelencia (en lista 1, de distinción), fue apartada de sus funciones, pese a ser un ejemplo notable de integración social y laboral en un Chile moderno.
Y suma y sigue.
En la Región de Atacama hay casos de mujeres con fuero maternal. Y en otro, este se respeta -entre comillas-, pero avisándole a la funcionaria afectada que, en cuanto expire el plazo de un año, será despedida.
¿Ustedes se pueden imaginar cómo vive tal situación una mujer que ha dado a luz recientemente?
"Mayor participación para los jóvenes y acceso al empleo": fue desvinculado del SENCE un joven de 23 años. ¿Saben por qué? "Por ser Presidente de la Juventud Socialista", como le confesó el nuevo director de ese organismo, quien le pidió reserva. Pero dicho profesional se negó por considerarlo un acto de persecución política.
No me vengan a decir el señor Ministro, otras autoridades del Gobierno, o alguno de los Senadores del frente que aquí no hubo persecución. Porque sabemos perfectamente que se ha despedido gente por ese motivo. Recuerden, por favor, el primer instructivo enviado por el Gobernador de Copiapó, que en ese momento actuaba como Intendente subrogante de la Región de Atacama, en el cual se solicitaba informar acerca de si los funcionarios militaban o no en gremios.
¿Cómo se llama eso? ¿Qué están haciendo con ello?
Por su intermedio, señor Presidente, les digo: no vengan a rasgar vestiduras con esta nueva forma de gobernar.
Hay incluso gente con cáncer.
Frente a nuestros reclamos, aquí se ha dicho como gran cosa: "Se va a abrir una ventanilla a nivel de Subsecretarios".
De verdad, señor Presidente, por el bien del país, espero que esa promesa sea seria: ojalá se revisen los casos de arbitrariedades, de ilegalidades, de discriminación.
Tenemos poca confianza. Y creo que ello también les sucede, con toda razón, a los trabajadores que nos acompañan en tribunas.
Además de lo anterior, deseo leer una carta -un poco extensa-, que me ha golpeado, dirigida a la Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Por cierto, no podemos afirmar que en el último tiempo ella se ha lucido por la idoneidad de sus declaraciones. No me voy a referir a sus dichos, porque francamente los considero de un grado tal de irracionalidad que prefiero dejarlos ahí.
El texto señala lo siguiente:
"Me dirijo a Usted para presentarme, dado que el jueves recién pasado he sido notificada que trabajaré hasta el 31 de Diciembre, entonces no quiero irme sin que al menos me conozca por este medio. Soy María Cristina Orge González, Trabajadora Social de la Pontificia Universidad Católica, Diplomada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid y Magister en Educación de Adultos por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Ingresé a JUNJI en Julio del 2007, para desarrollar una función que había quedado vacante, para lo cual dejé el Servicio Nacional de la Mujer, donde trabajaba perdiendo dos grados en la EUR, pero compensada por el maravilloso desafío profesional y personal que se me ofrecía, como era el de aportar en el esfuerzo público (...) ´Equidad desde la Cuna´.
"Estoy convencida que los y las funcionarios/as que Ud. mandató para determinar quienes debían continuar y quienes debíamos irnos, no se fijaron en estos detalles sobre los currículum y la experticia de cada una de las personas que fuimos despedidas el jueves pasado, ni tampoco de los que lo fueron los meses y días anteriores, tanto en la DIRNAC como en las Direcciones Regionales. Tampoco creo que les haya dado tiempo a leer la cantidad de documentos que elaboramos para avanzar en la calidad educativa, en los que participamos los y las despedidos/as. Por cierto, documentos que desgraciadamente ya no se encuentran disponibles en la web institucional actual. Tampoco se interesaron por los informes de actividades, sistematizaciones del trabajo regional, orientaciones y lineamientos técnicos elaborados...
"Pero no quiero que piense que con esta carta pretendo pedirle que reconsidere mi despido, porque mi propósito en realidad responde a una necesidad muchísimo más profunda. Le cuento, en Septiembre del año 1973 yo también fui despedida ("exoneración" le llamaron en ese periodo), era mi primer trabajo y también lo había desempeñado con compromiso y responsabilidad. Pero, en esa oportunidad, no pude decir nada, no se podía; es más, cuando pedí una explicación me dijeron que agradeciera que no me mandaban directo al Estadio Nacional.
"Esta vez la situación es distinta, estamos en Democracia, imperfecta, pero Democracia al fin y al cabo. Por cierto, Democracia que restablecieron las propias víctimas de la Dictadura Militar. Entonces, me parece que al menos tengo el derecho de contarle a Ud. y a todos y todas mis compañeros y compañeras de trabajo estos detalles de mi vida, porque el despido es un acto público y, por tanto, merece una expresión también pública. Porque para la gente común y corriente de este país, nuestro principal capital es la experticia profesional y la probidad laboral, por tanto, tenemos el deber de resguardarlo.".
Y la carta prosigue.
Señor Presidente, he querido leer estas líneas porque, en verdad, son golpeadoras. Las escribió una persona con tremenda experiencia, vocación, currículum.
Además, resultan bastante irritantes.
Y no es el único caso de arbitrariedad. Existen muchísimos otros.
Por lo tanto, deseo decirle al señor Ministro que sé que al menos hizo el esfuerzo de escucharnos, así como a la Comisión de Hacienda y a los gremios. Pero espero que se cumpla la palabra dada -no tengo demasiada confianza en ello, pero considero que debemos dar la oportunidad de que así sea- en el sentido de que se revisarán las situaciones arbitrarias -¡totalmente arbitrarias!- y se brindará a la gente la oportunidad de presentar su caso, y ojalá que el error se repare.
Asimismo, espero que en abril efectivamente trabajemos en lo referido al incentivo al retiro. Y, si en realidad tomamos en serio que "queremos escuchar a los trabajadores", "queremos hacer una sociedad distinta", no debemos empezar como lo ha hecho este Gobierno: con este tipo de conductas, con el incumplimiento de la palabra empeñada en campaña, con estas promesas del actual Presidente de la República que quedaron en el vacío, pues decía: "Vamos a defender al trabajador público, vamos a defenderlos a ellos, porque lo merecen y no deben estar sometidos al arbitrio del poder.".
Lo primero que han demostrado al asumir el poder es que lo ejercen arbitrariamente y que no creen en los trabajadores públicos que día a día nos prestan sus servicios y que, una vez más, son maltratados y sin haberse respetado su dignidad ni sus derechos.
Señor Presidente, como una forma de protestar y de no hacerme cómplice de los casos que he señalado, mi voto será en contra, a pesar de que necesitan un reajuste mayor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, en esta fecha, 15 de diciembre, durante los últimos veinte años, el reajuste del sector público ya estaba listo, decidido y promulgado. Los trabajadores del país sabían con qué podían contar a fines de año. Pero, en esta oportunidad, con el nuevo Gobierno, hemos visto que sucede todo lo contrario. Y, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho el equipo económico que lidera el señor Ministro de Hacienda, don Felipe Larraín, para llegar a un acuerdo y de haberse agotado las posibilidades de entendimiento con la Oposición, eso no se ha logrado.
Y dicho Secretario de Estado ha sido tremendamente claro y sincero, no solamente en decir cuáles antecedentes son atendibles, sino también en señalar que eventualmente esas cosas pueden pasar y darse el caso, como dijo el Senador Espina, de un despido o no renovación no justificada que amerite revisarse. Y al respecto ha sido muy explícito y claro.
Pero no hay derecho a que millones de personas estén esperando las fiestas de Navidad y de Año Nuevo sin aguinaldo, ni bono ni reajuste.
Y los que hoy día le están dando la espalda a esos trabajadores y no a nosotros, muchas veces son quienes dicen defenderlos. Lo que hacen hoy día es invocar textos o cartas del actual Presidente de la República, tratándolo de la peor manera, en forma injusta y gratuita.
Como aquí se citó una carta dirigida a los funcionarios públicos, quiero leer algunos párrafos de lo dicho por el Primer Mandatario, que han sido omitidos por Senadores de la Concertación cada vez que invocan sus palabras.
El Presidente también fue muy claro al referirse a programas gubernamentales en el pasado, como el llamado "El Gobierno Informa" respecto del cual dijo que son "miles los funcionarios públicos que, contra su voluntad, deben salir todas las tardes a hacer campañas a favor del candidato oficialista, bajo amenaza de ser sancionados en sus calificaciones anuales con la no renovación de sus contratos.".
¿Y qué más agregó el entonces candidato y actual Presidente de la República? Que "el peor enemigo de los buenos funcionarios públicos es el puñado de operadores políticos que se ha ido enquistando en la administración del Estado y que no están ahí por sus méritos ni vocación, sino porque tienen un cacique o padrino que los protege.".
Por lo tanto, cuando se invoquen las palabras del Primer Mandatario hay que leer el texto completo.
Por otra parte, el Ministro del Interior no ha hecho sino sincerar cifras. Ha dicho algo absolutamente real y veraz: que ha sido renovado el contrato del 96 por ciento de las personas que participan y trabajan en la Administración del Estado.
Entonces, cuando ese Secretario de Estado quiere sincerar las cifras, tiene toda la razón. Porque en discursos de Senadores de la Oposición se señala que son 2 mil los funcionarios despedidos; otros hablan de 5 mil, de 7 mil o de 8 mil.
Por supuesto que es importante que el Jefe de Gabinete sincere las cifras y dé a conocer al Senado cuál es la realidad. Y esta no es sino que algunos Senadores de la Concertación hoy día atacan de manera absolutamente injusta al Gobierno por las desvinculaciones en el sector público.
Quiero insistir categóricamente en que el Gobierno tiene la responsabilidad y el derecho de hacer del nuestro un Estado más eficiente.
Nunca se ha despedido a funcionarios por pensar distinto. Y en eso hay que ser tajantes. Algunas personas fueron desvinculadas por haber cumplido un programa determinado y otras por haber entrado por la ventana, sin respetar la carrera funcionaria. Quiero dar a conocer que varias de ellas no son funcionarios públicos, pues se dedicaron a actividades políticas en algunos servicios del Estado.
Por lo tanto, las cosas hay que decirlas con franqueza. ¿Cuántos Senadores de la Oposición levantaron su voz cuando en la Administración anterior se despidieron a más de 4 mil personas? ¿Cuántos funcionarios fueron despedidos por razones políticas?
Lo dicho aquí es real. Cuando hubo cambio de intendentes, se produjo también salida de alcaldes. Dentro de la propia coalición gobernante se despidió a mucha gente, sin que nadie dijera absolutamente nada.
Entonces, como a algunos les molesta oír la verdad -porque hay verdades que duelen-, hacen críticas absolutamente injustas. Y son injustas hacia el Gobierno, hacia el Presidente de la República, hacia el Ministro del Interior y hacia el equipo económico, todos los que han hecho un esfuerzo enorme en entregar algo que nosotros siempre quisiéramos que fuese más. Y en eso estamos todos de acuerdo. Pero el Ejecutivo hizo y hace un gran esfuerzo por ello.
Por eso, señor Presidente, sería tremendamente positivo -¡tremendamente positivo!- que hoy día tuviésemos los votos necesarios para sacar el reajuste fiscal antes de fin de año. Es lo que los funcionarios de Chile esperan.
Probablemente, no las personas que están en las tribunas, sino los servidores públicos que hoy día están contentos con el nuevo Gobierno, contentos con un Gobierno que sacó los operadores políticos, contentos con un Gobierno que quiere un Estado más eficiente. Porque los verdaderos funcionarios estatales no son quienes le dan la espalda a la gente, sino aquellos que atienden bien en sus servicios; que no actúan con insolencia ni en forma irrespetuosa de la opinión ajena. Son realmente personas que tienen consideración por los ciudadanos que deben acudir a los servicios del Estado.
--(Manifestaciones en tribunas).
La señora PÉREZ (doña Lily).- Y por esa razón, señor Presidente,...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Silencio en las tribunas.
La señora PÉREZ (doña Lily).- ... los Senadores de la coalición de Gobierno, obviamente apoyamos lo que este ha intentado, con el máximo esfuerzo y la máxima capacidad de acuerdo, para que el proyecto salga adelante -así lo esperamos-, porque de lo contrario habrá millones de personas sin reajuste, sin bonos y sin aguinaldo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Reitero mi petición de guardar silencio.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, lamento lo ocurrido en esta sesión, no solo por algunas de las expresiones que he escuchado, sino porque entiendo que lo que debe hacer el Gobierno en el Parlamento es escuchar.
En varias ocasiones en el Senado he manifestado que efectivamente el Congreso Nacional no es un buzón y a él se viene a parlamentar
Debo reconocer que a los Ministros que entienden bien eso les va mejor que a los no lo hacen. Y eso genera ambientes que necesariamente modifican actitudes y cambian la sensación de querer en definitiva colaborar para que las cosas avancen.
Debo ser muy clara, señor Presidente. El reajuste del 4,2 por ciento es absolutamente insuficiente. ¡Absolutamente insuficiente! Por las razones que aquí se han dado, el Gobierno está muy contento de tener altas tasas de crecimiento. Todos estamos contentos. Pero eso se debe entre otras muchas razones, a la política económica responsable de los Gobiernos de la Concertación. También está muy contento por la inflación, por el incremento de la inversión, por el precio alto del cobre, etcétera.
¿Cómo explicamos a los trabajadores, entonces, que solo tendrán 4,2 por ciento de reajuste? Tal porcentaje, señor Presidente, me parece pequeño.
Cabe agregar que, en discusiones sobre el reajuste para los funcionarios públicos en los dos últimos Gobiernos de la Concertación, se introdujo una variable, a mi juicio, bien importante, que ahora no ha estado presente en la negociación. Me refiero específicamente a los incentivos al desempeño para mejorar la productividad del sector público. Eso lo logró la ANEF, con la ley Nº 19.882, durante el Gobierno del Presidente Lagos, y en con la ley Nº 20.212, en el de la Presidenta Bachelet.
Por lo tanto, evidentemente existió la posibilidad adicional de incrementar lo que los trabajadores del sector público deben obtener.
Si estamos bien, ¿por qué no dar un reajuste mayor?
Sobre ese punto sé que ha habido muchas reuniones. Yo me alegro de que el Ministro de Hacienda haya participado en varias conversaciones. Sin embargo, lamento que no haya sido posible subir un ápice ese 4,2 por ciento. Lo lamento, y mucho, señor Presidente.
Recuerdo que, cuando yo fui Ministra -no de Hacienda, naturalmente-, en el diálogo con el Parlamento era posible escuchar y lograr modificaciones.
Otro aspecto del proyecto, señor Presidente, es el relativo a los bonos.
En esta materia reconozco que el Gobierno ha presentado una indicación que mejora lo que había hasta ahora. Pero también -digámoslo con razón- es completamente insuficiente, en especial para el sector pasivo.
En realidad, en vísperas de las fiestas de fin de año, me duele discutir esta materia y entregar este resultado, como respuesta de poderes colegisladores. ¡Me duele profundamente, señor Presidente!
Al igual que varios parlamentarios, señor Presidente, no puedo dejar pasar lo referente a los despidos, asunto que ha cruzado la negociación y las conversaciones habidas durante el debate del proyecto de ley sobre reajuste. Los trabajadores públicos están parados. Han hecho una movilización, precisamente para pedir que aquellos no continúen. Y esperan que se dé una explicación al respecto.
Quiero, sí, aclarar un punto señalado por una Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, quien dijo que había distintas cantidades en cuanto al número de despedidos. Y habló de 2 mil.
Cuando el Senador señor Zaldívar dio esa cifra, se refería a las 2 mil personas echadas de la Administración Pública al día siguiente de haberse presentado el proyecto de ley que nos ocupa. Lamentablemente, los despidos han seguido. No voy a entrar en cifras. Me quedaré con la que entregó el Ministro del Interior de alrededor de 5 mil; o sea, ¡5 mil familias, señor Presidente! No sé cuál es la cantidad exacta. Por eso no la precisaré. Reitero que me quedo con el dato proporcionado por el señor Hinzpeter.
Creo que esas 5 mil familias requieren una explicación.
Por otra parte, no puedo entender lo sucedido con un funcionario público que fue calificado en lista 1 por las actuales autoridades de Gobierno. ¡En lista 1! Si fuera un operador político, como dijo una señora Senadora, ¿por qué lo calificaron en lista 1? Obviamente, no todos son operadores políticos. Y me niego a pensar que esa haya sido la razón de su despido. Si así fuera, ¡sería aún más grave! Si lo calificaron en lista 1, supuestamente fue por su buen desempeño, por su buen trabajo, por la buena realización de las tareas que se le encomendaron.
Señor Presidente, se ha dicho aquí -he escuchado con mucha atención las palabras del Ministro de Hacienda- que se revisarán los incentivos y la situación de los trabajadores a contrata y a honorarios. Me alegro de ello.
Si fuera así, ¿por qué eso no se puso por escrito en un protocolo, como se ha hecho con ocasión de innumerables iniciativas legales que se promueven con posterioridad?
A propósito de muchos proyectos de los Gobiernos de la Concertación, se firmaron ese tipo de documentos. Y me parece muy bien, porque con eso se obliga a las autoridades a cumplir la palabra.
Pido al señor Ministro que, además de sus anuncios, suscriba un protocolo para dar tranquilidad a los funcionarios públicos.
Además, si en Gobiernos anteriores hubiese habido despidos injustificados en la Administración Pública, probablemente los gremios habrían protestado, como lo están haciendo ahora.
Señor Presidente, yo fui Ministra de Estado en tres Gobierno de la Concertación. Digo esto responsablemente, e invito a que vean si despedí a alguna persona a contrata o a honorarios. ¡No fue así!
A lo mejor en las cifras que se entregan se considera, por ejemplo, lo sucedido con un distinguido abogado del Ministerio de Justicia -aún se mantiene en servicio por ser muy bueno-, a quien le solicité que me acompañara a la Cancillería por su capacidad y por su doctorado en Derecho Internacional. Puede que a esta persona se le incluya entre quienes se les terminó el contrato. Pero ello ocurrió porque fue a ocupar en otra Secretaría de Estado una responsabilidad tan fundamental, que se ha mantenido hasta el día de hoy en su trabajo, por ser responsable.
Sostengo lo anterior por experiencia propia. Y emplazo, señor Presidente, a que se pruebe lo contrario. Ante las cifras que se han dado sobre despidos durante los Gobiernos de la Concertación, por haber sido Ministra de Estado en tres de estos, puedo afirmar que ello no fue así.
Más aún, cuando me correspondió asumir la responsabilidad de crear el Servicio Nacional de la Mujer -lo recordará el Honorable señor García, en ese entonces Diputado-, había una herencia de la Secretaría Nacional de la Mujer. Se me pidió que empleara a las mismas personas que venían de dicho organismo, el cual, como todos sabemos, provenía de la dictadura. Pero resulta que, al crearse el SERNAM, el mismo Congreso aprobó la dotación por contratar. Pese a ello, se respetó a esas personas.
Por eso me violenta cuando se hace la acusación de que en los Gobiernos de la Concertación se echó gente. Si se hubiese procedido de manera arbitraria o injusta, las asociaciones respectivas habrían reclamado.
Dejo constancia de ello.
Por último, señor Presidente, resulta importante -muy importante- que el Gobierno entienda -con algunos Ministros he tenido experiencias buenas; con otros, muy malas- que al Congreso se viene a parlamentar; que, de acuerdo a la Constitución y a nuestra democracia, existen poderes colegisladores, y que no hay derecho a descalificar a uno cuando piensa distinto.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, tal como lo conversamos largamente en la Comisión de Hacienda tratando de buscar un consenso, habría sido positivo para el Parlamento, para el Gobierno, lograr acuerdo en esta discusión.
Tal vez el único caso relevante en que lo hemos alcanzado durante este año ha sido respecto del royalty o impuesto específico a la minería. Desgraciadamente, tanto la negociación como las conversaciones surgieron a partir del rechazo de la Sala a la iniciativa, pues el royalty se contemplaba dentro de aquella cuya finalidad era precisar, por parte del Gobierno, el financiamiento para la reconstrucción. Felizmente, se logró un acuerdo que por Dios que ha sido beneficioso, dados los altísimos precios que hoy exhibe el cobre en el mercado internacional -y los va a mantener-, lo cual va a permitir que contemos con recursos muy importantes.
Me voy a referir primero al monto del reajuste.
He escuchado muchas versiones. Yo me quedo con una que leí en la prensa hace pocos días y que pertenece al Instituto Libertad y Desarrollo. En el documento respectivo se señalaba que la estimación para el déficit fiscal del 2010 era, a comienzos de año, de 1 por ciento y que íbamos a pasar a un superávit de 0,7 por ciento. Después se hablaba de que teníamos un déficit estructural de -2,7 por ciento y que a fines de año llegaríamos a -1,4. Luego se preguntaba qué iba a pasar con la propuesta hecha al inicio del Gobierno en el sentido de que en cuatro años arribaríamos a un déficit estructural de -1 por ciento, meta que a estas alturas ya está absolutamente superada.
Igualmente se decía allí que los ingresos fiscales han aumentado en más de 30 por ciento. Y hemos visto las cifras, especialmente de la gran minería, que suman varios miles de millones de dólares.
Otro dato que me faltaba entregar dice que el gasto fiscal en el transcurso del año ha aumentado en 2,6 por ciento, conforme a una estimación efectuada al mes de octubre.
Esos son los resultados y esas son las cifras.
Frente a ello, cuando hablamos de un reajuste de 4,2 por ciento, miramos asimismo el desempeño del sector privado. Hace pocos días, también a través de una publicación, una importante agencia señaló que allí se había registrado un aumento real de remuneraciones de más de 5 por ciento, contabilizando cerca de 1.800.000 trabajadores que pertenecen a la asociación pertinente.
Hemos escuchado durante el último tiempo, tanto en ENADE como en otras instancias, acerca de lo que está pasando en Chile y el crecimiento que hemos tenido. Nos referimos a cifras superiores a 5 por ciento y que para el próximo año se estiman entre 6 y 7 por ciento, cuestión que a todos nos alegra. Pero, desgraciadamente, cuando uno observa el sector público se da cuenta de que no pasa lo mismo.
¿Por qué la visión hacia el trabajo del sector público es diferente?
Por supuesto, si consideramos los bonos -que en algo han aumentado- y otros guarismos, veremos que son similares al 4 y tanto por ciento.
Si esta discusión la hubiéramos llevado con mayor tranquilidad, en los tiempos que necesitamos y atendiendo a las cifras exactas, como corresponde, creo que estaríamos en condiciones de llegar a acuerdos mucho mejores.
Sabemos que el tema del reajuste se ha mezclado con todo el debate relativo a los despidos. En esa materia me voy a referir a la situación de la Región de Los Ríos, a la cual represento en el Senado, pues una parte importante de ella vive de la inversión fiscal, que se ha debilitado muchísimo y sigue haciéndolo debido a la falta de proyectos.
De otra parte, los despidos en el sector Salud son realmente complejos, porque se disminuye el personal, se reducen los servicios, se rebajan los presupuestos y, al mismo tiempo, el Gobierno anuncia bonos especiales para comprar prestaciones en el sector privado.
Lo mismo ocurrió en Los Ríos, donde se tuvo que crear la Gobernación de Ranco. Ahí la mayoría de los servicios que logramos descentralizar cuando se discutió en el Senado la creación de la Región van a ser ahora cerrados, centralizándose todo en la capital regional. Y, lógicamente, todas las personas que laboran en ellos van a ser despedidas.
Hemos escuchado múltiples reflexiones y vamos a seguir escuchándolas. Hacia fin de año viene el tema de los honorarios y tantos otros.
Mirando los proyectos que vamos a tener que discutir en el Parlamento en el próximo tiempo, referidos a salud, educación y diversos otros ámbitos, y teniendo en cuenta lo que fue la campaña presidencial del año pasado y los compromisos que se contrajeron durante su transcurso, parece que nos olvidamos muy rápidamente de ellos. Ya han sido señalados, y no solo tienen que ver con medidas para el sector público, sino también con otras bien importantes relacionadas con el 7 por ciento de cotización de los jubilados, el aumento del posnatal y tantas otras que por diversas razones han ido quedando atrás.
Son muchas las circunstancias, pero vamos a tener tiempo para seguir debatiendo durante los próximos meses las visiones sobre el compromiso del servicio público, el rol del sector privado en la sociedad y las modificaciones y transformaciones que vamos a llevar a cabo en servicios y en áreas tan relevantes como la salud, la educación y otras.
Durante la campaña varias veces se dijo que no daba lo mismo quien gobernara. Desde ese punto de vista, cada uno asume sus responsabilidades y toma sus decisiones. Pero el país, muchas veces atónito, contempla un debate que nos va llevando por un camino que no es el mejor para Chile en un momento tan ventajoso.
Me habría encantado tener durante mi Gobierno un cobre a 4,2 dólares la libra, con buenas expectativas de llegar a 5. En los seis años de mi mandato su precio promedio fue de 0,8 dólares la libra. Sin embargo, en 1999, en medio de una gran crisis, se concedió un reajuste de 4,9 por ciento.
Y así como este podría dar muchos otros ejemplos.
Como ya concluye mi tiempo, quiero finalmente compartir con mis colegas Senadores algo que me preocupa de nuestra sociedad.
A raíz del lamentable suceso acaecido la semana pasada en la cárcel de San Miguel, construida en 1982 -cuestión que nadie ha dicho-, el destacado Director Nacional Social del Hogar de Cristo, don Benito Baranda, hizo una serie de reflexiones sobre el Chile que estamos viviendo hoy. En la carta que envió a un diario, termina diciendo: "Estoy convencido de que seguimos siendo profundamente clasistas, arribistas y mantenemos dos países: uno que vive con recursos económicos y oportunidades (con bastante opulencia), y otro que vive con grandes dificultades económico-sociales y carente de libertad para desarrollar sus ricas capacidades naturales".
Compartiendo las palabras de Benito Baranda, voto que no.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, siempre la discusión de los proyectos de ley de presupuestos y de reajustes sirve para que cada coalición o cada Gobierno se exprese acerca de la manera de desarrollar el país -no solo de hacerlo crecer- y de cuál es la preocupación que se tiene respecto de las áreas más importantes que se resuelve privilegiar.
Sin embargo, el debate de hoy me ha llamado la atención, señor Presidente, porque los Senadores oficialistas, más que valorar lo que se está haciendo y defender sus puntos de vista, se han centrado en destacar lo que nosotros hicimos mal, o los déficits que tuvimos, o las cosas en que nos equivocamos, lo cual nos quitaría autoridad para hablar de lo que hoy está pasando.
Ese es un argumento bastante bueno desde el punto de vista publicitario, pero no es efectivo desde un punto de vista de política seria.
Porque seamos claros: por las cosas que no hicimos bien perdimos el poder. Y ahora, si el Gobierno actúa en igual forma, daña al país y a sí mismo, de modo que en el futuro podemos terminar con un segundo "desalojo", de signo opuesto al que tanto éxito tuvo en la propuesta de alguno de los Senadores presentes.
Desde esa perspectiva, lo único que sacamos con esto es una discusión inútil, que no conduce a nada, que no es constructiva. Pero en fin, ¡qué le vamos a hacer! Lo digo porque no es por ahí por donde debiera encauzarse el debate.
Segundo punto, señor Presidente.
El tema central ha sido el reajuste y los bonos que se van a dar adicionalmente. Desde que estoy en la actividad política, siempre he sostenido que los trabajadores deben tener un reajuste basado en sus ingresos reales y no en bonos, porque estos son ocasionales, y si bien de alguna manera tratan de resolver el problema político del momento, no corresponden a lo que nosotros debemos procurar: que el reajuste y la Ley de Presupuestos sean verdaderamente distributivos en materia de salarios y de sueldos.
Por eso, surgen dudas sobre cómo votar en esta oportunidad.
Mi primera aseveración es que el reajuste propuesto resulta absolutamente insuficiente, como aquí se ha dicho. El reajuste debe ser tratado en la medida en que se miren absolutamente los demás elementos de análisis económico y los niveles de ingreso de las otras personas.
Señor Presidente, ¿por qué no les pide, por favor, a mis colegas de partido y del otro sector que me dejen hablar?
El señor ALLAMAND.- ¡Si no lo escuchan sus propios camaradas, cómo lo vamos a escuchar nosotros, señor Senador...!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ruego a Sus Señorías guardar silencio.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Muchas gracias, señor Presidente.
Cuando el país crece 6 ó 7 por ciento, como aquí se nos ha señalado -lo cual me parece fantástico-; cuando se sabe que las empresas están con 20 ó 25 por ciento de utilidades, según se lee en las noticias económicas; cuando las isapres, las AFP, las mineras ganan 10, 15, 20 por ciento, la pregunta es por qué tenemos que darles a los trabajadores solo un 4 por ciento. No hay ninguna razón para ello. Este no es un problema financiero. Plata tenemos, como han dicho otros. Y no se trata de "calentar" la economía. ¡Qué economía se va a "calentar" con un reajuste de 4 por ciento, y que, con un esfuerzo enorme, se ha subido a 4,2 por ciento!
La verdad es que esto es una cosa demasiado fría y, por eso, señor Presidente, no puedo apoyar ese reajuste.
Tercer punto.
Hemos acordado aprobar lo relativo a los bonos, porque, evidentemente, tenemos una posibilidad real de lograr un aumento de ellos -ahora llegan a 215 mil pesos- y, por supuesto, porque en la intríngulis constitucional que enfrentamos, que eventualmente pudiera llevarnos a que no haya reajuste, ellos pasan a ser un cierto mecanismo de salvataje.
En cuarto lugar, señor Presidente, yo no me siento cómodo con la forma en que se ha llevado adelante esta discusión. Porque hemos logrado una cosa insólita: que el Senado esté colocado en una encrucijada en la cual "si me lo dejan, me mata, y si me lo retiran, me muero". O rechazamos el reajuste y la gente se queda sin aumento de remuneraciones, o lo aprobamos. Pero, de esta forma, en cierto sentido estamos cohonestando un reajuste que, a mi juicio, es absolutamente contrario a la ética mínima en que yo, en mi concepción humanista y cristiana, veo las cosas.
Dicho lo anterior, deseo tocar otro tema que ha cruzado todo el debate -ya se ha repetido hasta el cansancio- y que me parece muy grave, muy lamentable: el de los despidos. Y yo entiendo las palabras del Ministro, la buena intención con que ha querido referirse al asunto.
Al respecto, voy a hacer un par de observaciones.
La primera: en los despidos efectuados por el Gobierno ha habido arbitrariedad política, como ha quedado de manifiesto en los innumerables casos que hemos presentado y, fundamentalmente, en los modos y los dichos de los personeros del Ejecutivo. Yo pertenezco a una Región, junto con el Senador Pérez Varela, en que a ninguno de los dos -creo, por lo que he visto en la prensa- nos hacen felices los dichos de quien nos dirige en ella. La verdad es que eso no es una manera de hacer política, señor Presidente. Nadie puede reírse de la desgracia de alguien, aunque después se retiren las palabras, porque, como se sabe, una vez que han salido de nuestra boca ya no somos dueños de ellas, sino que ellas son dueñas de lo que hemos dicho, bien o mal.
No puede ser que haya personeros del Ejecutivo que en forma reiterativa, en el último tiempo, afirmen que el Gobierno tiene todo el derecho de trabajar con las personas que piensan como él. Eso está bien para los cargos de confianza, pero no para los que deben definirse de acuerdo con el Sistema de Alta Dirección Pública ni tampoco para justificar los despidos que hemos conocido.
Hace unos días presenté, con otros Senadores, un proyecto en que propongo una forma de salir adelante en este tema, sin forzar a nadie. Naturalmente, es inadmisible, pero, si el Gobierno toma en cuenta algunas alternativas posibles, creo que nos puede ayudar.
Dice así:
"Artículo primero: Antes del 31 de marzo del 2011, el Gobierno deberá llamar a concurso a todas las vacantes existentes en el sector público centralizado", etcétera.
"Artículo segundo: A todas las personas con contrato vigente a Contrata o a honorarios que se encuentren desempeñando funciones habituales de la respectiva institución y que no hayan sido calificadas en lista 3 o 4 en el último año, se les prorrogará el contrato respectivo hasta el 31 de marzo del 2012".
"Artículo cuarto: Se agrega un nuevo inciso al artículo 11:
""Cuando el trabajador preste servicios en alguna dependencia de la institución, desempeñe labores consideradas habituales de la institución, (...) su calidad jurídica de Honorarios se transformará por el solo ministerio de la ley en trabajador a contrata".".
Y lo último es que a aquellas personas expulsadas de la Administración Pública se les debe retribuir con la correspondiente indemnización.
En definitiva, todos sabemos que la iniciativa es inadmisible, pero le pido al señor Ministro que considere estos elementos.
Por último, señor Presidente, deseo señalar, sobre este mismo tema, que desde hace tiempo he estado coincidiendo con muchos representantes de los trabajadores -y se halla planteado en ese mismo proyecto y en otro ajeno que también se presentó- en que los contratos deben ser de marzo a marzo. Hacer que ellos terminen en diciembre -y esto no es responsabilidad del actual Gobierno; siempre ha sido así en Chile-, hacer que la gente se vaya...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Le concedo un minuto más.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Gracias.
Hacer que la gente se vaya en ese mes es, francamente, una cosa que no condice con el bullicio y la solemnidad que se dan de manera simultánea en los días de Pascua y Año Nuevo.
Por eso, señor Presidente, en conciencia, creo que aquí el Gobierno ha perdido una oportunidad para haber actuado de otra forma en materia de despidos: como corresponde a un Gobierno republicano.
Y no digan, por favor, señores Senadores de Gobierno, que aquí no ha habido arbitrariedad. En las tribunas están los representantes de la Seremía de Educación de la Quinta Región. ¡Sacaron a 27 personas! Y, lo que es peor, una asesora política de la Seremi le pidió a una persona de esa secretaría regional ministerial, que naturalmente es de la Concertación, que le diera la lista de los funcionarios de este conglomerado político que había que echar.
¡Eso no se hace! ¡Eso no tiene nombre, señor Presidente!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar a los funcionarios públicos que hoy día nos acompañan, y hacer extensivo este saludo a todos los funcionarios públicos y municipales del país, y, en particular, a los de mi Región de Magallanes.
Las veces que yo he conversado con los dirigentes de los funcionarios públicos de mi Región me han expresado que su preocupación va más allá del guarismo que hoy está en discusión: 3,7; 4,2, o sobre un 5 por ciento.
Indudablemente, dentro de sus expectativas aspiraban a que la cifra presentada por el Gobierno hubiera sido superior. Pero, como lo dije denantes, lo que más les preocupa es el trato indigno, vejatorio de que han sido objeto por las actuales autoridades.
Al respecto, deseo señalar acá algunos hechos ocurridos con los más de 50 funcionarios públicos despedidos en la Región de Magallanes.
La desvinculación no se ha debido a que ellos carecen del perfil técnico o profesional requerido para el desempeño de sus cargos. El problema es que no tienen la orientación política que necesita este Gobierno.
¡Qué justificación hay para despedir a un chofer con 15 años en la Administración Pública! Aquí es donde se muestra la insensibilidad. Porque a este chofer -por respeto a él no voy a dar su nombre- hacía un mes que se le había muerto su señora producto de un cáncer.
¡De ese tipo de despidos estamos hablando!
Hablamos del despido de una funcionaria que se hallaba con licencia por un accidente laboral que sufrió en el ejercicio de su actividad pública. Pero se la despide. Seguramente ella recurrirá a la OIT, a los tribunales o a donde se la pueda escuchar.
¡Qué explicación existe para que una funcionaria del SERNAM, con posnatal, sea despedida! No obstante, debo señalar que con ella sí se tuvo una consideración: se esperará hasta abril, fecha en que concluye su fuero maternal. Pero ya se le notificó que no va a continuar trabajando.
¡Qué justificación hay para que se despida a una abogada de la Dirección Regional del Trabajo de Punta Arenas, que fue directora regional por varios años; que ha sido abogada del Colegio de Profesores! Y puedo decir su nombre: la señora Carmen Gallardo Huichapae.
Ella no va a recurrir, como se ha señalado acá, al Subsecretario para que se revise su situación. Porque fue despedida, exonerada o desvinculada por no querer hacerse partícipe de las chambonadas, de las chapucerías, de los ineficientes funcionarios que la obligaban a avalar cuestiones que se encuentran al margen de la legislación laboral.
Esos son los despidos hechos por falta de perfil.
Y hay una coincidencia aquí: todos estos funcionarios despedidos son militantes del Partido Socialista. Hemos sido objeto de una razia similar a la del 11 de septiembre del año 73.
Esta es la nueva Derecha, la misma Derecha de 1973: ¡la Derecha que nos exilió, la Derecha que nos torturó, la Derecha que nos expulsó de todas las reparticiones y trabajos públicos!
Es por eso que, con amargura, tenemos que señalar este tipo de situaciones. Y si uno recogiera algunas de las declaraciones formuladas durante la campaña del Presidente Sebastián Piñera, aspirante a la Presidencia de la República en esa oportunidad, indudablemente que tales hechos no deberían sorprendernos.
En noviembre del año 2009 el Senador Andrés Allamand decía lo siguiente: "A partir de marzo, tendrán que buscar trabajo".
El señor ALLAMAND.- ¡Los operadores políticos!
El señor MUÑOZ ABURTO.- Y así se refería a los funcionarios públicos.
Con motivo de esta afirmación nace la carta que el actual Presidente Piñera envió a todos los funcionarios públicos.
Han pasado once meses desde que asumió, y las promesas de campaña no se cumplieron.
Lo único que queda, y que aguardan los funcionarios públicos y municipales, que también están siendo despedidos, es que se revisen estas exoneraciones. Ojalá -como lo señaló el Ministro de Hacienda don Felipe Larraín- se puedan rever muchos de estos despidos, con el procedimiento que -imagino- se establecerá oportunamente.
Señor Presidente, creo que hoy en la tarde, tal como lo manifestaron los Senadores que me antecedieron, se ha perdido la tremenda oportunidad de haber llegado a un acuerdo entre el Oficialismo y la Oposición. Y ello no fue posible, no por un capricho, por una tozudez de quienes hoy nos hallamos en la Oposición, sino debido a aquellos que no han querido respaldar o acceder a las reivindicaciones y peticiones formuladas por los funcionarios públicos y municipales.
Espero que lo que ha ocurrido hoy día sirva de experiencia para que futuras divergencias o conflictos tengan una solución a través del diálogo.
Por último, quiero recordar lo siguiente: los funcionarios públicos son funcionarios de todos los chilenos, ¡y no de los Gobiernos de turno!
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, la discusión de este proyecto de ley ha estado cruzada por varios hechos que han tensado el ambiente y transformado el debate sobre el reajuste en un diálogo de sordos.
El primer punto es el bajo porcentaje ofrecido por el Ejecutivo en el proyecto de ley enviado originalmente y la falta de capacidad de diálogo que ha tenido el Gobierno de la Derecha, o "la nueva Derecha", como se le llama, en la primera discusión del reajuste de su mandato.
Otro punto lo han marcado las declaraciones de los Ministros Larraín y Larroulet en orden a querer responsabilizar a la Oposición por el costo que tuvo el rechazo de la referida iniciativa en la Cámara de Diputados, como consecuencia de la inflexibilidad e indolencia del Gobierno, que desgraciadamente aún no entiende que ha sido elegido para gobernar y no para administrar una empresa llamada "Estado".
Hoy se ve agravada tal situación con las palabras del Ministro Hinzpeter manifestadas en la Sala. La verdad es que, después de revisar el diario "La Segunda", se equivocan quienes promueven a dicho personero de Gobierno para que asuma un rol de conductor político. No va a llegar muy lejos si continúa con esa actitud.
El último asunto que ha cruzado este debate se refiere a la gran cantidad de despidos en la Administración Pública, los que a la fecha suman más de 7 mil, pero menos de 8 mil.
Al respecto, puedo señalar -por su intermedio, señor Presidente- que mi colega Lily Pérez entendió perfectamente a qué aludía el Senador Zaldívar al mencionar a los 2 mil funcionarios despedidos durante la tramitación de este proyecto.
Detrás de las frías cifras, como siempre, se encuentran personas, muchas de las cuales llevaban más de 15, 20 ó 25 años en la Administración del Estado. Habían hecho carrera, pero hoy son despedidas sin justificación, sin un proceso de calificación que acredite su supuesta ineficiencia, y sin una indemnización por años de servicio, como en el caso de los trabajadores regidos por el Código respectivo, que retribuya de alguna manera los años de trabajo y esfuerzo entregados al servicio público.
Todos los problemas derivados del rechazo del reajuste por la Cámara de Diputados se habrían evitado si el Gobierno hubiera buscado puntos de acuerdo con la ANEF y la Oposición, escuchando a todos los actores involucrados y poniendo de su parte para lograr el objetivo.
Esa disposición no la hemos visto en el Congreso, mucho menos en la negociación del reajuste. La actual Administración, con soberbia, no ha dejado espacio para transacciones de ningún tipo, y ni siquiera en las actuales condiciones hemos apreciado disposición a dialogar y buscar puntos de entendimiento.
Es más, permítanme citar un ejemplo. Un Senador -colega y amigo- del otro conglomerado político señaló que se ha fijado ese porcentaje de reajuste porque hay que cuidar la economía y las arcas fiscales.
Pues bien, en la Dirección General de Aguas, organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas, acaban de despedir a la periodista que llevaba 8 años en sus funciones y que percibía una renta de 1 millón 200 mil pesos mensuales, es decir, 14 millones 400 mil pesos al año, para contratar -¡como una forma de cuidar los recursos del Fisco...!- a una empresa externa de asesorías, a la que se pagará 50 millones de pesos anuales. Sin embargo, el director le pidió a esa trabajadora quedarse unos días para enseñar a la nueva periodista, y, a modo de disculpa por el despido -aquí viene la guinda de la torta-, le dice: "Perdón, pero son órdenes de arriba".
Otro punto en el cual se ha notado la falta de manejo de este Gobierno se refiere a la fecha de ingreso al Parlamento de este proyecto de ley.
Si se observa lo ocurrido antes respecto de similares iniciativas, podemos ver que en los últimos 10 años siempre fueron presentadas a principios o a mediados de noviembre, buscando el tiempo necesario para generar los espacios de negociación a fin de que, a más tardar, la primera semana de diciembre estuvieran en condiciones de ser promulgadas.
El proyecto de reajuste del año pasado ingresó con fecha 10 de noviembre, previendo la difícil negociación que se iba a producir en el Parlamento por la crisis económica y por tratarse de un año electoral.
La ley Nº 20.403, que estableció el reajuste para el presente período, fue publicada el 30 de noviembre de 2009. No obstante, el actual Gobierno recién ingresó la iniciativa en estudio el 30 de noviembre del presente año.
Ante el argumento de que muchos de los trabajadores de la Administración Pública han sido desvinculados por su ineficiencia y mala evaluación, me parece pertinente preguntarnos cuántos despidos se han materializado por la evidente negligencia en el envío del proyecto en estudio. ¿Quiénes son los responsables políticos y técnicos de que al 15 de diciembre nos encontremos en esta situación, sin acuerdo y con un Gobierno que no busca ningún espacio para generar diálogo?
Hemos dicho como Oposición que el Presidente Piñera ha engañado a los funcionarios públicos, lo cual le consta a todo el país. Durante la campaña presidencial, el entonces candidato Sebastián Piñera lanzó la "Carta Abierta a los Funcionarios Públicos" -no leeré de nuevo su texto íntegro, porque ya lo hicieron varios de mis colegas de la Concertación que me antecedieron en el uso de la palabra-, donde, en una de sus partes, prometía: "terminaremos de una vez por todas con el cuoteo y la repartija de cargos de exclusiva confianza y seremos implacables con los operadores políticos que no cuentan con la preparación para cumplir sus labores".
Por los medios de prensa, señor Presidente, nos hemos enterado de los públicos reclamos del Presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, en contra de la Intendenta del Biobío por, literalmente, borrar a RN de los cargos de jefatura de la Región; o de la salida del Seremi de Salud en la Región que represento, la del Maule, un notable funcionario, al parecer por problemas con la UDI y diferencias de criterio con el Ministro de la Cartera en lo relativo a la creación de un nuevo servicio de salud para el Maule Sur, un deseo de miles de habitantes de las provincias de Linares y Cauquenes. Y también de las acusaciones de Diputados de la UDI de esta Región, la de Valparaíso, al Intendente Celis por repartir todos los cargos a personas afines a RN, con el acuerdo de los Senadores de la zona.
Para terminar, puedo señalar que llegamos a esta sesión con la mejor de las intenciones, con el ánimo de buscar acuerdos que nos permitan avanzar en una discusión tan importante para 600 mil chilenos y chilenas y sus familias.
Cada año, cuando se discute este proyecto de reajuste de remuneraciones a trabajadores del sector público, las materias son las mismas -lo sé, porque al igual que todos los chilenos, seguía los debates del Parlamento-: necesidad de un sistema de reajuste automático; ampliación de la negociación colectiva del sector público; necesidad de dar estabilidad a sus funcionarios. Salvo excepciones, en la Administración Pública chilena no impera el trabajo decente.
Esa es la verdad: ¡no impera el trabajo decente! Y todos los que han estado en este Congreso son responsables de aquello. No traspasemos responsabilidades por lo que ocurrió hace 17 años, 20 años o 10 meses, porque todos los años se repite la misma discusión.
Lo que se halla establecido como norma permanente en el Estatuto Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, es que el 80 por ciento de los trabajadores debe ser de planta y solo el 20 por ciento a contrata, no se cumple en absoluto.
Es raro que un servicio respete dicha disposición. En general, la realidad es más bien a la inversa. Y cada año debemos autorizar a través de la Ley de Presupuestos que se pueda exceder tal restricción, provocando el incumplimiento de la referida norma. En el presente período, hemos vuelto a hacer lo mismo. No ha sido la excepción. Y han brotado un sinnúmero de iniciativas legales para que ello no se repita más, una de ellas presentada por el Senador Ruiz-Esquide.
Yo llamo a este Parlamento y al Gobierno del Presidente Piñera a que, de una vez por todas, legislemos sobre la materia, a fin de no encontrarnos el próximo año discutiendo lo mismo.
Lo que impera en el sector público es el trabajo precario: a contrata o a honorarios, muy lejos de los estándares establecidos internacionalmente respecto del trabajo decente. Pero no nos traspasemos las culpas. Todos los que han estado en este Parlamento son responsables de aquello.
Señor Presidente, la ciudadanía ha decidido que por los próximos 4 años -en realidad, un poco más de 3- gobierne una coalición de partidos de Derecha -de la nueva Derecha-, que prometieron una nueva forma de gobernar: con un gobierno en terreno y preocupado de los problemas de la gente. Hasta hoy, lo único que hemos visto durante estos casi 10 meses de Gobierno es soberbia y arrogancia, poca claridad en los objetivos y mucha improvisación. De promesas ni hablar: con el agro, los trabajadores públicos, el 7 por ciento de los jubilados, el posnatal, el multirrut.
Me parece bueno señalar a las autoridades de Gobierno que operar de la misma manera como administraron empresas hasta hace 10 meses le puede hacer muy mal al país, la gente los ha elegido para que gobiernen pensando en las personas, buscando puntos de acuerdo y no especulando, como actuaban hasta hace muy poco.
Por ello, como sé que la materia que nos ocupa es importante para los trabajadores del sector público, no concurriré con mi voto y me abstendré.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, formularé una observación muy corta, porque he sido aludido en forma trunca por el Senador señor Muñoz Aburto.
Su Señoría citó una frase que yo habría pronunciado, y lo hizo de manera absolutamente parcial -lamento que no se halle presente-, por lo que uno puede atribuirle o mala intención o desinformación.
El señor Senador me imputó que en alguna oportunidad, durante la campaña, señalé que algunos iban a tener que buscar pega a contar de marzo. Pero omitió señalar que el resto de la frase decía que "los operadores políticos" iban a tener que buscar pega después de ese mes.
No me parece correcto que entre nosotros se tergiverse de esa forma una expresión. No corresponde a la mínima lealtad que debe existir en este Hemiciclo.
Dicho eso, señor Presidente, quiero hacer una pequeña reflexión relacionada con su propia intervención, no desde la testera, sino cuando ocupaba su asiento como Senador.
Usted, señor Presidente, despachó muy rápido los veinte años durante los cuales el abuso contra los trabajadores del sector público fue responsabilidad exclusiva de la Concertación. Porque dijo, señor Presidente -se lo expreso a través de usted mismo y a su respecto-, que en eso habían estado mal, se habían equivocado.
Es cierto: a lo largo de veinte años, ustedes mismos incrementaron hasta el extremo las contratas y los honorarios.
Pero más aún: durante la campaña, ustedes mismos formularon bastantes autocríticas en términos de cómo habían llenado de operadores políticos el aparato público.
En muchas oportunidades en que conversábamos con personas del sector público, ¿qué nos hacían ver? Que en varias ocasiones sus propias carreras quedaban postergadas por un ejército de operadores políticos enquistados en la Administración Pública, quienes no hacían la pega, les bloqueaban sus trabajos y, en numerosos casos, obtenían remuneraciones bastante mayores que las de servidores públicos de larga data.
Pero usted, señor Presidente -se lo digo a través de usted mismo-, simplemente, en un abrir y cerrar de ojos, despacha esa responsabilidad. Cree que reconociendo un error de esa envergadura lisa y llanamente puede, como si viniera cayendo de la estratósfera, plantear todo tipo de soluciones hacia el futuro, en circunstancias de que la única propuesta seria hecha hasta ahora -fuera de algunas iniciativas que jamás se presentaron en el pasado- es precisamente la del Gobierno en términos de que en un plazo breve empezaremos a solucionar de verdad este problema.
Lo cierto es que, más allá de las pasiones que se desatan y de las trifulcas que a veces se producen, si queremos solucionar esta cuestión, hay que partir por un mínimo de seriedad, por un mínimo de responsabilidad. Porque la democracia es un sistema que funciona sobre la base de la responsabilidad. Y la responsabilidad consiste en hacerse cargo de los errores y, por supuesto, en recibir los beneficios o los aplausos por los éxitos.
Dicho lo anterior, señor Presidente, me deja muy intrigado, porque Su Señoría fue Ministro de Justicia, esta idea de iniciar una demanda ante los tribunales internacionales o nacionales -entendí-, que dijo que iba a patrocinar.
Por supuesto, no quiero requerirle una respuesta en esta sesión. Pero he estado pensando, señor Presidente -se lo expreso a través de usted mismo y a su respecto-, en cómo lo va a hacer.
Tengo la impresión de que habrá de demandarse a sí mismo. O sea, deberá patrocinar la demanda y citarse a usted mismo, como ex Ministro de Justicia y como ex Subsecretario, para responder frente a su propia demanda. E imagino que a esta habrán de responder, por ejemplo, el Senador Frei, el ex Presidente Lagos, la ex Presidenta Bachelet (y veo aquí, en la Sala, a varios Ministros de la Concertación).
Entonces, señor Presidente -se lo digo a través de usted mismo y a su respecto-, sería una gran novedad jurídica: el único caso en que una persona reconoce su culpabilidad; acto seguido, dice que va a demandar, pero, notablemente, se demanda a sí misma.
Señor Presidente, estimo que argumentos con esta falta de consistencia no contribuyen a la solución de un problema que, ciertamente, es serio y que por primera vez se está abordando como corresponde.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Senador señor Allamand, por su intermedio, para usted mismo, me obliga a contestar a su interpelación. Pero voy a bajar para hacerlo.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, durante los cuatro años que ejercí como Diputado trabajé con muchas de las personas que hoy se hallan en las tribunas.
Acompañé a los funcionarios municipales en su afán por trabar las modificaciones al artículo 121 (antes 110).
Logramos con los asistentes de la educación generar discusión sobre su estatuto.
Laboramos con muchos dirigentes del sector sanitario para procurar la dignificación de su trabajo.
Estuvimos luchando con los profesores a propósito de la deuda histórica.
Asimismo, en la Cámara Baja presenté innumerables proyectos de acuerdo para que el incentivo al retiro acordado entre el Gobierno y la ANEF se extendiera al resto de la Administración Pública.
Señor Presidente, efectivamente, hemos construido dos Chile, dos realidades completamente distintas: por una parte, un país cuyas cifras macroeconómicas le han permitido ingresar a la OCDE, al grupo de los países desarrollados, y por otra, un país que es una verdadera vergüenza moral.
He hablado también de los aspectos redistributivos que hemos de abordar como Gobierno. Debemos tener pantalones largos para enfrentar, por ejemplo, una reforma tributaria. Y estamos trabajando en una propuesta que le formularemos al Ejecutivo.
Pero también, señor Presidente, hay que hacerse cargo de la historia. Porque no es admisible que hoy la Oposición, rasgando vestiduras, asuma la defensa de los derechos de los trabajadores del sector público.
¡El Estado de Chile es el peor empleador que tenemos!
Con algunos de quienes se hallan en las tribunas recurrimos a la Contraloría General de la República, que está haciendo una investigación sector por sector. ¿Por qué? ¡Porque el Estado no cumple con el 80-20! ¡Porque el Estado vulnera los derechos de los trabajadores del sector fiscal! ¡Porque el Estado no ha dignificado nunca la función pública!
¿Y cuál es la manera de enfrentar el problema? ¡De raíz!
Por eso hemos planteado la necesidad ineludible de terminar con el abultamiento de las contratas y de los honorarios y pasar los funcionarios a las plantas, para que se resguarden sus derechos laborales.
¿Cuántos trabajadores a contrata o a honorarios han estado por años en la función pública sin disfrutar de los derechos laborales mínimos?
Por tanto, espero que el Gobierno del Presidente Piñera, mi Gobierno, cumpla la palabra empeñada y resuelva el problema de las contratas y los honorarios. Y si no lo hace, voy a usar esta misma tribuna para decirlo con todas sus letras.
Señor Presidente, la Concertación también debe hacer una autoevaluación, un autoanálisis, para determinar si ha sido consecuente en estas luchas y si hoy no está siendo presa del oportunismo.
Por eso, le pido responsabilidad y aportar la dosis necesaria al diálogo, para que finalmente logremos que los trabajadores tengan reajuste.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la sesión ha estado cargada de tensiones porque lo que se está discutiendo es importante. Entonces, uno entiende el ambiente. Pero, después de un momento álgido, ha decaído y es factible poner algún grado de contenido.
Hace escasos minutos me llegó -también la recibió el Senador Lagos- una carta que me permitiré leer:
"A pocos minutos de la votación en segundo trámite constitucional del proyecto de ley de reajuste del sector público, NOS PERMITIMOS SOLICITARLE formalizar la reincorporación de 100 profesionales, técnicos y administrativos despedidos del futuro Ministerio de Desarrollo Social -Mideplan-; TODOS CALIFICADOS EN LISTA 1 DE DISTINCIÓN por la actual administración; y cuyo argumento fue el "déficit presupuestario".
"Cabe destacar que tal número de funcionarios ha sido ampliamente superado en nuevas contrataciones sin concurso de ningún tipo. Para mayor antecedente, documentamos esta tajante aseveración. Los recursos que ello implica supera los 600 millones de pesos, sin considerar las contrataciones realizadas en noviembre y diciembre.
"Ustedes no saben cuánto ha afectado a la gente de nuestro Ministerio -y de seguro a todos- este acto jamás esperado, y lo que ha generado es una desaprobación a esta gestión a la que probablemente más del 50%" (de estos funcionarios) "apoyó en sus inicios." (al Gobierno).
"Los dramas familiares ya se están viviendo, incluyendo funcionaria con un cáncer diagnosticado de urgencia en el Hospital J.J. Aguirre, operada hoy, despedida en septiembre, sin cobertura de salud, sin trabajo. Es insostenible, POR FAVOR, REIVINDIQUEN SU ROL DE REPRESENTANTES DE LA DEMOCRACIA.
"DELIA ARNERIC ALVAREZ
"Presidenta Nacional Asociación de Funcionarios Ministerio de Planificación".
Señor Presidente, ¿qué estamos debatiendo?
Un reajuste de remuneraciones para el sector público. Pero también estamos hablando de valores.
Me lo dijo un trabajador que no está desvinculado, pero sí muy asustado. Se encuentra frustrado. Y es creyente. Me refirió sobre sus nuevos jefes: "Mucha foto del Papa, mucha Virgen María, poco del Padre Hurtado".
¡Hay que dar hasta que duela!
¿Dónde están los valores? Porque, al final del día, no discutimos solo números, sino también valores.
La iconografía en el nuevo Gobierno, que es observable -la respeto mucho-, debe llevar a guardar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
El Senador Espina habló de 51 mil despedidos por la Concertación.
¿Dónde se encontraba la Derecha para protegerlos? ¿Cuándo hubo una sesión como esta donde la Derecha haya defendido a esos trabajadores exonerados? ¿Existían o no? Si existían, ¡los abandonaron!
Ayer no los defendieron; hoy día, tampoco. Claramente, no defendieron a los despedidos de ayer ni defienden a los de ahora.
¡La situación es brutal!
Y eso sucede adentro y afuera de la política. Porque en el interior se instaló la UDI. Si no, que lo diga la gente de Renovación Nacional de la Región del Biobío, a la cual no la dejaron en ni una: ¡le arrebataron todo!
¡Catorce millones de pesos en horas extras! Eso tenía Cecilia Jaque en la Municipalidad de Concepción. Se anotó el 27 de febrero a las 8:20 de la mañana. El puente se encontraba cortado. Y vivía en San Pedro. No sé cómo llegó a la Municipalidad. Pero lo hizo.
¡Catorce millones de pesos en horas extras! Y el escándalo lo denunció Alejandra Smith, concejala -¡valiente concejala!- de la Municipalidad de Concepción y funcionaria del Servicio de Salud local. ¿Y qué le dijo el Seremi de Salud?: "Si te quieres quedar como funcionaria, eso depende de tu silencio". Por cierto, la echaron. Fue despedida por ese Seremi por no haber querido guardar silencio.
¡Ya van 19 millones en 12 funcionarios del gobierno regional!
Espero que puedan dar explicaciones.
Porque también sostuvieron que iban a terminar con la corrupción y con los operadores. Y es una tarea que tendrán que comenzar.
¿Ha sido torpe el Gobierno? Pienso que no, porque está echando a los leales con la Concertación. Esos, ¡afuera! A quienes se quedan los intimidan: o se someten o se van.
El proyecto llegó al Parlamento el 30 de noviembre. Poco tiempo: en vísperas de Navidad son difíciles las movilizaciones.
Esto tiene detalles, señor Presidente, tiene diseño. Y, además, llega al Senado con la misma propuesta hecha en la Cámara de Diputados.
Yo le pregunté al Ministro: "¿Qué nos va a llevar al Senado?" Y le señalé que no podía traernos la misma proposición formulada en la Cámara Baja. Reajuste de 4,2 por ciento. Bonito de 150 mil a 215 mil pesos (el año pasado el bono fue de 250 mil). Digámoslo de manera muy franca: si un funcionario gana 300 lucas, 3 de ellas son de reajuste; o sea, 3 kilos de pan, un pan por día. ¡Eso es!
Pero nos pone a prueba, como mayoría en el Senado, a la Concertación y a la Oposición. Si se aprueba, se comparte el costo: "Aquí apoyó el Gobierno, pero también lo hicieron algunos de la Concertación". Por lo tanto, compartimos el precio de ser rechazados por los funcionarios públicos. Y si se desecha, el costo de que no haya reajuste no lo paga el Gobierno, porque estaba por su aprobación, sino que, completo, se "lo mama" solita la Concertación.
¡Se trata de la situación más cómoda en lo político!
Este es el primer reajuste presentado por el Gobierno de Derecha, señor Presidente. Y es claro que, cueste lo que cueste, lo quiere aprobar.
Por cierto, el 2011 no habrá elecciones: se olvida. El 2012, con elecciones municipales, despedir es fregado.
Señor Presidente, este Gobierno venía precedido de la idea de que iba a ser empresarial. En consecuencia, generaba temor. Pero también venía antecedido de un compromiso presidencial.
Soy hijo de funcionario público. Y eso dice relación con el honor.
¿Cómo se comportaría la Derecha cuando concentrara el poder: el Ejecutivo, el empresarial; en algunos casos, el medial? Había inquietud.
La respuesta es que en el Estado la Derecha se comporta igual que en el mercado. No hay diferencia. Pareciera estar negociando con Lider, con Walmart. Se destruyen los sindicatos. Se atemoriza con los despidos; se aprovecha el endeudamiento de los empleados públicos para generar temor, igual que en las grandes empresas. No veo diferencia.
Señor Presidente, al Estado se llega a cumplir una función pública, no gerencial. Se trata de un asunto que deben discutir. La Derecha está conociendo el Estado, como algunos de la Concertación están conociendo el mercado de nuevo. Y pienso que este aprendizaje está siendo brutal.
Señor Presidente, quiero creer que en este caso hubo impericia, falta de experiencia, poco tino. Porque existió mediación. En el Senado conversaron por primera vez los funcionarios públicos de la ANEF con el Ministro de Hacienda. No lo habían hecho. Se juntaron en esta Cámara. Así lo narraba el Senador Escalona.
Considero que sí hubo planificación.
Y siento que la única manera de hallar una salida para posibilitar un acuerdo político en torno a un mayor reajuste y ver qué hacemos para no abandonar a los despedidos es la intervención del Presidente de la República. Lo ha hecho antes. Ha tomado el teléfono y ha resuelto los problemas. Y ha escuchado al pueblo. Le dijeron que había que terminar con un proyecto que dañaba el medioambiente, y lo concluyó.
Señor Ministro, ¿por qué no se coloca dentro de la normativa el compromiso de revisar los despidos? Porque no se quiere ni protocolo ni que se establezca como artículo de la ley en proyecto.
El Primer Mandatario se comprometió a respetar a los funcionarios públicos. Muchos le creyeron, y votaron por él.
Lo señalo con mucho orgullo: mi padre fue obrero barnizador; mi abuelo, zapatero remendón. No me olvido de mi origen. ¡Jamás! Tuve que estudiar y trabajar. Conozco la necesidad de los trabajadores. No me olvido con el tiempo, a pesar de que las condiciones mejoren, de donde vengo. Pero sí recuerdo, cuando cito a mi padre o a mi abuelo, lo que me decían. Y al recordar a mi padre lo hago con honor.
Porque respeto a los trabajadores y su condición, y porque cuando uno cita a su padre o a su abuelo debe mantener el honor y respetar la palabra, que es sagrada, voto "no" a este reajuste, porque lo considero ajustado e insuficiente y porque con él no se garantiza el reintegro de los trabajadores exonerados.
En este último aspecto, creo que ha habido uso desmedido de una facultad que el Estado tiene pero que se ha ejercido discrecional, arbitraria y abusivamente.
¡Patagonia sin represas!
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Silencio, por favor.
Les pido a quienes se encuentran en las tribunas que no se desordenen.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, esta sesión también es una oportunidad para revisar la situación de los sectores público y municipal, que en las últimas décadas han sufrido un fuerte deterioro. Y señalaré algunas de sus causas.
Pero primero deseo valorar la disposición de las autoridades de Gobierno para revisar los casos en que ha habido desvinculaciones verdaderamente injustas.
El fin de semana pasado nos reunimos con trabajadores de Vialidad y algunos funcionarios administrativos del Ministerio de Obras Públicas. Estaban muy complicados porque a algunos de ellos -cuatro- les habían renovado los contratos por seis meses. Otros me recordaban que en el Gobierno de Ricardo Lagos se les renovaban por tres.
Esto me trae a la memoria que durante la referida Administración se presentó un proyecto para crear los Cargos Críticos, insertos en un esquema según el cual los empleados de la Administración Pública iban a ser evaluados según lo dispusieran sus jefes directos, sin posibilidad de apelación. Fuimos al Tribunal Constitucional, y se pusieron las cosas en su lugar.
En el ámbito municipal -ya lo señaló el Senador señor Chahuán-, hemos parado sistemáticamente la ley referida al artículo 121 (ex 110) de la Constitución, para evitar el abuso hacia los funcionarios municipales.
Sin embargo, la Administración Pública -y también en algunos casos la municipal- ha sido violentada de manera sistemática en los últimos años.
Tengo aquí un resumen sobre el particular.
Por ejemplo, en el caso de la ONEMI, la ayuda para paliar los efectos del aluvión de Antofagasta y de la erupción en 1991 del volcán Hudson, avaluada en cerca de 700 millones de pesos, fue desviada a los directivos del organismo.
En 1992 se cometieron irregularidades en la DIGEDER por varios millones de pesos. Parte de la Cámara de Diputados y la propia Democracia Cristiana reclamaron denunciando que la mayor parte de los dineros no se habían perdido por mala gestión, sino que habían sido desviados a campañas políticas del Partido.
Tenemos los casos de Correos de Chile, con una apropiación indebida de recursos en las oficinas de Juan Fernández; del famoso desmalezamiento en la planta de la Refinería de Petróleo de Concón, y de EMPREMAR, con la compra irregular de una motonave.
Puedo seguir enumerando una larga lista, año por año, de cómo se violentó a la Administración Pública, se impuso a personas por la vía política y se hicieron trabajos en paralelo con gente externa.
Cabe mencionar también los ejemplos de EMPREMAR, del Servicio Nacional de Aduanas, e incluso, de la Oficina Nacional de Retorno, con desviación de los dineros supuestamente destinados a "retornados".
Se generan dudas sobre el destino de 4,7 millones de dólares en el Ministerio de Educación, en 1994, que se habrían entregado a un empresario socialista español para implementar unas supuestas aulas tecnológicas.
Un operador de mercados a futuro de CODELCO despilfarró centenares de millones de dólares y en ESVAL se apreciaron claras muestras de nepotismo.
En este largo listado, que no mencionaré caso a caso, figura la compra irregular de terrenos y derechos de agua en la Región de La Araucanía por parte de la CONADI.
Se realizaron investigaciones y descubrimientos de coimas y pagos adelantados de concesiones en la JUNAEB.
¿Qué decir del SERVIU, con las casas COPEVA en Puente Alto?
Se detectó una irregularidad en la entrega de raciones de la JUNAEB y un uso inaceptable de fondos fiscales en campañas políticas de la Concertación.
¡Todas estas situaciones fueron determinadas por la justicia y la propia Contraloría! ¿Qué pueden hacer los funcionarios públicos en ese escenario? ¿Cuál es el ejemplo que se les da?
En Gendarmería de Chile, el Director arrendó su propia residencia al Servicio y la ocupó en el desempeño del cargo.
Cabe mencionar los casos de TRIBASA, del ISP, del Metro de Santiago, de las indemnizaciones de Correos de Chile, donde algunas personas trabajaban un par de meses y se llevaban centenares de millones de pesos de la plata de todos los chilenos.
¡Qué decir de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, de la Casa de Moneda, de la Polla Chilena de Beneficencia!
Resulta muy difícil dar en pocos minutos los antecedentes de tantas situaciones de esta índole.
Sin perjuicio de que los entonces Diputados señor Víctor Pérez y señora Lily Pérez denunciaron numerosas irregularidades, cabe recordar el llamado "caso coimas", de las revisiones técnicas en el Ministerio de Transportes; el del MOP-GATE; el del CIADE, de la Universidad de Chile, con pago de obras no ejecutadas.
A la situación en el Ministerio de Salud y la CENABAST se suma la de la Escuela de Conducción Siglo XXI, con uso malicioso de recursos estatales.
Todo esto lo han visto jóvenes funcionarios públicos y municipales. Pero es imprescindible mirar más atrás.
Menciono los casos de la CONAF; del derrumbe del puente Loncomilla; de CHILEDEPORTES, donde se abusó de franquicias tributarias, y de la Presidencia de la República y del MOP, donde se adjudicaron licitaciones a cuñados de las autoridades.
En el Aeropuerto Arturo Merino Benítez no fue posible utilizar la pista recién pavimentada, porque no cumplía con las normas internacionales de seguridad.
Después, el caso MOP-Gesys; los programas de generación de empleo.
Existe una larga lista de mal uso de recursos estatales, de superposición de funcionarios públicos y municipales, lo cual, en el fondo, impide que la Administración Pública se empodere y haga las cosas como es debido.
No podemos dejar pasar esta ocasión. En la Sala se encuentran siete ex Ministros de Estado y un ex Presidente de la República de la Concertación. Ellos también tienen que revisar la situación y no olvidarla. ¡Una abrupta amnesia!
Es la oportunidad de empoderar al sector público, al sector municipal, y dejarse de asesores, externalizaciones, funciones paralelas.
El Gobierno se comprometió a revisar las no renovaciones de contratos.
Quisiera ser muy claro. Entre los despedidos se cuentan personas que trabajaban 22 días en el año, o que habían sido exoneradas hace cuatro años como consecuencia de sumarios por robo y recontratadas dos años después, o con licencias excesivas, o que habían sido objeto de cinco sumarios, o que eran inubicables.
Un servicio público, durante los dos meses previos al cambio de Gobierno, duplicó su dotación.
También ha habido funcionarios que se niegan a cumplir el Programa de Gobierno y a empujar el carro.
Una situación particular: una autoridad recién asumida en su cargo advirtió que su secretaria ganaba un sueldo millonario y averiguó de dónde salían los recursos. Resulta que la mujer era del sur y vivía en Santiago con viáticos y con choferes a su disposición. Lo único que hizo fue devolverla a su lugar. Inmediatamente saltaron los partidos políticos.
Señor Presidente, repito que es la ocasión de empoderar al sector público. El reajuste supera el promedio de lo otorgado en los últimos diez años, según los antecedentes proporcionados en la Sala.
Gracias.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Silencio, por favor.
El último inscrito es el Honorable señor Escalona.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, para no incurrir en un error, consulté el Diccionario de la Lengua Española en su vigésima segunda edición, del año 2001, que define el término "provocador" como "Que provoca, incita, estimula o excita".
Ese ha sido exactamente el comportamiento exhibido acá por el señor Ministro del Interior: provocó a la mayoría del Senado e incitó y estimuló un incidente bochornoso.
Y ello me llevó a consultar también la palabra "irracionalidad" que el Diccionario define como "Comportamiento o expresión descabellados, faltos de racionalidad".
Considero que la conducta de ese Secretario de Estado ha sido irracional, de acuerdo a la definición que acabo de leer. No podría ser de otra manera, ya que me parece francamente descabellado solicitar que la mayoría del Senado facilite la aprobación del proyecto del Ejecutivo, siendo minoría el sector que apoya a este último, y, al mismo tiempo, provocándola.
Creo que quedó patente acá, en su participación en el debate, la irresistible tendencia a agredir al que piensa distinto. Si esto es lo que se califica de "Nueva Derecha", me parece que la espera un triste destino.
Estimo que su comportamiento rompe con veinte años que hemos construido entre todos. Porque es efectivo que algunos señores Senadores se han desempeñado como Ministros de Estado, pero varios de nosotros hemos sido parlamentarios desde 1990. Hemos ganado y perdido elecciones. A veces nos ha ido bien; otras, mal. Hemos cometido errores y hemos registrado aciertos. Y hemos aprendido a establecer un mínimo de convivencia, la cual nos indica que no es posible el trato en democracia sobre la base de la descalificación del contrario.
Entonces, si el Ejecutivo requiere la aprobación del proyecto, no puede mantener la conducta que ha mostrado.
Ese comportamiento irracional me ha llevado, francamente, a pensar mal. Me ha obligado a reflexionar en el sentido de que pareciera que autoridades importantes en el Ejecutivo y nuestros interlocutores hoy en el Gobierno quisiesen que la iniciativa se caiga, es decir, que nos enceguezcamos; que no veamos más allá del incidente puntual, bochornoso por cierto; que nos acometa esa rabia que se extiende no pocas veces a los políticos -somos humanos, pero tenemos que ser capaces de sobreponernos a la iracundia-; que actuemos también con irracionalidad y digamos: "Bueno, ¡qué sentido tiene que ayudemos a aprobar el proyecto de reajuste! ¡Entonces, que se caiga!".
O sea, se trataría de que pensáramos únicamente constreñidos a los estrechos límites de la Sala y a los que nos hallamos en ella, con prescindencia de quienes se encuentran en otros ámbitos: el ascensorista, por ejemplo, que gana poco más de 200 mil pesos, o el auxiliar, que debe de recibir algo similar, o el chofer. La idea sería no mirar más allá de nuestras pestañas y que no nos importara lo que pasa con los demás.
Creo que a centenares de miles de funcionarios públicos les interesa que haya reajuste, sobre todo a quienes ganan menos. Y también el bono, el aguinaldo de Fiestas Patrias y de Navidad, el incremento de la asignación familiar.
Además -como dice una persona en las tribunas-, les importa la dignidad, por supuesto.
Por lo tanto, señor Presidente, juzgo que el Gobierno, por tratarse de la primera vez que somete al Congreso Nacional un proyecto de ley de reajuste de remuneraciones, debiera sacar como lección, dado que incluso se ha dicho que la nueva Derecha quiere seguir gobernando después de estos cuatro años,...
--(Manifestaciones en tribunas).
...que el nuevo autoritarismo puede conducirlo a un callejón sin salida.
La conducta que hemos mantenido en estos años nos ha permitido conocernos. A veces, los diarios señalan que todos los políticos somos amigos entre nosotros. No es así. Pero somos personas que nos debemos respeto y que asumimos una responsabilidad común, más allá de nuestros defectos y de las características singulares de cada cual.
A pesar de sentir, por momentos, que en lugar del Ministro del Interior había llegado aquí un pirómano a "incendiar" el debate, el Senador que habla, al menos, no va a ceder a la provocación, no se dejará arrastrar a una conducta irracional y no modificará la resolución que había adoptado.
Sé que cada uno responde por las decisiones que toma. No voy a votar a favor de un reajuste que no comparto, por cierto; pero estoy convencido de que, no obstante las enormes diferencias entre nosotros respecto de las posibilidades del país, la persona que necesita el reajuste espera, al final, que la iniciativa se apruebe.
Este episodio pudo haberse definido perfectamente de otra manera. Con tres, cuatro o cinco décimas más no se iba a acabar el mundo, como acotan desde las tribunas, ni a romper la responsabilidad fiscal, ni a destruir los equilibrios macroeconómicos. A mi juicio, era perfectamente posible entregarle a la gente una alternativa mejor.
He dicho.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Resultado de la votación: por aprobar el artículo 1°, 15 votos; en contra, 7 votos; 8 abstenciones y 2 pareos.
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Bianchi, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
Votaron por la negativa la señora Allende y los señores Frei (don Eduardo), Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro y Rossi.
Se abstuvieron las señoras Alvear y Rincón, y los señores Escalona, Lagos, Quintana, Ruiz-Esquide, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
No votaron, por estar pareadas, las señoras Matthei y Pérez (doña Lily).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Como las abstenciones influyen en el resultado, corresponde repetir la votación.
En votación nuevamente el artículo 1°.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 1° por 15 votos contra 4, 7 abstenciones y un pareo.
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Bianchi, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
Votaron por la negativa los señores Frei (don Eduardo), Gómez, Muñoz Aburto y Navarro.
Se abstuvieron las señoras Alvear y Rincón, y los señores Escalona, Lagos, Quintana, Ruiz-Esquide y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareada, la señora Pérez (doña Lily).
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Solicito a las personas que se hallan en las tribunas mantener silencio para que se pueda votar el resto del proyecto.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se suspende la sesión.
)----------(
--Se suspendió a las 21:54.
--Se reanudó a las 22:1.
)------------------(
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Según lo planteado al inicio del tratamiento del proyecto, corresponde poner en votación desde el artículo 2° hasta el 32, los cuales fueron aprobados por unanimidad en la Comisión.
Posteriormente, se deberá someter a pronunciamiento la indicación del Ejecutivo, que recae en el artículo 32.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación.
La señora RINCÓN.- ¿Qué se está votando, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Del artículo 2° al 32 del proyecto.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Que fueron acogidos unánimemente.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Por 24 votos a favor y dos pareos, se aprueban los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide y Zaldívar (don Andrés).
No votaron, por estar pareadas, las señoras Matthei y Pérez (doña Lily).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En seguida, hay que votar la indicación del Ejecutivo.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ella incide en el artículo 32, que dice:
"Concédese, por una sola vez, a los trabajadores de las instituciones mencionadas en los artículos 2°, 3°, 5° y 6° de la presente ley, un bono especial no imponible, y que no constituirá renta para ningún efecto legal, que se pagará en el curso del mes de diciembre de 2010, y cuyo monto será de $200.000.- para los trabajadores cuya remuneración bruta que les corresponda percibir en el mes de noviembre de 2010 sea igual o inferior a $525.000.-, y de $100.000.- para aquellos cuya remuneración bruta supere tal cantidad y no exceda de $1.743.150.-. Para estos efectos, se entenderá por remuneración bruta la referida en el artículo 19 de la presente ley.".
Por su parte, la indicación del Ejecutivo propone reemplazar los guarismos "$200.000" por "$215.000", y "$100.000" por "$107.500".
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación.
El señor KUSCHEL.- "Si le parece", señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No, señor Senador, porque se debe dejar constancia de la votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la indicación del Ejecutivo (24 votos a favor y un pareo), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Rincón y Matthei y los señores Allamand, Bianchi, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareada, la señora Pérez (doña Lily).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿El Senador señor Frei quiere que consignemos su voto afirmativo?
El señor FREI (don Eduardo).- Sí, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Muy bien.
Se dejará testimonio en la Versión Oficial de su intención de voto favorable.